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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03290-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03290-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 1 de junio de 2026 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes y terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03290-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-01
Accionante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia del 1 de junio
de 20261 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
mediante la cual, con respecto a las providencias dictadas2 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, declaró
improcedente la acción respecto al auto del 23 de octubre de 2025, por no cumplir
con el requisito de inmediatez3 y negó el amparo en relación con la sentencia del
10 de diciembre de 2025.4

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela5 y del expediente, se colige que el señor Mario Andrés
Peñuela Rodríguez, quien se desempeñó como oficial del Ejército Nacional,
desarrolló una destacada carrera militar, ocupó diversos cargos de
responsabilidad, obtuvo reconocimientos institucionales y alcanzó el primer
puesto en el Curso de Estado Mayor CEM 2021, circunstancias por las cuales fue
postulado para la Medalla Militar “Francisco José de Caldas” en la categoría “Al
Mérito”.

1
Índice 16 del aplicativo SAMAI
2
Dentro del medio control de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el radicado núm. 11001-33-35-022-2023-
00013-00/01.
3
La providencia del 23 de octubre 2025 confirmó el auto del 8 de septiembre de 2023, proferido en audiencia inicial, por el
Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante el cual negó el decreto de unas pruebas
testimoniales solicitadas por el apoderado del señor Peñuela Rodríguez.
4
Mediante la cual el Tribunal accionado confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones tendientes a lograr el
reintegro a su cargo, con ocasión de su desvinculación por llamamiento a calificar servicios.
5
Presentado el 29 de abril de 2026

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-01
Accionante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez

3. Según expuso el accionante, durante el año 2021 puso en conocimiento del
entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro
Altamiranda, una situación presuntamente relacionada con actuaciones indebidas
del general Javier Alberto Ayala Amaya6 respecto de su cónyuge, hecho que, a su
juicio, marcó el inicio de una serie de decisiones institucionales adversas en su
contra.

4. Posteriormente, en el proceso de evaluación para ascenso al grado de
teniente coronel, el comité correspondiente no recomendó su promoción al
registrar la pérdida de cuatro estudios de credibilidad y confianza7. El actor
sostuvo que dicha información era irregular, que no tuvo oportunidad de
controvertirla y que su inclusión incidió de manera determinante en las decisiones
posteriores.

5. Más adelante, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa recomendó su
retiro por llamamiento a calificar servicios y, en consecuencia, mediante la
Resolución núm. 4514 del 11 de julio de 20228, el Ministerio de Defensa dispuso
su retiro del servicio activo del Ejército Nacional.

6. Contra dicho acto, el señor Peñuela Rodríguez instauró una demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que
alegó falsa motivación y desviación de poder, por considerar que el retiro no
obedeció a razones de mejoramiento del servicio sino a una represalia derivada
de los hechos que había puesto en conocimiento de la cúpula militar.

7. El Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,
Sección Segunda, mediante providencia del 12 de septiembre de 2023, negó las
pretensiones de la demanda.9 Apelada la decisión por parte del actor, la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia en sentencia del 10 de

6
Que el actor refirió como de acoso. En el plenario reposa una comunicación donde el actor informa sobre los presuntos
hechos dirigida al entonces comandante del Ejército Nacional de fecha 24 de mayo de 2022. Índice 2 del aplicativo SAMAI,
11_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_29_4_20268_22_10_20260429094733527. Pag. 1-4. Asimismo, en el citado índice del
aplicativo, en el anexo, 7_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_29_4_20268_20_6_20260429094733090, aparecen unos chats
de whatsapp dirigidos al referido superior jerárquico.
7
Sobre el particular se advierte del plenario que el 7 de julio de 2022, el actor interpuso una petición orientada a «conocer
los resultados finales de los estudios de credibilidad y confianza en donde se incluya los resultados y conclusiones de las
poligrafías que se me han efectuado durante el grado de mayor donde se indique que tipo de preguntas se me realizaron
en las sesiones que fueron grabadas de acuerdo al protocolo, el resultado y si con motivo de los resultados en algún
momento fui relevado de mi cargo por confiabilidad». Dicha solicitud le fue negada por el Comando de Apoyo de Combate
de Contrainteligencia Militar mediante radicado No. 2022-550-0027882-3:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CACIM-
COMANDO-JEM-CACIM C-11-1.10 del 8 de agosto de 2022 en los siguientes términos: «Ahora bien, en cuanto al ítem No.
8 del petitorio, se le indica que, los resultados del Estudio de Credibilidad y Confiablidad, se encuentran amparados
constitucionalmente por la RESERVA LEGAL de que trata la Ley Estatutaria 1621 de 2013 “Por medio de la cual se expiden
normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y
contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”, al ser esta una actividad
desarrollada por un organismo especializado, en ejercicio de la “Función de Inteligencia y Contrainteligencia.» Índice 2 del
aplicativo SAMAI, 4_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_29_4_20268_18_3_20260429094732480, págs. 67-73
8
Ibidem, pág. 43-46
9
La autoridad judicial decidió: “(…) Primero: DECLARAR probada la excepción denominada “PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD DEL ACTO ACUSADO” propuesta por la entidad demandada, acorde con las razones vertidas en la audiencia,
que podrán constatarse en la videograbación. Segundo: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme los argumentos
expuestos en esta audiencia, que podrán ser verificados en la videograbación. Tercero: SIN CONDENA en costas
procesales, atendiendo lo establecido en el numeral 8º del artículo 365 del C.G.P., en concordancia con lo previsto en el
inciso 2º del artículo 188 del C.P.A.C.A. y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia,
pudiéndose constatar lo pertinente en la respectiva videograbación. Cuarto: Una vez ejecutoriada esta sentencia,
ARCHIVAR el expediente, dejando las constancias que legalmente correspondan. (…)”. - Extracto de la respuesta del
juzgado a la presente acción constitucional-. Índice 13 del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-01
Accionante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez

diciembre de 202510. Inconforme con esta última decisión, el actor instauró la
presente acción de tutela contra dicha providencia judicial.

2.2. Fundamento jurídico

8. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la tutela judicial
efectiva, al estimar que la sentencia cuestionada desconoció pruebas relevantes
y le impidió obtener una decisión judicial acorde con las circunstancias particulares
de su caso.

9. Como primer cargo, alegó la configuración de un defecto fáctico, al
sostener que el Tribunal prescindió de valorar elementos probatorios que,
examinados de manera conjunta, permitían inferir la existencia de una desviación
de poder en la decisión de retirarlo del servicio activo.

10. Asimismo, afirmó que la autoridad judicial desconoció pruebas
documentales relacionadas con los estudios de credibilidad y confianza, las
respuestas institucionales obtenidas mediante derechos de petición, las
comunicaciones sostenidas con el comandante del Ejército y otros elementos que,
en su criterio, demostraban la irregularidad del proceso de evaluación y retiro.

11. De igual forma, cuestionó la negativa de diversas pruebas solicitadas
durante el trámite del proceso contencioso administrativo, pues estimó que tales
medios probatorios eran indispensables para acreditar la retaliación institucional
que denunció como verdadera causa de su retiro.

12. Igualmente, sostuvo que la sentencia demandada impuso una carga
probatoria excesiva para demostrar la desviación de poder y desconoció las reglas
jurisprudenciales aplicables a la valoración de indicios y pruebas indirectas en esta
clase de controversias.

13. Finalmente, adujo el desconocimiento de los criterios fijados por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado en materia de valoración probatoria y
desviación de poder, al considerar que el Tribunal fraccionó el análisis de los
elementos de convicción y descartó indebidamente la hipótesis de represalia
institucional propuesta en la demanda.

2.3. Pretensiones

14. La parte accionante solicitó:

10
El ad quem confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho promovidas contra la Resolución 4514 de 2022 y precisó que el retiro por llamamiento a calificar servicios
constituye una facultad legal de la administración, por lo que verificó el cumplimiento de los presupuestos normativos
correspondientes, entre ellos la recomendación de la Junta Asesora y el tiempo exigido para acceder a la asignación de
retiro. Además, examinó expresamente la tesis de falsa motivación y desviación de poder planteada por el demandante.
Para ello estudió los hechos relacionados con el presunto acoso denunciado, el informe remitido al general Zapateiro y la
alegada retaliación institucional derivada de esos acontecimientos. Con fundamento en la valoración del material
probatorio, concluyó que no se acreditó la existencia de actos de represalia, que no se probó un nexo causal entre la
denuncia formulada y el retiro del servicio, y que tampoco se demostró la desviación de poder invocada por el actor.

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Accionante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez

«1. Se ordene dejar sin efectos la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2025
expediente 11001-33-35-022-2023-00013-0 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Segunda-Subsección ¨C¨ por ser vulneradora de mis
derechos fundamentales al debido proceso art 29 CP, acceso efectivo a la
administración de justicia art 229 de la CP, y aplicación del precedente judicial,
respecto de los cuales se demanda protección inmediata.

2. En consecuencia con lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección ¨C¨ proferir una nueva decisión
judicial que contemple previamente el decreto y práctica las pruebas testimoniales
y documental trasladada que fueron negadas, así también, la valoración integral de
las pruebas documentales decretadas a las que no se hizo referencia en la
sentencia, para que se han valoradas de manera integral en contexto con los
hechos de la demanda y tenidas en cuenta en la nueva sentencia.» (SIC en toda
la cita) Negrillas de la Sala.

2.4. Intervenciones

15. La acción de tutela fue admitida por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado mediante auto de 30 de abril de 202611, a través del cual
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, en calidad de autoridad accionada y se vinculó al Juzgado
Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, como terceros con interés en el resultado
del proceso. Asimismo, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
lo de su competencia.

2.4.1. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca12 sostuvo que la sentencia cuestionada sí estudió los cargos
de falsa motivación y desviación de poder, incluidos los hechos relacionados con
el presunto acoso denunciado, el informe presentado al general Zapateiro y la
alegada represalia institucional.

16. Agregó que el material probatorio fue valorado de manera suficiente y
concluyó que no existía prueba del nexo causal entre dichos hechos y la decisión
de retiro por llamamiento a calificar servicios. Por las razones anteriores solicitó
negar el amparo invocado por señor Peñuela Rodríguez.

2.4.2. Juzgado Veintidós Administrativo13 Oral del Circuito Judicial de
Bogotá manifestó que su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico y remitió el
enlace digital del expediente para conocimiento del juez constitucional. No formuló
una solicitud autónoma distinta a la defensa de la legalidad de las decisiones
adoptadas dentro del proceso ordinario.

2.4.3. El Ministerio de Defensa- Ejército Nacional guardó silencio.

2.5. Sentencia Impugnada14

17. El a quo declaró improcedente el cuestionamiento dirigido contra el auto

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Accionante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez

dictado por la autoridad judicial accionada el 23 de octubre de 2025 que confirmó
el auto del 8 de septiembre de 2023, proferido en audiencia inicial, por el Juzgado
Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante el cual negó el
decreto de unas pruebas testimoniales solicitadas por el apoderado del señor
Peñuela Rodríguez, porque consideró que el mismo no cumplió con el requisito
de inmediatez.

18. Adicionalmente, negó el amparo respecto de la sentencia del 10 de
diciembre de 2025 dictada por el ad quem que confirmó la providencia dictada por
el a quo, la cual negó las pretensiones tendientes a lograr el reintegro al cargo del
accionante, con ocasión de su desvinculación por llamamiento a calificar servicios.

19. La primera instancia encontró que la autoridad judicial accionada sí abordó
los cargos de falsa motivación y desviación de poder, así como la hipótesis de
retaliación construida por el demandante alrededor de los hechos informados al
general Zapateiro.

20. Asimismo, señaló que el Tribunal examinó el material probatorio relevante
y expuso las razones por las cuales estimó insuficiente la evidencia aportada para
demostrar el supuesto móvil de retaliación que presuntamente habría motivado el
retiro.

21. En consecuencia, concluyó que la inconformidad del accionante se dirigía
realmente contra la apreciación probatoria efectuada por el juez natural de la
causa, circunstancia que no habilitaba la intervención excepcional del juez
constitucional.

2.5. Impugnación15

22. El actor sostuvo que la sentencia de tutela de primera instancia entendió
de forma equivocada sus reproches, pues el problema planteado no radicaba en
la ausencia de referencia a determinadas pruebas sino en la omisión de una
valoración integral de todos los elementos de convicción obrantes en el
expediente.

23. Señaló que las comunicaciones con el general Zapateiro, las circunstancias
relacionadas con el general Ayala, las evaluaciones de credibilidad, su trayectoria
institucional y las respuestas obtenidas de diversas autoridades debían analizarse
de forma conjunta y no aislada.

24. Asimismo, insistió en que la sentencia del Tribunal fragmentó el estudio
probatorio y descartó cada elemento por separado, sin examinar si la
convergencia de todos ellos permitía inferir razonablemente la desviación de
poder alegada.

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25. Finalmente, cuestionó el análisis efectuado sobre la inmediatez respecto de
las decisiones adoptadas durante el trámite probatorio, al considerar que el
defecto denunciado era estructural y se proyectó hasta la sentencia definitiva del
10 de diciembre de 2025.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 201916 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

27. Antes de abordar el posible estudio de fondo, la Sala estima necesario
delimitar el alcance de los cuestionamientos formulados por el accionante, en
tanto la demanda de tutela no solo dirige reproches contra la sentencia del 10 de
diciembre de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sino también contra el auto del 23 de
octubre de 2025 mediante el cual esa Corporación confirmó la negativa de
diversos medios probatorios solicitados dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

28. En ese entendido, el actor atribuye de manera directa a dicha providencia
interlocutoria la vulneración de sus derechos fundamentales y solicita
expresamente que se deje sin efectos la actuación judicial para que se decreten y
practiquen las pruebas cuya incorporación fue rechazada. Por consiguiente, no se
trata de una simple referencia contextual o antecedente procesal de la sentencia
censurada, sino de un cuestionamiento autónomo dirigido contra aquella decisión
probatoria.

29. No obstante, frente a este aspecto, esta Subsección coincide con el
análisis efectuado por la primera instancia en cuanto concluyó que no se
satisface el requisito de inmediatez. Lo anterior, por cuanto el auto cuestionado
fue proferido el 23 de octubre de 2025, mientras que la presente acción de tutela
fue radicada el 29 de abril de 2026, esto es, una vez transcurrido un lapso superior
a seis meses, sin que el accionante hubiera expuesto una justificación suficiente
que explicara la tardanza en acudir al amparo constitucional. En consecuencia,
los reproches dirigidos de manera autónoma contra dicha providencia resultan
improcedentes.

30. Ahora bien, la anterior conclusión no impide examinar la sentencia del 10
de diciembre de 2025, respecto de la cual la acción fue instaurada dentro de un
término razonable. Así las cosas, aunque la legalidad o constitucionalidad del auto
reprochado no puede ser revisada de forma independiente, sí procede verificar si
la providencia definitiva incurrió en alguna irregularidad constitucional derivada de

16 Reglamento interno del Consejo de Estado .

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la incidencia que aquella decisión pudo tener en la construcción y valoración del
acervo probatorio.

31. Precisado lo anterior, la Sala observa que los defectos invocados por el
actor aparecen formulados bajo distintas denominaciones, tales como defecto
fáctico, indebida valoración de las pruebas, desconocimiento de precedentes
sobre desviación de poder, imposición de una carga probatoria excesiva y omisión
de análisis conjunto del material probatorio. Sin embargo, un examen sustancial
de la demanda permite advertir que todos esos planteamientos confluyen en una
misma inconformidad: la presunta insuficiencia del análisis probatorio
efectuado por el Tribunal para descartar la hipótesis de retaliación
institucional y desviación de poder alegada por el demandante.

32. Por tal razón, y en aplicación de los principios de economía procesal,
celeridad y coherencia argumentativa, la Sala abordará de manera conjunta los
cargos relacionados con la valoración del material probatorio, pues todos ellos se
encuentran inescindiblemente vinculados a la alegada configuración de un
defecto fáctico.

33. En consecuencia, el análisis estará orientado a determinar si la autoridad
judicial accionada prescindió de valorar pruebas determinantes o efectuó una
apreciación ostensiblemente irrazonable del acervo probatorio, o si, por el
contrario, examinó la hipótesis planteada por el demandante y arribó a una
conclusión desfavorable a sus intereses dentro del ámbito de autonomía que la
Constitución reconoce al juez natural de la causa.

3.3. Problema jurídico

34. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C con ocasión de la sentencia del 10 de diciembre de 2025 que
confirmó la providencia del 12 de septiembre de 2023 que negó las pretensiones
de la demanda, incurrió en un defecto fáctico, y con este, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva del señor Mario Andrés Peñuela
Rodríguez.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

35. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

36. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los

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derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

37. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

38. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

39. En el presente asunto, la Sala coincide con la primera instancia en que se
encuentran cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, asunto que, además, no fue objeto de
impugnación, razón por la cual se procede a resolver el fondo de la controversia.

4. Análisis del caso concreto

40. Corresponde a la Sala establecer si la sentencia del 10 de diciembre de
2025, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, incurrió en defecto fáctico por una presunta
indebida valoración probatoria al desestimar la configuración de una desviación
de poder en la decisión que dispuso el retiro del señor Mario Andrés Peñuela
Rodríguez mediante llamamiento a calificar servicios.

41. El accionante sostuvo que la autoridad judicial prescindió de valorar
integralmente el material probatorio obrante en el expediente, particularmente los

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elementos relacionados con su sobresaliente trayectoria institucional, los estudios
de credibilidad y confianza, las comunicaciones dirigidas al general Eduardo
Enrique Zapateiro Altamiranda y las circunstancias que, en su sentir, evidenciaban
una retaliación institucional derivada de los hechos que puso en conocimiento del
alto mando militar.

42. No obstante, esta Subsección advierte que el Tribunal identificó
expresamente la tesis central del demandante17 y delimitó el estudio de los cargos
de falsa motivación y desviación de poder a partir de la hipótesis según la cual el
acto de retiro habría obedecido a propósitos distintos de aquellos previstos por el
ordenamiento jurídico. Por tanto, no puede sostenerse que la corporación hubiera
desconocido el problema jurídico sometido a su consideración.

43. De igual manera, la providencia cuestionada incorporó al análisis las
circunstancias fácticas que constituyen el núcleo de la teoría del caso construida
por el actor. Al respecto, el ad quem examinó los documentos allegados para
demostrar la supuesta persecución institucional, las actuaciones administrativas
previas al retiro y los elementos que, según la demanda, permitían inferir un uso
desviado de la figura del llamamiento a calificar servicios.

44. Particularmente, el Tribunal valoró la hoja de vida del demandante, sus
antecedentes profesionales, las condecoraciones recibidas, el desempeño
acreditado durante la carrera militar y los reconocimientos obtenidos, incluido el
primer puesto alcanzado en el Curso de Estado Mayor CEM 2021. Sin embargo,
concluyó18 que dichos elementos no demostraban por sí solos que la decisión
administrativa hubiera perseguido una finalidad ilegítima.

45. Esa conclusión no puede considerarse arbitraria desde la perspectiva
constitucional. En ese entendido, aun cuando la destacada trayectoria profesional
del actor constituye un elemento probatorio relevante, la jurisprudencia19 ha sido
constante en señalar que el llamamiento a calificar servicios no se encuentra
condicionado a la existencia de evaluaciones negativas ni a un desempeño
deficiente, de modo que la excelencia en el servicio no genera una estabilidad
absoluta en la carrera militar.

46. Ahora bien, uno de los principales reproches formulados por el accionante
se relaciona con las cuatro evaluaciones de credibilidad y confianza registradas
17
Providencia del Tribunal. - “Frente a las causales de falsa motivación y desviación de poder, la parte demandante
considera que el acto administrativo demandado está viciado de nulidad debido a que, a su juicio, no se analizó la hoja de
vida del señor Mario Andrés Peñuela en la que excelente desempeño del uniformado ni tampoco sus trayectoria,
felicitaciones, distintivos y reconocimientos, estudios, como el obtener altas calificaciones y que, en un proceso anterior, el
oficial fue recomendado para realizar el Curso de Estado Mayor (CEM2021).”
18
Providencia del Tribunal. - “Ante este argumento, la Sala, acogiendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado, establece que, las calificaciones superiores en el desempeño de las funciones constitucional y
legalmente asignadas no generan por sí solas fuero alguno de estabilidad, ni pueden limitar la potestad discrecional que el
ordenamiento le concede al nominador, por lo que, el excelente desempeño en las funciones del demandante no le
otorgaban per-se, inamovilidad en el cargo público que impida ser retirado por la causal en mención. (...).”
19
Sobre el particular , la autoridad judicial accionada sostuvo, invocando la Sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida
por esta Subsección, con ponencia del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo dentro del expediente 08001 23-33-000-
2019-00047-01 (1701-2022), lo siguiente : “Por su parte, el Consejo de Estado en providencia del 27 de marzo de 202528,
respecto al buen desempeño en el servicio, como cimiento para desvirtuar la legalidad del acto de retiro por llamamiento a
calificar servicios, precisó: “Si bien el demandante resalta su sobresaliente trayectoria y hoja de vida como argumento
para cuestionar la legalidad de su retiro, dichas circunstancias, aunque relevantes, no generan un derecho
automático a permanecer en el servicio activo. La facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios constituye una
causal ordinaria de terminación de la carrera militar, orientada a la renovación institucional y que garantiza el derecho a
una asignación de retiro” (Resalta la Sala accionada).

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durante el proceso de ascenso al grado de teniente coronel. A su juicio, la
información asociada20 a tales estudios carecía de soporte suficiente y habría
influido indebidamente en las decisiones posteriores adoptadas por la
administración.

47. No obstante, la sentencia del Tribunal no guardó silencio respecto de ese
aspecto. Por el contrario, identificó el argumento, explicó su alcance y precisó las
razones por las cuales consideró que dicha circunstancia desbordaba el objeto
concreto del litigio21, centrado exclusivamente en la legalidad del retiro por
llamamiento a calificar servicios y no en la decisión relacionada con el ascenso.

48. Así las cosas, la discrepancia planteada por el accionante no obedece a la
ausencia de valoración de dicho elemento probatorio, sino a la conclusión
alcanzada por el Tribunal respecto de su relevancia jurídica para resolver la
controversia sometida a decisión. Tal discrepancia pertenece al ámbito de la
autonomía judicial y no configura, por sí sola, un defecto fáctico.

49. De igual forma, el Tribunal examinó expresamente la alegada relación entre
el informe presentado al comandante del Ejército Nacional y la posterior decisión
de retiro. En consecuencia, no resulta acertado afirmar que la providencia
cuestionada omitió pronunciarse sobre el principal argumento en que el actor
edificó la tesis de retaliación institucional22.

50. Tras valorar esa circunstancia, el Tribunal concluyó que los elementos
obrantes en el expediente no permitían demostrar que la recomendación de retiro
hubiera constituido una reacción frente a los hechos informados por el
demandante. Asimismo, destacó que la decisión se produjo en el marco de una
actuación colegiada en la que participaron cincuenta y cinco generales y oficiales
de insignia23, lo cual debilitaba significativamente la hipótesis de una represalia

20
Ibidem. - “3. Obra Acta 2022102002960016 del 18 de abril de 20227, del Comando General de las Fuerzas Militares
Evaluador que “trata del estudio adelantado y recomendación final por parte del Comité de estudio de los Oficiales de
Grado Mayor propuestos para ascenso al grado de teniente coronel para el mes de junio de 2022”. No se recomendó al
actor para ascenso por haber perdido cuatro estudios de credibilidad y confianza.”
21
Ibidem. - “El demandante argumenta que, no se hizo una evaluación exhaustiva del Acta 2022102002960016 del 18 de
abril de 2022, que obra en el proceso, al cual, fue expedida por Comando General de las Fuerzas Militares Evaluador que
“trata del estudio adelantado y recomendación final por parte del Comité de estudio de los Oficiales de Grado Mayor
propuestos para ascenso al grado de teniente coronel para el mes de junio de 2022”. En esta, no se recomendó al actor
para ascenso por haber perdido 4 estudios de credibilidad y confianza. Al respecto, se indica que, el no ascenso del
actor no es objeto de este proceso, por lo tanto, no se hará ningún pronunciamiento sobre el particular, pues si
bien en la demanda inicial, se enjuicio el Decreto 858 del 31 de mayo de 2022, por el cual, se ascendió a un personal
de Oficiales de las Fuerzas Militares y solicitó ser promovido al grado superior al que ostentaba, la demanda fue
inadmitida, subsanada y desistió de esta pretensión centrándose el objeto del proceso en el retiro por llamamiento
a calificar servicios.” Negrillas y subrayas de esta Sala.
22
Providencia del Tribunal. - “Al proceso fue aportado un escrito con fecha 24 de mayo de 2022, en el que el actor le
expone al comandante del Ejército General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, los hechos ya referidos y situaciones
que se habían presentado con su esposa y el General Javier Ayala desde octubre de 2021. Al respecto, se tiene que, la
sesión de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Militares, registrada en el Acta 08 del 10 de
septiembre de 2015 corresponde a una recomendación que, no tiene la naturaleza de un acto administrativo
definitivo, esta no crea, ni reconoce una situación particular, es un acto preparatorio que no es pasible de control
judicial. En cuanto al acto enjuiciado, la Resolución 4514 del 11 de julio de 2022, podía o no, acoger la
recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Militares de retirar del servicio al
actor por llamamiento a calificar servicios al demandante. De tal manera que, los argumentos que aduce el
demandante no prueban que haya existido una retaliación que llevara a la Junta Asesora a recomendar su retiro
por llamamiento a calificar servicios, por la situación que expone o alguna en particular.” Negrillas y subrayas de esta
Sala.
23
Ibidem. - “Ahora si bien, el comandante del Ejército Nacional, ante quien presentó el informe exponiendo la situación del
referido acoso, asistió a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, no se puede establecer que tuviera una animadversión
en su contra que fuera decisiva para recomendar su retiro, toda vez que, tal recomendación se hizo de manera unánime
por los 55 Generales que hicieron parte de la misma. No consta que se presentara oposición a tal recomendación. Tampoco
que participara en la decisión el General Javier Ayala en la decisión que menciona fue la persona con la que se presentó

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individual.

51. Igualmente, la autoridad judicial descartó que se hubiera acreditado la
existencia de los actos de acoso24 invocados por el actor como fundamento de la
supuesta persecución institucional. Así, lejos de omitir el examen de tales hechos,
los estudió y explicó por qué no podían servir de soporte para desvirtuar la
legalidad del acto administrativo acusado.

52. En ese contexto, esta Subsección comparte la apreciación realizada por el
a quo constitucional en cuanto concluyó que el Tribunal sí analizó el conjunto de
circunstancias invocadas por el demandante y emitió una respuesta expresa
frente a ellas. Por consiguiente, la inconformidad planteada en sede de tutela
corresponde realmente a un desacuerdo con las inferencias probatorias
efectuadas por el juez natural y no a la existencia de una omisión probatoria
ostensible o de una valoración manifiestamente arbitraria.

53. En consecuencia, al no acreditarse que la autoridad judicial hubiera
ignorado pruebas determinantes, prescindido del examen de los argumentos
centrales de la demanda o efectuado una valoración irrazonable del material
probatorio, la Sala concluye que no se configura el defecto fáctico invocado por el
accionante. En consecuencia, confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedentes los reproches autónomos formulados contra el auto del 23
de octubre de 2025 y negó el amparo respecto de la sentencia del 10 de diciembre
de 2025.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 1 de junio de 2026 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes y terceros vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

la situación de acoso. No se advierte un nexo causal o móvil oculto que desvirtúe la presunción de legalidad del acto
acusado, ni que estuviera incurso en desviación de poder o falsa motivación. (...).”
24
Ibidem. - “Por otra parte, tampoco se probó que se haya demostrado en el proceso respectivo, la existencia de los actos
de acoso mencionados. Por ende, no se puede aseverar, que fuera retirado del servicio por el ministro de Defensa Nacional
como represalia por la situación expuesta, violando las normas que regulan el retiro por llamamiento a calificar servicios.”

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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