Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2013-00602-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios: ejercicio de la facultad discrecional
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2013-00602-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2013-00602-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
27 de junio de 2018
RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS- Ejercicio de la facultad discrecional / RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS- Objetivo / RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS- No constituye una sanción
el llamamiento a calificar servicios es una figura jurídica con la que cuenta el Estado como manifestación del ejercicio de la facultad discrecional, que permite a la autoridad administrativa adoptar la decisión de retirar del servicio activo a uno de sus miembros por motivos del servicio, que atiende al concepto de evolución institucional, que permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados y facilita el ascenso y promoción de su personal, lo que responde a la manera corriente de culminar la carrera de oficial, conduciendo al cese de las funciones de un agente en servicio activo; sin embargo, esa facultad discrecional no configura una sanción, despido ni exclusión infame o denigrante de la institución. En efecto, el llamamiento a calificar servicios no puede constituir una sanción porque existe en favor del personal retirado, entre otras medidas, el reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades familiares y personales. NOTA DE RELATORÍA :Consejo de Estado, Sentencia de 17 de noviembre de 2011. Sección Segunda – Subsección «B» C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 68001-23-31-000-2004-00753-01(0779-11)
IDONEIDAD Y BUEN DESEMPEÑO DEL CARGO – No inhibe la facultad discrecional / RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS-Requisitos
La idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues esas condiciones del buen desempeño constituyen la manifestación del deber de todo servidor de cumplir los deberes asignados. El decreto cuestionado se sustentó en la norma legal vigente que autoriza su expedición, esto es, la Ley 857 de 2003, cuyo artículo 3 dispone que «El personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, solo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro», circunstancia que responde a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de la fuerza pública, conduciendo al cese de las funciones del señor Rafael Antonio Mesa Cepeda dentro de la Policía Nacional, no como una modalidad de sanción, despido o exclusión infame o denigrante de la institución, sino, atendiendo a la noción de evolución institucional, necesaria para permitir el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados.
ACTO DE LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS- No requiere motivación
Existe una presunción legal, en el sentido de que los actos de llamamiento a calificar servicios son expedidos en aras del buen servicio, y que no requieren ser motivados, toda vez que ésta se encuentra prevista en la ley
FUENTE FORMAL: LEY 857 DE 2003 / DECRETO 4433 DE 2004
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 17001-23-33-000-2013-00602-01(0667-15)
Actor: RAFAEL ANTONIO MESA CEPEDA
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL
Apelación Sentencia SO. 0129
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), procede la Sala de Subsección a dictar sentencia, dentro del proceso de la referencia, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 19 de enero de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, el señor Rafael Antonio Mesa Cepeda solicitó que se declare la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el Decreto 837 de 24 de abril de 2013, por medio del cual el ministro de Defensa Nacional lo retiró del servicio activo por llamamiento a calificar servicios.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad demandada a reincorporarlo al servicio activo de la Policía Nacional, sin solución de continuidad para todos los efectos legales, al grado que tengan sus compañeros de promoción o de curso al momento del reintegro, o a un cargo de igual o superior jerarquía al que desempeñaba al momento de su retiro.
Como pretensión subsidiaria, solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se condene a la entidad demandada a reintegrarlo al servicio activo en el grado que ocupaba al momento de su retiro y se disponga su recomendación para el curso de capacitación para ascender al grado de coronel.
Igualmente pidió que se condene a la entidad demandada a pagarle todos los sueldos, prestaciones sociales, emolumentos y demás haberes causados y dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta la fecha que se produzca su reintegro; que dichas sumas se liquiden en los términos del artículo 195 del CPACA; que se cumpla la sentencia conforme lo dispuesto en los artículos 187, 189, 192 y 195 ibidem; que en la sentencia se prohíba expresamente afectar el monto de las condenas con descuentos de cualquier especie a propósito de haber percibido otra asignación del erario; y se le condene en costas y agencias de derecho.
Los hechos que sustentan las anteriores pretensiones se resumen de la siguiente manera:
El demandante ingresó a la Escuela General Santander el 26 de enero de 1988, por lo que en esa fecha se inició como cadete y luego alférez hasta el 1 de noviembre de 1990.
Por Disposición D 2593 de 29 de octubre de 1990, se inició como oficial de la Policía Nacional y su último ascenso se produjo al grado de teniente coronel, mediante Disposición D 4645 de 29 de noviembre de 2007. En ese carácter, se desempeñó como subcomandante de la Policía del departamento de Caldas.
Durante su carrera, recibió diferentes condecoraciones, menciones honoríficas y felicitaciones y no figuran sanciones durante los últimos 5 años. Además, obtuvo las siguientes evaluaciones: año 2007, calificación 1200; año 2008, calificación 1206; año 2009, calificación 1210; año 2010 calificación 1200; y año 2011, calificación 1200.
El 19 de julio de 2012, mediante Acta 005 de 2012, la Junta de Evaluación y Clasificación de Oficiales de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 del Decreto 1791 de 2000 y 1 y 3 de la Resolución 6088 de 14 de diciembre de 2006, previa evaluación de su trayectoria profesional, acordó por unanimidad no recomendar su selección ante la Junta de Generales de la Policía Nacional para la realización del curso de capacitación para ascenso.
La Junta de Generales de la Policía Nacional, en sesión celebrada el 23 de julio de 2012, conforme al Acta 003 de esa fecha, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Resolución 3593 de 2001, decidió por unanimidad no proponer su nombre ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía, para realizar el curso de ascenso a coronel.
Por su parte, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, en sesión celebrada el 31 de julio de 2012, como consta en el Acta 007 de esa fecha, acordó no recomendar su nombre al Gobierno Nacional para realizar curso de capacitación de ascenso, según lo previsto en el artículo 57, numeral 3 del Decreto 1512 de 2000.
Finalmente, mediante Decreto 837 de 24 de abril de 2013, fue llamado a calificar servicios.
Como normas violadas invocó los artículos 1, 2, 13, 21, 25 y 29 de la Constitución Política; 99, 100, 103 y 104 del Decreto 1790 de 2000; 1, 2, 3 y 4 de la Ley 857 de 2003 y el CPACA.
En el concepto de violación sostuvo que el decreto mediante el cual se le retiró del servicio por llamamiento a calificar servicios adolece de falsa motivación y desviación de poder, toda vez que, después de revisar la excelente hoja de vida del demandante, lo único que puede concluirse es que su retiro no se produjo con miras al mejoramiento del servicio sino «quizá eran celos profesionales, quizá la necesidad de favorecer a alguien más, quizá el desempeño laboral de mi representado constituía un impedimento personal para otros oficiales» (f. 91).
Por tanto, señaló que en este caso existe un claro abuso del ejercicio de una facultad discrecional, pues se prescindió de los servicios de un abnegado y eficiente servidor, sin que se tuviera en cuenta que dicha facultad no implica arbitrariedad y por tanto, quien la ejerce debe actuar dentro de unos límites ponderados y justos.
Contestación de la demanda
La entidad demandada, por conducto de apoderada, explicó que el señor Mesa Cepeda fue retirado de la institución por llamamiento a calificar servicios, lo que indica que era acreedor y goza de una asignación de retiro por haber cumplido más de 20 años de funciones como policial.
Por tanto, precisó que el llamamiento a calificar servicios no opera como una sanción sino como un proceso legal de renovación y movilidad en la escala piramidal cuando el funcionario alcanza los requisitos para acceder a la asignación de retiro, por lo que al demandante no se le sancionó ni truncó su carrera.
Trámite procesal
Mediante auto de 1 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Caldas fijó la audiencia inicial para el 16 de septiembre del mismo año. En esta diligencia se fijó el litigio en los siguientes términos:
« ¿La demandada tenía competencia y razones esenciales para llamar a calificar servicios al señor Rafael Antonio Mesa Cepeda en el momento en que lo hizo?
¿Se realizó con el cumplimiento de los requisitos exigidos para ese efecto?» (f. 181).
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 19 de enero de 2015, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida.
Estableció que el retiro del servicio del demandante obedeció a una de las causales establecidas en el artículo 3 de la Ley 857 de 2003, esto es, por llamamiento a calificar servicios, razón por la cual le fue reconocida la asignación de retiro.
En ese contexto, precisó que el llamamiento a calificar servicios no constituye una sanción sino una modalidad de retiro para los oficiales que han cumplido los requisitos consagrados en el Decreto 1790 de 2000, a fin de generar un relevo jerárquico dentro de la institución y con miras al buen servicio.
Por tanto, sostuvo, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia, que aunque el demandante demostró, con su hoja de vida, haber tenido un buen desempeño de sus funciones y ser reconocido por su labor, tales condiciones no le otorgan, per se, inamovilidad en el cargo. Además, no advirtió elementos de juicio que permitieran inferir que la parte demandada obró con desviación de poder en la expedición del acto ni que se desmejorara el servicio.
Recurso de apelación
El apoderado del demandante apeló la decisión de primera instancia, insistiendo en que su retiro del servicio no se produjo con miras al mejoramiento del servicio, pues de su hoja de vida y las felicitaciones y condecoraciones otorgadas, se extrae un excelente desempeño en sus funciones.
En ese sentido, invocó como sustento de su argumentación las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 28 de mayo de 2000 (número interno 2459-99), de 8 de abril de 2010 (radicado 1999-06200-01), de 25 de noviembre de 2010 (2003-06792-01) y de 17 de noviembre de 2011 (radicado 2004-00753-01).
De igual forma, señaló que el acto administrativo de retiro violó el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que la entidad demandada no realizó un verdadero juicio de valor, ponderado, serio y razonable conforme a las normas que lo autorizan y a los hechos que le sirven de causa; y porque no hubo deliberación alguna por parte de la Junta de Generales, sino que ésta ejecutó una orden arbitraria, ya que las calificaciones y el folio de vida no fueron estudiados, razón por la cual no hubo documento que sirviera como antecedente de estudio y análisis para proponer la no recomendación al curso de capacitación para ascenso al grado de coronel.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
La entidad demandada, por conducto de apoderada, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, insistiendo en que el retiro del servicio del demandante, por llamamiento a calificar servicios, se ajustó a las previsiones legales que lo regulan, y que, además, mediante Resolución 5462 de 4 de julio de 2013, se le reconoció la asignación de retiro equivalente al 87 % del sueldo básico de actividad para el grado y las partidas legalmente computables, incluido un 39 % de subsidio familiar, motivo por el cual el señor Mesa Cepeda cuenta con la suficiente capacidad económica para solventar ampliamente sus necesidades y las de su núcleo familiar.
De igual forma, precisó que el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencia de 30 de marzo de 2013, radicado 2001 03004 01), no requiere motivación, debido a que los únicos requisitos para el caso de los oficiales hasta el grado de coronel consisten en cumplir con el tiempo para tener derecho a una asignación de retiro y que se emita el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.
También señaló que el demandante no demostró de forma alguna la supuesta desviación de poder en que incurrió la entidad demandada al expedir el acto administrativo cuestionado.
El apoderado del demandante presentó alegatos de conclusión, en los que solicitó revocar el fallo de primera instancia, con los mismos argumentos señalados en el recurso de apelación (f. 311).
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
Mediante memorial visible a folio 370 del expediente, el magistrado William Hernández Gómez manifiesta su impedimento para conocer del presente proceso, toda vez que conoció del mismo y fungió como magistrado ponente de la sentencia de primera instancia en el Tribunal Administrativo de Caldas, razón por la cual se le separará del conocimiento de este proceso.
Problema jurídico
Debe la Sala determinar si en el presente asunto, la entidad demandada, ejerció correctamente la facultad discrecional al retirar al actor del servicio activo por llamamiento a calificar servicios, o si por el contrario, desvió los motivos que justifican la adopción de esta medida.
Del retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios
En relación con el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, ha dicho esta Corporación que tal figura entraña el ejercicio de una facultad discrecional, como potestad jurídica del Estado que permite a la autoridad administrativa, adoptar una u otra decisión, es decir, la permanencia o retiro del servicio, cuando a su juicio las necesidades del servicio así lo exijan. En estos eventos, el servidor público que la ejerce es libre para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.
En punto del tema del retiro por llamamiento a calificar servicios, ha sostenido igualmente esta Sala que tal medida atiende a un concepto de evolución institucional, en este caso de la Policía Nacional, conduciendo necesariamente a la adecuación de su misión y visión, a los desafíos a los que se enfrenta una institución cuyo objetivo principal es velar por la seguridad ciudadana. En este sentido, estamos en presencia de un instrumento idóneo que permite un relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, facilitando el ascenso y promoción de su personal, lo que responde a la manera corriente de culminar la carrera oficial al interior de los mismos.
Así lo ha dicho esta Sala:
«Si bien es cierto, el llamamiento a calificar servicios en términos prácticos conduce al cese de las funciones de un agente en servicio activo, ello no implica un sanción, despido ni exclusión infame o denigrante; por el contrario las normas que prevén tal instrumento consagran en favor del personal retirado, entre otras medidas, el reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades familiares personales.
Por su parte, cabe señalar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como el llamamiento a calificar servicios es la razonabilidad; en otras palabras la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad.
En este sentido, el artículo 36 del C.C.A., consagra la regla general de la discrecionalidad y señala la proporcionalidad entre los hechos que le sirven de causa, que no es otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto jurídico, la medida o razón que objetivamente debe existir entre la realidad de hecho el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión.
En armonía con las afirmaciones anotadas, la presunción de legalidad que ostenta la generalidad de los actos discrecionales, se mantiene intacta ante la sede jurisdiccional en tanto la decisión esté precedida de supuestos de hecho reales, objetivos y ciertos, haciendo de esta forma operante el postulado consagrado en el artículo 36 del C.C.A.» (Negrilla fuera del texto).
De lo anterior se puede afirmar que el llamamiento a calificar servicios es una figura jurídica con la que cuenta el Estado como manifestación del ejercicio de la facultad discrecional, que permite a la autoridad administrativa adoptar la decisión de retirar del servicio activo a uno de sus miembros por motivos del servicio, que atiende al concepto de evolución institucional, que permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados y facilita el ascenso y promoción de su personal, lo que responde a la manera corriente de culminar la carrera de oficial, conduciendo al cese de las funciones de un agente en servicio activo; sin embargo, esa facultad discrecional no configura una sanción, despido ni exclusión infame o denigrante de la institución. En efecto, el llamamiento a calificar servicios no puede constituir una sanción porque existe en favor del personal retirado, entre otras medidas, el reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades familiares y personales.
Caso concreto
Se tiene en el expediente que mediante Decreto 837 de 24 de abril de 2013, el Ministro de Defensa Nacional dispuso el retiro del servicio activo del teniente coronel Rafael Antonio Mesa Cepeda, por llamamiento a calificar servicios, por haber acreditado un tiempo de servicio de 24 años, 2 meses y 28 días, y por tanto, por ser acreedor de una asignación de retiro, con fundamento en los artículos 3 de la Ley 857 de 2003 modificatoria del Decreto 1791 de 2000, y 24 del Decreto 4433 de 2004.
Ahora bien, las normas invocadas por la entidad demandada, en el acto administrativo acusado, disponen lo siguiente:
La Ley 857 de 26 de diciembre de 2003:
«ARTÍCULO 1º. Retiro. El retiro de personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.
El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el Gobierno Nacional hasta el Grado de Teniente Coronel.
El retiro de Suboficiales se efectuará a través de resolución expedida por el Director General de la Policía Nacional.
El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los demás grados, en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, cuando no supera la escala de medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte.
Artículo 2º. Causales de retiro. Además de las causales contempladas en el Decreto Ley 1791 de 2000, el retiro para los Oficiales y los Suboficiales de la Policía Nacional, procederá en los siguientes eventos:
…
4. Por llamamiento a calificar servicios.
Artículo 3º. Retiro por llamamiento a calificar servicios. El personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, solo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro.».
Por su parte, el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, contempla:
«Artículo 24. Asignación de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sean retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda, y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro, así: (…) ».
Señala el apoderado del demandante que el acto administrativo de retiro del servicio se produjo con falsa motivación y desviación de poder, toda vez que no se tuvo en cuenta su excelente hoja de vida, en la que constan múltiples condecoraciones, felicitaciones y buenas calificaciones, lo que indica que su retiro se produjo con fines diferentes al mejoramiento del servicio.
Dicho argumento, en criterio de esta Sala, carece de vocación de prosperidad, pues como bien lo ha sostenido esta Subsección, la idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues esas condiciones del buen desempeño constituyen la manifestación del deber de todo servidor de cumplir los deberes asignados.
De otra parte, se advierte también que el decreto cuestionado se sustentó en la norma legal vigente que autoriza su expedición, esto es, la Ley 857 de 2003, cuyo artículo 3 dispone que «El personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, solo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro», circunstancia que responde a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de la fuerza pública, conduciendo al cese de las funciones del señor Rafael Antonio Mesa Cepeda dentro de la Policía Nacional, no como una modalidad de sanción, despido o exclusión infame o denigrante de la institución, sino, atendiendo a la noción de evolución institucional, necesaria para permitir el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados.
Es pertinente recordar que la estructura jerárquica de la fuerza pública es piramidal, lo que implica que en la medida en que se asciende, se restringe progresivamente el número de cupos, razón por la cual no todos los oficiales que tengan una buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles.
De otra parte, en cuanto a la falsa motivación alegada, la misma debe ser probada por el actor, por lo cual no es suficiente que mencione que existió otro motivo diferente al buen servicio, según su simple parecer o especulación, sino que tiene el deber de demostrar suficientemente la estructuración de la misma.
Así las cosas, no es dable afirmar que el decreto demandado está incurso en la causal de nulidad de desviación de poder, por cuanto el retiro del actor no se produjo con miras al mejoramiento del servicio sino que «quizá eran celos profesionales, quizá la necesidad de favorecer a alguien más, quizá el desempeño laboral de mi representado constituía un impedimento personal para otros oficiales» (f. 91), pues no se allegó ningún elemento probatorio que soporte tales insinuaciones, y por tanto, no pasan de ser apreciaciones subjetivas que no tienen la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado.
Además, debe insistirse en que la figura jurídica de llamamiento a calificar servicios no implica un castigo sino que es una manera legal y corriente de salir de las fuerzas armadas, que permite la renovación de su personal, con garantía de la subsistencia a los sujetos que se les aplica, cuando ya no estén en el ejercicio de sus funciones.
En este sentido esta Corporación manifestó, en sentencia de 11 de noviembre de 2010, lo siguiente:
«La desviación de poder no resulta extraña a los actos administrativos de naturaleza discrecional, por eso, se ha dicho que tal prerrogativa no puede ser fuente de iniquidad, si es que el acto discrecional encubre una actuación guiada por fines ilegales, o excede las razones que inspiran su existencia en el ordenamiento jurídico. En este sentido, además de los requisitos objetivos que legalmente se exigen, es preciso que el retiro esté inspirado en razones que apunten al buen servicio, lo que en este caso tampoco quedó demostrado, ni siquiera insinuado en la actividad probatoria».
En el mismo sentido, en la sentencia de 4 de mayo de 2017 señaló:
«… la misma Corte Constitucional, en sentencia SU- 217 de 28 de abril de 2016, sobre este tema de la motivación del acto de retiro, precisó:
[…]
20. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos administrativos, no requieren de una motivación más allá de la extratextual contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial.
En particular, la Sala quiere ser enfática en advertir que la ley no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar, de manera decorosa y con derecho a una asignación de retiro, a un oficial.
Tal y como lo advirtió la sentencia SU-091 de 2016 los actos administrativos por los cuales se retira a un oficial por llamamiento a calificar servicios no requieren de una motivación expresa más allá de la extratextual contemplada en la ley y que el buen desempeño laboral de los oficiales no representa una estabilidad laboral absoluta que impida la renovación de los cuadros de mando en las Fuerza Pública. Es así, como la providencia también incurrió en el defecto sustantivo en la medida en que señaló que se debía motivar la recomendación de la Junta de Asesores cuando la misma es un acto discrecional que goza de la presunción de legalidad. En ese sentido, como lo dijo esta Corporación en su reciente sentencia de unificación, solo es posible desvirtuar la legitimada del acto si se llegara a probar que el mismo fue el resultado de un acto de discriminación o fraudulento, cosa que no se probó en durante el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
[…]
Por su parte, esta Subsección, en fallo de tutela de 7 de abril de 2016, afirmó que los actos administrativos por los cuales se retira a un oficial por llamamiento a calificar servicios no requieren de una motivación distinta de la de cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional. Dice el fallo en algunos de sus apartes:
[…]
[…] esta Corporación ha indicado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción o trato degradante, pues es un instrumento que facilita que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de policía disfruten de la asignación de retiro sin necesidad de que continúen en el ejercicio de las actividades castrenses.
[…]
Cabe destacar que de manera aislada la Sección acogió la posición inicial establecida por la Corte Constitucional, esto es, que si bien los actos de retiro de los miembros de la Fuerza Pública no deben contener en su cuerpo necesariamente las razones que llevan a tomar este tipo de decisiones, los mismos sí deben estar sustentados en razones objetivas y hechos ciertos que justifiquen el retiro, sin embargo, no se puede alegar que dicho planteamiento constituye precedente, en tanto no corresponde a una posición uniforme y reiterada de la Sección Segunda sobre la materia y, por ende, no puede ser considerado un precedente vertical aplicable al caso por los Tribunales y Juzgados Administrativos.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, esta Corporación ha fijado el criterio según el cual no es necesario expresar las razones por las que se desvincula a un oficial de la Policía Nacional bajo esa causal, en tanto la motivación está prevista en la ley.
En atención a lo analizado sobre el precedente, se advierte que las autoridades por no atender los pronunciamientos de esta Corporación sobre el retiro por llamamiento a calificar servicios al decidir el asunto materia de controversia, vulneraron el derecho fundamental a la igualdad del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, pues ante situaciones fácticas y jurídicas similares, se deben resolver las controversias de la misma manera en aras de garantizar la seguridad jurídica.
Por otra parte, se observa que las autoridades también incurrieron en defecto sustantivo al afirmar que los actos administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios deben motivarse, pues ello no está dispuesto en los artículos 1º y 3º de la Ley 857 de 2003 como una condición para desvincular bajo esa causal a los oficiales de la Policía Nacional, pues dichas normas solo exigen cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, supuestos que se satisfacen en el caso concreto, dado que el señor contaba con más de quince (15) años de servicios, ya que ingreso a la Institución el 24 de enero de 1991 y fue retirado el 4 de abril de 2011 (20 años, 1 mes y 10 días de servicio), y la mencionada junta recomendó su desvinculación a través de acta del 18 de febrero del mismo año.
Con tal interpretación, el Tribunal y el Juzgado accionados desconocieron el debido proceso del Ministerio de Defensa Nacional, pues realizaron una interpretación poco plausible de las normas que regulan el retiro por llamamiento a calificar servicios, al disponer requisitos adicionales no previstos en la normativa aplicable al caso (negrillas no son del texto).»
De lo anterior, es posible afirmar que existe una presunción legal, en el sentido de que los actos de llamamiento a calificar servicios son expedidos en aras del buen servicio, y que no requieren ser motivados, toda vez que ésta se encuentra prevista en la ley.
Se encuentra entonces establecido que el acto demandado se expidió conforme a las leyes prexistentes, se ajustó al debido proceso y fue proferido en procura del buen servicio, por lo que el Decreto 837 de 24 de abril de 2013, mediante el cual el Ministro de Defensa Nacional resolvió retirar del servicio activo de la Policía Nacional al demandante, se produjo con motivo de la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, según obra en el Acta 002 de 5 de febrero de 2013.
Además, mediante la Resolución 5462 de 4 de julio de 2013, se le reconoció la asignación de retiro equivalente al 87 % del sueldo básico de actividad para el grado y las partidas legalmente computables, incluido un 39 % de subsidio familiar.
Por lo expuesto, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas
En cuanto a la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Sala de Subsección ha fijado un criterio objetivo valorativo, razón por la cual, se le condenará en costas a la parte demandante, debido a que resultó vencida y hubo intervención en segunda instancia de la entidad demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
ACÉPTASE el impedimento manifestado por el magistrado William Hernández Gómez para conocer del presente asunto.
CONFÍRMASE la sentencia de 19 de enero de 2014, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda formulada por el señor Rafael Antonio Mesa Cepeda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CONDÉNASE en costas a la parte demandante.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Impedido
«Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).».
Sentencia de 17 de noviembre de 2011. Sección Segunda – Subsección «B» C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 68001-23-31-000-2004-00753-01(0779-11). Actor: Mario Alberto Cañas Ortega. Demandado: Ministerio De Defensa – Ejército Nacional.
Ibidem.
Sentencia de 17 de noviembre de 2011. Sección Segunda – Subsección «B» C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 68001-23-31-000-2004-00753-01(0779-11). Actor: Mario Alberto Cañas Ortega. Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
«Por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto-ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1791_2000.html" \l "1" 1791 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
Sentencia de 11 de noviembre de 2010, MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación número: 73001-23-31-000-2006-01792-01(0481-10). Actor: Roberto Jaramillo Cárdenas. Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y Juan Luis Toro Isaza.
Sección Segunda – Subsección «B» M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Sentencias de 4 de mayo de 2017. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-00111-01(0318-14). Actor: Mayli Ginette Villarraga Céspedes. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
El Tribunal, en su sentencia, señaló que: “no existe prueba en el expediente que demuestre que la recomendación de la Junta respecto del retiro del servicio activo del actor haya estado precedida de informes y pruebas que permitieran justificar esa decisión, así como tampoco en la valoración objetiva de su hoja de vida y de su carrera en la institución. Como tampoco hay prueba de que de existir dichos informes los mismos se hayan puesto en conocimiento del accionante para garantizar un derecho de defensa en esa instancia”. (Op. Cit. Sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas; folio 27; cuaderno único) [pie de página de la sentencia citada].
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 7 de abril de 2016, 11001-03-15-000-2016-00387-00(AC), actor: Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional-secretaría general, demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección C en descongestión y Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección “A”, M.P. Alfonso Vargas Rincón, sentencia de 18 de mayo de 2011, radicación: 54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10), actor: Edisson Rojas Suarez.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección “B”, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 10 de septiembre de 2015, expediente: 050012331000199800554 01 (0917-2012), Actor: Wilmer Uriel García Mendoza [pie de página de la sentencia en cita].
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Radicado: 17001 23 33 000 2013 00602 01 (0667-15)
Accionante: Rafael Antonio Mesa Cepeda
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
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