Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02706-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02706-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02706-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
8 de septiembre de 2022
Demandante: César Augusto Santos Pacheco
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02706-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02706-01
Demandante: CESAR AUGUSTO SANTOS PACHECO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos fáctico y
desconocimiento del precedente. Confirma improcedencia y
adiciona negativa de la solicitud de amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de
1° de julio de 2022, por medio del cual la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor César Augusto Santos Pacheco, en nombre propio, interpuso acción de
tutela el 17 de mayo de 2022, con el fin de que le fueran amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo.
La referida garantía constitucional la consideró vulnerada con ocasión de la
sentencia de 31 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual confirmó la
decisión del Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de 11 de
julio de 2019, a través de la cual negó las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, proceso que se identificó con
el radicado 11001-33-42-056-2017-00570-01.
1.2. Pretensiones
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
«PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARA, SECCÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN
“A”, Sentencia del 31 de marzo de 2022 dentro del radicado No. 11001-33-42-
056-2017-00570-01.
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Demandante: César Augusto Santos Pacheco
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02706-01
SEGUNDO: En su lugar AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de
CÉSAR AUGUSTO SANTOS PACHECO C.C. 13.870.991 expedida en
Bucaramanga.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 04 de septiembre de 2017,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “A” dentro del radicado No. 11001-33-42-056-2017-00570-01. Y
en consecuencia ORDENAR a esa autoridad judicial, que dentro de plazo que se
disponga, siguientes a la notificación de Acción de Tutela, se profiera una nueva
decisión en la que sean tenidas en cuenta las consideraciones particulares y de
derecho del Tutelante CÉSAR AUGUSTO SANTOS PACHECO C.C. 13.870.991
expedida en Bucaramanga» (Sic para la cita)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia:
El señor César Augusto Santos Pacheco adujo que ejerció el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional, con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución N°. 4037 del 8 de junio de 2017, mediante la cual fue retirado del
servicio por llamamiento a calificar servicios. A título de restablecimiento del
derecho solicitó su reintegro al grado homólogo de sus compañeros de curso y
el pago de lo dejado de percibir, así como el reconocimiento de los perjuicios
morales y por daño a la salud causados con la decisión de la administración.
Indicó que el asunto le correspondió al Juzgado 56 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, autoridad que en sentencia de 11 de julio de 2019 negó las
pretensiones de la demanda con fundamento en que: (i) el llamamiento a calificar
servicios es una causal de retiro legal1 que constituye una facultad legítima y
discrecional para permitir la renovación del personal uniformado de la Fuerza
Pública, sin que ello implique que esta se use de manera arbitraria; (ii) la decisión
demandada obedeció al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional2 y al tiempo de servicio del accionante que superaba los 16
años; y (iii) el buen desempeño en el cargo no era determinante para entender
una estabilidad laboral absoluta.
1 Numeral 3°, literal (a), artículo 100 del Decreto 1790 de 2000, modificado por la Ley 1104 de
2006, a su vez, parcialmente modificado por la Ley 1405 de 2010.
2 Artículo 99 del Decreto 1790 de 2000: “Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que
los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente,
cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de
oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno;
y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá
delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza. Los retiros de oficiales deberán
someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas
Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio
sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de
abandono del servicio. El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.”
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Demandante: César Augusto Santos Pacheco
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02706-01
Relató que interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el a quo erró
por: (i) no admitir las pruebas aportadas en el término para alegar de conclusión;
y (ii) que la escogencia para ascenso no es discrecional ya que se hace mediante
reglamentación y se debe tener en cuenta antigüedad jerárquica, nivel de
estudios y perfil para el cumplimiento de la visión, debido a que el llamamiento a
calificar servicios solo tiene por objeto el mejoramiento del servicio y, en su caso
particular, contrario a sus compañeros de curso, no fue ascendido por motivos
ajenos al servicio.
Refirió que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, mediante sentencia de 31 de marzo de 2022,3 confirmó la decisión
del a quo luego de considerar que:
(i) En los artículos 1004 y 1035 del Decreto Ley 1790 de 2000 se
establecieron las causales y la figura del llamamiento a calificar
servicios, respectivamente.
(ii) En el artículo 1° del Decreto 991 de 20156 señala que la condición para
que proceda el retiro por la causal mencionada es el cumplimiento de
15 años de servicio.
(iii) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en indicar
que esta figura constituye una facultad discrecional que no requiere de
mayor motivación, debido a que su procedencia se limita al
cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma7, en ese
orden, el acto se presume legal y quien pretenda su nulidad, deberá
demostrar que en su expedición mediaron razones diferentes al
mejoramiento del servicio.
3 Frente a esta decisión, uno de los magistrados integrantes de la Sala de Decisión salvó voto.
4 Artículo 100. Causales del retiro. El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a
continuación: a) Retiro temporal con pase a la reserva: (…) 3. Por llamamiento a calificar servicios
(…)”.
5 “Artículo 103. Llamamiento a calificar servicios. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido
los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro.
6 “Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares”.
7 Cita original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, Bogotá, D.C.,
veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 11001-03-15-000-2014-
00724-00(AC).”;” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, Magistrado Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Bogotá, once (11) de junio de
dos mil nueve (2009). Radicación No. 250002325000200101287 01. Expediente: No. 2368-2008.
Actor: Antonio José Navarro Arango. Autoridades Nacionales”;” Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón,
Bogotá D.C., abril ocho (8) de dos mil diez (2010). Radicación número: 25000-23-25-000-1999-
06200-01(0505-04). Actor: Guillermo Alberto Díaz Díaz. Demandado: Gobierno Nacional”;
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda -Subsección “b”.
Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos
mil once (2011). Radicación número: 68001-23-31-000-2004-00753-01(0779-11). Actor: Mario
Alberto Cañas Ortega. Demandado: Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.”; “Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero
ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ, Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve
(2019). Radicación número: 08001-23-33-000-2014-01097-01(1379-17).”.
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(iv) En la sentencia SU-091 de 2016, la Corte Constitucional indicó que no
era exigible la motivación de los actos administrativos que disponían el
retiro de personal con fundamento en el llamamiento a calificar
servicios, pues su procedencia está determinada a que el funcionario
tenga derecho a la asignación de retiro y cuente con una
recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, criterio
que fue iterado en la sentencia SU-217 de 2016.
(v) Finalmente, resaltó que el excelente desempeño no implica una
estabilidad laboral reforzada, y que lo relativo a la persecución del actor
por una presunta denuncia por irregularidades en el manejo del
combustible no se demostró, por cuanto solo consta en el expediente
un reporte interno elaborado por el demandante sobre un faltante del
hidrocarburo, hecho que únicamente evidencia que el actor estaba
ejerciendo una de sus funciones.
Por lo anterior, el tribunal censurado concluyó que el la Resolución N°. 4037 de
8 de junio de 2017 cumplió con los presupuestos legales, en la medida en que
para la fecha de expedición el demandante contaba con un tiempo de servicio de
16 años y 1 día, y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las
Fuerzas Militares, mediante Acta N°. 004 de 25 de abril de 2017 recomendó el
retiro del demandante por llamamiento a calificar servicios.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El tutelante indicó que el tribunal censurado incurrió en los siguientes defectos:
1.4.1. Luego de citar apartes del salvamento de voto del magistrado José María
Armenta Fuentes, aseguró que la sentencia cuestionada carece de motivación
por cuanto las consideraciones no corresponden a los hechos referidos en la
demanda, lo que le permitió concluir que la decisión estuvo soportada en
conjeturas que dieron lugar a una resolutiva arbitraria.
1.4.2. Agregó que se configuró un defecto fáctico “por omisión de decretar
pruebas indispensables para la correcta aplicación de justicia y valoración
deficiente de la prueba en segunda instancia”. (Énfasis del texto)
Al respecto, argumentó que el juez de primer grado debió solicitar de oficio las
hojas de vida de dos de sus compañeros8 que fueron seleccionados para
ascenso, quienes tenían menos antigüedad, habilidades y calidades que el
accionante, aspectos mediante los cuales se habría demostrado sin duda la falsa
motivación del acto de retiro, por cuanto es evidente que no obedecía a la mejora
y conveniencia del servicio según lo estipulado en el artículo 64 del Decreto 1799
de 2000, en el cual se señalan las consideraciones para el ascenso.
1.4.3. Indicó la existencia de un “[d]efecto procedimental por Desconocimiento del
Precedente Jurisprudencial”, respecto al cual la Sala lo infiere como un
desconocimiento del precedente.
8 Diego Felipe Duque Uscátegui y Jorge Iván Salazar Patiño.
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En ese orden, refirió que al caso concreto debían aplicarse las reglas
establecidas en la sentencia SU-091 de 25 de febrero de 2016, concretamente,
aquella determina que, si bien no es exigible una motivación expresa del acto por
estar contenida en la ley, lo cierto es que “tampoco es aceptable que el llamamiento
a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de persecución por
razones de discriminación o abuso del poder”.
Lo anterior, debido a que su retiro no estuvo justificado en la conveniencia del
servicio por la renovación de la línea jerárquica, sino a un acto “contrario a los
derechos fundamentales, a la igualdad, el trabajo y el debido proceso, motivados por la
denuncia de pérdida de combustible que reposa suficientemente acreditada en todas las
instancias ordinarias del proceso”.
1.5. Trámite de la acción9
Mediante auto de 20 de mayo de 2022, el juez a quo admitió la acción de tutela
y ordenó notificar a la parte actora, y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A como autoridad judicial accionada.
Adicionalmente, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés, del
Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, así como de “las personas y/o
entidades que hayan participado en el proceso ordinario”.
1.6. Intervenciones
Librados los oficios correspondientes, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
El magistrado ponente de la decisión censurada sostuvo que la sentencia de 31
de marzo de 2022 y las actuaciones proferidas en el medio de control ordinario
se ajustaron a la Constitución Política y a la ley, conforme al análisis de los
hechos y del acervo probatorio allegado al proceso, por lo que no se advierte que
la providencia adolezca de los defectos planteados por el actor.
Resaltó que la parte demandante es la que tiene la carga de demostrar los
supuestos sobre los cuales sustenta sus pretensiones, por tanto, no es factible
que se pretenda trasladar ese deber procesal al juez de conocimiento, máxime,
porque no solicitó las pruebas que adujo como piezas clave para resolver el
asunto a su favor, en las oportunidades procesales correspondientes.
Puntualizó que la decisión cuestionada se dictó en estricto acatamiento de la
sentencia SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional, análisis que dio lugar a
concluir que el acto administrativo demandado fue expedido en uso de la facultad
9 Mediante auto del 22 de noviembre de 2021 se inadmitió la acción de tutela y se dispuso requerir
a la parte accionante para que allegara: (i) el poder especial con el lleno de los requisitos legales
y (ii) un memorial aclaratorio, en el que indicaran cuáles eran las entidades accionadas y las
providencias o actos, según sea el caso, que consideraba la causa de la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales.
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discrecional para retirar del servicio al demandante por llamamiento a calificar
servicios, respecto del cual, no se logró acreditar la desviación de poder o falsa
motivación.
Finalmente, agregó que los señalamientos del accionante carecen de
argumentos, pues lo que pretende es que en sede de tutela se aborde un debate
que ya fue zanjado por el juez constitucional natural y, en ese sentido, se deben
denegar las peticiones de la acción de tutela.
1.6.2. Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
A través del ponente de la decisión de primer grado, expuso que el argumento
del defecto fáctico por la presunta omisión en el decreto de pruebas no fue un
aspecto puesto en consideración en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, comoquiera que el demandante no las solicitó en
las etapas correspondientes, razón por la cual la acción constitucional no es
procedente para efectos de analizar tal reproche.
Agregó que no se incurrió en ninguna causal específica de procedibilidad, en la
medida en que las decisiones de las dos instancias fueron adoptadas con
sujeción al régimen jurídico aplicable para el caso concreto, y desde el estudio
de los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Por último, señaló que los jueces de la república están revestidos de autonomía
en el ejercicio de su función judicial y que, en todo caso, no se vislumbra la
vulneración fundamental aludida.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 1° de julio de 2022,10 la Subsección C, de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, declaró improcedente la tutela al concluir que la
solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional.
Lo anterior, por cuanto adujo que con el defecto fáctico la parte accionante
pretendía subsanar su falta de diligencia en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en atención a que los medios probatorios
que señaló como no valorados por la judicatura censurada, no fueron aportados
ni solicitados en las etapas procesales pertinentes.
Adicionalmente, aseguró que, en relación con el yerro por desconocimiento del
precedente, no era posible descender al estudio del fondo del reclamo debido a
que el argumento carecía de carga argumentativa mínima, toda vez que se limitó
a señalar la sentencia presuntamente desatendida y la regla contenida en esta,
sin explicar su incidencia en el sentido de la decisión reprochada.
Finalmente, concluyó:
10 Esta decisión se notificó vía electrónica el 2 de agosto de 2022.
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“En ese orden, la Sala considera que el tutelante trajo a este trámite constitucional
cuestionamientos que, lejos de indicar los yerros presentes en relación con la
valoración del acervo probatorio, las normas y las reglas jurisprudenciales
aplicadas en el estudio fáctico y jurídico realizado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en realidad plantean
consideraciones personales sobre la forma de estudiar el asunto y las conclusiones
que debieron proponerse”.
1.8. Impugnación
Mediante escrito radicado oportunamente el 4 de agosto de 2022, el señor César
Augusto Santos Pacheco impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se
revoque, para, en su lugar, acceder a la protección de sus derechos
fundamentales.
1.8.1. Respecto al defecto fáctico, insistió en que la judicatura reprochada no
valoró “el hecho que el llamamiento a curso, es un proceso de evaluación profesional y
personal que busca conocer el comportamiento, trayectoria e idoneidad del servicio
respecto del personal., (sic) en tanto es igual a lo propendido en un concurso de méritos
(…) Así que, el hecho de fallar minimizando las actitudes (sic) probadas para ser el mas
(sic) opcionado en la prestación del servicio demandado por el Estado a través de sus
Fuerzas Militares, contradice otros pronunciamiento de la Corte Constitucional, sobre la
importancia de la escogencia diáfana aplicable”.
Adujo que se apreció incorrectamente la Resolución No. 4037 de 8 de junio de
2017 por cuanto en la sentencia reprochada se señaló que no adolece de falta o
falsa motivación, debido a que se dictó con sujeción a los presupuestos legales
y jurisprudenciales, concretamente la sentencia SU-091 de 2016 en la que la
Corte Constitucional estableció que la motivación está contenida en el acto de
forma extratextual por cuanto los requisitos los estipuló la ley.
Lo anterior, debido a que no se tuvo en cuenta que en el mencionado
pronunciamiento se indicó “que el retiro de los servidores de la fuerza pública no puede
confundirse con la facultad discrecional en arbitrariedad, pues deben cumplirse los
parámetros de proporcionalidad y razonabilidad, aunque en el respectivo acto
administrativo no sea necesaria la motivación expresa”.
1.8.2. En relación con el desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado contenido en la sentencia de unificación SUJ-26-S2 de 7 de abril de 2022,
indicó que se desconoció la regla establecida en esta y se limitó a transcribir un
aparte extenso de la providencia en la que se indica, en síntesis, que el juez debe
evaluar los elementos existentes en el expediente, que le permitan desvirtuar la
presunción de la justificación de los motivos que dieron lugar a la expedición del
acto.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 1° de julio de 2022 proferida por la Subsección C,
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto
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2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021
y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 1° de julio de 2022, a través de la cual, la
Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación declaró improcedente la
solicitud de amparo.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio
de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial;
(ii) el estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, en el caso de
encontrarse superado; (iii) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema12.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta
el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 14, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Contrario a lo señalado por el juez de tutela de primer grado, para la Sala
el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por
11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
13 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los
supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y
probatoria, se advierte que la parte actora solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo.
De acuerdo con lo anterior, en el asunto concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales señalados por el tutelante, comoquiera que alegó que
se desconoció la sentencia C-091 de 2016 de la Corte Constitucional, en la que
se indicó que el retiro de los servidores de la fuerza pública no puede confundirse
con la facultad discrecional en arbitrariedad, así como el fallo SUJ-26-S2 de 7 de
abril de 2022 del Consejo de Estado, en el cual se estableció que el operador
judicial debe evaluar los elementos existentes en el expediente, con el fin de
desvirtuar la presunción de la justificación de los motivos que dieron lugar a la
expedición del acto.
Por lo anterior, se advierte que el debate trasciende de un estudio de lo
meramente legal, debido a que se planteó la comisión de los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente, que derivó en la transgresión de las garantías
fundamentales deprecadas por el tutelante.
2.4.2. Por otro lado, se establece que la acción de tutela de la referencia no se
dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia
judicial censurada fue proferida en el marco de proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez es preciso señalar que, la providencia
censurada fue proferida el 31 de marzo de 2022 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras que la
solicitud de amparo se presentó el 17 de mayo de 2022, de manera que, sin
necesidad de precisar la fecha de su ejecutoria, se evidencia que ha transcurrido
un término que a juicio de la Sala es razonable.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201415, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200516, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencias judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con estas.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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2.4.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos judiciales,
en el caso concreto, el proveído que se cuestiona es el proferido el 31 de marzo de 2022
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante la cual confirmó la decisión del Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá de 11 de julio de 2019, a través de la cual negó las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento identificado con el radicado 11001-33-42-056-
2017-00570-01, razón por la cual contra la providencia controvertida no procede ningún
recurso ordinario y los cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia
de los recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad
de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección de derechos de
terceros.
2.5. Caso concreto
2.5.1. En el sub examine el tutelante adujo la trasgresión de sus garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que confirmó la decisión negativa del Juzgado 56 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor César Augusto Santos
Pacheco, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional.
2.5.2. El primer argumento a analizar, es relativo al defecto fáctico, consistente
en que el tribunal reprochado no valoró la Resolución N°. 4037 del 8 de junio de
2017, mediante la cual fue retirado del servicio por llamamiento a calificar
servicios.
Ello, por cuanto en la sentencia reprochada se señaló que el referido acto no
adolece de falta o falsa motivación, por haberse dictado de conformidad con lo
señalado en la sentencia SU-091 de 2016, pese a que no se tuvo en cuenta “que
el retiro de los servidores de la fuerza pública no puede confundirse con la facultad
discrecional en arbitrariedad, pues deben cumplirse los parámetros de proporcionalidad
y razonabilidad, aunque en el respectivo acto administrativo no sea necesaria la
motivación expresa”.
Al respecto, se considera necesario aclarar que, si bien el señor César Augusto
Santos Pacheco planteó este reparo desde la óptica de un yerro fáctico, lo cierto
es que para este juez constitucional la argumentación expuesta por el actor no
se encuadra en tal irregularidad comoquiera que no señaló de manera concreta
un elemento de prueba que fuera omitido en la valoración por parte del tribunal
enjuiciado, sino que se limitó a señalar que la autoridad de segunda instancia no
tuvo en cuenta que la expedición del acto no se fundó en razones del
mejoramiento del servicio, debido a que quien merecía ser seleccionado para el
curso de ascenso era el actor y no sus dos compañeros que no tenían las
calidades suficientes para tal efecto.
En se sentido, la Sala infiere que el planteamiento del tutelante realmente radica
en el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional contenido en
la sentencia SU-091 de 2016, por cuanto, a su juicio, en síntesis, el acto carece
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de motivación y con ello, se desatendió lo establecido en el referido fallo, relativo
a que la discrecionalidad solo puede aplicarse para el retiro de los miembros de
la Fuerza Pública cuando se trata de la voluntad del Gobierno Nacional por
hechos de corrupción o situaciones graves que afecten el servicio, lo cual no se
ajusta a su caso.
Fijado lo anterior, es preciso anunciar que este reparo no tiene vocación de
prosperidad por cuanto, tal como lo indicó la parte actora, en el proveído
reprochado sí se tuvo en cuenta la sentencia SU-091 de 2016; asunto distinto es
que, a partir de su análisis, no se hubiere proferido una decisión favorable al
actor.
De manera concreta, en el referido fallo unificatorio se estableció que la causal
de retiro por llamamiento a calificar servicios no requiere de la motivación del acto
por ser una forma de cese normal que propende por la renovación del personal
de la línea piramidal de la institución, una vez el uniformado cumpla el tiempo
para acceder a la asignación de retiro y se tenga el concepto de la junta asesora.
Lo anterior difiere del retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección General,
acto en el que sí se requiere de una mínima justificación que garantice los
derechos al debido proceso y de defensa del miembro de la fuerza pública, por
cuanto en este evento se sancionan situaciones de corrupción, o de hechos
graves que afecten el desempeño de la función institucional.
Así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-091 de 2016, apartes
que se citan in extenso, a continuación:
“La precisión se centra primeramente en la diferenciación entre las figuras
denominadas llamamiento a calificar servicios y retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General. Frente a lo cual se señaló explícitamente
que a diferencia de la causal de retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección
General, en el caso del retiro por llamamiento a calificar servicios su motivación
está contenida en el acto de forma extra textual, ya que la determina expresamente
la Ley, motivo por el cual no es necesario que se realice una motivación expresa
en el acto de retiro.
También se precisa que al aplicarse el llamamiento a calificar servicios como
mecanismo de renovación dentro de la línea jerárquica institucional que busca
garantizar la dinámica de la carrera de los uniformados, se constituye en una
herramienta de relevo natural dentro del esquema piramidal de mando que tiene
la fuerza pública, atendiendo razones de conveniencia institucional y necesidades
del servicio no sujetas exclusivamente a las condiciones personales o
profesionales del funcionario. De igual forma, su proyección al nuevo grado, en
todo caso estará sujeto a las vacantes que establezca el Gobierno Nacional. De
esta manera, exigir una motivación expresa por parte de las instituciones de la
fuerza pública, al acto de retiro de un funcionario por llamamiento a calificar
servicios desnaturaliza la finalidad de la figura y abre la puerta al ascenso
automático de todos los miembros de las fuerzas armadas hasta sus máximas
posiciones, lo que contraría la estructura jerarquizada de dichas instituciones y su
facultad discrecional de ascender a sus miembros atendiendo los particulares y
específicos principios que rigen esta carrera administrativa especial.
Así, esta causal se constituye, como ya se mencionó, como una facultad legítima
para permitir la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede
ser ejercida con otra finalidad, por ejemplo, pretender que sea una sanción
encubierta para soslayar el derecho fundamental a la igualdad, el debido proceso
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o cualquier otro.
De manera que, con esta providencia la Corte considera necesario reiterar su
jurisprudencia en el sentido de mantener la posibilidad de un control judicial, en
esta oportunidad frente a la figura del llamamiento a calificar servicios, no
solamente en el sentido de verificar los requisitos de tiempo y recomendación de
la junta que deben estar expresos en la resolución, sino también, para evitar que
la misma sea utilizada de forma contraria a los preceptos constitucionales y a los
derechos fundamentales de los agentes.
En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si
bien no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella
está claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder.
Para evitar estas prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso
fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los
recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá
a su carga la demostración probatoria del uso de la herramienta para propósitos
discriminatorios o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza
Pública la carga probatoria sobre la motivación del acto de llamamiento a calificar
servicios, que se presume responde a la exigencia legal, pero en todo caso, deberá
responder a los alegatos que sobre uso fraudulento se presenten.
A diferencia de lo anterior, para el caso del retiro por voluntad del Gobierno o de la
Dirección General, esta Corte ha sido enfática en afirmar que los actos
discrecionales de retiro de miembros de la fuerza pública deben tener un mínimo
de motivación. En esta medida, los actos administrativos que hubieren sido
proferidos por la administración en ejercicio de una facultad discrecional, deben
encontrarse motivados; de manera que se garantice el derecho al debido proceso,
el principio democrático y el principio de publicidad, además de las prerrogativas
propias de un Estado de Derecho, caracterizado por la sujeción de los poderes
públicos al principio de legalidad y la proscripción de la arbitrariedad en las
decisiones que afectan a los administrados.” (Énfasis del texto)
Lo establecido por la Corte Constitucional, en efecto fue tenido en cuenta por el
tribunal censurado, comoquiera que referenció lo siguiente:
“Ahora bien, es del caso anotar que la Corte Constitucional en Sentencia SU-091
de 2016, realizó una precisión en cuanto a la postura asumida por esa Corporación
frente a la figura del retiro del servicio de los miembros de la Fuerza Pública por
llamamiento a calificar servicios, en la que señaló que no resulta exigible la
motivación de los actos administrativos que dispongan esa medida, pues la
procedencia de la misma está determinada por la ley, esto es, que la persona
objeto de esa medida sea acreedora de una asignación de retiro y, adicional a ello,
se cuente con recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para
las Fuerzas Militares para dicho retiro. Así entonces, de exigirse motivación
adicional a la ahí señalada se desnaturalizaría la estructura jerarquizada y
piramidal de la Fuerza Pública, así como su facultad discrecional de ascender a
sus miembros, siendo consecuencialmente procedente el llamamiento a calificar
servicios sin mayor motivación”.
En ese orden de ideas, no le asiste razón al señor César Augusto Santos
Pacheco en el sentido de alegar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A desconoció la analizada sentencia de
unificación de la Corte Constitucional, por confundir la facultad discrecional que
media en el retiro de los miembros de la Fuerza Pública por voluntad del
Gobierno, con la potestad que detenta la administración cuando se trata del
llamamiento a calificar servicios, puesto que tal como lo indicó la judicatura
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cuestionada, en el caso del actor no se exigía la motivación del acto para que
este fuera legal, comoquiera que solo se requería que tuviera derecho a la
asignación de retiro y la junta asesora lo recomendara.
Adicionalmente, en la cita de la sentencia SU-091 de 2016 se avala la posibilidad
de ejercer un control judicial cuando el personal considere que ha sido víctima
del uso fraudulento de la figura de retiro por llamamiento a calificar servicios,
escenario en el cual la carga probatoria estará en cabeza del demandante, quien
deberá demostrar que la administración usó tal herramienta con fines
discriminatorios o arbitrarios.
Sin embargo, en este trámite quedó en evidencia que los jueces del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho resolvieron no acceder a las
pretensiones del actor, debido a que no se demostró que el retiro del servicio
activo del señor Santos Pacheco obedeciera a prácticas o fines espurios, lo cual
conlleva a que esta Sala de Decisión no advierta configurado el cargo elevado
por el accionante, puesto que el señalamiento del tribunal concerniente a que el
acto demandado no adolecía de falta o falsa motivación, no es contrario a lo
acreditado en el plenario.
2.5.3. Finalmente, en cuanto al segundo argumento concerniente al
desconocimiento de la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-26-
S2 de 7 de abril de 2022, en la cual, a juicio del accionante se señaló que el juez
debe evaluar los elementos existentes en el expediente, que le permitan
desvirtuar la presunción de la justificación de los motivos que dieron lugar a la
expedición del acto, esta Colegiatura anuncia que tal alegación no tiene vocación
de prosperidad en atención a que constituye un argumento nuevo que fue puesto
de presente, solo hasta el escrito de impugnación.
Lo anterior encuentra fundamento en que, al tratarse de una tutela contra
providencia judicial, la procedencia del estudio del fondo del reclamo se hace
más estricta debido a que se ponen en vilo los principios de seguridad jurídica y
de legalidad en tanto lo que se cuestionan son decisiones judiciales.
Es por ello que, en tratándose el objeto de este mecanismo judicial, que se deje
sin efectos una providencia proferida por un juez colegiado de la República, no
es factible que en esta sede se efectúen estudios oficiosos o cargos que no
fueron propuestos desde el escrito inicial, máxime, por cuanto, de acceder a su
análisis, se vulnerarían los derechos de defensa y al debido proceso de la
contraparte y de los intervinientes.
Con todo, es preciso resaltar que tal pronunciamiento de unificación, al ser
posterior a la fecha en que se dictó la sentencia objeto de esta acción
constitucional, no constituía precedente aplicable para resolver la situación
jurídica del tutelante.
De conformidad con lo expuesto, la Sala adicionará al fallo de 1° de julio de 2022,
dictado por la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
decisión negativa respecto a este reparo.
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2.6. Conclusión
Por todo lo anterior, esta Judicatura advierte que en el asunto sub judice no se
presentan los defectos alegados por la parte actora, en la sentencia de 31 de
marzo de 2022 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, comoquiera que los cargos elevados por el
accionante no desvirtuaron la constitucionalidad de la decisión judicial.
En consecuencia, se adicionará la sentencia de 1° de julio de 2022 dictada por la
Subsección C, de la Sección Tercera de esta Corporación, en el sentido de negar
los cargos concernientes al defecto por desconocimiento del precedente y se
confirmará la declaratoria de la improcedencia de la acción en lo demás.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de 1° de julio de 2022 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la tutela presentada por el señor César Augusto Santos Pacheco,
en el sentido de NEGAR el amparo deprecado frente al defecto por
desconocimiento del precedente y, CONFIRMAR la improcedencia de la acción
en lo demás, por lo expuesto en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
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(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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