Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01097-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Llamamiento a calificar servicios: procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01097-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2014-01097-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
4 de abril de 2019
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS - Procedencia / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DISPONE EL RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS - No requiere motivación expresa / FALSA MOTIVACION Y DESVIACION DE PODER - No demostradas / PRESUNCION DE LEGALIDAD - No desvirtuada / REQUISITOS PARA EL LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS - Estuvo vinculado a la fuerzas militares durante diecinueve años, cinco meses y nueve días
Una de las causales para efectuar el retiro del personal de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, es el llamamiento a calificar servicios y el único requisito que se exige para disponer esta medida es que el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro. Según el criterio del Consejo de Estado no debe motivarse expresamente el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales, dado que se presume expedido con la finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen servicio. La causal de llamamiento a calificar no requiere motivación en consideración a que ella está dada expresamente por la ley y para que proceda solamente es necesario que el policial demuestre: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares. Dado que el acto administrativo de retiro del servicio del aquí demandante por llamamiento a calificar servicios se encuentra motivado, la Subsección procederá a analizar aquellos y verificará si se advierte la falsa motivación y la desviación de poder. La motivación exigible para el llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicios y ser acreedor de la asignación de retiro, los cuales se encuentran plenamente acreditados en el expediente pues según se desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado a la Fuerzas Militares durante 19 años, 5 meses y 09 días. El actor no demostró que la Resolución 2989 del 11 de abril de 2014, a través de la cual fue retirado del servicio no hubiera sido adecuada a los fines que la norma que consagra el llamamiento a calificar servicios autoriza o que hubiera desbordado el juicio de proporcionalidad de los hechos que le sirven de causa.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "A"
Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 08001-23-33-000-2014-01097-01(1379-17)
Actor: JUAN CARLOS JAIMES BEDOYA
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMAS: RETIRO DEL SERVICIO. LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. REINTEGRO. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Juan Carlos Jaimes Bedoya, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Nación, Ministerio de Defensa Ejército Nacional.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta de saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
En el presente caso de folio 272 vuelto y cd visible a folio 275 del cuaderno 1, en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:
«[…] Revisado el expediente, se observa que la nación (sic) - ministerio (sic) de defensa (sic) nacional (sic) - ejército (sic) nacional (sic) no propuso excepciones.
De igual forma, el despacho no encuentra necesario entrar a estudiar de oficio alguna de ellas, por lo que se continuará con la siguiente etapa. […]».
Notificadas las partes de la anterior decisión, no interpusieron recurso alguno.
Fijación del litigio art. 180-7 CPACA
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.
En el sub lite de folios 273 anverso y reverso y cd visible a folio 275 del cuaderno 1, se fijó el litigio respecto de los hechos en los que existe consenso entre las partes, las pretensiones y el problema jurídico, así:
Hechos en los que existe consenso o acuerdo entre las partes según la fijación del litigio
«[…] 1. Que el señor Juan Carlos Jaimes Bedoya solicitó el retiro en diciembre de 1998 y fue reintegrado al servicio activo de las fuerzas (sic) militares (sic) en noviembre del 2000.
2. Mediante decreto (sic) 4677 del veintisiete (27) de noviembre de 2009 el demandante fue ascendido al grado de mayor del ejército (sic) nacional, desempeñando los cargos de comandante del batallón (sic) de contraguerrillas (sic) N° 83 TC HENRY GÓMEZ, miembro de estado mayor de la brigada (sic) móvil (sic) N° 26, ejecutivo y segundo comandante del batallón (sic) de policía (sic) militar (sic) N° 2 de Barraquilla y miembro del estado mayor del comando de la segunda (sic) brigada (sic).
3. Que el oficial Jaimes Bedoya, fue condecorado por parte de sus superiores por sus excelentes condiciones profesionales y personales recibiendo diferentes medallas durante su servicio.
4. Que en el transcurso de su carrera militar el oficial Jaimes Bedoya, siempre obtuvo excelentes calificaciones, recibiendo (68) observaciones por parte de sus superiores, entre felicitaciones, anotaciones positivas y de mérito por su excelente desempeño en diferentes aspectos como el trabajo, profesionalismo, espíritu de cuerpo, liderazgo, ética militar, entre otros.
5. Que mediante resolución (sic) N° 2989 del once (11) de abril de 2014, el ministerio (sic) de defensa (sic) nacional (sic) resolvió retirar del servicio activo al mayor juan (sic) carlos (sic) jaimes (sic) bedoya (sic), en forma temporal con pase a reserva, “por llamamiento a calificar servicios” junto con otro grupo de treinta y ocho (38) oficiales, con la misma motivación para todos; decisión que se gestó a raíz de la desaprobación del ascenso de los oficiales al grado de tenientes coroneles emitida por parte de la junta (sic) asesora (sic) del ministerio (sic) de defensa (sic) nacional (sic) para las fuerzas (sic) militares (sic), pro recomendación del comité (sic) de evaluación (sic). […]»
Pretensiones según la fijación del litigio
«[…] Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución (sic) No. 2989 del once (11) de abril de 2014, expedida por el ministerio (sic) de defensa (sic) nacional (sic), mediante el cual se resolvió retirar del servicio activo de las fuerzas (sic) militares (sic).
Consecuentemente, se ordene a la demandada a reintegrar al señor Juan Carlos Jaimes Bedoya sin solución de continuidad en el grado que corresponda de acuerdo a su antigüedad dentro del escalafón de oficiales y se reconozca y pague los salarios, primas, subsidio familiar, subsidio de alimentación, reajustes, aumentos de sueldos y demás emolumentos que dejó de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta que se haga efectivo el reintegro.
Que se condene a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional a reconocer y pagar los perjuicios morales causados al demandante con la emisión del acto administrativo. […]»
Problema jurídico según la fijación del litigio
«[…] Tiene derecho el actor a ser reintegrado al servicio […]» (Negrillas y cursiva del texto).
Notificadas las partes de la anterior decisión, no interpusieron recurso alguno.
SENTENCIA APELADA
El a quo profirió sentencia de forma escrita el 18 de marzo de 2016, en la que denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, citó el artículo 103 del Decreto 1790 de 2003, el cual prevé el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, así como apartes jurisprudenciales de la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010, emitida por el Consejo de Estado, en la cual se analiza la ausencia de motivación respecto de un acto administrativo expedido con ocasión del ejercicio de la facultad discrecional, para concluir que el Ejército Nacional en ejercicio de dicha prerrogativa podía desvincular a sus oficiales del servicio.
Seguidamente, expuso que el único requisito exigido para el respectivo retiro, era la recomendación previa de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, el cual se había cumplido en el sub lite, ya que no era necesario que contra aquel cursara proceso disciplinario o una investigación penal u otras razones diferentes al mejoramiento del servicio, por lo que quedaba incólume la presunción de legalidad del acto administrativo demandado. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, conforme a los argumentos que a continuación se exponen:
Luego de referirse a la sentencia de unificación SU-091 de 2016, señaló que la entidad demandada al utilizar la figura de llamamiento a calificar servicios no solo verifica los requisitos de tiempo para acceder a la asignación de retiro y la recomendación de la Junta Asesora, sino que deben concurrir los elementos legales para que no se convierta en una herramienta de persecución por razones de discriminación o abuso de poder y de desconocimiento de derechos fundamentales.
Sostuvo que si bien en la desvinculación del señor Juan Carlos Jaimes Bedoya concurrió el requisito de la motivación del acto y de la recomendación previa, debe probarse que los motivos del retiro plasmados en el acto administrativo enjuiciado, son acordes con la realidad, lo cual no ocurrió, toda vez que se adujeron razones inexistentes, sin los debidos registros en la hoja de vida, por tanto, no fueron notificados y no se pudo hacer uso de los recursos legales.
En este sentido, arguyó que no aparecen anotaciones negativas, al contrario, se evidencia que no se tuvieron en cuenta las situaciones reales como sus calificaciones que fueron siempre sobresalientes y anotaciones en sus folios de vida, las cuales dan cuenta del fiel y cabal cumplimiento de sus funciones durante toda la trayectoria laboral del libelista, circunstancias que claramente desvirtúan lo señalado en el acto de retiro del servicio.
Conforme a ello, afirmó que si la administración omitió tener en cuenta el perfil profesional y desempeño laboral del demandante, de acuerdo con la «clasificación en lista DOS para ascenso» y aduce «falsos argumentos» para prescindir de sus servicios, el acto enjuiciado se encuentra viciado de nulidad por falsa motivación, además de ello conforme la prueba documental aportada se evidencia claramente que el retiro del servicio no obedeció al mejoramiento del servicio y la demandada no allegó prueba alguna que demostrara de qué manera se mejoró el servicio público con la desvinculación del libelista.
Concluyó que la expedición del acto administrativo mediante el cual se retiró del servicio al señor Juan Carlos Jaimes Bedoya por llamamiento a calificar servicios, estuvo rodeado de situaciones ajenas al servicio púbico y quienes tomaron dicha decisión, lo hicieron de manera subjetiva, con fundamento en anotaciones inexistentes, por tanto, se advierte una falsa motivación y desviación de poder.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante: Reiteró todos los argumentos esbozados en el recurso de apelación.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en el desarrollo de esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico se resume en la siguiente pregunta:
¿El acto de retiro del señor Juan Carlos Jaimes Bedoya proferido por el Ministerio de Defensa, por llamamiento a calificar servicios, se encuentra viciado de nulidad, por una presunta desviación de poder y falsa motivación en su expedición?
La Subsección adoptará la siguiente tesis: el señor Juan Carlos Jaimes Bedoya no demostró que su retiro como mayor del Ejército Nacional, fue concebido con vicios que permitan declarar su nulidad, como pasa a explicarse.
Del retiro del personal de las Fuerzas Militares
El marco general del retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar servicios, está consagrado en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, que al tenor literal previeron:
«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto. […]».
Por su parte, el artículo 100 señaló las causales de retiro en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO. El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir cuatro (4) años en el grado de General o Almirante, salvo lo dispuesto en la Ley 775 de 2002.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
7. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_1790_2000_pr002.html" \l "108" \t "_blank" 108 literal a) de este decreto.
8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_1790_2000_pr002.html" \l "104" \t "_blank" 104 de este decreto.
9. Por no superar el período de prueba; […]». (Subrayas fuera de texto).
Y el artículo 103, sobre el retiro discrecional preceptuó:
«ARTÍCULO 103. LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1104_2006.html" \l "25" 25 de la Ley 1104 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro.»
Conforme a la normativa en cita, se observa que una de las causales para efectuar el retiro del personal de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, es el llamamiento a calificar servicios y el único requisito que se exige para disponer esta medida es que el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro.
Retiro por llamamiento a calificar servicios
Al respecto ha considerado la Corte Constitucional que el retiro del personal uniformado de la Fuerza Pública por llamamiento a calificar servicios es una forma normal de retiro del servicio activo cuando se cumple el requisito de tiempo de servicio, para permitirle al uniformado ser beneficiario de la asignación de retiro.
La causal de retiro en comento, se constituye en un instrumento importante para la administración, que permite el relevo generacional dentro de la línea jerárquica dentro de actuación que supone el ascenso de algunos miembros y la separación del servicio de otros, de ahí la especial connotación que adquiere frente a otras formas de retiro laboral. Tal característica ha sido objeto de análisis de la jurisprudencia en varias oportunidades. En efecto, la Corte Constitucional sostuvo:
«[…] "calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio. […]» (Subrayas fuera de texto).
Igualmente, el pronunciamiento contenido en la sentencia SU-91 de 2016 se refirió al tema de motivación en el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios para indicar que en este caso, aquella está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos, a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, regla que en la sentencia SU-217 de 2016, juzgó conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial. […]»
En esta última providencia la Corte hizo énfasis en que la ley «[…] no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar […]», de manera que es claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la adopción de la decisión.
Por su parte el Consejo de Estado ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.
Por otra parte, frente a la motivación del acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicios, esta Corporación ha considerado:
«[…] El retiro por llamamiento a calificar servicios se produce en ejercicio de una facultad discrecional, la cual por su naturaleza no requiere motivación, se presume ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre.
[…]
Insiste la Sala, es incuestionable que el Gobierno Nacional está autorizado por la Ley para retirar (por llamamiento a calificar servicios) a los oficiales, después de haber cumplido quince (15) o más años de servicio, facultad que, como ya se hizo precisión, se presume ejercida en beneficio del buen servicio público. […]»
En consecuencia, según el criterio del Consejo de Estado no debe motivarse expresamente el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales, dado que se presume expedido con la finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen servicio.
Ahora bien, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios, principalmente, el hecho de que es reconocida como una manera decorosa de culminación de servicios en la Fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro. En efecto, el buen cumplimiento de las funciones, ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo.
De igual forma, también se ha precisado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se permite que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía disfruten de la asignación de retiro.
Bajo dicho entendido, la causal de llamamiento a calificar no requiere motivación en consideración a que ella está dada expresamente por la ley y para que proceda solamente es necesario que el policial demuestre: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares.
Colofón, el acto administrativo mediante el cual se retira del servicio a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía con ocasión de la prerrogativa de llamamiento a calificar servicios, no debe motivarse, sin embargo, cuando como en este caso, se advierten sus fundamentos en el acto enjuiciado, el juez debe analizar aquellos, con el fin de verificar la administración atendió los límites legales y constitucionales.
De la falsa motivación
Conforme a los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que consagran los medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, los actos administrativos pueden ser impugnados, entre otras causales, por falsa motivación del acto.
En este sentido, el Consejo de Estado ha indicado que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo invalida, llamado falsa motivación.
Por ello, ha explicado que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento causal de la decisión, relacionado con los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición y, por lo tanto, el impugnador tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad.
Según lo precedente, esta Corporación ha afirmado que la falsa motivación del acto ocurre cuando: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen, y iv) razones que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión.
La desviación de poder
Las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas no gozan de autonomía, al contrario, es heterónomo, toda vez que la ley regula deberes y prohibiciones. Es decir, un variopinto de restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los fines públicos.
Por ello, el artículo 6.º de la Constitución Política prevé que los servidores públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
Bajo dicho entendido, cuando la conducta (activa u omisiva) es explícitamente contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en «ilícita» porque el sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir, los ilícitos típicos son las conductas o actos opuestos a una regla de derecho. Se entiende «ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como antijurídico o ilegal y no necesariamente como delictual. Sin embargo, también existen ilícitos atípicos. Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos atípicos, por así decirlo, invierten el sentido de una regla: prima facie existe una regla que permite la conducta en cuestión; sin embargo - y en razón de su oposición a algún principio o principios-, esa conducta se convierte, una vez considerados todos los factores, en ilícita. Esto es, abuso del derecho, el fraude a la ley y la desviación de poder […]».
Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.
Al respecto, el abuso o desviación de poder es creación jurisprudencial del Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje central del derecho administrativo es el control de la discrecionalidad. Al respecto, García de Enterría señala lo siguiente:
«[…] La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración es un tema clásico de la teoría del Derecho. Está en los orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada época ha ido dejando en él la huella de sus propias reflexiones teóricas, así como de las sucesivas experiencias prácticas y jurisprudenciales […]
[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de forma espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy mismo los poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez de los actos discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos de la Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la tendencia continúa […]»
Así las cosas, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y legalmente responde la norma. Lo anterior condujo a que el juez administrativo perfeccionara sus facultades con el control constitucional, y que el control del exceso de poder, o la desviación de poder, se fortaleciera con los principios constitucionales.
Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder, el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado institucional o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo o una ley. En esos términos, al tratarse la conducta de un «ilícito atípico» provoca un daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e intereses colectivos. Una característica importante del citado daño, es el de ser indirecto o mediato.
Por su parte, esta Corporación ha efectuado el análisis sobre la desviación de poder desde esta misma óptica. Al respecto:
«[…] La desviación de poder ha sido comprendida por la jurisprudencia de esta Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse. […]» (Subrayas fuera de texto).
Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la existencia de un vicio de poder transita por llegar a la convicción de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración. Sobre el particular, esta corporación ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma.[…]»
De esta forma, dado que el acto administrativo de retiro del servicio del aquí demandante por llamamiento a calificar servicios se encuentra motivado, la Subsección procederá a analizar aquellos y verificará si se advierte la falsa motivación y la desviación de poder.
En aplicación de la sinopsis normativa y jurisprudencial relativa al retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, se encuentra probado lo siguiente en el sub lite:
Según se desprende del extracto de hoja de vida obrante de folios 32 a 38 del cuaderno 1, el señor Juan Carlos Jaimes Bedoya, ingresó como cadete el 16 de febrero de 1993, y prestó sus servicios al Ejército Nacional durante 19 años, 5 meses y 09 días, su último cargo fue el de mayor.
Conforme se observa de folios 41 a 46 del cuaderno 1, mediante Acta 09 del 20 de diciembre de 2013, expedida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, la cual recomendó para retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, entre otros, al señor Juan Carlos Jaimes Bedoya.
Según se vislumbra de folios 29 a 31 del cuaderno 1, el ministro de defensa a través de Resolución 2989 del 11 de abril de 2014, retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares, en forma temporal con pase a reserva «por llamamiento a calificar servicios», entre otros, al señor Juan Carlos Jaimes Bedoya. En virtud a los siguientes argumentos:
«[…] Que la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2013, registrada en acta N. 09, recomendó el retiro del Servicio Activo por Llamamiento a Calificar Servicios, de los señores Oficiales que se relacionan en el presente acto administrativo, por las razones que se exponen a continuación:
“Que de conformidad con el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, consagra que la ley determinará el régimen especial de carrera para el personal de las Fuerzas Militares, que actualmente se encuentra contenida en el Decreto 1790 de 2000.
Que el Decreto Ley 1790 (modificado parcialmente por la Ley 1104 de 2006) en su artículo 99 indica que el retiro de las Fuerzas Militares, es la situación en la que los Oficiales y Suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad.
[…]
Que la atribución concedida por el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, hace parte de las inherentes al ejercicio de poder jerárquico de mando y conducción de la (sic) Fuerzas Militares, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares con base en las apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional según el cometido que le es propio (Sentencia C-072/96).
Que para proceder a la recomendación correspondiente, es menester tener en cuenta aspectos especiales de índole institucional y legal, que irradia la carrera militar, necesarios para garantizar el cabal cumplimiento de las tareas constitucionales, entre ellos, observar que el concepto de buen servicio no se ciñe solo a las calidades laborales del servicio, sino a circunstancias de conveniencia, oportunidad, sino a circunstancias de conveniencia, oportunidad, sino a circunstancias de conveniencia y oportunidad que corresponde sopesar al Nominador.
Que nombrado el correspondiente Comité de Estudio para la evaluación respectiva del personal de Mayores aspirantes a presentar exámenes de admisión para ingresar al Curso CEM-CIM, éste no lo recomendó, dado que al estudiar su historia laboral, se encontraron consideraciones que determinan que el desempeño, no llena las expectativas establecidas por el Comando de la Fuerza, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones de los cargos desempeñados por el personal militar en el grado de Teniente Coronel, teniendo en cuenta los registros que se encontraron en su folio de vida, los cuales fueron notificados en debida forma y eran susceptibles de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.
La Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, después de estudiar la propuesta sometida a su consideración por parte del señor General Comandante del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que los Oficiales que se relaciona (sic) anteriormente tiene (sic) derecho a la asignación de retiro conforme a lo establecido en los artículos 100 literal a) numeral 3 (modificado por el artículo 24 de la Ley 1104 de 2006) y artículo 103 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006) del Decreto Ley 1790 de 2000, por unanimidad recomienda el retiro del servicio activo por Llamamiento a Calificar Servicios delos (sic) Oficiales citados anteriormente.
Que como quiera el Decreto Ley 1790 de 2000, modifica las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, es pertinente tener en cuenta para el caso que nos ocupa, que el artículo 3° de la norma antes citada establece el escalafón de cargos, lo que permite constituir la base para determinar la planta de personal de las Fuerzas Militares con base en las necesidades del servicio de la Institución.
[…]
Que por otra parte, el cumplimiento de las funciones asignadas, así como la existencia de reconocimientos, condecoraciones y felicitaciones, corresponde al deber ser de todo militar, por ello, dichas situaciones no constituyen “fuero de estabilidad”. La carrera militar es dinámica, exigente y establece sus propias limitaciones, por cuanto no todos los subtenientes que egresan de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, pueden llegar al grado de General de la República, puesto que por organización, funcionalidad y por ejercicio del mando, las plazas para cada rango se van reduciendo desde los grados inferiores hasta los grados superiores.
Que con fundamento constitucional, legal y funcional, es que se hace referencia a que se trata de una carrera piramidal y por esa misma circunstancia, no todo el personal llega a los más altos rangos, aunque todos tengan una excelente trayectoria. Se trata entonces, de escoger entre los mejores “que son la mayoría”, los que más se ajusten a los perfiles definidos para los cargos que deben ocuparse de mando y dirección. Estas circunstancias permiten reiterar que el retiro por Llamamiento a Calificar Servicios, no constituye ninguna sanción, sino que es una forma de culminación de la carrera militar, por las razones ya aludidas.
Que si bien es cierto, los señores Oficiales relacionados en el presente acto administrativo, tuvieron condiciones y capacidades profesionales y militares, que les permitieron alcanzar el grado actual, éstas conforme a la evaluación analizada por el Comité de Evaluación no permiten sostener la continuidad del señor Oficial en la Institución Castrense, aspecto que sustenta continuo servicio conforme a la Constitución y la Ley. […]» (Cursiva del texto, subrayas de la Subsección).
A su turno, de folios 47 a 77, 237 a 250 vuelto del cuaderno 1 y 313 a 321 del cuaderno 2, se encuentran anexos y folios de vida del señor Jaimes Bedoya, durante el tiempo en que estuvo vinculado como oficial del Ejército Nacional.
Acorde con el material probatorio, obrante en el plenario se puede colegir lo siguiente:
Como se vio, la motivación exigible para el llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicios y ser acreedor de la asignación de retiro, los cuales se encuentran plenamente acreditados en el expediente pues según se desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado a la Fuerzas Militares durante 19 años, 5 meses y 09 días.
De conformidad con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, se recomendó retirar del servicio por llamamiento a calificar servicios al señor Juan Carlos Jaimes Bedoya, además del uso de la facultad discrecional, se adujo: «[…] teniendo en cuenta los registros que se encontraron en su folio de vida, los cuales fueron notificados en debida forma y eran susceptibles de recursos de acuerdo con la normatividad vigente […]».
Ahora, al verificar los folios de vida del libelista, se observa que no tiene ninguna anotación negativa durante su carrera militar, lo que en principio implica un vicio del acto administrativo en este sentido, sin embargo, como se estudió en precedencia la finalidad de la prerrogativa otorgada a la administración denominada «llamamiento a calificar servicios», es el relevo de la línea jerárquica en las Fuerzas Militares, por lo que como lo señaló la Corte Constitucional: «[…] no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar. […]».
Así, el llamamiento a calificar servicios constituye una garantía para el funcionario público, pues es desvinculado, en este caso, del Ejército Nacional para disfrutar de su asignación de retiro así como a continuar con sus derechos a la seguridad social, bienestar y recreación. Además, al analizar el acto administrativo enjuiciado se observa que, si bien acogió las razones emitidas por la Junta Asesora para el retiro del servicio del demandante, también dio aplicación a la facultad discrecional.
Es de resaltar, que en el evento de que se estime que el llamamiento a calificar servicios se erige en una sanción, el interesado es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y a que cumplió el tiempo de servicios, sino a otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura.
En este sentido, el recurrente alega que el retiro del servicio no obedeció al mejoramiento del servicio y la demandada no allegó prueba alguna que demostrara de qué manera se mejoró el servicio público con su desvinculación, sin embargo, como pasará a analizarse, ello no fue probado en el sub lite.
En efecto, como quedó analizado en apartes anteriores, cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo produjo.
Bajo ese contexto se debe afirmar que, más allá de la afirmación del libelista, no obran pruebas que permitan advertir que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al buen servicio y al relevo jerárquico del mando, por lo que debía probar que al no ser ascendido se desmejoró el servicio.
Así las cosas, en el presente asunto, como el demandante no logró demostrar de manera fehaciente, que los motivos que desencadenaron el llamamiento a calificar servicios son ajenos al interés general y al buen servicio, y que en realidad desbordaron la facultad que tiene el nominador para separar del servicio activo a quien cumplió más de 15 años en la institución, no es procedente la anulación del acto administrativo y el consecuente reintegro al Ejército Nacional.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el excelente desempeño de las funciones del demandante, situación que lo hizo merecedor de felicitaciones y reconocimientos tampoco le brinda un fuero de estabilidad adicional, que impida ser retirado por la causal en mención, pues como se dijo, el cumplimiento de esta característica se entiende como connatural al ejercicio de la labor militar.
En conclusión: el señor Juan Carlos Jaimes Bedoya no demostró que la Resolución 2989 del 11 de abril de 2014, a través de la cual fue retirado del servicio no hubiera sido adecuada a los fines que la norma que consagra el llamamiento a calificar servicios autoriza o que hubiera desbordado el juicio de proporcionalidad de los hechos que le sirven de causa.
Decisión de segunda instancia
Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 18 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación.
De la condena en costas
Esta Subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en la presente instancia no se condenará en costas al demandante, pues si bien resulta vencido, dado que no se acogieron los argumentos del recurso de apelación, la entidad demandada no intervino en el trámite de la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 18 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Juan Carlos Jaimes Bedoya contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa Justicia Siglo XXI y, ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 272 a 274 vuelto y cd visible a folio 275 del cuaderno 1.
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Ramírez Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.
Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Folios 389 a 400 del cuaderno 2.
Sección Segunda, Subsección A. Radicado 0938-10.
Folios 463 a 471 del cuaderno 2.
Folios 505 a 512 del cuaderno 2.
Según constancia secretarial visible a folio 513 del cuaderno 2.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
«por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.»
Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1792_2016.html" \l "5" 5 de la Ley 1792 de 2016.
Corte Constitucional. Sentencia SU-091 de 2016.
Corte Constitucional, sentencia C-72 de 1995. Referencia: Expedientes acumulados D-1044, 1045 y 1046.
Sentencia del 25 de febrero de 2016. Magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Referencia: expedientes T- 4.862.375, T-4.938.030, T-4.943.399 y T-4.954.392.
Sentencia del 28 de abril de 2016. Referencia: Expedientes T-5.173.085 y T-5.189.329 y T-5.189.400 (acumulados).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Radicación: 760012331000200501375 01 (0197-2013).
Sección Segunda, subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2014. Magistrado ponente: Alfonso Vargas Rincón. Radicación: 11001-03-15-000-2013-01936-01.
En este sentido se pueden consultar las providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 05001-23-31-000-2002-00428-01 (0871-11), reiterado por la Subsección B, en la sentencia del 19 de enero de 2017.- Consejero ponente César Palomino Cortés. Radicación: 05001-23-31-000-1999-02281-02 (4117-2014).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011. Magistrado ponente: Alfonso Vargas Rincón. Radicación: 54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10).
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Magistrada ponente: María Claudia Rojas Lasso. Radicación: 25000232400020080026501.
Ibidem
Ejusdem.
Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27.
La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder.
Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid, Marcial Pons, 4ed., 1998, pp. 31 y 36.
Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009. Expediente 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009). Demandante: Silvio Elías Murillo Moreno.
Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación: 170012331000200301412 02(0734-10).
Sentencia SU-217 del 28 de abril de 2016. Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Referencia: Expedientes T-5.173.085 y T-5.189.329 y T-5.189.400 (acumulados).
Ibidem.
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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