Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04422-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04422-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04422-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04422-01
Accionante: Juan Gilberto Vargas Villamizar
Accionados: Sección Segunda del Consejo de Estado y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se modifica el fallo de primera instancia.
La sala decide la impugnación1 presentada, en calidad de convocante, por Juan Gilberto
Vargas Villamizar en contra del fallo de tutela proferido el 15 de septiembre de 20252 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El 16 de julio de 20253 Juan Gilberto Vargas Villamizar radicó tutela4 en procura de la
protección de sus derechos al debido proceso, al precedente judicial, al acceso a la
administración de justicia y al ordenamiento jurídico, los cuales considera vulnerados con
las providencias proferidas el 25 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y el 27 de marzo de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del proceso No. 08001233300020190004700/01, mediante
las cuales se negaron las pretensiones de la demanda.
1
Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 28, con certificado 429CAD211A309968 DC79F88A83C21608
CA571884C709C41A DEDB8B42340714D4.
2
Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 24, con certificado 65A55655C4F6AD54 EC7C204FAC8B8077
C70A712E080D7C46 9B9C3E5D390A570E.
3
Obra correo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 6AE086778FEC8B02 39C9017FD3D3EDBD
61EFBB65A204AAFC 88565BE499E43469.
4
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 1B40E4C6DB6436AE
249864DB721F1843 85516A2BDDECBC41 5F593641FCE368DD.
2
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04422-01
Accionante: Juan Gilberto Vargas Villamizar
Accionados: Sección Segunda del Consejo de Estado y otros
1.2.- Hechos
1.2.1.- Vargas Villamizar prestó sus servicios en las fuerzas militares desde el 15 de junio
de 1993 hasta el 3 de agosto de 2018, fecha en la cual se materializó su retiro mediante
el Decreto 1191 del 12 de julio de 2018. En su criterio, el retiro vulneró su derecho al
debido proceso, toda vez que el acta de la Junta Asesora que recomendó la
desvinculación no le fue notificada oportunamente. Asimismo, señaló irregularidades
procedimentales consistentes en el hecho de que su superior inmediato no conoció la
decisión de retiro, lo que demostraría la inexistencia del concepto previo requerido. Así,
afirmó que el acto administrativo es irregular e incurrió en desviación de poder y en falta
de motivación objetiva5.
1.2.2.- Con base en los hechos descritos, Juan Gilberto Vargas Villamizar y su núcleo
familiar, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
radicaron demanda en contra del Ejército Nacional con el fin de que se declarara la
nulidad del retiro y se ordenara el reintegro del afectado. El proceso le correspondió al
Tribunal Administrativo del Atlántico bajo el radicado No. 08001233300020190004700.
1.2.3.- El a quo ordinario, por sentencia del 25 de noviembre de 2021 6 , negó las
pretensiones de la demanda. Al respecto adujo que los demandantes no lograron
desvirtuar la presunción de legalidad del retiro ni probaron que este tuviera finalidades
distintas a las previstas en el Decreto 1790 de 2000. Destacó que el llamamiento a
calificar servicios cumplió con los requisitos formales, toda vez que Vargas contaba con
el tiempo mínimo para la asignación de retiro y existía el concepto previo favorable de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Asimismo, precisó que la decisión fue resultado
del ejercicio legítimo de la facultad discrecional orientada al relevo generacional, la cual
no requiere motivación explícita. Aclaró que correspondía al extremo activo demostrar la
existencia de una eventual desviación de poder o motivaciones ocultas, lo que no fue
acreditado con los medios de convicción aportados.
5
A folio 2 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 11, con certificado 7AE1C30DDD1D771A 6EA9C8609475D7D6
2C6101A082519F14 EF37DC83E0FA26E3 del expediente No. 08001233300020190004701.
6
Ibidem, a folio 3.
3
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04422-01
Accionante: Juan Gilberto Vargas Villamizar
Accionados: Sección Segunda del Consejo de Estado y otros
1.2.4.- Inconformes, los demandantes interpusieron recurso de apelación en contra de la
decisión referida. Por providencia del 27 de marzo de 20257 la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó la sentencia atacada. Para ello, manifestó que la primera
instancia sí fundamentó su fallo en la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte
Constitucional, y precisó que, aunque la facultad discrecional de retiro por llamamiento a
calificar servicios no exige motivación expresa, su ejercicio en el caso concreto se ajustó
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
1.2.4.1.- La sala señaló, respecto a la presunta falta de notificación del acta de
recomendación, que su contenido fue puesto en conocimiento de la apoderada del actor
en marzo de 2020, lo cual descarta la arbitrariedad, pues la ausencia de notificación
previa de la recomendación no invalida el acto si el interesado conoce los fundamentos
para controvertirlos. Asimismo, desestimó la tacha de expedición irregular, al considerar
que la sugerencia de desvinculación se basó en la necesidad de renovación institucional
y de la estructura jerárquica piramidal de la Fuerza Pública. En relación con la desviación
de poder, concluyó que el afectado no acreditó finalidades ajenas al orden institucional.
1.2.4.2.- Por último, la colegiatura reiteró que la sobresaliente trayectoria del actor no
genera un derecho automático a la permanencia, toda vez que el llamamiento a calificar
servicios es una causal ordinaria de retiro que no vulnera derechos fundamentales, por
lo que, al no demostrarse irregularidades procedimentales, se mantuvo incólume la
presunción de legalidad criticada.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
El tutelante considera que se vulneraron sus derechos, por cuanto en las providencias
cuestionadas se configuró un defecto por desconocimiento del precedente y una indebida
valoración probatoria, al considerar que las autoridades judiciales incurrieron en una
errada interpretación de los medios de convicción aportados. Sostiene que quedó
plenamente acreditado que el acta de recomendación de retiro de la Junta Asesora fue
notificada el 19 de marzo de 2020, esto es, con posterioridad a la presentación de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el año 2019, lo cual contraviene
7
Obra providencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 11, con certificado 7AE1C30DDD1D771A 6EA9C8609475D7D6
2C6101A082519F14 EF37DC83E0FA26E3 del expediente No. 08001233300020190004701.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04422-01
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la obligatoriedad de la notificación establecida por la Corte Constitucional en las
providencias C-525 de 1995, SU-917 de 2010 y SU-091 de 2016. Argumenta que se
ignoró que la discrecionalidad administrativa es relativa y debe sujetarse a los principios
de proporcionalidad y razonabilidad, lo que implica que el informe y los documentos que
fundamentan el retiro deben ser puestos en conocimiento del afectado para garantizar el
debido proceso.
El peticionario aduce también una falta de motivación objetiva y legítima, con base en
que el acto de retiro carece de la carga argumentativa necesaria para permitir el ejercicio
del derecho de defensa, pues no basta con invocar razones genéricas como las
necesidades del servicio. Indica que, según el precedente del Consejo de Estado, la
desviación de poder debe controlarse judicialmente y la administración debe acreditar
razones objetivas de conveniencia según la hoja de vida o los archivos institucionales.
Finalmente, destaca que se omitió el concepto previo del jefe inmediato del actor, el
mayor general Jorge Tadeo Borbón Fernández, quien solo se enteró de la decisión días
después de materializada, lo que invalidaría el procedimiento de formación del acta de la
Junta Asesora y desconocería las garantías de la Constitución Política.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se denuncia; (ii) dejar sin efectos la sentencia proferida el 27 de marzo de
2025 por la Sección Segunda del Consejo de Estado; (iii) decretar la nulidad del Decreto
1191 del 12 de julio de 2018; y (iv) acceder a la totalidad de las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 11 de agosto de 2025 la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó vincular al Ejército Nacional,
y a María Paula Vargas López, Liliana Patricia Álvarez Merlano, María Alejandra Vargas
López, Gilberto Vargas Camargo, Rosalía Villamizar de Vargas, Rosalía Vargas
Villamizar, María del Rosario Vargas Villamizar, Laura Estefanía González, Yudi Vargas
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04422-01
Accionante: Juan Gilberto Vargas Villamizar
Accionados: Sección Segunda del Consejo de Estado y otros
Villamizar, Gerardo Vargas Villamizar y Mauricio González Vargas, que fungieron como
demandantes en el proceso ordinario.
2.2.- El Tribunal Administrativo del Atlántico pidió que se declare la improcedencia de la
acción, pues el amparo no cumple con los requisitos generales ni específicos de
procedibilidad. A su juicio, el actor pretende desnaturalizar la esencia de la tutela al
intentar utilizarla como una tercera instancia judicial.
2.3.- La abogada Ana Milena Sánchez Duran afirmó actuar como apoderada del
Ministerio de Defensa, sin embargo, omitió allegar el poder que la faculta como tal.
2.4.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado defendió la legalidad
de su providencia, bajo el argumento de que la tutela resulta improcedente, por cuanto la
decisión judicial resolvió de fondo los cargos formulados, mediante una valoración
integral del acervo probatorio y la aplicación rigurosa de la normativa y la jurisprudencia
vigentes. Específicamente, sostuvo que se emitieron análisis claros sobre las censuras
relativas a la notificación del acta de la Junta Asesora y a la motivación del retiro, por
tanto, afirmó que la controversia carece de relevancia constitucional, en tanto se
circunscribe a una discrepancia con la interpretación de normas propias del régimen
especial de las fuerzas militares.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del
15 de septiembre de 2025, negó el amparo. Para ello, señaló que la accionada, si bien
reconoció que el acta de la Junta Asesora se notificó solo hasta el 19 de marzo de 2020,
determinó que tal omisión no invalidaba el retiro, pues el actor conoció los fundamentos
de la recomendación al estar contenidos en el propio Decreto 1191 de 2018. Consideró
que la finalidad de dicha comunicación es permitir la controversia judicial del acto
definitivo, garantía que se materializó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que el reparo carecía de entidad para desvirtuar la presunción de
legalidad. Para la colegiatura, el tutelante pretende convertir la tutela en una tercera
instancia al insistir en argumentos de apelación que fueron resueltos mediante una
interpretación razonable de la normativa y la jurisprudencia. Abordó la falta de motivación
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Acción de tutela – Segunda instancia
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y los límites de la facultad discrecional, y concluyó que la decisión judicial se ajustó a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, sin que la trayectoria sobresaliente del
oficial generara un derecho a la permanencia. En tal medida estimó que la accionada
valoró adecuadamente que el retiro cumplió con los requisitos de tiempo de servicio y
concepto previo, y descartó cualquier arbitrariedad o irregularidad en la desvinculación.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida el accionante presentó impugnación. Consideró que
tanto su medio de control como su tutela se fundamentaron en el precedente vigente que
exigía la notificación del acta de recomendación antes del retiro, hecho cuya ausencia
fue reconocida en el fallo del a quo constitucional. Reiteró que el retiro de oficiales
requiere un concepto previo que constituye una garantía fundamental al derecho a la
defensa, y citó las providencias C-525 de 1995 y SU-091 de 2016, las cuales establecen
que la recomendación debe ponerse en conocimiento del afectado como condición
ineludible del debido proceso. Cuestionó que se desproteja el derecho de acceso a la
justicia al desconocerse el precedente constitucional y aplicar fallos de unificación con
fechas posteriores a la radicación de la demanda inicial en 2019. Finalmente, solicitó que
la valoración de los conceptos jurisprudenciales se realice conforme al orden jurídico
vigente al momento de la expedición del acto administrativo, y enfatizó que no resulta
viable aplicar una postura posterior a la presentación de la demanda para resolver el caso
concreto.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 15 de septiembre de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
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2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
Esta Sala limitará su análisis a la sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, tal y como lo hizo el a quo constitucional, pues fue esta la que
puso fin al trámite judicial y la que resolvió las quejas elevadas en la apelación que se
planteó en el aludido proceso.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad8 y de procedencia9 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.
4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”10.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 11 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
8
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes
requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor
haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos
que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado
no sea de tutela.
9
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto
material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y
defecto por violación directa de la Constitución.
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
11
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
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suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202212, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, el tutelante cuestiona, en esencia, que el Consejo de Estado
(i) incurrió en un desconocimiento del precedente y en una indebida valoración probatoria
al considerar que la notificación del acta de recomendación, surtida con posterioridad a
la presentación de la demanda, convalidaba la actuación; (ii) desconoció la obligatoriedad
de la notificación previa establecida en las providencias C-525 de 1995, SU-917 de 2010
y SU-091 de 2016; (iii) ignoró que la discrecionalidad es relativa y exige poner en
conocimiento del afectado los documentos que fundamentan el retiro para garantizar el
debido proceso; (iv) validó un acto de retiro que carece de motivación al emplear razones
genéricas; (v) omitió controlar la desviación de poder y la falta de acreditación de razones
de conveniencia en la hoja de vida; y (vi) pasó por alto la ausencia del concepto previo
del superior inmediato, lo cual vicia el procedimiento.
4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no haberse
explicado en debida forma, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso No.
08001233300020190004700/01, como si la acción de tutela fuera una instancia adicional
a ese trámite, según se explicará.
12
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Acción de tutela – Segunda instancia
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4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 27 de marzo de 2025 se
dilucida el siguiente análisis textual:
“36. El extremo apelante sostuvo que el a quo no tuvo en cuenta que el retiro de los oficiales del
Ejército está sujeto a límites definidos por la jurisprudencia, en tanto dicha facultad no goza de
inmunidad que permita amparar la arbitrariedad o el capricho por parte de la autoridad
nominadora. En respaldo de esta afirmación, citaron precedentes jurisprudenciales en los que se
analizaron casos de retiro del servicio fundados en la potestad discrecional del Gobierno.
37. Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal sí fundamentó su decisión en la jurisprudencia
proferida tanto por esta Corporación como por la Corte Constitucional. Ello no implica que las
conclusiones adoptadas por el juez de primera instancia se correspondan con la interpretación
sostenida por la parte apelante. En efecto, la jurisprudencia ha señalado que, si bien la facultad
discrecional para ordenar el retiro por llamamiento a calificar servicios no exige una motivación
expresa, su ejercicio debe sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de
evitar que se utilice como un mecanismo de desviación de poder o de abuso de autoridad. En el
caso concreto, el Tribunal verificó el cumplimiento de los requisitos legales y concluyó que la
decisión de retiro se ajustó a los parámetros jurisprudenciales, sin que se evidenciara
arbitrariedad o desconocimiento de los principios que rigen la función pública. (…)
39. En cuanto a la presunta falta de notificación del Acta No. 06, se advierte que, mediante oficio
del 19 de marzo de 2020, su contenido fue puesto en conocimiento de la apoderada del actor.
Ello demuestra que el demandante actualmente conoce las razones que sustentaron su retiro,
adoptado en ejercicio de una facultad discrecional legítima, orientada a la renovación institucional.
40. Es preciso señalar que la ausencia de una notificación previa de la recomendación no resulta,
por sí sola, suficiente para invalidar el acto administrativo de retiro, máxime cuando el actor tuvo
conocimiento pleno de los fundamentos de la decisión, los cuales también fueron consignados
en el acto que dispuso su desvinculación del servicio activo. Lo anterior descarta cualquier
presunción de arbitrariedad, en la medida en que el conocimiento de la decisión tiene como
finalidad garantizar al interesado la posibilidad de controvertir la legalidad del acto definitivo ante
la jurisdicción.
41. En consecuencia, este reparo carece de la entidad suficiente para desvirtuar la presunción
de legalidad que ampara el acto administrativo de retiro, en la medida en que la decisión adoptada
por la administración se ajustó a los principios de proporcionalidad y razonabilidad exigidos por
el ordenamiento jurídico. (…)
43. Frente a la presunta expedición irregular del Acta de la Junta Asesora, alegada por la parte
actora bajo el argumento de que no contenía razones suficientes para sustentar el retiro del señor
Vargas, la Sala advierte lo contrario. La recomendación se fundamentó en el ejercicio de la
facultad discrecional que tiene el Gobierno Nacional para renovar el personal de la Fuerza
Pública, lo cual resulta razonable, toda vez que, de no aplicarse dicha potestad, todos los oficiales
ascenderían hasta los máximos grados, lo que resultaría inviable en una estructura jerárquica de
tipo piramidal, como ha sido reconocido en reiterada jurisprudencia.
44. En relación con la alegada desviación de poder, la Sala observa que el demandante no
acreditó que la decisión de retiro obedeciera a intereses ajenos al orden institucional o a
finalidades arbitrarias. Por el contrario, el acto administrativo cuestionado se sustentó en la
facultad discrecional legalmente reconocida y en la recomendación previa de la Junta Asesora.
Como se indicó en el análisis normativo y jurisprudencial, los únicos requisitos exigidos para el
retiro por llamamiento a calificar servicios son: (i) el cumplimiento del tiempo mínimo requerido
para acceder a la asignación de retiro y (ii) la existencia de un concepto previo favorable por parte
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de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Ambos presupuestos fueron plenamente
acreditados en el caso concreto, por lo que no resulta procedente exigir condiciones adicionales.
45. En consecuencia, la Sala concluye que la entidad demandada ejerció adecuadamente la
facultad discrecional que le asiste, conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales
aplicables. No se encuentra acreditado que la decisión de retiro haya sido arbitraria o contraria al
interés institucional.
46. Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración del debido proceso y del derecho de defensa
derivada de la falta de notificación del acta de la Junta Asesora, la Sala reitera lo expuesto
previamente en esta providencia, razón por la cual no se requiere un pronunciamiento adicional
sobre dicho aspecto. (…)
48. No obstante, de la revisión del expediente se colige que las pruebas fueron analizadas de
manera detallada en primera instancia, en concordancia con el marco normativo aplicable,
concluyéndose que no hubo irregularidad alguna en la desvinculación del demandante. No existe
evidencia de un desmejoramiento en la prestación del servicio ni de actuaciones arbitrarias por
parte de la administración.
49. Si bien el demandante resalta su sobresaliente trayectoria y hoja de vida como argumento
para cuestionar la legalidad de su retiro, dichas circunstancias, aunque relevantes, no generan
un derecho automático a permanecer en el servicio activo. La facultad de retiro por llamamiento
a calificar servicios constituye una causal ordinaria de terminación de la carrera militar, orientada
a la renovación institucional y que garantiza el derecho a una asignación de retiro. Por tanto, la
desvinculación no vulnera derecho alguno del demandante.
50. En consecuencia, se confirmará la decisión adoptada en primera instancia, al encontrarse
ajustada a la ley y la jurisprudencia aplicable. (…)
51. En atención al análisis desarrollado, la Sala considera que los cuestionamientos formulados
por la parte apelante carecen de sustento fáctico y jurídico para enervar la presunción de legalidad
del acto administrativo demandado. El retiro del demandante se dispuso en ejercicio de una
facultad discrecional legítima, conforme con los requisitos legales y jurisprudenciales aplicables,
sin que se haya demostrado desviación de poder, irregularidades en el procedimiento ni
vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, no se advierte motivo que justifique
la modificación del fallo proferido en primera instancia”13.
4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado analizó
minuciosamente los parámetros legales y jurisprudenciales que rigen el retiro por
llamamiento a calificar servicios y concluyó que la decisión de desvinculación se ajustó a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Afirmó que, en el caso concreto, se
verificó el cumplimiento de los requisitos de tiempo mínimo de servicio y concepto previo
favorable de la Junta Asesora, sin que se acreditara desviación de poder o arbitrariedad.
A su vez, estimó que la falta de notificación previa del acta de recomendación no
invalidaba el procedimiento, toda vez que el actor conoció los fundamentos de su retiro a
través del acto administrativo definitivo y mediante comunicación posterior. Concluyó que
13
A folios 7-10 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 11, con certificado 7AE1C30DDD1D771A 6EA9C8609475D7D6
2C6101A082519F14 EF37DC83E0FA26E3 del expediente No. 08001233300020190004701.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04422-01
Accionante: Juan Gilberto Vargas Villamizar
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la trayectoria sobresaliente del servidor no genera un derecho automático a la
permanencia, pues el retiro constituye una causal ordinaria orientada a la renovación
institucional y al mantenimiento de la estructura de la Fuerza Pública.
Ahora bien, en relación con el cuestionamiento formulado por el recurrente, según el cual
el juez de tutela de primera instancia se fundamentó en precedentes expedidos con
posterioridad al inicio del trámite judicial, esta Sala advierte que dicho argumento no es
de recibo. Lo anterior por cuanto las sentencias posteriores, especialmente aquellas de
unificación o de cierre, tienen por objeto consolidar, definir y unificar líneas
jurisprudenciales que han sido objeto de debate y discusión jurídica. Por ende, resulta
plenamente válido y necesario acudir a ellas para resolver controversias, incluso si estas
iniciaron antes de su expedición, toda vez que contienen los criterios definitorios y la
interpretación autorizada sobre los asuntos que suscitan debate en la administración de
justicia. Aun en los eventos en que no se trate de sentencias de unificación, su empleo
es legítimo al representar una fuente del derecho válida y criterios orientadores para
resolver discusiones específicas, en virtud del principio de autonomía judicial, el cual
faculta al fallador para aplicar la hermenéutica jurídica que considere más acertada para
el caso concreto, siempre que no lo haga de forma arbitraria o caprichosa.
4.6.- Resulta claro, entonces, que el peticionario pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio,
la autoridad criticada revisó con detenimiento los aspectos relativos al retiro de Vargas
Villamizar y concluyó que no se acreditó ninguna circunstancia que desvirtuara la
legalidad del acto administrativo demandado.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
12
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04422-01
Accionante: Juan Gilberto Vargas Villamizar
Accionados: Sección Segunda del Consejo de Estado y otros
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada14, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa15.
5.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la solicitud de
amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual el
depreco resulta improcedente. En ese orden, se procederá a modificar la sentencia
impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 15 de septiembre de 2025 por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
improcedente el amparo, de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
14
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
15
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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