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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00359-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00359-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de mayo de 2023, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda promovida por Ricardo Andrés Garzón Martínez contra la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional. www.consejodeestado.gov.co 13 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25 000 23 42 000 2022 00359 01 (4937-2023) Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta providencia. TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00359-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25 000 23 42 000 2022 00359 01 (4937-2023)
Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Tema: Retiro del servicio activo por “Llamamiento a Calificar
Servicios”. Desviación de poder.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2023,1 proferida
por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

Se invocaron las siguientes:

Primera: Declarar la nulidad de la Resolución No. 0570 del 24 de marzo de 2021,2
mediante la cual se retiró del servicio activo del Ejército Nacional por “Llamamiento
a Calificar Servicios” al Mayor Ricardo Andrés Garzón Martínez.

Segunda: Ordenar a la demandada reincorporar al accionante -sin solución de
continuidad para todos los efectos legales- a un cargo equivalente al que venía
desempeñando al momento de su desvinculación, o a uno de superior jerarquía.

Tercera: Condenar a la accionada a reconocer y pagar al actor los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde que fue retirado del servicio y hasta
el día en que se produzca su reincorporación.

Cuarta: Ordenar al ente demandado reconocer y pagar al actor la suma de 100
S.M.L.M.V. por concepto de perjuicios morales.

1 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI.
2 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2022 00359 01 (4937-2023)
Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

Quinta: Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

Como hechos relevantes, se tienen los siguientes:

El demandante ingresó a la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional el 6 de
enero de 2001 y luego de varios ascensos en su carrera logró posicionarse en el
grado de Mayor.

Durante su vida castrense desempeñó múltiples cargos, destacándose en cada uno
de ellos por su excelente desempeño. Por ese motivo, obtuvo diversas
condecoraciones, distintivos, felicitaciones y nunca recibió llamados de atención o
anotaciones negativas en su hoja de vida.

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal en su contra por los
«hechos ocurridos el 26 de febrero de 2005, en la Vereda El Tesoro y Puerto Bolivia
del Valparaiso (Caquetá), donde perdieron la vida los señores EDISON POLO
VARGAS, EDUARDO QUIROZ GAVIRIA Y MARÍA ELENA VÁSQUEZ COCOMA».
Con base en ello, el 4 de diciembre de 2007 (sic), esa entidad lo acusó del delito de
homicidio en persona protegida.

Posteriormente, el 22 de marzo de 2018, el ente acusador se abstuvo de imponer
medida de aseguramiento al demandante, previa suscripción de su parte de un acta
de compromiso.

La resolución de acusación emitida en su contra no está en firme, pues su abogado
la recurrió en apelación.

Sin embargo, la segunda instancia se abstuvo de emitir la decisión pertinente, en
razón a lo dispuesto en la Ley 1957 de 2019, la sentencia C-080 emitida por la Corte
Constitucional y la Circular No.003 del 22 de julio de 2019, suscrita por el Fiscal (E)
General de la Nación.

Mediante Acta N° 01 de 20 de enero de 2021, la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa recomendó por unanimidad el retiro del servicio activo del actor por
“Llamamiento a Calificar Servicios”.

Seguidamente, por Resolución No. 0570 de 24 de marzo de 2021, el Ministro de
Defensa Nacional concretó la desvinculación del demandante.

1.3 Fundamentos de derecho.

Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:

• Artículo 209 de la Constitución política.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2022 00359 01 (4937-2023)
Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

• Artículo 36 de la Ley 1437 de 2011
• Artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 del 2000

En el concepto de violación, la abogada de la parte actora expuso lo siguiente:

• Con la expedición del acto acusado, el Ejército Nacional buscó un fin distinto al
previsto en la norma que contempla la figura del “Llamamiento a Calificar
Servicios”, pues no obedeció a razones del buen servicio, ni respetó los principios
de la función administrativa contenidos en el artículo 209 superior.

• El desconocimiento de esos fines, aunado al hecho de que el actor venía siendo
investigado por la justicia penal, configuran la causal de nulidad de “desviación
de poder”, pues se deduce que la orden de desvinculación provino por esa causa.

• Es diciente que el Acta del Comité de Ascensos que recomendó no ascender al
grado de Teniente Coronel al demandante, no contenga un análisis detallado de
su hoja de vida ni de las calificaciones obtenidas por sus servicios, las cuales
constituyen prueba de que su permanencia en el Ejército Nacional resultaba
conveniente para el desarrollo de la misión constitucional y legal asignada a tal
institución.

• La demandada vulneró los principios de presunción de inocencia, buena fe y
debido proceso del Mayor ® Ricardo Andrés Garzón Martínez, teniendo en
cuenta que la recomendación de retiro obedeció a una investigación penal que
se adelantaba en su contra, la cual no ha sido resuelta.

• Con la expedición del acto acusado la entidad demandada no aplicó los principios
de razonabilidad y proporcionalidad que debe guiar el ejercicio de la facultad
discrecional, toda vez que la investigación penal no ha sido resuelta y mucho
menos existe una sentencia condenatoria ejecutoriada contra el demandante.

1.4 Contestación de la demanda.

Dentro de la oportunidad de ley, la demandada contestó la demanda,3 oponiéndose
a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como argumentos de
defensa esgrimió los siguientes:

• La desvinculación por “Llamamiento a Calificar Servicios” es una potestad
discrecional con que cuenta el Gobierno Nacional para renovar el personal de la
Fuerza Pública y, de esa manera, garantizar el mejoramiento del servicio.

• Cumplió los requisitos previstos en la ley para ordenar el retiro del demandante,
tales como: i) verificar el derecho de acceso a la asignación de retiro y; ii) contar

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional
para las Fuerzas Militares.

• Como se dijo antes, la finalidad de la figura en comento es procurar el
mejoramiento del servicio militar; por lo que si la persona afectada con tal decisión
no está de acuerdo con ella, debe aportar las pruebas que refuten aquel
propósito, situación que no ocurrió en el presente caso.

• El acto administrativo acusado no está viciado de nulidad por “desviación de
poder”, pues fue expedido con fundamento en las normas que permiten su uso y
apegado a las exigencias señaladas anteriormente.

• El hecho de que durante su carrera militar el demandante hubiere obtenido
condecoraciones y buenas calificaciones por su desempeño laboral, no
constituye un obstáculo para su retiro del servicio. En estos casos, el Ejército
Nacional evalúa el cumplimiento de las funciones ejecutadas, por cuanto se
presume, que esta es la razón por la cual fue desvinculado de la institución y por
ende sus buenos resultados no le generan estabilidad en el trabajo.

• En atención a la estructura piramidal que existe al interior de las Fuerzas
Militares, no todos los miembros uniformados están llamados a ascender a la
cúspide pues, de ser así, la cadena de mando se rompería, acabándose la
subordinación.

• El retiro del servicio activo por “Llamamiento a Calificar Servicios”, no se erige en
una sanción, o despido injusto o denigrante, sino que constituye una simple
aplicación del instrumento previsto en el artículo 217 de la Constitución Política.
En efecto, el uniformado tiene derecho a otras medidas de satisfacción, como el
reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro, garantizando así su
mínimo vital, prerrogativa a la que no tendría derecho si hubiera sido sancionado.

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia de 31 de mayo de 2023,4 la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas al demandante.

Con tales propósitos, el a quo, luego de referenciar: i) el material probatorio allegado
al expediente; ii) el tratamiento legal y jurisprudencia dado a la figura del
“Llamamiento a Calificar Servicios” y; iii) la relación existente entre esa forma de
desvinculación del servicio y el ascenso en la estructura piramidal de la Fuerza
Pública, concluyó:

• De las pruebas incorporadas en el expediente, se evidenció que el ente
accionado satisfizo los requisitos normativos para emplear la causal de

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Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

“Llamamiento a Calificar Servicios” a saber: i) el cumplimiento por parte del actor
de las exigencias para acceder a su asignación de retiro y; ii) recomendación
previa de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas
Militares.

• El retiro del servicio conforme a esta figura no demanda un sustento o motivación
adicional a los requisitos indicados en precedencia. Por tanto, no debe provenir
de un examen de la trayectoria laboral del uniformado, de su hoja de vida, ni de
sus antecedentes. Sólo requiere el concepto previo de la Junta Asesora y el
cumplimiento, por parte del militar, de los requisitos para acceder a la asignación
de retiro, presupuestos que la demandada satisfizo a cabalidad.

Estos hechos están plenamente demostrados, de modo que no puede decirse
que hay falsedad en los razonamientos vertidos en el acto sometido a juicio y/o
ausencia de motivación material u otro vicio invalidante de las formalidades
legales en la expedición del acto.

• No se probó que el retiro del demandante hubiere tenido un fin diferente al
contemplado en la ley y/o que hubiere obedecido a objetivos torticeros o ajenos
al interés general y al buen servicio.

• La parte demandante no demostró que la investigación penal seguida en su
contra fue la causa determinante de su desvinculación, como se indicó en el
escrito introductorio. Tampoco acreditó que el concepto emitido por la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa provino por esas circunstancias.

• Los testimonios recaudados en el proceso y la hoja de vida del actor no dan
cuenta de un desempeño excepcional o sobresaliente, que hagan deducir una
desviación de poder o una finalidad distinta al mejoramiento del servicio.

1.6 Recurso de apelación.

Inconforme con esa decisión, la vocera judicial del demandante la recurrió en
apelación.5 En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia hubiere
negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:

• El “Llamamiento a Calificar Servicios” fue empleado por motivos ajenos al
mejoramiento del servicio, pues eso se deduce de la hoja de vida del actor, que
refleja los múltiples reconocimientos, condecoraciones y felicitaciones recibidas
que, de suyo, demuestran su intachable conducta en el servicio. Estas
condiciones fueron ratificadas en las declaraciones de terceros recaudadas
durante el trámite procesal.

• El Acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional evidencia que no
analizó la hoja de vida del señor Garzón Martínez, ni las anotaciones positivas

5 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2022 00359 01 (4937-2023)
Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

contenidas en ella.

• Por tanto, es palmario el hecho según el cual el retiro del servicio se produjo con
desviación de poder, pues el verdadero motivo para ello devino de la
investigación penal adelantada en contra del actor -que no había concluido- y,
con lo cual, se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y al debido
proceso.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 20 de octubre de 2023,6 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.°
y 6.° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones de
las partes ni del Agente del Ministerio Público Delegado ante esta Corporación.

1.8 El control de legalidad.7 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,9
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por la apoderada de la parte demandante, en su condición de apelante
única.

6 Índice 4, de la plataforma SAMAI.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley […]».

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2022 00359 01 (4937-2023)
Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

2.3 Problema jurídico

De conformidad con los argumentos planteados por la recurrente, le corresponde a
la Sala establecer sí:

i) ¿La Resolución 0570 de 24 de marzo de 2021, mediante la cual se retiró del
servicio activo del Ejercito Nacional por “Llamamiento a Calificar Servicios” al Mayor
Ricardo Andrés Garzón Martínez, fue expedida con desviación de poder?

ii) ¿La hoja de vida del actor y su buen desempeño militar debieron ser valoradas
por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares al
momento de expedir el Acta 01 de 20 de enero de 2021?

En orden a resolver esos planteamientos, la Sala abordará los siguientes asuntos:
i) la regulación legal del retiro del servicio por “Llamamiento a Calificar Servicios” en
las Fuerzas Militares y; ii) la desviación de poder como causal de nulidad del acto
administrativo.

2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.4.1 La regulación legal del retiro del servicio por “Llamamiento a Calificar
Servicios” en las Fuerzas Militares.

El Decreto Ley 1790 de 2000, contuvo en su artículo 99 el retiro del servicio en los
siguientes términos:

«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que
los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad
competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los
oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de
Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los
suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el
Comandante General o Comandantes de Fuerza.

Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales
generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo
con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.».

Por su parte, el artículo 100 ejusdem,10 estableció las causales conforme a las
cuales puede ordenarse la desvinculación de los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, así:

«ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO. El retiro del servicio activo para el
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su
forma y causales, como se indica a continuación:

a) Retiro temporal con pase a la reserva:

10 Modificado por el artículo 5 de la Ley 1792 de 2016.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir cuatro (4) años en el Grado de General o Almirante, salvo lo dispuesto
en el artículo 102 de este decreto.
3. Por llamamiento a calificar servicios
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto
en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
…». (El énfasis es de la Sala)

A su turno, el artículo 103 de esa misma normativa, modificado por el artículo 25 de
la Ley 1104 de 2006, dispuso que los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares «[…] solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando
hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro».

De cara a lo expuesto, la causal en referencia solo puede emplearse en la medida
que se verifique que el personal uniformado destinatario de aquella ya cumplió con
las exigencias legales que le permiten acceder a la respectiva asignación de retiro.
En tratándose de los Oficiales de las Fuerzas Militares, se deberá contar, además,
con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

Así mismo, debe recordarse que el “Llamamiento a Calificar Servicios” no es más
que la concreción del poder de mando dentro de la fuerza pública que, por razones
de necesidad y conveniencia, permite el relevo generacional dentro de la línea
jerárquica allí establecida, actuación que supone el ascenso de algunos miembros
y la separación del servicio de otros, lo que, en palabras de esta Corporación,
«atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la
línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del
personal».11 Sobre la figura en cita, la Subsección B de esta Sección12 ha
considerado:

«[…] Esta Corporación13 ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios
corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización depende
de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución institucional y
permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el
ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual, el nominador tiene libertad
para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión
dentro de las posibilidades. Así mismo, precisó que el retiro por llamamiento a calificar
servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se
permite que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares disfruten de la
asignación de retiro14».

11 Sección Segunda, Subsección A, sentencia 4 de abril de 2019, expediente 08001-23-33-000-2014-01097-

01(1379-17), Consejero Ponente William Hernández Gómez
12 Sentencia 21 de septiembre de 2023, expediente 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022), Consejero

Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar
13Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Radicado:
760012331000200501375 01 (0197-2013).
14 Sección segunda, subsección A, M.P. Alfonso Vargas Rincón, sentencia de 18 de mayo de 2011, radicación:

54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10), actor: Edisson Rojas Suarez

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Radicado: 25 000 23 42 000 2022 00359 01 (4937-2023)
Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

En cuanto a su motivación, se ha sostenido que viene dada por la ley, por lo que,
para avalar su procedencia se deben satisfacer los pedimentos arriba transcritos. Al
respecto, en sentencia SU-297 de 2016, la Corte Constitucional pregonó:

«20. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que
determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos
a la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos administrativos,
no requieren de una motivación más allá de la extratextual contemplada en las normas
sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se
promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General
o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera
militar o policial.

[…]

25. En definitiva, y en aplicación de la reciente sentencia de unificación de la Corte,
la Sala Plena de la Corte Constitucional confirmará todos los fallos de segunda
instancia en los procesos de tutela en el entendido de que: (i) el llamamiento a
calificar servicios no requiere de una motivación expresa porque contienen una
motivación derivada de la ley constituida por los dos requisitos materiales de
tiempo servido y de la existencia de una recomendación previa de la Junta de
Asesores del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional; (ii) el buen
desempeño del cargo no se traduce en una estabilidad laboral absoluta que
limite las competencias legales de la Fuerza Pública para acudir a dicha figura
de retiro; y (iii) los actos administrativos que se deriven del llamamiento pueden
ser objeto de control judicial pero, en estos casos, los demandantes tienen la
carga probatoria de demostrar que los mismos son producto de una acción
discriminatoria o fraudulenta.» (El énfásis es de la Subsección)

Posteriormente, esta Corporación15 adujo que:

«En consecuencia, según el criterio del Consejo de Estado no debe motivarse
expresamente el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar
servicios de los oficiales y suboficiales, dado que se presume expedido con la
finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen servicio.

Ahora bien, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios,
principalmente, el hecho de que es reconocida como una manera decorosa de
culminación de servicios en la Fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente
desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así
ordene el retiro. En efecto, el buen cumplimiento de las funciones, ha sido entendido
como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera fuero e inamovilidad en
el empleo16.

De igual forma, también se ha precisado que el retiro por llamamiento a calificar
servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se

15 Sección Segunda, Subsección A, expediente 25 000 23 42 000 2017 04871 01 (5174-2019), Consejero

Ponente William Hernández Gómez.
16 En este sentido se pueden consultar la providencia del 19 de enero de 2017. Radicado: 05001-23-31-000-

1999-02281-02 (4117-2014).

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Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

permite que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía disfruten
de la asignación de retiro17.

Bajo dicho entendido, la causal de llamamiento a calificar no requiere motivación en
consideración a que ella está dada expresamente por la ley y para que proceda
solamente es necesario que el militar demuestre: (i) tener un tiempo mínimo de
servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo de
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares.
Colofón, el acto administrativo mediante el cual se retira del servicio a los miembros
de las Fuerzas Militares y de Policía con ocasión de la prerrogativa de llamamiento a
calificar servicios, no debe motivarse, empero, cuando como en este caso, se
advierten sus fundamentos, el juez debe analizar aquellos, con el fin de verificar si la
administración atendió los límites legales y constitucionales.»

No obstante, precisa la Sala que el ejercicio de la facultad discrecional bajo esta
causal no puede ser empleada con fines de persecución, de abuso de poder y/o
como respuesta sancionatoria. Por tanto, quien considere que el acto administrativo
de retiro provino por una de esas causas, puede acudir a la vía jurisdiccional.

2.4.2 La desviación de poder como causal de nulidad del acto administrativo.

En el artículo 137 del CPACA la “desviación de las atribuciones propias de quien
profirió el acto administrativo”, comúnmente conocida como “desviación de poder”
se erige, con autonomía, como una causal de anulación que se concreta, en sentir
de la jurisprudencia de esta Subsección «[…] cuando el acto si bien fue expedido
por órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad
persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico».18

Esta irregularidad se configura cuando la finalidad perseguida con la decisión es
distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico. En tratándose de actos
administrativos dimanados de la potestad discrecional, debe demostrarse que existe
contradicción entre el objeto perseguido por la ley y el obtenido por su autor. Así,
para el caso bajo estudio, es necesario acreditar que con la determinación acusada
se desmejoró la prestación del servicio militar.

Por tanto, al invocar esta causal de nulidad, el demandante deberá aportar las
pruebas pertinentes que le permitan al fallador verificar si esas condiciones se
presentaron o no -independientemente de si tal objetivo fue o no expresado en él-,
esto es, si tal finalidad satisfizo los intereses públicos -tales como la garantía de
buen servicio- o, por el contrario, si fue ajena a la norma o normas que posibilitaron
su emisión. Sobre el particular, en sentencia de 16 de julio de 2020,19 esta Sala de
Subsección concluyó:

«Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien ejerce
función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011. Radicación: 54001-

23-31-000-2001-00054-01(1065-10).
18 Sentencia de 22 de febrero de 2018, expediente No. 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17). C.P. Dr.

Rafael Francisco Suárez Vargas.
19 17001-23-33-000-2013-00257-02(2127-18), C.P. William Hernández Gómez.

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ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente
exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de
satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó
realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder12 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho
público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control
judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje central del derecho
administrativo es el control de la discrecionalidad».

Esta Corporación, aunque ha reconocido las dificultades que se pueden presentar
en punto a la demostración de esta causal, no ha morigerado la carga probatoria
que le asiste a quien la alega. Por tanto, el interesado deberá acreditar que el interés
o móvil que subyace a las expresiones de la determinación gubernamental, escapan
a la finalidad prevista en la disposición citada como fundamento de aquella.

Así las cosas, y de acuerdo con lo analizado, la Sala abordará la resolución del caso
concreto.

2.5 Caso concreto.

Primer interrogante: ¿La Resolución 0570 de 24 de marzo de 2021, mediante la
cual se retiró del servicio activo del Ejercito Nacional por “Llamamiento a Calificar
Servicios” al Mayor Ricardo Andrés Garzón Martínez, fue expedida con desviación
de poder?

Como se anotó en el acápite anterior, corresponde a la parte actora demostrar la
causal de nulidad por “desviación de poder”, por lo que le incumbe acreditar que la
voluntad de la administración se desvió a fines distintos a los autorizados por la
norma que le sirvió de base.

En el presente caso, la abogada apelante insiste en que el acto que retiró del
servicio a su cliente está viciado por “desviación de poder”, pues no solo no
propendió por mejorar el servicio, sino que, además, tuvo génesis en la
investigación penal adelantada en contra de aquél. Sin embargo, esa afirmación no
traspasa el espectro meramente subjetivo de quien la emitió, pues carece del
respaldo probatorio necesario para hacer brotar el nexo causal entre tal aseveración
y la aludida desvinculación.

En efecto, para demostrar esa aserción la parte actora acudió a los testimonios de
la señora Berny Ludgeria Martínez Salazar -madre del demandante- y del señor
Coronel ® Arley de Jesús Jiménez Mejía. Al ser indagada sobre los motivos del
retiro de la institución castrense de su hijo, la deponente afirmó:

«En razón a que usted es la madre del demandante, cuéntenos qué sabe usted
acerca del retiro de él al servicio de la entidad que ahora es demandada, Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Señoría, que fue llamado a calificar servicio,
pues no conozco ningún proceso en contra de él, no conozco que haya sido ni

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condenado ni sancionado y de hecho pues le faltaba, fue con sorpresa porque le
faltaban muy pocos días para completar los 20 años de servicio, entonces eso pues,
eso le digo. ¿En alguna conversación que haya tenido con él, él le manifestó alguna
razón por la cual fue retirado? No, nos tomó por total sorpresa, nos tomó por total
sorpresa porque de hecho estaba en servicio, esto fue para finales de marzo del 2021
y sus compañeros a los que también los llamaron a calificar servicio fueron notificados
en octubre de 2020, entonces para nosotros fue una total sorpresa.»

Ante ese mismo interrogante, el señor Arley de Jesús Jiménez Mejía, respondió:

«Usted sabe que él fue retirado del servicio, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Qué conoce
usted acerca de ese retiro? No, lo único que sé fue que un día me reuní con él, nos
encontramos en Tolemaida, igual éramos, igual somos amigos conocidos, y yo le
pregunté que, cómo le había ido en el llamamiento para el curso siguiente, y ahí fue
donde él me contó que desafortunadamente no lo tuvieron en cuenta para, para el
grado siguiente, para ser llamado a Teniente Coronel.

¿Conoce las razones de ese retiro? ¿Sabe usted o conoció algún hecho relevante
sobre ese retiro? No, no, no tengo conocimiento, sé por, por, por lo que me dijo
Ricardo Garzón en su momento, que no lo habían llamado, no lo tuvieron en cuenta,
pero desconozco los motivos por los cuales no lo llamaron. Muy bien, siendo así, si
no conoce ningún hecho que haya motivado ese retiro, el despacho no tiene más
preguntas.»

Contrario a lo argüido por la recurrente, las anteriores declaraciones no son
contundentes para demostrar la desviación de poder endilgada frente al acto
acusado. Así, los declarantes afirmaron no tener conocimiento de los motivos o
razones que originaron el “Llamamiento a Calificar Servicios” del demandante. Por
tanto, no resultan suficientes ni conclusivas para desvirtuar la legalidad de la
decisión sometida a juicio.

Por consiguiente, no se demostró que el acto de retiro haya incurrido en “desviación
de poder”. Lo que si se acreditó fue que el ente accionado satisfizo los
requerimientos legales previstos para emplear el “Llamamiento a Calificar
Servicios”, esto es: i) que su destinatario ya había cumplido las exigencias para
acceder a la asignación de retiro y; ii) que se contó previamente con el concepto de
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares.

En consecuencia, este cargo no prospera.

Segundo interrogante: ¿La hoja de vida del actor y su buen desempeño militar
debieron ser valoradas por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las
Fuerzas Militares al momento de expedir el Acta 01 de 20 de enero de 2021?

Del extracto de la hoja de vida20 expedida el 6 de julio de 2021 por la Dirección de
Personal del Ejército Nacional, se observa que durante su carrera militar el
demandante recibió 10 condecoraciones y 10 distintivos militares nacionales, 2
condecoraciones extranjeras, 90 felicitaciones y, además, que no fue destinatario
de ninguna sanción disciplinaria.

20 Expediente digital índice 2 SAMAI

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No obstante, la Sala concluye que, por sí solos, todos esos merecimientos no
desvirtúan la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado,
toda vez que el buen desempeño y la idoneidad en el ejercicio de un empleo público
se exige de todo servidor estatal. De suerte que, la excelente trayectoria militar del
oficial no restringe la potestad discrecional con que cuenta el Gobierno Nacional
para conformar la cúpula de las Fuerzas Militares y, de contera, señalar a quienes
no pueden continuar en servicio activo.

Por ende, se insiste, las condecoraciones, felicitaciones y anotaciones positivas en
la hoja de vida del personal uniformado no condicionan la voluntad del nominador
para definir qué Oficiales resultan idóneos para continuar en el servicio, pues con
esos fines atiende elementos tales como la conveniencia, oportunidad y necesidad
del servicio.

En consecuencia, este cargo tampoco prospera.

Corolario, al ser infructuosa la alzada, deviene procedente confirmar en su totalidad
la decisión de primera instancia.

2.6 Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la
Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de
las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario,
se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de mayo de 2023, proferida por
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda promovida
por Ricardo Andrés Garzón Martínez contra la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional.

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Demandante: Ricardo Andrés Garzón Martínez

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta
providencia.

TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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