Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00008-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00008-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00008-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00008-00 (0015-2021)
Demandante: Ingrid María Contreras Ortiz
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Providencia Sentencia del 18 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F
Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1. Nulidad originada en la sentencia
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ingrid María
Contreras Ortiz contra la sentencia del 18 de octubre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Ingrid María Contreras Ortiz presentó
demanda en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 3002 del 11 de
abril de 2014, por medio de la cual el ministro de defensa nacional dispuso su retiro
del servicio activo de las Fuerzas Militares, en forma temporal con pase a la reserva,
por llamamiento a calificar servicios.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) el reintegro, sin solución de
continuidad, al cargo que ostentaba u otro de igual o superior categoría; (ii) el pago
de los sueldos y emolumentos dejados de percibir durante el lapso del retiro; (iii) el
reconocimiento de los perjuicios morales y de los intereses a los que haya lugar;
1 En adelante CPACA.
2 Samai, índice 1, actuación «Reparto y
Radicación», documento «6_Reparto y Radicación_06
20201019 .PDF ANEXOS RECURSO DE REVISIÓN INGRID MARIA CONTRERAS
ORTIZ_pagenumber.pdf(.PDF) NroActua 1», archivo
«06_110010325000202100008001REPARTOYRADIC20211251316», folios 68 a 106.
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(iv) el ajuste de las sumas que resulten de la condena; y (v) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Ingrid María Contreras Ortiz obtuvo el título de psicóloga en la Universidad
Santo Tomás de Bogotá el 14 de septiembre de 1992.
3.2. Ingresó al Ejército Nacional como «alumno Oficial Administrativo» el 3 de
septiembre de 1993. Fue ascendida al grado de teniente el 7 de diciembre de 1993,
a capitán el 8 de diciembre de 1997, a mayor el 1 de diciembre de 2003 y a teniente
coronel el 3 de diciembre de 2008.
3.3. La oficial realizó una especialización en Gestión Humana en la Universidad EAN
y obtuvo el título el 30 de abril de 2013.
3.4. Durantesu permanencia en la institución, realizó diferentes diplomados,
seminarios y cursos nacionales e internacionales, así como cursos de fase
presencial para ascenso en los grados de teniente capitán, de capitán a mayor y
de mayor a teniente coronel.
3.5. Fue objeto de múltiples condecoraciones, medallas y distinciones por tiempo de
servicio, mérito y desempeño institucional.
3.6. Desempeñó cargos en el área de Psicología Militar en distintas unidades del
Ejército Nacional, entre ellas la Escuela Militar de Cadetes, la Tercera y Octava
División, la Escuela Militar de Suboficiales, el Batallón ASPC 4 Yariguíes y la
Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas.
3.7. Su último cargo fue el de jefe del Departamento de Psicología Militar de la
Escuela Militar de Cadetes de Bogotá. Durante el periodo comprendido entre el año
2008 y el 2013 su folio de vida registró evaluaciones positivas y felicitaciones
reiteradas, sin anotaciones disciplinarias ni procesos penales.
3.8. El 15 de febrero de 2013 el Ejército Nacional conformó un comité de evaluación
para el estudio de los oficiales al grado de teniente coronel aspirantes al ascenso
al grado de coronel. Mediante Acta 1234 del 20 de septiembre de 2013, el comité
recomendó no ascender a la oficial.
3.9. El 28 de octubre de 2013 la Junta Clasificadora del Ejército Nacional la ubicó en
la lista 3 para ascenso; no obstante, el 30 de octubre de 2013 la Subdirección de
Personal informó la decisión de no continuar con su participación en el proceso de
ascenso.
3.10. El 20 de diciembre de 2013 la Junta Asesora del Ejército Nacional recomendó
su retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios.
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3.11. Posteriormente, el 6 de marzo de 2014 la oficial presentó solicitud de
reconsideración de ascenso al grado de coronel, la cual fue resuelta de manera
negativa por la Subdirección de Personal de la Jefatura del Ejército Nacional a
través del Oficio 20145530781981 del 25 de julio de 2014, con fundamento en
criterios institucionales y disponibilidad de cupos en la planta de personal.
3.12. A través de la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014, en consideración a la
recomendación de la Junta Asesora del Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa
Nacional ordenó su retiro del servicio activo, decisión que fue notificada el 29 de
abril de 2014.
1.2. Sentencia de primera instancia3
4. Mediante sentencia proferida el 31 de julio de 2017 el Juzgado 13 Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda y
se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Para el efecto, consideró:
4.1. Se encontraba acreditado que la demandante ingresó al Ejército Nacional en
1993 y ascendió hasta el grado de teniente coronel, así como que durante su
carrera recibió condecoraciones, felicitaciones y fue evaluada en listas 2 y 3,
correspondientes a niveles de desempeño satisfactorios.
4.2. Asimismo, que (i) el 20 de septiembre de 2013 el Comité de Evaluación y
Clasificación recomendó no ascenderla al grado de coronel; (ii) el 28 de octubre de
2013 fue clasificada en la lista 3 por la Junta Clasificadora; y (iii) sus solicitudes de
reconsideración fueron resueltas de forma negativa, con fundamento, entre otros
aspectos, en la falta de cupos y criterios institucionales de asignación de cargos.
4.3. También, que mediante acta del 20 de diciembre de 2013 la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional recomendó su retiro por llamamiento a calificar
servicios, decisión que se materializó en la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014.
Además, que la demandante cumplía con el tiempo de servicio exigido para acceder
a la asignación de retiro.
4.4. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado, el llamamiento a calificar servicios constituía una forma normal de
terminación de la carrera militar, cuya motivación se satisfacía con el cumplimiento
de los presupuestos legales, esto es, tiempo de servicio para acceder a la
asignación de retiro y la recomendación de la Junta Asesora, sin que resultara
exigible una motivación adicional. En este sentido, dichos requisitos se encontraban
acreditados en el caso concreto.
4.5. Por lo anterior, no se configuraba el cargo de falsa motivación propuesto por la
demandante.
3 Samai, índice 1, actuación «Reparto y
Radicación», documento «6_Reparto y Radicación_06
20201019 .PDF ANEXOS RECURSO DE REVISIÓN INGRID MARIA CONTRERAS
ORTIZ_pagenumber.pdf(.PDF) NroActua 1», archivo
«6_110010325000202100008001REPARTOYRADIC20211251316», folios 29 a 64.
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4.6. Correspondía a la parte actora desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado y demostrar que la decisión obedeció a fines distintos
del mejoramiento del servicio, lo cual no ocurrió. La demandante se encontraba
clasificada en la lista 3, equivalente a un desempeño bueno, y existían oficiales con
clasificaciones superiores que tenían prelación para el ascenso, lo que explicaba
de forma razonada su no promoción y posterior retiro. En consecuencia, el cargo
de desviación de poder argumentado no prosperó.
4.7. Así las cosas, el acto administrativo acusado se expidió con observancia de los
requisitos legales y con sujeción a la finalidad de la facultad discrecional ejercida,
por lo que no se desvirtuó su presunción de legalidad y, en consecuencia, debían
denegarse las pretensiones de la demanda.
1.3. El recurso de apelación4
5. Ingrid María Contreras Ortiz interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó
que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las
súplicas de la demanda, con sustento en los argumentos que se sintetizan a
continuación:
5.1. La sentencia de primera instancia incurrió en error al haber considerado que el
acto de retiro se encontraba debidamente motivado solo con el cumplimiento de los
requisitos legales (tiempo de servicio para la asignación de retiro y la
recomendación de la Junta Asesora), pues estas exigencias no eximían a la
administración de valorar de manera objetiva y particular la hoja de vida de la oficial.
5.2. El acto administrativo demandado sí contenía motivación, pero esta resultaba
falsa, toda vez que se sustentó en supuestos registros desfavorables inexistentes
y en la afirmación de que su desempeño no cumplía con las expectativas
institucionales, lo cual fue desvirtuado con las pruebas allegadas al proceso.
5.3. Conforme con el régimen especial de carrera de las Fuerzas Militares y con lo
previsto en el Decreto 1790 de 2000, las evaluaciones de desempeño, los folios de
vida y listas de clasificación constituían el fundamento para las decisiones de
ascenso, permanencia y retiro, elementos que no fueron debidamente
considerados. Durante el grado de teniente coronel obtuvo calificaciones en las
listas 2 y 3, sin registros negativos, lo que evidenciaba que cumplía con los méritos
y condiciones para ascender y continuar en el servicio activo.
5.4. El Comité de Evaluación y la Junta Asesora no realizaron un análisis serio y
objetivo de su trayectoria, en la medida en que las conclusiones consignadas en el
acto administrativo demandado no correspondían a la información contenida en su
folio de vida. De haberse valorado adecuadamente estos elementos, la decisión
habría sido distinta, lo que evidenciaba la configuración de falsa motivación.
5.5. Se encontraba acreditado que la decisión no obedeció a fines de mejoramiento
del servicio, sino a una valoración arbitraria y contraria a la realidad de su
4 Folios 466 a 471 del cuaderno del expediente ordinario proveniente en préstamo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
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trayectoria. No existía prueba de que los oficiales ascendidos tuvieran una mejor
clasificación; por el contrario, su desempeño le otorgaba prelación para el ascenso,
lo que desvirtuaba la finalidad invocada por la administración. En este contexto, era
cuestionable la decisión del a quo en relación con la desviación del poder.
5.6. La administración omitió valorar pruebas determinantes y, en aplicación de la
carga de la prueba, correspondía a la entidad desvirtuar los elementos que
evidenciaban la falsa motivación del acto acusado, lo cual no ocurrió. En
consecuencia, debía declarase la nulidad del acto administrativo acusado y acceder
a las demás pretensiones de la demanda.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
sentencia del 18 de octubre de 2019 confirmó la decisión de primera instancia y se
abstuvo de condenar en costas.
7. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
7.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios constituía una facultad discrecional
de la administración, orientada a la renovación de la estructura jerárquica de la
Fuerza Pública, que se materializaba con el cumplimiento de los requisitos legales,
esto es, tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro y la
recomendación previa de la Junta Asesora. En el caso concreto, estaba
demostrado que la actora al momento de la expedición de la Resolución 3002 del
11 de abril de 2014 contaba con más de 20 años de servicios y existía concepto
favorable de dicho organismo, contenido en el acta de diciembre de 2013, en la que
se recomendó su retiro.
7.2. El acto acusado se encontraba debidamente fundamentado en la normativa que
ha regulado la materia y en el concepto previo de la Junta Asesora, así como en la
necesidad de garantizar el mejoramiento continuo del servicio y la dinámica propia
de la institución, en la cual no todos los oficiales podían ascender al grado superior.
En ese sentido, el buen desempeño, las condecoraciones o las felicitaciones no
generaban el derecho a la permanencia ni al ascenso.
7.3. El hecho de que la decisión comprendiera a varios oficiales no afectaba su
validez, toda vez que cada uno fue individualizado en el acto administrativo.
Además, existía coherencia entre las distintas actuaciones administrativas, en
particular entre el acta de la Junta asesora y las respuestas que se dieron a las
solicitudes de la demandante, en las que se aludió a criterios institucionales y a la
disponibilidad de cupos.
7.4. No se configuraban los cargos de falsa motivación ni de desviación de poder,
en la medida en que no se demostró que la decisión hubiera obedecido a fines
5 Samai, índice 1, actuación «Reparto y
Radicación», documento «6_Reparto y Radicación_06
20201019 .PDF ANEXOS RECURSO DE REVISIÓN INGRID MARIA CONTRERAS
ORTIZ_pagenumber.pdf(.PDF) NroActua 1», archivo
«6_110010325000202100008001REPARTOYRADIC20211251316», folios 3 a 28.
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distintos del mejoramiento del servicio ni que la demandante tuviera prelación para
el ascenso frente a sus pares, por lo que se debía confirmar la sentencia de primera
instancia.
1.5. Recurso extraordinario de revisión6
8. Ingrid María Contreras Ortiz interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 18 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Lo anterior con
fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
«[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
9. La demandante solicitó que se revocara la providencia objeto del recurso que
confirmó la sentencia del 31 de julio de 2017 del Juzgado 13 Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, la cual negó las pretensiones de la
demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-42-013-2014-00595-00 (01). Como consecuencia, pidió que se
accediera a la totalidad de las súplicas de la demanda inicial.
10. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
10.1. La sentencia objeto de revisión incurrió en nulidad por el desconocimiento del
precedente judicial, indebida valoración probatoria y omisión en la aplicación de las
normas que han regulado el régimen especial de carrera de las Fuerzas Militares,
en particular los decretos 1790 y 1799 de 2000. Si bien el tribunal citó la
jurisprudencia sobre el llamamiento a calificar servicios, en especial la sentencia
SU-091 de 2016, no la aplicó correctamente, toda vez que se limitó a verificar el
cumplimiento de los requisitos formales (tiempo de servicio para el reconocimiento
de la asignación de retiro y recomendación de la Junta Asesora), sin analizar si la
decisión respetó los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y mérito que rigen
la carrera militar.
10.2. Las instancias desconocieron que dicha facultad discrecional no era absoluta
y que su ejercicio debía fundarse en la evaluación objetiva del desempeño oficial,
conforme con los folios de vida, las listas de clasificación y el proceso de evaluación
previsto en el Decreto 1799 de 2000. Así las cosas, no se valoraron adecuadamente
las pruebas allegadas al proceso, las cuales evidenciaban que su trayectoria
profesional y calificaciones no justificaban ni la negativa de ascenso ni su retiro del
servicio.
10.3. El ad quem omitió pronunciarse sobre aspectos relevantes, como la falsa
motivación del acto administrativo y las irregularidades en el proceso de evaluación
y clasificación, pese a que estos aspectos habían sido debidamente probados.
6 Samai, índices 1 y 8, actuaciones «Reparto y Radicación» y «RECIBE MEMORIALES POR
CORREO ELECTRONICO», documentos «5_Reparto y Radicación_05 20201019 .PDF Acción de
Revisión TC. INGRID MARIA CONTRERAS ORTIZ- MINDEFENSA - CONSEJO DE
ESTADO.pdf(.PDF) NroActua 1» y
«9_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)
NroActua 8», archivos «5_110010325000202100008001REPARTOYRADIC202112513051» y
«9_110010325000202100008001RECIBEMEMORIAL20210810124735».
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Asimismo, se desconoció la carga dinámica de la prueba, en la medida en que, una
vez cuestionados los fundamentos del acto administrativo, correspondía a la
entidad demandada desvirtuar tales señalamientos, lo cual no ocurrió.
10.4. La providencia impugnada validó de manera indebida una actuación
administrativa que desconoció el debido proceso, el principio del mérito y las reglas
propias del régimen especial de carrera, e incurrió además en desviación del poder,
al no demostrarse que el retiro hubiera obedecido a fines reales de mejoramiento
del servicio.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión7
11. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, contestó el recurso
extraordinario de revisión con fundamento en las siguientes consideraciones:
11.1. El recurso extraordinario de revisión no planteó argumentos nuevos y lo que
pretendía era reabrir el debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con lo cual se buscaba convertir el mecanismo en una tercera
instancia. En ese sentido los cargos relacionados con la supuesta falta de
aplicación del precedente judicial, la indebida valoración probatoria y el
desconocimiento de la carga dinámica de la prueba no configuraban la causal de
nulidad invocada y, además, carecían de sustento.
11.2. No era cierto que el tribunal hubiera desconocido el precedente judicial, pues
en la sentencia de segunda instancia sí se analizó la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el llamamiento a calificar servicios. Asimismo, los
cuestionamientos sobre la valoración probatoria y de la carga de la prueba no
fueron desarrollados de manera concreta, sino simplemente enunciados.
11.3. Los otros argumentos expuestos en el recurso de apelación, relacionados con
la presunta falsa motivación, el concepto del comité de evaluación, la estructura
jerárquica de la fuerza pública, los cupos de planta y la recomendación de la Junta
Asesora, correspondían a iguales planteamientos formulados en las instancias
ordinarias, lo que evidenciaba la intención de reabrir el debate probatorio ya
definido.
11.4. Larecurrente no explicó de manera precisa en qué consistía la nulidad
originada en la sentencia, se limitó a reiterar los argumentos previamente
expuestos, por lo que se debe declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, al no configurarse la causal invocada.
1.7. Intervención del Ministerio Público
12. Elprocurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en la
instancia procesal.
7 Samai, índice 18, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 18», archivo
«17_110010325000202100008004MemorialWeb2022114234010».
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado8, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «(d)e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
14. En este caso, la sentencia del 18 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F fue notificada el
29 de octubre de 20199 y quedó ejecutoriada el 1 de noviembre de 201910. Por su
parte, el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 19 de octubre de 202011.
15. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé
el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
16. En el asunto objeto de estudio, Ingrid María Contreras Ortiz y la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, están legitimadas para actuar como
demandante (la primera) y como demandada (la última), comoquiera que actuaron
con igual calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia
se pretende controvertir en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
17. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada12. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia
que se encuentra ejecutoriada13 y persigue el restablecimiento del criterio de
justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido
8 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
9 Folios 521 a 525 del cuaderno del expediente ordinario proveniente en préstamo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
10 Según auto admisorio del recurso extraordinario de revisión del 24 de mayo de 2024. Samai,
índice 12, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de revisión», documento
«13_AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION(.pdf) NroActua 12», archivo
«13_110010325000202100008001AUTOQUEADMITE20221010072333».
11 Samai, índice 1, actuación «Reparto y Radicación», documento «1_Reparto y
Radicación_01CORREO ELECTRONICO.pdf(.PDF) NroActua 1», archivo
«1_110010325000202100008001REPARTOYRADIC2021125125945».
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede,
establecidas en la ley. Tiene 2 características principales:
18. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.
19. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
20. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿si se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA en la sentencia del 18 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, porque
existió nulidad originada en dicha providencia, derivada del presunto
desconocimiento del precedente judicial, la indebida valoración probatoria,
la omisión en el análisis de aspectos relevantes del caso y el
desconocimiento de la carga dinámica de la prueba?
2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
21. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (…)»
es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que
se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el
artículo 133 del Código General del Proceso14 que solo pudieron ser advertidas en
la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y
legalidad de las nulidades15 y;
14 En adelante CGP.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
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ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
o la aplicación de las normas16. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia
ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«(…) 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos,
antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley (…)»17.
22. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso18.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso19.
• Se profiere sin motivación20.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente21.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
18 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de
2005, radicación: REV-062.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
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• Se desconoce el principio de congruencia22.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»23.
23. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP24. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso,
circunstancia que le corresponde probar25.
24. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el
medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la
providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla,
lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.7. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
25. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:
25.1. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el
31 de julio de 2017 por el Juzgado 13 Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá que le negó las pretensiones de la demanda presentada contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En su escrito manifestó que el acto administrativo de
retiro se encontraba falsamente motivado, por cuanto se sustentó en supuestos
registros desfavorables inexistentes y en una indebida valoración de su
desempeño.
22 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-
2020-03065-00.
23 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del
16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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25.2. Asimismo, se desconoció su hoja de vida, las evaluaciones y las listas de
clasificación que regían la carrera militar, las cuales evidenciaban que cumplía con
los méritos para ascender, de modo que su retiro no obedeció a fines de
mejoramiento del servicio sino a una decisión arbitraria, sin que la entidad
demandada hubiera desvirtuado tales circunstancias, pese a corresponderle dicha
carga.
25.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en la sentencia del 18 de octubre de 2019, resolvió el caso concreto con los
argumentos resumidos en el acápite 1.4. de esta sentencia. En suma, la
corporación concluyó que el retiro por llamamiento a calificar servicios constituía
una facultad discrecional de la administración, ejercida conforme con los requisitos
legales, esto es, tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro y
recomendación de la Junta Asesora, los cuales se encontraban acreditados en el
caso concreto.
25.4. El acto administrativo acusado se encontraba debidamente fundado en la
normativa aplicable, el concepto previo de la Junta Asesora y en la finalidad de
garantizar el mejoramiento continuo del servicio dentro de la estructura jerárquica
de la institución, sin que el buen desempeño de la demandante le otorgara un
derecho a la permanencia o al ascenso. En este sentido, no se configuraron los
cargos de falsa motivación y desviación de poder, pues no se demostró que la
decisión obedeciera a fines distintos ni que la actora tuviera prelación frente a sus
pares, razón por la cual confirmó la sentencia de primera instancia.
2.8. Análisis de la Sala
26. En el presente asunto, Ingrid María Contreras Ortiz invocó la causal prevista en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
había incurrido en nulidad originada en la sentencia, por presunto desconocimiento
del precedente judicial, indebida valoración probatoria, omisión o falta de análisis
suficiente de aspectos relevantes del caso, lo cual se relaciona con la suficiencia
de la motivación de la sentencia, y desconocimiento de la carga dinámica de la
prueba.
27. Asimismo, la decisión cuestionada se limitó a verificar el cumplimiento de los
requisitos formales del retiro por llamamiento a calificar servicios, sin examinar de
manera integral su situación particular, ni las pruebas allegadas al proceso, las
cuales, en su criterio, desvirtuaban los fundamentos del acto administrativo
demandado y evidenciaban la configuración de falsa motivación y desviación del
poder.
28. Al respecto, se advierte que la sentencia objeto del recurso extraordinario puso
fin al proceso y no era susceptible del recurso de apelación, pues resolvió en
segunda instancia el juicio promovido por la recurrente. Este presupuesto habilita
el análisis del defecto alegado en la demanda de revisión.
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29. En relación con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
como se expuso en el marco normativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que la nulidad originada en la sentencia corresponde a vicios de carácter
estrictamente procesal que afectan su validez, ya sea por la configuración de
alguna de las causales taxativas de nulidad previstas en el ordenamiento o por la
vulneración del debido proceso.
30. En este último evento, se ha señalado que no cualquier inconformidad con la
decisión configura la causal, pues esta no habilita un nuevo examen de la
motivación, la valoración probatoria o la interpretación jurídica efectuada por el juez,
sino que exige la acreditación de un defecto de carácter procesal que afecte la
sentencia, como ocurre, entre otros casos, cuando la sentencia carece de
motivación.
31. Esta corporación, respecto de la falta de motivación de la sentencia como causal
de nulidad, sostuvo lo siguiente26:
«(e)s necesario señalar que esta corporación en sentencia proferida el 20 de
octubre de 200927, respecto de la falta de motivación de la sentencia como causal
de nulidad, sostuvo lo siguiente:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la
causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación
errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas
aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque de
admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia».
De acuerdo con lo anterior, la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez
sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la
decisión, o cuando se basa en circunstancias manifiestamente erróneas,
incompletas o de actitudes dolosas28. No aplica, así, para controvertir las razones
del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador29»
(sic).
32. De acuerdo con lo anterior, la nulidad por falta de motivación se configura ante
la ausencia absoluta de razones que sustenten la decisión, más no frente a
discrepancias con su contenido.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021,
radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
27 «Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 20 de octubre de 2009. Radicado: 2003-
0133».
28 «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015,
radicado: 2002-02456-01 (35824)».
29 «Ver, entre otras:
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 2005, radicado:
20030794-01 (Rev). Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de agosto de 2018, radicado:
2007-00107-01 (47300) Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019,
radicación: 11001-33-31-0332010-00054-00 (50330), actor: Diana Marient Daza Quintero,
Demandado: Nación, Contraloría de Bogotá D.C».
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33. En esa medida, la recurrente tiene la carga de identificar de manera precisa la
irregularidad procesal que invalida la sentencia y de exponer las razones fácticas y
jurídicas que la configuran, mediante una argumentación autónoma y suficiente.
Por ello, no resulta admisible la simple enunciación de la causal ni la reiteración de
los argumentos expuestos en las instancias ordinarias, pues el recurso
extraordinario de revisión no constituye tercera instancia ni un mecanismo para
replantear el debate ya agotado.
34. En el caso concreto, la recurrente sustentó la causal invocada en (i) el supuesto
desconocimiento del precedente judicial; (ii) la indebida valoración probatoria; (iii)
la omisión o falta de análisis suficiente de aspectos relevantes del caso, relacionada
con la suficiencia de la motivación de la sentencia; y (iv) el desconocimiento de la
carga dinámica de la prueba.
35. En relación con el alegado desconocimiento del precedente judicial, se observa
que el tribunal hizo referencia expresa a la jurisprudencia constitucional y
contenciosa administrativa aplicable y fundó su decisión a partir de dicha línea
interpretativa. En efecto, sostuvo que «la Corte precisó que la motivación del
llamamiento a calificar servicios está contenida en la Ley (...) por lo que no es necesaria
una motivación adicional del acto», y que esta figura «no puede conducir a que (...) se
utilice como una herramienta de discriminación o persecución»30. Asimismo, recogió la
postura del Consejo de Estado según la cual «no es necesario expresar las razones
por las que se desvincula a un oficial (...) en tanto la motivación está prevista en la ley»31.
36. En ese contexto, la recurrente no identificó de manera concreta un precedente
específico, vigente y análogo al caso concreto cuya ratio decidendi hubiera sido
desconocida por el tribunal, sino que se limitó a expresar su desacuerdo con la
interpretación acogida, por lo que el reparo formulado no evidencia la configuración
de la nulidad originada en la sentencia, sino que se dirige a cuestionar la aplicación
del precedente al caso concreto, lo cual resulta ajeno al ámbito del recurso
extraordinario de revisión.
37. En cuanto a la indebida valoración probatoria, la Sala advierte que el tribunal
efectuó un análisis de los elementos de convicción obrantes en el expediente, con
base en los cuales adoptó una decisión, como lo eran, entre otros, los folios de vida
de la demandante en los que constaban sus anotaciones, evaluaciones y
clasificaciones; los diplomas y documentos que acreditaban su formación y
trayectoria profesional; el Acta 1234 del 20 de septiembre de 2013 del Comité de
Evaluación, en la que se estudió su situación para efectos de ascenso; el Acta 0940
del 28 de octubre de 2013 de la Junta Clasificadora; el Acta 09 del 20 de diciembre
de 2013 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, en la que se
recomendó su retiro por llamamiento a calificar servicios; así como la Resolución
3002 del 11 de abril de 2014 y los oficios mediante los cuales se dio respuesta a
sus solicitudes.
30 Para el efecto cito la sentencia del 7 de abril de 2016 del Consejo de Estado, Sección Segunda,
radicado 1001-03-15-000-2016-00387-00 (AC), a través de la cual la corporación condenso la
posición de la Corte Constitucional como la propia frente a la causal de retiro por llamamiento a
calificar servicios.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de abril de 2019, radicado:
08001-23-33-000-2014-01097-01 (1979-17).
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38. Así, tuvo en cuenta, entre otros aspectos, que la demandante «contaba con más
de 20 años de servicio», que existía «concepto de la Junta Asesora (...) en el Acta No. 09
del 20 de diciembre de 2013, en la que se recomendaba el retiro», y que la decisión
obedecía a «la estructura piramidal de la Institución Castrense» y a «la necesidad
del mejoramiento continuo del servicio». Igualmente, valoró su desempeño al indicar
que estaba «clasificada en lista TRES, esto es "bueno", no "sobresaliente" (...) ni
"excelente", quienes tenían prelación en el ascenso». En ese contexto, el reproche de
la recurrente no se dirige a demostrar la ausencia de valoración probatoria, sino a
cuestionar las conclusiones a las que arribó el juez, lo cual es propio del debate de
instancia y ajeno al recurso extraordinario de revisión.
39. Respecto de la supuesta omisión o falta de análisis de aspectos relevantes del
caso, aspecto relacionado con la suficiencia de la motivación de la sentencia,
tampoco se configura la causal invocada, pues la providencia abordó los ejes
centrales del litigio, de manera que no se advierte una deficiencia en su motivación.
En efecto, el tribunal examinó los cargos de falsa motivación y desviación de poder,
y concluyó que «no se demostró que la intención de retiro (...) fue ajena al buen servicio»
y que «no se encuentra configurada la falsa motivación ni la desviación de poder alegada».
Asimismo, analizó el argumento relativo a la falta de individualización, al precisar que «el
hecho de que (...) se retire del servicio activo a varios Oficiales (...) no vicia de nulidad el
acto, por cuanto crea efectos jurídicos para cada militar que fue debidamente
individualizado». De igual forma, se pronunció sobre la supuesta contradicción entre
actuaciones administrativas, al indicar que «hay coherencia» entre el acta de la Junta
Asesora y las respuestas posteriores.
40. En ese orden, no se evidencia una ausencia de pronunciamiento, sino una
respuesta expresa frente a los aspectos planteados. El cuestionamiento formulado
se dirige a controvertir el análisis de legalidad del acto administrativo efectuado por
el juez de instancia, lo cual no constituye un vicio de carácter procesal.
41. En lo que tiene que ver con el alegado desconocimiento de la carga dinámica de
la prueba, se observa que el tribunal también se pronunció sobre este punto, al
sostener que «no es posible (...) trasladar la carga de la prueba a la parte accionada, pues
se presume que sus actuaciones administrativas gozan de presunción de legalidad (...) por
lo que es deber de la persona (...) demostrar lo contrario». Esta consideración evidencia
que el juez abordó la discusión sobre la carga probatoria y adoptó una postura al
respecto, por lo que la inconformidad de la recurrente no se traduce en una omisión
procesal, sino en una discrepancia con el criterio jurídico aplicado.
42. Así las cosas, del análisis conjunto de la providencia objeto de revisión se
concluye que el tribunal se pronunció sobre el marco normativo y jurisprudencial
aplicable, examinó los elementos de convicción allegados al proceso y dio
respuesta a los cargos propuestos en la demanda y en el recurso de apelación. Así
entonces, la providencia contiene un pronunciamiento y una motivación
formalmente existente, por lo que no se configura la nulidad alegada. Los reproches
de la recurrente se dirigen a cuestionar la interpretación jurídica y la valoración
probatoria realizadas por el tribunal, materias que resultan ajenas al ámbito del
recurso extraordinario de revisión.
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43. En consecuencia, no se configuró la nulidad invocada. En estricto sentido, las
alegaciones de la recurrente pretenden someter a revisión la motivación y la
valoración probatoria efectuada por el tribunal, lo cual corresponde al debate de
fondo propio de las instancias ordinarias y no a la verificación de un vicio de carácter
procesal que afecte la validez de la sentencia.
44. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de
Estado32, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia
ni un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un instrumento
excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a situaciones
específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías esenciales,
en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.
45. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.
46. La Sala concluye que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la existencia de un vicio de carácter
procesal que configure una nulidad originada en la sentencia. Por el contrario, se
verificó que esta contiene un pronunciamiento de fondo, debidamente motivado,
sobre los aspectos centrales del litigio.
47. En este contexto, los reparos formulados por la recurrente no evidencian una
nulidad originada en la sentencia, sino que reflejan su inconformidad con la
interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuadas por el tribunal, así como
la reiteración de los argumentos de instancias ordinarias, lo cual es ajeno al ámbito
del recurso extraordinario de revisión.
48. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante será declarado infundado.
2.9. Costas
49. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal.
3. Conclusión
50. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 18 de
octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, puesto que no se acreditó un vicio de carácter procesal
32 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de
2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.
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Demandante: Ingrid María Contreras Ortiz
constitutivo una nulidad originada en la sentencia. Por el contrario, se verificó que
el juez de segunda instancia examinó el marco normativo y jurisprudencial
aplicable, valoró el acervo probatorio y resolvió los cargos propuestos con
motivación suficiente sobre los aspectos centrales del litigio.
51. En este contexto, los reproches formulados por la recurrente no evidencian una
nulidad originada en la sentencia, sino que corresponden a la reiteración de los
argumentos planteados en las instancias ordinarias y a su desacuerdo con la
valoración probatoria y la interpretación jurídica adoptada por el tribunal, lo cual
resulta ajeno al ámbito del recurso extraordinario de revisión.
52. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Ingrid María Contreras Ortiz en contra de la sentencia proferida el 18 de octubre de
2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado:
11001-33-42-013-2014-00595-00 (01).
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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