Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00358-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00358-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00358-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00358-00 (5096-2023) acumulado
11001-03-25-000-2023-00491-00 (6715-2023)
Demandantes: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social1 y
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas2
Demandado: Hernán Vidal Zúñiga Ortiz
Providencia Sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el
recurrida: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
3
Administrativo . Nulidad originada en la sentencia
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide los recursos extraordinarios de revisión interpuestos por el Dps y la
Uariv contra la sentencia del 22 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por Hernán Vidal Zúñiga Ortiz en su contra.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho4
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Hernán Vidal Zúñiga Ortiz presentó demanda
en orden a que se declarara la nulidad de los oficios 20156100206163 del 21 de
octubre de 2015 y 2015610026183 del 18 de marzo de 20165, por medio de los
cuales el Dps y la Uariv, respectivamente, le negaron el reconocimiento de una
1 En lo sucesivo Dps.
2 En adelante Uariv.
3 En adelante CPACA.
4 Samai Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Cali, índice 75, actuación «», documento
«13_ED_76001333301620160008(.rar) NroActua 75», archivo
«13_760013333016201600083001EXPEDIENTEDIGI20231010163857», carpeta
«76001333301620160008300», archivo «2016-00083 Cuaderno1.pdf», folios 422 a 447.
5 En la audiencia inicial del 26 de enero de 2018, en la etapa de saneamiento del proceso, se integró
al contradictorio con el fin de evitar un fallo inhibitorio, al advertir que la demanda solo se dirigía
contra uno de los actos que negaron el reconocimiento de la relación laboral y, en consecuencia, se
resolvió: «INTEGRASE a la proposición el Oficio 2015610026183 del 18 de marzo de 2016 por medio
del cual la UARIV que negó el reconocimiento de una relación laboral con el señor Hernán Vidal
Zúñiga Ortiz» (sic).
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relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella por
sus servicios «desde el mes de octubre de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2014» (sic).
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) el pago de las prestaciones
laborales a las que tenía derecho producto de la relación laboral; (ii) la devolución
de las sumas pagadas por concepto de seguridad social, pólizas y retención en la
fuente; (iii) la indexación de las sumas que resultaren de lo que se resolviera; (iv) el
cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo previsto en los artículos 187 y
192 del CPACA; y (v) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Hernán Vidal Zúñiga Ortiz laboró de manera permanente e ininterrumpida al
servicio de la Red de Solidaridad Social, posteriormente transformada en la Agencia
para la Acción Social y la Cooperación Internacional6 y, en la actualidad, en el Dps,
entre octubre de 2004 y el 31 de diciembre de 2014. Esta última entidad continuó
con la contratación de sus servicios a través de una de sus entidades adscritas, en
particular, la Uariv.
3.2. Fue vinculado a través de contratos de prestación de servicios, periodo en el que
realizó sus funciones de manera personal en las instalaciones de la Dirección
Territorial del Valle del Cauca, ubicadas en el Distrito de Santiago de Cali, dentro de
un horario de trabajo, con una asignación mensual por las labores que desempeñó
y bajo la subordinación de la administración contratante, pues recibió órdenes de
los supervisores y funcionarios del nivel directivo de la entidad.
3.3. El 20 de octubre de 2015, la subdirectora de contratación del Dps certificó la
existencia de los contratos de prestación de servicios 290 de 2006, 295 de 2007,
124 de 2008, 377 de 2009, 481 de 2010, 1219 de 2010, 956 de 2011 y 861 de 2011;
no obstante, no se relacionaron los desarrollados entre los años 2004 y 2005, parte
de 2006 y 2012 a 2014.
3.4. Dentro de las funciones que realizó, de carácter necesario y permanente para la
entidad, se encontraban la asesoría en el manejo del Registro Único de Población
Desplazada y, posteriormente, el apoyo y la asesoría técnica en las tareas de
producción y análisis de información relacionada con el Sistema de Información de
Desplazados, el Sistema Único de Registro y la consolidación de información
proveniente de otras fuentes en materia de desplazamiento. Asimismo, prestó
servicios técnicos orientados a la atención y orientación del usuario interno y externo
en la unidad territorial asignada, con el fin de dar respuesta oportuna a las
necesidades de la población, en el marco de las diferentes líneas de reparación, y
de servir como canal de articulación entre la población afectada y la entidad.
3.5. Enel desarrollo de esas actividades, careció de autonomía técnica y
administrativa, en tanto debió sujetarse al horario de trabajo impuesto tanto al
personal de planta como a los contratistas, acatar las instrucciones generales
6 En lo que sigue Acción Social.
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impartidas por la entidad y cumplir órdenes y directrices específicas, incluso
aquellas contenidas en circulares, memorandos y correos electrónicos. Asimismo,
utilizó los implementos de trabajo suministrados por la entidad y desempeñó sus
funciones en condiciones similares a las de los empleados de planta.
4. A través del Oficio 20156100206163 del 21 de octubre de 2015, el Dps le negó el
reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que
se derivaban de ella por sus servicios «desde el mes de octubre de 2004 hasta el 31 de
diciembre de 2014» (sic). Por su parte, la Uariv, en cumplimiento de una acción de
tutela, lo hizo en igual sentido por medio del Oficio 2015610026183 del 18 de marzo
de 2016.
1.2. Sentencia de primera instancia7
5. Mediante sentencia proferida el 25 de septiembre de 2019 el Juzgado 16
Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante. Para el efecto, consideró:
5.1. Se encontraba acreditada la existencia de múltiples contratos de prestación de
servicios suscritos entre el demandante y la Red de Solidaridad Social,
posteriormente Acción Social y, más adelante, con la Uariv, durante el período
comprendido entre el 14 de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, con
algunas interrupciones entre uno y otro vínculo contractual. Asimismo, que el actor
había presentado reclamación administrativa ante el Dps, la cual fue resuelta de
manera desfavorable mediante el Oficio 20156100206163 del 21 de octubre de
2015.
5.2. No obstante, operó el fenómeno de la prescripción respecto de los derechos-
derivados de los contratos celebrados con el Dps, toda vez que la reclamación
administrativa se presentó por fuera del término de 3 años previsto en los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, contado a partir de
la terminación del vínculo contractual, de conformidad con la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado.
5.3. Frente a los contratos suscritos con la Uariv no se acreditó el agotamiento del
requisito de procedibilidad, en la medida en que no se presentó reclamación
administrativa ante dicha entidad ni se surtió el trámite de conciliación extrajudicial,
razón por la cual se declaró inhibido para emitir un pronunciamiento de fondo en
relación con esas pretensiones.
5.4. En consecuencia, resultaba innecesario analizar la configuración de una
eventual relación laboral, porque la prescripción y la falta de cumplimiento de
requisitos procesales resultaban suficientes para negar las pretensiones de la
demanda.
7 Samai Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Cali, índice 75, actuación «», documento
«13_ED_76001333301620160008(.rar) NroActua 75», archivo
«13_760013333016201600083001EXPEDIENTEDIGI20231010163857», carpeta
«76001333301620160008300», archivo «2016-00083 Cuaderno3.pdf», folios 248 a 263.
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1.3. El recurso de apelación8
6. Hernán Vidal Zúñiga Ortiz interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que
se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las súplicas
de la demanda, con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación:
6.1. La sentencia de primera instancia incurrió en errores fácticos y jurídicos por no
reconstruir de manera clara, ordenada y cronológica el trámite procesal, lo cual
condujo a contradicciones y a una indebida resolución del litigio, como lo eran los
siguientes:
(i) La demanda fue admitida y oportunamente contestada por el Dps, posteriormente
se reformó para vincular a la Uariv sin modificación de pretensiones, por lo que no
era exigible un nuevo agotamiento del requisito de procedibilidad; (ii) la Uariv fue
debidamente notificada, pero contestó de forma extemporánea, circunstancia que
generaba las consecuencias procesales correspondientes, entre ellas la
imposibilidad de proponer excepciones; (iii) en la audiencia inicial se integró
válidamente al contradictorio el acto administrativo expedido por la Uariv y se
declaró saneado el proceso, decisiones que quedaron en firme sin oposición de las
partes; (iv) el juez de primera instancia, pese a lo anterior, incurrió en actuaciones
contradictorias al pronunciarse sobre excepciones propuestas extemporáneamente
por la Uariv y al reabrir debates ya superados; y (v) el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, al resolver una apelación previa, advirtió que el análisis de la
prescripción debía realizarse en la sentencia y en función del estudio de fondo,
particularmente sobre la existencia del contrato realidad y la continuidad del vínculo.
6.2. En ese contexto, el a quo omitió el estudio integral del fondo del asunto, pues no
resolvió el problema jurídico fijado relativo a la existencia de una relación laboral
entre los años 2004 y 2014 y, en cambio, declaró de manera anticipada y errónea
la prescripción extintiva, sin valorar adecuadamente el material probatorio ni la
continuidad real de la relación laboral. Ello, desconoció los principios de primacía
de la realidad, favorabilidad e in dubio pro operario, así como el carácter
imprescriptible de los aportes al sistema de seguridad social.
6.3. Asimismo, la decisión desconoció las reglas sobre carga y valoración probatoria,
pues se omitió decretar y apreciar pruebas oportunamente solicitadas, incluso con
la contestación de excepciones, y se ignoró evidencia documental y testimonial que
demostraba la prestación continua del servicio sin interrupciones reales, pese a las
aparentes discontinuidades formales de los contratos.
6.4. Al momento de interponer la demanda coexistían 2 líneas jurisprudenciales que
fijaban el término de la prescripción, una en 3 años y la otra en 5, por lo que, en
aplicación de los principios de favorabilidad y confianza legítima, debía aplicarse el
criterio más favorable. Al momento de acudir a la jurisdicción el demandante actuó
conforme con el precedente vigente, por lo que no era posible aplicar de forma
retroactiva una posterior sentencia en su perjuicio.
8 Samai Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Cali, índice 75, actuación «», documento
«13_ED_76001333301620160008(.rar) NroActua 75», archivo
«13_760013333016201600083001EXPEDIENTEDIGI20231010163857», carpeta
«76001333301620160008300», archivo «2016-00083 Cuaderno3.pdf», folios 267 a 288.
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6.5. En cuanto al alcance del precedente y su aplicación en el tiempo, si bien este ha
regido con efectos inmediatos, su aplicación no podía desconocer las expectativas
legítimas ni afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la
administración de justicia.
6.6. El juez debía realizar un análisis fáctico que determinara si el cambio
jurisprudencial impactaba de forma sustancial la situación de las partes y, de ser
así, podía inaplicar excepcionalmente el nuevo criterio en favor del precedente
vigente al momento de la actuación procesal. No resultaba admisible sorprender a
los usuarios de la justicia con cambios abruptos en las reglas jurisprudenciales que
definían los mecanismos de acceso a la jurisdicción.
6.7. Lasentencia apelada incurrió en una indebida apreciación probatoria al
considerar que la relación fue discontinua, sin sustento en las pruebas obrantes en
el expediente. Estos errores condujeron a una decisión que vulneraba el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y los principios que rigen el
derecho laboral, por lo que se debía revocar y, en su lugar, realizar un
pronunciamiento de fondo acorde con el acervo probatorio.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión9
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 22 de septiembre
de 2022 revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, accedió de manera
parcial a las pretensiones de la demanda. Asimismo, se abstuvo de condenar en
costas a la parte vencida.
8. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1. En cuanto a los requisitos de procedibilidad, se encontraba acreditado el
agotamiento de la reclamación administrativa frente a la Uariv, a partir de la
respuesta emitida a la petición presentada por el demandante, incorporada al
proceso y no controvertida oportunamente. A su vez, era improcedente exigir la
conciliación prejudicial, en atención a la naturaleza irrenunciable de los derechos
laborales involucrados y a su relación con los aportes al sistema de seguridad social,
los cuales no son susceptibles de conciliación.
8.2. A partir del material probatorio obrante en el expediente, estaba demostrada la
prestación personal del servicio y la remuneración, en virtud de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre el actor y las entidades demandadas, así
como el pago de honorarios durante los periodos acreditados.
8.3. Las actividades desarrolladas por el demandante se encontraban ligadas al
objeto misional de las entidades, con sujeción a directrices, cumplimiento de
horarios, atención de usuarios y participación en actividades propias del
9 Samai índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«4_DemandaWeb_Demanda-
COPIAAUTENTICADELASENTENCIARECURRIDAYSUCONSTANCIADEEJECUTORIA(.pdf)
NroActua 3», archivo «4_110010325000202300358005DemandaWeb2023825221221».
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funcionamiento institucional, lo que desbordaba la autonomía propia del contrato de
prestación de servicios y permitía tener por configurado el elemento de la
subordinación.
8.4. La valoración conjunta de los contratos, documentos y testimonios permitió
establecer que las labores desempeñadas correspondían a funciones permanentes,
desarrolladas de manera continua y bajo condiciones propias de una relación
laboral, lo que desvirtuó la naturaleza meramente contractual de la vinculación y
evidenció la configuración de una relación laboral.
8.5. En ese sentido, resultaba posible establecer la existencia de una relación laboral
de derecho público entre el demandante y las entidades demandadas durante los
periodos acreditados, con la consecuente obligación de reconocer las prestaciones
sociales derivadas de dicha relación, calculadas con base en los honorarios
pactados.
8.6. En relación con la prescripción, se aplicaron las reglas fijadas por la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, conforme con las cuales las
acreencias laborales derivadas del contrato realidad prescribían en el término de 3
años contados a partir de la terminación del vínculo, mientras que los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones conservan su carácter imprescriptible.
8.7. Bajo dicho criterio, operaba la prescripción de las acreencias causadas con
anterioridad al término trienal contado desde la reclamación administrativa, y la
procedencia del reconocimiento de aquellas generadas dentro del periodo no
prescrito.
8.8. En cuanto a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, procedía
su reconocimiento durante la totalidad de los periodos laborados, con base en el
ingreso correspondiente a los honorarios pactados, y el pago de las diferencias a
cargo de las entidades demandadas en su calidad de empleadoras.
8.9. El reconocimiento de las prestaciones y aportes derivados de la relación laboral
debía ordenarse a título de restablecimiento del derecho, sin que ello implicara el
reintegro al cargo.
1.5. Recursos extraordinarios de revisión
9. El Dps interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del
22 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación»10.
10. Laentidad solicitó que se declarara la prosperidad del recurso y, en
consecuencia, la nulidad parcial de la providencia objeto del recurso,
10 Samai índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«4_DemandaWeb_Demanda-
COPIAAUTENTICADELASENTENCIARECURRIDAYSUCONSTANCIADEEJECUTORIA(.pdf)
NroActua 3», archivo «2_110010325000202300358003DemandaWeb2023825221220».
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específicamente respecto del inciso final del numeral 6 de su parte resolutiva,
mediante el cual se ordenó que los aportes a pensión fueran actualizados a valor
presente a través de un cálculo actuarial.
11. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se dejara sin efectos dicha orden y,
de ser necesario, se profiriera la decisión que en derecho correspondía o se
devolviera el expediente al tribunal de origen para que dictara una nueva sentencia
ajustada a derecho.
12. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
12.1. La sentencia incurrió en nulidad originada en la providencia por
desconocimiento del precedente judicial aplicable en materia de « contrato realidad»,
lo que vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad jurídica y la
confianza legítima. Conforme con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado,
en estos casos el restablecimiento del derecho en materia pensional se ha limitado
a ordenar el pago de la diferencia en los aportes a pensión en el porcentaje que
correspondía al empleador, sin que resultara procedente imponer un cálculo
actuarial. El tribunal se apartó de dicha regla sin justificación e introdujo una
condena más gravosa y extraña a este tipo de litigios.
12.2. Existía falta de motivación de la decisión en el aspecto cuestionado, porque la
providencia no expuso las razones fácticas ni jurídicas que sustentaban la
imposición del cálculo actuarial, pese a que en la parte motiva únicamente se
desarrollaron consideraciones relativas al reconocimiento de prestaciones sociales
y al pago de aportes pensionales en los términos fijados por la jurisprudencia. Esta
omisión vulneró el derecho al debido proceso y el deber de motivación de las
sentencias.
12.3. La decisión desconoció el principio de congruencia, pues impuso una condena
no solicitada en la demanda ni debatida en el proceso, lo que excedió el marco fijado
por las pretensiones y los hechos probados. Asimismo, la orden de practicar un
cálculo actuarial resultaba improcedente en el caso concreto, toda vez que el
demandante efectuó aportes al sistema de seguridad social como contratista
durante la vigencia de los contratos, por lo que no se configuran los supuestos que
habilitan dicha figura.
12.4. Las irregularidades descritas configuran una nulidad originada en la sentencia,
en los términos del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por vulneración del
debido proceso, del principio de congruencia y del deber de motivación, lo que
habilita la intervención del juez de revisión para restablecer la legalidad y la justicia
material.
13. La Uariv interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia
del 22 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
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y contra la que no procede recurso de apelación»11.
14. La entidad solicitó que se declarara la prosperidad del recurso y, en
consecuencia, la nulidad de la referida sentencia de segunda instancia. Por lo
anterior, pidió que se profiriera la sentencia que en derecho correspondía y en esta
se absolviera a la entidad de las condenas.
15. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
15.1. En el caso se cumplía con los presupuestos de procedencia de la causal
invocada, porque: (i) existía una sentencia que puso fin al proceso; (ii) contra ella
no procedía recurso de apelación; y (iii) en la providencia se había configurado una
nulidad originada en la sentencia.
15.2. La nulidad alegada se concretaba en la vulneración del principio de
congruencia, toda vez que el tribunal profirió una decisión que no guardaba
correspondencia con los hechos, pretensiones y excepciones planteados en la
demanda, en particular, se declaró la nulidad de un acto administrativo expedido por
la Uariv que no fue demandado y se impusieron condenas, como el pago de aportes
pensionales mediante cálculo actuarial, que no fueron solicitadas por la parte actora.
15.3. Dichaincongruencia implicó una condena por una causa diferente de la
invocada en la demanda, lo que configuraba una nulidad de la sentencia en los
términos desarrollados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial
cuando se fallaba extra o ultra petita.
15.4. Resultaba improcedente la condena al pago de los aportes pensionales
mediante cálculo actuarial, toda vez que esta figura solo procedía cuando existía
omisión en la afiliación o en el pago de aportes, lo cual no ocurrió en el caso porque
el demandante efectuó los aportes en su calidad de contratista. Así las cosas, la
orden impartida generaba un doble pago y desconocía la jurisprudencia sobre la
materia.
15.5. En este sentido, la sentencia de segunda instancia se encontraba viciada de
nulidad al haber desconocido el principio de congruencia e imponer condenas no
solicitadas ni jurídicamente procedentes.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión12
16. Hernán Vidal Zúñiga Ortiz se pronunció en la instancia procesal con fundamento
en las siguientes consideraciones:
16.1. Mientras el Dps circunscribió su recurso a solicitar la nulidad exclusiva del inciso
final del numeral 6 de la sentencia recurrida, en lo relativo a la orden de realizar un
cálculo actuarial, la Uariv no solo planteó ese reproche en su segundo cargo, sino
11 Proceso con radicado 11001032500020230049100 (6715-2023). Samai índice 3, actuación
«DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf)
NroActua 3», archivo «2_110010325000202300491003DemandaWeb20231025171857».
12 Samai, índice 29, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«32_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-MemorialRtaHVZO(.pdf) NroActua 29», archivo
«32_110010325000202300358004MemorialWeb202534224932».
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Demandantes: Dps y Uariv
que, además, cuestionó el trámite surtido en las instancias ordinarias, al alegar
supuestas irregularidades procesales ajenas a la causal invocada.
16.2. En tal sentido, la Uariv desbordó los límites del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, al pretender introducir, en sede extraordinaria, nulidades no originadas en
la sentencia, sino en etapas previas del proceso, las cuales, en todo caso, no
existieron o, de haber existido, quedaron saneadas por no haber sido
oportunamente alegadas.
16.3. Ambas entidades formularon cargos contra la sentencia del 22 de septiembre
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, particularmente
lo relacionado con la orden de practicar un cálculo actuarial sobre los aportes
pensionales.
16.4. De otro lado, frente al primer cargo de la Uariv, este se sustentó en supuestos
vicios de incongruencia que, en realidad, correspondían a cuestionamientos sobre
actuaciones surtidas en etapas anteriores del proceso, los cuales no constituían
nulidades originadas en la sentencia. Tales alegaciones eran extemporáneas, pues
no fueron propuestas en las oportunidades procesales correspondientes, por lo que
debían entenderse saneadas. En consecuencia, no prosperaba este cargo, pues el
recurso extraordinario de revisión no podía utilizarse como una instancia adicional
para reabrir el debate ya concluido.
16.5. Finalmente, en caso de encontrarse fundados los argumentos del Dps y la Uariv
respecto del cálculo actuarial, se debía declarar únicamente la nulidad parcial de la
sentencia en ese específico punto, y no su invalidez total.
1.7. Intervención del Ministerio Público13
17. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
17.1. Aunque la sentencia recurrida no mencionó expresamente el «cálculo actuarial»
en su parte considerativa, una lectura integral del fallo permitía identificar que el
tribunal sí abordó aspectos relacionados con los aportes al sistema pensional, su
actualización y la distribución de cargas entre empleador y trabajador, lo que hacía
comprensible el alcance de la decisión adoptada.
17.2. La discusión sobre la procedencia del cálculo actuarial era un asunto de fondo
propio del proceso ordinario, que no podía examinarse en sede de revisión.
Además, la parte interesada tampoco hizo uso de mecanismos procesales idóneos,
como la solicitud de aclaración o adición de la sentencia, para precisar ese aspecto.
17.3. Los argumentos de la parte recurrente no se encuadraban en las hipótesis que
configuraban la nulidad originada en la sentencia, ni evidenciaban vulneración del
debido proceso o del principio de congruencia, por lo que no existía fundamento
para infirmar la providencia cuestionada.
13 Samai, índice 30, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_FLF_34Concepto(.pdf) NroActua 30», archivo «».
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
18. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado14, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
19. En este caso, la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca fue notificada al Dps, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público el 30 de septiembre
de 2022, y a la Uariv el 1 de noviembre de 2022, y quedó ejecutoriada el 9 de este
último mes y año15. Por su parte, los recursos extraordinarios de revisión fueron
radicados el 11 de julio y el 5 de octubre de 202316.
20. De acuerdo con lo anterior, los recursos extraordinarios de revisión acumulados
fueron presentados dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida,
tal y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
21. En el asunto objeto de estudio, el Dps y la Uariv, así como Hernán Vidal Zúñiga
Ortiz, están legitimados para actuar como demandantes [los primeros] y como
demandado [el último], comoquiera que actuaron como partes dentro del proceso
ordinario cuya decisión de segunda instancia se pretende controvertir en esta
oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
22. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un
medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa
juzgada17. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada18 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia
14 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
15 Así se estableció en el auto que admitió el recurso extraordinario de revisión, proferido el 29 de
noviembre de 2024. Samai, índice 24, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de
revisión», documento «26Autoqueadmite_50962023admisibilida(.pdf) NroActua 24», archivo
«26_Autoqueadmite_50962023admisibilida_0_20241219090944282».
16 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL». Proceso con radicado
11001032500020230049100 (6715-2023). Samai índice 3, actuación «DEMANDA POR
VENTANILLA VIRTUAL».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido
lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede,
establecidas en la ley. Tiene 2 características principales:
23. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.
24. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
25. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Si se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA en la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por haberse estructurado una
nulidad originada en la sentencia derivada de la falta de motivación respecto
de la orden relacionada con el cálculo actuarial de los aportes pensionales,
el desconocimiento del precedente aplicable en la materia y la vulneración
del principio de congruencia, en la medida en que se impartió una condena
presuntamente no solicitada ni debatida en el proceso?
2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
26. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (…)» es
causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se
estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el
artículo 133 del Código General del Proceso19 que solo pudieron ser advertidas en
19 En adelante CGP.
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la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y
legalidad de las nulidades20 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
o la aplicación de las normas21. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia
ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«(…) 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos,
antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley (…)»22.
27. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que se
presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso23.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso24.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
22Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
23 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
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• Se profiere sin motivación25.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente26.
• Se desconoce el principio de congruencia27.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»28.
28. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP29. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso,
circunstancia que le corresponde probar30.
29. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio
idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla,
lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.7. El principio de congruencia en la sentencia
30. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:
«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de 2005,
radicación: REV-062.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
27 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-
2020-03065-00.
28 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del
16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
(…)».
31. En sentencia del 26 de octubre de 201731, esta subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al
debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda
pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que las
partes hayan expuesto en el decurso procesal.
32. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 201832, señaló:
«(…) Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia,
según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez y
lo que constituye la materia del litigio.
A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…) El
pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino
además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda,
y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el
capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite que
no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo
la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las
pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”33.
(…)
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso
después de haberse presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar
en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que no
se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto en
los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de
familia y de protección de los derechos fundamentales.
En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las
peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional,
solicitando del mismo una actuación en un sentido determinado. Así “la pretensión
acota el contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona su tramitación
y resultado y delimita el ámbito en el que necesariamente ha de moverse el
juzgador” (…)» (Se resalta).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2017,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
32 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de enero de 2018, radicado: 25000-23-41-
000-2013-00911-01.
33 Sentencia de 5 de junio de 1997, radicado: 4092, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
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33. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:
«(…) El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado y
decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que
inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia,
ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse, pues el mismo
se estaría empleando para mimetizar tesis o razones propias de los recursos
ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza
especial se requieren para este tipo de recursos extraordinarios (…)»34.
34. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en
su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita35, como regla general.
35. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo 2 ámbitos o
facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y
alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la
parte motiva de la providencia36. Al respecto, es importante destacar que, en caso
de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez
de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a
su nulidad.
2.8. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
36. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:
36.1. Hernán Vidal Zúñiga Ortiz interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida el 25 de septiembre de 2019 por el Juzgado 16 Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, que le negó las pretensiones de la demanda presentada en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Dps y la Uariv.
Su inconformidad radicó en que el a quo había incurrido en errores fácticos y
jurídicos al declarar la prescripción sin realizar un estudio integral de fondo del
asunto, omitir la valoración adecuada del material probatorio y desconocer la
existencia de una relación laboral continua.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicado 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicado: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia
judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo
“ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un
derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no
alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 21 de
noviembre de 2007, radicado: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina
Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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36.2. Además, por la indebida apreciación de las pruebas, la aplicación desfavorable
del precedente en materia de prescripción y las irregularidades procesales
relacionadas con la actuación de la Uariv.
36.3. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 22 de
septiembre de 2022 resolvió el caso concreto con los argumentos resumidos en el
acápite 1.4. de esta providencia. En suma, concluyó que entre el actor y las
entidades demandadas sí se había configurado una relación laboral durante los
periodos acreditados, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formas, por lo que revocó la decisión de primera instancia y accedió parcialmente
a las pretensiones, para lo cual ordenó el reconocimiento de las prestaciones
sociales correspondientes y de los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, con sujeción a las reglas de prescripción fijadas por la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado.
36.4. Para sustentar su decisión, el tribunal señaló que el material probatorio permitía
acreditar los elementos de la relación laboral (prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación), al evidenciarse que las labores desarrolladas por el
actor eran permanentes, se encontraban ligadas al objeto misional de las entidades
y se ejecutaban bajo directrices institucionales. Asimismo, si bien las acreencias
laborales estaban sujetas al término de prescripción trienal, los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones no, por lo que procedía su reconocimiento durante
la totalidad del tiempo laborado, así como el pago de las diferencias a cargo de las
entidades demandadas.
2.9. Análisis de la Sala
37. En el presente asunto, el Dps y la Uariv invocaron la causal prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 22 de septiembre de 2022 se encuentra viciada
de nulidad originada en la providencia, por falta de motivación en relación con la
orden de efectuar un cálculo actuarial de los aportes pensionales y la vulneración
del principio de congruencia, al ordenar en el inciso final del numeral 6 de la parte
resolutiva la actualización de los aportes pensionales a valor presente mediante
cálculo actuarial, sin que esta medida hubiera sido solicitada en la demanda ni
debidamente sustentada en la parte considerativa del fallo.
38. El Dps, por su parte, alegó que el tribunal se apartó injustificadamente del
precedente unificado del Consejo de Estado en materia de «contrato realidad», según
el cual el restablecimiento del derecho en lo concerniente a los aportes pensionales
se limita al reconocimiento de las diferencias a cargo del empleador, sin que resulte
procedente ordenar un cálculo actuarial. Asimismo, que la sentencia carecía de
motivación en ese punto específico y que la orden impartida implicaba una condena
más gravosa y extraña al litigio, en contravía del principio de congruencia.
39. A su turno, la Uariv sostuvo que la providencia incurrió en incongruencia al
imponer condenas no solicitadas y al pronunciarse sobre aspectos que no fueron
objeto de debate, lo que configuraba un fallo extra o ultra petita. En particular,
cuestionó la procedencia del cálculo actuarial, al estimar que dicha figura solo aplica
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en los eventos de omisión en la afiliación o en el pago de aportes, supuesto que no
se presentaba, toda vez que el demandante había cotizado como contratista durante
la ejecución de los contratos.
40. Al respecto, se advierte que la sentencia objeto del recurso extraordinario puso
fin al proceso y no era susceptible del recurso de apelación, pues resolvió en
segunda instancia el juicio promovido por el recurrente. Este presupuesto habilita el
análisis del defecto alegado en la demanda de revisión.
41. En relación con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
como se expuso en el marco normativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que la nulidad originada en la sentencia corresponde a vicios de carácter
estrictamente procesal que afectan su validez, ya sea por la configuración de alguna
de las causales taxativas de nulidad previstas en el ordenamiento o por la
vulneración del debido proceso.
42. En este último evento, la jurisprudencia ha señalado que no cualquier
inconformidad con la decisión configura la causal, pues esta no habilita un nuevo
examen de la motivación, la valoración probatoria o la interpretación jurídica
efectuada por el juez, sino que exige la acreditación de un defecto estructural, como
ocurre, entre otros casos, cuando la sentencia carece de motivación. En esa
medida, la invocación de la vulneración del debido proceso, por sí sola, no es
suficiente para estructurar la causal de revisión, sino que debe acreditarse su
configuración en los estrictos supuestos reconocidos por la jurisprudencia, esto es,
aquellos vicios procesales de cierta entidad que comprometen de manera directa la
validez de la sentencia y no simples discrepancias con su contenido.
43. En relación con los cargos formulados por las entidades recurrentes, estos se
concretan en la presunta (i) falta de motivación de la sentencia; y (ii) vulneración del
principio de congruencia, por la inclusión de una orden relativa al cálculo actuarial
de los aportes pensionales.
44. Esta corporación, respecto de la falta de motivación de la sentencia como causal
de nulidad, sostuvo lo siguiente37:
«(e)s necesario señalar que esta corporación en sentencia proferida el 20 de
octubre de 200938, respecto de la falta de motivación de la sentencia como causal
de nulidad, sostuvo lo siguiente:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación,
también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta
de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente la carencia total
de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta; que
es improcedente con fundamento en dicha causal alegar situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada de los
hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con
la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque de admitir tales
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021,
radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
38 «Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 20 de octubre de 2009. Radicado: 2003-
0133».
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reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del
recurso, convirtiéndolo en otra instancia».
De acuerdo con lo anterior, la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre
las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o
cuando se basa en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de
actitudes dolosas39. No aplica, así, para controvertir las razones del fallo ni la
apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador40» (sic).
45. De lo anterior se desprende que la jurisprudencia de esta corporación ha sido
clara en diferenciar entre la ausencia absoluta de motivación, que puede dar lugar
a la nulidad de la sentencia, y la motivación insuficiente, deficiente o discutible, que
no configura dicha causal. En efecto, únicamente la carencia total de razones de
hecho o de derecho que sustenten la decisión permite estructurar el vicio, mas no
las discrepancias con el alcance, la solidez o la corrección de la argumentación
judicial.
46. A partir del examen de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, la Sala advierte que esta contiene un desarrollo argumentativo en
el que se abordaron los elementos centrales del litigio. En particular, al analizar la
naturaleza del vínculo, el tribunal indicó lo siguiente:
«Tal como se indicó al inicio de las consideraciones, se encuentra claramente
demostrado (…) la existencia de dos de los tres elementos de la relación laboral
como es la prestación personal del servicio (…) y la remuneración por el trabajo
cumplido (…) independientemente de su denominación (honorarios)» (sic).
47. Asimismo, precisó que el eje central del análisis debía centrarse en la
subordinación y, con base en el material probatorio, desarrolló un estudio específico
sobre este elemento:
«procederá esta Sala de Decisión a analizar si con el material probatorio allegado
al expediente se puede concluir que efectivamente, se presentan los elementos
constitutivos de subordinación o dependencia continuada del demandante frente a
la entidad demandada» (sic).
48. Al valorar el material probatorio, entre estos, los contratos de prestación de
servicios suscritos entre el demandante y el Dps y la Uariv, memorandos,
testimonios e interrogatorio de parte, y definir las consecuencias jurídicas de dicha
situación, precisó que «las actividades cumplidas por el demandante eran necesarias
para el normal funcionamiento de las entidades (…) estaba sometido al cumplimiento de un
horario (…) lo cual contraviene a la supuesta autonomía (…)» (sic). Asimismo, que «la
labor ejercida por el actor se encontraba sometida a las directrices y órdenes de un jefe o
jefes directos (…)» (sic).
39 «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015,
radicado: 2002-02456-01 (35824)».
40 «Ver, entre otras:
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 2005, radicado:
20030794-01 (Rev). Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de agosto de 2018, radicado:
2007-00107-01 (47300) Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019,
radicación: 11001-33-31-0332010-00054-00 (50330), actor: Diana Marient Daza Quintero,
Demandado: Nación, Contraloría de Bogotá D.C».
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49. A partir del análisis probatorio, el tribunal estableció la configuración de una
relación laboral, toda vez que «no se trató de una relación de coordinación contractual,
sino de una en la que imperó la subordinación laboral» (sic) y «las actividades
desarrolladas por el demandante revisten las características propias de una relación laboral
(…) surgiendo el derecho al pago de prestaciones» (sic).
50. En relación con las consecuencias jurídicas de dicha declaratoria, la providencia
también desarrolló un análisis específico sobre la prescripción y el alcance del
restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:
«el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (…) y si existe
diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar como empleado público (…) deberá cotizar (…) la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador» (sic).
51. Estas consideraciones evidencian que el tribunal no solo abordó el problema
jurídico relativo a la existencia de la relación laboral, sino que también las
consecuencias económicas de esta declaratoria, dentro de las cuales se encontraba
la definición de las obligaciones en materia de aportes al sistema pensional, su
forma de cálculo y la distribución de las cargas entre las partes.
52. Si bien la providencia no contiene una explicación autónoma y explícita sobre la
figura del cálculo actuarial en los términos cuestionados por las entidades
recurrentes, lo cierto es que sí desarrolló un marco argumentativo suficiente sobre
(i) la obligación de efectuar aportes pensionales; (ii) la determinación del ingreso
base de cotización; y (iii) la necesidad de establecer diferencias entre lo aportado y
lo debido, lo cual permite entender la orden adoptada como una consecuencia
instrumental del restablecimiento del derecho.
53. En ese sentido, no se configura una ausencia absoluta de motivación, sino, en
todo caso, una discrepancia con el alcance de la decisión o con el grado de
desarrollo argumentativo en un punto específico, lo cual, como se indicó, resulta
insuficiente para estructurar la causal de revisión invocada.
54. En lo que respecta al principio de congruencia, la Sala reitera que este se vulnera
cuando existe una ruptura entre lo pedido, lo debatido y lo decidido, ya sea por omitir
el pronunciamiento sobre un aspecto esencial del litigio (citra petita) o por decidir
por fuera de los límites fijados por las pretensiones y los hechos (extra o ultra
petita)41.
55. No obstante, del análisis del caso concreto no se advierte que el tribunal haya
incurrido en alguna de estas hipótesis. En efecto, la controversia giró en torno a la
declaratoria de una relación laboral y al consecuente restablecimiento del derecho,
lo cual incluía la definición de las obligaciones en materia prestacional y pensional.
56. En ese sentido, el principio de congruencia no impide al juez adoptar las medidas
necesarias para hacer efectivo el restablecimiento del derecho reconocido, aun
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2017,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15). Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 25 de enero de 2018, radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
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cuando estas no hayan sido solicitadas de manera expresa, siempre que
constituyan el desarrollo natural, lógico y necesario de las pretensiones formuladas
y de la situación jurídica debatida en el proceso. En ese orden, el tribunal no solo
declaró la existencia de la relación laboral, sino que estableció que debían
reconocerse las prestaciones y definió el tratamiento de los aportes pensionales,
con la verificación de las diferencias entre lo cotizado y lo debido, así como la
obligación de efectuar los aportes correspondientes.
57. En ese marco, cualquier orden dirigida a materializar o cuantificar dichas
obligaciones, como ocurre con la actualización o determinación técnica de los
aportes, se inscribe dentro del ámbito del restablecimiento del derecho, sin que ello
desconozca el principio de congruencia ni configure una decisión extra o ultra petita.
58. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la orden cuestionada tampoco puede
calificarse, por sí sola, como una decisión completamente ajena al marco jurídico
aplicable. En efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202142, precisó que, en los
eventos de «contrato realidad», el restablecimiento del derecho en materia pensional
comprende la obligación de efectuar los aportes correspondientes con base en el
ingreso efectivamente percibido, de manera que garantice la financiación del
sistema pensional.
59. En ese contexto, las discusiones relativas a la forma de cuantificación o
actualización de esos aportes, incluida la eventual utilización de herramientas
actuariales, pertenecen al ámbito de la definición del contenido económico de la
condena y no al examen de validez estructural de la sentencia.
60. Bajo esta perspectiva, los cuestionamientos planteados por las entidades
recurrentes se dirigen, en realidad, a controvertir la procedencia y alcance de la
condena impuesta por el tribunal, así como la manera en la cual definió las
consecuencias económicas de la relación laboral declarada, asuntos que
corresponden al debate propio de la instancia y no pueden ser reabiertos a través
del recurso extraordinario de revisión.
61. Adicionalmente,se advierte que la parte interesada no hizo uso de los
mecanismos procesales idóneos, como la solicitud de aclaración o adición de la
sentencia, para precisar el alcance de la orden cuestionada, lo cual refuerza la
improcedencia de plantear este tipo de reparos en sede de revisión extraordinaria.
62. Asílas cosas, no se acredita la existencia de un defecto estructural en la
sentencia que comprometa su validez ni una afectación al debido proceso en los
términos exigidos por la causal invocada. Por el contrario, se evidencia que la
providencia contiene un pronunciamiento de fondo, debidamente sustentado y
coherente con el objeto del litigio.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado 05001-
23-33-000-2013-01143-01(1317-16) CE-SUJ2-025-21.
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63. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de
Estado43, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia ni
un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un instrumento
excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a situaciones
específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías esenciales,
en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.
64. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.
65. La Sala concluye que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la existencia de una nulidad originada
en la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca ni la vulneración del debido proceso, en la medida en que los
reproches formulados por las entidades recurrentes se orientan a cuestionar el
alcance, la corrección y la motivación de la decisión adoptada, aspectos propios del
debate de fondo que no evidencian un vicio estructural de la providencia, ni la
vulneración del principio de congruencia o de las garantías procesales en los
términos exigidos por la causal invocada.
66. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión será declarado infundado.
2.10. Costas
67. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que actuase
con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal.
3. Conclusión
68. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en la providencia del 22 de
septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no
se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, puesto
que no se acreditó la existencia de una nulidad originada en la sentencia. Por el
contrario, se verificó que el ad quem emitió un pronunciamiento de fondo sustentado
en el análisis probatorio y jurídico del caso, y que la orden relativa a los aportes
pensionales se enmarca en las consecuencias del restablecimiento de derecho, sin
que se evidencie vulneración del deber de motivación ni del principio de
congruencia.
69. En este sentido, los reparos formulados por las entidades recurrentes
corresponden a un desacuerdo con el alcance de la decisión adoptada, lo cual
43 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020,
radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.
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resulta ajeno al ámbito del recurso extraordinario de revisión. En consecuencia, este
se declarará infundado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
Dps y la Uariv en contra de la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado: 76001-33-33-016-2016-00083-00 (02)
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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