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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00042-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00042-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Sergio Antonio Delgado Salazar, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Declarar la nulidad de la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicado: 11001-03-25-000-2024-00042-00 (0622-2024) Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 11001-33-35-007-2020-00069-00 (01). Tercero: Devolver el proceso a la autoridad judicial de origen para que dicte sentencia de nuevo, en los términos del artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. Cuarto: No condenar en costas. Quinto: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai. Sexto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmada electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00042-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00042-00 (0622-2024)
Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional1
Providencia Sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A

Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2. Nulidad originada en la sentencia

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Sergio
Antonio Delgado Salazar contra la sentencia del 29 de junio de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido en contra de Casur.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Sergio Antonio Delgado Salazar
presentó demanda en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto
producto del silencio administrativo negativo de la parte demandada frente a
su petición del 14 de junio de 2019, mediante la cual solicitó el reajuste de las
primas de servicios, de vacaciones y de navidad, así como el subsidio de
alimentación, de conformidad con el principio de oscilación.

1 En lo que sigue Casur.
2 En adelante CPACA.
3Samai índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «30RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202506161zi(.zip) NroActua 26», carpeta
«30_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202506161zi_0_20250616104552959», subcarpeta
«2020-069 SENTENCIA», archivo «01.EXPEDIENTE DIGITAL.pdf» folios 3 a 15.

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) el reajuste de las primas
de servicios, de vacaciones y de navidad y el subsidio de alimentación, según
el principio de oscilación previsto en la Ley 923 de 2004 y los decretos 1091
de 1995 y 4433 de 2004; (ii) la actualización de las sumas que resultaren de
lo que se resuelva; (iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 187, 192 y 195 del CPACA; y (iv) la condena en costas a la entidad
demandada.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Sergio Antonio Delgado Salazar ingresó a la Policía Nacional como alumno
en el año 1991, se homologó al nivel ejecutivo en el año 1996 y fue retirado
por solicitud propia en el 2013.

3.2. Mediante la Resolución 9882 del 21 de noviembre de 2013, la entidad
demandada le reconoció la asignación de retiro, con base en las partidas
registradas en la hoja de servicios y actualizadas para esa vigencia.

3.3. Al
comparar la liquidación inicial de la asignación de retiro con los
desprendibles de pago posteriores, se observaba que las primas de navidad,
de servicios y de vacaciones, así como el subsidio de alimentación, no
presentaban variación.

3.4. El 14 de junio de 2019, solicitó a Casur la actualización de los referidos
emolumentos con fundamento en el principio de oscilación; no obstante, a la
fecha de presentación de la demanda, la entidad no había emitido respuesta.

3.5. Al revisar el histórico de las bases y partidas de liquidación de la asignación
de retiro, a partir de julio de 2019 la entidad demandada aplicó un incremento
del 4.5% sobre estas.

1.2. Sentencia de primera instancia4

4. Mediante sentencia proferida el 27 de septiembre de 2021 el Juzgado 7
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró la nulidad del acto
administrativo ficto o presunto negativo y ordenó a Casur reliquidar la
asignación de retiro del demandante con aplicación del principio de oscilación,
con efectos fiscales por prescripción a partir del 13 de junio de 2016, así como
pagar las diferencias correspondientes debidamente actualizadas. Por su
parte, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Para el efecto,
consideró:

4Samai índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «30RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202506161zi(.zip) NroActua 26», carpeta
«30_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202506161zi_0_20250616104552959», subcarpeta
«2020-069 SENTENCIA», archivo «07.2020-00069-00 SENTENCIA ORDINARIA.pdf».

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

4.1. El principio de oscilación aplicable al personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, previsto en los decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004,
implicaba que las asignaciones de retiro se incrementaban en igual porcentaje
en que se aumentaban las asignaciones del personal en actividad, lo cual
comportaba una unidad jurídica inescindible que exigía la actualización integral
de todas las partidas computables según esas variaciones.

4.2. De conformidad con el acervo probatorio, el demandante prestó sus
servicios a la Policía Nacional por más de 23 años y la entidad le reconoció la
asignación de retiro mediante la Resolución 9882 del 21 de noviembre de
2013, equivalente al 81% de las partidas computables.

4.3. Al analizar la liquidación inicial y los comprobantes de nómina posteriores,
se evidenciaba que únicamente el sueldo básico y la prima de retorno a la
experiencia fueron objeto de actualización, mientras que las demás partidas,
como lo eran las primas de navidad, de servicios y de vacaciones y el subsidio
de alimentación, permanecieron invariables durante varios años.

4.4. No existía fundamento legal para mantener inalteradas dichas partidas, por
lo que la entidad desconoció el principio de oscilación. En consecuencia,
procedía declarar la nulidad del acto acusado y ordenar la reliquidación de la
asignación de retiro con la inclusión de todas las partidas computables
debidamente actualizadas.

4.5. Las diferencias prestacionales causadas con anterioridad al 14 de junio de
2016 se encontraban prescritas, toda vez que la reclamación administrativa se
presentó el 14 de junio de 2019.

1.3. El recurso de apelación5

5. Casur interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las súplicas de la
demanda, con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación:

5.1. No resultaba viable el reajuste ordenado, toda vez que la asignación de
retiro del actor fue liquidada con base en la hoja de servicios expedida por la
Policía Nacional, en la cual se consignaron el tiempo de servicio y las partidas
computables aplicables a su situación particular, conforme con la normativa
vigente al momento del reconocimiento.

5.2. Al haberse acogido voluntariamente al nivel ejecutivo, la liquidación de la
asignación de retiro debía regirse por lo dispuesto en el Decreto 1091 de 1995,
en particular su artículo 49, así como por el Decreto 4433 de 2004, que
establecían de manera taxativa las partidas computables para dicho personal,
dentro de las cuales se incluían el sueldo básico, la prima de retorno a la

5Samai índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «30RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202506161zi(.zip) NroActua 26», carpeta
«30_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202506161zi_0_20250616104552959», subcarpeta
«2020-069 SENTENCIA», archivo «09.APELACION SENTENCIA CASUR.pdf».

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

experiencia, el subsidio de alimentación y una 1/12 parte de las primas de
navidad de servicios y de vacaciones.

5.3. Dichas normas también establecían la prohibición de incluir factores
distintos de los expresamente previstos, por lo que no resultaba procedente
acudir al régimen previsto para agentes en el Decreto de 1213 de 1990, pues
el demandante se acogió voluntariamente al nivel ejecutivo.

5.4. Asílas cosas, la entidad aplicó correctamente el régimen normativo
correspondiente al demandante y, en consecuencia, no le asistía el derecho al
reajuste reconocido en la sentencia de primera instancia.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión6

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, en sentencia del 29 de junio de 2023 revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Asimismo, se
abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.

7. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable
al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

7.1. Conforme con el material probatorio, el demandante prestó sus servicios
en la Policía Nacional, le fue reconocida la asignación de retiro mediante la
Resolución 9882 del 21 de noviembre de 2013 y, posteriormente, solicitó su
reajuste respecto de algunas partidas específicas.

7.2. El principio de oscilación, previsto en el artículo 42 del Decreto 4433 de
2004 implicaba la correspondencia entre las asignaciones del personal en la
actividad y las de retiro; sin embargo, este no se refería a los incrementos
anuales ordinarios, sino a variaciones extraordinarias expresamente
dispuestas por el legislador o el gobierno nacional sobre determinadas
partidas.

7.3. Los aumentos anuales de las asignaciones de retiro se realizaban a través
de los decretos expedidos por el gobierno nacional, de conformidad con
criterios como el índice de precios al consumidor7. Extender automáticamente
los incrementos del personal activo a todas las partidas de los retirados
implicaba un doble incremento no previsto en la normativa.

7.4. Los aumentos anuales debían aplicarse únicamente sobre la asignación
básica y solo procedía extender los incrementos a otras partidas cuando
existiera una disposición expresa en ese sentido, razón por la cual no resultaba
procedente el reajuste ordenado en primera instancia.

6 Samai índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «30RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202506161zi(.zip) NroActua 26», carpeta
«30_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202506161zi_0_20250616104552959», subcarpeta
«2020-069 SENTENCIA», archivo «15.SentenciaSegundaInstancia.pdf».
7 En adelante IPC.

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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00042-00 (0622-2024)
Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

1.5. Recurso extraordinario de revisión8

8. Sergio Antonio Delgado Salazar interpuso recurso extraordinario de revisión
en contra de la sentencia del 29 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior
con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación».

9. El demandante solicitó que se decretara la nulidad y/o se infirmara la
providencia objeto del recurso, que revocó la sentencia del 27 de septiembre
de 2021 del Juzgado 7 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que
accedió a las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-007-2020-00069-00
(01).

10. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se dictara una sentencia de
reemplazo o, en su defecto, se ordenara al tribunal que profiriera una nueva
decisión en atención del debido proceso, en especial de los límites de la
competencia funcional del juez de segunda instancia.

11. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

11.1. La sentencia de segunda instancia incurrió en nulidad por vulneración del
debido proceso, en particular del principio de congruencia y de los límites de
la competencia del juez de segunda instancia, toda vez que el tribunal se
pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de controversia ni de
impugnación en el recurso de apelación.

11.2. Elobjeto del proceso, tanto en sede administrativa como judicial, se
circunscribió a obtener la aplicación del principio de oscilación respecto de
determinadas partidas de la asignación de retiro que permanecían sin
actualización.

11.3. La sentencia de primera instancia accedió a las pretensiones con
fundamento en dicho problema jurídico; no obstante, la entidad apelante no
controvirtió ese aspecto de fondo, sino que orientó su inconformidad a
cuestionar la supuesta aplicación de un régimen normativo distinto como lo era
el previsto en el Decreto 1213 de 1990, cuestión que no fue planteada en la
demanda ni hizo parte del debate procesal.

11.4. Pese a lo anterior, el tribunal revocó la decisión de primera instancia con
fundamento en consideraciones que no correspondían a los cargos formulados
en el recurso de apelación, lo cual implicó un desbordamiento de su
competencia funcional, toda vez que resolvió aspectos que no fueron objeto
de impugnación ni delimitaban el marco de decisión de segunda instancia.

8 Folios 1 a 8.

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

11.5. Dicha actuación desconoció el principio de congruencia y los derechos de
defensa y contradicción, pues introdujo elementos de análisis que no fueron
objeto de discusión entre las partes.

11.6. La sentencia de segunda instancia se encontraba viciada de nulidad, pues
se profirió con infracción de las normas que delimitaban la competencia del
juez de segunda instancia, lo que hacía procedente el recurso extraordinario
de revisión interpuesto.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

12. Casur no se pronunció en la instancia procesal9.

1.7. Intervención del Ministerio Público10

13. Elprocurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar
infundado el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en las
siguientes consideraciones:

13.1. Si bien en el caso concreto se cumplió con el presupuesto objetivo de la
causal invocada, al tratarse de una sentencia de segunda instancia no
susceptible de apelación, no se acreditó el presupuesto subjetivo, esto es, la
existencia de una nulidad originada en la sentencia.

13.2. Elrecurrente sustentó la causal en una supuesta vulneración de los
principios de oscilación y congruencia; sin embargo, estas alegaciones no
evidenciaban un vicio de nulidad, sino una discrepancia con la interpretación
jurídica adoptada por el tribunal.

13.3. Lasentencia de segunda instancia resolvió de forma congruente el
problema jurídico planteado, relativo a la procedencia del reajuste de las
partidas de la asignación de retiro en aplicación del principio de oscilación, con
fundamento en el marco normativo y probatorio del proceso.

13.4. Existía correspondencia entre las pretensiones de la demanda, el debate
procesal y la decisión adoptada, en la medida en que el tribunal analizó el
alcance de dicho principio y concluyó que los incrementos anuales debían
aplicarse únicamente sobre la asignación básica, salvo disposición expresa en
contrario.

13.5. El ad quem no desbordó su competencia ni dejó de pronunciarse sobre
aspectos relevantes del litigio; al contrario, emitió una decisión motivada y
coherente con los elementos del proceso.

9 Así se estableció en el auto de pruebas del 21 de mayo de 2025. Samai, índice 21, actuación

«Auto que decreta pruebas», documento «24Autoquedecret_06222024AJUSTADOseab(.pdf)
NroActua 21», archivo
«24_Autoquedecret_06222024AJUSTADOseab_0_20250521121820242».
10 Samai, índice 16, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_CHL_17Concepto(.pdf) NroActua 16», archivo
«17_17_110010325000202400042001YYY10311959».

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

13.6. Así
entonces, no se configuró la causal de nulidad alegada y, en
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión debe ser infundado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

14. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado11, expedido por la
Sala Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

15. En este caso, la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, fue
notificada el 11 de julio de 2023 y quedó ejecutoriada el 18 de igual mes y
año12. Por su parte, el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 30 de
enero de 202413.

16. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue
presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida,
tal y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.

2.3. Legitimación en la causa

17. En el asunto objeto de estudio, Sergio Antonio Delgado Salazar y Casur
están legitimados para actuar como demandante [el primero] y como
demandada [la última], comoquiera que actuaron con igual calidad dentro del
proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia se pretende controvertir
en esta oportunidad.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

18. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA
es un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de
la cosa juzgada14. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una

11 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
12 Así se estableció en el auto que inadmitió el recurso extraordinario de revisión proferido el

15 de marzo de 2024. Samai, índice 6, actuación «Auto que inadmite recurso extraordinario
de revisión», documento «8AUTOQUEINADMI_06222024INADMITERERC(.pdf) NroActua
6», archivo «8_AUTOQUEINADMI_06222024INADMITERERC_20240319125646».
13 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de

Decisión. Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.

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sentencia que se encuentra ejecutoriada15 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene 2 características principales:

19. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto,
solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250
del CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas
señalan vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión
de la sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez
pueda examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le
corresponde indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar
la sentencia recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

20. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una
nueva oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio
de las instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una
vía para cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión
de los problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las
falencias de las actuaciones procesales de las partes, puesto que no
constituye una tercera instancia.

2.5. Problema jurídico

21. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA en la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
haberse proferido con vulneración del debido proceso al desconocer el
principio de congruencia y los límites de la competencia funcional del
juez de segunda instancia?

2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión

22. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación (…)» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los
eventos en los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia
del Consejo de Estado ha señalado los siguientes:

i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa
en el artículo 133 del Código General del Proceso16 que solo pudieron ser

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección

A. Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
16 En adelante CGP.

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

advertidas en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a
la taxatividad y legalidad de las nulidades17 y;

ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la
Constitución Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo
que no es posible que el recurrente cuestione la motivación de la providencia,
la valoración probatoria o la aplicación de las normas18. Dentro de este tipo de
nulidades la jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser
las siguientes:

«(…) 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva
sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se
revive un proceso legalmente concluido.

66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
esta.

66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con
ello se pretermite íntegramente la instancia.

66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.

66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.

66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de
los magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un
número de votos diferente del previsto en la ley (…)»19.

23. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que
se vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia,
que se presentan cuando:

• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso20.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial

de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial

de Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
19Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial

de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
20 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,

radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).

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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00042-00 (0622-2024)
Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso21.
• Se profiere sin motivación22.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente23.
• Se desconoce el principio de congruencia24.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»25.

24. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de
una nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que
puso fin al proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de
la oportunidad procesal prevista en el artículo 134 del CGP26. Sin embargo, la
jurisprudencia ha aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del
fallo referido siempre que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de
advertirlo dentro del proceso, circunstancia que le corresponde probar27.

25. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, deberá acreditarse:

i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso
contra la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este
sería el medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera
incurrido la providencia;

ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo
advertirla, lo que deberá probar; y

iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por
la vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.

2.7. El principio de congruencia en la sentencia

26. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,

radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio

de 2005, radicación: REV-062.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo

de 2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
24 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de

2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2020-03065-00.
25 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de

2021, radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de

Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de

Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión
o que la ley permita considerarlo de oficio.

(…)».

27. En sentencia del 26 de octubre de 201728, esta subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental
al debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo
pueda pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las
excepciones que las partes hayan expuesto en el decurso procesal.

28. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25
de enero de 201829, señaló:

«(…) Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la
sentencia, según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se
decide por el Juez y lo que constituye la materia del litigio.

A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado:
“(…) El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum
elevado sino además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien
entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es menester señalar que el
quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el
concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el
Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es
rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas
fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”30.
(…)

Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio,
ocurrido incluso después de haberse presentado la demanda y siempre que
se alegue a más tardar en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.

De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo
que no se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita),
excepto en los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los
asuntos de familia y de protección de los derechos fundamentales.

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2017,

radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
29 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de enero de 2018, radicado: 25000-

23-41-000-2013-00911-01.
30 Sentencia de 5 de junio de 1997, radicado: 4092, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno
a las peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano
Jurisdiccional, solicitando del mismo una actuación en un sentido
determinado. Así “la pretensión acota el contenido del proceso, fija sus límites
concretos, condiciona su tramitación y resultado y delimita el ámbito en el que
necesariamente ha de moverse el juzgador” (…)» (Se resalta).

29. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:

«(…) El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir
la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo
argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso
extraordinario debe negarse, pues el mismo se estaría empleando para
mimetizar tesis o razones propias de los recursos ordinarios o de las
discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza especial se
requieren para este tipo de recursos extraordinarios (…)»31.

30. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido
como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto
puesto en su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas
aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en
fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita32, como regla general.

31. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo 2
ámbitos o facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir
entre lo pedido y alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la
coherencia entre lo dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o
razonamientos expuestos en la parte motiva de la providencia33. Al respecto,
es importante destacar que, en caso de existir incongruencia en cualquiera de
ellas, para que pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe ser de tal
magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad.

2.8. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto

32. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,

providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,

providencia de 7 de abril de 2015, radicado 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16
de agosto de 2002, radicado: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una
providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la
doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el
invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de

21 de noviembre de 2007, radicado: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán
Darío Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

32.1. Casur interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 27
de septiembre de 2021 por el Juzgado 7 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Sergio
Antonio Delgado Salazar en su contra en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En su escrito manifestó inconformidad con la
decisión de ordenar el reajuste de la asignación de retiro del actor, porque
dicha prestación fue reconocida y liquidada conforme con la normativa vigente
y la información contenida en la hoja de vida expedida por la Policía Nacional.

32.2. La liquidación de la asignación de retiro del personal acogido
voluntariamente al nivel ejecutivo debía regirse por lo previsto en los decretos
1091 de 1995 y 4433 de 2004, que establecieron de forma taxativa las partidas
computables, sin que resultara procedente acudir al régimen previsto para
agentes en el Decreto de 1213 de 1990, pues el demandante se acogió
voluntariamente al nivel ejecutivo. En este sentido, la entidad aplicó
correctamente el régimen aplicable correspondiente, por lo que no procedía el
reajuste reconocido en primera instancia.

32.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en la sentencia del 29 de junio de 2023, resolvió el caso
concreto con los argumentos resumidos en el acápite 1.4. de esta providencia.
En suma, concluyó que no procedía el reajuste de la asignación de retiro en
los términos solicitados por el demandante, porque los incrementos anuales
solo debían aplicarse sobre la asignación básica y no respecto de la totalidad
de las partidas computables.

32.4. Para sustentar su decisión, el tribunal señaló que el principio de oscilación
no implicaba la actualización anual de todas las partidas que integraban la
asignación de retiro, sino que solo operaba cuando existían incrementos
extraordinarios dispuestos de manera expresa por el legislador o el gobierno
nacional.

32.5. En este sentido, los aumentos anuales de dicha prestación se efectuaban
mediante decretos expedidos por el gobierno nacional, por lo que extender de
forma automática los incrementos del personal activo a todas las partidas de
los retirados generaba un doble aumento no previsto en la normativa aplicable.

2.9. Análisis de la Sala

33. En el presente asunto, Sergio Antonio Delgado Salazar invocó la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, había incurrido en nulidad originada en la sentencia,
por vulneración del principio de congruencia y haberse desbordado la
competencia funcional del juez de segunda instancia.

34. Al respecto, se advierte que la sentencia objeto del recurso extraordinario
puso fin al proceso y no era susceptible del recurso de apelación, pues resolvió

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

en segunda instancia el juicio promovido por el recurrente. Este presupuesto
habilita el análisis del defecto alegado en la demanda de revisión.

35. Ahora, la Sala recuerda que la incongruencia como causal de nulidad de la
sentencia se configura cuando se rompe la necesaria correspondencia entre
lo pedido, lo debatido y lo decidido, ya sea por omisión, exceso o por decisión
sobre aspectos ajenos a la controversia, en desconocimiento del deber del
juez de ceñirse a las pretensiones, los hechos y las excepciones propuestas
en el proceso34.

36. En particular, en sede de apelación, este principio comporta que el juez de
segunda instancia deba decidir dentro del marco fijado por el recurso, esto es,
con sujeción a los aspectos impugnados y a los cargos formulados por el
apelante, sin desbordar el ámbito de la controversia definido por las partes,
pues «el juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no
fueron objeto de impugnación»35 (sic).

37. En el caso concreto, el recurrente sostuvo que el tribunal resolvió el litigio a
partir de consideraciones que no fueron propuestas en el recurso de apelación
interpuesto por Casur, pues esta entidad no cuestionó de fondo el alcance del
principio de oscilación ni debatió la procedencia del reajuste anual de las
partidas computables de la asignación de retiro.

38. Del examen de las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se advierte que la controversia se centró en la
aplicación del principio de oscilación en relación con las partidas computables
de la asignación de retiro reconocidas al actor, específicamente las primas de
navidad, de servicios y de vacaciones, así como el subsidio de alimentación,
respecto de las cuales se alegó que permanecieron «congeladas» luego del
reconocimiento prestacional efectuado por Casur.

39. En este contexto, la sentencia de primera instancia concluyó que la entidad
demandada desconoció el principio de oscilación previsto en el régimen
especial de la Fuerza Pública, toda vez que únicamente actualizó algunas de
las partidas computables y mantuvo invariables las demás, razón por la cual
ordenó la reliquidación correspondiente.

40. Por su parte, el recurso de apelación interpuesto por Casur se limitó a
sostener que la asignación de retiro del actor había sido reconocida conforme
con la hoja de servicios y con el régimen jurídico aplicable al nivel ejecutivo de
la Policía Nacional, en particular lo previsto en los decretos 1091 de 1995 y
4433 de 2004, que establecieron de forma taxativa las partidas computables
para la liquidación de la prestación. En desarrollo de esta postura, la entidad

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2017,

radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15) y Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 25 de enero de 2018, radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
35 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicado:

08001-23-31-000-2009-01122-01.

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insistió en que no resultaba procedente acudir al régimen previsto para
agentes en el Decreto 1213 de 1990, pues el demandante se acogió
voluntariamente al nivel ejecutivo.

41. De esta manera, se observa que los argumentos del recurso de apelación
se dirigieron a defender la legalidad de la liquidación del reconocimiento y
liquidación inicial de la asignación de retiro y a reiterar que el actor pertenecía
al nivel ejecutivo, sin desarrollar reparos concretos frente al razonamiento del
juzgado relacionado con el alcance del principio de oscilación ni frente a la
actualización anual de las partidas computables.

42. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, para resolver el asunto planteó como problema jurídico «determinar sí resulta
procedente en aplicación del sistema de oscilación y la especialidad en el régimen
prestacional de la Fuerza Pública, reajustar anualmente todas las partidas que
integran la asignación de retiro, o sí, por el contrario, el reajuste anual solamente se
predica de la asignación básica» (sic).

43. A partir de ello, desarrolló un análisis acerca del alcance del principio de
oscilación y concluyó que este no se refería a los incrementos anuales
ordinarios, sino exclusivamente a variaciones extraordinarias expresamente
dispuestas por el legislador o el gobierno nacional respecto de determinadas
partidas. Asimismo, consideró que extender automáticamente a los retirados
los incrementos reconocidos al personal activo implicaría un doble reajuste no
previsto en el ordenamiento jurídico.

44. En esa línea argumentativa, sostuvo que los aumentos anuales debían
aplicarse únicamente sobre la asignación básica y que solo procedía extender
incrementos a las demás partidas cuando existiera disposición expresa que
así lo autorizara, motivo por el cual revocó la decisión de primera instancia y
negó las pretensiones de la demanda.

45. Al respecto, en la sentencia se consideró lo siguiente:

«Para dilucidar el anterior planteamiento, se hará por la Sala la
correspondiente valoración probatoria: (…).

Siendo el principio de oscilación el eje sobre el cual gira la presente discusión
jurídica, debe hacerse la precisión acerca del entendimiento que se ha hecho
respecto de tal principio. Desde la Ley 2ª de 1945 se estableció en el artículo
34 en los términos siguientes: (…).

Principio de oscilación que ha sido reiterado en varias regulaciones
posteriores, hasta llegar a la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, que
en su artículo 42 dispuso lo siguiente: (…).

Las disposiciones trascritas permiten inferir válidamente que el principio de
oscilación aplica a las asignaciones de los retirados en relación con las
modificaciones que se verifiquen en las asignaciones de los activos y por eso
se ordenó que se mantuvieran en porcentajes; es decir no refiere este
precepto a los aumentos que se realizan anualmente, sino a aquellos que se
hagan sobre las partidas de manera extraordinaria.

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Explica bien esta situación, el artículo 4º del Decreto 2863 de 2007 cuando
señaló que en virtud del principio de oscilación dispuesto en el 42 del Decreto
4433 de 2004, se aumentó la prima de actividad a los retirados en el mismo
porcentaje hecho a los activos; disposición que se trascribe a renglón seguido:
(…).

De lo anterior se evidencia que, en aplicación del principio de oscilación, el
legislador extraordinario señalándolo expresamente aumentó la prima de
actividad para los retirados.

Artículo 4º que continuó vigente por expresa determinación de los decretos
anuales de los años siguientes. Lo que significa y muestra que la oscilación
se estableció para el reajuste de las diferentes partidas o asignaciones de los
retirados, conforme a los aumentos de las asignaciones de los activos, pero
de manera extraordinaria en aplicación de las normas establecidas en las
leyes 4ª de 1992 y 923 de 2004.

Por lo que no se acogen los argumentos de la parte actora, cuando postula
que, el aumento anual de los activos deba incidir en el de los retirados;
primero, porque para eso no fue establecido, ya que tendría que determinarse
expresamente como se acabó de advertir y segundo porque el aumento de
las asignaciones devengadas por los retirados se realiza a través de los
decretos que se dictan por el Gobierno Nacional anualmente; los cuales se
hacen en los términos de la Ley 238 de 1995, conforme al IPC del año
anterior, siempre y cuando esta medición resulta mayor que el citado principio.
Aquí debe recordarse que los aumentos anuales de los servidores públicos
en servicio activo en los últimos tiempos ha sido por debajo del IPC, porque
se realizan con base entre otros principios, al de la sujeción al marco general
de la política macroeconómica y fiscal del país; así como de la racionalización
de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada entidad u organismo. (art.2º literales h) e i) Ley
4/92) por lo que generalmente, es mayor dicho aumento que el de los activos,
a quienes también el Gobierno Nacional les establece el aumento anual por
decreto, de manera frecuente por debajo de esta medición, lo que ha sido
avalado por la Corte Constitucional.

En ese sentido, aplicar el aumento anual de las partidas de los activos a los
retirados, es hacer un doble aumento, porque el que resulta procedente es el
aumento anual ordenado en los decretos del Presidente de la República
conforme a lo establecido en la Ley 4ª de 1992.

Si el principio de oscilación se aplicara para los retirados según los aumentos
anuales no tendría sentido entonces que el Gobierno Nacional dictara
decretos cada año para los retirados, sino que simplemente se homologaría
el aumento de los activos a los retirados.

De otro lado, es el concepto de esta Sala que, los aumentos anuales deben
efectuarse sólo sobre la asignación básica, ya que de lo contrario quedarían
devengando más los retirados que los activos. Y se reitera, que únicamente
cuando el legislador o el Presidente de la República dispongan un
reconocimiento extraordinario en las partidas de los activos procederá el
aumento en las mismas para los retirados; por lo que esta Sala de manera
mayoritaria es del criterio. Es necesario tener en cuenta que si se aplicaron
por la entidad aumentos anuales a las distintas partidas, tal circunstancia se
constituye en un error que no crea derechos.

En conclusión, los aumentos anuales sólo deben aplicarse sobre la
asignación básica; por lo que se revocará la sentencia de primera instancia y
en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda» (sic).

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46. Lo anterior evidencia que tales consideraciones desbordaron el marco fijado
por el recurso de apelación. En efecto, aunque Casur insistió en que el
demandante pertenecía al nivel ejecutivo y que la liquidación inicial de la
asignación de retiro se efectuó conforme con las partidas computables
previstas en el régimen especial aplicable, lo cierto es que no formuló un
cuestionamiento específico sobre la interpretación del principio de oscilación
efectuada por el juzgado ni sobre la procedencia de reajustar anualmente cada
una de las partidas computables.

47. Por el contrario, el tribunal introdujo un debate jurídico distinto al delimitado
por la apelación, pues construyó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia sobre una tesis relacionada con el alcance material del principio de
oscilación y con la improcedencia de reajustar individualmente las partidas de
la asignación de retiro, aspecto que no fue objeto de censura concreta por
parte de la entidad apelante.

48. En ese sentido, se observa que la providencia cuestionada modificó
sustancialmente el eje de la controversia y sustentó la decisión en argumentos
que no integraron los reparos formulados en la alzada, con lo cual el ad quem
excedió los límites de su competencia funcional como juez de segunda
instancia.

49. Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la apelación
presentada por Casur reprodujo, en esencia, los argumentos expuestos
previamente en los alegatos de conclusión de primera instancia, centrados en
la defensa de la liquidación inicial de la asignación de retiro conforme con el
régimen del nivel ejecutivo y en la improcedencia de aplicar disposiciones
correspondientes al régimen de agentes. Al respecto se observa lo siguiente:

«Solicito a la señora Juez, no acoger las pretensiones de la demanda ya que
no es viable realizar el reajuste pretendido, teniendo en cuenta que la Caja de
Retiro de la Policía Nacional al momento de liquidar dicha partida, la efectuó
con base en la hoja de servicios expedida por la Policía Nacional, en donde
se indicó el tiempo de servicios y las partidas que debían computarse en su
caso particular, de esta manera, CASUR le concedió su derecho y aplicó la
norma vigente para ese entonces.

Debe señalarse que el demandante reclama se liquide su asignación mensual
de retiro, con las normas de agentes, contenidas en el Decreto 1213 de 1990,
desconociendo que VOLUNTARIAMENTE se acogió al nivel ejecutivo, por lo
tanto, para su liquidación de asignación de retiro, se tomaron los criterios de
liquidación contenidos en el canon 49 del Decreto 1091 de 1995, que a la letra
señala: (...)

En consecuencia, atendiendo la anterior normatividad, se colige claramente
que esta demandada aplicó la norma vigente para el caso del actor una vez
adquirió su derecho, además, conforme lo expresa la prohibición
especialmente del parágrafo 49 del Decreto 1091 de 1995, no era procedente
dar aplicación a lo normado en el Decreto 1213 de 1990, como pretende el
libelista, así como tampoco, a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 4433
de 2004, como quiera que él, hace parte del nivel ejecutivo y no de Agentes
o sub oficiales, pues una vez se acogió al nivel ejecutivo, también asumió la
norma que anteriormente se describió y la cual debía tomar la caja para la
liquidar su asignación de retiro.

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Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

En ese orden de ideas, se puede concluir que no le asiste derecho a la parte
actora, pues como ya se advirtió, CASUR dio cumplimiento a cabalidad según
lo ordenado por el ente correspondiente en su momento» (sic) (resaltado del
texto original).

50. Así las cosas, el tribunal no estaba habilitado para reformular el debate
procesal y resolver el litigio con fundamento en una construcción
argumentativa distinta de la efectivamente planteada en el recurso de
apelación, pues ello implicó desconocer el principio de congruencia en su
dimensión externa y alterar el objeto central del litigio definida por las partes.

51. Valga indicar que, en un asunto de contornos fácticos y jurídicos
semejantes, esta Sala ya se había pronunciado sobre el principio de
congruencia frente a decisiones de segunda instancia que introducen un
debate autónomo sobre el alcance del principio de oscilación, pese a que este
aspecto no fue objeto de cuestionamiento concreto en el recurso de apelación.
Así, en la sentencia proferida el 26 de febrero de 202636, se precisó lo
siguiente:

«En conclusión, se tiene que la apelación no trató sobre la materia medular
del proceso, el principio de oscilación, sino en torno a las normas que regían
las partidas computables en la liquidación de la asignación de retiro, lo que
impedía que aun implícitamente el Tribunal formulara el problema jurídico
expuesto relacionado con el derecho al reajuste anual por partida o como
unidad en la prestación de la demandante (…).

Entonces, lo cierto es que el tribunal en revocar la decisión de primera
instancia (…) no solo rebasó los cargos de la apelación, sino que trastornó el
objeto del proceso (…).

Es claro que la subsección a de la Sección Segunda del tribunal administrativo
de Cundinamarca alteró por completo la materia medular del proceso (…)
cuando lo discutió en el proceso versaba sobre la aplicación del principio de
oscilación para todas las partidas computables al amparo del artículo 42 del
Decreto 4433 de 2004» (sic).

52. Las anteriores consideraciones resultan plenamente aplicables al presente
asunto, toda vez que, al igual que ocurrió en el precedente citado, el tribunal
construyó la decisión de segunda instancia a partir de un debate jurídico
autónomo sobre el alcance del principio de oscilación y la improcedencia del
reajuste individual de las partidas computables, pese a que tales aspectos no
habían sido objeto de cuestionamiento específico en el recurso de apelación
interpuesto por Casur.

53. La irregularidad advertida no se agotó en el simple desbordamiento de los
límites de la apelación. En realidad, el tribunal terminó por resolver el litigio a
partir de una construcción jurídica autónoma y ajena a la controversia
delimitada por las partes, pues sustituyó el debate relativo a la aplicación del
principio de oscilación frente a determinadas partidas computables de la
asignación de retiro por una discusión distinta acerca del alcance material de

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de febrero de 2026,

radicado 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024).

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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00042-00 (0622-2024)
Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

dicho principio y la de improcedencia del reajuste individual de tales factores.
Así entonces, no solo excedió el marco funcional de la alzada, sino que alteró
el objeto central del proceso ordinario.

54. En consecuencia, la Sala concluye que la sentencia proferida el 29 de junio
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, al haberse proferido con desconocimiento del
principio de congruencia y con extralimitación de la competencia funcional del
juez de segunda instancia.

55. Por lo expuesto, se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión
y, en los términos del artículo 255 del CPACA, se dejará sin efectos la
sentencia recurrida, con el fin de que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, profiera una nueva decisión
ajustada a los límites fijados por el recurso de apelación interpuesto por Casur
y al objeto de la controversia debatida en el proceso ordinario.

2.10. Costas

56. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal.

3. Conclusión

57. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 29
de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, se configuró la causal prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA, puesto que la decisión fue adoptada con
desconocimiento del principio de congruencia y con extralimitación de la
competencia funcional del juez de segunda instancia, al haberse resuelto el
recurso de apelación con fundamento en consideraciones ajenas a los reparos
formulados por la entidad apelante y modificaron la materia objeto de
controversia definida en el proceso ordinario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Sergio Antonio Delgado Salazar, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Declarar la nulidad de la sentencia proferida el 29 de junio de 2023
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00042-00 (0622-2024)
Demandante: Sergio Antonio Delgado Salazar

Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado: 11001-33-35-007-2020-00069-00 (01).

Tercero: Devolver el proceso a la autoridad judicial de origen para que dicte
sentencia de nuevo, en los términos del artículo 255 del CPACA, modificado
por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.

Cuarto: No condenar en costas.

Quinto: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de
procesos Samai.

Sexto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

LAVM

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