Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-00170-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Temas: Retiro por llamamiento a calificar servicios
Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 4 de noviembre del 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Diego Yesid Sánchez Ruiz presentó demanda
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en orden a que se
declarara la nulidad del Decreto 720 del 10 de abril del 2014, expedido por el
Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual se ordenó el retiro del servicio
activo del demandante en forma temporal con pase a la reserva «por llamamiento
a calificar servicios».
1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que i) se ordenara su reintegro al servicio sin solución de continuidad al
cargo y grado que venía desempeñando hasta la fecha de su retiro del servicio
activo; ii) se ordenara el reconocimiento de los ascensos correspondientes de
acuerdo con los reglamentos internos, desde el momento de su desvinculación
hasta que se efectúe el reintegro; iii) se condenara a pagar todos los dineros que
se dejaron de percibir desde la fecha de su retiro y hasta la fecha de su reintegro
por concepto de salarios, prestaciones, bonificaciones, primas y demás
emolumentos a que tenía derecho como oficial en servicio activo; iv) se ordenara
reconocer dichas sumas con los aumentos salariales decretados con posterioridad
a su retiro y que sus valores sean pagados en los términos del artículo 192 del
CPACA; v) se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios: a título de daño
emergente 60 millones de pesos y a título de perjuicios morales 100 SMMLV, a
título de afectación de la relación en sociedad la suma de 500 SMMLV; vi) se
condenara en costas y agencias en derecho y vii) se diera cumplimiento al fallo.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
Diego Yesid Sánchez Ruiz se desempeñó como oficial del Ejército Nacional por
más de 34 años y su último grado fue el de brigadier general. Exhibió una hoja de
vida sin una sola tacha en todos los años de servicio en la institución, en la cual
recibió innumerables felicitaciones y reconocimientos a su sobresaliente labor y
específicamente, durante su grado de brigadier general al cual ascendió como
resultado de su desempeño académico y militar.
En el periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2010 y el 31 de enero de
2012 ocupó el cargo de director del CENAE y posteriormente, en reconocimiento
de sus virtudes profesionales, fue nombrado comandante de la Séptima Brigada
del Ejército Nacional, cargo que desempeñó entre el 31 de enero del 2012 y el 26
de octubre de 2012, en el cual obtuvo resultados operacionales y administrativos
que fueron objeto de reconocimiento por parte la institución, entre otros, (i) la
medalla Orden de Boyacá en el grado de «Gran Oficial», segundo lugar en
importancia entre todas las condecoraciones que pueda otorgarse a un oficial del
Ejército Nacional; (ii) medalla de «Fe en la causa» que ocupa el primer lugar entre
todas las medallas que pueden ser otorgadas por servicios distinguidos en la
institución; (iii) medalla «Gran Cruz al Mérito Lancero»; (iv) medalla militar escuela
de soldados profesionales «Gustavo Rojas Pinilla» y (v) medalla «Centauro de
Oro» del departamento del Meta. El buen desempeño como comandante de la
Séptima Brigada del Ejército Nacional y del Centro Nacional de Entrenamiento del
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Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
Ejército Nacional quedó evidenciado con los resultados operacionales obtenidos
durante todo su comando, los múltiples reconocimientos civiles y militares.
Debido a su labor como director y comandante en las unidades mencionadas
anteriormente, el gobierno nacional ordenó su traslado como jefe de Derechos
Humanos del Ejército Nacional, constituyéndose en una de las unidades más
importantes de la institución, cargo que desempeñó desde el 26 de octubre del
2012 hasta el 1 de diciembre del 2013, fecha en la cual fue trasladado a la
Dirección de Familia en la que se le encomendó la puesta en funcionamiento y
estructuración de la recién creada jefatura de Familia y Bienestar Social, cargo
que ocupó desde el 27 de diciembre de 2013 hasta el 18 de febrero del 2014.
Durante el tiempo en que se desempeñó como jefe de estas dos direcciones,
obtuvo resultados que fueron objeto de reconocimiento por parte de la fuerza: (i)
medalla «Orden al Mérito Militar José María Córdova» en el grado de Gran Oficial;
(ii) medalla militar «General José Hilario López»; (iii) distintivo de la Jefatura de
Derechos Humanos; (iv) condecoración Orden Cruz de la Fuerza Aérea al «mérito
aeronáutico».
Sin que mediara comunicación alguna o iniciado algún tipo de investigación
disciplinaria, administrativa o penal que le permitiera ejercer su derecho al debido
proceso, de defensa y contradicción, el 18 de febrero de 2014, en medio de un
escándalo de corrupción en el Ejército Nacional develado por los medios de
comunicación y en el que no fue nombrado, el ministro de defensa nacional, en un
acto violatorio de los principios de honra, honor y buen nombre del oficial y su
familia, anunció la intempestiva decisión presidencial de «sancionar» a Diego
Yesid Sánchez Ruiz y otros generales, por supuestamente haber incurrido en
faltas a sus deberes funcionales y ordenó su retiro de la institución, decisión de la
cual se dio a conocer por comunicado de prensa, ya que no existía acto
administrativo de retiro. El mismo día en que se produjo la decisión de sancionarlo
con el retiro de la institución, mediante radiograma de la jefatura de personal, se
dio la orden de salir a disfrutar de sus vacaciones adelantas del 2014, por un
periodo de 30 días.
El 20 de marzo del 2014, es decir, 30 días después de haberse manifestado en los
medios de comunicación que había sido retirado del servicio, se presentó al
comando del Ejército Nacional, al culminar su período de vacaciones; sin
embargo, el MG Jairo Salguero Casas, jefe de Desarrollo Humano del Ejército
Nacional, ni el mismo comandante Jaime Lasprilla Villamizar sabían cuál era su
situación laboral.
Ante la inexplicable decisión de mantenerlo en una situación de indefinición
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Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
laboral, presentó una petición ante la presidencia de la República, Ministerio de
Defensa, comandante del Ejército Nacional y el jefe de Desarrollo Humano de la
institución con el fin de que se le informara cuál era su estatus laboral, en razón a
que era un oficial en actividad, pero sin asignación de cargo ni funciones.
El 14 de abril de 2014, la Jefatura de Desarrollo Humano procedió a comunicarle
el Decreto 720 del 20 abril de ese año, proferido por el presidente de la República,
mediante el cual se formalizó el retiro que por comunicado de prensa le había sido
informado 60 días atrás. En dicho decreto se indicó que la novedad fiscal de retiro
era el 31 de marzo de 2014, es decir, 10 días antes de que se expidiera el propio
acto administrativo. La única respuesta que recibió fue el Oficio MD-CGFM-EJC-
JEDEH-DIPER.OF.1.5 del MG Jairo Salguero Casas del 14 de abril del 2014, en el
cual se le comunicó lo siguiente:
«El cargo asignado al señor Brigadier General hasta la fecha es el de jefe de la
Jefatura de Familia conforme lo dispuso el Decreto 116 del 28 de enero del 2014, al
término de sus vacaciones sigue desempeñando dicho cargo.
Mediante Decreto 720 del 10 de abril del 2014, el señor presidente de la República,
determinó su retiro del servicio activo de las fuerzas militares- Ejército Nacional en
forma temporal por pase a la reserva «por llamamiento a calificar a calificar
servicios», decisión que le fue comunicada el 14 de abril del 2014, en la jefatura de
Desarrollo Humano».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13, 15, 21, 25, 29, 209 y 217 de la
Constitución Política; 3, 5 y 44 del CPACA; 3 y 4 de la Ley 489 de 1998; 99 y 100
del Decreto Ley 1790 de 2000.
En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos2:
El Decreto 720 del 2014 que retiró del servicio al demandante por llamamiento a
calificar servicios, propone unos supuestos fácticos inexistentes y de manera
engañosa con el fin de darle viso de legalidad al acto expedido de manera
irregular. Estos elementos inexistentes se encuentran en la siguiente afirmación
contenida en el acto acusado:
«Que en criterio del Gobierno Nacional, apoyado por el mando institucional, se
considera necesario ejercer la facultad de llamamiento a calificar servicios, respecto
del citado señor Oficial, quien pertenece a la jerarquía de Oficiales Generales, de
quien si bien, como ya se precisó, el estatuto especial de evaluación y clasificación
no permite su aplicación para esta jerarquía de oficiales, el retiro por esta facultad,
2 A folios 1-52 del cuaderno 1 del expediente
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
está soportado en la necesidad de legitimar las decisiones institucionales del
mando, sobre la base de los resultados gerenciales alcanzados en el desempeño
del cargo a partir de que adquirió la jerarquía de oficial general, en donde se
observan falencias en el asesoramiento especializado desde una perspectiva
técnica y ejecutiva, que afectan la legitimidad social de la institución».
El fundamento de la decisión está en la necesidad de «legitimar las decisiones
institucionales del mando», afirmación vaga que no permite entender su alcance,
pero que dejó en evidencia el motivo de la decisión de justificar las arbitrarias
decisiones de sus comandantes y el gobierno nacional; ii) el oficial fue evaluado
sobre la base de los resultados gerenciales alcanzados en el desempeño del
cargo a partir de su condición de oficial general, afirmación falsa, pues es contraria
con la realidad de los documentos que demuestran el buen desempeño del oficial;
iii) que durante todo el tiempo como oficial general «se observaron falencias en el
asesoramiento especializado desde una perspectiva técnica y ejecutiva, que
afecta la legitimidad social de la institución», expresión ajena a la realidad pero
que permite establecer cómo la administración manifestó el incumplimiento de un
deber legal, el cual supuestamente afectó a la institución.
Las afirmaciones expuestas en el acto acusado son contrarias con la trayectoria
profesional del actor, toda vez que, en los 5 cargos ocupados como oficial general
obtuvo excepcionales resultados, pues, de lo contrario, habría sido relevado del
cargo inmediatamente, sino que fue ascendido a otros de mayor relevancia. En
consecuencia, la administración quiere hacer creer que tuvo un desempeño
deficiente como general, con el único fin de legitimar su decisión y con la cual se
pretende silenciar el escándalo de corrupción sin estar involucrado en él.
El acto demandado vulneró el artículo 99 y 100 del Decreto 1790 del 2000, por
cuanto de su contenido se desprende que el actor no fue objeto de un «retiro por
llamamiento a calificar servicios» sino de una disimulada sanción por no cumplir a
cabalidad con sus funciones como general, desconociéndosele su derecho de
defensa y contradicción. Así mismo, la administración sustentó el acto acusado en
el artículo 103 ibidem, cuando en realidad estaba ejerciendo irregularmente la
potestad del artículo 104 de la misma norma, en consideración a que la razón de
la desvinculación no fue para renovar la estructura piramidal de las fuerzas
militares con el fin de mejorar el servicio público, sino la de disimular un retiro por
voluntad del gobierno nacional, el cual fue abiertamente irregular, en la medida en
que se ejecutó fue una sanción por presuntamente haber incurrido en
incumplimiento de sus deberes, lo que afectó la prestación del servicio, pero que
como consecuencia condujo al retiro deshonroso del Ejército Nacional en el
contexto del escándalo público de corrupción, a través de una soterrada sanción
ocultada detrás del velo del supuesto llamamiento a calificar servicios.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
La verdadera motivación del acto era la de dañar el buen nombre de un oficial
excepcional para con ello lavar la imagen de las Fuerzas Militares en medio de
una coyuntura política y unos escándalos en los cuales nunca se vio implicado.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional se opuso a las pretensiones
de la demanda. Para tal efecto manifestó los siguientes argumentos:3
El gobierno nacional ejerció un poder o competencia discrecional, cuando de
manera libre tomó la decisión de llamar a calificar servicios al actor, en atención a
la normatividad vigente, es decir, el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000. En el
caso de la causal de retiro mencionada, la ley no fija motivos que se deben
adoptar para ejercer tal competencia, es decir, solo es necesario que la persona
haya estado en servicio activo por un lapso de 15 años; sin embargo, el Decreto
720 del 2014 que dispuso el retiro del actor, fue ampliamente motivado, aun
cuando no existía la obligación legal para hacerlo.
No es cierto que hubo una ausencia de motivos reales para retirar del servicio
activo al demandante y que en consecuencia, el llamamiento a calificar servicios
escondió una arbitraria sanción, pues si se observa el informe mediante el cual se
pone en conocimiento el resultado de la revista de inspección efectuada a la
Jefatura de DDHH y DIH, en donde se manifestó el concepto «inferior a lo normal»
obtenido en 3 áreas, lo que se traduce en una recomendación del mayor general
Ernesto Maldonado Guarnizo, de relevarlo del cargo, no solo del aquí
demandante, sino también de otros oficiales pertenecientes a la misma jefatura,
por lo que se desvirtúa la afirmación de la demanda de «querer esconder una
arbitraria sanción por medio de llamamiento a calificar servicios» y por el contrario,
se evidenció que hubo falencias en la gerencia y direccionamiento de la política
institucional, lo que afectó en forma directa el cumplimiento de la misión y
objetivos de la institución que conllevó una calificación inferior en la mencionada
jefatura.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 4 de noviembre del 2021 negó las pretensiones de la demanda. Para
tal efecto se pronunció en los siguientes términos4:
3 A folios 81 al 105 del cuaderno 1 del expediente
4 A folios 220 al 233 del cuaderno 1 del expediente
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
El retiro por la causal de llamamiento a calificar servicio, no se le adscribe los
efectos propios del retiro genérico laboral o sancionatorio; por el contrario, se trata
de un procedimiento que le permite al gobierno nacional reestructurar el poder
jerárquico de mando y conducción de la Fuerza Pública con celeridad, cuando así
las necesidades y conveniencias lo recomiende. Se tiene entonces, que las altas
calidades y el buen servicio prestado por el demandante no puede constituirse en
un fuero de inamovilidad del servicio.
El personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública sólo pueden ser
retirados del servicio por la causal de llamamiento a calificar servicios, cuando
cumplan con los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro o
pensión jubilatoria, esto con la finalidad de proteger la condición y necesidad
alimentaria mínima, presupuesto que se satisfizo en el caso del actor por haber
laborado al servicio del Ejército Nacional por el periodo de 33 años, 9 meses y 16
días.
Si bien es cierto en algunos apartes en el extracto de la hoja de vida del
demandante aparecen algunas exaltaciones y condecoraciones, ello no significa
que no pueda ser retirado del servicio activo, aún más, cuando cumplió con los
requisitos establecidos en los artículos 100 y 103 del Decreto 1790 del 14 de
septiembre de 2000, puesto que, aunque posea una buena hoja de vida, el
gobierno nacional puede llamar a los miembros de la Fuerza Pública a calificar
servicios, figura que está legalmente reglamentada y una vez que el uniformado
haya prestado los servicios por el tiempo establecido para acceder a la asignación
de retiro, puede ser desvinculado de la institución mediante decreto del gobierno
nacional.
Dentro del material probatorio, se observó que el actor desempeñó el cargo de jefe
de la Jefatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a partir
del 26 de octubre de 2012 hasta el 27 de enero de 2014 y al realizarse la revista
de inspección a tal dependencia por la Inspección General del Ejército entre el 18
de noviembre y 2 de diciembre de esa misma anualidad, arrojó como resultado
que en 3 de las 6 áreas evaluadas obtuvo un concepto «inferior a lo normal», es
decir, en los ítems de i) planes y estadística; ii) Dirección de Asesoría Jurídica
Operacional y iii) Dirección de Cooperación Interinstitucional, lo que conllevó a
que el inspector general hiciera las siguientes recomendaciones:
«[…] 1. Se releve del cargo y se llame a calificar servicio al señor Brigadier General
DIEGO YESID SÁNCHEZ RUIZ, Jefe de Derechos Humanos y DIH del Ejército».
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
Así las cosas, no aparecen acreditadas en el expediente las pruebas que permitan
concluir que, en efecto, la demandada obró con fines distintos del buen servicio
público, su mejoramiento o que con el retiro se afectara el servicio público.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación5 para que se revocara la
decisión de primera instancia y para tal efecto argumentó lo siguiente:
El a quo afirmó que no puede derivarse perjuicio injustificado alguno, en tanto el
retiro por llamamiento a calificar servicios no se le atribuyen los efectos propios del
retiro genérico laboral y sancionatorio como la destitución, por el contrario, se trató
de un procedimiento permitido al gobierno nacional para que reestructure el poder
jerárquico de mando y conducción de la Fuerza Pública con celeridad cuando las
necesidades y conveniencias lo recomienden; no obstante, no coincide dicho
escenario normativo con el contexto que nos ocupa, pues, fue desconocido el
hecho notorio constituido, no solo por los titulares de prensa a nivel nacional, sino
por las propias declaraciones del ministro de Defensa quien por medio de diversos
comunicados a la opinión pública señaló:
«Como lo informé desde ayer vamos a actuar con absoluta firmeza contra la
corrupción y a favor de las instituciones. Reitero al país mi compromiso institucional
con la ética, la disciplina y la innovación. En medio de la mayor severidad y con
ponderación hemos tomado las siguientes decisiones:
[…]
3. Dado que se conoció que había personas que por sus funciones debían haber
tomado medidas administrativas, gerenciales y de control respecto de lo que estaba
ocurriendo, y no actuaron con la contundencia necesaria, así como personas que
obtuvieron resultado inferior a lo normal en las inspecciones administrativas
respectivas en los últimos meses, y dados los cambios saldrán del servicio activo los
siguientes oficiales:
[…]
• Brigadier General Diego Sánchez Ruíz»
De manera que no se trató de un retiro discrecional sin visos sancionatorios que
encuentra fundamento en el cumplimiento de los requisitos para acceder a la
asignación de retiro. Clara demostración de lo anterior, es el contenido mismo del
acto acusado que tampoco fue tenido en cuenta, por cuanto de este se derivan
unos supuestos fácticos inexistentes, presentados de manera engañosa con el fin
de darle visos de legalidad. Muy a pesar de que el oficial no podía ser objeto de la
aplicación del Estatuto Especial de Evaluación y Clasificación fue supuestamente
evaluado y retirado con fundamento en los resultados gerenciales alcanzados en
el desempeño del cargo «a partir de que adquirió la jerarquía de Oficial General»,
5 A folios 236 al 243 del cuaderno 1 del expediente
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Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
afirmación que no corresponde con la realidad debido al excepcional desempeño
en el grado de general.
El fallo pasó por alto que aun cuando la justificación del retiro fueron las presuntas
falencias presentadas en el asesoramiento técnico y ejecutivo del demandante, no
fue retirado del servicio una vez finalizó su labor en el CENAE, cargo en el cual
obtuvo resultados operacionales y administrativos sobresalientes que fueron
objeto de reconocimiento por parte de la institución, sino tres años después. Por el
contrario, le fueron encomendadas labores de alta importancia operacional y
administrativa al ser nombrado en los cargos de comandante de la Séptima
Brigada del Ejército Nacional; posteriormente, jefe de la Jefatura de Derechos
Humanos del Ejército Nacional y finalmente director de la Dirección de Familia y
Bienestar Social.
Los reconocimientos desmienten el fundamento del acto administrativo que ordenó
su retiro por supuesta afectación de la legitimidad institucional por incumplimiento
de los deberes durante el grado de general, pues no se explica cómo pudo recibir
altas distinciones mientras incumplía con los deberes propios de las misiones
encomendadas desde su ascenso al grado de brigadier general. Así mismo, se
omitió que la inspección se llevó a cabo con violación del derecho al debido
proceso administrativo del actor, dado que se realizó sin que él estuviera presente
y ni siquiera contó con la presencia del inspector general según fue acreditado en
los documentos aportados.
Por último, la causal de retiro por llamamiento a calificar servicio fue empleada
como una sanción por haber incurrido en un supuesto incumplimiento de sus
deberes, lo cual se desprende del comunicado de prensa que hizo el Ministerio de
Defensa, en donde retiraba al actor en el marco de un escándalo por corrupción,
situación que tampoco se tuvo en cuenta. Pese al amplio listado de pruebas que
obran en el expediente, llama la atención que solo se haya pronunciado sobre 2
de ellas de manera imprecisa como son: el folio de vida del actor y la revista de
inspección, para así concluir que bastaban estas razones sobre los elementos de
juicio del proceso para formar el convencimiento de la Sala de que no se desvirtuó́
la presunción de legalidad del acto acusado.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional6, compartió la decisión de
primera instancia, en razón a que no existen pruebas que demuestren de forma
fehaciente que el acto administrativo demandado fue proferido de forma ilegal,
6 A índice 11 de SAMAI
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Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
persiguiendo propósitos fraudulentos, mediante falsa motivación o desviación de
poder, cuando es evidente que el trámite que se llevó a cabo por parte de la
institución ha sido ajustado a derecho, de manera tal que para todos los efectos
legales se procedió conforme con la norma, como se evidenció en el acervo
probatorio.
1.6. Concepto del Ministerio Público
Verificada la plataforma SAMAI se observa que el agente del Ministerio Publico no
emitió pronunciamiento alguno.
2. Consideraciones
2.2. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿el acto de retiro del servicio del
demandante por llamamiento a calificar servicios, se ajustó a las exigencias
legales fijadas para este tipo de decisiones dentro de las Fuerzas Militares o, por
el contrario, la entidad demandada incurrió en la desviación de poder o falsa
motivación?
Para resolver el anterior problema, se abordarán los siguientes temas: i)
regulación legal del retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios de las
Fuerzas Militares; ii) falsa motivación y desviación de poder del acto administrativo
discrecional que ordena el retiro del servicio activo mediante la causal de
llamamiento a calificar servicios; y iii) estudio del caso concreto.
2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico
planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
aplicable al caso concreto.
2.3.1. Regulación legal del retiro del servicio por llamamiento a calificar
servicios de las Fuerzas Militares
El Decreto Ley 1790 de 2000 en su artículo 99 reguló el retiro del servicio de los
miembros de las Fuerzas Militares en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales y
suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la
obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales
Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los
demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en
el Comandante General o Comandantes de Fuerza.
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Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e
inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para
el delito de abandono del servicio».
De acuerdo con el inciso segundo de la norma en cita, se tiene que los oficiales
generales o de insignia no requieren para su retiro del concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional. En cuanto a las causales de retiro, el
artículo 100 del decreto ibidem fijó las siguientes:
«ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO. El retiro del servicio activo
para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se
clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación:
a. Retiro temporal con pase a la reserva
1. Por solicitud propia
2. Por cumplir cuatro (4) años en el grado de general o almirante.
3. Por llamamiento a calificar servicios…»
A su turno, el artículo 103 de la citada normatividad dispuso que los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares sólo podrán ser retirados por llamamiento
a calificar servicios, después de haber cumplido 15 años o más de servicio,
salvo lo dispuesto en el artículo 117 de este decreto. La anterior disposición fue
modificada por los artículos 24 y 25 de la Ley 1104 de 2006 así:
«Artículo 100. Causales del retiro. El retiro del servicio activo para el personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y
causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir cuatro (4) años en el grado de General o Almirante, salvo lo dispuesto
en la Ley 775 de 2002.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto
en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
7. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literal a) de este
decreto.
8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo 104 de este decreto.
9. Por no superar el período de prueba…».
De manera específica, el artículo 103 ibidem al regular el retiro del servicio por
llamamiento a calificar servicio dispuso lo siguiente:
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Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
«Artículo 103. Llamamiento a calificar servicios. Los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios,
cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro».
Conforme con la normativa en cita, se observa que una de las causales para
efectuar el retiro del personal de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, es el llamamiento a calificar servicios y la única exigencia que se
requiere para disponer esta medida es que el oficial o suboficial haya cumplido los
requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro. Aunado a ello, para el
caso de los oficiales, se necesita el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa.
Esta Corporación7 ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios
corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización
depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución
institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas
armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual,
el nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad
y el contenido de su decisión dentro de las posibilidades. Así mismo, precisó que
el retiro por llamamiento a calificar servicios no es una sanción o trato degradante,
sino un instrumento por el cual se permite que los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares disfruten de la asignación de retiro8.
Frente a la motivación del acto de retiro por llamamiento a calificar servicios, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado:
« […] El retiro por llamamiento a calificar servicios se produce en ejercicio de
una facultad discrecional, la cual por su naturaleza no requiere motivación, se
presume ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su
expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de
aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre.
[…]
Insiste la Sala, es incuestionable que el Gobierno Nacional está autorizado por
la Ley para retirar (por llamamiento a calificar servicios) a los oficiales,
después de haber cumplido quince (15) o más años de servicio, facultad que,
como ya se hizo precisión, se presume ejercida en beneficio del buen servicio
público»9.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre de 2013.
Radicado: 760012331000200501375 01 (0197-2013).
8 Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, M.P. Alfonso Vargas Rincón, sentencia de
18 de mayo de 2011, radicación: 54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10), actor: Edisson Rojas
Suarez.
9 Sección segunda, subsección A, sentencia de 30 de octubre de 2014, M.P. Alfonso Vargas
Rincón, expediente 11001-03-15-000-2013-01936-01, actor: Carlos Mauricio Portilla Sánchez.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
En consecuencia, la causal de llamamiento a calificar no requiere motivación en
consideración a que ella está dada expresamente por la ley y para que proceda
solamente es necesario que el militar demuestre: (i) tener un tiempo mínimo de
servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para el Ejército Nacional.
Así las cosas, el acto administrativo mediante el cual se retira del servicio a los
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía con ocasión de la causal de
llamamiento a calificar servicios, no debe motivarse; empero, cuando como en
este caso, se advierten sus fundamentos, el juez debe analizar aquellos, con el fin
de verificar si la administración atendió los límites legales y constitucionales.
2.3.2. Falsa motivación y desviación de poder del acto administrativo
discrecional que ordena el retiro del servicio activo mediante la causal de
llamamiento a calificar servicios
El artículo 13710 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso
Administrativo establece el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y señala que los actos administrativos pueden ser impugnados, entre
otras causales, por falsa motivación o desviación de poder de las atribuciones
propias de quien lo profirió.
El vicio de nulidad por desviación de poder se configura cuando la finalidad
perseguida por el acto desconoce el ordenamiento jurídico. En tratándose de actos
discrecionales que son expedidos para mejorar la prestación del servicio debe
demostrarse una contradicción entre el fin perseguido por la ley y el obtenido por
el autor del acto, de manera que, para el caso de la causal, bajo estudio, es
necesario probar que el fin perseguido por el acto acusado no es el de relevar la
línea jerárquica en aras de mejorar la prestación del servicio.
Por su parte, en cuanto a la falsa motivación, se tiene que pese a que el acto
administrativo de retiro del servicio por la causal de llamamiento a calificar
servicios reviste el carácter de discrecional y en tal medida no requiere de
motivación, comoquiera que la norma establece que dicha causal procede cuando
se encuentren acreditados los requisitos para percibir la asignación de retiro y en
el caso de los oficiales cuando haya concepto de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa, lo cierto es que, para acreditar la falsa motivación, quien la aduzca
10 «ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió…».
13
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
tiene la carga de probar: i) que no contaba con el tiempo de servicio para percibir
la asignación de retiro o, 2) que no contaba con la recomendación previa de la
Junta de Asesores del Ministerio de Defensa Nacional en tratándose de oficiales o;
3) en los demás casos que el acto en realidad es producto de una acción
discriminatoria o fraudulenta.
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
Según extracto de hoja de vida expedida por la Jefatura de Desarrollo Humano de
la Dirección de Personal del Ejército Nacional, el 17 de marzo del 2014, se dejó
constancia de que i) Diego Yesid Sánchez Ruiz ingresó a la institución como oficial
el 1 de junio de 1982 y al momento de su retiro se encontraba laborando como jefe
de la Dirección de Familia y Bienestar Social; ii) contaba para esa fecha con un
tiempo de servicio de 33 años, 9 meses y 16 días; iii) ocupó los grados de
subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel y por último
Brigadier General, el cual se encontraba desempeñando desde el 1 de diciembre
del 2010 hasta la fecha de su retiro del servicio activo; iv) recibió 30 medallas en el
ejercicio de los diferentes cargos que desempeñó en la institución, de las cuales 2
de ellas fueron en vigencia del cargo como jefe de la Jefatura de DDHH y DIH:
«Orden del mérito Militar José María Córdoba» otorgada el 12 de agosto de 2013
y Medalla Militar «José Hilario López Valdés» recibida el 30 de agosto del 2013; v)
recibió 17 distintivos, de los cuales uno de ellos fue otorgado el 30 de octubre de
2013 por la Jefatura Jurídica y Derechos Humanos FAC vi) no le figuran
investigaciones disciplinarias, fiscales o penales en su contra11.
Oficio 20131300774763: MDN-CGFM-CE-CEIGE-AYU del 2 de diciembre del
2013, proferido por el comandante del Ejército Nacional, que anexó el resultado de
la revista de inspección realizada a la Jefatura de Derechos Humanos entre el 18
de noviembre y el 2 de diciembre de dicha anualidad, en la que se evidenció un
resultado «inferior a lo normal» en 3 de las 6 áreas evaluadas, es decir, en los
ítems de i) planes y estadística; ii) Dirección de Asesoría Jurídica Operacional y iii)
Dirección de Cooperación Interinstitucional, lo que conllevó a que el inspector
general hiciera las siguientes recomendaciones:
«[…] 1. Se releve del cargo y se llame a calificar servicio al señor Brigadier General
DIEGO YESID SANCHEZ RUIZ, Jefe de Derechos Humanos y DIH del Ejército.
2. Se releve del cargo al TC PEREIRA ENRIQUE EDUARDO GREGORIO, por su
falta de conocimiento de sus funciones y procedimientos a desarrollar como enlace
de la defensoría del pueblo demostrando la falta de idoneidad en el cargo.
11 A folios 44 al 63 del cuaderno 2 del expediente
14
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
3. Se releve del cargo al TC CASTILLO RODRIGUEZ DONALD WILLIAM, por
desconocimiento de la normatividad y doctrina jurídica operacional e incumplimiento
en las funciones y competencias laborales.
4. Se releve del cargo de TE JUAN FERNANDO GIL OSORIO, teniendo en cuenta
que no está dando el direccionamiento ni asesoría referente a su cargo.
5. Se releve al ST. JARAMILLO MUÑOZ DIANA CAROLINA, por desconocimiento
de funciones, competencias laborales, incumplimiento en las funciones,
despreocupación en manejo y administración del cargo principal.
6. Se releve al ST CEBALLOS TAMAYO HERNAN JAVIER, teniendo en cuenta que
fue el asesor judicial que revisó el oficio OFI-13-0000266877 – DGT-3100 del 5 de
septiembre de 2013, suscrito por la doctora SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ,
directora y Gestión territorial del Ministerio del Interior; igualmente su
desconocimiento de sus funciones, competencias laborales, no existe un control de
riesgo de alertas tempranas (sic)»12.
Según revista de inspección realizada a la Jefatura de Derechos Humanos entre el
18 de noviembre y el 2 de diciembre del 2013, se dejó constancia de las múltiples
observaciones y hallazgos encontrados, de los cuales se resaltan13:
«I) en lo referente a planes y estadísticas: 1. existe debilidad en la etapa
contractual, en vista que en los informes de supervisión, de los contratos para
adquisición de servicios, no se relacionan las actividades efectuadas por los
contratistas, en circunstancias de modo, tiempo y lugar que sirvan a su vez como
registro del avance de la ejecución contractual. 2. Al verificar el informe de
supervisión del contrato 966-ILCE-2013 (SERVICIO DE BIENESTAR Y
ALIMENTACION) de fecha del 4 de septiembre del 2013 se relaciona el suministro de
almuerzos y refrigerios a la JEDIH, en 3 eventos, con asistencia de 250 personas, en
donde según los documentos soportes de su ejecución, existen diferencias entre lo
adquirido y lo suministrado a los asistentes de los eventos.
ii) en lo referente a la dirección de análisis y seguimiento de casos: 1. De
acuerdo a los últimos pronunciamientos de la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se expresa
preocupación por las acciones de la fuerza pública que han afectado el derecho a la
integridad y la vida de la población en el desarrollo de operaciones militares. Esta
preocupación se refiere a la observación de situaciones donde hubo personas que
murieron como resultado de una falta de planeación, disciplina militar, cumplimiento
de procedimientos y que a menudo estas muertes son calificadas por los mandos
militares como “error militar” o “error invencible”, sin que asuman la reparación y no
repetición frente a los familiares. Teniendo en cuenta lo anterior, la Jefatura de DIH y
DDHH no cuenta con un dato estadístico que permita efectuar seguimiento y análisis
detallado frente a eventos reconocidos como “errores operacionales o daños
colaterales”. 2. Se observa que no se da importancia al seguimiento detallado de
casos cuestionados en desarrollo de operaciones militar, teniendo en cuenta la falta
de gestión por parte de algunos asesores para obtener la información real y oportuna
que ofrezca un análisis del contexto jurídico de cada caso.
iii) en lo referente al seguimiento de denuncias: 1. No se ha realizado control y
12 A folios 31 al 32 del cuaderno 2 del expediente
13 A folios 33 al 43 del cuaderno 2 del expediente
15
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
seguimiento a las denuncias instauradas por las Unidades Operativas Mayores y
Menores para que cumplan con lo mencionado en la Directiva Permanente 0109 de
2012 (instrucciones para la formulación de denuncias por violaciones a los derechos
humanos y al DIH cometidas por miembros de las organizaciones armadas al margen
de la ley). 2. No se ha realizado visitas a las Unidades Operativas Mayores y
Menores para orientar y asesor en temas relacionados con las Directivas 14,15,
16,18,19, 20 y 22 de 2010 y así mismo llevar control y seguimiento que el personal
esté recibiendo la capacitación adecuada al momento de encontrarse con un grupo
de estos…».
Comunicado a la opinión pública del 18 de febrero del 201414, emitido por el
Ministro de Defensa Nacional, en el cual indicó:
Radiograma expedido el 18 de febrero del 2014 por el jefe de Desarrollo Humano
del Ejército Nacional a través del cual se le informó a Diego Yesid Sánchez Ruiz
del disfrute de sus vacaciones del 2014 por el término de 30 días, a partir del 19
de febrero del 2014 hasta el 20 de marzo del mismo año15.
Petición presentada por el demandante el 20 de marzo del 201416, por medio del
cual solicitó al jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional: «informarme cual
es el cargo que a la fecha ocupo al interior del Ejército Nacional y cuáles son las
funciones que me han sido asignadas. Lo anterior por cuanto en el día de hoy, 20
de marzo del 2014, una vez terminadas mis vacaciones, requiero saber cuáles son
las funciones que me han sido asignadas como Oficial Activo. Lo anterior dado
que a la fecha no se me ha notificado de Acto Administrativo de retiro mediante el
cual el señor presidente de la República determinó mi salida». En similar sentido,
petición radicada el 31 de marzo del 2014, ante el Ministro de Defensa Nacional,
14 A folio 106 CD prueba 7 del cuaderno 1 del expediente
15
A folio 106 CD prueba 7 del cuaderno 1 del expediente
16
A folio 106 CD prueba 7 del cuaderno 1 del expediente
16
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
para que le informara su situación laboral a la fecha al interior del Ejército
Nacional17.
Decreto 720 del 10 de abril del 2014, proferido por el presidente de la República,
por medio del cual se retiró del servicio por la causal de llamamiento a calificar
servicios al brigadier general Diego Yesid Sánchez Ruiz, en razón al mejoramiento
del servicio teniendo en cuenta su bajo rendimiento operacional y administrativo
durante la ejecución del cargo de jefe de la Jefatura de DDHH y DIH y por haber
cumplido con el tiempo de servicio para recibir la asignación de retiro. En dicho
acto se precisó:
«Que en criterio del Gobierno Nacional, apoyado por el mando institucional, se
considera necesario ejercer la facultad de llamamiento a calificar servicios, respecto
del citado señor Oficial, quien pertenece a la jerarquía de Oficiales Generales, de
quien si bien, el estatuto de evaluación y clasificación no permite su aplicación para
esta jerarquía de oficiales, el retiro por esta facultad está soportado en la necesidad
de legitimar las decisiones institucionales del mando, sobre la base de los resultados
gerenciales alcanzados en el desempeño del cargo a partir de que adquirió la
jerarquía de Oficial General, en donde se observan falencias en el asesoramiento
especializado desde una perspectiva técnica y ejecutiva, que afectan la legitimidad
social de la institución.»18 El presente Acto Administrativo fue comunicado el 14 de
abril del 2014, con novedad fiscal a partir del 31 de marzo del 2014.19
Oficio 20145620385851: MD-CGFM-EJC-JEDEH-DIPER-OF-1.5, proferido el 15
de abril del 2014 por el jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, por medio
del cual dio respuesta a la petición formulada por el demandante, en el cual le
indicó que20:
«Hasta la fecha es el Jefe de la Jefatura de Familia, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 116 del 28 de enero del 2014, al término de sus vacaciones sigue
desempeñando dicho cargo.
Mediante el Decreto 720 del 10 de abril del 2014, el señor Presidente de la República
de Colombia, determina su retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares-Ejercito
Nacional, en forma temporal por pase a la reserva “por llamamiento a calificar
servicios”, decisión que le fue comunicada el día 14 de abril del 2014 en la Jefatura
de Desarrollo Humano.»
Titulares de noticias de diferentes medios de comunicación, los cuales informan
acerca de los casos de corrupción y de irregularidad en la contratación al interior
del Ejército Nacional; así mismo, los diferentes retiros de los integrantes
pertenecientes al mando institucional por hechos asociados con la corrupción21.
17 A folio 106 CD pruebas 5, 6 y 8 del cuaderno 1 del expediente
18 A folios 59 al 61 del cuaderno 1 del expediente
19 A folio 62 del cuaderno 1 del expediente
20
A folio 106 CD prueba 7 del cuaderno 1 del expediente
21 A folio 106 del cuaderno 1 del expediente
17
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
Informe donde se indican todas las actividades desarrolladas por la Jefatura de
DIH y DDHH en el año 2013, en los ámbitos de Dirección de Asesoría Jurídica y
Operacional; Dirección de Cooperación Interinstitucional; Dirección de difusión,
promoción y prevención; Dirección de Análisis y Seguimiento de Casos22.
Reconocimientos y agradecimientos expresados por el segundo comandante y
jefe de Estado Mayor del Ejército, por el procurador delegado para la defensa de
los Derechos Humanos, por el Consejo Superior de la Judicatura y del procurador
delegado de las Fuerzas Militares, en atención a la gestión del demandante como
jefe de la Jefatura de DIH y DDHH, en la cual apoyó y cooperó en el desarrollo de
la labor interinstitucional con dichas entidades23.
De las pruebas citadas en precedencia, se desprende que:
(i) Diego Yesid Sánchez Ruiz ingresó a la institución como oficial el 1 de junio
de 1982 y al momento de su retiro se encontraba laborando como jefe de la
Dirección de Familia y Bienestar Social, momento para el cual contaba con un
tiempo de servicio de 33 años, 9 meses y 16 días. Así mismo, en ejercicio de los
distintos grados y cargos que ocupó recibió múltiples reconocimientos por su
desempeñó en la institución y no contaba con investigaciones disciplinarias,
fiscales o penales en su contra; (ii) con el comunicado de prensa del 18 de febrero
de 2014 emitido por el ministro de Defensa Nacional, se dio a conocer su retiro del
servicio, en atención a que obtuvo un resultado «inferior a lo normal» en las
inspecciones administrativas respectivas en los meses de noviembre y diciembre
de 2013; (iii) a través del radiograma expedido el 18 de febrero del2014 se le
informó del disfrute de sus vacaciones del año 2014 por el término de 30 días, a
partir del 19 de febrero de 2014 hasta el 20 de marzo del mismo año y al
vencimiento de las vacaciones, solicitó al jefe Desarrollo Humano del Ejército
Nacional se le informara acerca de su situación laboral al interior de la institución y
sobre las funciones que le habían sido asignadas, ello en razón a que aún no
había sido notificado de acto administrativo de retiro; (iv) mediante Decreto 720
del 10 de abril del 2014, fue retirado por la causal de llamamiento a calificar
servicios, en razón a su bajo rendimiento operacional, gerencial y administrativo
durante la ejecución del cargo de jefe de la Jefatura de DDHH y DIH y por haber
cumplido con el tiempo de servicio para recibir la asignación de retiro, acto
administrativo comunicado el 14 de abril de 2014, con novedad fiscal a partir del
31 de marzo de dicha anualidad; (v) según informe de la revista de inspección
realizada a la Jefatura de Derechos Humanos entre el 18 de noviembre al 2 de
22
A folio 175 CD pruebas documentales del cuaderno 1 del expediente
23
A folio 175 CD pruebas documentales del cuaderno 1 del expediente
18
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
diciembre de 2013, se evidenció un resultado «inferior a lo normal» en los ítems
de i) planes y estadística; ii) Dirección de Asesoría Jurídica Operacional y iii)
Dirección de Cooperación Interinstitucional, lo que conllevó a que el inspector
general recomendara su relevo del cargo y se llamara a calificar servicios como
jefe de Derechos Humanos y DIH del Ejército; (vi) si bien, el actor fue retirado del
servicio en medio de un escándalo de corrupción al interior del Ejército Nacional;
no obstante, ello no aparece que se le haya vinculado con tales hechos, sino por
razones derivadas de la revista realizada a su gestión en la Jefatura Derechos
Humanos.
Respecto de la omisión del a quo en no apreciar como hecho notorio que su retiro
fue una respuesta del gobierno nacional contra la corrupción que para ese
momento se presentaba en la institución, la Sala observa que en ninguna de las
declaraciones o comunicados de prensa se haya vinculado a Diego Yesid
Sánchez Ruiz con los escándalos de corrupción; por el contrario, el citado
comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Defensa Nacional fue claro en
indicar que la justificación del retiro del servicio de los mencionados oficiales, entre
ellos el demandante, se debió a que en el ejercicio de sus funciones algunos no
tomaron las medidas administrativas, gerenciales y de control respecto de lo que
estaba ocurriendo y no actuaron con la contundencia necesaria, así como otros,
obtuvieron resultado inferior a lo normal en las inspecciones administrativas
respectivas, situación esta última que fue la aplicada en el caso del actor, tal como
consta en el Decreto 720 del 10 de abril del 2014 y en el informe de la revista de
inspección a la Jefatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, en la que se indicó que la labor gerencial, operacional y
administrativa como jefe de esa dependencia, se vieron afectadas por una
calificación inferior a lo normal, observaciones y hallazgos que fueron trascritos en
el acápite de los hechos probados y del cual se evidenció falencias en 3 de los 6
ítems revisados, lo cual llevó a que el inspector general de la entidad recomendara
el relevo del demandante.
Si bien el recurrente acusa que el tribunal desconoció lo informado por titulares de
prensa a nivel nacional a través de los cuales se hizo mención de los bienes
inmuebles adquiridos por generales vinculados con el escándalo de corrupción en
la institución militar, lo cierto es que, frente a tales informes de prensa con los que
el actor pretende demostrar las causales de falsa motivación y desviación de
poder invocada contra el acto acusado, precisa la Sala que estos son susceptibles
de valoración probatoria, bajo el entendido de que resultan idóneos para acreditar
la publicación de una noticia determinada, pero no para demostrar su veracidad,
de ahí que para efectos de establecer si los hechos ocurrieron en la forma en que
en ellos se indica, la situación se debe valorar de forma racional y en concordancia
con el resto del acervo probatorio.
19
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
En esa medida, el relato periodístico de los hechos referidos a la adquisición de
bienes inmuebles por parte de algunos oficiales retirados, solo puede servir como
indicador para el fallador, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza
de su contenido, sin que para ello, se haya aportado otras pruebas que
permitieran obtener certeza del contenido de tales titulares; sumado al hecho que
las razones expuestas en el acto acusado que sirvieron de fundamento para el
retiro del servicio activo del actor no obedecieron a tal hecho de corrupción. Sin
embargo, del examen integral de las pruebas que reposan en el proceso, se
acreditó la congruencia que existe entre lo manifestado y publicado en la página
institucional por parte del ministro de la época, las razones expuestas en el acto
acusado y los hallazgos encontrados por el inspector general del Ejército Nacional
que dieron lugar a recomendar el relevo del demandante en la institución, sobre
los cuales, existe plena veracidad.
En los anteriores términos, no resulta de recibo el argumento del recurrente según
el cual, las razones explicitadas en el acto demandado son engañosas y obedecen
a supuestos inexistentes, por cuanto que, de lo probado en el proceso se tiene
debidamente acreditado los hallazgos encontrados en la revista de inspección
adelantada a la Jefatura de Derecho Internacional Humanitario y Derechos
Humanos que lideró el actor y respecto del cual, no desvirtuó ninguna de las
falencias advertidas en dicho informe relacionadas con debilidades en la etapa de
contratación correspondiente al ítems de planes y estadísticas; fallas en la
planificación, disciplina militar, cumplimientos de procedimientos que
desencadenaron en pronunciamientos del alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y por último, la falta de seguimiento y control
a las denuncias realizadas por las unidades operativas tendiente a dar
cumplimento de la directiva 109 de 2012
El demandante cuestiona que, si la justificación de retiro fueron las falencias
presentadas en el asesoramiento técnico y ejecutivo, en tanto afectó la legitimidad
social de la institución, hubiera sido retirado del servicio una vez finalizó su labor
en el CENAE, sino que ello solo ocurrió 3 años después. Sobre el particular,
observa la Sala que el informe derivado de la revista de inspección realizada a la
Jefatura de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que lideraba
el actor desde el 26 de octubre de 201224 se llevó a cabo entre el 18 de noviembre
al 2 de diciembre de 2013 y el acto de retiro del servicio fue proferido el 10 de abril
de 2014, es decir, un poco más de 4 meses de haberse levantado el informe que
dio lugar a la recomendación de relevar al demandante de la institución, de
24
Según extracto de hoja de vida que reposa a folio 44 al 63 del cuaderno 2
20
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
manera que, no le asiste razón al recurrente frente a tal argumento de la
apelación.
De otra parte, arguyó que solo se tuvo en cuenta para resolver la litis 2 pruebas
como fueron, el folio de vida y la revista realizada por la inspección general del
Ejército, desconociendo que del contenido del acto de retiro se le imputó
incumplimiento de sus deberes que afectó la legitimación social de la institución y
con base en ello, se le sancionó con su desvinculación sin haberle iniciado un
proceso que le permitiera ejercer su derecho de defensa y contradicción, lo que
deja ver que la finalidad no fue el mejoramiento del servicio.
Es pertinente indicar que para el retiro del servicio de Diego Yesid Sánchez Ruiz,
la administración acudió a la causal de llamamiento a calificar servicio, la cual,
prevé que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares podrán ser retirados
después de haber cumplido 15 años o más de servicio, tiempo con el cual le es
posible hacerse acreedor a la asignación de retiro, requisito que para el caso del
demandante se encontraba acreditado en tanto contaba con 33 años, 9 meses y
16 días de servicios prestados al Ejército Nacional, es decir, que superaba el
tiempo establecido en la norma para aplicar la aludida causal, de manera que, su
retiro estuvo sujeto a la finalidad de la norma, esto es permitir la evolución en la
línea jerárquica institucional en aras de mejorar la prestación del servicio. En otras
palabras, lo previsto en el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000, no establece un
procedimiento para escuchar en descargos u otro similar, previo a proferir la
decisión de retiro por la mencionada causal, como lo pretende hacer exigible el
actor.
Ahora bien, respecto al Estatuto Especial de Evaluación y Clasificación, si bien el
Decreto 1790 del 2000, en su artículo 1º, exceptúa de su aplicación a los oficiales
generales y de insignia, en lo que tiene que ver con la determinación de su
desempeño profesional en el marco de ascensos, asignación de premios,
distinciones o estímulos, mejor utilización del talento humano, capacitación y
retiros del servicio activo; no obstante, ello no es impedimento para ejercer la
facultad de verificación y evaluación de la gestión del personal de mando, pues
como bien lo precisa el reglamento general sobre inspección del Ejército Nacional,
su finalidad es comprobar el cumplimiento de leyes, normas, disposiciones,
políticas, procesos y procedimientos en todos los niveles del mando, con el fin de
evaluar objetivamente el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. Por lo
tanto, los informes de las revistas de inspección constituyen una herramienta clave
que aporta información sobre la verificación de la gestión, en aras de mejorar el
desempeño institucional.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00170-01 (5496-2022)
Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
De modo que, en el presente caso al haberse utilizado el informe de la inspección
realizada a la Jefatura de DIH y DDHH en noviembre y diciembre del 2013, como
uno de los elementos que motivaron la expedición del Decreto 720 del 2014;
encuentra la Sala que no se vulneró el Decreto 1790 del 2000, por cuanto dicho
instrumento se utilizó como una herramienta que permitió evidenciar deficiencias
en su administración y manejo operacional como jefe de tal dependencia.
Ahora, frente a la afirmación del recurrente de que no corresponde la realidad
fáctica con las actuaciones de la administración, en razón de los reconocimientos
y condecoraciones obtenidas que demuestran su excepcional desempeño como
oficial en el grado de general, la Sala no desconoce los reconocimientos obtenidos
por el actor, comoquiera que según extracto de su historia laboral no le figuran
sanciones y fue objeto de múltiples condecoraciones y felicitaciones, así como de
anotaciones positivas por el ejercicio de la actividad militar y profesional en los
diferentes cargos y grados que tuvo en la institución.
No obstante, la permanencia del personal uniformado no depende solamente de
una hoja de vida en donde no se advierta la existencia de antecedentes penales o
disciplinarios en contra, ni de las condecoraciones o reconocimientos logrados,
pues ello es fruto del deber connatural que tenía como servidor público. Aunado a
ello, se encuentra demostrado que el hallazgo reportado como resultado de la
revista de inspección llevada a cabo en la Jefatura del DIH Y DDHH, fueron
recientes en comparación con el momento de su retiro, de manera que, tal hecho
se erigió como un fundamento sólido y válido para que la administración aplicara
la causal de retiro en aras del mejoramiento del servicio. En ese sentido, no pierde
de vista la Sala que las exaltaciones y condecoraciones no desvirtúan el
fundamento del acto administrativo que ordenó su retiro, en razón a que, ellas
fueron otorgadas en el ejercicio de otros cargos y grados al interior de la institución
militar, de los cuales no se discute su buen desempeño profesional. De tal manera
que, pese a tener una excelente hoja de vida a lo largo de su carrera militar, ello
no lo exime de haber presentado falencias en el ejercicio del cargo de jefe de la
Jefatura del DIH y DDHH.
Por último, frente al ejercicio del cargo de director de la Jefatura de Familia y
Bienestar Social, al que fue encomendado con posterioridad a la ocupación del
cargo de jefe de DIH y DDHH; alcanzó solo a desarrollar 3 meses contados desde
el 28 de enero de 2014 al 20 de abril de la misma anualidad, tiempo que no tiene
mayor incidencia por cuanto, al ser demasiado corto no alcanzó a evidenciarse el
cumplimiento de metas y objetivos. En tal sentido, la observación se hizo solo
frente al ejercicio del cargo como jefe de la Jefatura de DIH y DDHH, del cual se
evidenciaron falencias administrativas y operacionales en el año 2013, resultado
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Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
que arrojó una nota de censura y se convirtió en uno de los sustentos para ser
retirado del servicio mediante la causal de llamamiento a calificar servicios.
Adicionalmente, el recurrente manifestó que la Revista de Inspección realizada por
Inspección General del Ejército, entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre del
2013, se llevó a cabo con violación del derecho al debido proceso administrativo,
en razón a que se realizó sin que él estuviera presente; no obstante, según el
reglamento general de inspecciones de la Fuerzas Militares, estas se clasifican
según su formalidad en formales e informales, en donde las primeras se practican
con previo aviso de 30 días, para que la unidad prevea las actividades
protocolarias de acuerdo con los reglamentos de ceremonial y protocolo militar
vigentes; mientras que, las segundas se practican sin previo aviso o cuando se
han comunicado antes de treinta (30) días y no requieren la realización de
actividades ceremoniales y protocolarias; su alcance puede ser total o parcial. Es
así como la no comparecencia del demandante en la práctica de la inspección, no
comporta una violación al debido proceso, pues como quedó estipulado en el
informe, esta se desarrolló de manera informal sin un previo aviso. Del mismo
modo, la no comparecencia del inspector general del Comando del Ejército,
tampoco conllevó una violación al procedimiento administrativo, por cuanto este se
encuentra facultado para delegar al personal de inspección general para que lleve
a cabo la verificación de la gestión.
2.5. Costas.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en atención a que en el
trámite no se observa que se hayan causado, ni que las partes hayan desplegado
un actuar temerario.
3. Conclusión
La Sala concluye que la causal de llamamiento a calificar servicios mediante la
cual se retiró al demandante, no fue empleada como una sanción por haber
incurrido en un supuesto incumplimiento de sus deberes, ni como un intento para
limpiar la imagen de la institución frente a los escándalos de corrupción que se le
endilgaban a la institución militar; sino por el contrario, obedeció a la facultad del
gobierno nacional de renovar la cúspide piramidal en aras de mejorar la prestación
del servicio en la medida en que el actor había cumplido con los requisitos para
ser beneficiario de la asignación de retiro. En consecuencia, se descartan los
reproches del recurso de apelación, en razón a que no se logró probar la falsa
motivación como tampoco la desviación de poder, pues en este caso, la
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Demandante: Diego Yesid Sánchez Ruiz
motivación y la finalidad del acto demandado se ajustaron a la realidad fáctica y
jurídica que establece la norma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 4 de noviembre del 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Diego Yesid
Sánchez Ruiz contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
Segundo. - Sin condena en costas.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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