Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02713-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02713-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02713-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02713-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE LA
SUBSIDIARIEDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA1, por estimar que le vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y el acceso a la
administración de justicia.
1 En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02713-00
Actora: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
La sociedad EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.,
actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y el acceso a la administración de justicia,
los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el TRIBUNAL al
haber proferido la providencia de 17 de abril de 2023, dentro de
la acción de reparación directa identificada con el número único
de radicación 05001-33-33-032-2016-00012-01.
I.2 Hechos
Indicó que les otorgó a los señores RIGOBERTO OSORNO
OSORIO y MARTHA CECILIA COLORADO un crédito de
vivienda, cuyo dinero se desembolsó el 13 de septiembre de 1999.
Adujo que ante la declaratoria de insolvencia del deudor, el 20 de
noviembre de 2000, procedió a informar un nuevo plan de
amortización.
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Actora: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
Afirmó que desde noviembre de 2000, los señores RIGOBERTO
OSORNO OSORIO y MARTHA CECILIA COLORADO dejaron de
pagar las cuotas adeudadas, por lo que interpuso una demanda
ejecutiva hipotecaria en la jurisdicción ordinaria, dentro de la cual
se libró mandamiento de pago por la suma de $56.098.112, por
concepto de capital, más los intereses moratorios desde el 15 de
noviembre de 2000, hasta la cancelación definitiva de la deuda.
Sostuvo que el 30 de noviembre de 2005, se realizó una audiencia
de conciliación en la que “se pactó una forma de pago de las 60
cuotas mensuales vencidas, esto es, los valores en mora exigibles
hasta esa fecha”.
Manifestó que presentó una demanda ordinaria civil contra los
señores RIGOBERTO OSORNO OSORIO y MARTHA CECILIA
COLORADO, a través de la cual pretendía el pago de lo adeudado,
a título de enriquecimiento sin justa causa, correspondiente al
capital insoluto que los demandados no pagaron desde el 1o. de
diciembre de 2005, más los intereses y seguros correspondientes,
la cual se remitió por competencia a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, correspondiéndole por reparto al
Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín que, mediante
sentencia de 8 de marzo de 2019, denegó las pretensiones de la
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Actora: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
demanda.
Indicó que interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que, mediante sentencia de 17 de abril de 2023, revocó
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se inhibió de
resolver el asunto ante la indebida escogencia de la acción e
indebida acumulación de pretensiones.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte demandante, la autoridad judicial accionada le
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios
de confianza legítima y seguridad jurídica, pues en segunda
instancia decidió inhibirse de resolver el fondo del asunto puesto
a su consideración, a pesar de que las providencias debían de
estar fundadas en la ley y las pruebas solicitadas, aportadas y
valoradas dentro del proceso.
Señaló que si el TRIBUNAL consideró que la acción interpuesta
no era la correcta, debió corregir la actuación y resolver de fondo
el asunto.
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Sostuvo que dentro del proceso ordinario se debía resolver sobre
el alcance de la conciliación judicial suscrita con los señores
RIGOBERTO OSORNO OSORIO y MARTHA CECILIA
COLORADO, es decir, establecer si era total o parcial, pues de ser
parcial existiría un saldo insoluto a su favor.
I.4. Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] 1. Que se tutele a favor de EMVARIAS S.A. E.S.P. los
derechos invocados en esta acción de tutela y en
consecuencia se adopten todas las medidas para restablecer
los derechos fundamentales vulnerados por la accionada, en
consecuencia, se ordene lo siguiente:
1.1. ANULAR O DEJAR SIN EFECTO ALGUNO la sentencia
emitida por la Sala Primera del Tribunal Administrativo de
Antioquia el 17 de abril de 2023, magistrada ponente SUSANA
NELLY ACOSTA Prada mediante la cual se REVOCÓ LA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y SE FALLÓ
INHIBITORIAMENTE EL LITIGIO, con radicado
05001333303220160001201.
1.2. Se ordene a la Sala Primera del Tribunal
Administrativo de Antioquia, remitir el expediente a la
corporación para el análisis de la tutela.
2. Que se disponga en la sentencia de tutela que, se adopten
todas las medidas conducentes para hacer cesar cualquier
efecto que se hubiere dado como consecuencia del
cumplimiento de la sentencia que vulneró los derechos
fundamentales de mi representada […]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL pese haber sido notificado en debida forma,
guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El señor RIGOBERTO OSORNO OSORIO, vinculado en
calidad de tercero con interés directo en las resultas de la acción
de tutela de la referencia, sostuvo que una vez analizado el
acuerdo conciliatorio que se suscribió con la actora, no se advertía
la existencia de elementos constitutivos del enriquecimiento sin
justa causa, pues “la entidad pública al aceptar los términos
pactados en el acuerdo conciliatorio, previo conocimiento de la
situación económica y financiera derivada de la lectura de sus
estados financieros, desestimó cualquier detrimento o pérdida
patrimonial”.
Agregó que el evento hipotético de existir alguna disminución
patrimonial, la misma no se produjo por una ausencia de causa
jurídica, requisito indispensable para la procedencia del
enriquecimiento sin causa.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6
de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre
las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia
judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20122, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y
con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la
evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra
providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.
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Actora: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha
acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se
modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en
presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó
como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta
Corporación o aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue
reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014,
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 3.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012
02201 01
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Actora: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible . Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
[8]
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución. […]”
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora
pretende que se deje sin efecto la providencia de 17 de abril
de 2023, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó
la decisión dictada por el JUZGADO y, en su lugar, se inhibió de
resolver el asunto por indebida escogencia de la acción e indebida
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acumulación de acciones dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 05001-33-33-032-
2016-00012-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y el
acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio
de la actora, la autoridad judicial accionada resolvió inhibirse de
decidir el fondo del asunto, a pesar de que las providencias debían
de estar fundadas en la ley y las pruebas solicitadas, aportadas y
valoradas dentro del proceso.
Ahora, los disensos de la actora radican en que, a su juicio, el
TRIBUNAL al inhibirse del resolver el fondo del asunto, ante una
indebida escogencia de la acción, desconoció los derechos que le
asistían de obtener una decisión dentro del asunto que se sometió
a su consideración.
Así pues, a partir de los fundamentos de la solicitud de tutela y de
la revisión de la actuación, la Sala advierte que no se cumple en
este caso el requisito general de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial consistente en la subsidiariedad de la
acción, pues contra la providencia judicial censurada procede el
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recurso extraordinario de revisión, por la causal de nulidad originada
en la sentencia.
Lo anterior, debido a que para discutir los planteamientos
expuestos en la solicitud de tutela, la actora tiene a su disposición
el recurso extraordinario de revisión de conformidad con la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20114, esto es, por presuntamente existir una nulidad en
la sentencia acusada.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
8 de mayo de 20185, señaló que el citado recurso extraordinario
procede por la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia por violación del artículo 29 constitucional, cuando se
expide un fallo inhibitorio injustificado, como el que, según se
alega por la accionante, terminó profiriéndose en este asunto.
En la citada providencia esta Corporación precisó lo siguiente:
“6.2.1 El derecho al acceso a la administración de
justicia y a una tutela judicial efectiva materializan la
causal de revisión por violación del artículo 29
constitucional
[…] En ese contexto, y en el marco de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la
4
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.”
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, rad. 1998-00153-01, C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
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Actora: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
tutela judicial efectiva, ha de entenderse que los fallos
inhibitorios, que se funden en argumentos falsos, deben estar
proscritos, pues la protección de estos derechos desde los
ámbitos subjetivo y objetivo obligan al Estado a la creación de
los mecanismos necesarios no solo para garantizar que el
acceso al aparato judicial sea real y efectivo, sino permitir a
las personas que acuden a él, lograr la satisfacción cierta de
sus derechos, lo que se materializa cuando se resuelven de
fondo las pretensiones de las demandas presentadas ante
ellos, independiente si lo es en forma favorable o no a los
intereses de quienes acuden a ella.
[…]
Sin embargo, […] es imperioso indicar que en nuestro
ordenamiento, bien porque así se entienda del artículo 229 de
la Constitución o por la remisión que el articulo 93 hace a los
instrumentos internacionales que hacen parte del derecho
internacional de los derechos humanos e internacional
humanitario, toda persona tiene como mínimo derecho a: i)
la posibilidad de acceder a la jurisdicción sin más cortapisas
que las que resulten razonadas para su adecuada activación;
ii) contar con las acciones y mecanismos procesales para la
garantía de los derechos e intereses en discusión; iii) una
resolución rápida y pronta de la controversia, lo que excluye
los fallos inhibitorios que se fundamenten en motivos falsos,
es decir, aduciendo justificaciones que no se corresponden
con la realidad; iv) la imposibilidad de argumentar cuestiones
de forma que impidan la resolución del caso y, iv) el
cumplimiento efectivo del fallo judicial, nada se logra si la
decisión no se puede materializar.
[…]
Lo expuesto permite concluir, que los derechos al acceso a la
administración de justicia y a una tutela judicial efectiva
generan la configuración de la causal de revisión por violación
del artículo 29 constitucional por haberse visto
comprometidos ante la existencia de una decisión inhibitoria
fundada en motivos contraevidentes.
6.2.2 El derecho al debido proceso
[…]
Ello significa que la función de administrar justicia no se
realiza con el mero desarrollo procesal, sino que exige, ante
todo, que el juez garantice los derechos amenazados o
vulnerados, mediante providencias que resuelvan de forma
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clara, cierta, motivada y jurídica los asuntos que generaron
su expedición.
[…]
En consecuencia, es claro que toda persona tiene derecho al
debido proceso y, por tal razón, a que los procesos judiciales
sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los
presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario,
se iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso,
sino del derecho de acceso a una real y efectiva
administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos,
equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma
genérica a una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una
vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una
autoridad judicial dicte sin fundamento válido,
razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se
expuso, es una clara denegación de justicia.
6.2.3 Nuevo alcance de la causal de nulidad originada
en la sentencia.
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos
definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos.
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en
aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial
efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los
litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo
que significa que la violación a tales preceptos cuando
se expide un fallo inhibitorio injustificado también
configura la causal de revisión alegada.
[…]” (Resaltado fuera del texto)
De igual forma, es pertinente precisar que la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en sentencia de 20 de octubre de 20146,
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, rad. 2003-00944-01(34612), C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
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reiterada en fallo de 14 de junio de 20197, señaló que el recurso
extraordinario de revisión procede por la causal de revisión de
nulidad originada en la sentencia por violación del artículo 29 de la
Constitución Política, en aquellos eventos en que la providencia
judicial carece de motivación o ésta es insuficiente8, supuesto éste
que también constituye fundamento de la presente solicitud de
tutela. Al respecto, acudiendo al criterio expuesto por la Corte
Suprema de Justicia sobre la materia, la Sección Tercera precisó en
la primera de las sentencias citadas, lo siguiente:
“[…] La Corte Suprema de Justicia en algunas decisiones y tal
como se expuso en líneas anteriores referentes a la
jurisprudencia de esta Corporación, ha considerado que la
falta de motivación de la sentencia constituye una
causal de nulidad de la misma, pero dicha falta de
motivación requiere: “(…) que aquella sea total o radical. Por
mejor decirlo, es posible que en un caso dado a los
razonamientos del juzgador les quepa el calificativo de
escasos o incompletos, sin que por tal razón sea dable concluir
que la sentencia adolece de carencia de motivación (…)”9.
Pese a lo anterior, en posterior decisión de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil10 (recurso
extraordinario de revisión), consideró que la
motivación debe ser precisa, completa, adecuada y
debe tener conexidad con la decisión adoptada y, de
otro lado, de aceptarse que cualquier consideración
incorporada en la sentencia tenga el alcance de colmar
la exigencia de motivación, así sea ésta escueta o
parca, pero al fin y al cabo motivación, sería bastante
difícil encontrar una sentencia huérfana de argumentos
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 11001-33-31-033-2010-00054-
00(50330), C.P. María Adriana Marín.
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Posición que fue acogida por esta Sección, con ponencia del Consejero Oswaldo Giraldo López en
sentencia de 11 de julio de 2019 dentro del radicado número 11001 03 15 000 2018 04255 01.
9
“Corte Suprema de Justicia de 29 de abril de 1988. Inversiones inmobiliarios Movifoto Ltda.,
contra Banco de Comercio”. (cita original)
10
“Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de agosto de 2008,
expediente: 1100-0203-000-2004-00729-01. Recurso de revisión. M.P Edgardo Villamil Portilla”.
(cita original)
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cuya validez pudiese ser enjuiciada11. Adicionalmente,
dicha sentencia sostuvo que la falta de motivación de la
sentencia constituía un defecto generador de nulidad de la
providencia. (…).
Y es que motivar la sentencia implica que se justifique la
decisión conforme a la ley existente para el momento de los
hechos objeto de debate, por cuanto no es de recibo que el
juez, argumente o sustente su fallo empleando normas
inexistentes, o incluso normas que estando en plena vigencia
no sean aplicables al caso, sobre todo cuando se encuentra
de por medio aspectos sustanciales y no procesales. (…).”
(Negrillas ajenas al texto original)
Así las cosas, para la Sala el recurso extraordinario de revisión
resulta idóneo para la protección de los derechos de la parte
accionante y, en la medida en que en el presente asunto no se
invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, que
permita de manera excepcional proceder al análisis de la acción
formulada, no se cumple el requisito general de la subsidiariedad.
En consecuencia, ante el incumplimiento del requisito general de
procedibilidad examinado, la Sala declarará improcedente la acción
de tutela objeto del presente estudio, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
11
“SANABRIA SANTOS, Henry. Nulidades en el proceso civil. Universidad Externado de Colombia.
Segunda edición. Abril de 2011. Página 145 y 146”. (cita original)
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autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo por
no cumplir el requisito general de la subsidiariedad, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de
2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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