Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00658-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Retiro del servicio
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00658-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-00658-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
15 de julio de 2021
RETIRO DEL SERVICIO / REQUISITOS RETIRO DEL SERVICIO / LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS / MOTOVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DISCRECIONAL / CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES / DESVIACIÓN DE PODER / FALSA MOTIVACIÓN / LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS – No es sanción.
[P]rocede el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares cuando el respectivo servidor público ha cumplido con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la asignación de retiro. Además, para el caso de los oficiales, excepto los de rango de general o de insignia, se requiere para el retiro (…) concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. El llamamiento a calificar servicios implica el ejercicio de una facultad discrecional que ejerce el gobierno nacional, dentro de un margen de oportunidad, necesidad y conveniencia, para facilitar el relevo en la línea de jerarquía de las instituciones militares, de modo que permite el ascenso de algunos de sus miembros y conlleva también el retiro de otros, pero sin que este mecanismo se pueda equiparar a una sanción.[…] [E]l retiro por llamamiento a calificar servicios no es más que la materialización del poder de mando dentro de la fuerza pública que, por razones de necesidad y conveniencia, permite el relevo del personal tanto del mando superior como medio y, en palabras de esta corporación, «atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal». […] En lo que respecta a la motivación del acto administrativo que dispone el retiro del servicio por la causa que se analiza, la jurisprudencia ha sido del criterio que ella «está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro». […] [E]llo no quiere decir que el ejercicio de la facultad discrecional examinada pueda ser usada para la persecución o abusos de poder o como sanción y, por ello, quien se crea afectado por el respectivo acto puede impugnarlo en sede jurisdiccional. […] [E]l Consejo de Estado comparte el criterio de que «un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro», puesto que «el buen cumplimiento de las funciones ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo». […] [D]ebe decirse que el acto administrativo se presume legal (…) y que es deber de quien alega desviación de poder, falsa motivación o cualquier fraude en la decisión demostrarlo. En esa línea se ha dicho que «en el evento que se estime que el llamamiento a calificar servicios se erige en una sanción, el interesado es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y a que cumplió el tiempo de servicios, sino a otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura».
FUENTE FORMAL: DECRETO 1970 DE 2000 – ARTÍCULO 99 / DECRETO 1970 DE 2000 – ARTÍCULO 100 / DECRETO 1970 DE 2000 – ARTÍCULO 103
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-42-000-2014-00658-01(0062-19)
Actor: ERWIN MANUEL VARGAS VIRVIESCAS
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 16 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Erwin Manuel Vargas Virviescas, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 2524 del 17 de abril de 2013, emitida por el ministro de Defensa Nacional, por medio de la cual lo retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares, en forma temporal, con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar a la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional) que reintegre al señor Vargas Virviescas al cargo en el que se encontraba vinculado; ii) condenar al pago de los sueldos, primas, bonificaciones y demás prestaciones que hubiere dejado de percibir a partir del 22 de abril de 2013, fecha en que se hizo efectivo el retiro del cargo; iii) condenar al ajuste del pago de la condena, de conformidad con los artículos 188 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; iv) condenar al pago de daños morales; v) condenar en costas y gastos del proceso a la demandada; y vi) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 188, 189 y 192 ibidem.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Erwin Manuel Vargas Virviescas ingresó a las Fuerzas Militares en el cargo de especialista cuarto, mediante acto administrativo 71 del 26 de marzo de 1992, y fue ascendido a los grados de teniente, capitán, mayor y teniente coronel. Durante su carrera militar recibió 110 estímulos y condecoraciones y no reportó sanciones penales o disciplinarias.
ii) El 6 de agosto de 2012, la Jefatura de Operaciones remitió al presidente del Comité de Ascensos de teniente coronel a coronel el concepto de idoneidad del demandante para ser considerado para el ascenso.
iii) El 16 de octubre de 2012, el Comité Evaluador sugirió que el señor Vargas Virviescas no sea recomendado para el ascenso «por no cumplir a cabalidad con el perfil requerido para el grado de coronel».
iv) El 29 de octubre de 2012, el demandante presentó solicitud de reconsideración de ascenso ante el comandante del Ejército Nacional.
v) El 3 de diciembre de 2012, el Comité Evaluador ratificó la recomendación del 16 de octubre de 2012, bajo el entendido de que «el oficial no puede ser considerado para ascenso por no cumplir a cabalidad con el perfil requerido para el grado de coronel».
vi) Mediante Acta 01 del 30 de enero de 2013, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Fuerzas Militares recomendó retirar del servicio por llamamiento a calificar servicios a, entre otros, el señor Erwin Manuel Vargas Virviescas.
vii) El ministro de Defensa Nacional, expidió la Resolución 2524 del 17 de abril de 2013, por la cual retiró del servicio activo al demandante por llamamiento a calificar servicios.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 13, 29 y 53 de la Constitución Política; 13 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo; 100, 102, 121 y 145 del Decreto 100 de 1989; y 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:
i) Los fundamentos fácticos y jurídicos expresados en el acto demandado no corresponden a un mejoramiento del servicio, toda vez que la trayectoria del señor Erwin Manuel Vargas Virviescas en el Ejército Nacional estuvo caracterizado por un comportamiento ejemplar que hacía inmejorable la prestación de sus servicios en la institución militar, tal y como se evidencia de la revisión de su hoja de vida. En consecuencia, el acto demandado fue expedido con desviación de poder, «pues surgió como consecuencia de lo decidido en el Acta No. 01 del 30 de enero de 2013». Además, de los oficiales que se recomendó para ascender se designaron 7 de los 8 enlistados y se descartó al demandante pese a que obtuvo un puntaje de 505, superior al de algunos oficiales recomendados.
ii) El contenido de la Resolución acusada está afectado por falsa motivación porque en ella se argumentó que el señor Vargas Virviescas no reúne el perfil para ser coronel, con lo cual se lesiona sus derechos al ocultar las verdaderas razones que tuvo la administración para disponer su retiro del servicio activo.
iii) En un asunto con similares contornos fácticos, el Consejo de Estado accedió a las pretensiones y ordenó el respectivo reintegro.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional), por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:
i) El llamamiento a calificar servicios es un instrumento que permite un relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, que facilita el ascenso y remoción del personal, lo que corresponde a la manera corriente de culminar la carrera militar y explica que corresponda a una facultad discrecional de la administración.
ii) La entidad garantizó los derechos del demandante en la actuación administrativa porque adoptó la decisión con fundamento en las recomendaciones de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y, por cuanto, su retiro se produjo cuando alcanzó un tiempo superior a 18 años de servicio, lo que le permite acceder a una asignación de retiro. Si bien la motivación que tuvo la administración para expedir el acto demandado no está expresada en forma singular y subjetiva, sino en forma normativa y objetiva, lo cierto es que de conformidad con lo prescrito por la jurisprudencia, se trata de actos discrecionales amparados en los artículos 217 de la Constitución Política; 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000; y 14 del Decreto 4433 de 2004.
iii) El desempeño y reconocimiento del demandante no generan per sé un fuero de inamovilidad, pues un óptimo rendimiento es lo mínimo que se puede esperar de un servidor público. De la revisión de las hojas de vida de los demás que fueron considerados para el ascenso al grado de coronel, se puede apreciar que tienen un gran número de condecoraciones, estudios y felicitaciones. Si bien la hoja de vida constituye un elemento fundamental con el fin de ejercer la faculta discrecional, lo cierto es que no es el único que se tiene en cuenta para adoptar la decisión de retiro; de manera que quien alegue la causal de nulidad debe demostrar que el acto acusado se expidió con un fin y por motivos diferentes al buen servicio.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia proferida el 16 de agosto de 2018, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
i) El ejecutivo dispone de una potestad discrecional para decidir sobre los ascensos de los miembros de las Fuerzas Militares que se materializa en el hecho de que no tiene que ascender de manera obligatoria a todos los uniformados que cumplan con los requisitos para la promoción. El llamamiento a calificar servicios es un acto discrecional reglado que presupone razones de mejoramiento del servicio, porque la estructura jerárquica de la Fuerza Militar se va estrechando a medida que el personal asciende; por ello, el puntaje no es el único elemento que debe cumplir el oficial con aspiraciones a ser promovido al grado superior pues, además, debe cumplir con una serie de requisitos y calidades personales, profesionales y éticas que son valoradas por la Junta de Evaluación.
ii) Si el señor Erwin Manuel Vargas Virviescas pretendía demostrar que tenía mejor perfil que alguno de sus compañeros que sí ascendieron, ha debido probarlo allegando las hojas de vida de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que la carga de la prueba recae en quien pretenda desvirtuar el supuesto de hecho sobre el cual se basa su acusación, en los términos del artículo 167 del CGP. Además, la falsa motivación que aduce el demandante está relacionada con el acto administrativo que niega el ascenso al grado de coronel y que no fue demandado en este proceso. En consecuencia, no se logró desvirtuar la presunción de que fue retirado por las causales que legitiman el llamamiento a calificar servicios que no fueron otras que el cumplimiento de los requisitos legales para pasar a la reserva con asignación de retiro.
iii) El demandante justifica el cargo de desvío de poder en que no se analizó su hoja de vida que evidencia que ha hecho una labor satisfactoria; sin embargo, esta modalidad de retiro obedece principalmente a la renovación de la institución con miras a garantizar su estructura piramidal.
1.4. El recurso de apelación
El señor Erwin Manuel Vargas Virviescas, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:
i) La regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como el llamamiento a calificar servicios es la razonabilidad; sin embargo, es evidente que el retiro del servicio del demandante no estuvo acorde con los fines previstos en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, esto es, el mejoramiento del servicio y tampoco resulta proporcional a los hechos que le sirvieron de causa, si se tiene en cuenta que estaba calificado por encima de otros compañeros que fueron promovidos para el ascenso a coronel.
ii) De la revisión de la hoja de vida del señor Vargas Virviescas, se advierte que cuenta con más de un centenar de felicitaciones, condecoraciones y exaltaciones, por lo que debe presumirse que el verdadero motivo que se tuvo para ordenar el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios se constituye en una desviación de poder «pues surgió como consecuencia de lo decidido en el Acta No. 01 del 30 de enero de 2013». Además, el único argumento para no considerarlo para el ascenso fue que no cumplía con el perfil requerido, pero no se indicó cuál es el perfil requerido.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor Erwin Manuel Vargas Virviescas, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada.
1.5.2. La demandada
Mediante auto del 11 de marzo de 2021 se dispuso dar traslado a las partes y al ministerio público por el término de 10 días para que presentaran los alegatos de conclusión; derecho que la entidad demandada no ejerció según se desprende de la constancia secretarial de 12 de mayo de 2021.
1.6. El Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que se indican a continuación:
i) La facultad discrecional se ejerció observando las circunstancias legales de la dinámica burocrática, la del movimiento de personal necesario para dar cabida a los oficiales del rango inferior al del teniente coronel que ostentaba el actor y de quien se tenía la seguridad jurídica de ser beneficiario de la asignación de retiro. Por tanto, se satisfizo el supuesto legal de adecuación.
ii) La motivación del acto administrativo atacado se ajustó a la normativa reguladora de la particular situación y a la regla jurisprudencial sobre «la inexistencia de fuero, emanado, éste, de la óptima hoja de servicios del actor». En efecto, el interés legítimo de permanencia debe ceder al de la dinámica del personal, por incidir con la jerarquía piramidal de la institución militar; además, ante la posibilidad de beneficiarse de la asignación de retiro, el daño, como efecto nocivo del acto administrativo por no ascender, se matiza con la obtención de la prestación social.
iii) El vicio endilgado de desviación de poder, tampoco tuvo ocurrencia, al resultarle imposible al actor demostrar la «intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse», pues el argumento de la buena calificación y la excelente hoja de vida, no impiden, per se, la adopción discrecional del retiro a través de la herramienta del llamamiento a calificar servicios, si de por medio operaba la certeza del derecho a la asignación de retiro, así como la renovación de los cuadros de oficiales que en buen número se recomendaron para el respectivo concurso de ascensos.
iv) Además, el señor Vargas Virviescas no atendió la tercera subregla jurisprudencial plasmada en la Sentencia SU-217 de 2016, según la cual «los demandantes tienen la carga probatoria de demostrar que los mismos son productos de una acción discriminatoria o fraudulenta» pues solamente insistió en los argumentos del puntaje y de la buena hoja de servicios, sin detallar los pormenores para deducir correctamente, a través de un test de igualdad, el tratamiento discriminatorio pregonado. Luego, si la carga es un imperativo del propio interés, el no cumplirla implica, inexorablemente, abandonar el interés, y, para el caso de autos en particular, la falta de acreditación de un tratamiento discriminatorio, fraudulento, impiden la prosperidad de la pretensión de nulidad y consecuencial de restablecimiento.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el llamamiento a calificar servicios del señor Erwin Manuel Vargas Virviescas se ajustó a la exigencias legales y jurisprudenciales fijadas para este tipo de decisiones discrecionales dentro de las fuerzas militares, en específico, si estuvo acorde con los fines previstos en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000.
2.2. Marco normativo
2.2.1. El retiro de las fuerzas militares por llamamiento a calificar servicios
El artículo 99 del Decreto 1790 de 2000 «por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares» contempló el retiro de las Fuerzas Militares en los siguientes términos:
Artículo 99. Retiro. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.
Dentro de las causales de retiro el artículo 100 ibidem, contempla el llamamiento a calificar servicios. Dispone la norma lo siguiente:
Artículo 100. Causales del retiro. El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
Por solicitud propia.
2. Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del Aire, salvo lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
7. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literal a) de este decreto.
8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo 104 de este decreto.
9. Por no superar el período de prueba;
b) Retiro absoluto:
1. Por invalidez.
2. Por conducta deficiente.
3. Por haber cumplido la edad máxima permitida para los servidores públicos de acuerdo con la ley.
4. Por muerte.
5. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literales b) y c) del presente decreto.
6. Por fuga del personal privado de la libertad por orden de autoridad judicial, sin perjuicio de la acción penal y disciplinaria que corresponda. [Resalta la Sala].
A su vez, el artículo 103 del decreto aludido señaló que «Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro». [Resalta la Sala].
De esta manera, procede el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares cuando el respectivo servidor público ha cumplido con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la asignación de retiro. Además, para el caso de los oficiales, excepto los de rango de general o de insignia, se requiere para el retiro, por ordenarlo el artículo 99 del decreto citado, concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
El llamamiento a calificar servicios implica el ejercicio de una facultad discrecional que ejerce el gobierno nacional, dentro de un margen de oportunidad, necesidad y conveniencia, para facilitar el relevo en la línea de jerarquía de las instituciones militares, de modo que permite el ascenso de algunos de sus miembros y conlleva también el retiro de otros, pero sin que este mecanismo se pueda equiparar a una sanción. Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C - 072 de 1995 manifestó lo siguiente:
[…] “calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio.
Bajo estos parámetros, el retiro por llamamiento a calificar servicios no es más que la materialización del poder de mando dentro de la fuerza pública que, por razones de necesidad y conveniencia, permite el relevo del personal tanto del mando superior como medio y, en palabras de esta corporación, «atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal».
En lo que respecta a la motivación del acto administrativo que dispone el retiro del servicio por la causa que se analiza, la jurisprudencia ha sido del criterio que ella «está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro».
En ese sentido, la decisión no requiere de una motivación distinta de la de cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, en el caso de los oficiales de que trata el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, se exige también el concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa. No obstante, ello no quiere decir que el ejercicio de la facultad discrecional examinada pueda ser usada para la persecución o abusos de poder o como sanción y, por ello, quien se crea afectado por el respectivo acto puede impugnarlo en sede jurisdiccional.
La posición aludida fue ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia SU - 217 de 28 de abril de 2016 en la que manifestó lo siguiente:
20. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos administrativos, no requieren de una motivación más allá de la extratextual contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial.
[…]
25. En definitiva, y en aplicación de la reciente sentencia de unificación de la Corte, la Sala Plena de la Corte Constitucional confirmará todos los fallos de segunda instancia en los procesos de tutela en el entendido de que: (i) el llamamiento a calificar servicios no requiere de una motivación expresa porque contienen una motivación derivada de la ley constituida por los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la existencia de una recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional; (ii) el buen desempeño del cargo no se traduce en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la Fuerza Pública para acudir a dicha figura de retiro; y (iii) los actos administrativos que se deriven del llamamiento pueden ser objeto de control judicial pero, en estos casos, los demandantes tienen la carga probatoria de demostrar que los mismos son producto de una acción discriminatoria o fraudulenta. [Resalta la Sala].
De esta manera, los actos de retiro por calificación de servicios no requieren motivación, pues esta se entiende dada conforme a los parámetros de la ley, según se expone en la jurisprudencia transcrita. Además, la Corte aclara dos aspectos que también son fundamentales en el trámite administrativo que se estudia i) que el buen desempeño en el servicio no otorga una estabilidad absoluta, de modo que limite la facultad discrecional aludida, y ii) que la carga de probar que el acto contiene otras motivaciones ocultas a las que autoriza la norma es del afectado.
En lo que respecta al primer punto, el Consejo de Estado comparte el criterio de que «un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro», puesto que «el buen cumplimiento de las funciones ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo».
En relación con el segundo punto, debe decirse que el acto administrativo se presume legal (artículo 88 del CPACA) y que es deber de quien alega desviación de poder, falsa motivación o cualquier fraude en la decisión demostrarlo.
En esa línea se ha dicho que «en el evento que se estime que el llamamiento a calificar servicios se erige en una sanción, el interesado es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y a que cumplió el tiempo de servicios, sino a otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura».
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece lo siguiente:
El 6 de agosto de 2012, la Jefatura de Operaciones del Ejército Nacional remitió al presidente del Comité de Ascensos de teniente coronel a coronel el concepto de idoneidad del demandante para ser considerado para el ascenso al grado superior.
El 16 de octubre de 2012, el Comité Evaluador de los oficiales de grado teniente coronel considerados para ascenso en el mes de diciembre de 2012, mediante Acta 859, recomendó ascender a 27 oficiales (7 de infantería, 2 de caballería, 1 de artillería, 3 ingenieros, 3 de justicia penal militar, 4 logísticos y 7 administrativos). En específico recomendó no ascender al señor Erwin Manuel Vargas Virviescas, cuyo puntaje total ascendió a 505, «por no cumplir a cabalidad con el perfil requerido para el grado de coronel». De los demás aspirantes del arma administrativa se advierte que obtuvieron el siguiente puntaje total:
NO.
GR
ARM
APELLIDOS Y NOMBRES
CC
TOTAL PUNTAJE
1
TC
ADM ISI
CUESTA ROMERO JAIME ENRIQUE
[...]
638
2
TC
ADM ISI
TORRES VARGAS CLAUDIA
[...]
544
3
TC
ADM ISI
LARA SALAMANCA LUIS FERNANDO
[...]
504
4
TC
ADM ISI
ROMERO SARMIENTO LUIS FERNANDO
[...]
470
5
TC
ADM MED
MARMOLEJO CUMBE SANDRA PATRICIA
[...]
416
6
TC
ADM MED
VENEGAS ARIZA HÉCTOR HERNÁN
[...]
410
7
TC
ADM MED
TRUJILLO SÁNCHEZ NICOLÁS JOSÉ
[...]
395
El 29 de octubre de 2012, el demandante presentó solicitud de reconsideración del ascenso a coronel.
El 3 de diciembre de 2012, el Comité Evaluador, mediante Acta 977, resolvió las solicitudes de reconsideración presentadas, entre otros, por el señor Vargas Virviescas y dispuso ratificar la recomendación de no considerarlo para el ascenso «por no cumplir a cabalidad con el perfil requerido para el grado de coronel».
El 5 de diciembre de 2012, mediante Oficio 20125530279153 MDN-CGFM-CE-JEM-JEDEH-DIPER-ASC, el segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional le informó al demandante que el Comité Evaluador decidió mantener en firme la decisión de no considerarlo para continuar con el proceso para ascenso al grado inmediatamente superior.
El 30 de enero de 2013, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, recomendó el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios de, entre otros, el actor; información que quedó consignada en el Acta 01.
El 17 de abril de 2013, mediante Resolución 2524, el ministro de Defensa Nacional retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, en forma temporal, con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios a, entre otros, el señor Vargas Virviescas.
El jefe de Atención al Usuario de la Dirección de Personal del Ejército Nacional expidió el extracto de hoja de vida del demandante, en la que se informa que pertenece al arma o cuerpo administrativo, que reportó 4 condecoraciones, 1 distintivo por tiempo de servicios, 110 felicitaciones, 1 condecoración gubernamental y 1 sanción de arresto severo durante los años de 1992 a 2011. Además, señaló que prestó 21 años, 3 meses y 20 días de servicio y que ocupó los siguientes cargos:
Grado
Cargo
Unidad
Fecha inicio
Fecha Termino
Tiempo
TE
COMANDANTE DE DISTRITO MILITAR
TERCERA ZONA DE RECLUTAMIENTO
22 Jun 1992
25 May 1994
01-11-03
TE
DERECHOS HUMANOS
COMANDO DECIMA SEXTA BRIGADA
08 Jun 1994
20 Abr 1996
01-10-12
CT
JEFE INFORMACIÓN Y PRENSA
ESCUELA MILITAR DE CADETES
01 Jun 1996
03 Feb 1999
02-08-02
MY
JEFE SECCIÓN PUBLICACIONES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
03 Feb 1999
01 Nov 2002
03-08-29
MY
JEFE SECCIÓN PUBLICACIONES
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
07 Ene 2003
28 Ene 2007
04-00-21
TC
MIEMBRO ESTADO MAYOR
COMANDO TERCERA DIVISIÓN
05 Ene 2007
20 Ene 2010
03-00-15
MY
ALUMNO MAYOR A TENIENTE CORONEL
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ALUMNOS
29 Ene 2007
30 Ene 2007
00-00-01
MY
ANALISTA DE SISTEMAS
DIRECCIÓN DE ACCIÓN INTEGRAL EJÉRCITO
31 Ene 2007
21 May 2007
00-03-21
MY
OFICIAL DE ACCIÓN SICOLÓGICA
DIRECCIÓN DE ACCIÓN INTEGRAL EJÉRCITO
22 May 2007
04 Ene 2007
(sic)
00-0-4
(sic)
TC
NO REPORTADO
COMANDO CUARTA DIVISIÓN
21 Ene 2010
11 Mar 2012
02-01-19
TC
NO REPORTADO
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
12 Mar 2012
13 Abr 2013
01-01-05
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar que en el recurso de apelación el señor Erwin Manuel Vargas Virviescas señaló que no se tuvo en cuenta su excelente hoja de vida y que la decisión no tuvo como fundamento el mejoramiento del servicio, en atención a que estaba mejor calificado que algunos de los compañeros que sí fueron considerados para el ascenso a coronel, con lo cual sostiene que la Resolución 2524 del 17 de abril de 2013 está afectada por falsa motivación y que se expidió con desviación de poder.
2.4.1. Frente a la falsa motivación del acto administrativo
Con el fin de abordar el análisis de este cargo, la Sala considera necesario transcribir algunos apartes de la decisión acusada, así:
Que la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2013, recomendó el retiro por llamamiento a calificar servicios, de unos señores Oficiales, por las razones que se exponen a continuación:
[…]
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto, que sean retirados con dieciocho (18) o más años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (03) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro.
Que la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, corresponde a una facultad discrecional que se ejerce en pro del servicio y por conveniencia del mismo y de la administración pública.
[…]
Que las circunstancias de idoneidad y buen desempeño durante la permanencia en la institución, no generan por sí solas fuero alguno de estabilidad, ni pueden limitar la potestad de remoción que la ley ha conferido a los Nominadores.
Que esta facultad se le otorga al Gobierno Nacional se fundamenta en que la designación de aquellas personas que ostentan las más altas dignidades tanto en la esfera puramente administrativa como en la relativa a la defensa de la soberanía nacional, deben estar desprovistas de imposiciones que aten a la primera autoridad civil y militar del Estado en la toma de decisiones para el cumplimiento cabal de sus deberes y responsabilidades, además del grado de confianza que debe existir entre el Presidente de la República y sus colaboradores inmediatos.
Que la estructura piramidal del Ejército Nacional, obliga al cambio generacional, buscando renovar la Institución Militar, lo que necesariamente requiere que se abran cupos para quienes vienen escalando posiciones, dentro de la planta que se encuentra establecida.
[…]
De lo descrito se concluye, que si la ley está exigiendo como requisito indispensable de procedibilidad para que pueda operar la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, el haber cumplido un tiempo mínimo de servicio, con el fin de garantizar el acceso a una asignación mensual de retiro, como reconocimiento a la labor desempeñada y al servicio prestado, este mecanismo de determinación normal de la carrera militar procederá por la sola prestación del servicio dentro del lapso preestablecido por la normatividad, requisito único además para hacerse acreedor a la asignación de RETIRO.
De lo anterior se colige ciertamente, que la exigencia de haberse cumplido como mínimo dicho tiempo de servicio activo dentro de la institución circunstancias que de suyo no conlleva el retiro del servidor, antes que ir en contra del mismo, constituye una limitante a la libre disposición del supervisor y a favor del aquel, en la medida que y tratándose del retiro por llamamiento a calificar servicios, otorga la certidumbre de que el nominador no podrá hacer uso de la precitada facultad sino después de transcurrido dicho lapso al servicio de la institución, periodo que le asegura al retirado, como mínimo, el derecho a un porcentaje equivalente a las partidas computables pertinentes, equiparándose esta situación administrativa a lo que en el régimen laboral público equivale a la pensión de jubilación.
Aunado a lo anterior, las disposiciones mencionadas facultan al Gobierno Nacional, para decidir el llamamiento a calificar servicios a los uniformados que cumplan con el requisito del tiempo de servicio exigido que garantiza el acceso a una asignación de retiro, puesto que solo se está dando aplicación a una norma positiva que prevé la situación específica del retiro del servicio por el cumplimiento del lapso en servicio activo, preestablecido por la ley.
Que al no haber sido considerados para ascender al grado inmediatamente superior y que de continuar estos Oficiales en la Fuerza, afectarían de manera grave el servicio, puesto que impedirían que las nuevas generaciones prosigan en su carrera militar, lo que imposibilita que la Institución se renueve y de paso cumpla con mayor eficiencia la misión que le es inherente.
Que de conformidad con lo anteriormente indicado se considera procedente retirar del servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, a los Oficiales que se relacionan en el presente acto administrativo.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Retirar del servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, en forma temporal con pase a la reserva por “Por Llamamiento a Calificar Servicios”, a los Oficiales que se relacionan a continuación, de conformidad con lo consagrado en los artículos 100 literal a) numeral 3ª y 103 (modificados por los artículos 24 y 25 de la Ley 1104 de 2006, respectivamente) del Decreto 1790 de 2000, con novedad fiscal a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo, así:
[…]
3. TC. ACSP VARGAS VIRVIESCAS ERWIN MANUEL […]
[…]
PARÁGRAFO. Los Oficiales Superiores citados en este artículo continuarán dados de alta en la Tesorería Principal del Comando del Ejército nacional, por el término de tres (3) meses contados, a partir de la fecha que cause la novedad de retiro, para los efectos previstos en el artículo 164 del Decreto Ley 1211 de 1990.
De la anterior transcripción, la Sala pudo constatar que con la expedición de la Resolución 2524 de 17 de abril de 2013 se cumplieron los presupuestos de los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, esto es así, por cuanto el demandante alcanzó el tiempo de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro.
En efecto, este requisito se probó con la copia de la hoja de vida en la que se advierte que ingresó al Ejército Nacional el 22 de junio de 1992 y sirvió un total de 21 años, 3 meses y 20 días, luego tenía el tiempo cumplido para el reconocimiento de la prestación social. Además, se cumplió con el requisito establecido para el caso de los oficiales, según el cual, se requiere para el retiro, por ordenarlo el artículo 99 del decreto citado, concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, el que se otorgó el 30 de enero de 2013, en el sentido de recomendar el retiro del servicio del demandante.
De acuerdo con lo expuesto, es claro que en la expedición del acto administrativo se acataron los presupuestos de los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, en la medida que, previo a emitirlo, se verificó la acreditación de los requisitos referidos, única motivación que exigen las normas.
Vale la pena destacar que el retiro por llamamiento a calificar servicios es una causal de retiro del servicio con la cual se pretende renovar el personal de la Fuerza Pública para garantizar el mejoramiento del servicio. Al respecto la Corte Constitucional ha señalado que se trata de «un instrumento valioso de relevo generacional dentro de la línea jerárquica institucional, en la que se pone término al servicio profesional de unos uniformados para permitir el ascenso y promoción de otros» y que garantiza la estructura jerárquica y piramidal de la Fuerza Pública y, como consecuencia de ello, el único requisito es haber cumplido un tiempo mínimo en la institución que le otorgue el derecho a la asignación de retiro.
En tal sentido, no le asiste razón a la parte apelante toda vez que la entidad enjuiciada ajustó su proceder a la motivación que la ley exige en estos casos.
2.4.2. Frente a la desviación de poder
El elemento teleológico del acto administrativo, hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición. Así, para que el acto sea válido, tales fines tienen que coincidir con los previstos en los artículos 2º constitucional y 1o de la Ley 1437 de 2011, entre los que se destacan el buen servicio público, la buena marcha de la administración y el interés general.
Atendiendo estos postulados, se deduce que el vicio de «desviación de poder» ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo. De este modo, se afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha de ser el previsto por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la doctrina ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público».
En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En efecto «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto».
Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega, por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración».
En el presente caso, el demandante alega que el llamamiento a calificar servicios no buscó el mejoramiento del servicio, dado que i) no se tuvo en cuenta su excelente hoja de vida y ii) se prefirió a otros oficiales de menor preparación y calificación de su hoja de vida para que continuaran en el servicio.
En lo que se refiere al primer aspecto, si bien es cierto que de la hoja de vida del señor Vargas Virviescas se puede concluir que en servicio activo tuvo un desempeño tal que le hizo merecedor de múltiples felicitaciones y condecoraciones; tal particularidad no enerva la legalidad del acto administrativo ni es un motivo que limite el ejercicio de la facultad discrecional de retirarlo por llamamiento a calificar servicios, puesto que esta no representa una sanción por un mal comportamiento, sino una herramienta válida que permite el relevo en la línea de jerarquía de las instituciones militares.
En tal medida y por virtud de dicha prerrogativa, la institución militar puede ascender a unos miembros de la fuerza y retirar a otros, por razones de necesidad y de conveniencia, con independencia de su excelente hoja de vida del oficial. Ello debido a que no le es posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de ser ascendido, en tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos. La decisión, entonces, debe atender situaciones que no se enmarcan solo en el buen desempeño y debe estar fundada en los requisitos que exigen los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, según se expuso en el capítulo precedente.
Además, debe precisarse que tal y como se explicó en esta providencia y ha sido la línea jurisprudencial, el buen desempeño en el servicio no otorga una estabilidad absoluta y no limita la facultad discrecional, pues el cabal cumplimiento de las funciones es connatural al ejercicio de la labor. De esta manera, el demandante no puede pretender que por su desempeño y formación lo ampare una expectativa legítima de ser ascendido y no ser retirado del servicio, en razón a que la decisión no depende en todo de tales ítems.
En relación con el segundo punto, esto es, que se prefirió a otros oficiales de menor preparación y calificación de su hoja de vida para que continuaran en el servicio, la Sala advierte que si bien el señor Vargas Virviescas tuvo una calificación por tal criterio superior a la de algunos de los que fueron recomendados para el curso de ascenso, lo cierto es que aunque la hoja de vida resulta ser un elemento importante en el análisis que realiza el Comité Evaluador a efectos de emitir su concepto respecto de los oficiales que recomienda, no es el único criterio que tiene en cuenta para adoptar la decisión, toda vez que puede encontrarse con otras circunstancias que determinan el desempeño y le permiten establecer si el oficial llena o no las expectativas establecidas por el comando de la Fuerza, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones por el personal militar, en el grado de coronel.
En efecto, para «calificar servicios» la autoridad militar establece las necesidades y conveniencias de la entidad, y con fundamento en ello evalúa al aspirante al curso de ascenso «con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio»; de manera que no se exige que su decisión se fundamente exclusivamente con la calificación que otorga a la hoja de vida, puesto que el análisis es integral y comprende la evaluación de la trayectoria profesional, la historia laboral del aspirante, los antecedentes penales y disciplinarios, entre otros. Al respecto, esta Subsección señaló que la designación de los ascensos, «es fruto del ejercicio de la facultad discrecional y debe hacerse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo condiciones de mérito de los aspirantes, tales como aptitud hacia el servicio, calidades personales y profesionales para el desempeño del grado».
Ahora bien, si el demandante pretendía acreditar una posible vulneración de su derecho a la igualdad, debió allegar las pruebas necesarias que le permitieran a esta Sala concluir que los ascendidos tuvieran menos méritos que él para ello y que, en consecuencia, la decisión adoptada se fundamentó en motivos ajenos al servicio. Sin embargo, en el expediente no reposa ningún documento que le permita a la Sala tener certeza si lo afirmado por el demandante es cierto; no se allegaron, ni siquiera, las hojas de vida de los ascendidos, de modo que pudiera compararse su desempeño con el del señor Vargas Virviescas; tampoco existen medios de prueba que den cuenta de que la decisión pudo obedecer a favoritismos respecto de otros menos preparados.
Bajo tal panorama, el demandante incumplió su deber de probar que el acto contiene motivaciones ocultas, distintas a las previstas en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, por lo que la presunción de legalidad del Decreto 1412 del 29 de junio de 2012 no fue desvirtuada.
Finalmente, en relación con el antecedente referido por el señor Vargas Virviescas contenido en la sentencia del 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Corporación que ordenó el reintegro de un miembro de la Fuerza Pública, se considera que aquella sentencia tiene efectos inter partes y solo es un criterio orientador, mas no vinculante, por no tener el carácter de sentencia de unificación; por lo tanto, no es susceptible de aplicarse en el presente caso, máxime cuando con posterioridad la Subsección ha reiterado la tesis contraria de forma pacífica.
En efecto, en sentencia del 8 de octubre de 2020, esta Sección en un proceso con similares contornos a los aquí analizados, sostuvo:
En el presente caso, el demandante alega que el llamamiento a calificar servicios no buscó el mejoramiento del servicio, pues no tuvo en cuenta su excelente trayectoria profesional, por lo que su retiro fue no solo sorpresivo sino injusto.
Cabe precisar que aunque el mencionado Oficial demostró tener una excelente hoja de vida, múltiples condecoraciones, felicitaciones, evaluaciones de desempeño policial sobresalientes y, en general, una carrera militar brillante, ese buen desempeño en el servicio no le otorgaba una estabilidad absoluta, pues ello es fruto del deber connatural que tenía como servidor público.
Tampoco esa situación le hacía merecedor de un derecho de ascenso automático en la Policía Nacional, en tanto este, según lo dispone el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, debía estar precedido del llamado a curso, una vez evaluada su trayectoria profesional, lo cual es discrecional.
[…]
La Sala reitera que la figura del llamamiento a calificar servicios es discrecional y para su procedencia, respecto de los Tenientes Coroneles, solo se requiere el cumplimiento del tiempo de servicios para obtener la asignación de retiro y una recomendación previa de la Junta Asesora. Conforme a ello, no se encuentra una relación de causalidad entre los logros laborales del actor y la decisión de retirarlo, en tanto que para esta era requisito, únicamente, verificar que era merecedor de la prestación social y la recomendación aludida.
También se insiste en que, por la estructura piramidal de las fuerzas militares, no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor militar o represente una persecución en contra del militar no escogido.
[…]
En estas condiciones, la Sala concluye que el demandante no logró demostrar el vicio de desviación de poder, en la medida que las pruebas no permiten develar que el acto contuviera motivaciones ocultas u otras distintas a las que autorizan la Ley 857 de 2003, por lo que su presunción de legalidad no fue desvirtuada.». [Resalta la Sala].
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia toda vez que no se encontraron demostradas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben despacharse desfavorablemente, toda vez que no se acreditaron los cargos formulados contra el acto por medio del cual se retiró del servicio al demandante por llamamiento a calificar servicios. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Erwin Manuel Vargas Virviescas, contra la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Folios 107 a 164. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de noviembre de 2011, radicado 68001 23 31 000 2004 00753 01 (0779-11), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Folios 180 a 199. Folios 358 a 370. Folios 378 a 396. Índice 21, aplicativo Samai. Folio 417. Folio 418. Índice 22, aplicativo Samai. La norma que se cita corresponde a la vigente al año 2012 época en que se expidió el acto administrativo demandado, la Ley 1405 de 2010 que modificó el ordinal 2.° del literal a) que la Ley 1104 de 2006 que había modificado en el Decreto 1790 de 2000. Posteriormente, el Decreto 1790 de 200 fue modificado otra vez con la Ley 1792 de 2016 y el requisito de literal aludido varió al siguiente «2. Por cumplir cuatro (4) años en el Grado de General o Almirante, salvo lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto». Ese es el texto con la modificado introducida por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006. Magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección A. Radicación: 08001-23-33-000-2014-01097-01(1379-17). Actor: Juan Carlos Jaimes Bedoya. Demandado: Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 4 de abril de 2019. Sentencia SU-091 del 25 de febrero de 2016, magistrado ponente Jorge Pretelt Chaljub.
«Por su parte, esta Subsección, en fallo de tutela de 7 de abril de 2016, afirmó que los actos administrativos por los cuales se retira a un oficial por llamamiento a calificar servicios no requieren de una motivación distinta de la de cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 25000-23-42-000-2013-01997-01(0631-15). Actor: David Antonio Vargas Ibáñez. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional. Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, D.C., 31 de octubre de 2018.Referencia: Llamamiento a calificar servicios. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 27001-23-33-000-2014-90002-01(0165-17). Actor: Ricardo Efraín Arcos Rosero. Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D. C. 19 de julio de 2019. Ibídem. Criterio también esbozado en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 05001-23-31-000-2002-00428-01 (0871-11), reiterado por la Subsección B, en la sentencia del 19 de enero de 2017.- Consejero ponente César Palomino Cortés. Radicación: 05001-23-31-000-1999-02281-02 (4117-2014). En la sentencia SU-091 de 2016 a la que se ha hecho referencia se afirmó lo siguiente: «En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o abuso de poder (…) Para evitar estas prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso fraudulento se presenten» (Negrilla fuera de texto). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 27001-23-33-000-2014-90002-01(0165-17). Actor: Ricardo Efraín Arcos Rosero. Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D. C. 19 de julio de 2019. Folios 3 a 5. Folios 6 a 17. Folio 18. Folios 19 y 24. Folio 25. Folios 26 a 31. Folios 32 a 34. Folios 40 a 44. Toda vez que el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 exige 18 años de servicio para ello. Al respecto se debe recordar que el comandante del Ejército Nacional resolvió «Retirar [al demandante] del servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional, en forma temporal con pase a la reserva “Por Llamamiento a Calificar Servicios”» y como fundamento de su decisión indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000 «los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares sólo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro», y explicó que dicha causal «corresponde a una facultad discrecional que se ejerce en pro del servicio y por conveniencia del mismo y de la administración pública».. Corte Constitucional, Sentencia T-107 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sentencia SU-091 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ibidem
«El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia». Sentencia C- 452 de 1998 M. P. Antonio Barrera Carbonell. El autor cita al tratadista italiano Guido Zanobini quien alude como móviles característicos de la desviación de poder, los siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado (una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto». Younes Moreno, Diego, Curso de derecho…Op. cit. P. 232. Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, radicado 11001-03-24-000-2013-00328-00. M.P. Oswaldo Giraldo López. En otra providencia se señaló «La desviación de poder supone el ejercicio de unas atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés general que justifica la atribución de competencias» Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009), M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 28 de junio de 2019. Consejo de Estado. Sección Segunda, providencia del 15 de febrero de 2018, expediente: 1615-16. M.P. William Hernández Gómez.
En la sentencia se citó otra providencia que indicaba «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma» El texto corresponde la sentencia del 23 de febrero de 2011; Sección Segunda, Subsección B; M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; radicado 17001 23 31 000 2003 01412 02(0734-10). Corte Constitucional, Sentencia C - 072 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 8 de octubre de 2020, radicado 73001-23-33-000-2013-00721-02(0103-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de noviembre de 2011, radicado 68001 23 31 000 2004 00753 01 (0779-11), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Al respecto ver las sentencias del 27 de junio de 2018, radicado: 17001-23-33-000-2013-00602-01(0667-15), del 18 de julio de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2013-01832-01(1358-15), del 9 de julio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01(2334-17), entre otras. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 8 de octubre de 2020, radicado 73001-23-33-000-2013-00721-02(0103-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Modificatoria del Decreto 1091 de 2000
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». Si bien el recurso de apelación fue resuelto desfavorablemente, la entidad demandada no intervino en segunda instancia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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