Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Llamamiento a calificar servicios: requisitos de procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-00155-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
8 de julio de 2021
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS – Requisitos de procedencia / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DISPONGA EL RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS – No requiere motivación expresa / BUEN DESEMPEÑO DEL SERVICIO – No le impide a la administración el ejercicio de la facultad discrecional / ESTRUCTURA PIRAMIDAL EN LA FUERZA PÚBLICA / DESVIACIÓN DE PODER – Falta de prueba
La motivación exigible para el llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicios para ser acreedor de la asignación de retiro, que se encuentran plenamente satisfechos en el expediente, pues según se desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado a las Fuerzas Militares durante 22 años, 8 meses y 1 día (y conforme al artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, se exigen 18 años, por esta causal). Además de ello, su retiro como miembro del Ejército Nacional en el grado de oficial contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Al respecto, la Sala al revisar las consideraciones de la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014, encontró que el Ministerio de Defensa Nacional dispuso el retiro del servicio del actor por llamamiento a calificar servicios con fundamento en lo siguiente: i) en que se trataba de una facultad consagrada en el Decreto 1790 de 2000; ii) que el mencionado oficial contaba con el tiempo de servicio requerido para el reconocimiento de la asignación de retiro; y, iii) en que la estructura piramidal del Ejército Nacional obligaba al cambio generacional. Ahora bien, de conformidad con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, que se citó en el acto administrativo aquí enjuiciado, se recomendó retirar del servicio por llamamiento a calificar servicios al demandante conforme a que: «[…] se encontraron consideraciones que determinan que el desempeño, no llena las expectativas establecidas por el Comando de la Fuerza, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones de los cargos desempeñados por el personal militar, en el grado de Coronel, teniendo en cuenta los registros que se encontraron en el folio de vida, los cuales fueron notificados en debida forma y eran susceptibles de recursos de acuerdo con la normatividad vigente. […]». La Subsección al verificar los folios de la hoja de vida del libelista, observa que el demandante no tiene ninguna anotación negativa durante su carrera militar, sin embargo, esta particularidad no enerva la legalidad del acto de retiro, teniendo en cuenta que la finalidad de la prerrogativa otorgada a la administración denominada «llamamiento a calificar servicios», como se analizó en precedencia, es el relevo de la línea jerárquica en las Fuerzas Militares, y el único presupuesto, conforme lo señaló la Corte Constitucional es «[…] haber cumplido un tiempo mínimo en la institución y tener derecho a la asignación de retiro […]». En ese orden, se reitera que es necesario probar que en la expedición del acto se tuvieron necesidades ocultas, esto es, demostrar la desviación de poder, ello, dado que en el sub lite no se analiza la facultad discrecional del Gobierno Nacional que propende por el mejoramiento del servicio, sino que nos encontramos ante una potestad que busca precisamente el relevo generacional.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1790 DE 2000 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-42-000-2015-00155-01(1205-18)
Actor: JUAN MANUEL PADILLA MALDONADO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-139-2021
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 5 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Juan Manuel Padilla Maldonado en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (folios 394 a 395)
Que se declare la nulidad de la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014, mediante la cual el Ministerio de Defensa retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares e incluyó en forma temporal con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios a varios oficiales, entre ellos, al demandante.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada disponer el reintegro al Ejército Nacional al mismo grado del cual fue retirado o a otro de igual jerarquía.
Se conmine a la demandada al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento en que fue retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios (15 de abril de 2014) y hasta la fecha en que se cumpla el fallo condenatorio, con la correspondiente indexación.
Ordenar el ajuste del pago de los salarios y prestaciones que resulten a favor del libelista, de conformidad con el artículo 188 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Condenar a la entidad demandada a pagar 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como daño moral que se le ocasionó como consecuencia del retiro del servicio activo.
Conminar a la demandada al pago de costas y que dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 188, 189 y 192 del CPACA.
Supuestos fácticos relevantes (folios 395 a 396)
El señor Juan Manuel Padilla Maldonado ingresó el 3 de septiembre de 1993, a las Fuerzas Militares como alumno del curso para oficiales del cuerpo administrativo del Ejército Nacional.
Posteriormente, a través de Resolución 13903 del 7 de diciembre de 1993, fue ascendido al grado de teniente y así sucesivamente hasta ostentar el de teniente coronel.
Durante toda su carrera militar mantuvo una excelente formación académica y militar, tal y como se observa en el extracto de hoja de vida.
Mediante Resolución 3002 del 11 de abril de 2014, el Ministerio de Defensa Nacional retiró del servicio activo al señor teniente coronel Juan Manuel Padilla Maldonado, en virtud de la facultad de llamamiento a calificar servicios.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 1.° de febrero de 2017.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta de audiencia inicial se indicó que no se advertían excepciones previas que resolver.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] el problema jurídico se circunscribe a resolver sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de Defensa Nacional retiró a los demandantes TC. JUAN MANUEL PADILLA MALDONADO y TC. ERWIN MANUEL VARGAS VIRVIESCAS por llamamiento a calificar el servicio, y si a título de restablecimiento del derecho deben ser reintegrados a la institución en el mismo cargo del cual fueron removidos o a otro de igual jerarquía; que les reconozcan y paguen todos los salarios y prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento en que fueron retirados del servicio activo y se ordene el ajuste del pago de los salarios y prestaciones que resulten a favor de los actores. El TC. ERWIN MANUEL VARGAS VIRVIESCAS solicita el pago de 200 smlmv por concepto de daños morales y el TC. JUAN MANUEL PADILLA MALDONADO el pago de 100 smlmv por el mismo concepto.». (Folios 462 a 463 y CD que reposa a folio 461 del expediente).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
SENTENCIA APELADA
(folios 557 a 569)
El a quo profirió sentencia escrita el 5 de octubre de 2017, por medio de la cual denegó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:
Inicialmente, el tribunal de primera instancia analizó el marco normativo que regula el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, para señalar que esta facultad que tenía el nominador no implicaba el desconocimiento del principio constitucional de estabilidad laboral, dado que obedecía principalmente a la renovación de la institución con miras a garantizar la estructura piramidal de aquella, sin que por tal motivo pueda utilizarse de manera desmedida.
Efectuó el análisis del acervo probatorio aportado al plenario, y concluyó que la entidad demandada retiró del servicio al libelista, y dejó claro en dicho acto que ello no obedecía a una sanción, sino a una forma de culminación de carrera militar, además que las plazas de cada mando se reducían de grados inferiores hasta los superiores, por lo que todo el personal no podía llegar a los más altos rangos.
Al respecto, recalcó que aun cuando en el acto de retiro se remite la institución a consideraciones efectuadas por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa el 20 de diciembre de 2013 y se realizan algunas transcripciones de dicho concepto, ello no implica que la falsa motivación del acto acusado se pruebe únicamente al señalar que dichos argumentos fueron expuestos de forma general frente a los 17 militares.
En este sentido, puntualizó que no se advertía la falsa motivación que aludía el demandante pues dentro de la estructura jerárquica piramidal que tiene las Fuerzas Militares, no todos los buenos oficiales pueden llegar al mando, toda vez que ello haría imposible el ejercicio del mismo. Agregó que las razones de retiro no son más que el cumplimiento de requisitos legales como el derecho a la asignación de retiro, que se encontraba satisfecho, más aún cuando no se demandó ante esta jurisdicción las razones del no llamamiento a curso de ascenso.
Finalmente se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
(folios 572 a 600)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada y se acceda a las pretensiones de la demanda. Para ello argumentó que el acto administrativo del retiro contiene fundamentos falsos que vulneran flagrantemente su derecho fundamental al debido proceso, por desviación de poder, falsa motivación y vía de hecho.
Al respecto, transcribió apartes de la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014 que retiró del servicio al libelista, para concluir que no es cierto que exista en la hoja de vida del señor Juan Manuel Padilla Maldonado una sola anotación negativa, por el contrario, todo lo allí plasmado son felicitaciones que resaltan la calidad de su desempeño durante toda su carrera militar.
Aunado a ello, fue uno de los promotores del proyecto de Ley 1476 de 2011 y cuenta con varios conceptos de idoneidad para el ascenso por parte de sus superiores que no fueron tenidos en cuenta al momento del retiro del servicio.
Adicionalmente citó la sentencia del 17 de noviembre de 2011 proferida por el Consejo de Estado, de la cual solicitó se dé aplicación, habida cuenta de que, en su sentir, se trata de un proceso con similares contornos fácticos a los aquí expuestos, y en dicha providencia, se decidió acceder a las pretensiones del libelo y ordenar el respectivo reintegro.
Agregó que el acto enjuiciado adolece de falsa motivación, pues en él se pretendió ocultar las verdaderas razones que tuvo la administración para disponer el retiro del servicio, dado que los argumentos allí esbozados son falsos.
Arguyó que instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de buscar la anulación del Acta 1343 del 29 de octubre de 2013, en relación con los oficiales que se recomienda no ascender, Oficio 20135531075641 del 2 de diciembre de 2013 que resolvió de forma negativa la solicitud de reconsideración y el Decreto 2775 del 29 de diciembre de la citada anualidad, por medio del cual se asciende a unos oficiales y no incluyó en la lista al demandante, motivo por el cual sí demandó ante esta jurisdicción el no llamamiento a curso de ascenso.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante (folios 615 a 617): reprodujo los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación y afirmó que de acuerdo a las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en sentencias SU-091 y SU-217 de 2016, cuando existe una desviación de poder o falsa motivación del acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicios como se demostró en el sub lite, es suficiente para que proceda el reintegro.
El Ministerio Público (folios 618 a 624): la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado luego de efectuar una sinopsis de lo discurrido en el proceso, sostuvo que el Ministerio decidió retirar de servicio al libelista con base en la recomendación emitida por la junta asesora, órgano que concluyó que no cumplía con todos los presupuestos para garantizar una debida prestación del servicio, en tanto que el oficial no logró demostrar en sede judicial la falsa motivación o desviación de poder que depreca, debía confirmarse la sentencia apelada.
La entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal según la constancia secretarial visible a folio 625 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. En el presente caso formulado por la parte demandante únicamente.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:
¿El acto de retiro del servicio del señor Juan Manuel Padilla Maldonado por llamamiento a calificar servicios, se ajustó a las exigencias legales y jurisprudenciales fijadas para este tipo de decisiones dentro de las Fuerzas Militares o, por el contrario, la entidad demandada incurrió en la desviación de poder o falsa motivación que alega el demandante?
Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá la siguiente: el demandante no logró probar que el acto administrativo a través del cual fue retirado del servicio no hubiera sido adecuado a los fines que consagra el llamamiento a calificar servicios o que contenía finalidades ocultas, distintas a las previstas en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, por lo que la presunción de legalidad no fue desvirtuada, como se sustenta a continuación:
Del retiro del personal de las Fuerzas Militares
El marco general del retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar servicios, está consagrado en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, que al tenor literal previeron:
«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto. […]».
Por su parte, el artículo 100 ibidem señaló las causales de retiro en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO. El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir cuatro (4) años en el grado de General o Almirante, salvo lo dispuesto en la Ley 775 de 2002.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
7. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literal a) de este decreto.
8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo 104 de este decreto.
9. Por no superar el período de prueba; […]». (Subrayas fuera de texto).
Y el artículo 103, sobre el retiro discrecional preceptuó:
«ARTÍCULO 103. LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. <Artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro.» (Negrita fuera del texto)
Conforme a la normativa en cita, se observa que una de las causales para efectuar el retiro del personal de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, es el llamamiento a calificar servicios y la única exigencia que se requiere para disponer esta medida es que el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro. Aunado a ello, para el caso de los oficiales, se necesita el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
Retiro por llamamiento a calificar servicios
Al respecto ha considerado la Corte Constitucional que el retiro del personal uniformado de la Fuerza Pública por llamamiento a calificar servicios es una forma normal de retiro del servicio activo cuando se cumple el requisito de tiempo de servicio, para permitirle al uniformado ser beneficiario de la asignación de retiro.
La causal de retiro en comento, se constituye en un instrumento importante para la administración, que permite el relevo generacional dentro de la línea jerárquica dentro de actuación que supone el ascenso de algunos miembros y la separación del servicio de otros, de ahí la especial connotación que adquiere frente a otras formas de retiro laboral. Tal característica ha sido objeto de análisis de la jurisprudencia en varias oportunidades. En efecto, la Corte Constitucional sostuvo:
«[…] "calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio. […]» (Resaltado intencional).
Igualmente, el pronunciamiento contenido en la sentencia SU-091 de 2016 se refirió al tema de motivación en el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios para indicar que en este caso, aquella está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos, a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, regla que en la sentencia SU-217 de 2016, juzgó conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial. […]».
En esta última providencia la Corte Constitucional hizo énfasis en que la ley «[…] no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar […]», de manera que es claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la adopción de la decisión.
Por su parte el Consejo de Estado ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.
Por otro lado, frente a la motivación del acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicios, el Consejo de Estado ha considerado:
«[…] El retiro por llamamiento a calificar servicios se produce en ejercicio de una facultad discrecional, la cual por su naturaleza no requiere motivación, se presume ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre.
[…]
Insiste la Sala, es incuestionable que el Gobierno Nacional está autorizado por la Ley para retirar (por llamamiento a calificar servicios) a los oficiales, después de haber cumplido quince (15) o más años de servicio, facultad que, como ya se hizo precisión, se presume ejercida en beneficio del buen servicio público. […]»
En consecuencia, según el criterio del Consejo de Estado no debe motivarse expresamente el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales, dado que se presume expedido con la finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen servicio.
Ahora bien, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios, principalmente, el hecho de que es reconocida como una manera decorosa de culminación de servicios en la Fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro. En efecto, el buen cumplimiento de las funciones, ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo.
De igual forma, también se ha precisado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se permite que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía disfruten de la asignación de retiro.
Bajo dicho entendido, la causal de llamamiento a calificar no requiere motivación en consideración a que ella está dada expresamente por la ley y para que proceda solamente es necesario que el militar demuestre: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares.
Colofón, el acto administrativo mediante el cual se retira del servicio a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía con ocasión de la prerrogativa de llamamiento a calificar servicios, no debe motivarse, empero, cuando como en este caso, se advierten sus fundamentos, el juez debe analizar aquellos, con el fin de verificar si la administración atendió los límites legales y constitucionales.
De la falsa motivación
Conforme a los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que consagran los medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, los actos administrativos pueden ser impugnados, entre otras causales, por falsa motivación del acto.
En este sentido, el Consejo de Estado ha indicado que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo invalida, llamado falsa motivación.
Por ello, ha explicado que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento causal de la decisión, relacionado con los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición y, por lo tanto, el impugnador tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad.
Según lo precedente, el Consejo de Estado ha afirmado que la falsa motivación del acto ocurre cuando: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen, y iv) razones que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión.
En lo que se refiere al acto administrativo de llamamiento a calificar servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es procedente, que existe concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, según la normativa analizada en precedencia.
La desviación de poder
Las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas no gozan de autonomía, al contrario, es heterónomo, toda vez que la ley regula deberes y prohibiciones. Es decir, un variopinto de restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los fines públicos.
Por ello, el artículo 6.º de la Constitución Política prevé que los servidores públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
Bajo dicho entendido, cuando la conducta (activa u omisiva) es explícitamente contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en «ilícita» porque el sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir, los ilícitos típicos son las conductas o actos opuestos a una regla de derecho. Se entiende «ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como antijurídico o ilegal y no necesariamente como delictual. Sin embargo, también existen ilícitos atípicos. Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos atípicos, por así decirlo, invierten el sentido de una regla: prima facie existe una regla que permite la conducta en cuestión; sin embargo - y en razón de su oposición a algún principio o principios-, esa conducta se convierte, una vez considerados todos los factores, en ilícita. Esto es, abuso del derecho, el fraude a la ley y la desviación de poder […]».
Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.
Al respecto, el abuso o desviación de poder es creación jurisprudencial del Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje central del derecho administrativo es el control de la discrecionalidad. Al respecto, García de Enterría señala lo siguiente:
«[…] La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración es un tema clásico de la teoría del Derecho. Está en los orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada época ha ido dejando en él la huella de sus propias reflexiones teóricas, así como de las sucesivas experiencias prácticas y jurisprudenciales […]
[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de forma espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy mismo los poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez de los actos discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos de la Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la tendencia continúa […]».
Bajo esta intelección, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y legalmente responde la norma. Lo anterior condujo a que el juez administrativo perfeccionara sus facultades con el examen constitucional, y que el control del exceso de poder, o la desviación de poder, se fortaleciera con los principios constitucionales.
Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder, el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado institucional o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo o una ley. En esos términos, al tratarse la conducta de un «ilícito atípico» provoca un daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e intereses colectivos. Una característica importante del citado daño, es el de ser indirecto o mediato.
Por su parte, esta Subsección ha efectuado el análisis sobre la desviación de poder desde esta misma óptica. Al respecto:
«[…] La desviación de poder ha sido comprendida por la jurisprudencia de esta Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse. […]». (Negrita fuera del texto original).
Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la existencia de un vicio de poder transita por llegar a la convicción de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración.
Sobre el particular, la Sección Segunda ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. […]».
De esta forma, dado que el acto administrativo de retiro del servicio del aquí demandante por llamamiento a calificar servicios se encuentra motivado (folios 3 a 5), la Subsección procederá a analizar aquellos y verificará si se advierte la falsa motivación o la desviación de poder que se endilga.
No se desvirtuó la presunción de legalidad del acto de retiro
De acuerdo con las precisiones normativas y jurisprudenciales de rango constitucional y legal expuestas, relativas al retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios y, a la luz del caso en estudio, se encuentra acreditado lo siguiente:
El señor Juan Manuel Padilla Maldonado se vinculó como oficial al Ejército Nacional el 3 de septiembre de 1993 y prestó sus servicios como oficial por un total de 22 años, 8 meses y 1 día, según da cuenta el extracto de su hoja de vida. Fue desvinculado de la institución castrense cuando ostentaba el grado de teniente coronel. (Folios 7 a 13).
Acorde con los conceptos de idoneidad profesional del 14 y 15 de mayo de 2013, signados por el inspector general de las Fuerzas Militares y el jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos CGFM, respectivamente, se recomendó al señor Padilla Maldonado para el ascenso, dado que con su formación profesional, militar y personal proyectaba positivamente dentro de la institución, pues el alto grado de conocimientos le permitían continuar en el Ejército Nacional en la especialidad de abogacía que poseía. (Folios 216 a 220).
Conforme con la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014, el ministro de defensa retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares, en forma temporal con pase a reserva «por llamamiento a calificar servicios», entre otros, al señor Juan Manuel Padilla Maldonado. De acuerdo a las siguientes consideraciones:
«[…] Que la honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2013, registrada en el acta No. 09, recomendó el retiro del Servicio Activo por Llamamiento a calificar servicios, a unos señores Oficiales, por las razones que se exponen a continuación:
[…]
Que el Decreto Ley 1790 de 2000 (modificado parcialmente por la Ley 1104 de 2006) en su artículo 99 indica que el retiro de las Fuerzas Militares, es la situación en la que los Oficiales y Suboficiales sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad.
Que el artículo 103 del Decreto Ley 1790 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 del 13 de diciembre de 2006), establece: “Llamamiento a calificar servicios. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro”, dicho retiro no es producto de una sanción disciplinaria sino la aplicación de la facultad ya mencionada.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en Servicio Activo que a la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto, sean retirados con dieciocho (18) o más años de servicio por Llamamiento a Calificar servicios, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro.
[…]
Que dada la rotación normal de toda Institución y en desarrollo de los anteriores parámetros, en pro del cumplimiento de la misión constitucional y legal que no es más que la defensa de la Soberanía, la Independencia, la integridad del Territorio Nacional y del Orden Constitucional, la fuerza cada seis meses procede al estudio del personal de Oficiales que conforme al artículo 53 del Decreto ley 1790 de 2000, cumple el tiempo mínimo en el grado como requisito para poder ascender al grado inmediatamente superior, para lo cual se nombra un Comité basado en los Estatutos y demás normas afines que determinen la manera, formalidad y procedimientos para la evaluación y clasificación del personal de Oficiales y Suboficiales.
Que nombrado el correspondiente Comité de Estudio para la evaluación respectiva del personal de Tenientes Coroneles aspirantes al grado de Coronel, éste no recomendó el ascenso al grado inmediatamente superior, dado que al estudiar su historia laboral, se encontraron consideraciones que determinan que el desempeño, no llena las expectativas establecidas por el Comando de la Fuerza, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones de los cargos desempeñados por el personal militar, en el grado de Coronel, teniendo en cuenta los registros que se encontraron en el folio de vida, los cuales fueron notificados en debida forma y eran susceptibles de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.
La Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, después de estudiar la propuesta sometida a su consideración por parte del señor General Comandante del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que los Oficiales que se relaciona (sic) anteriormente tiene (sic) derecho a la asignación de retiro conforme a lo establecido en los artículos 100 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006) del Decreto 1790 de 2000, por unanimidad recomienda el retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios delos (sic) Oficiales citados anteriormente”.
Que como quiera que el Decreto Ley 1790 de 2000, modifica las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, es pertinente tener en cuenta para el caso que nos ocupa, que el artículo 3° de la norma antes citada establece el escalafón de cargos, lo que permite constituir la base para determinar la planta de personal de las Fuerzas Militares con base en las necesidades del servicio de la Institución.
Que dicho escalafón organiza al personal que integra las Fuerzas Militares en orden de grado y antigüedad, estableciéndose así una de las características de la Institución como lo es la jerarquía, pues a través de ésta se establecen pautas para efectos de mando y régimen disciplinario, resaltando lo señalado por la sentencia C-445/11 de la siguiente manera: “Es palmario que entre los cargos superiores y más bajos de una escala jerárquica hay distinciones que justifican precisamente esta estructura piramidal; razones de índole académico, profesional y de experiencia en el campo motivan esta diferenciación. Al respecto, a manera de ilustración, se sostuvo en sentencia C-676 de 2001, reiterada en este sentido en la sentencia C-892 de 2003, que "existe una clara y directa relación entre el nivel de preparación de los miembros de la Fuerza Pública y el grado que ostentan en el escalafón correspondiente. Esta evidente correspondencia da cuenta de que los oficiales de la Policía o de las Fuerzas Militares no se encuentran en igualdad de condiciones a los soldados, agentes y suboficiales de una y otra fuerza. Antes bien, el hecho de ocupar ese lugar en la jerarquía castrense, denota -como se dijo- un nivel de preparación superior que le otorga ciertos derechos de mando y decisión, los cuales no podrían ser desconocidos sin atentar, en tal caso, contra el principio de igualdad constitucional.” (Negrillas por fuera del texto original).
Que por otra parte, el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas, condecoraciones y felicitaciones, corresponde al deber ser de todo militar, por ello, dichas situaciones no constituyen “fuero de estabilidad”. La carrera militar es dinámica, exigente y establece sus propias limitaciones, por cuanto no todos los subtenientes que egresan de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, pueden llegar al grado de General de la República, puesto que por organización, funcionalidad y ejercicio del mando, las plazas para cada rango se van reduciendo desde los grados inferiores hasta los grados superiores.
Que con fundamento constitucional, legal y funcional, es que se hace referencia a que se trata de una carrera piramidal y por esa misma circunstancia no todo el personal llega a los más altos rangos, aunque todos tengan una excelente trayectoria. Se trata entonces, de escoger entre los mejores “que son la mayoría”, los que más se ajusten a los perfiles definidos para los cargos que deben ocuparse de mando y dirección. Estas circunstancias permiten reiterar que el retiro por Llamamiento a Calificar Servicios, no constituye ninguna sanción, sino que es una forma de culminación de la carrera militar, por las razones ya aludidas.
Que si bien es cierto, los señores Oficiales que se relacionan en el presente acto administrativo, tuvieron condiciones y capacidades profesionales militares, que les permitieron alcanzar el grado actual, éstas conforme a la evaluación realizada por el Comité de Evaluación correspondiente, no permiten sostener la continuidad de los señores Oficiales en la Institución Castrense, aspecto que sustenta el mejoramiento continuo del servicio conforme a la Constitución y la Ley.
Que de conformidad con lo anteriormente indicado se considera procedente retirar del servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejercito Nacional, los Oficiales que se relacionan en el presente acto administrativo. […]». (Cursiva y negrilla conforme a la transcripción). (Folios 3 a 5).
Del extracto de la hoja de vida y de los diplomas allegados al plenario, se advierte que el oficial del Ejército Nacional demandante, obtuvo la siguiente formación académica: i) abogado, especialista en derecho administrativo, en constitucional, en resolución de conflictos, y con maestría en derecho público; ii) 8 cursos, entre los que se destacan los de derechos humanos y derecho internacional humanitario, windows, word, excel, derecho disciplinario, contratación estatal y estatuto anticorrupción; iii) 9 congresos, de los cuales se resaltan el de régimen disciplinario aplicable a las Fuerzas Militares y derecho internacional público; iv) 12 seminarios, entre ellos, los de contratación estatal, justicia penal militar, inducción a la alta gerencia de la administración pública y de unificación de criterios en materia disciplinaria y; v) asistencia a 3 talleres y 1 foro. (Folios 3 a 5 y 15 a 77).
Asimismo, le obran 12 condecoraciones:
orden del mérito militar,
medalla Batalla de Ayacucho,
medalla general Francisco José de Caldas,
orden del mérito militar,
medalla por tiempo de servicio,
orden por la libertad personal,
medalla Marco Fidel Suárez,
medalla servicios distinguidos a las Fuerzas Militares,
orden del mérito,
medalla por tiempo de servicio,
medalla por servicios distinguidos.
También se advierten en su hoja de vida 58 felicitaciones durante el ejercicio de la carrera militar, entre ellas por excelente desempeño del cargo, participación, profesionalismo, interés, espíritu de superación, labor y por consagración al trabajo. Se resalta que no le figuran sanciones disciplinarias ni investigaciones penales.
Igualmente, se aportaron formularios de evaluaciones de desempeño militar y de seguimiento de los años 1993 a 2013 (Folios 78 a 215).
De la relación probatoria que precede, la Sala encuentra que, como se vio, la motivación exigible para el llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicios para ser acreedor de la asignación de retiro, que se encuentran plenamente satisfechos en el expediente, pues según se desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado a las Fuerzas Militares durante 22 años, 8 meses y 1 día (y conforme al artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, se exigen 18 años, por esta causal). Además de ello, su retiro como miembro del Ejército Nacional en el grado de oficial contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
Al respecto, la Sala al revisar las consideraciones de la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014, encontró que el Ministerio de Defensa Nacional dispuso el retiro del servicio del señor Padilla Maldonado por llamamiento a calificar servicios con fundamento en lo siguiente: i) en que se trataba de una facultad consagrada en el Decreto 1790 de 2000; ii) que el mencionado oficial contaba con el tiempo de servicio requerido para el reconocimiento de la asignación de retiro; y, iii) en que la estructura piramidal del Ejército Nacional obligaba al cambio generacional.
Ahora bien, de conformidad con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, que se citó en el acto administrativo aquí enjuiciado, se recomendó retirar del servicio por llamamiento a calificar servicios al demandante conforme a que: «[…] se encontraron consideraciones que determinan que el desempeño, no llena las expectativas establecidas por el Comando de la Fuerza, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones de los cargos desempeñados por el personal militar, en el grado de Coronel, teniendo en cuenta los registros que se encontraron en el folio de vida, los cuales fueron notificados en debida forma y eran susceptibles de recursos de acuerdo con la normatividad vigente. […]».
La Subsección al verificar los folios de la hoja de vida del libelista, observa que el señor Juan Manuel Padilla Maldonado no tiene ninguna anotación negativa durante su carrera militar, sin embargo, esta particularidad no enerva la legalidad del acto de retiro, teniendo en cuenta que la finalidad de la prerrogativa otorgada a la administración denominada «llamamiento a calificar servicios», como se analizó en precedencia, es el relevo de la línea jerárquica en las Fuerzas Militares, y el único presupuesto, conforme lo señaló la Corte Constitucional es «[…] haber cumplido un tiempo mínimo en la institución y tener derecho a la asignación de retiro […]».
En ese orden, se reitera que es necesario probar que en la expedición del acto se tuvieron necesidades ocultas, esto es, demostrar la desviación de poder, ello, dado que en el sub lite no se analiza la facultad discrecional del Gobierno Nacional que propende por el mejoramiento del servicio, sino que nos encontramos ante una potestad que busca precisamente el relevo generacional.
Al respecto, el Alto Tribunal Constitucional en la mentada sentencia SU-091 de 2016, efectuó la señalada distinción de la siguiente forma:
«[…] En síntesis, el retiro por llamamiento a calificar servicios es una herramienta con la que cuentan las instituciones de la Fuerza Pública para garantizar la renovación o el relevo del personal uniformado dentro de las escalas jerarquizadas propias de la institución y permitir con ello el ascenso y la promoción de otros funcionarios, régimen especial dispuesto por mandato constitucional y desarrollado en los Decretos Ley 1790 y 1791 de 2000 y las Leyes 857 de 2003 y 1104 de 2006. El presupuesto que da razón a la aplicación de esta causal tal y como se mencionó es haber cumplido un tiempo mínimo en la institución y tener derecho a la asignación de retiro HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/SU091-16.htm" \l "_ftn45" \o "" [45].
A diferencia de lo anterior, el retiro Discrecional en las Fuerzas Militares y el retiro por Voluntad del Gobierno Nacional o del Director General de la Policía Nacional han sido instituidas con la finalidad de velar por el mejoramiento del servicio frente a casos de corrupción o graves situaciones que afecten el desempeño de la función institucional, en aras de garantizar la seguridad ciudadana y la misma seguridad del Estado, sin que se requiera que el uniformado haya tenido un tiempo mínimo de servicio con el cual adquiera el derecho a una asignación de retiro. […]». (Subrayado y negrita de texto original).
Así, el llamamiento a calificar servicios constituye una garantía para el miembro de la Fuerza Pública que es desvinculado, para disfrutar de su asignación de retiro así como a continuar con sus derechos a la seguridad social, bienestar y recreación. En todo caso, al analizar el acto administrativo enjuiciado se observa que, si bien citó las razones emitidas por la Junta Asesora para el retiro del servicio del demandante, atendió la normativa aplicable, esto es, garantizar el relevo del personal uniformado y el derecho a la asignación de retiro del libelista.
Es de resaltar, que en el evento de que se estime que el llamamiento a calificar servicios se erige en una sanción, el interesado es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y que no cumplió el tiempo de servicio requerido, sino a otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura.
Bajo esa óptica, se encuentra que, el recurrente alega que el retiro del servicio no obedeció al mejoramiento del servicio, pues no tuvo en cuenta su excelente trayectoria profesional, por lo que su desvinculación fue no solo sorpresiva sino injusta y vulneró sus derechos fundamentales.
En efecto, como quedó analizado en apartes anteriores, cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo produjo.
En este contexto se debe señalar que, más allá de la afirmación del libelista, no obran pruebas que permitan advertir que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al relevo jerárquico del mando.
Es necesario destacar que el excelente desempeño de las funciones del demandante, situación que lo hizo merecedor de felicitaciones, condecoraciones, evaluaciones de desempeño militar sobresalientes y reconocimientos, tampoco le brinda un fuero de estabilidad adicional, que impida ser retirado por la causal en mención, pues como se dijo, el cumplimiento de esta característica se entiende como connatural al ejercicio de la labor militar.
En tal medida y por virtud de dicha prerrogativa, la institución militar puede ascender a unos miembros de la fuerza y retirar a otros, por razones de necesidad y de conveniencia. Ello debido a que no le es posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de ser ascendidos, en tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos.
También se insiste en que, por la estructura piramidal de las fuerzas militares, no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor militar o represente una persecución en contra del militar no escogido.
Luego, la Sala concluye que el demandante no logró demostrar los vicios de desviación de poder y falsa motivación, en la medida que las pruebas no permiten develar que con la expedición del acto de retiro se haya buscado una finalidad diferente a la que autoriza la norma, esto es, el relevo generacional, a partir de la naturaleza jerarquizada de la institución, en la que se pone término al servicio profesional de unos uniformados para permitir el ascenso y promoción de otros.
En relación con la solicitud en el recurso de alzada de que se dé aplicación a la sentencia del 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Corporación que ordenó el reintegro de un miembro de la Fuera Pública, se considera que aquella sentencia tiene efectos inter partes y solo es un criterio orientador más no vinculante por no tener el carácter de sentencia de unificación, por lo tanto, no es susceptible de aplicarse en el presente caso, máxime cuando con posterioridad la Subsección ha reiterado la tesis contraria de forma pacífica.
En efecto, en sentencia del 8 de octubre de 2020, esta Sección en un proceso con similares contornos a los aquí analizados, sostuvo:
«[…] En el presente caso, el demandante alega que el llamamiento a calificar servicios no buscó el mejoramiento del servicio, pues no tuvo en cuenta su excelente trayectoria profesional, por lo que su retiro fue no solo sorpresivo sino injusto.
Cabe precisar que aunque el mencionado Oficial demostró tener una excelente hoja de vida, múltiples condecoraciones, felicitaciones, evaluaciones de desempeño policial sobresalientes y, en general, una carrera militar brillante, ese buen desempeño en el servicio no le otorgaba una estabilidad absoluta, pues ello es fruto del deber connatural que tenía como servidor público.
Tampoco esa situación le hacía merecedor de un derecho de ascenso automático en la Policía Nacional, en tanto este, según lo dispone el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, debía estar precedido del llamado a curso, una vez evaluada su trayectoria profesional, lo cual es discrecional.
[…]
La Sala reitera que la figura del llamamiento a calificar servicios es discrecional y para su procedencia, respecto de los Tenientes Coroneles, solo se requiere el cumplimiento del tiempo de servicios para obtener la asignación de retiro y una recomendación previa de la Junta Asesora. Conforme a ello, no se encuentra una relación de causalidad entre los logros laborales del actor y la decisión de retirarlo, en tanto que para esta era requisito, únicamente, verificar que era merecedor de la prestación social y la recomendación aludida.
También se insiste en que, por la estructura piramidal de las fuerzas militares, no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor militar o represente una persecución en contra del militar no escogido.
Además, de lo expuesto se infiere que la desvinculación del actor no fue sorpresiva, pues él mismo solicitó su retiro del servicio, petición a la cual no se le dio trámite por haberse presentado ante el presidente de la República quien no tenía competencia para ello.
En estas condiciones, la Sala concluye que el demandante no logró demostrar el vicio de desviación de poder, en la medida que las pruebas no permiten develar que el acto contuviera motivaciones ocultas u otras distintas a las que autorizan la Ley 857 de 2003, por lo que su presunción de legalidad no fue desvirtuada. […]». (Resaltado intencional).
Por último, se observa que el demandante allega como prueba para demostrar los vicios del acto de retiro, las recomendaciones efectuadas en su favor por el inspector general de las Fuerzas Militares y el jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos CGFM (folios 216 a 220), así mismo aportó los argumentos de defensa de la inxequibilidad del inciso 2.° del artículo 35 de la Ley 1476 de 2011, el cual fue proyectado por el libelista y presentado por el entonces ministro de Defensa Nacional (folios 229 a 240), con el fin de hacer énfasis en sus especiales condiciones como profesional; con lo cual, refuerza el argumento desarrollado en esta providencia consistente en que el Ejército Nacional escoge entre los mejores oficiales, circunstancia que no es óbice para demostrar un actuar fraudulento de la administración.
En conclusión: el señor Juan Manuel Padilla Maldonado no demostró que la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014, a través de la cual fue retirado del servicio no hubiera sido adecuada a los fines de la norma que consagra el llamamiento a calificar servicios o que contenía finalidades ocultas, distintas a las previstas en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, por lo que la presunción de legalidad no fue desvirtuada.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 5 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación de la parte demandante.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Bajo el hilo argumentativo, no se condenará en costas al demandante, toda vez que si bien resultó vencido en el sub lite, pues no prosperaron los argumentos del recurso de alzada, el Ejército Nacional no presentó alegatos de conclusión en esta instancia, según constancia secretarial visible a folio 625 del expediente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 5 de octubre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Juan Manuel Padilla Maldonado contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA.
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
Corte Constitucional. Sentencia SU-091 de 2016.
Corte Constitucional, sentencia C-072 de 1995. Referencia: Expedientes acumulados D-1044, 1045 y 1046.
Sentencia del 25 de febrero de 2016. Referencia: expedientes T- 4.862.375, T-4.938.030, T-4.943.399 y T-4.954.392.
Sentencia del 28 de abril de 2016. Referencia: Expedientes T-5.173.085 y T-5.189.329 y T-5.189.400 (acumulados).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Radicado: 760012331000200501375 01 (0197-2013).
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2014. Radicación: 11001-03-15-000-2013-01936-01.
En este sentido se pueden consultar la providencia del 19 de enero de 2017. Radicado: 05001-23-31-000-1999-02281-02 (4117-2014).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011. Radicación: 54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10).
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Radicación: 25000232400020080026501.
Ibidem
Ejusdem.
Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27.
La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder.
Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid, Marcial Pons, 4ed., 1998, pp. 31 y 36.
Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009. Radicado: 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009).
Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado: 170012331000200301412 02(0734-10).
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública».
SU-091 de 2016.
Así el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 prevé: «[…] Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, que sean retirados con dieciocho (18) o más años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así: […]». (Resaltado intencional).
Ibidem.
Al respecto consultar la sentencia de esta Sección fechada 9 de julio de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01(2334-17).
Al respecto ver las sentencias del 27 de junio de 2018, radicado: 17001-23-33-000-2013-00602-01(0667-15), del 18 de julio de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2013-01832-01(1358-15), del 9 de julio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01(2334-17), entre otras.
Radicado: 73001-23-33-000-2013-00721-02(0103-15).
Modificatoria del Decreto 1091 de 2000
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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Radicado: 08001-23-33-000-2013-90330-01 (0839-2015)
Demandante: Jaime Enrique Socarras
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