RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2019-00047-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00047-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00047-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón. 11 Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022) Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00047-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Tema: Retiro por llamamiento a calificar servicios, numeral 3 del
artículo 100 del Decreto 1790 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en contra de la
sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. El señor Juan Gilberto Vargas Villamizar y otros1 instauraron demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
con el fin de que se declare la nulidad del Decreto 1191 del 12 de julio de 2018, mediante
el cual el señor Vargas fue retirado del servicio activo del Ejército Nacional por
llamamiento a calificar servicios.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitaron (i) reintegrar al señor Vargas al
servicio activo, con efectos retroactivos desde su retiro, en igualdad de condiciones que
sus compañeros del curso «Héroes de Guepi»; (ii) pagar salarios, primas, bonificaciones,
vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir, incluida la comisión diplomática;
(iii) reconocer continuidad en el servicio desde su retiro hasta el reintegro; (iv) indemnizar
daños morales por el retiro injusto con 100 SMLMV al señor Vargas y 100 SMLMV a los
demás demandantes o 50% según corresponda; (v) indemnizar daños al buen nombre
con 100 SMLMV para Vargas y un monto similar o proporcional para los demás; (vi)
cumplimiento integral de la sentencia, según artículos 195.5 y 305 a 308 del CPACA; (vii)
actualización monetaria hasta el cumplimiento y (viii) condena en costas.

1 María Paula Vargas López (hija del señor Juan Gilberto Vargas Villamizar), Liliana Patricia Álvarez Merlano (esposa), María
Alejandra Vargas López (hija), Gilberto Vargas Camargo (padre), Rosalia Villamizar de Vargas (madre), Rosalia Vargas Villamizar
(hermana), María del Rosario Vargas Villamizar (hermana), Laura Estefanía González (sobrina), Yudi Vargas Villamizar (hermana),
Gerardo Vargas Villamizar (hermano), Mauricio González Vargas (sobrino).

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

3. El demandante prestó servicio activo desde el 15 de junio de 1993 hasta su retiro
el 3 de agosto de 2018, mediante Decreto 1191 del 12 de julio de ese año, pese a contar
con una hoja de vida sobresaliente, reconocida y premiada, sin antecedentes
disciplinarios negativos, aspectos no considerados al decidir su retiro.

4. Argumentaron que se vulneró el derecho al debido proceso, en la medida en que
el acta mediante la cual se recomendó el retiro no fue notificada al señor Vargas, quien
aún desconoce su contenido pese a haberla solicitado mediante derecho de petición. Si
bien reconocieron que el llamamiento a calificar servicios constituye una facultad
discrecional, su ejercicio debe respetar estrictamente las garantías constitucionales
consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política.

5. Asimismo, destacaron irregularidades en el procedimiento al señalar que el mayor
general Jorge Tadeo Borbón Fernández, superior inmediato del demandante, no conocía
la decisión de retiro sino hasta después de haberse materializado, lo cual, a su juicio,
evidencia la ausencia del concepto previo requerido para validar el acta de la Junta
Asesora.

6. Consideraron que las irregularidades que desvirtuaban la presunción de legalidad
del acto administrativo se presentaron en la expedición irregular del acta de la Junta
Asesora, la violación del debido proceso, la desviación de poder, la falta de motivación
adecuada y la vulneración del régimen especial de carrera militar. Sostuvieron que la
ausencia de una motivación objetiva y legítima, tanto en los actos previos como en los
posteriores al retiro, configuraba una desviación de poder, en tanto permitía inferir la
existencia de finalidades ajenas al interés público. Asimismo, señalaron que el acto pudo
haber sido utilizado indebidamente como una herramienta de persecución, discriminación
o abuso.

7. Finalmente, cuestionaron de manera específica el Acta No. 06 del 22 de mayo de
2018, al estimar que esta carecía de criterios objetivos, razonables e informes o
exámenes concretos que fundamentaran la recomendación de retiro, lo cual, a su juicio,
invalidaba desde su origen el acto administrativo demandado.

Contestación de la demanda.

8. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional se opuso a las pretensiones
de la demanda, al indicar que el retiro del actor por llamamiento a calificar servicios se
ajustó plenamente a la legalidad y a la facultad discrecional del Gobierno Nacional. La
decisión se fundamentó en el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000, modificado por la
Ley 1104 de 2006, el cual permite el retiro de oficiales y suboficiales cuando hayan
cumplido el tiempo mínimo para hacerse acreedores a la asignación de retiro. En este
caso, el actor prestó servicios durante 27 años, 8 meses y 15 días, superando
ampliamente el requisito mínimo de 15 años. Además, el retiro fue precedido por la
recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa mediante el Acta 06 del 22
de mayo de 2018, lo que cumple con las exigencias normativas.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

9. Agregó que la falta de notificación del acta no constituía una causal de nulidad,
toda vez que la recomendación de la Junta Asesora no correspondía a un acto
administrativo definitivo, sino a un acto preparatorio que solo adquirió efectos vinculantes
mediante el Decreto No. 1191 del 12 de julio de 2018, el cual sí fue debidamente
notificado.

10. En cuanto a la supuesta falta de recomendación del Comité de Evaluación y
Clasificación del Ejército Nacional, la entidad aclaró que dicho requisito no resultaba
aplicable al retiro por llamamiento a calificar servicios, por cuanto la ley únicamente exigía
el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, el cual fue emitido en
debida forma.

II. SENTENCIA APELADA.

11. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, negó las pretensiones de la
demanda tras considerar que el demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo mediante el cual el señor Vargas fue retirado del servicio
activo, ni probó que dicho acto tuviera finalidades diferentes a las previstas en los
artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000.

12. La autoridad judicial destacó que el llamamiento a calificar servicios cumplió con
los requisitos formales, en tanto el demandante contaba con el tiempo mínimo exigido
para acceder a la asignación de retiro y se obtuvo el concepto previo favorable de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa. Adicionalmente, precisó que el acto acusado fue el
resultado del ejercicio legítimo de la facultad discrecional orientada al relevo
generacional, la cual no requiere motivación explícita, dado que los motivos se entienden
implícitos en dicha potestad.

13. Por otra parte, el a quo aclaró que correspondía al demandante probar la
existencia de irregularidades como una eventual desviación de poder o motivaciones
ocultas, lo cual no logró acreditar con las pruebas aportadas ni demostrar que su retiro
obedeciera a intereses ajenos a los fines establecidos legalmente.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

14. Inconforme con la decisión adoptada la parte actora interpuso recurso de apelación
contra la sentencia. Resaltó que el juez de primera instancia no aplicó adecuadamente la
jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado sobre los límites a la
discrecionalidad en el retiro por llamamiento a calificar servicios. Asimismo, cuestionó
que la decisión se hubiera sustentado exclusivamente en el cumplimiento del tiempo
mínimo de servicio exigido, omitiendo la valoración de otros elementos relevantes
definidos por la jurisprudencia como determinantes para la legalidad del acto de retiro.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

15. La parte apelante insistió en que el acta de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa, base del acto administrativo demandado, no fue notificada al oficial retirado
Juan Gilberto Vargas. Además, advirtió falta de congruencia ya que el juez no analizó
específicamente cada una de las causales de nulidad planteadas, limitándose a
conclusiones generales.

16. Finalmente, la parte actora reprochó la sentencia de primera instancia por no
valorar adecuadamente las pruebas aportadas, especialmente aquellas relacionadas con
la falta del concepto previo del superior inmediato, la destacada hoja de vida del oficial y
los posibles vicios en la expedición del acto administrativo.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

17. Mediante auto proferido el 4 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por los demandantes. Durante la oportunidad procesal, las partes no hicieron
manifestación alguna, y el Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico.

19. En el presente la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico:

¿La sentencia de primera instancia dejó de valorar pruebas o medios de convicción que
demostraran los vicios de nulidad deprecados frente a los actos administrativos
demandados?

Para resolver este interrogante, se abordarán dos ejes temáticos: (i) el retiro del servicio
por llamamiento a calificar servicios, y (ii) el análisis del caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial. Retiro del servicio por llamamiento a calificar
servicios.

20. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1790 de 2000, mediante el cual se
modificaron las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, regulando, entre otros aspectos, lo relacionado con el retiro del servicio.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

21. El artículo 99 del citado decreto establece que el retiro de los oficiales generales,
de insignia, coroneles o capitanes de navío se realiza mediante decreto del Gobierno
Nacional; mientras que el retiro de los demás grados, incluidos los suboficiales, se efectúa
mediante resolución ministerial, facultad que puede delegarse en el comandante general
o en los comandantes de fuerza.

22. En consonancia, el artículo 100 de la misma norma señala las causales por las
cuales puede producirse el retiro, clasificándolas entre causales temporales con pase a
la reserva y causales de retiro absoluto.

23. Entre las causales de retiro temporal, se encuentran:

“a) Retiro temporal con pase a la reserva:

1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del Aire,
salvo lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo
previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
7. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literal a) de este
decreto.
8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo 104 de este decreto.
9. Por no superar el período de prueba (…)”

24. En cuanto a la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, el artículo 103
del Decreto 1790 de 2000 dispone expresamente que los oficiales y suboficiales solo
podrán ser retirados por esta causal después de haber cumplido quince (15) años o más
de servicio, sin perjuicio de las condiciones de llamamiento especial al servicio previstas
en el artículo 117.

25. El alcance de la facultad del Gobierno y del Ministerio de Defensa para retirar a
miembros de la Fuerza Pública por llamamiento a calificar servicios ha sido objeto de
análisis tanto por parte del Consejo de Estado como por la Corte Constitucional en los
que se han fijado lineamientos para el ejercicio de esta facultad, la cual ha sido
reconocida como una figura sustentada en la naturaleza constitucional de la Fuerza
Pública como garante de la integridad, convivencia y seguridad de la Nación 2. Además,
se ha entendido como un valioso instrumento que permite el relevo dentro de la línea

2
Corte Constitucional, sentencia SU 217 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.

5

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

jerárquica de los cuerpos armados, facilitando el ascenso y la promoción de su personal,
lo que corresponde a una forma ordinaria de culminación de la carrera oficial3

26. En virtud de ello, se ha establecido que el ejercicio de esta facultad debe cumplir
con unos presupuestos mínimos, orientados a garantizar la salvaguarda de las garantías
constitucionales y del interés institucional de las fuerzas militares, tales como (i) que la
persona retirada haya cumplido el tiempo mínimo para hacerse acreedora a la asignación
de retiro y (ii) que se haya rendido un concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa.

27. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Estado4 ha expresado que el ejercicio de
esta facultad está sujeto a control judicial, mediante el cual, además de verificarse el
cumplimiento de los requisitos de tiempo y concepto previo, debe determinarse que su
aplicación no constituya un mecanismo de persecución o abuso del poder.

28. Asimismo, ha señalado que la indebida utilización de esta facultad debe estar
plenamente acreditada en el proceso, pues los actos expedidos en ejercicio de la facultad
discrecional gozan de presunción de legalidad y se entienden proferidos en interés del
buen servicio. En este sentido, la Corporación ha precisado:

“(…) los actos expedidos en ejercicio de la facultad discrecional están amparados
por la presunción de legalidad y de haber sido proferidos en aras del buen servicio.
También se ha insistido que quien considere que se profirieron con desviación de
poder, esto es, que se inspiraron en razones ajenas o distintas al querer del
legislador, corre en principio, con la carga de la prueba.”5 (Subrayado propio).

29. En consecuencia, corresponde establecer, en el caso concreto, si el demandante
logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo acusado, mediante la
demostración probatoria de la configuración de las alegadas causales de nulidad
respecto de la decisión que dispuso su retiro del servicio activo por llamamiento a calificar
servicios. Esta valoración permitirá determinar si la resolución impugnada se ajustó a los
parámetros legales y jurisprudenciales previamente expuestos.

Caso concreto.

29. En el presente caso, la Sala confirmará la decisión de primera instancia al verificar
que el retiro del coronel Juan Gilberto Vargas Villamizar, dispuesto mediante la figura de
llamamiento a calificar servicios, obedeció al ejercicio legítimo de una facultad
discrecional prevista en la normativa aplicable. No se acreditó la falsa motivación alegada

3
Subsección B: 16 de marzo de 2016, Radicación número: 11001-03-15-000-2016-00385-00(AC), C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 12 de octubre de 2017, rad. núm. 5000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14), C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
5
Ibidem.

6

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

por la parte demandante ni se desvirtuaron los requisitos legales exigidos para la
procedencia de esta modalidad de desvinculación, por lo que se mantiene incólume la
presunción de legalidad del acto administrativo acusado por las siguientes razones.

30. El demandante prestó sus servicios en el Ejército Nacional durante 27 años, 8
meses y 15 días.

31. La Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el Acta No. 06 del
22 de mayo de 2018, recomendó su retiro del servicio activo, en su condición de coronel,
por llamamiento a calificar servicios, con fundamento en el artículo 103 del Decreto 1790
de 2000, modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006. En dicha acta se indicó
que la decisión se adoptó en atención a la potestad del Gobierno de retirar a los oficiales
bajo esta causal, con el propósito de facilitar el relevo generacional, reestructurar la línea
jerárquica y garantizar la renovación institucional.

32. Posteriormente, el Ministro de Defensa Nacional, mediante el Decreto No. 1191
del 12 de julio de 2018, ordenó el retiro temporal del señor Vargas, con pase a la reserva,
sustentado en la recomendación de la Junta Asesora y en la necesidad institucional de
renovar los cuadros de mando, garantizar la excelencia institucional y preservar el grado
de confianza que debe existir entre el Presidente de la República y sus colaboradores
inmediatos. El acto también citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado que reconoce el carácter discrecional de esta modalidad de desvinculación.

33. La Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares (CASUR), mediante la
Resolución No. 19547 del 9 de octubre de 2018, reconoció al señor Vargas la asignación
de retiro, con efectos a partir del 2 de noviembre de 2018.

34. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal concluyó que la parte demandante
no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo mediante el cual se
dispuso su retiro del servicio activo. No obstante, en sede de apelación, la parte actora
reiteró sus reparos, señalando: (i) el desconocimiento del precedente jurisprudencial
sobre los límites de la facultad discrecional en los retiros; (ii) la ausencia de notificación
del acta de la Junta Asesora; (iii) la falta de congruencia y análisis individualizado de las
causales de nulidad formuladas; y (iv) la indebida valoración de las pruebas que, a su
juicio, acreditaban irregularidades sustanciales en el trámite administrativo de retiro.

35. A continuación, se analizarán cada uno de los argumentos que fundaron la alzada:

Precedente jurisprudencial sobre los límites del retiro discrecional

36. El extremo apelante sostuvo que el a quo no tuvo en cuenta que el retiro de los
oficiales del Ejército está sujeto a límites definidos por la jurisprudencia, en tanto dicha
facultad no goza de inmunidad que permita amparar la arbitrariedad o el capricho por
parte de la autoridad nominadora. En respaldo de esta afirmación, citaron precedentes

7

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

jurisprudenciales en los que se analizaron casos de retiro del servicio fundados en la
potestad discrecional del Gobierno.

37. Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal sí fundamentó su decisión en la
jurisprudencia proferida tanto por esta Corporación6 como por la Corte Constitucional7.
Ello no implica que las conclusiones adoptadas por el juez de primera instancia se
correspondan con la interpretación sostenida por la parte apelante. En efecto, la
jurisprudencia8 ha señalado que, si bien la facultad discrecional para ordenar el retiro por
llamamiento a calificar servicios no exige una motivación expresa, su ejercicio debe
sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de evitar que se utilice
como un mecanismo de desviación de poder o de abuso de autoridad. En el caso
concreto, el Tribunal verificó el cumplimiento de los requisitos legales y concluyó que la
decisión de retiro se ajustó a los parámetros jurisprudenciales, sin que se evidenciara
arbitrariedad o desconocimiento de los principios que rigen la función pública.

Notificación del Acta de la Junta Asesora

38. Los demandantes insistieron en que el Acta de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa, base del acto administrativo demandado, no fue notificada al oficial retirado
Juan Gilberto Vargas.

39. En cuanto a la presunta falta de notificación del Acta No. 06, se advierte que,
mediante oficio del 19 de marzo de 20209, su contenido fue puesto en conocimiento de
la apoderada del actor. Ello demuestra que el demandante actualmente conoce las
razones que sustentaron su retiro, adoptado en ejercicio de una facultad discrecional
legítima, orientada a la renovación institucional.

40. Es preciso señalar que la ausencia de una notificación previa de la recomendación
no resulta, por sí sola, suficiente para invalidar el acto administrativo de retiro, máxime
cuando el actor tuvo conocimiento pleno de los fundamentos de la decisión, los cuales
también fueron consignados en el acto que dispuso su desvinculación del servicio activo.
Lo anterior descarta cualquier presunción de arbitrariedad, en la medida en que el
conocimiento de la decisión tiene como finalidad garantizar al interesado la posibilidad de
controvertir la legalidad del acto definitivo ante la jurisdicción.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencias del 26 de

noviembre de 2009. Rad. No. 270012331000200300471 02 (1385-2009); 23 de febrero de 2011. Rad. No.
170012331000200301412 02 (0734-10); 18 de mayo de 2011. Rad. No. 540012331000200100054 01
(1065-10); 21 de noviembre de 2013. Rad. No. 760012331000200501375 01 (0197-2013); 30 de octubre
de 2014. Rad. No. 110010315000201301936 01; 19 de enero de 2017. Rad. No. 050012331000199902281
01 (4117-2014); 9 de julio de 2020. Rad. No. 250002342000201301241 01 (2334-17); y 8 de julio de 2021.
Rad. No. 250002342000201500155 01 (1205-2018).
7 Corte Constitucional. Sentencias C-072 de 1995 Exp. D-104, 1045 y 1046; SU-091 de 2016; y SU-217 de

2016.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-26-2022 del 7 de abril de 2022.
9
Índice 2 Samai. Expediente digital. Contestación de la demanda.

8

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

41. En consecuencia, este reparo carece de la entidad suficiente para desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara el acto administrativo de retiro, en la medida en que
la decisión adoptada por la administración se ajustó a los principios de proporcionalidad
y razonabilidad exigidos por el ordenamiento jurídico.

Causales de nulidad planteadas

42. La parte recurrente sostuvo que el Tribunal no analizó de manera individualizada
cada una de las causales de nulidad formuladas en la demanda, limitándose a realizar
consideraciones generales.

43. Frente a la presunta expedición irregular del Acta de la Junta Asesora, alegada por
la parte actora bajo el argumento de que no contenía razones suficientes para sustentar
el retiro del señor Vargas, la Sala advierte lo contrario. La recomendación se fundamentó
en el ejercicio de la facultad discrecional que tiene el Gobierno Nacional para renovar el
personal de la Fuerza Pública, lo cual resulta razonable, toda vez que, de no aplicarse
dicha potestad, todos los oficiales ascenderían hasta los máximos grados, lo que
resultaría inviable en una estructura jerárquica de tipo piramidal, como ha sido reconocido
en reiterada jurisprudencia.

44. En relación con la alegada desviación de poder, la Sala observa que el
demandante no acreditó que la decisión de retiro obedeciera a intereses ajenos al orden
institucional o a finalidades arbitrarias. Por el contrario, el acto administrativo cuestionado
se sustentó en la facultad discrecional legalmente reconocida y en la recomendación
previa de la Junta Asesora. Como se indicó en el análisis normativo y jurisprudencial, los
únicos requisitos exigidos para el retiro por llamamiento a calificar servicios son: (i) el
cumplimiento del tiempo mínimo requerido para acceder a la asignación de retiro y (ii) la
existencia de un concepto previo favorable por parte de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa. Ambos presupuestos fueron plenamente acreditados en el caso concreto,
por lo que no resulta procedente exigir condiciones adicionales.

45. En consecuencia, la Sala concluye que la entidad demandada ejerció
adecuadamente la facultad discrecional que le asiste, conforme a los parámetros legales
y jurisprudenciales aplicables. No se encuentra acreditado que la decisión de retiro haya
sido arbitraria o contraria al interés institucional.

46. Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración del debido proceso y del derecho
de defensa derivada de la falta de notificación del acta de la Junta Asesora, la Sala reitera
lo expuesto previamente en esta providencia, razón por la cual no se requiere un
pronunciamiento adicional sobre dicho aspecto.

Valoración probatoria

9

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

47. La parte actora reprochó la sentencia de primera instancia, argumentando que no
se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas al proceso.

48. No obstante, de la revisión del expediente se colige que las pruebas fueron
analizadas de manera detallada en primera instancia, en concordancia con el marco
normativo aplicable, concluyéndose que no hubo irregularidad alguna en la
desvinculación del demandante. No existe evidencia de un desmejoramiento en la
prestación del servicio ni de actuaciones arbitrarias por parte de la administración.

49. Si bien el demandante resalta su sobresaliente trayectoria y hoja de vida como
argumento para cuestionar la legalidad de su retiro, dichas circunstancias, aunque
relevantes, no generan un derecho automático a permanecer en el servicio activo. La
facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios constituye una causal ordinaria de
terminación de la carrera militar, orientada a la renovación institucional y que garantiza el
derecho a una asignación de retiro. Por tanto, la desvinculación no vulnera derecho
alguno del demandante.

50. En consecuencia, se confirmará la decisión adoptada en primera instancia, al
encontrarse ajustada a la ley y la jurisprudencia aplicable.
Conclusión

51. En atención al análisis desarrollado, la Sala considera que los cuestionamientos
formulados por la parte apelante carecen de sustento fáctico y jurídico para enervar la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado. El retiro del demandante se
dispuso en ejercicio de una facultad discrecional legítima, conforme con los requisitos
legales y jurisprudenciales aplicables, sin que se haya demostrado desviación de poder,
irregularidades en el procedimiento ni vulneración de derechos fundamentales. En
consecuencia, no se advierte motivo que justifique la modificación del fallo proferido en
primera instancia.

Condena en costas.

52. El artículo 188 del CPACA dispone que toda sentencia debe pronunciarse sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (hoy, Código General del Proceso). Asimismo, prevé que se
impondrá condena en costas cuando la demanda haya sido presentada con manifiesta
carencia de fundamento legal, conforme con la modificación introducida por la Ley 2080
de 2021. En consecuencia, para establecer la procedencia de esta condena, deben
aplicarse las reglas del artículo 365 del CGP y, adicionalmente, determinar si la demanda
carecía o no de sustento jurídico.

53. Sobre este aspecto, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio
objetivo–valorativo, según el cual deben concurrir dos elementos para que proceda la
condena en costas: de un lado, la verificación del supuesto normativo contenido en el
artículo 188 del CPACA y, de otro, la acreditación efectiva de los gastos causados y la

10

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

actividad procesal desplegada por la parte vencedora, conforme lo exige el artículo 365
del CGP:

“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.”10

54. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis
impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo
188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.

55. En el caso concreto, se considera que no se encuentra configurado el elemento
objetivo, pues no se advierte que el recurso de apelación haya carecido de forma
manifiesta de razonabilidad jurídica. Lo anterior, dado que, aunque las causales de
nulidad invocadas por el apelante no prosperaron, ello obedeció a que no se logró
acreditar probatoriamente su ocurrencia, mas no a una ausencia evidente de sustento
jurídico.

56. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se prescindirá del estudio del
elemento valorativo y se abstendrá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016,
Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

11

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00047-01 (1701-2022)
Demandante: Gerardo Vargas Villamizar y otros

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.