Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00288-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00288-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00288-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00288-00 (3644-2023)
Demandante: Nancy Inés Torres de Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Providencia Sentencia del 15 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2. Nulidad originada en la sentencia
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Nancy Inés
Torres de Rodríguez contra la sentencia del 15 de marzo de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido en contra del Fomag.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Nancy Inés Torres de Rodríguez
presentó demanda en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto producto
del silencio administrativo negativo frente a la petición formulada el 20 de abril
de 2018 ante el Fomag, mediante la cual solicitó (i) la aplicación del numeral 5
del artículo 8 de la Ley 1989, en relación con el porcentaje de aportes al sistema
de salud; (ii) la devolución de los valores descontados en exceso; (iii) la
aplicación del artículo 1 de la Ley 71 de 1988 para el reajuste anual de la
pensión de conformidad con el incremento del salario mínimo legal mensual; y
(iv) el reconocimiento y la indexación de las diferencias resultantes, junto con
los intereses correspondientes.
1 En lo que sigue Fomag.
2 En adelante CPACA.
3 Samai Juzgado 12 Administrativo del Cali, índice 28, actuación «Expediente digital»,
documento «Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)(.pdf) NroActua 28», archivo
«20202542186», folios 2 a 46.
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2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el ajuste de los descuentos
por concepto de aportes al sistema de salud al 5% de cada mesada pensional,
incluidas las adicionales de junio y de diciembre, de conformidad con el numeral
5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989 y el cese del descuento del 12% que se
aplicó; ii) el reajuste anual de la mesada pensional según el incremento del
salario mínimo legal mensual conforme con el artículo 1 de la Ley 71 de 1988,
con aplicación retroactiva desde la consolidación del derecho; iii) el reintegro de
las sumas descontadas en exceso por concepto de aportes al sistema de salud;
iv) el pago de las diferencias resultantes entre la mesada reconocida y la que
corresponda; v) la indexación de las sumas adeudadas; vi) el reconocimiento
de los intereses a que haya lugar; vii) el cumplimiento de la sentencia en los
términos previstos en los artículos 187, 189, 192 y 195 del CPACA; y viii) la
condena en costas a la parte demandada.
3. De forma subsidiaria, en caso de que se determine que, en virtud de la Ley
812 de 2003, el régimen aplicable sea el régimen previsto en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, pidió (i) el reintegro de los valores descontados por
concepto de aportes al sistema de salud sobre las mesadas adicionales de junio
y diciembre; (ii) la indexación de las sumas adeudadas y el reconocimiento de
los ajustes de valor e intereses moratorios de conformidad con los artículos 187,
189, 192 y 195 del CPACA; y (iii) ordenar a la Fiduprevisora S.A. abstenerse de
efectuar descuentos por concepto de aportes a ese sistema sobre dichas
mesadas adicionales.
1.1.1. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
4.1. Nancy Inés Torres de Rodríguez se vinculó a la docencia oficial con
anterioridad al 27 de junio de 2003 y cumplió con los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación. Por medio de la Resolución 4143.0.21.5174 del 30 de
junio de 2010, le fue reconocida la prestación en cuantía inicial de $1.780.570.
4.2. El Fomag, por medio de la Fiduprevisora S.A., efectuó descuentos
equivalentes al 12% sobre cada mesada pensional, incluidas las adicionales de
junio y diciembre, por concepto de aportes al sistema de salud.
4.3. En el acto administrativo de reconocimiento pensional se indicó que el
reajuste de la pensión se realizaría en los términos de la Ley 71 de 1988; sin
embargo, la mesada ha sido incrementada anualmente con base en el índice
de precios al consumidor4 conforme con lo previsto en el artículo 14 de la Ley
100 de 1993.
4.4. El 20 de abril de 2018, presentó petición ante el Fomag en la que solicitó (i)
la aplicación del numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1989, en relación con el
porcentaje de aportes al sistema de salud; (ii) la devolución de los valores
descontados en exceso; (iii) la aplicación del artículo 1 de la Ley 71 de 1988
para el reajuste anual de la pensión conforme con el incremento del salario
4 En lo sucesivo IPC.
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mínimo legal mensual; y (iv) el reconocimiento e indexación de las diferencias
resultantes, junto con los intereses correspondientes.
4.5. A la fecha de la presentación de la demanda, la petición no había sido
resuelta por la entidad.
1.2. Sentencia de primera instancia5
5. Mediante sentencia proferida el 24 de marzo de 2021, el Juzgado 12
Administrativo del Circuito Judicial de Cali accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en consecuencia: (i) declaró la nulidad parcial
del acto administrativo ficto negativo acusado; (ii) ordenó al Fomag reintegrar y
pagar los valores descontados por concepto de aportes al sistema de salud
sobre las mesadas adicionales de junio y diciembre de la pensión de jubilación,
causados a partir del 20 de abril de 2015, y abstenerse de efectuar dichos
descuentos en lo sucesivo; (iii) dispuso el reajuste de las sumas reconocidas;
(iv) declaró la prescripción de las sumas causadas con anterioridad a dicha
fecha; (v) negó las pretensiones relacionadas con el reajuste de la pensión
conforme con el incremento del salario mínimo legal mensual y con la reducción
del porcentaje del 12% de aporte al sistema de salud; y (vi) se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida.
6. Para el efecto, consideró:
6.1. A la demandante se le reconoció la pensión de jubilación a través de la
Resolución 4143.0.21.5174 del 30 de junio de 2010, expedida por el Fomag.
Sobre esta prestación se efectuaban descuentos del 12% por concepto de
aportes al sistema de salud, aplicados tanto a las mesadas ordinarias como a
las adicionales de junio y diciembre.
6.2. No existía sustento normativo para efectuar descuentos por concepto de
aportes al sistema de salud sobre las mesadas adicionales, de conformidad con
la normativa aplicable y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En
consecuencia, el acto administrativo ficto negativo no se ajustaba a derecho, en
cuanto negó la devolución de los aportes descontados por ese concepto.
6.3. Así entonces, procedía el reintegro de los valores descontados por aportes
a salud sobre las mesadas adicionales de junio y diciembre, así como la
abstención de realizar dichos descuentos en lo sucesivo, junto con la indexación
de las sumas reconocidas.
6.4. Conforme con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969, operaba la prescripción trienal respecto de las sumas causadas
con anterioridad al 20 de abril de 2015, en atención a la fecha de la reclamación
administrativa.
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2», archivo
«4_110010325000202300288001EXPEDIENTEDIGI20230609000000», folios 12 a 29.
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6.5. El reajuste de la pensión debía efectuarse conforme con la variación del IPC,
en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la
Ley 238 de 1995, por lo que no resultaba procedente aplicar el incremento con
base en el salario mínimo legal mensual previsto en la Ley 71 de 1988.
1.3. El recurso de apelación6
7. Nancy Inés Torres de Rodríguez interpuso recurso de apelación, en el cual
solicitó que se revocara «en su totalidad» la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se accediera a la integridad de las súplicas de la demanda, con
sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación:
7.1. La sentencia incurrió en errores de interpretación normativa, pues aplicó
indebidamente disposiciones del régimen general de pensiones (leyes 100 de
1993 y 797 de 2003) a su situación, pese a que se encontraba cobijada por el
régimen especial del magisterio previsto en la Ley 91 de 1989, en atención a su
fecha de vinculación anterior al 27 de junio de 2003.
7.2. El juzgado desconoció el alcance del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y del
Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto estas disposiciones diferenciaban entre
los docentes vinculados antes y después de su entrada en vigencia, y
mantenían para los primeros la aplicación integral del régimen especial.
7.3. La decisión recurrida confundió los conceptos de cotización y aporte, toda
vez que equiparó las cotizaciones propias de los trabajadores activos con los
aportes efectuados por los pensionados sobre sus mesadas, lo que condujo a
aplicar indebidamente el porcentaje del 12% previsto para el régimen general.
7.4. Se desconoció el precedente jurisprudencial, en particular de la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del Consejo de Estado, en la que se
precisó el régimen pensional aplicable a los docentes según su fecha de
vinculación, así como de otros pronunciamientos que reconocieron la aplicación
del régimen especial del magisterio.
7.5. La interpretación realizada por el juzgado implicó la aplicación concurrente
de normas de distintos regímenes pensionales, lo cual desconoció principios
como la inescindibilidad de la ley y la prohibición de crear regímenes mixtos.
7.6. Resultaba improcedente la aplicación de la sentencia C-369 de 2004 de la
Corte Constitucional, en la medida en que sus consideraciones relevantes
correspondían a obiter dicta y la decisión se limitó a resolver un cargo por
vulneración del principio de igualdad.
7.7. El reajuste de su pensión debía efectuarse conforme con lo dispuesto en la
Ley 71 de 1988, esto es, con base en el incremento del salario mínimo legal
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2», archivo
«4_110010325000202300288001EXPEDIENTEDIGI20230609000000», folios 31 a 53.
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mensual, y no según la variación del IPC prevista en el artículo 14 de la Ley 100
de 1993.
1.4. Solicitud de desistimiento del recurso de apelación7
8. Nancy Inés Torres de Rodríguez presentó solicitud de desistimiento del
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en consideración
a lo siguiente:
8.1. Recientes pronunciamientos jurisprudenciales han llevado al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca a fijar una postura desfavorable frente al
objeto del litigio, por lo que la continuación del trámite en segunda instancia
podría implicar la imposición de costas procesales y agencias en derecho.
8.2. En consecuencia, en aplicación del principio de economía procesal, era
procedente acceder al desistimiento propuesto.
1.5. La providencia que resolvió la solicitud de desistimiento8
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de auto del 7 de
diciembre de 2021 negó la solicitud de desistimiento presentada por la parte
actora y admitió el recurso de apelación interpuesto, con fundamento en los
siguientes argumentos:
9.1. Sibien el desistimiento de los recursos no se encontraba previsto
expresamente en el CPACA, resultaba aplicable por remisión el Código General
del Proceso9, cuyo artículo 316 permitía a las partes desistir de los recursos
interpuestos, lo que implicaba dejar en firme la providencia recurrida.
9.2. En sentencia de unificación SUJ-024-CE-S2-2021, el Consejo de Estado fijó
como precedente vinculante la procedencia de los descuentos en salud sobre
la totalidad de las mesadas pensionales de los docentes, incluidas las
adicionales, en el porcentaje previsto en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
con efectos retrospectivos.
9.3. En el caso concreto el desistimiento del recurso implicaba dejar en firme una
decisión de primera instancia contraria al precedente unificado, en cuanto
ordenó la devolución de los aportes sobre las mesadas adicionales, lo que
resultaba lesivo para el patrimonio público.
9.4. Así las cosas, en cumplimiento de los deberes del juez y con el fin de evitar
la consolidación de una decisión contraria al precedente vinculante, negó el
desistimiento del recurso de apelación y dispuso continuar con el trámite de la
7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2», archivo
«4_110010325000202300288001EXPEDIENTEDIGI20230609000000», folio 55.
8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2», archivo
«4_110010325000202300288001EXPEDIENTEDIGI20230609000000», folios 56 a 59.
9 En adelante CGP.
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segunda instancia. Asimismo, al haber verificado que el recurso de apelación
cumplía con los requisitos legales, procedió a su admisión.
1.6. Incidente de nulidad10
10. Nancy Inés Torres de Rodríguez presentó incidente de nulidad contra el
auto del 7 de diciembre de 2021 que negó el desistimiento, con base en las
siguientes consideraciones:
10.1. Eldesistimiento del recurso de apelación constituía un acto libre y
voluntario de la parte que lo interpuso, que debía ser aceptado por el juez sin
valorar sus motivos ni sus consecuencias, siempre que se hubiera presentado
en oportunidad, como ocurrió en el caso concreto. Conforme con los artículos
81 y 306 del CPACA y 316 del CGP, la solicitud fue radicada antes de proferirse
la sentencia de segunda instancia, por lo que el tribunal carecía de facultad para
rechazarla.
10.2. La facultad de desistir del recurso correspondía únicamente a la parte que
lo interpuso y no estaba sometida al criterio del juez ni requería traslado a la
contraparte, máxime cuando la demandada ha guardado silencio frente a la
decisión de primera instancia. En este sentido, el juez debía limitarse a verificar
el momento procesal y, en consecuencia, aceptar el desistimiento, sin efectuar
consideraciones de fondo ni suplir la actividad de la parte demandada.
10.3. La negativa del tribunal implicó una extralimitación de funciones, pues el
desistimiento del recurso de apelación generaba la pérdida de competencia
para resolverlo y la firmeza de la sentencia de primera instancia. Por ello se
configuró la causal de nulidad por falta de competencia, al haberse proferido
con posterioridad a dicha solicitud.
10.4. Así, se debía dejar sin efectos las actuaciones surtidas desde la
presentación de la solicitud, anular el auto del 7 de diciembre de 2021, declarar
el desistimiento del recurso de apelación y ordenar la firmeza de la decisión de
primera instancia.
1.7. Providencia que resolvió la solicitud de nulidad11
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de auto del 9 de
febrero de 2023 negó la solicitud de nulidad presentada por la parte actora, con
fundamento en los siguientes argumentos:
11.1. En el caso concreto no se configuró la causal invocada, pues no existía
declaración previa de falta de jurisdicción o de competencia que habilitará su
procedencia. De conformidad con el artículo 133 del CGP, la nulidad por falta
10 Samai Tribunal Administrativo Valle del Cauca, índice 10, actuación «Allega Memorial»,
documento «9_ALLEGAMEMORIAL_RECURSOAPELACIONCO(.PDF) NroActua 10», archivo
«10_760013333012201900318013ALLEGAMEMORIAL20211213102243».
11 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2», archivo
«4_110010325000202300288001EXPEDIENTEDIGI20230609000000», folios 69 a 74.
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de competencia solo se presentaba cuando el juez actuaba después de haberla
declarado, lo cual no ocurrió en el presente proceso.
11.2. El tribunal sí tenía competencia para conocer del recurso de apelación y de
la solicitud presentada por la actora, en virtud de la concesión y posterior
admisión de aquel en el efecto suspensivo, conforme con los artículos 153 del
CPACA y 323 del CGP, circunstancia que suspendió la competencia del juez
de primera instancia y la trasladó al superior funcional.
11.3. Aunque el artículo 316 del CGP permitía a las partes desistir de los recursos
interpuestos, dicha manifestación no era de obligatoria aceptación por el juez,
pues correspondía a este garantizar la legalidad de las decisiones judiciales y,
solo en caso de aceptarse, quedaría en firme la providencia recurrida.
11.4. Para la fecha en que se presentó la solicitud, ya se había proferido la
sentencia de unificación SUJ-024-CE-S2-2021 del Consejo de Estado,
mediante la cual se estableció como precedente vinculante la procedencia de
los descuentos en salud sobre las mesadas adicionales de los docentes, con
efectos retrospectivos para los asuntos en trámite tanto en sede administrativa
como judicial.
11.5. En el caso concreto, la aceptación de la solicitud habría dejado en firme
una sentencia de primera instancia contraria al precedente unificado, con
afectación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y protección del
patrimonio público respecto de otros docentes que se encontraban en igual
situación.
11.6. En consecuencia, no existía un motivo para declarar la nulidad solicitada.
1.8. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión12
12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 15 de marzo
de 2023 revocó los numerales 1, 2, 3 y 4 de la sentencia del 24 de marzo de
2021 proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Cali, mediante los cuales
se ordenó la devolución de los descuentos en salud sobre las mesadas
adicionales de junio y diciembre. Asimismo, confirmó en lo demás la providencia
y condenó en costas a la parte demandante.
13. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable
al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
13.1. Los descuentos en salud del 12% sobre las mesadas pensionales de los
docentes, incluidas las adicionales de junio y diciembre, estaban ajustados a
derecho, en aplicación de lo previsto en las leyes 100 de 1993, 797 de 2003,
812 de 2003 y 1250 de 2008, así como del precedente de unificación fijado por
12 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2», archivo
«4_110010325000202300288001EXPEDIENTEDIGI20230609000000», folios 60 a 68.
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el Consejo de Estado13, el cual estableció la procedencia de dichos descuentos
con efectos vinculantes y retrospectivos.
13.2. En virtud del referido precedente, resultaba necesario variar la postura
previamente adoptada por la Sala y acoger la tesis según la cual los aportes en
salud debían aplicarse sobre la totalidad de las mesadas pensionales, incluso
las adicionales, en el porcentaje previsto por la normativa general.
13.3. No era procedente ordenar la devolución de los aportes descontados, en
tanto estos tenían como finalidad contribuir al sostenimiento del sistema
especial de salud del magisterio y se ajustaban al marco legal vigente.
13.4. El principio de la non reformatio in pejus no era absoluto, por lo que, de
manera excepcional, el juez de segunda instancia podía apartarse de sus
límites cuando advirtiera una decisión contraria al ordenamiento jurídico o al
precedente vinculante, en especial para salvaguardar el principio de legalidad,
el interés general, la estabilidad financiera del sistema y la protección del
patrimonio público.
13.5. No era procedente el reajuste pensional con fundamento en la Ley 71 de
1988, por cuanto esta normativa fue derogada por la ley 100 de 1993, que
dispuso el reajuste anual de las pensiones conforme con la variación del IPC,
salvo aquellos equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente. Como
la pensión de la demandante superaba a este monto, debía reajustarse con
base en el IPC y no con el salario mínimo.
1.9. Recurso extraordinario de revisión14
14. Nancy Inés Torres de Rodríguez interpuso recurso extraordinario de
revisión en contra de la sentencia del 15 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Lo anterior con fundamento en la
causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».
15. Con base en dicha causal, solicitó que se dejara sin efectos la aludida
sentencia y en su lugar quedara en firme la del 24 de marzo de 2021 del
Juzgado 12 Administrativo de Cali que accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-012-2019-00318-00
(01). Como consecuencia de lo anterior, pidió ordenar la firmeza de la sentencia
de primera instancia y el archivo del proceso.
16. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-024-CE-S2-2021 del 3 de junio de
2021.
14 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2», archivo
«4_110010325000202300288001EXPEDIENTEDIGI20230609000000», folios 1 a 9.
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16.1. En el caso concreto se configuró la causal de nulidad originada en la
sentencia, en la medida en que el tribunal profirió el fallo de segunda instancia
pese a que previamente se había presentado el desistimiento del recurso de
apelación, lo que implicaba la pérdida de competencia para decidir.
16.2. Con esa actuación se desconoció el principio de non reformatio in pejus,
pues, en calidad de apelante único, su situación fue desmejorada al haberse
revocado la decisión de primera instancia que le había sido parcialmente
favorable.
16.3. El desistimiento del recurso ha constituido un acto libre y voluntario que
debía ser aceptado por el juez sin valorar sus motivos, siempre y cuando se
presentara en oportunidad, como ocurrió en este caso, por lo que su rechazo
implicó una extralimitación de funciones y la indebida continuación del trámite.
16.4. El desistimiento generaba la terminación del trámite de recurso, la firmeza
de la sentencia de primera instancia y la imposibilidad de que el juez de
segunda instancia emitiera un pronunciamiento de fondo.
16.5. En este contexto, la sentencia recurrida se profirió con falta de competencia
y desconocimiento de las garantías constitucionales y procesales, por lo que
debía declararse su nulidad, dejarse sin efecto las actuaciones posteriores al
desistimiento y ordenarse la firmeza de la decisión de primera instancia.
16.6. Asimismo, citó disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales
que desarrollaron el principio de la non reformatio in pejus y la procedencia
excepcional del recurso de revisión, en aras de garantizar el debido proceso, la
cosa juzgada y el derecho de defensa.
1.10. Contestación del recurso extraordinario de revisión
17. El Fomag no se pronunció en la instancia procesal15.
1.11. Intervención del Ministerio Público
18. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
19. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado16, expedido por la
Sala Plena de esta corporación, que estableció «(d)e los recursos de revisión
15 Así se estableció en el auto de pruebas del 27 de febrero de 2025. Samai, índice 20, actuación
«Auto que decreta pruebas», documento «24Autoquedecret_36442023seabreaprueb(.pdf)
NroActua 20», archivo «24_Autoquedecret_36442023seabreaprueb_0_20241218163922858».
16 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
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contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
20. En este caso, la sentencia del 15 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, fue notificada el 21 de marzo de 202317 y
quedó ejecutoriada el 28 de igual mes y año. Por su parte, el recurso
extraordinario de revisión fue radicado el 9 de junio de 202318.
21. Deacuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue
presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal
y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
22. En el asunto objeto de estudio, Nancy Inés Torres de Rodríguez y el Fomag
están legitimadas para actuar como demandante (la primera) y como
demandado (el último), comoquiera que actuaron con igual calidad dentro del
proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia se pretende controvertir
en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
23. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA
es un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de
la cosa juzgada19. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada20 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene 2 características principales:
24. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas
señalan vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión
de la sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez
pueda examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le
corresponde indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la
sentencia recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.
17 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 24, actuación «Envió de
Notificación», documento «Soporte notificación Sentencia de fecha 1(.pdf) NroActua 24»,
archivo «D76001333301220190031801Notificacion_T133238688722220927».
18 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_CORREOREC_RECREV(.pdf) NroActua 2», archivo
«5_110010325000202300309001EXPEDIENTEDIGICORREOREC20240122085337».
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de
Decisión. Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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25. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de
las actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
26. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Si se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, esto es, nulidad originada en la sentencia en el fallo del 15 de
marzo de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por haber decidido el recurso de apelación pese a la solicitud de
desistimiento presentada por la apelante única y, en consecuencia,
haber incurrido en una falta de competencia y vulneración del principio
de non reformatio in pejus?
2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
27. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
(…)» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos
en los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa
en el artículo 133 del Código General del Proceso21 que solo pudieron ser
advertidas en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a
la taxatividad y legalidad de las nulidades22 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es
posible que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración
probatoria o la aplicación de las normas23. Dentro de este tipo de nulidades la
jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«(…) 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
21 En adelante CGP.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
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66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado
el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la
transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un
proceso legalmente concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con
ello se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de
los magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un
número de votos diferente del previsto en la ley (…)»24.
28. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia,
que se presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación
del debido proceso25.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso26.
• Se profiere sin motivación27.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente28.
• Se desconoce el principio de congruencia29.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»30.
29. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
24Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
25 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de
2005, radicación: REV-062.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo
de 2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
29 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-
15-000-2020-03065-00.
30 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de
2021, radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
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nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la
oportunidad procesal prevista en el artículo 134 del CGP31. Sin embargo, la
jurisprudencia ha aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del
fallo referido siempre que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de
advertirlo dentro del proceso, circunstancia que le corresponde probar32.
30. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso
contra la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este
sería el medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera
incurrido la providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo
advertirla, lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por
la vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.7. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
31. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:
31.1. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida el 24 de marzo de 2021 por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito
Judicial de Cali que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda
presentada contra el Fomag en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
31.2. En su escrito manifestó inconformidad con la decisión porque el juzgado
incurrió en errores de interpretación normativa al aplicar disposiciones del
régimen general de pensiones a su situación particular; desconoció el alcance
de las normas que regulaban la transición y permanencia en dicho régimen;
confundió los conceptos de cotización y aporte al equiparar los efectuados por
pensionados con los de los trabajadores activos; se apartó del precedente
jurisprudencial aplicable, en especial del fijado por el Consejo de Estado en
materia pensional docente; y adoptó una interpretación que condujo a la
aplicación concurrente de regímenes incompatibles, así como la indebida
utilización de pronunciamientos de la Corte Constitucional.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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31.3. Una vez concedido por el juzgado el recurso de apelación ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la parte actora presentó solicitud de
desistimiento de este, toda vez que recientes pronunciamientos del tribunal
acogían una postura desfavorable frente al objeto del litigio, lo que hacía
inconveniente la continuación del trámite de segunda instancia por el riesgo de
la imposición de las costas y agencias en derecho. Así entonces, en
consideración del principio de economía procesal, procedía declarar terminado
el recurso y dejar en firme la sentencia de primera instancia.
31.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de auto del 7 de
diciembre de 2021, negó la solicitud y dispuso continuar con el trámite de
segunda instancia, pues aceptarla implicaba dejar en firme una decisión
contraria al precedente de unificación del Consejo de Estado sobre la
procedencia de los descuentos en salud de las mesadas pensionales de los
docentes, con afectación del patrimonio público. Asimismo, una vez verificado
el cumplimiento de los requisitos, admitió el recurso de apelación.
31.5. La demandante solicitó la nulidad del anterior auto al considerar que el
desistimiento del recurso de apelación constituía un acto libre y oportuno que
debía ser aceptado sin valoración de fondo, por lo que su rechazo implicó una
indebida conservación de la competencia y una extralimitación de funciones del
tribunal. Asimismo, al haberse presentado antes de proferirse la sentencia de
segunda instancia, procedía declarar terminado el trámite de apelación y dejar
en firme la decisión de primera instancia.
31.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de auto del 9 de
febrero de 2023 negó la solicitud de nulidad presentada por la parte actora,
porque aunque el artículo 316 del CGP permitía a las partes desistir de los
recursos interpuestos, en el caso concreto ello implicaba dejar en firme una
sentencia de primera instancia contraria al precedente de unificación del
Consejo de Estado, relativo a la procedencia de los descuentos en salud sobre
las mesadas adicionales de los docentes, con afectación del patrimonio público.
31.7. El tribunal en la sentencia del 15 de marzo de 2023 resolvió el caso
concreto con los argumentos resumidos en el acápite 1.8. de esta providencia.
En suma, la corporación concluyó que los descuentos efectuados en salud
sobre las mesadas pensionales de los docentes, incluidas las adicionales, se
ajustaban al ordenamiento jurídico y al precedente de unificación del Consejo
de Estado.
31.8. Los aportes en salud debían aplicarse sobre la totalidad de las mesadas
pensionales en el porcentaje previsto en la normativa vigente, en armonía con
el precedente de unificación, lo que imponía ajustar la postura que sostenía la
sala. El principio de la non reformatio in pejus no tenía carácter absoluto, por lo
que podía ceder de manera excepcional ante la necesidad de garantizar el
principio de legalidad, el interés general, la estabilidad financiera del sistema y
la protección del patrimonio público.
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31.9. No era procedente el reajuste pensional con fundamento en la Ley 71 de
1988, toda vez que esta normativa fue derogada por la Ley 100 de 1993, la cual
dispuso el reajuste anual de las pensiones conforme con la variación del IPC,
salvo para aquellas equivalentes a un salario mínimo mensual vigente, lo cual
no era del caso concreto.
31.10. Así las cosas, no había lugar a ordenar la devolución de los aportes
descontados sobre las mesadas adicionales y se debía revocar de manera
parcial la sentencia de primera instancia en lo relacionado con esta orden, para
confirmar en lo demás la providencia.
31.11. Al respecto, en la providencia se consignó lo siguiente:
«La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación33, sentó las bases que constituyen el fundamento de lo que habrá
de decidirse en adelante por las autoridades judiciales de la jurisdicción
contencioso administrativa en materia del porcentaje del aporte en salud para
el personal docente y la afectación en el mismo valor a las mesadas adicionales
de junio y diciembre (…).
Así las cosas, ante la existencia del anterior precedente fijado por el máximo
órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa sobre la materia, que es
de obligatorio acatamiento para esta Sala, resta por concluir que los
descuentos realizados por la entidad demandada en el porcentaje del 12% por
concepto de salud de los docentes, incluyendo las mesadas adicionales de
junio y diciembre, se encuentran ajustados a la ley (…).
En sentencia C-387 de 199434 la Corte Constitucional declaró la
constitucionalidad del citado artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y señaló que no
hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en que se deben
incrementar las pensiones, sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien
puede modificar las normas que consagran la proporción en que se realizarán
los aumentos de las mesadas pensionales”. El Consejo de Estado también se
pronunció sobre el citado artículo y concluyó:
“Conclusión: Conforme a las consideraciones expuestas, el porcentaje de
reajuste de la mesada pensional no es un derecho adquirido, por lo tanto, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que el legislador
está habilitado para modificar las normas que consagran la proporción en
que se realizarán los aumentos de las mesadas pensionales.
De acuerdo con lo anterior, el reajuste previsto por el artículo 14 de la Ley
100 de 1993 sí es aplicable a quienes les fue reconocida la pensión antes
del 1º de abril de 1994 y no el definido por la Ley 71 del 19 de diciembre de
1988, toda vez que esta última quedó derogada por aquella”.35 (…).
33 «Sentencia de Unificación - Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda Bogotá D.C., tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021) - SUJ-024-Ce-S2-
2021» (sic).
34 «En esta sentencia la Corte Constitucional conoció de la constitucionalidad del artículo 14 de
la Ley 100 de 1993, por el cargo relacionado con la vulneración del derecho a la igualdad al
prescribir que las pensiones cuyo monto sea equivalente al salario mínimo legal se reajusten
en el mismo porcentaje en que el Gobierno incremente dicho salario, pues en criterio del actor,
dicha disposición pone a las personas que devengan estas pensiones en situación de
inferioridad respecto de aquellas que reciben pensiones superiores, a quienes se les aumentará
la mesada conforme al IPC, porcentaje que señala es superior al incremento del salario mínimo
legal» (sic).
35 «Sentencia del Consejo de Estado del 17 de agosto de 2017, Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00007-00(3294-14)».
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Esta Corporación ha indicado que la non reformatio in pejus no es un
derecho fundamental absoluto o ilimitado36 (…), de manera
excepcionalísima el ad quem cuando encuentre que la decisión de primera
instancia es manifiestamente ilegítima, puede entrar a estudiar cuestiones
propias del debate jurídico así no hayan sido objeto del recurso de apelación
(…).
En este punto es importante señalar que la Sala había asumido postura en
casos como el que aquí se debate, accediendo a la pretensión relacionada con
los descuentos de las mesadas adicionales de junio y diciembre, sin embargo,
tal como se dejó visto, el pronunciamiento de unificación dictado por la Sala
Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado constituye precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos
los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, resultando
necesario variar la postura y asumir la que considera que son procedentes los
descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12% deducible de todas
las mesadas pensionales de los docentes, incluso de las adicionales, en
estricto acatamiento de la decisión adoptada por el H. Consejo de Estado,
circunstancia que impone revocar la sentencia proferida por la primera
instancia.
De acuerdo con lo expuesto, no existe razón jurídica para que el FOMAG se
abstenga de efectuar sobre las mesadas adicionales de los meses de junio y
diciembre los descuentos del 12% por concepto de aportes en salud, motivo
por el cual el acto administrativo demandado se encuentra conforme a derecho.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia revisada en lo que tiene que ver
con la nulidad del descuento del aporte en salud sobre las mesadas
adicionales. Esta decisión no atenta contra la no reformatio in pejus porque de
mantener dicho descuento se violarían las disposiciones que rigen la materia y
de permitirse afectaría sin una causa legal justa el sistema de seguridad social,
el patrimonio público, la estabilidad financiera del sistema y principios de orden
superior como el interés general y la igualdad, que solo puede predicarse
cuando se respeta el principio de legalidad en la concesión de prestaciones
legales y se da un trato similar ante la ley, frente a presupuesto fácticos
idénticos» (subraya y resaltado original) (sic).
2.8. Análisis de la Sala
32. En el presente asunto, Nancy Inés Torres de Rodríguez invocó la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que el fallo
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en una
nulidad originada en la sentencia, porque fue dictado pese a la solicitud de
desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
lo que implicaba la pérdida de competencia del tribunal para decidir en segunda
instancia. Esta circunstancia también implicó el desconocimiento del principio
de non reformatio in pejus.
33. Al respecto, se advierte que la sentencia objeto del recurso extraordinario
puso fin al proceso y no era susceptible del recurso de apelación, pues resolvió
en segunda instancia el juicio promovido por la recurrente. Este presupuesto
habilita el análisis del defecto alegado en la demanda de revisión.
36 «Cfr., Sentencia del 10 de febrero de 2016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente Nº
47001-23-31-000- 2000-00757-01 (35264)».
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34. En relación con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, como se expuso en el marco normativo, la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha precisado que la nulidad originada en la sentencia corresponde a
vicios de carácter estrictamente procesal que afectan su validez, ya sea por la
configuración de alguna de las causales taxativas de nulidad previstas en el
ordenamiento o por la vulneración del debido proceso.
35. En este último evento, la jurisprudencia ha señalado que no cualquier
inconformidad con la decisión configura la causal, pues esta no habilita un
nuevo examen de la motivación, la valoración probatoria o la interpretación
jurídica efectuada por el juez, sino que exige la acreditación de un defecto de
carácter procesal que afecte la sentencia, como ocurre, entre otros casos,
cuando se desconoce el principio de congruencia, carece de motivación o se
dicta con vulneración del principio de la non reformatio in pejus.
36. Corresponde entonces establecer si el reproche formulado por la recurrente,
relativo a la decisión del tribunal de resolver el recurso de apelación pese a la
solicitud de desistimiento presentada por la apelante única, y a la consecuente
alegada falta de competencia y vulneración del principio de non reformatio in
pejus, configura una nulidad originada en la sentencia en los términos del
numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
37. Con el propósito de verificar la configuración de la causal invocada, la Sala
advierte que, si bien el cuestionamiento de la recurrente se origina en la
negativa del desistimiento del recurso de apelación, lo cierto es que sus efectos
se proyectan en la sentencia de segunda instancia, toda vez que esta fue
proferida pese a dicha solicitud y resultó desfavorable a la apelante única. Así
entonces, el planteamiento no resulta, en principio, ajeno al ámbito del recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia.
38. Asimismo, se observa que la discusión planteada pone de presente una
tensión entre, de un lado, la facultad de las partes para desistir de los recursos
interpuestos, en los términos del artículo 316 del CGP (aplicable por remisión
del artículo 306 del CPACA) y, de otro, los deberes del juez de asegurar la
prevalencia del ordenamiento jurídico y la aplicación del precedente vinculante.
Esta tensión ha sido advertida por la jurisprudencia de esta corporación, incluso
en sede de tutela37, en la que se ha indicado que controversias de esta
naturaleza pueden ser examinadas a través del recurso extraordinario de
revisión.
39. En efecto, la solicitud de desistimiento fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca a través de auto del 7 de diciembre de 2021,
en el cual se negó su procedencia, con fundamento en la necesidad de
garantizar la aplicación del precedente de unificación y evitar la consolidación
de una decisión contraria al ordenamiento jurídico, en particular respecto de la
procedencia de los descuentos en salud sobre las mesadas adicionales de los
docentes, y se dispuso a continuar con el trámite de segunda instancia.
37 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 8 de septiembre de 2022, radicado 11001-
03-15-000-2022-04135-00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00288-00 (3644-2023)
Demandante: Nancy Inés Torres de Rodríguez
40. Dicha determinación definió la subsistencia del recurso de apelación y, por
tanto, la competencia funcional del juez para decidirlo, de modo que produjo
efectos jurídicos propios en el desarrollo del proceso. Adicionalmente, esta
decisión fue objeto de control mediante incidente de nulidad promovido por la
parte actora, el cual fue negado, de modo que el tribunal se pronunció de forma
expresa sobre la legalidad de la actuación cuestionada.
41. No obstante, lo anterior no implica, por sí solo, la configuración de la causal
invocada, pues, aunque la irregularidad alegada tiene origen en una actuación
procesal anterior y sus efectos se proyectaron en la sentencia que puso fin al
proceso, para que se estructure la nulidad prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA se requiere que dicha circunstancia encuadre en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 133 del CGP o constituya una vulneración del
debido proceso, en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, de
tal entidad que comprometa su validez, lo cual no se acredita en el presente
asunto.
42. Aun si se examinara el planteamiento desde la perspectiva de la alegada
falta de competencia, la Sala advierte que el cuestionamiento formulado no se
enmarca en los supuestos que estructuran dicha causal de nulidad. La
competencia funcional del juez de segunda instancia se define por la ley y se
activa con la interposición y admisión del recurso de apelación, circunstancias
que se verificaron en el sub examine, sin que se configurara el supuesto
previsto en el artículo 133 del CGP, relativo a la actuación posterior a una
declaratoria de falta de competencia, el cual no tuvo lugar en este caso.
43. En ese sentido, aunque la inconformidad de la recurrente tiene su origen en
una decisión adoptada en el curso del proceso y proyectó efectos en la
sentencia de segunda instancia, esta circunstancia no configura, en este caso,
un vicio originado en la sentencia, sino una discrepancia con la determinación
adoptada por el juez y sus efectos, aspecto que no alcanza a comprometer la
validez de la providencia en los términos exigidos en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA.
44. Ahora bien, el reproche relativo a la presunta vulneración del principio de non
reformatio in pejus se dirige a discutir el alcance de la decisión adoptada por el
juez de segunda instancia y sus efectos frente a la situación de la apelante
única, lo cual remite al contenido material de la sentencia y a la manera en que
el juez resolvió el litigio. Este planteamiento no constituye un defecto estructural
que comprometa la validez de la providencia.
45. En relación con este principio, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
indicó lo siguiente38:
38 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de enero de 2017, radicado: 11001-03-
15-000-2015-02281-01(AC).
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Demandante: Nancy Inés Torres de Rodríguez
«Esta Corporación ha indicado que la non reformatio in pejus no es un derecho
fundamental absoluto o ilimitado39, lo que ha sido avalado recientemente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional al indicar que “al juez de segunda
instancia le está prohibido pronunciarse sobre las situaciones que no hayan
sido planteadas en el recurso, salvo contadas excepciones”40, valoración que
se debe hacer caso a caso. De igual modo, se debe indicar que su
materialización está ligada a la garantía del debido proceso en tanto el
funcionario judicial de segunda instancia se debe limitar, en principio, a lo que
en la apelación se indica como lo desfavorable para el apelante.
No obstante, de manera excepcionalísima el ad quem cuando encuentre que
la decisión de primera instancia es manifiestamente ilegítima, puede entrar a
estudiar cuestiones propias del debate jurídico así no hayan sido objeto del
recurso de apelación. Dicho de otra manera, un funcionario judicial al advertir
que se están consolidando situaciones jurídicas en abierta contradicción del
ordenamiento jurídico, no puede rehusarse a efectuar algún tipo de
pronunciamiento sólo bajo la consideración de que fue un asunto que no se
planteó en el escrito de apelación.
(…)
En ese estado de cosas, la Sala considera que la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no desconoció el principio de non reformatio
in peius, toda vez que el aplicar este de manera absoluta en el asunto en
estudio significaría ordenar un reconocimiento pensional con inclusión de un
factor salarial no amparado legalmente, es decir, auspiciar una decisión
administrativa que no se ciñe íntegramente al ordenamiento jurídico y que
desconoce el precedente unificado de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, además que privilegia el interés particular del recurrente único» (sic)
(cursiva y resaltado original).
46. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que la aplicación del principio
de non reformatio in pejus no es absoluta, de modo que, en supuestos
excepcionales, el juez de segunda instancia puede adoptar decisiones
orientadas a evitar la consolidación de situaciones contrarias al ordenamiento
jurídico o al precedente vinculante, en este caso, la sentencia de unificación
SUJ-024-CE-S2-202141, que estableció que constituía un precedente
vinculante para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como
judicial, pues sus efectos son retrospectivos. Esta consideración refuerza que
el cuestionamiento planteado se ubica en el ámbito del contenido de la decisión
y no en el de su validez.
47. En este contexto, los argumentos expuestos por la recurrente no evidencian
la existencia de un vicio que afecte la validez de la sentencia objeto de revisión,
sino que pretenden reabrir la discusión sobre decisiones adoptadas en el
trámite del proceso y sobre el alcance del fallo de segunda instancia, lo cual
resulta ajeno a la finalidad y alcance del recurso extraordinario de revisión.
48. Nose advierte que la sentencia impugnada haya sido proferida con
desconocimiento de las garantías procesales ni que contenga un defecto que
comprometa su validez. El hecho de que la recurrente discrepe de la decisión
39 «Cfr., Sentencia del 10 de febrero de 2016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente Nº
47001-23-31-000-2000-00757-01 (35264)».
40 «Cfr., Sentencia T – 455 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo».
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de junio de 2021, radicado 66001-33-
33-000-2015-00309-01(0632-18) CE-SUJ2-024-21.
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adoptada o de las razones que condujeron a no aceptar el desistimiento del
recurso de apelación no comporta la vulneración del debido proceso ni
configura una nulidad originada en la sentencia.
49. La Sala reitera que el recurso extraordinario de revisión no está instituido
para establecer la corrección de las decisiones judiciales ni para sustituir el
criterio del juez de instancia, sino para verificar la existencia de vicios que
afecten la validez de la providencia.
50. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del
Consejo de Estado42, el recurso extraordinario de revisión no constituye una
tercera instancia ni un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez,
sino un instrumento excepcional orientado a restablecer la justicia material
frente a situaciones específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de
garantías esenciales, en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.
51. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.
52. La Sala concluye que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la existencia de una nulidad
originada en la sentencia proferida el 15 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. El reproche formulado por la recurrente no
evidencia un defecto estructural que comprometa la validez de la providencia,
sino que se orienta a cuestionar actuaciones procesales anteriores y el sentido
de la decisión adoptada, aspectos que resultan ajenos al ámbito propio del
recurso extraordinario de revisión y no susceptibles de ser reabiertos en esta
sede.
53. Esta conclusión resulta acorde con lo decidido recientemente por esta
Subsección en la sentencia del 7 de mayo de 202643, en la cual se analizó un
supuesto fáctico y jurídico similar, relacionado con la negativa del desistimiento
del recurso de apelación, la consecuente alegación de pérdida de competencia
del juez de segunda instancia y la vulneración del principio de non reformatio in
pejus. En esa oportunidad, la Sala sostuvo que dichos cuestionamientos no
configuraban una nulidad original en la sentencia en los términos del numeral 5
del artículo 250 del CPACA, por cuanto se dirigían a controvertir decisiones
procesales previas y el alcance del fallo de segunda instancia, sin comprometer
la validez de la providencia objeto de revisión.
54. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
parte demandante será declarado infundado.
42 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado:
11001-03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de
octubre de 2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de mayo de 2026,
radicado: 11001-03-25-000-2023-00309-00 (4466-2023).
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2.9. Costas
55. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.
3. Conclusión
56. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en la providencia del 15
de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
puesto que el reproche formulado por la recurrente no evidenció la existencia
de una nulidad originada en la sentencia, sino que se dirigió a cuestionar una
actuación procesal previa (la negativa del desistimiento del recurso de
apelación) y el alcance de la decisión adoptada en segunda instancia, aspectos
que no comprometen la validez de la providencia ni se enmarcan en los
supuestos que habilitan la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
57. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Nancy Inés Torres de Rodríguez en contra de la sentencia proferida el 15
de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 76001-33-33-012-
2019-00318-00 (01).
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de
procesos Samai.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa Firmada electrónicamente
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00288-00 (3644-2023)
Demandante: Nancy Inés Torres de Rodríguez
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
LAVM
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