Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-033-2010-00054-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Recurso extraordinario de revisión
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-033-2010-00054-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-33-31-033-2010-00054-00
Consejero ponente: María Adriana Marín
14 de junio de 2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / RECURSOS EXTRAORDINARIOS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COSA JUZGADA / SENTENCIA / CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Este pretende la infirmación de la providencia por resultar contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión, ajustada a la ley. El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia del recurso extraordinario de revisión, previendo un uso indebido de este medio de impugnación que significara la apertura de un nuevo debate probatorio o interpretativo y, con ello, la autorización para una tercera instancia. Las causales de revisión, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encuentran enumeradas en el artículo 250 (…) Por su parte, el artículo 252 de la misma normativa establece que el recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y sus representantes, ii) el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento, y iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada. De lo anterior se desprende que uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 250
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NULIDAD DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / DEBIDO PROCESO / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA /
[L]a causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA (…) De la norma en comento se tiene que son dos los presupuestos para que prospere la causal alegada: i) que exista nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, y ii) que contra dicha providencia no proceda recurso de apelación. En relación con el primer elemento –nulidad originada en la sentencia- esta Corporación ha precisado que en los aspectos no regulados por el CPACA, resultan aplicables al proceso contencioso administrativo las normas del CPC o del CGP, según la vigencia de dichas normas respecto del proceso que se tramita.
En el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia del CPACA y del CGP, de manera que procede remitirse al artículo 133 de este último ordenamiento que enlista las causales de nulidad del proceso. Adicionalmente, en concordancia con lo expuesto por la Corte Constitucional, se ha dicho que la nulidad no se restringe a las causales que contempla el ordenamiento procesal civil, sino que se deriva, también, de la violación del debido proceso estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política. (…) La nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se fundamenta en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas. No aplica, así, para controvertir las razones del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador. El cargo de nulidad, además, debe tener origen en la sentencia o en hechos que sobrevengan con posterioridad a ella. Según la interpretación efectuada por esta Corporación, también es posible alegar la nulidad que ocurre antes de la emisión del fallo y que no pudo ser advertida por el recurrente en el curso del proceso.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las causales de nulidad de la sentencia, Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. REV-1998-153. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 7 de diciembre de 1999, expediente No. C-5037. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 2013-00035-00(46453), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009, rad. 2003-00133-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015, rad. 2002-02456-01(35824), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA
[R]esaltar que el recurso extraordinario de revisión autoriza el examen de las sentencias en firme que han hecho tránsito a cosa juzgada, únicamente bajo las precisas causales determinadas en la ley, de acuerdno (sic) con la interpretación jurisprudencial que de ellas se ha hecho, en tanto su finalidad es garantizar la materialización de la justicia. En ese entendido, en el contexto de este concreto medio de impugnación no le está permitido al juez de conocimiento cuestionar la valoración probatoria o la interpretación normativa efectuada por el fallador en la providencia cuestionada o, en general, sobre el fondo del asunto y, consecuentemente, tampoco es la oportunidad para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso. (…) Cuando se alegue la nulidad originada en la falta de motivación –como ocurre en este caso-, se deberá acreditar una carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o bien demostrar que se fundamentó en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o en actitudes dolosas. Por ende, resulta inadmisible, bajo este supuesto, controvertir las razones del fallo, o la labor de apreciación de los hechos y de las pruebas efectuada por el fallador.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, exp. REV–173, M.P. María Elena Giraldo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; posición reiterada en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 39906, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FACULTADES DEL JUEZ / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Cabe precisar en este punto que el juez cuenta con libertad para desarrollar el problema jurídico en la forma que considere necesaria, siempre y cuando fundamente su decisión y esta tenga relación con el caso puesto a consideración. Así, no le resulta exigible al fallador pronunciarse sobre argumentos o aspectos intrascendentes para la solución del litigio y, en cambio, le está permitido apartarse e, incluso, guardar silencio frente a aquellas pruebas que no cumplan los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad para probar los hechos materia de estudio, cuando le han resultado suficientes otros medios de prueba para adoptar su decisión.
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / DAÑO / DEBIDO PROCESO / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
El proceso de responsabilidad fiscal (…) puede iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorías, o a partir de la solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana; de igual forma, procede el archivo del expediente cuando se establece que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestra que el hecho no existió o que no era constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comportaba el ejercicio de gestión fiscal, o si se acredita la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparece demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente. Como se observa, la iniciación y trámite de las investigaciones de tipo fiscal no tienen, por sí mismas, la potencialidad de ocasionar un daño a los sujetos investigados; en cambio, obedece a una potestad de la administración que todo ciudadano está obligado a soportar. Habría lugar a considerar un daño en los casos de vulneración al derecho al debido proceso, cuando ello tiene incidencia en la adopción de una decisión adversa a los intereses del sujeto pasivo de la investigación. En ese caso, el medio de control procedente para atacar la legalidad de las decisiones proferidas es el de nulidad y restablecimiento del derecho.
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CARGO PÚBLICO / SUSPENSIÓN DEL CARGO PÚBLICO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA / MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
La Ley 610 de 2010 establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías y, para la adopción de las medidas cautelares, dispone que estas tienen lugar en cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal. (…) De lo anterior, deviene claro que no era un requisito para la imposición de la medida de suspensión del cargo, contar con la certeza del daño patrimonial.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de agosto de 2012, rad. 2011-00136-00(0434-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila
FUENTE FORMAL: LEY 610 DE 2010
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-33-31-033-2010-00054-00(50330)
Actor: DIANA MARIENT DAZA QUINTERO
Demandado: NACION- CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION - las causales de revisión son taxativas y restrictivas / CAUSAL QUINTA DE REVISION –CPACA- existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación / FALTA DE MOTIVACION DE LA SENTENCIA- se presenta cuando hay carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando los argumentos fundantes se basan en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o en actitudes dolosas.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Diana Marient Daza Quintero en contra de las sentencias de 13 de diciembre de 2011 y 18 de enero de 2013, proferidas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, respectivamente, mediante las cuales se negaron las súplicas de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La accionante instauró demanda de reparación directa con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación- Contraloría de Bogotá D.C. por los perjuicios que le fueron ocasionados a raíz de la medida de suspensión que le fue impuesta en los procesos de responsabilidad fiscal que esa entidad inició en su contra, cuando desempeñaba el cargo de Alcaldesa de la Localidad de Ciudad Bolívar.
En el proceso de reparación directa se negaron las pretensiones de la demanda, en primera y en segunda instancia.
Con fundamento en la causal 5ª de revisión, contenida en el artículo 250 del CPACA, la demandante solicitó anular las sentencias proferidas en el proceso de reparación directa, por carecer de motivación.
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de reparación directa
Demanda
El 10 de diciembre de 2009 (fl. 25 rvso c. n.° 1), la señora Diana Marient Daza Quintero, por intermedio de apoderado judicial (fls. 1 c. n.°1), interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación- Contraloría de Bogotá D.C., con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios que le ocasionaron los procesos de responsabilidad fiscal que inició en su contra la Contraloría de Bogotá, “en los que se incurrió en multitud de omisiones y extralimitaciones y abuso de poder que originaron desgaste físico, emocional y profesional de la misma, además de haber sido objeto de amplio despliegue periodístico que afectó su honra y buen nombre”.
Como fundamentos fácticos, señaló que mediante Decreto 256 de 2005 fue designada por el Alcalde Mayor de Bogotá, en el cargo de Alcaldesa de la Localidad de Ciudad Bolívar. En ejercicio de sus funciones celebró los contratos no. 091, 124, 125 y 126 de 2005.
La Contraloría de Bogotá abrió en su contra los procesos de responsabilidad fiscal no. 50100-0044, 50100-0045, 50100-0046 y 50100-0047 de 2006, a partir de los presuntos hallazgos encontrados en la auditoría efectuada a la Alcaldía Local que presidía.
Antes de ejercer su defensa en los referidos procesos, los medios de comunicación divulgaron las presuntas irregularidades aducidas por la Contraloría de Bogotá, con lo cual se afectó su buen nombre. Además, en las investigaciones se presentaron omisiones y extralimitaciones que afectaron su derecho al debido proceso.
El Contralor de Bogotá, en oficio no. 10100-9872 de 12 de mayo de 2006, ordenó su suspensión provisional, mientras culminaban las referidas investigaciones fiscales. Esa orden fue acatada mediante el Decreto no. 159 de 12 de mayo de 2006, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá.
Debido a la orden de suspensión y a la prohibición de ejercer otros cargos públicos, estuvo privada de cualquier ingreso derivado de su profesión, así como del acceso al sistema de seguridad social. Adicionalmente, presentó renuncia al cargo de Alcaldesa de la Localidad de Ciudad Bolívar “debido a los apremios económicos en que se vio como fruto de la suspensión provisional, y a los gastos que requería la atención de los procesos y el pago de honorarios profesionales, así como los gastos en salud en que tuvo que incurrir debido a que la decisión de suspensión la dejó fuera del régimen de seguridad social en salud”.
El 7 de diciembre de 2007, el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría de Bogotá informó al Alcalde Mayor de Bogotá que los procesos radicados bajo los no. 50100-0045, 50100-0046 y 50100-0047 de 2006 habían concluido con archivo ejecutoriado, y mediante Decreto 592 de 26 de diciembre de 2007, se revocó la medida cautelar de suspensión provisional.
A la investigada no se le notificó de manera oportuna y en debida forma la apertura de los procesos, tampoco la orden de suspensión ni las distintas actuaciones surtidas en las investigaciones.
Durante el tiempo en que estuvo vigente la medida de suspensión provisional del cargo se inició proceso de cobro coactivo y se ordenó el embargo y secuestro de los bienes de la demandante, así mismo, se reportó y publicó la sanción y la inhabilidad en el Boletín de la Contraloría y en las bases de datos de la Procuraduría, con lo cual se frustró la intención de la implicada de postularse al proceso de elección de alcaldes para el período 2007-2008.
La Contraloría de Bogotá dilató injustificadamente los procesos fiscales, pese a que contaba con las pruebas suficientes para proferir decisión de archivo; además, incurrió en irregularidades en cuanto a la notificación de las actuaciones, con lo cual generó perjuicios morales y materiales a la señora Diana Marient Daza Quintero.
Sentencia de primera instancia
El Juzgado 33 Administrativo de Bogotá profirió sentencia el 13 de diciembre de 2011, en la que negó las pretensiones de la demanda (fls. 178-202 c. n.° 1).
Con base en las pruebas aportadas al plenario, se hizo una relación de cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal seguidos en contra de la accionante, de lo cual se advirtió lo siguiente:
i) El proceso no. 50100-00044 de 2006, inició por supuestas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios no. 125 de 2005, cuyo objeto fue la celebración de novenas navideñas en ese año, para la comunidad de la Localidad de Ciudad Bolívar.
El 3 de julio de 2007 se profirió fallo de responsabilidad fiscal en contra de la investigada; el cual fue revocado directamente por la Contraloría Distrital de Bogotá, el 12 de febrero de 2008.
ii) El proceso no. 50100-00045 de 2006 se adelantó por el posible detrimento patrimonial derivado de la suscripción y ejecución del convenio interadministrativo de cofinanciación no. 091 de 2005, para la realización de un inventario físico detallado de los bienes muebles de la Localidad 19, así como el avalúo de los mismos.
Mediante fallo no. 006 de 26 de febrero de 2009, se declaró fiscalmente responsable a la señora Daza Quintero, el cual fue confirmado en vía gubernativa y en sede de consulta, por lo que la decisión quedó ejecutoriada el 23 de septiembre de 2009. La demandante impugnó esa decisión mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
iii) El proceso no. 50100-00046 de 2006, iniciado por irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios no. 124 de 2004, para la realización de eventos con juegos pirotécnicos dentro de las actividades programadas para la celebración de las festividades navideñas del año 2005, fue archivado definitivamente, mediante auto de 4 de febrero de 2008.
iv) El proceso no. 50100-00047 de 2006 obedeció a los hallazgos encontrados en la celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios no. 126 de 2005, dirigido a la interventoría de los contratos no. 124 y 125 de 2005.
En auto de 14 de noviembre de 2007 se absolvió, en segunda instancia, a la investigada.
A partir de lo anterior, se estudiaron las etapas surtidas en cada proceso y se concluyó que aunque tres de ellos terminaron con decisión favorable a la investigada, “no se demostró que las investigaciones hayan estado huérfanas de un sustento que permitiera su inicio, o se haya vulnerado el debido proceso o su derecho de contradicción”.
Se resaltó que en el proceso no. 50100-0044 de 2006, luego de surtido el trámite administrativo y de haberse decidido los recursos de vía gubernativa, se hizo uso de la figura de la revocatoria directa, la cual, en principio, resultaba improcedente. No obstante, se comprobó que dicha decisión obedeció a lo establecido en la sentencia C-340 de 2007 y a partir de ello se había concluido que la actuación endilgada a la investigada, en realidad, no había comportado un daño patrimonial ni un uso indebido de los recursos públicos. Como consecuencia, se sostuvo que el acto de revocatoria no configuró una falla del servicio.
Frente a la suspensión provisional, se indicó que el fundamento legal de esa medida se encuentra previsto en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, el cual señala que procede su imposición en las investigaciones por faltas calificadas como gravísimas o graves, cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan determinar que la permanencia en el cargo puede interferir en el trámite de la investigación.
Seguidamente, se razonó de la siguiente manera: “estima el despacho que pudo ser desproporcionado que se ordenara prematuramente la suspensión provisional en el cargo que ejercía la demandante, cuando de los tres procesos que la motivaron, uno terminó archivado y en otro fue revocada de manera directa la decisión de imputarle responsabilidad fiscal, pero aun así ello no es suficiente para que se configuren los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado”. Se expuso, también, que al proceso no se allegó prueba de la designación de la accionante como Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar, tampoco de la renuncia que presentó ni de la fecha en que se levantó la medida de suspensión provisional.
Se agregó que no existía certeza sobre si la medida de suspensión provisional era una carga que la investigada no estuviera en la obligación de soportar, máxime cuando tenía el conocimiento para entender las materias que fueron objeto de investigación fiscal.
Finalmente, se concluyó que “este es un proceso de reparación directa no de nulidad y restablecimiento del derecho –aunque la actora también tramitó un proceso de esta naturaleza contra los actos administrativos contenidos en el fallo de responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso 50100-0045 de 2009-, no se probó que se le hubiese vulnerado el derecho al debido proceso, el derecho de contradicción, que hubiese existido dilaciones injustificadas o que se hubiesen hecho reportes que no estuvieran respaldados en las investigaciones abiertas (…) al no estar estructurada la falla deviene necesariamente la inexistencia del nexo determinante de la responsabilidad”.
Sentencia de segunda instancia
Mediante sentencia de 18 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, confirmó el fallo de primera instancia, al concluir que no se demostró el daño ni la imputación del mismo a la entidad demandada (fls. 289-292 c. n.° 1).
Se analizó el material probatorio obrante en el proceso y se indicó que la apertura de las investigaciones de responsabilidad fiscal no tenían por consecuencia la producción de un daño; empero, como en el caso concreto se impuso una medida de suspensión provisional, con la cual se privó a la demandante del ejercicio de su labor y de cualquier otro cargo público, así mismo, de percibir los dineros que configuraban su salario y prestaciones sociales y de acceder al sistema de seguridad social, aunado al despliegue periodístico que siguió a los hechos, era necesario analizar si el daño aducido era atribuible a la administración, a título de falla del servicio, para lo cual se anotaron las consideraciones que se exponen a continuación.
Según la sentencia SU-837 de 2002, proferida por la Corte Constitucional, la orden de suspensión provisional no está ajustada a una formalidad específica sino que se remite a la esfera interna del decisor; sin embargo, debe estar fundada en hechos y circunstancias debidamente soportados, y obedecer a juicios de razonabilidad que justifiquen la decisión.
En el caso concreto, si bien la medida de suspensión provisional separó del cargo a la demandante, ello se debió a su actuación directa y exclusiva “relacionada con la suscripción de unos contratos durante el ejercicio de su función como Alcaldesa de la Localidad de Ciudad Bolívar. Tampoco se puede atribuir responsabilidad a la Contraloría, por haberse puesto en entredicho la honorabilidad y buen nombre de la accionante, ya que este hecho fue ocasionado por unas publicaciones de medios periodísticos e informativos ajenos a la entidad, circunstancia que rompe todo nexo de causalidad entre el hecho dañoso y la atribución del mismo”.
Adicionalmente, no se advirtió una vulneración al debido proceso en el trámite de los procesos fiscales. La Contraloría de Bogotá estaba facultada para llevar a cabo las investigaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, artículo 267 y en la Ley 610 de 2000; además, la señora Diana Marient Daza Quintero se encontraba en la obligación de asumir la instrucción de los procesos iniciados en su contra, y la consecuente medida de suspensión provisional “en los términos en que fue impuesta por la Contraloría; sin que la misma se observe desproporcionada; dado que las consecuencias negativas que dice haber sufrido, no son consecuencia directa de la administración sino de su propia conducta”.
La sentencia se notificó por edicto que permaneció fijado en la secretaría del Tribunal, desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo de 2013, y quedó ejecutoriada el 7 de marzo siguiente (fls. 293-294 c. n.° 1).
El recurso extraordinario de revisión
Demanda
El 6 de marzo de 2014 (fl. 1 c. ppal.), la señora Diana Marient Daza Quintero, actuando en nombre propio en su condición de abogada, interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de las sentencias de 13 de diciembre de 2011 y 18 de enero de 2013, proferidas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, respectivamente.
El recurso extraordinario se fundó en la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, referida a la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”
Como sustento fáctico de la demanda, se adujo que las sentencias cuestionadas carecían de motivación por “ausencia real de argumentos”.
En criterio de la demandante, los jueces en el proceso de reparación directa omitieron pronunciarse sobre la certeza del daño, elemento que era determinante para la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, y por lo cual se determinó el archivo de las investigaciones seguidas en su contra. Además, incurrieron en las siguientes imprecisiones: i) el juez de segunda instancia aceptó la existencia de la indagación como un momento procesal previo a la investigación fiscal; sin embargo, afirmó que la investigada estaba obligada a soportar la medida de suspensión provisional, lo cual no es cierto pues las únicas cargas que se deben asumir se han limitado al campo tributario y cambiario, según lo establecido por la Corte Constitucional; ii) se avaló la medida de suspensión e inhabilidad bajo la teoría del riesgo; iii) la medida de suspensión provisional es constitucional y no se fundamenta en el código único disciplinario como sostuvo el juez de primera instancia, además, no puede estar sustentada en la arbitrariedad; iv) los fallos no se pronunciaron sobre la vulneración al debido proceso ocasionada con la dilación injustificada en el trámite de los procesos; v) no se tuvo en cuenta que la medida de suspensión provisional produjo un daño antijurídico, producto de las actuaciones administrativas de la entidad encartada, lo cual configuraba el nexo causal; vi) las sentencias no se pronunciaron de fondo sobre las pruebas aportadas, que permitían colegir la falla del servicio y el daño; vii) no se tuvo en cuenta que la única forma en que la Contraloría de Bogotá podía exonerarse de responsabilidad era acreditando un elemento extraño.
Se dejó de analizar el desconocimiento, por parte de la Contraloría de Bogotá, del principio de legalidad en los procesos de responsabilidad fiscal en cuestión, en los que se omitió la etapa de indagación preliminar y se procedió a dar apertura a las investigaciones sin contar con sustento para ello, circunstancia que se vio agravada con la medida de suspensión. Se desconoció el procedimiento reglado por la Ley 610 de 2000 para los casos en que no existía certeza del daño, y se olvidó que “todo procedimiento de responsabilidad fiscal debe estar soportado técnica y jurídicamente en principios y garantías, así como en los elementos de la responsabilidad fiscal, identificando plenamente la existencia y prueba del daño patrimonial causado al Estado en ejercicio de gestión fiscal y su cuantificación, pues es lo que constituyen el hallazgo en sí mismo fundamento de los hechos investigados”.
En conclusión, las sentencias atacadas carecen de motivación y ello vulneró el derecho al debido proceso de la parte actora. “Se vulneraron principios y normas constitucionales y jurídicas, por cuanto estos fallos no se refieren al problema jurídico que debían resolver y no omitir, relacionado con el análisis de los actos gubernativos frente a la violación al debido proceso, por no haber hecho una valoración del material probatorio”.
Trámite del recurso extraordinario
Mediante proveído de 23 de abril de 2014 se inadmitió el recurso extraordinario de revisión, con el fin de que se allegaran los traslados necesarios para surtir las respectivas notificaciones (fls. 51-52 c. ppal.). Cumplido el requerimiento, por auto de 13 de junio de 2014 se admitió la demanda (fls. 56-63 c. ppal.). Las notificaciones se efectuaron en debida forma (fls. 63 rvso., 67-68 c. ppal.).
La Contraloría de Bogotá contestó la demanda oportunamente (fls. 69-84 c. ppal.). Propuso la excepción de ineptitud sustancial de la demanda, para lo cual adujo que no se demostró que los procesos de responsabilidad fiscal hubieren carecido de fundamento o que se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso de la investigada.
Explicó la finalidad de la gestión fiscal y los sujetos pasivos de ese control, que en concreto, son todas aquellas personas que hayan recibido bienes o fondos de naturaleza pública y estén encargados de su manejo; así mismo, precisó que la Contraloría General de la Nación, a través de las contralorías departamentales, distritales o municipales está facultada para efectuar el control fiscal, el cual “como función pública de origen constitucional, se ejerce en forma posterior y selectiva, conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece la ley; su manifestación se hace efectiva a través de los controles dispuestos en la ley 42 de 1993”.
En cuanto a la suspensión del cargo “bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada”, sostuvo que, según la jurisprudencia, dichas decisiones se remiten a la esfera interna del fallador y no tienen que hacer explícitos los hechos en que se fundan ni justificar con razones sus conclusiones, lo cual no implica que pueda ser arbitraria. Según ha establecido la Corte Constitucional, la potestad de suspensión presenta tres características: i) es vinculante para el nominador, ii) es de carácter provisional. “Si el contralor tiene razones poderosas para temer que la permanencia de aquellos [los investigados] en el desempeño de sus empleos puedan afectar las investigaciones, dificultar la tarea de fiscalización o comprometer todavía más el interés colectivo, los bienes del Estado o la moralidad pública, [puede demandar] del nominador, con la referida fuerza vinculante, que los suspenda, no a título de sanción sino como instrumento transitorio encaminado a la efectividad del control”, y iii) es una atribución descentralizada que puede ejercer cada contralor en su territorio.
El ejercicio de la potestad de suspensión está supeditado a que exista “prueba sobre la determinación del daño patrimonial al Estado, la estimación de la cuantía y la cuantificación de los presuntos responsables fiscales”. El daño y la responsabilidad, además, deben estar sometidos a los principios de necesidad de la prueba y suficiente motivación de las decisiones.
Con fundamento en lo anterior, el Contralor de Bogotá ordenó la suspensión provisional de la demandante, y el Alcalde Mayor de Bogotá acató dicha determinación, actuaciones sobre las cuales no se demostró que fueran arbitrarias o faltas de sustento legal, ni que se hubieran omitido las etapas previstas o que se hubiere generado un daño, de manera que no se estructuró la falla del servicio alegada.
El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aunque fueron notificados del auto admisorio de la demanda, no intervinieron en el proceso.
Por medio de providencia de 19 de septiembre de 2014, se abrió el proceso a pruebas (fl. 91-92 c. ppal.).
III. CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de las sentencias de 13 de diciembre de 2011 y 18 de enero de 2013, proferidas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, respectivamente. Ello, en atención a la competencia que le asigna el artículo 249 del CPACA, de conformidad con la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado dispuesta en el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 2019.
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Ejercicio oportuno del recurso extraordinario
El artículo 251 del CPACA establece, para el caso de la causal quinta de revisión, que “el recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.
En el presente asunto, se cuestionan las sentencias proferidas en el proceso de reparación directa radicado bajo el no. 11001-33-31-033-2010-054-01. La sentencia de segunda instancia se notificó por edicto, que permaneció fijado en la secretaría del Tribunal desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo de 2013, de manera que la providencia cobró ejecutoria el 7 de marzo siguiente, según la certificación que obra a folio 294 del cuaderno n.° 1.
En ese entendido, el término concedido por la ley para interponer el recurso extraordinario vencía el 8 de marzo de 2014. Como la demanda se presentó el 6 de marzo de 2014, se concluye que fue oportuna.
Recurso extraordinario de revisión –marco normativo y jurisprudencial
El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Este pretende la infirmación de la providencia por resultar contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión, ajustada a la ley.
El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia del recurso extraordinario de revisión, previendo un uso indebido de este medio de impugnación que significara la apertura de un nuevo debate probatorio o interpretativo y, con ello, la autorización para una tercera instancia.
Las causales de revisión, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encuentran enumeradas en el artículo 250, según se transcribe a continuación:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
Por su parte, el artículo 252 de la misma normativa establece que el recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y sus representantes, ii) el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento, y iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.
De lo anterior se desprende que uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado.
Causal 5ª de revisión, art. 250 CPACA
La parte actora invocó la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, cuyo tenor literal es el siguiente:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
De la norma en comento se tiene que son dos los presupuestos para que prospere la causal alegada: i) que exista nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, y ii) que contra dicha providencia no proceda recurso de apelación.
En relación con el primer elemento –nulidad originada en la sentencia- esta Corporación ha precisado que en los aspectos no regulados por el CPACA, resultan aplicables al proceso contencioso administrativo las normas del CPC o del CGP, según la vigencia de dichas normas respecto del proceso que se tramita.
En el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia del CPACA y del CGP, de manera que procede remitirse al artículo 133 de este último ordenamiento que enlista las causales de nulidad del proceso. Adicionalmente, en concordancia con lo expuesto por la Corte Constitucional, se ha dicho que la nulidad no se restringe a las causales que contempla el ordenamiento procesal civil, sino que se deriva, también, de la violación del debido proceso estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política.
En sentencia de 8 de mayo de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado se refirió al “nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia”, para señalar que “todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en la sentencia, no son taxativos (…) la subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso. Un criterio a tener en cuenta para efectos de los anterior es el cumplimiento o no, de los fines funcionales del derecho, por parte de la providencia revisada”.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha aclarado que “no es la nominación de la causal de nulidad lo que habilita su estudio, sino la sustentación fáctica que de ella se haga”.
Esta Subsección, en sentencia de 8 de mayo de 2019, sostuvo que “dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso”.
Sobre los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado algunos supuestos, que fueron sintetizados en la sentencia de 31 de mayo de 2011, como pasa a exponerse:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación”.
La nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se fundamenta en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas. No aplica, así, para controvertir las razones del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador.
El cargo de nulidad, además, debe tener origen en la sentencia o en hechos que sobrevengan con posterioridad a ella. Según la interpretación efectuada por esta Corporación, también es posible alegar la nulidad que ocurre antes de la emisión del fallo y que no pudo ser advertida por el recurrente en el curso del proceso. Así se refirió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 20 de abril de 2004:
Así las cosas y como quiera que el proceso se adelantó con omisión del cumplimiento de la exigencia prevista en el numeral 3° del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, y aunque el vicio es anterior a la sentencia, según el 140 numeral 9° del Código de Procedimiento Civil, como tal situación genera la nulidad de todo el proceso, forzoso es concluir que se afecta la totalidad de las actuaciones surtidas, incluida la sentencia de segunda instancia, con lo cual se configura la causal de revisión prevista en el numeral 6° del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, que se invocó como sustento del recurso extraordinario. En efecto, el vicio aducido por el recurrente y probado en el caso concreto es de naturaleza sustantiva porque afecta directamente el debido proceso y los derechos de acceso a la justicia y de defensa del titular del derecho y se decretará con fundamento en la causal procesal de nulidad definida en la citada norma del Código de Procedimiento Civil, ya que como se indicó, es insubsanable y afecta todo el proceso y por tanto éste debe renovarse en su integridad.
En cualquier caso, la configuración de la causal de nulidad debe ser determinante en la decisión, al punto de que, de no haberse presentado aquella, esta hubiera sido distinta. En efecto, “no se trata de controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y/o de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada, sino de verificar que se atiendan las reglas procesales propias de la sentencia que de incumplirse viciarían su validez”.
Caso concreto
En el presente recurso extraordinario se invocó la causal quinta de revisión –art. 250 CPACA-, referida a la existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación.
En la demanda se afirmó que la nulidad se predicaba de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso de reparación directa que es materia de estudio, toda vez que las dos incurrieron en falta de motivación.
No obstante, el análisis del caso se restringirá a la sentencia de segunda instancia, proferida el 18 de enero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, por cuanto es esta la providencia que reúne los requisitos exigidos por el artículo 250 del CPACA –haber puesto fin al proceso y no ser susceptible del recurso de apelación-. Los motivos de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia pudieron ser discutidos mediante el recurso de apelación.
La sentencia materia de revisión fue proferida en el proceso de reparación directa en el que se debatía la responsabilidad del Estado, por los perjuicios ocasionados a la señora Diana Marient Daza Quintero con la imposición de la medida de suspensión del cargo y las investigaciones de responsabilidad fiscal que inició en su contra la Contraloría de Bogotá, en el año 2006, con base en unos hallazgos encontrados en la auditoría efectuada a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la cual presidía en ese momento.
Como fundamento fáctico, en síntesis, se anotó que la providencia estaba viciada de nulidad por falta absoluta de motivación, dado que: i) no se pronunció sobre el problema jurídico del asunto, toda vez que omitió verificar el indebido procedimiento que se imprimió a los procesos de responsabilidad fiscal; ii) se avaló la aplicación de la teoría del riesgo; iii) se argumentó erradamente el fundamento de la medida de suspensión; iv) no se refirió a la vulneración del debido proceso por la dilación injustificada de las investigaciones fiscales y por no haberse valorado correctamente el material probatorio; v) se pasó por alto el daño derivado de la medida de suspensión y su nexo causal con la actuación de la entidad demandada, y vi) se eximió de responsabilidad a la encartada a pesar de que no se acreditó el eximente consistente en un “elemento extraño”.
Previo a analizar los aspectos de inconformidad aludidos, precisa reiterar lo expuesto en acápite anterior, en punto a resaltar que el recurso extraordinario de revisión autoriza el examen de las sentencias en firme que han hecho tránsito a cosa juzgada, únicamente bajo las precisas causales determinadas en la ley, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial que de ellas se ha hecho, en tanto su finalidad es garantizar la materialización de la justicia.
En ese entendido, en el contexto de este concreto medio de impugnación no le está permitido al juez de conocimiento cuestionar la valoración probatoria o la interpretación normativa efectuada por el fallador en la providencia cuestionada o, en general, sobre el fondo del asunto y, consecuentemente, tampoco es la oportunidad para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.
En palabras de esta Corporación, ”no se pueden discutir en él los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna”; “no resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal. (…) en este trámite especial el juez no puede salirse de las causales invocadas en la demanda de revisión, ni buscar fundamentos diferentes a las mismas, cuando quiera que ellas se encuentren deficientemente estructuradas”.
Cuando se alegue la nulidad originada en la falta de motivación –como ocurre en este caso-, se deberá acreditar una carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o bien demostrar que se fundamentó en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o en actitudes dolosas. Por ende, resulta inadmisible, bajo este supuesto, controvertir las razones del fallo, o la labor de apreciación de los hechos y de las pruebas efectuada por el fallador.
Sobre la causal de nulidad de falta de motivación, esta Sección del Consejo en Estado, en sentencia de 20 de octubre de 2014, expuso lo siguiente:
La Corte Suprema de justicia el algunas decisiones y tal como se expuso en líneas anteriores referentes a la jurisprudencia de esta Corporación, ha considerado que la falta de motivación de la sentencia constituye una causal de nulidad de la misma, pero dicha falta de motivación requiere:
“(…) que aquella sea total o radical. Por mejor decirlo, es posible que en un caso dado a los razonamientos del juzgador les quepa el calificativo de escasos o incompletos, sin que por tal razón sea dable concluir que la sentencia adolece de carencia de motivación (…)”.
Pese a lo anterior, en posterior decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (recurso extraordinario de revisión), consideró que la motivación debe ser precisa, completa, adecuada y debe tener conexidad con la decisión adoptada y, de otro lado, de aceptarse que cualquier consideración incorporada en la sentencia tenga el alcance de colmar la exigencia de motivación, así sea ésta escueta o parca, pero al fin y al cabo motivación, sería bastante difícil encontrar una sentencia huérfana de argumentos cuya validez pudiese ser enjuiciada. Adicionalmente, dicha sentencia sostuvo que la falta de motivación de la sentencia constituía un defecto generador de nulidad de la providencia.
(…)
Y es que motivar la sentencia implica que se justifique la decisión conforme a la ley existente para el momento de los hechos objeto de debate, por cuanto no es de recibo que el juez, argumente o sustente su fallo empleando normas inexistentes, o incluso normas que estando en plena vigencia no sean aplicables al caso, sobre todo cuando se encuentran de por medio aspectos sustanciales y no procesales.
En el presente caso, se cuestiona la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa que tenía por objeto obtener indemnización por unos supuestos perjuicios ocasionados por la Contraloría de Bogotá, de manera que corresponde verificar cuáles fueron los argumentos de disenso que presentó la parte actora en el recurso de apelación instaurado contra el fallo de primera instancia, en el entendido que la competencia del juez de segunda instancia se restringió a dichos aspectos de controversia, al tratarse de apelante único.
Al revisar el proceso de reparación directa en comento, se observa lo siguiente:
El Juzgado 33 Administrativo de Bogotá profirió sentencia de primera instancia el 13 de diciembre de 2011, en la que negó las pretensiones de la demanda, luego de analizar cada uno de los procesos de responsabilidad fiscal seguidos en contra de la accionante, y concluir que no se había vulnerado el derecho al debido proceso de la investigada y que las decisiones adoptadas en cada investigación se encontraban sustentadas (fls. 178-202 c. n.° 1).
Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 204-212 c. n.° 1) que sustentó así:
i) El juez no tuvo en cuenta que la Contraloría de Bogotá había aplicado erróneamente el Decreto 695 de 1995 que establecía la prohibición de la compra de regalos para la temporada de navidad o de fin de año para las dependencias del nivel central y las entidades descentralizadas, el cual no podía aplicarse por analogía al Fondo Local. Ese error dio lugar a una de las investigaciones fiscales, a la medida de suspensión e, incluso, a un proceso de cobro coactivo, lo cual acreditaba la falla del servicio de la entidad demandada.
ii) El material probatorio aportado al plenario demostraba que la Contraloría de Bogotá había iniciado investigaciones de responsabilidad fiscal en contra de la accionante sin tener certeza sobre los “posibles hallazgos” ni sobre el detrimento patrimonial del Estado, conforme le exigía la Ley 610 de 2000, así mismo, una vez se dio apertura a los procesos y se impuso la medida de suspensión, dilató injustificadamente las investigaciones hasta antes de la terminación del período del Alcalde Mayor de Bogotá, al punto que la demandante renunció antes de esa fecha, “sin haber limpiado su nombre y honra”. Esta circunstancia dejaba ver “la intención de la Contraloría de mantener a la doctora Diana Marient Daza Quintero por fuera de la dirección de la localidad más deprimida de Bogotá”.
iii) Se probó que en los procesos fiscales se presentaron violaciones al debido proceso, por “pretermitir la indagación preliminar, mantener por cerca de dos años el proceso de responsabilidad fiscal cuando la Ley 610 en su artículo 45 establece que el término para dichas diligencias es de tres meses prorrogables hasta por dos meses más (…) debe tenerse en cuenta que al establecerse la medida cautelar denominada suspensión provisional, cuyo único requisito es la firme convicción del investigador amparado en el principio de verdad sabida y buena fe guardada, no se le puede imponer al investigado una medida indefinida, limitada en la práctica a la renuncia del funcionario y la terminación del periodo del nominador”.
iv) En uno de los procesos de responsabilidad fiscal se revocó directamente el fallo condenatorio, en aplicación de la sentencia C-340 de 9 de mayo de 2007; sin embargo, el juez no advirtió que la decisión mediante la cual se declaró responsable fiscalmente a la accionada había sido proferida el 3 de julio de 2007, es decir, con posterioridad al pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo cual probaba el error en que se incurrió.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión profirió sentencia de segunda instancia el 18 de enero de 2013, a través de la cual confirmó el fallo de segunda instancia. La decisión se soportó en los siguientes argumentos:
Se encuentra acreditado en el plenario que efectivamente a la demandante se le iniciaron por parte de la Contraloría Distrital, sendos procesos de responsabilidad fiscal como consecuencia de unos hallazgos encontrados por auditoría realizada a la contratación de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, cargo en el que se desempeñaba.
(…)
Al respecto, se tiene que dentro del juicio fiscal la Contraloría puede exigir, bajo el principio de ‘verdad sabida y buena fe guardada’, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios. La orden de suspensión provisional del cargo presupone la existencia de investigaciones fiscales, contra el sujeto pasivo del Control Fiscal en este caso contra la investigada y se mantiene mientras estas culminan. La decisión de suspender, no está ajustada a una formalidad específica, pues se remite a la esfera interna del decisor, quien previo breve examen, califica las circunstancias en conciencia, no exterioriza sus motivos ni elabora una densa exposición de su determinación: ‘…no tiene que hacer explícitos los hechos en que se funda ni justificar con razones sus conclusiones’ . Lo anterior, no quiere decir que la decisión no deba estar fundada en hechos y circunstancias debidamente soportados, que obedezca a juicios de razonabilidad que justifiquen la decisión atendida las circunstancias que rodean la investigación, pues una medida desproporcionada no sería preventiva, sino que tendría carácter sancionatorio. El acto de suspensión, como tal, es entonces un instrumento del investigador, provisional, autónomo, que causa efectos jurídicos directos de manera inmediata. (…)
Así las cosas, si bien es cierto la suspensión provisional separó del cargo a la investigada, viéndose privada de sus salarios y demás prestaciones, este hecho es atribuible a la propia Diana Marient Daza, pues tal medida se adoptó con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquella, relacionada con la suscripción de unos contratos durante el ejercicio de su función como Alcaldesa de la Localidad de Ciudad Bolívar. Tampoco se puede atribuir responsabilidad a la Contraloría, por haberse puesto en entredicho la honorabilidad y buen nombre de la accionante, ya que este hecho fue ocasionado por unas publicaciones de medios periodísticos e informativos ajenos a la entidad, circunstancia que rompe todo nexo de causalidad entre el hecho dañoso y la atribución del mismo.
(…) la entidad demandada, de ninguna manera infringió el debido proceso, si se tiene en cuenta que el artículo 40 de la Ley 610 de 2000 dispone que (…) ‘cuando de la indagación preliminar, de queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal (…)’.
(…)
El proceso de responsabilidad fiscal, es resultado de una investigación en donde se encuentra un posible daño fundamentado en el numeral 5 del artículo 268 del Estatuto Supremo (…).
En consecuencia, es posible considerar que dada su condición de investigada, la señora Diana Marient Daza se encontraba en la obligación de asumir la instrucción de dicho proceso fiscal y soportar las consecuencias de la medida cautelar de suspensión provisional, en los términos en que fue impuesta por la Contraloría; sin que la misma se observe desproporcionada; dado que las consecuencias negativas que dice haber sufrido, no son consecuencia directa de la administración sino de su propia conducta.
De lo anterior, se observa que si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no abordó un análisis separado respecto de cada uno de los planteamientos expuestos en el recurso de apelación, ello no implica que la decisión carezca de motivación. A diferencia, el juez colegiado, de manera precisa y concreta, ilustró sobre la facultad otorgada a la Contraloría para iniciar procesos de investigación fiscal y ordenar medidas de suspensión bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada, labor que no estaba sujeta a una formalidad específica pues la decisión se remite a la esfera interna del decisor, en todo caso, soportada en hechos razonables.
En ese sentido, se sostuvo en el fallo que la medida de suspensión se produjo en el curso de las investigaciones abiertas con base en unos hallazgos relacionados con la suscripción de unos contratos, en los que la demandante fungió como contratante en su calidad de Alcaldesa de la Localidad de Ciudad Bolívar, es decir, que tuvo relación directa y exclusiva con la actuación desplegada por ella.
La decisión tildada de nula sí estuvo, entonces, motivada. Cabe precisar en este punto que el juez cuenta con libertad para desarrollar el problema jurídico en la forma que considere necesaria, siempre y cuando fundamente su decisión y esta tenga relación con el caso puesto a consideración. Así, no le resulta exigible al fallador pronunciarse sobre argumentos o aspectos intrascendentes para la solución del litigio y, en cambio, le está permitido apartarse e, incluso, guardar silencio frente a aquellas pruebas que no cumplan los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad para probar los hechos materia de estudio, cuando le han resultado suficientes otros medios de prueba para adoptar su decisión.
En el caso concreto, la demandante, entre otros aspectos, adujo que en la sentencia que se revisa, el ponente omitió verificar que a los procesos de responsabilidad fiscal se les imprimió un procedimiento indebido, así como tampoco se tuvo en cuenta la dilación injustificada de las investigaciones y la incorrecta y tardía valoración de las pruebas al interior de esos expedientes.
Estos argumentos, aunque fueron expuestos en el recurso de apelación que interpuso la parte actora contra el fallo de primera instancia en el proceso de reparación directa, no guardaban estrecha relación con el daño que se alegó en ese proceso, el cual se hacía consistir en los perjuicios ocasionados a partir de la medida de suspensión impuesta a la accionante por orden de la Contraloría de Bogotá.
El proceso de responsabilidad fiscal, según lo señalado en la Ley 610 de 2000, tiene como propósito “determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”. Con ese cometido, el proceso puede iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorías, o a partir de la solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana; de igual forma, procede el archivo del expediente cuando se establece que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestra que el hecho no existió o que no era constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comportaba el ejercicio de gestión fiscal, o si se acredita la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparece demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente.
Como se observa, la iniciación y trámite de las investigaciones de tipo fiscal no tienen, por sí mismas, la potencialidad de ocasionar un daño a los sujetos investigados; en cambio, obedece a una potestad de la administración que todo ciudadano está obligado a soportar. Habría lugar a considerar un daño en los casos de vulneración al derecho al debido proceso, cuando ello tiene incidencia en la adopción de una decisión adversa a los intereses del sujeto pasivo de la investigación. En ese caso, el medio de control procedente para atacar la legalidad de las decisiones proferidas es el de nulidad y restablecimiento del derecho.
No obstante, esa no era la finalidad pretendida por la señora Diana Marient Daza Quintero, y ello es apenas natural, puesto que tres de los procesos iniciados en su contra finalizaron con el archivo de los expedientes, y solo uno culminó con fallo de responsabilidad fiscal, decisión que fue demandada a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como se comprobó en el proceso de reparación directa y lo afirmó la propia demandante.
Claro lo anterior, se tiene que el proceso de reparación directa que origina el presente debate perseguía la declaratoria de responsabilidad del Estado por la supuesta falla del servicio en que habría incurrido la Contraloría de Bogotá, al ordenar la medida de suspensión provisional del cargo en contra de la demandante, con lo cual se generaron los perjuicios de índole material y moral que conformaron las pretensiones de la demanda en ese litigio. No se discutía la legalidad de los actos administrativos dictados en las investigaciones.
En ese entendido, los jueces que tuvieron a cargo el proceso de reparación directa en comento debían centrar su análisis en la posible responsabilidad de la entidad implicada por el daño que se aducía en la demanda, esto es, el derivado de la medida de suspensión del cargo impuesta a la accionante. Este estudio le correspondía al juez de segunda instancia, como quiera que el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia se refirió, en general, a la existencia de la responsabilidad deprecada en la demanda.
Las alegaciones relacionadas con la certeza del daño para iniciar las investigaciones fiscales, la indebida valoración probatoria por parte del ente fiscalizador y las posibles falencias durante su trámite, no constituían, entonces, el hecho dañoso y por ello el estudio debía centrarse en si la medida de suspensión había producido un daño que la investigada no tuviera la obligación de soportar.
La sentencia bajo examen explicó lo anterior, cuando refirió que “la demandante fue investigada fiscalmente, procedimiento que, en principio, no tiene como fin ocasionar daño, lesión o detrimento de tipo patrimonial ni mucho menos moral, pues es un deber de los funcionarios encargados de esta clase de procesos abrir las respectivas investigaciones y tomar las decisiones pertinentes, cuando de los hallazgos se observe un posible detrimento patrimonial. Sin embargo, como del curso de la investigación se derivaron consecuencias restrictivas para la investigada, pues la suspensión provisional de su cargo la privó de salarios, prestaciones sociales, acceso al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, además de un amplio despliegue periodístico que afectó su honra y buen nombre, debe analizarse si dicho daño es atribuible a la administración a título de falla”.
Más adelante, se argumentó que la medida de suspensión era una facultad otorgada por nuestro ordenamiento jurídico a la Contraloría, la cual obedecía al principio de verdad sabida y buena fe guardada, es decir, que no debía atender a una formalidad específica sino que se remitía a la esfera interna del decisor, de lo cual se concluyó que en ese litigio no se había configurado una falla del servicio imputable a la entidad demandada, toda vez que la medida de suspensión impuesta a la señora Diana Marient Daza Quintero se había soportado en unos hallazgos advertidos durante la auditoría efectuada a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, por “la suscripción de unos contratos durante el ejercicio de su función como Alcaldesa”.
Sobre este último argumento, en la demanda se mencionó que para la imposición de la medida de suspensión, la Contraloría de Bogotá debía tener certeza del daño patrimonial, afirmación que escapa a la verdad.
En efecto, el numeral 8° del artículo 268 de la Constitución Política establece que “[l]a Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios”.
La Ley 610 de 2010 establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías y, para la adopción de las medidas cautelares, dispone que estas tienen lugar en cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal.
Esta Corporación, al respecto, ha discurrido de la siguiente forma:
Al analizar la norma es cuestión, se puede concluir que el Contralor General de la República, está facultado para exigir, bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión en el ejercicio del cargo de aquel funcionario que es objeto de una investigación de índole fiscal, penal o disciplinario donde se haya causado algún perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. Es decir que, la exigencia de esta medida, indica por si sola, la existencia de investigaciones fiscales contra sujetos pasivos del Control Fiscal, la cual se podrá mantener mientras estas culminan.
En ese sentido, la decisión de suspender o no a un funcionario tiene que ver única y exclusivamente con la competencia del Contralor, quien luego de realizar un breve examen, adopta una decisión cuya finalidad no tiene que ver necesariamente con la justicia o la equidad, pues dicho de otro modo, lo que se pretende con esta medida, es asegurar la transparencia de las investigaciones que se adelantan contra empleados públicos para que no resulten interferidas por la influencia de los interesados y, a la vez, evitar que el patrimonio y la moralidad pública se pongan en mayor riesgo”.
De lo anterior, deviene claro que no era un requisito para la imposición de la medida de suspensión del cargo, contar con la certeza del daño patrimonial.
Con todo, llama la atención de la Sala que si bien tres de los procesos de responsabilidad fiscal seguidos en contra de la demandante culminaron a su favor, en la investigación no. 500100-0045 se profirió fallo en su contra, decisión de la cual se presume su firmeza toda vez que en este asunto –y tampoco en el de reparación directa- se acreditó el estado actual o el resultado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto para controvertir dicha determinación y, por ende, no puede afirmarse que la señora Diana Marient Daza Quintero fue absuelta de todos los cargos que dieron lugar a la imposición de la medida cautelar.
Así las cosas, dado que la sentencia en cuestión estuvo motivada y sus argumentos aparecen congruentes con la realidad procesal y ajustados a la ley, se declarará infundado el presente recurso extraordinario de revisión, por cuanto no se configuró la causal de nulidad invocada por la parte actora y tampoco se advierte algún vicio que pueda afectar su validez.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se seguirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, resulta aplicable al presente asunto el artículo 365 del CGP, el cual, en su numeral 1°, dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión que haya propuesto, por lo que se proferirá decisión en tal sentido.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Para su liquidación, se observa lo señalado en el artículo 366 ibídem, según el cual corresponde al magistrado sustanciador fijar las agencias en derecho, aunque se litigue sin apoderado, y a la Secretaría de la Sección liquidar los demás gastos procesales.
Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en el artículo 1.12.2.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dispone la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión, en veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En este caso, en atención a que la parte demandada actuó a través de apoderado, quien presentó contestación de la demanda, y atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión desarrollada por ese profesional del derecho, se tasará a su favor, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 18 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la parte demandada.
Por Secretaría liquidar los gastos procesales.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente que fue remitido en préstamo, por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos”. Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. “Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Tercera:
(…)
10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”. El recurso extraordinario de revisión se interpuso el 6 de marzo de 2014, momento para el cual ya resultaba aplicable la Ley 1564 de 2012 en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Al respecto, mediante auto de 25 de junio de 2014, rad. 2012-0395-01(IJ), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación manifestó que el Código General del Proceso entró en vigencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa el 1° de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición, al contarse con la infraestructura necesaria para su correcta e idónea aplicación, a diferencia de la jurisdicción ordinaria que sí debió someterse a una gradualidad, en orden a que se obtuvieran los elementos físicos, logísticos y estructurales para su implementación. Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. REV-1998-153. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 7 de diciembre de 1999, expediente No. C-5037. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 2013-00035-00(46453), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad. 2006-00123. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-080”.
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093”.
“Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-00170”.
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad. REV-062”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009, rad. 2003-00133-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015, rad. 2002-02456-01(35824), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Ver, entre otras, sentencia de 16 de agosto de 2018, Sección Tercera, Subsección C, exp. 2007-00107-01(47300), M.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 11 de octubre de 2005, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 2003-0794-01 (Rev). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de 2018, Rad. REV-1998-153, M.P.
Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, Rad. 2003-00133 y Sección Tercera Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. 2008-35319-00 (Rev), entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, exp. 2006-00568-01(33059), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, exp. REV–173, M.P. María Elena Giraldo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; posición reiterada en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 39906, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, rad. 2003-00944-01(34612), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; posición reiterada por la Subsección A de la misma Sección, en sentencia de 1° de agosto de 2016, rad. 2003-00942-02(34664), M.P. Hernán Andrade Rincón.
“Corte Suprema de Justicia de 29 de abril de 1988. Inversiones inmobiliarios Movifoto Ltda., contra Banco de Comercio”.
“Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de agosto de 2008, expediente: 1100-0203-000-2004-00729-01. Recurso de revisión. M.P Edgardo Villamil Portilla”.
“SANABRIA SANTOS, Henry. Nulidades en el proceso civil. Universidad Externado de Colombia. Segunda edición. Abril de 2011. Página 145 y 146”.
“Corte Constitucional. Sentencia SU-837 de octubre 9 de 2002, M.P. Manuel J. Cepeda E.”.
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. Art. 8, Ley 610 de 2000. Art. 16 ibídem. Art. 12. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de agosto de 2012, rad. 2011-00136-00(0434-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. Artículo 366. Liquidación. ”Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. 2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso. 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo. 6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso”.
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