Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00475-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00475-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00475-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00475-00 (6524-2023)
Demandante: Yoiber René Castellanos Torres
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Providencia Sentencia del 1 de septiembre de 2022, proferida por el
recurrida: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1. Nulidad originada en la sentencia. Falta de
motivación
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Yoiber René
Castellanos Torres contra la sentencia del 1 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Yoiber René Castellanos Torres presentó
demanda en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 02850 del 19
de mayo de 2016, por medio de la cual el director general de la Policía Nacional
dispuso su retiro del servicio activo de la institución.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) el reintegro al cargo que
ostentaba u otro de igual o superior categoría; (ii) el pago de los sueldos y
emolumentos dejados de percibir durante el lapso del retiro; y (iii) la declaración
1 En adelante CPACA.
2 Samai, índice 22, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«76_MemorialWeb_Respuesta-40oficioenvioexpedie(.pdf) NroActua 22», archivo
«76_110010325000202300475002MemorialWeb2025313144746», link «2016-684 ok», archivo
«01demandayanexos2016-684.pdf», folios 180 a 185.
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Demandante: Yoiber René Castellanos Torres
de responsabilidad de la entidad demandada por los daños morales y perjuicios
ocasionados.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Yoiber René Castellanos ingresó a la Policía Nacional el 14 de enero de 2010
y se graduó como patrullero a través de la Resolución 04057 del 19 de
septiembre de 2010.
3.2. Por medio de la Resolución 02850 del 19 de mayo de 2016, fue retirado del
servicio activo de la institución policial por voluntad de la Dirección General, el
cual había sido recomendado previamente por la Junta de Evaluación y
Clasificación para suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes, mediante
Acta 015-APROP-GRUPE-3.22 del 22 de abril de 2016.
3.3. El acto administrativo de retiro se fundamentó en la investigación originada
con ocasión de un accidente de tránsito ocurrido el 23 de enero de 2016
aproximadamente a las 22:30 horas en el municipio de Chiquinquirá, fecha en
la cual el demandante se encontraba de descanso y se vio involucrado en este
suceso mientras conducía un vehículo automotor, hecho por el cual fue
capturado por el presunto delito de lesiones personales y puesto a disposición
de la Fiscalía 28 de Chiquinquirá.
3.4. En el accidente resultó lesionada Blanca Amelia Pulido Castellanos, a quien
inicialmente se le determinaron 5 días de incapacidad.
3.5. Según los documentos de la investigación, al actor se le practicó una prueba
clínica de embriaguez en el Hospital de Chiquinquirá, la cual arrojó como
resultado grado 1, circunstancia que motivo su puesta a disposición de la
Fiscalía.
3.6. Sin embargo, el referido dictamen médico fue expedido de forma irregular,
pues la causa hipotética del accidente se fundamentó en esa apreciación clínica,
sin la correspondiente prueba técnica en sangre exigida por la normativa
aplicable, lo que incidió en que fuera dejado en libertad por parte de la Fiscalía
de Chiquinquirá.
3.7. El informativo disciplinario que sirvió de base para la decisión de retiro se
sustentó en dicho dictamen médico.
3.8. Al día siguiente de los hechos, y una vez recuperó su libertad, el demandante
acudió voluntariamente a un laboratorio clínico donde se le practicó una prueba
de alcoholemia en sangre, la cual arrojó resultado negativo, lo cual desvirtuó la
presunta condición de embriaguez y contradecía la valoración inicial.
3.9. Para la fecha de la presentación de la demanda, la investigación disciplinaria
se encontraba en trámite sin decisión en firme.
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Demandante: Yoiber René Castellanos Torres
1.2. Sentencia de primera instancia3
4. Mediante sentencia proferida el 5 de septiembre de 2019 el Juzgado 57
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Para el efecto,
consideró:
4.1. De la valoración conjunta del material probatorio, se encontraba acreditado
el accidente de tránsito ocurrido el 23 de enero de 2016 en el municipio de
Chiquinquirá, en el cual resultó lesionada Blanca Emma Pulido Castellanos, así
como la práctica de un examen clínico de embriaguez al demandante en el
hospital de dicho municipio, el cual arrojó resultado positivo de grado 1, sin que
se hubiese realizado prueba de alcoholemia en sangre en ese momento.
4.2. Si bien posteriormente el actor se practicó una prueba de laboratorio en un
centro privado que arrojó resultado negativo, esta se realizó aproximadamente
17 horas después de los hechos, por lo que no desvirtuaba el diagnóstico clínico
inicial. En este contexto, también se adelantó una investigación disciplinaria en
su contra, cuya decisión fue posterior a su retiro del servicio.
4.3. No se demostró la causal de falsa motivación alegada por la parte actora,
toda vez que, del análisis integral del material probatorio, se evidenció que la
decisión de retiro del servicio no obedeció a motivos ocultos o distintos a los
expresamente previstos en el acto administrativo acusado. Por el contrario,
estaba acreditado que la determinación adoptada por el director general de la
Policía Nacional tuvo como fundamento la recomendación previa emitida por la
Junta de Evaluación y Clasificación, en los términos de los artículos 55, numeral
6, y 62 del Decreto 1791 de 2000, lo cual se ajustaba a los supuestos fácticos y
jurídicos que se desprendían del expediente.
4.4. La decisión de retiro no constituyó una sanción encubierta, pues esta
respondió al ejercicio legítimo de la facultad discrecional de la administración.
Los hechos ocurridos el 23 de enero de 2016 en el municipio de Chiquinquirá,
relacionados con el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el
demandante, constituían circunstancias objetivas, ciertas e indiscutibles que
resultaban contrarias al comportamiento ético y a los estándares de conducta
exigibles a un miembro de la Policía Nacional. Bajo esta perspectiva, el director
general, con fundamento en el concepto previo de la Junta de evaluación y
clasificación, consideró razonable y conveniente el retiro del servicio ante la
pérdida de la confianza y el alejamiento de los valores institucionales.
4.5. Frente a los argumentos de la parte actora relacionados con la supuesta
preclusión de la investigación penal, no se acreditó tal circunstancia, pues lo que
se evidenció fue la imposibilidad de continuar con la actuación penal debido a la
3 Samai, índice 22, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«76_MemorialWeb_Respuesta-40oficioenvioexpedie(.pdf) NroActua 22», archivo
«76_110010325000202300475002MemorialWeb2025313144746», link «2016-684 ok», archivo
«26sentencia.pdf».
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caducidad de la querella, razón por la cual no existió un pronunciamiento de
fondo que desvirtuara los hechos investigados.
4.6. Eldictamen pericial y el testimonio del experto confirmaron que al
demandante no se le practicó prueba de alcoholemia en sangre al momento de
los hechos, circunstancia que ya había sido consignada en el informe de clínica
forense. No obstante, la médico que atendió el caso consideró suficiente la
valoración clínica para diagnosticar un estado de embriaguez grado 1 y señaló
que los signos evidenciados hacían innecesaria la práctica de pruebas de
laboratorio en ese momento.
4.7. Si bien la prueba de alcoholemia en sangre practicada con posterioridad
hubiera permitido establecer con mayor precisión el nivel de alcohol en el
organismo, ello no desvirtuaba el diagnóstico clínico inicial, sino que, por el
contrario, este último resultaba suficiente para concluir que el demandante se
encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento del accidente,
conforme con los síntomas advertidos por la profesional de la salud.
4.8. Ladecisión de retiro cumplía con los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, en atención a la especial relación de sujeción en la que se
encontraban los miembros de la Fuerza Pública, lo que implicaba un mayor nivel
de exigencia en su comportamiento.
4.9. La conducta atribuida al demandante, consistente en la conducción de un
vehículo bajo los efectos del alcohol, no solo contravenía la norma vigente,
particularmente lo dispuesto en la Ley 1696 de 2013, sino que también
evidenciaba un desconocimiento del deber de cuidado exigible en el desarrollo
de una actividad peligrosa y un alejamiento del compromiso ético institucional.
4.10. El buen desempeño previo del actor no le confería estabilidad en el cargo
ni limitaba la facultad discrecional del nominador, toda vez que el cumplimiento
de las funciones ha constituido un deber ordinario del servidor público.
4.11. Eneste sentido, el demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, razón por la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1.3. El recurso de apelación4
5. Yoiber René Castellanos Torres interpuso recurso de apelación, en el cual
solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
accediera a las súplicas de la demanda, con sustento en los argumentos que se
sintetizan a continuación:
4 Samai, índice 22, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«76_MemorialWeb_Respuesta-40oficioenvioexpedie(.pdf) NroActua 22», archivo
«76_110010325000202300475002MemorialWeb2025313144746», link «2016-684 ok», archivo
«28recursodeapelacion.pdf».
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5.1. La decisión recurrida vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, la presunción de inocencia, la igualdad y la intimidad, al no haberse
realizado una valoración integral, objetiva y conjunta de las pruebas. No se
demostró su estado de embriaguez conforme con los parámetros legales, pues
no existía prueba científica cuantitativa válida, mientras que el examen de
sangre practicado arrojó resultado negativo.
5.2. Los hechos ocurrieron en el ámbito personal, encontrándose de civil y con
permiso, sin que se afectará la función policial ni la imagen institucional, por lo
que la decisión de retiro no cumplía con los principios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad.
5.3. No se configuró la pérdida de la confianza institucional, toda vez que su
comportamiento fue respetuoso, colaborativo y ajeno al ejercicio de las
funciones policiales.
5.4. La Junta de Evaluación y Calificación incurrió en falsa motivación, al no haber
sustentado adecuadamente las razones de hecho y de derecho de la decisión,
ni valorar su trayectoria institucional, hoja de vida y desempeño, los cuales
evidenciaban calificaciones sobresalientes.
5.5. Se vulneró el debido proceso al no garantizarse su derecho de defensa y de
contradicción, en la medida en que la decisión se sustentó en informes
preliminares sin un análisis de fondo ni en pruebas suficientes y se omitió una
valoración integral del material probatorio. Existía la configuración de una doble
sanción por iguales hechos, pues fue objeto de un proceso disciplinario que
culminó con sanción de suspensión y, de manera paralela, se dispuso su retiro
del servicio, lo cual, a su juicio, desconoció el principio de non bis in ídem y
comportó una actuación arbitraria de la administración.
5.6. El acto administrativo adolecía de falsa motivación, desviación del poder y
expedición irregular, toda vez que los supuestos de hecho invocados no
correspondían a la realidad probada. Asimismo, vulneró el principio de igualdad,
al no haberse evidenciado un trato similar frente a otros casos de mayor
gravedad en los que no se dispuso el retiro.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, en sentencia del 1 de septiembre de 2022 confirmó la decisión de primera
instancia y se abstuvo de condenar en costas.
7. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable
al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
7.1. El Decreto 1791 de 2000 estableció la facultad para retirar a los miembros
de la Policía Nacional por razones del servicio y en forma discrecional, la cual
ha requerido la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación como
5 Folios 2 a 5.
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presupuesto previo. Esta entidad ha tenido como funciones, entre otras, la de
recomendar la continuidad o retiro en el servicio policial.
7.2. Al respecto, el artículo 62 ibidem dispuso que «(p)or razones del servicio y en
forma discrecional, la Dirección General de la Policía Nacional por delegación del
Ministro de Defensa Nacional, para el nivel ejecutivo y agentes podrán disponer el retiro
del personal con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta de
Evaluación y Clasificación respectiva» (sic).
7.3. En este sentido, el Decreto 1791 de 2000 estableció la facultad para disponer
el retiro de los miembros de la Policía Nacional por razones del servicio y de
manera discrecional, previa recomendación de la Junta de Evaluación y
Clasificación, encargada de analizar la continuidad o desvinculación del
personal.
7.4. La facultad discrecional no ha sido absoluta. La jurisprudencia ha fijado
límites para evitar arbitrariedades, al exigir que estas decisiones se sustenten
en razones objetivas, hechos ciertos y criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, orientados al mejoramiento del servicio. Asimismo, se
requería que la recomendación previa estuviera debidamente soportada en
actas o informes, que incluyeran un análisis completo del funcionario, como su
hoja de vida y desempeño, y que fueran conocidas por el afectado. Aunque
estos documentos no eran directamente demandables, sí debían ser valorados
judicialmente para verificar la legalidad del acto y así garantizar el debido
proceso y el derecho de defensa6.
7.5. En el caso concreto, estaba acreditado que el demandante, en su condición
de miembro activo de la Policía Nacional y durante un día de descanso, incurrió
en conductas contrarias a sus deberes, tales como salir de la jurisdicción sin
autorización, conducir un vehículo en estado de embriaguez y verse involucrado
en un accidente de tránsito que ocasionó lesiones a un tercero. A partir de estos
hechos, se configuraba la pérdida de la confianza institucional, en consideración
al mayor nivel de exigencia que recaía sobre los integrantes de la fuerza pública,
incluso en su ámbito personal.
7.6. Así entonces, el acto administrativo de retiro fue expedido por la autoridad
competente, con cumplimiento de los presupuestos legales y con una
motivación suficiente derivada de la recomendación de la Junta de Evaluación
y Calificación, en la cual se expusieron los hechos que justificaban la
desvinculación del servicio por razones de mejoramiento institucional. En
consecuencia, la sentencia que negó las pretensiones de la demanda debía ser
confirmada.
1.5. Recurso extraordinario de revisión7
8. Yoiber René Castellanos Torres interpuso recurso extraordinario de revisión
en contra de la sentencia del 1 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal
6 Sentencias de la Corte Constitucional T-638 de 2012, SU-053 de 2015 y SU-172 de 2015.
7 Folios 1 a 8.
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Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior
con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación».
9. El demandante solicitó la revisión y revocación de la providencia objeto del
recurso, que confirmó la sentencia del 5 de septiembre de 2019 del Juzgado 57
Administrativo del Circuito Judicial del Bogotá, que negó las pretensiones de la
demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-42-057-2016-00684-00 (01). Como consecuencia de lo
anterior, pidió acceder a la totalidad de las súplicas de la demanda inicial.
10. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
10.1. Se configuró la causal invocada por falta de argumentación de la sentencia
objeto del recurso extraordinario de revisión, toda vez que el tribunal omitió el
análisis de los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Existió una
negación del debido proceso y de los derechos a la igualdad y al trabajo, así
como el desconocimiento de diversas disposiciones, al no realizarse una
valoración adecuada de las pruebas ni un examen integral del caso concreto.
10.2. La nulidad se originó en la sentencia de segunda instancia, al no existir un
pronunciamiento razonado y justificado sobre los cargos planteados. La decisión
se limitó a aplicar la facultad discrecional prevista en el Decreto 1791 de 2000,
sin haber efectuado un estudio suficiente sobre la jerarquía normativa, las
pruebas allegadas, los testimonios y las circunstancias que rodearon los hechos.
10.3. El acto de retiro careció de sustento en hechos ciertos y razones objetivas,
pues se fundó en informes sin valor probatorio y desconoció las pruebas
allegadas que desvirtuaban el presunto estado de embriaguez. No se valoraron
las evaluaciones de desempeño ni el historial laboral, ni se tuvo en cuenta que
los procesos penal y contravencional relacionados con los hechos no derivaron
en responsabilidad.
10.4. Se desconoció la existencia de un proceso disciplinario previo que culminó
con sanción de suspensión, lo que evidenciaba la improcedencia del retiro
discrecional, situación que implicaba la vulneración de los principios como el non
bis in idem y la jerarquía normativa, al privilegiarse un acto administrativo sobre
decisiones adoptadas en el marco del régimen disciplinario.
10.5. No se verificaron los requisitos de razonabilidad, proporcionalidad y
motivación exigidos para el ejercicio de la facultad discrecional, ni se garantizó
el conocimiento de las razones objetivas que sustentaron la recomendación del
retiro. Tampoco se analizaron las actas e informes de la Junta de evaluación y
calificación y los elementos exigidos por la jurisprudencia constitucional.
10.6. El retiro discrecional vulneró derechos fundamentales, en especial el debido
proceso, la igualdad y la estabilidad laboral, al aplicarse de manera arbitraria y
sin motivación suficiente, por lo que procedía la anulación de la sentencia
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recurrida.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión
11. La parte demandada no contestó el recurso extraordinario de revisión8.
1.7. Intervención del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en la
instancia procesal.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado9, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «(d)e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
14. En este caso, la sentencia del 1 de septiembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
quedó ejecutoriada el 24 de octubre de 202210 y el recurso extraordinario de
revisión fue radicado el 13 de octubre de 202311.
15. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue
presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal
y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
16. En el asunto objeto de estudio, Yoiber René Castellanos Torres y la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, están legitimadas para actuar como
demandante (el primero) y como demandada (la última), comoquiera que
8 Tal y como se señaló en el auto de pruebas del 3 de febrero de 2025. Samai, índice 17,
actuación «Auto que decreta pruebas», documento
«72Autoquedecret_65242023PruebasRERde(.pdf) NroActua 17», archivo
«72_Autoquedecret_65242023PruebasRERde_0_20250218110601052».
9 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
10 Según auto admisorio del recurso extraordinario de revisión del 24 de mayo de 2024. Samai,
índice 11, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de revisión», documento «65Auto
que admite_65242023admiteRERpdf(.pdf) NroActua 11», archivo
«65_Autoqueadmite_65242023admiteRER_0_20240731153027334».
11 Samai, índice 1, actuación «Reparto y Radicación», documento
«REPARTOYRADICACION_CORREO_CORREOOUTLOOK(.pdf) NroActua 1», archivo
«4_110010325000202300475001REPARTOYRADICCORREO20231115150907».
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actuaron con igual calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de
segunda instancia se pretende controvertir en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
17. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA
es un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de
la cosa juzgada12. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada13 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene 2 características principales:
18. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas
señalan vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión
de la sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez
pueda examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le
corresponde indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la
sentencia recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.
19. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de
las actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
20. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA en la sentencia del 1 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, por falta de motivación derivada de la omisión en el análisis de los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, así como por la
ausencia de valoración integral de las pruebas y de los cargos
relacionados con la legalidad del retiro discrecional del demandante?
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
21. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
(…)» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos
en los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa
en el artículo 133 del Código General del Proceso14 que solo pudieron ser
advertidas en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a
la taxatividad y legalidad de las nulidades15 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es
posible que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración
probatoria o la aplicación de las normas16. Dentro de este tipo de nulidades la
jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«(…) 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado
el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la
transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un
proceso legalmente concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con
ello se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
14 En adelante CGP.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
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66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de
los magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un
número de votos diferente del previsto en la ley (…)»17.
22. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso18.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso19.
• Se profiere sin motivación20.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente21.
• Se desconoce el principio de congruencia22.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»23.
23. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la
oportunidad procesal prevista en el artículo 134 del CGP24. Sin embargo, la
jurisprudencia ha aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del
fallo referido siempre que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de
advertirlo dentro del proceso, circunstancia que le corresponde probar25.
24. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso
contra la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este
sería el medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido
la providencia;
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
18 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de
2005, radicación: REV-062.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
22 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
23 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia
del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo
advertirla, lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.7. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
25. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:
25.1. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida
el 5 de septiembre de 2019 por el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá que le
negó las pretensiones de la demanda presentada contra la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En su escrito manifestó inconformidad con la
motivación de la decisión y la valoración probatoria, al estimar vulnerados sus
derechos al debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad y la
intimidad, porque no se acreditó su estado de embriaguez con prueba científica
válida y se desconoció el resultado negativo del examen en sangre.
25.2. Los hechos ocurrieron en el ámbito personal, sin haber afectado la función
policial ni la imagen institucional, por lo que no se configuraba la pérdida de la
confianza ni se justificaba el retiro bajo criterios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad. Además, la Junta de Evaluación y Calificación incurrió en falsa
motivación al no valorar su hoja de vida, trayectoria y desempeño, y se vulneró
su derecho de defensa al sustentarse la decisión en informes preliminares sin
un análisis integral del material probatorio.
25.3. Existió
la configuración de una doble sanción por iguales hechos, la
existencia de falsa motivación, desviación del poder y expedición irregular del
acto administrativo, así como la vulneración del principio de igualdad frente a
otros casos de mayor gravedad en los que no se dispuso el retiro.
25.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, en la sentencia del 1 de septiembre de 2022, expuso el marco jurídico dentro
del cual realizó el estudio de los planteamientos del recurso de apelación y
resolvió el caso concreto con los argumentos resumidos en el acápite 1.4. de
esta sentencia. En suma, la corporación concluyó que el retiro discrecional de
los miembros de la fuerza pública constituye una facultad legalmente prevista,
sujeta a límites jurisprudenciales relacionados con la existencia de razones
objetivas, hechos ciertos y criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así
como a la necesidad de una motivación suficiente sustentada en la
recomendación previa de los órganos competentes.
25.5. Asimismo,se encontraba acreditado que el demandante incurrió en
conductas contrarias a sus deberes funcionales, incluso en su ámbito personal,
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lo que justificaba la pérdida de confianza institucional. Así entonces, el acto
administrativo de retiro cumplió con los requisitos legales y se encontraba
debidamente motivado, por lo cual resultaba ajustado a derecho y debía
confirmarse la decisión que negó las pretensiones de la demanda.
2.8. Análisis de la Sala
26. En el presente asunto, Yoiber René Castellanos Torres invocó la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, incurrió en falta de motivación, toda vez que omitió el
análisis de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, así como la
valoración integral del material probatorio, lo que derivó en la vulneración de sus
derechos al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, y condujo a la adopción
de una decisión carente de justificación suficiente.
27. Al respecto, se advierte que la sentencia objeto del recurso extraordinario
puso fin al proceso y no era susceptible del recurso de apelación, pues resolvió
en segunda instancia el juicio promovido por el recurrente. Este presupuesto
habilita el análisis del defecto alegado en la demanda de revisión.
28. En relación con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
como se expuso en el marco normativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha precisado que la nulidad originada en la sentencia corresponde a vicios de
carácter estrictamente procesal que afectan su validez, ya sea por la
configuración de alguna de las causales taxativas de nulidad previstas en el
ordenamiento o por la vulneración del debido proceso.
29. En este último evento, se ha señalado que no cualquier inconformidad con la
decisión configura la causal, pues esta no habilita un nuevo examen de la
motivación, la valoración probatoria o la interpretación jurídica efectuada por el
juez, sino que exige la acreditación de un defecto estructural, como ocurre, entre
otros casos, cuando la sentencia carece de motivación.
30. Esta corporación, respecto de la falta de motivación de la sentencia como
causal de nulidad, sostuvo lo siguiente26:
«(e)s necesario señalar que esta corporación en sentencia proferida el 20 de
octubre de 200927, respecto de la falta de motivación de la sentencia como
causal de nulidad, sostuvo lo siguiente:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones
de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de
revisión bajo la causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha
causal alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021,
radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
27 «Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 20 de octubre de 2009. Radicado: 2003-
0133».
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la estimación errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las
normas jurídicas aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las
pruebas etc, porque de admitir tales reclamaciones se desconocería,
abiertamente, el carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra
instancia».
De acuerdo con lo anterior, la nulidad originada en la sentencia por ausencia
de motivación se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a
la decisión, o cuando se basa en circunstancias manifiestamente erróneas,
incompletas o de actitudes dolosas28. No aplica, así, para controvertir las
razones del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el
fallador29» (sic).
31. Del examen de las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se observa que, en la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, se
expuso el marco normativo aplicable al retiro discrecional en la Fuerza Pública
y precisó los límites jurisprudenciales de esta facultad, en particular la exigencia
de que se fundara en razones objetivas, hechos ciertos y criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.
32. En desarrollo de dicho análisis, el tribunal abordó el caso concreto y tuvo por
acreditado que el demandante incurrió en conductas contrarias a sus deberes,
tales como salir de la jurisdicción sin autorización, conducir en estado de
embriaguez y verse involucrado en un accidente de tránsito que ocasionó
lesiones a tercero. A partir de esos elementos, estableció que se configuraba la
pérdida de confianza institucional que justificaba su retiro del servicio.
33. Asimismo, estableció que el acto administrativo demandado fue expedido por
la autoridad competente, con fundamento en la recomendación de la Junta de
Evaluación y Clasificación, la cual contenía las razones que sustentaban la
decisión. En este sentido, la actuación administrativa cumplió con los
presupuestos legales y la motivación resultaba suficiente.
34. Frente a los reproches relacionados con la valoración de la prueba y la
supuesta inexistencia del estado de embriaguez, el tribunal otorgó prevalencia
a los elementos de juicio que obraban en el expediente y que daban cuenta de
la conducta del actor, sin que ello implicara ausencia de análisis sino una
conclusión distinta de la pretendida por el apelante.
35. Al respecto, la sentencia objeto de revisión contiene lo siguiente:
«Así las cosas, se reitera que el Decreto No. 179(1) de 2.000, consagra la
facultad discrecional para retirar a los miembros de la Policía Nacional (…).
28 «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015,
radicado: 2002-02456-01 (35824)».
29 «Ver, entre otras:
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 2005, radicado:
20030794-01 (Rev). Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de agosto de 2018,
radicado: 2007-00107-01 (47300) Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de
2019, radicación: 11001-33-31-0332010-00054-00 (50330), actor: Diana Marient Daza Quintero,
Demandado: Nación, Contraloría de Bogotá D.C».
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Esta Facultad o atribución, requiere un presupuesto previo, la recomendación
de la Junta Asesora de Evaluación y Clasificación. Esta Junta, tiene entre las
varias funciones, la de recomendar la continuidad o retiro en el servicio policial.
El artículo 62 del citado Decreto, consagra que:" Por razones del servicio y en
forma discrecional, la Dirección General de la Policía Nacional por Delegación
del Ministro de Defensa Nacional, para el Nivel ejecutivo, y Agentes podrán
disponer el retiro del personal con cualquier tiempo de servicio, previa
recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación"
Todas las decisiones administrativas deben contener una motivación adecuada
y suficiente prevé el Código Contencioso Administrativo en su artículo 44, aún
las discrecionales como la objeto ahora de control judicial en este proceso.
De conformidad con la demanda y demás documentos arrimados al expediente,
el demandante miembro de la Policía Nacional, encontrándose en día de
descanso para la fecha 23 de enero de 2.016 en la ciudad de Chiquinquirá,
cuando conducía un vehículo tuvo un accidente de tránsito y resultó lesionada
la señora Blanca Emma Pulido castellanos. Que presumiblemente el
demandante se encontraba en estado de embriaguez de primer grado. Que no
se realizó la prueba de sangre para determinar el grado de alcoholemia. Este
examen sólo fue practicado el día siguiente, con resultado negativo.
A folio 2 del expediente, obra copia del Acta de la Junta de Evaluación y
Clasificación. Que en algunos apartes del documento, se lee:
"(...)
El funcionario para los días 23 y 24 de enero de 2.016, se encontraba de turno
de descanso y salió de la ciudad de Bogotá (sic) sin el respectivo permiso de la
jurisdicción.
Por verse inmerso en un accidente de tránsito el día 23 de enero de 2,.016, en
momento en que conducía el vehículo automotor de placas (…) de propiedad
de la señora Sandy Yesenia Vidal Torres (…), en estado de embriaguez, grado
uno, de acuerdo a dictamen médico, por el cual fue capturado por el delito de
lesiones personales en accidente de tránsito y dejado a disposición de la
Fiscalía 28 URI Seccional de Chiquinquirá, el vehículo automotor es
inmovilizado y trasladado a las instalaciones del parqueadero Real con
autorización del conductor.
(...)"-
Se encuentran probados los siguientes hechos relevantes, a saber: que el
demandante era miembro activo de la Policía Nacional; que en entrándose en
días de descanso, cometió dos infracciones al reglamento: salió de la
jurisdicción sin obtener previamente permiso o autorización y condujo vehículo
automotor en estado de embriaguez, grado uno (1); que tuvo un accidente y
ocasionó lesiones personales a una persona.
Los servidores públicos, en virtud de esa condición el ordenamiento jurídico y
la sociedad le exigen mayor cuidado en sus actuaciones públicas y en las
privadas.
Exigencia que, por obvias razones, a un agente o miembro de la Fuerza Pública,
es más rigurosa. Luego, es clara y suficiente la motivación de la decisión
administrativa de retiro del servicio dada la necesidad de su mejoramiento.
De acuerdo con la norma transcrita parcialmente, la decisión administrativa
demandada fue expedida por la autoridad competente y con el cumplimiento de
la recomendación realizada por la Junta de Evaluación y Clasificación; en la
que se expusieron de manera profunda y probada los hechos que hicieron
perder la confianza de la institución en el Señor YOIBER CASTELLANOS
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TORRES. Luego, se cumplieron los presupuestos previstos en la ley para
adoptar la decisión de retiro del servicio activo del demandante.
Por lo expuesto y sin que se requiera de otras argumentaciones adicionales, el
Tribunal procederá a confirmar la sentencia denegatoria de las pretensiones de
fecha 5 de septiembre de 2.019 proferida por el Juzgado Cincuenta y Siete (57)
Administrativo de Bogotá» (sic).
36. En consecuencia, no se configuró la falta de motivación alegada, en la
medida en que la providencia abordó los planteamientos relevantes y expuso
las razones que sustentaron la decisión de confirmar la sentencia dictada por el
Juzgado 57 Administrativo de Bogotá.
37. En efecto, la sentencia objeto de revisión expuso las razones jurídicas y
fácticas que llevaron a la confirmación de la decisión de primera instancia, con
fundamento en el marco normativo aplicable al retiro discrecional de los
miembros de la Policía Nacional y en los hechos acreditados en el proceso. En
desarrollo de ello, la providencia analizó el alcance de dicha facultad, verificó la
competencia de la autoridad que expidió el acto y constató la existencia de la
recomendación previa de la Junta de Evaluación y Clasificación, así como la
incidencia de las conductas atribuidas al demandante en la pérdida de la
confianza institucional.
38. Esta fundamentación resulta suficiente para satisfacer las exigencias del
deber de motivación, de modo que la inconformidad planteada por la parte
actora corresponde, en realidad, a un desacuerdo con la interpretación jurídica
y la valoración probatoria efectuada por el juez de segunda instancia, lo cual no
configura la causal de revisión invocada.
39. Valga indicar que, de las actuaciones desplegadas dentro del proceso
originario, se advirtió que en el recurso de apelación la parte demandante
expresó su desacuerdo con la legalidad del acto administrativo del retiro, al
formular diversos cargos centrados en la valoración probatoria, la suficiencia de
la motivación y la aplicación de la facultad discrecional, bajo la premisa de la
existencia de razones objetivas y de hechos ciertos que justificaran su
desvinculación del servicio.
40. Dicho recurso planteó múltiples reproches relacionados con la vulneración de
derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la presunción de
inocencia y el trabajo; no obstante, en sus cuestionamientos, aunque expuestos
desde distintas perspectivas, se estructuraron de manera reiterativa en torno a
igual eje argumental, consistente en la supuesta arbitrariedad del retiro
discrecional, la falsa de motivación suficiente y la indebida valoración de las
pruebas.
41. En ese sentido, si bien el apelante formuló diversos cuestionamientos bajo
distintas denominaciones, tales como falsa motivación, vulneración del debido
proceso, desconocimiento del principio de igualdad y configuración de doble
sanción, lo cierto es que todos ellos se encontraban estrechamente vinculados
a igual núcleo argumentativo, relativo a la presunta arbitrariedad del retiro
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discrecional, la insuficiencia de la motivación del acto administrativo y la
indebida valoración probatoria.
42. En este contexto, los planteamientos no introdujeron problemas jurídicos
autónomos, sino que reiteraron la inconformidad con la aplicación de la facultad
discrecional prevista en el Decreto 1791 de 2000 y con la conclusión relativa a
la pérdida de confianza institucional, por lo que no resultaba exigible una
respuesta individual frente a cada reproche, sino un análisis integral y razonado
del caso.
43. Así las cosas, los cuestionamientos relativos a la vulneración del debido
proceso, la igualdad, la presunta doble sanción y la falta de motivación del acto
administrativo quedaron comprendidos dentro del estudio efectuado por el
tribunal sobre la legalidad del retiro discrecional, sin que se evidenciara la
omisión de aspectos esenciales del debate.
44. En ese orden, lo que plantea el recurrente no es la ausencia de decisión, sino
un desacuerdo con la interpretación del régimen jurídico aplicable y con el
alcance que el tribunal otorgó a las normas y criterios jurisprudenciales
pertinentes, así como la valoración realizada de los medios de prueba
aportados. Tales cuestionamientos corresponden al ámbito propio de la
instancia y no pueden ser ventilados a través del recurso extraordinario de
revisión.
45. En efecto, el hecho de que la interpretación efectuada por el juez de instancia
sea distinta de la sostenida por el demandante no comporta, por sí solo, la
vulneración del debido proceso ni configura falta de motivación. De igual forma,
es preciso reiterar que el recurso extraordinario de revisión no constituye una
oportunidad adicional para controvertir las motivaciones jurídicas y probatorias
que sustentaron la decisión cuestionada, ni para reiterar los argumentos
expuestos en el proceso ordinario, como si se tratara de una tercera instancia,
lo cual desborda el ámbito propio de este medio extraordinario.
46. No se advierte ruptura entre lo pedido y lo decidido, ni falta de resolución de
un extremo esencial del litigio. La sentencia de segunda instancia examinó la
legalidad del acto administrativo conforme con el régimen jurídico y la
jurisprudencia aplicable y confirmó su legalidad, con lo cual cumplió con el deber
de motivación exigido por el ordenamiento, sin que se advierta desconocimiento
del derecho de defensa ni alteración del marco de la controversia fijado por las
partes.
47. La nulidad originada en la sentencia como causal de revisión exige la
existencia de un vicio estructural que comprometa su validez. En el presente
caso no se configura tal presupuesto, puesto que la providencia cuestionada
contiene un pronunciamiento de fondo, debidamente motivado, sobre los
aspectos centrales del litigio.
48. En consecuencia, no se configuró la nulidad invocada. En estricto sentido, las
alegaciones del recurrente pretenden someter a revisión la suficiencia, lógica y
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corrección de la motivación judicial, lo cual equivale a un control de validez
argumentativa o de apreciación probatoria, impropio del recurso extraordinario
de revisión, en la medida en que excede su ámbito de control y corresponde al
examen de fondo reservado a las instancias ordinarias.
49. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo
de Estado30, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un
instrumento excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a
situaciones específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de
garantías esenciales, en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.
50. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.
51. La Sala concluye que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la falta de motivación alegada
respecto de la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Por el
contrario, se verificó que el ad quem abordó argumentos relevantes planteados
en el recurso de apelación, analizó el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al retiro discrecional y valoró los elementos probatorios obrantes en el
expediente, con base en lo cual adoptó una decisión debidamente motivada y
coherente con lo debatido en el proceso, sin que se evidencie un defecto
estructural que afecte su validez.
52. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
parte demandante será declarado infundado.
2.9. Costas
53. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.
3. Conclusión
54. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 1 de
septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, no se configuró la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, puesto que la sentencia no está afectada
por falta de motivación, toda vez que abordó los planteamientos relevantes del
30 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado:
11001-03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de
octubre de 2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.
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19
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00475-00 (6524-2023)
Demandante: Yoiber René Castellanos Torres
recurso de apelación y expuso las razones que sustentaron la decisión, sin que
se evidencie un defecto estructural que afecte su validez.
55. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Yoiber René Castellanos Torres en contra de la sentencia proferida el 1 de
septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado: 11001-33-42-057-2016-00684-00 (01).
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
LAVM
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