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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00025-01

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00025-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 14 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control y restablecimiento del derecho promovió el señor José Francisco Arismendy Pinto contra la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2015-00025-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

5 de mayo de 2022

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: JOSÉ FRANCISCO ARISMENDY PINTO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, ARMADA
NACIONAL

Tema: Ascenso de uniformado de la Armada Nacional.
Condición de servicio activo para ser promovido.
Necesidad de demostrar la configuración de la
desviación de poder respecto del acto que niega esta
solicitud, por ser una facultad discrecional de la
administración.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-083-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor José Francisco Arismendy Pinto en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 1 a 2):

1. Declarar la nulidad del Oficio 0042370003033 MD-CGFM-CARMA-SECAR-
JEDHU-AJ-JEDHU del 4 de diciembre de 2014, por medio del cual la
entidad demandada negó la solicitud de ascenso de jefe técnico a jefe
técnico de comando presentada por el libelista el 1.° de diciembre de 2014,
en aplicación de los artículos 50 del Decreto 2337 de 1971 y 54 del Decreto
1790 de 2000.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional
ascender al señor Arismendy Pinto a la posición jerárquica de jefe técnico
de comando de la institución, y que por lo tanto se reconozca el pago del
salario y prestaciones sociales de conformidad con dicho empleo desde el
1.° de marzo de 2012 hasta el 30 de enero de 2015.

3. Conminar a la parte demandada al pago de los intereses moratorios
respecto de las sumas adeudadas por concepto de salarios y prestaciones
no liquidadas con base en la remuneración de un jefe técnico de comando.

4. Condenar en costas y agencias en derecho a la Nación, Ministerio de
Defensa, Armada Nacional.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 2 a 5)

1. El señor José Francisco Arismendy Pinto laboró al servicio de la Armada
Nacional (orgánico de la Fuerza Naval del Caribe), durante 26 años, 2
meses y 28 días comprendidos entre el 10 de febrero de 1986 y el 5 de
abril de 2012, cuando fue retirado de la institución por la causal de
llamamiento a calificar servicios.

2. El libelista ingresó al escalafón de suboficiales de la entidad demandada
como marinero desde el 1.° de noviembre de 1986, posteriormente como:
i) suboficial tercero el 1.° de marzo de 1990, ii) suboficial segundo el 1.° de
marzo de 1994, iii) suboficial primero el 2 de marzo de 1999, iv) suboficial
jefe el 3 de marzo de 2004, y v) finalmente, como suboficial jefe técnico el
4 de marzo de 2009.

3. El demandante cursó estudios de derecho entre los años 2000 y 2006 en
la Corporación Universitaria de la Costa, donde finalmente obtuvo el título
de abogado. Posteriormente realizó una especialización en derecho
administrativo de la Universidad Libre de Cartagena, la cual culminó el 15
de octubre de 2008. Por esta trayectoria académica, aquel fue
seleccionado para iniciar el curso de jefe técnico de comando, por lo que
asistió a los cursos de capacitación y liderazgo para sargento mayor de
comando internacional y gerencia de la defensa y seguridad nacional.

4. Durante el desarrollo de su labor en la institución castrense, el señor
Arismendy Pinto obtuvo 6 condecoraciones y medallas, un distintivo militar
a través del escudo honorario de profesionales de la reserva de las Fuerzas
Militares, 6 distintivos de buena conducta en todos los grados, 139
felicitaciones y no tuvo ninguna investigación penal o disciplinaria en su
contra.

5. El Ministerio de Defensa, Armada Nacional decidió llamar a calificar
servicios al demandante y retirarlo de la entidad desde el 5 de enero de
2012, en lugar de promoverlo a la posición de jefe técnico de comando, lo
cual sí hizo con los señores Carlos Eduardo Marenco España y William
Arroyo Lechuga, quienes habían terminado de manera conjunta con el
libelista los referidos cursos para el respectivo ascenso.

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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6. El señor Arismendy Pinto formuló petición el 1.° de diciembre de 2014 ante
la autoridad demandada, con el fin de que le fuera reconocido el ascenso
al grado de jefe técnico de comando, luego de asegurar que ello
correspondía a un derecho adquirido.

7. El Ministerio de Defensa, Armada Nacional emitió el Oficio 0042370003033
MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-AJ-JEDHU del 4 de diciembre de
2014, en respuesta a la reclamación mencionada anteriormente, por medio
del cual denegó lo deprecado al indicar que la decisión del ascenso es
eminentemente potestativa de la junta clasificadora.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 18 de febrero de 2016.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] INEPTA DEMANDA. Argumenta el apoderado de la demandada que debe
prosperar la misma a razón, que el Decreto 1790 de 2000 solo aplica para el personal
activo de las fuerzas Militares y no se puede realizar ascenso a una persona o
miembro de la institución que ha sido retirado.

Después de revisado el expediente y confrontado con lo expuesto por la demandada,
este despacho no encuentra sustento jurídico alguno por lo cual deba declarar la
inepta demanda, más aun cuando lo esbozado por el Ministerio de Defensa no se
ajusta a los parámetros establecidos en numeral 5 del Artículo 100 del Código General
del Proceso en concordancia con el Articulo 162 del CPACA. Los cuales de manera
imperativa nos indican que la inepta demanda se configurará por falta de los requisitos
formales o indebida acumulación de pretensiones.

Remitiéndonos al artículo 162 del CPACA el cual nos muestra los requisitos de la
demanda, se visualiza con suma claridad que lo aducido por el demandante no
vulnera nuestro estatuto procedimental.

AUTO: En mérito de lo expuesto este Despacho, resuelve:

2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

(2015).

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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PRIMERO: Declarar NO probada la excepción de INEPTA DEMANDA presentada por
el MINISTERIO DE DEFENSA. […]». (Mayúscula conforme a la transcripción.
Folios 93 vuelto a 94 y CD obrante a folio 99 del plenario).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Atendiendo a las diferencias manifestadas por las partes, considera el Tribunal
de manera provisional, que los problemas jurídicos que se deben resolver son los
siguientes:

¿Tiene derecho el señor JEFE TECNICO ® JOSE FRANCISCO ARISMENDI PINTO
a ser ascendido al grado de JEFE TECNICO DE COMANDO DE LA ARMADA
NACIONAL conforme al decreto 1790 de 2000 que regula el ascenso de suboficiales
de las fuerzas militares? […]». (Mayúscula del texto original. Folio 94 y CD que
reposa a folio 99 del expediente).

SENTENCIA APELADA
(Folios 147 a 153)

El a quo profirió sentencia escrita el 14 de febrero de 2019, por medio de la
cual denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes
consideraciones:

El tribunal de primera instancia adujo que, aun cuando el artículo 54 del
Decreto 1790 de 2000, que contempla los requisitos para el ascenso de
suboficiales, fue ajustado por el artículo 12 de la Ley 1104 de 2006, debe
tenerse en cuenta que tal postulado no tiene el alcance propuesto en la
demanda, ni mucho menos contempla que los aspirantes a ascenso a un grado
superior hayan adquirido per se ese derecho solo por cumplir con los requisitos
objetivos previstos para el efecto. Aseguró que el entendimiento que debe
dársele a aquel precepto, es que la facultad de escogencia de la administración
se debe ajustar a unos criterios que involucran el mérito, pero en todo caso de
manera discrecional.

En tal sentido sostuvo que, el Comando de la Armada Nacional no está
obligado a ascender necesariamente a todos los que cumplan
satisfactoriamente las exigencias normativas para ello, habida cuenta de que
lo propio resultaría materialmente imposible. Por tal razón, afirmó que ante la
disyuntiva de tener que elegir, la institución debe observar ciertos parámetros,
entre los que se destacan: i) la exclusión de criterios de diferenciación
expresamente proscritos por la Constitución como la raza, condición social,
sexo o credo religioso; ii) el peso que deben tener a la hora de hacer la
escogencia las calidades personales y profesionales del aspirante, y iii) que
quienes sean promovidos correspondan a los mejores componentes de la
fuerza.

Por otro lado resaltó que para la fecha de iniciación de la actuación
administrativa que dio lugar al acto demandado (1.° de diciembre de 2014), el
libelista se encontraba retirado del servicio, es decir, no tenía la calidad de

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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militar activo, toda vez que fue llamado a calificar servicios desde el 5 de abril
de 2012.

Lo anterior implica aceptar necesariamente que la respuesta dada por la
entidad demandada mediante el acto reprochado se encuentra ajustada a
derecho al negar la petición de ascenso del señor Arismendy Pinto, toda vez
que este se encontraba en uso de buen retiro, lo cual, no lo ubicaba en el
supuesto de hecho de la norma aplicable, como lo es el Decreto 1790 del 2000,
a fin de que la entidad demandada pudiese valorar la opción de promoverlo a
un cargo de mayor jerarquía.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda y condenar
en costas al libelista en aplicación del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP,
debido a un criterio objetivo de imposición de esta carga, en razón a que aquel
resultó vencido en juicio.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 157 a 161)

La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en
su lugar acceder a las pretensiones de la demanda. Para ello sostuvo que en
el presente caso se demostró que el señor José Francisco Arismendy Pinto
cumplió con los requisitos mínimos para que le fuera concedido el ascenso al
grado de suboficial jefe técnico de comando de la Armada Nacional, puesto
que acreditó el tiempo de servicios en la posición de jefe técnico, así como la
idoneidad disciplinaria, profesional y psicofísica en la práctica profesional, y
además aprobó los cursos de capacitación y calificación.

Adujo que la decisión final de la entidad demandada debió ser el ascenso
deprecado por el libelista, toda vez que este estaba fundado en el mérito
comprobado como candidato y en las condiciones objetivas requeridas por la
normativa aplicable. Por tal razón manifestó que, nunca se debió convalidar el
criterio de que la escogencia de una promoción a un cargo superior era
potestativa de la autoridad, más aún cuando el demandante ya había sido
seleccionado entre todo el personal de la institución castrense junto con dos
suboficiales más para realizar los respectivos cursos de ascenso.

Precisó que no puede dejarse la decisión sobre este derecho a la simple
liberalidad del funcionario competente de la entidad, toda vez que en este caso
prevalece el mérito del libelista y no la voluntad de la autoridad, dado que lo
propio constituiría una desviación de poder.

Recalcó además que tal criterio potestativo implica arbitrariedad, pues la
decisión no está basada en los principios de racionalidad y razonabilidad, en
la medida en que el acto administrativo demandado se expidió sin
fundamentos legales al haberse acreditado que el señor Arismendy Pinto
ejerció la carrera militar con altos méritos y calidades, que a su vez demuestran
la ausencia de argumentos y pruebas que legitimen la manifestación
administrativa.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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Parte demandante (Folios 187 a 189): instó nuevamente que se revoque la
providencia apelada, y para tal efecto reprodujo parte de los argumentos
esbozados en su recurso de apelación.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio de
conformidad con la constancia secretarial que obra a folio 190 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso únicamente fue formulada por
la parte demandante.

Problema jurídico

Con fundamento en los anteriores argumentos, el problema jurídico que se
debe resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:

¿El señor José Francisco Arismendy Pinto demostró que la decisión de negar
su solicitud de ascenso al grado de jefe técnico de comando de la Armada
Nacional, contenida en el Oficio 0042370003033 MD-CGFM-CARMA-SECAR-
JEDHU-AJ-JEDHU del 4 de diciembre de 2014, obedeció a una arbitrariedad
de la autoridad demandada asimilable a una desviación de poder?

Al respecto, la Subsección sostendrá como tesis: el demandante no demostró
que el acto administrativo censurado hubiese sido expedido bajo la causal de
desviación de poder, es decir, contrario a los fines del servicio, por lo que la
decisión de negar el ascenso deprecado se ajustó a derecho, más aún cuando
para el momento de la reclamación no se encontraba en servicio activo, tal
como se explica a continuación:

 Marco normativo en materia de ascensos de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares
Al respecto es de destacar que la regulación en materia de carrera del cuerpo
de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, se encuentra prevista en el
Decreto Ley 1790 de 2000 con sus respectivas modificaciones. Lo anterior se
deriva de la remisión para implementar lo propio que hace el artículo 217 de la
Constitución Política. En virtud de lo anterior, la norma en cita definió los
criterios y elementos propios para la administración interna del personal militar
del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, y puntualmente en este caso, de la
Armada Nacional.

En primer lugar, se advierte que el artículo 6.° ibidem contempló la jerarquía
de suboficiales al interior de la entidad demandada de la siguiente forma:

«[…] ARTÍCULO 6. La jerarquía y equivalencia de los Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares para efectos de mando, Régimen Interno, Régimen

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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Disciplinario y Justicia Penal Militar, lo mismo que para todas las obligaciones
y derechos consagrados en este decreto, comprende los siguientes grados en
escala descendente: […]

SUBOFICIALES […]

2. Armada

a) Suboficial Jefe Técnico de Comando Conjunto
b) Suboficial Jefe Técnico de Comando
c) Suboficial Jefe Técnico
d) Suboficial Jefe
e) Suboficial Primero
f) Suboficial Segundo
g) Suboficial Tercero
h) Marinero Primero
i) Marinero Segundo […]». (Líneas de la Sala).

En el asunto sub lite se resalta que el libelista quien prestó su servicio como
suboficial jefe técnico de la Armada Nacional3, solicitó ante dicha autoridad el
ascenso al grado de jefe técnico de comando, posición que como se observa
a partir de la norma enunciada, efectivamente corresponde a una superior a la
que aquel detentaba a la fecha de su retiro por llamamiento a calificar servicios,
efectivo desde el 5 de enero de 20124.

Pues bien, en lo atinente al régimen de ascensos al interior de las Fuerzas
Militares, se observa que los artículos 51, 52, 54 y 55 del referido Decreto Ley
1790 de 2000, contemplan a título de exigencias tanto generales como
específicas para los suboficiales las siguientes:

«[…] ARTÍCULO 51. CONDICIONES DE LOS ASCENSOS. Los ascensos se
confieren a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad que
satisfagan los requisitos legales, dentro del orden jerárquico, de acuerdo con
las vacantes existentes conforme al decreto de planta respectivo, al escalafón
de cargos y con sujeción a las precedencias resultantes de la clasificación en
la forma establecida en el Reglamento de Evaluación y Clasificación para el
personal de las Fuerzas Militares.

ARTÍCULO 52. REQUISITOS COMUNES PARA ASCENSO. Para ingresar y
ascender en las Fuerzas Militares se requiere acreditar condiciones de
conducta, profesionales y sicofísicas como requisitos comunes para todos los
oficiales y suboficiales y además cumplir las condiciones específicas que
este Decreto determina.

PARAGRAFO. El personal de oficiales y suboficiales que en el momento de
ascenso sea declarado no apto por la Sanidad Militar como consecuencia de
heridas en combate o como consecuencia de la acción directa del enemigo, en
conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del
orden público interno, podrá ascender al grado inmediatamente superior con
novedad fiscal, antigüedad y orden de prelación en que asciendan sus
compañeros de curso o promoción, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por el presente Decreto, a excepción del requisito de mando de
tropas en el Ejército, el tiempo de embarco o de mando en la Armada Nacional
y el tiempo de mando y horas de vuelo en la Fuerza Aérea, Ejército y Armada.

3 Ver extracto de hoja de vida del demandante obrante de folios 24 a 29 del plenario.
4 Idem.

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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PARÁGRAFO 2. < Parágrafo modificado por el artículo 1 de la Ley 1279 de
2009. El nuevo texto es el siguiente:> Los Oficiales y Suboficiales de la Fuerzas
Militares que hayan sido víctimas del delito de secuestro, previa comprobación
de los hechos por parte de la autoridad competente, serán ascendidos al Grado
inmediatamente superior al que ostentaban en el momento del secuestro
cuantas veces cumplan en cautiverio con el tiempo mínimo establecido como
requisito para ascenso en los Grados correspondientes del personal activo en
la respectiva Fuerza, de acuerdo con la reglamentación existente.

[…] ARTÍCULO 54. REQUISITOS MINIMOS PARA ASCENSO DE
SUBOFICIALES. < Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1104 de
2006. El nuevo texto es el siguiente: > Los Suboficiales de las Fuerzas Militares
podrán ascender en la jerarquía al grado inmediatamente superior, cuando
cumplan los siguientes requisitos mínimos:

a) Tener el tiempo mínimo de servicio efectivo establecido para cada grado en
el presente decreto;
b) Capacidad profesional, acreditada con las evaluaciones anuales y las
calificaciones de los cursos y exámenes para ascenso establecidos por los
respectivos comandos de fuerza;
c) Acreditar aptitud psicofísica de acuerdo con el reglamento vigente;
d) Acreditar los tiempos mínimos de servicio en tropas o de embarco, de
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional;
e) Tener la clasificación para ascenso de acuerdo con el reglamento de
Evaluación y Clasificación.

PARÁGRAFO 1o. Para ascender al grado de Sargento Mayor de Comando
Conjunto se escogerá entre los sargentos mayores de comando, Suboficiales
jefes técnicos de comando, sargentos mayores de comando de la infantería de
marina y técnicos jefes de comando de la Fuerza Aérea Colombiana, que
reúnan las condiciones generales y específicas establecidas en el presente
decreto, el cual se desempeñará en el Comando General de las Fuerzas
Militares.

PARÁGRAFO 2o. Para ascender al grado de Sargento Mayor de Comando o
su equivalente, el respectivo Comando de Fuerza escogerá entre los Sargentos
Mayores, Suboficiales Jefes Técnicos, Sargentos Mayores de la Infantería de
Marina y Técnicos Jefes que reúnan las condiciones generales y específicas
establecidas en el presente decreto.

PARÁGRAFO 3o. Para ascender al grado de Sargento Mayor o su equivalente,
el respectivo Comando de Fuerza escogerá entre los Sargentos Primeros,
Suboficiales Jefes, Sargentos Primeros de la Infantería de Marina y Técnicos
Subjefes que reúnan las condiciones generales y específicas establecidas en
el presente decreto, salvo lo relativo a los cursos o exámenes para ascenso.

PARÁGRAFO 4o. Para ascender al grado de Sargento Segundo de las Armas
en el Ejército, sargento segundo en la Infantería de Marina y Técnico Segundo
del Cuerpo Técnico de seguridad y defensas de bases aéreas en la Fuerza
Aérea, el Suboficial deberá aprobar con anterioridad un curso para adquirir una
especialidad de combate.

PARÁGRAFO 5o. El requisito de curso de que trata el literal b) en el caso del
personal de Suboficiales que se desempeñan en el área de inteligencia militar
encubierta, se podrá cumplir mediante un mecanismo alterno que adoptará el
Comandante de Fuerza respectivo.

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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ARTÍCULO 55. TIEMPOS MÍNIMOS DE SERVICIOS EN CADA GRADO.
Fíjense los siguientes tiempos mínimos de servicio en cada grado como
requisito para ascender al grado inmediatamente superior.

a) Oficiales

1. Subteniente o Teniente de Corbeta cuatro (4) años.
2. Teniente o Teniente de Fragata cuatro (4) años.
3. Capitán o Teniente de Navío cinco (5) años.
4. Mayor o Capitán de Corbeta cinco (5) años.
5. Teniente Coronel o Capitán de Fragata cinco (5) años.
6. Coronel o Capitán de Navío cinco (5) años.
7. Brigadier General, Contraalmirante cuatro (4) años.
8. Mayor General o Vicealmirante cuatro (4) años.

b) Suboficiales

1. Cabo Tercero, Marinero Segundo o Aerotécnico tres (3) años.
2. Cabo Segundo, Marinero Primero o Técnico Cuarto tres (3) años.
3. Cabo Primero, Suboficial Tercero o Técnico Tercero cuatro (4) años.
4. Sargento Segundo, Suboficial Segundo o Técnico Segundo cinco (5) años.
5. Sargento Viceprimero, Suboficial Primero o Técnico Primero cinco (5) años.
6. Sargento Primero, Suboficial Jefe o Técnico Subjefe cinco (5) años.
7. Sargento Mayor, Suboficial Jefe Técnico o Técnico Jefe tres (3) años.
8. Sargento Mayor de Comando, Suboficial Jefe Técnico de Comando o
Técnico Jefe de Comando tres (3) años.

PARÁGRAFO. Atendiendo el sistema de evaluación y clasificación, y acciones
extraordinarias de valor o resultados operacionales, la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares podrá autorizar ascensos de
hasta el 10% de cada promoción de Oficiales de cada Fuerza, hasta con un
año de anterioridad al tiempo mínimo establecido en el presente artículo.

Para efectos salariales el Oficial deberá haber cumplido el tiempo mínimo
establecido en este artículo para el respectivo grado. […]». (Subrayado
intencional).

Como se aprecia de lo transcrito ut supra, no solo se consagró la existencia
de una serie de requisitos formales y sustanciales que permitieran a los
uniformados acreditar el cumplimiento de un perfil merecedor de una
promoción al interior de la institución castrense, sino que también, se
determinó que la posibilidad de concretar ese cambio de grado funcional,
obedece a una decisión libre de la respectiva autoridad y no a una situación
automática de inmediata consolidación por el cumplimiento de requisitos, toda
vez que el ascenso propiamente dicho fue condicionado a la escogencia que
de los miembros calificados para el efecto se hiciera en atención a las vacantes
existentes y la necesidad del servicio.

En tal sentido, la facultad de la respectiva entidad de la Fuerza Pública para
ascender a uno de sus miembros a un grado superior, claramente es
discrecional en el entendido de que esta no se entiende como una obligación
directa por mandato legal que genere derechos adquiridos propiamente
dichos, y por lo tanto, tampoco exigibles per se. Sobre el punto el Consejo de
Estado5 ha precisado lo siguiente:

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 3 de julio de 2015. Radicado: 11001-

03-06-000-2015-00042-00(2247).

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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«[…] Por su parte, el artículo 33 del Decreto 1790 de 2000 establece con
claridad que los ascensos son dispuestos por el Gobierno Nacional cuando se
trata de oficiales, o por el Ministerio de Defensa Nacional, o los comandos de
las respectivas fuerzas, para el caso de los suboficiales. Adicionalmente, la
titularidad del Gobierno Nacional para disponer de los ascensos se encuentra
también reconocida en los artículos 47, 65, 66 y 67 del mencionado Decreto
1790 de 2000.

En lo que respecta a la naturaleza de esta facultad, es necesario determinar si
se trata de una potestad reglada o discrecional. Si bien en algunos casos la
administración debe actuar de tal manera que esta no tiene otra alternativa que
obrar en la forma indicada o establecida por el mandato legal (facultad reglada),
en otros, puede ocurrir que el ordenamiento le otorgue la autonomía o libertad
para que, valorando las circunstancias de hecho, la oportunidad o conveniencia
general, determine como ejercer una competencia (facultad discrecional). (…)

En lo que concierne a la facultad discrecional se ha señalado que esta
constituye una herramienta necesaria para la consecución de los fines estatales
y el adecuado cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas a la
administración, pues esta, en un contexto de cambiantes y complejas
relaciones jurídicas, debe contar con instrumentos que le permitan decidir con
algún grado de libertad cómo proceder. Igualmente, la potestad discrecional
permite a la administración resolver de mejor manera los casos particulares o
concretos a los que debe enfrentarse. Con todo, debe resaltarse que la
discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, por lo tanto la autoridad
administrativa debe ejercerla dentro de los límites señalados por la ley y la
jurisprudencia.

En esta dirección, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en su artículo 44 dispuso: “En la medida en que el
contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional,
debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los
hechos que le sirven de causa”. Asimismo, la jurisprudencia nacional ha
señalado que la potestad discrecional debe adelantarse bajo criterios de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, buscar la satisfacción del
interés general, la consecución de los fines del Estado, la prestación de un buen
servicio y la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos.

Descendiendo al caso en estudio, encuentra la Sala que la facultad del
Ejecutivo para decidir sobre los ascensos de los miembros de las Fuerzas
Militares es una potestad discrecional. […]». (Destaca la Subsección).

De conformidad con lo expuesto hasta este punto, se deduce que es
potestativo de la entidad demandada acceder o no a un ascenso de un
suboficial como el demandante, ello siempre y cuando la decisión adoptada se
acompase con la facultad discrecional de la administración, es decir, en razón
de condiciones propias del servicio y bajo la égida de criterios de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad, esto a fin de evitar una manifestación
arbitraria que por antonomasia sí sería ilegal y por lo tanto susceptible de
anulación en sede judicial.

 De la situación particular del libelista

Con base en el contexto jurídico esbozado, resulta indispensable verificar las
condiciones fácticas demostradas por la parte activa en lo referente a la
satisfacción de exigencias normativas para haber sido considerado como

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Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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aspirante a obtener un ascenso al grado de jefe técnico de comando de la
Armada Nacional. Sobre el punto se destacan los siguientes hechos probados:

 A partir del extracto de hoja de vida del señor Arismendy Pinto (folios 24 a
29), se observa que aquel prestó su servicio a la Armada Nacional por un
término de 26 años, 2 meses y 28 días acumulados en los siguientes períodos:
i) como alumno suboficial del 7 de enero al 31 de octubre de 1986, ii) como
suboficial en su último grado de jefe técnico desde el 1.º de noviembre de 1986
hasta el 5 de enero de 2012, y iii) durante 3 meses de alta comprendidos entre
el 6 de enero y el 5 de abril de 2012.

 De la referida prueba se advierte que el demandante fue retirado del
servicio por la causal de llamamiento a calificar servicios.

 Asimismo se aprecia de este elemento de convicción que el perfil
profesional del libelista es el de abogado especialista en derecho
administrativo con diferentes cursos en artillería y cañones, guerra electrónica,
ciencias del mar, administración y contratación estatal.

 Se verifica igualmente que aquel obtuvo calificaciones a lo largo de su
trayectoria de servicio institucional bajo los siguientes conceptos: bueno, muy
bueno y excelente. También se extrae que a título de estímulos por su labor,
le reportan medallas por tiempo de servicio, al mérito logístico y administrativo,
y al servicio distinguido por la Dirección General Marítima. Figura además la
obtención de un escudo honorario, así como varios distintivos de buena
conducta y un total de 139 felicitaciones.

 De la Orden Administrativa de Personal 502 del 15 de julio de 2011 (folio
33), se desprende que el segundo comandante de la Armada Nacional destinó
en comisión colectiva de estudios a los señores Carlos Eduardo Marenco
España, William Arroyo Lechuga y José Francisco Arismendy Pinto, a fin de
que realizaran el curso de Liderazgo Internacional en la Escuela de Relaciones
Civiles y Militares del Ejército en Bogotá.

 Según la Resolución 886 del 18 de noviembre de 2011 (folio 118), el
demandante efectivamente fue separado de la Armada Nacional en forma
temporal con pase a la reserva, lo anterior bajo la causal de llamamiento a
calificar servicios en razón a que este había colmado los requisitos para
acceder al reconocimiento de una asignación de retiro.

 De acuerdo con la Resolución 136 del 1.º de marzo de 2012 (folios 44 a
47), se evidencia que los señores Carlos Eduardo Marenco España y William
Arroyo Lechuga fueron ascendidos al grado de jefe técnico de comando por
haber reunido los requisitos del Decreto 1790 de 2000 conforme al Acta 005
del 24 de febrero de 2012 expedida por el Comité de Ascenso de Suboficiales
de la entidad.

 El libelista formuló petición ante la autoridad demandada el 1.º de
diciembre de 2014 con el fin de que fuera ordenado su ascenso al grado de
jefe técnico de comando de la Armada Nacional, luego de aducir que había
cumplido con cada una de las exigencias normativas para el efecto. (Folios 48
a 51).

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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 Mediante Oficio 0042370003033 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-AJ-
JEDHU del 4 de diciembre de 2014, el director de la Junta Clasificadora de la
Armada Nacional negó la referida solicitud del señor Arismendy Pinto al
precisar que conforme al artículo 54 del Decreto 1790 de 2000, la decisión de
ascender o no a un uniformado es potestativa en la medida en que es de libre
escogencia por parte de la administración, y en el caso del solicitante, este se
encuentra retirado de la institución.

Pues bien, con base en estos elementos fácticos enunciados, lo primero que
destaca la Subsección es que, efectivamente al margen del cumplimiento de
los requisitos específicos consagrados en la norma precitada para que el
libelista pudiese ser considerado aspirante a un ascenso en la carrera de
suboficiales de la entidad demandada, lo cierto es que al momento en que
aquel formuló la reclamación tendiente a obtener dicha promoción (1.º de
diciembre de 2014), este ya se encontraba retirado del servicio, pues lo propio
ocurrió desde el 5 de enero de 2012.

La situación descrita es de relevancia en el presente asunto dado que, una de
las condiciones esenciales para consolidar el ascenso a un grado de suboficial
superior, conforme al artículo 51 del Decreto 1790 de 2000, es que el
uniformado se encuentre en servicio activo. En tal sentido, al no acreditar
aquella exigencia al momento de su reclamación, era totalmente entendible la
decisión negativa de la parte pasiva frente a lo deprecado por el demandante.

Ahora bien, si lo pretendido por el señor Arismendy Pinto era discutir la
legalidad de su retiro en lugar del ascenso, este debió instar la nulidad del acto
administrativo que determinó lo propio en virtud de la causal de llamamiento a
calificar servicios. Es decir, el libelista en medio del proceso de la referencia
busca la nulidad de una decisión que denegó la posibilidad de pasar a una
posición jerárquica superior, sin embargo su argumentación jurídica se centra
en debatir su retiro de la institución, cuando contrario a ello, dos uniformados
que como él, también habían realizado los cursos de Liderazgo Internacional,
sí fueron promovidos al grado de jefe técnico de comando.

Lo anterior denota que el centro de discusión planteado por el apelante, gira
en torno a la supuesta ilegalidad de la decisión de la administración que lo
desvinculó del servicio en lugar de haberlo ascendido, más aún cuando
considera que se encontraba en una situación de igualdad respecto de sus dos
compañeros con los que se compara, pues estima que todos cumplían los
mismos requisitos para el efecto.

Empero, lo cierto es que frente a este planteamiento de equiparación de
condiciones respecto del cual el demandante busca endilgar un trato
discriminatorio, la Sala advierte en el mismo sentido del a quo que, en el sub
iudice sí se presenta un elemento diferenciador entre el uniformado reclamante
y los que fueron promovidos, el cual radica en el hecho de que al momento de
aquella determinación de ascenso (1.º de marzo de 2012), el libelista ya se
encontraba retirado de la institución castrense (5 de enero de 2012), no así los
señores Marenco España y Arroyo Lechuga.

Lo expuesto conlleva asumir que la equivalencia de condiciones alegada por
el recurrente no era plena como se adujo a lo largo del proceso, lo cual impide
realizar un análisis del acto reprochado en clave de una posible vulneración

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del derecho a la igualdad. Por ello, en este caso se corrobora la necesidad de
que el señor Arismendy Pinto hubiese estado vinculado activamente con la
Armada Nacional, a fin de colmar todas las condiciones esenciales para ser
aspirante legítimo a la designación de un grado superior en la carrera
profesional de suboficiales de dicha institución.

De este modo, si lo que el libelista pretendía era cuestionar la legalidad de su
retiro por llamamiento a calificar servicios, el medio de control instaurado debió
enfocarlo contra el acto administrativo contentivo de esa decisión y no frente
al Oficio 0042370003033 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-AJ-JEDHU del
4 de diciembre de 2014, el cual se ajusta a derecho al negar un ascenso por
la condición de retirado que aquel ostenta desde el año 2012.

Por otro lado, sin perjuicio de lo expuesto hasta este punto, es válido entender
que si la parte activa buscaba con su reclamación, consolidar un ascenso
retroactivo por el período comprendido entre la data de satisfacción de
requisitos para lo propio y la fecha de su retiro (lo cual no deprecó
expresamente en tal sentido), en efecto podría examinarse la legalidad del
actual acto administrativo censurado bajo el entendido de que, si bien la
autoridad castrense tiene la facultad discrecional para promover o no a uno de
sus miembros a una mejor posición jerárquica, tal como se especificó
anteriormente, esa manifestación por ningún motivo puede ser arbitraria, esto
es, no puede contrariar la objetividad que se desprende de sendos criterios
específicos como la existencia de vacantes, la necesidad del servicio y los
principios de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

En suma, sí es posible estudiar el ajuste a derecho de un acto que niega
expresamente la solicitud de un ascenso, ello siempre y cuando la parte
demandante demuestre de manera adecuada la configuración de la causal de
nulidad de desviación de poder, la cual precisamente el uniformado reclamante
en esta oportunidad alegó como fundamento de sus pretensiones.

 La desviación de poder

Las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones
administrativas no gozan de autonomía, al contrario, es heterónomo, toda vez
que la ley regula deberes y prohibiciones. Es decir, un variopinto de
restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los
fines públicos.

Por ello, el artículo 6.º de la Constitución Política prevé que los servidores
públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes,
lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores públicos
solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los
reglamentos, etc.

Bajo dicho entendido, cuando la conducta (activa u omisiva) es explícitamente
contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en «ilícita» porque el
sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir, los ilícitos típicos
son las conductas o actos opuestos a una regla de derecho. Se entiende
«ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como antijurídico o ilegal y no
necesariamente como delictual. Sin embargo, también existen ilícitos atípicos.

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Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos atípicos, por así decirlo, invierten el
sentido de una regla: prima facie existe una regla que permite la conducta en cuestión;
sin embargo - y en razón de su oposición a algún principio o principios-, esa conducta
se convierte, una vez considerados todos los factores, en ilícita. Esto es, abuso del
derecho, el fraude a la ley y la desviación de poder […]»6.

Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien
ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien
puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades
legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le
corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses
públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar
la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder7 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho
público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al
control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje
central del derecho administrativo es el control de la discrecionalidad. Al
respecto, García de Enterría señala lo siguiente:

«[…] La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales
de la Administración es un tema clásico de la teoría del Derecho. Está en los
orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada época ha ido dejando en él la
huella de sus propias reflexiones teóricas, así como de las sucesivas experiencias
prácticas y jurisprudenciales […]

[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de forma
espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho
Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su
control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy mismo los
poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez de los actos
discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos de la
Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la tendencia
continúa […]»8.

Bajo esta intelección, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas
de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se
ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la
administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada
para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y
legalmente responde la norma. Lo anterior condujo a que el juez administrativo
perfeccionara sus facultades con el examen constitucional, y que el control del
exceso de poder, o la desviación de poder, se fortaleciera con los principios
constitucionales.

Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder,
el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado institucional
o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo o una ley 9.
En esos términos, al tratarse la conducta de un «ilícito atípico» provoca un

6 Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27.
7 La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder.
8 Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid, Marcial Pons,

4ed., 1998, pp. 31 y 36.
9 Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127.

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daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e intereses colectivos.
Una característica importante del citado daño, es el de ser indirecto o mediato.

Por su parte, esta Subsección10 ha efectuado el análisis sobre la desviación
de poder desde esta misma óptica. Al respecto:

«[…] La desviación de poder ha sido comprendida por la jurisprudencia de esta
Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el
entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que hace
a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del
ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la
presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las
normas a las que debe someterse. […]». (Negrita fuera del texto original).

Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la
existencia de un vicio de poder transita por llegar a la convicción de la
voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos,
cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor
de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración.

Sobre el particular, la Sección Segunda ha sostenido lo siguiente: «[…]
demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción
plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen
servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. […]»11.

 No se desvirtuó la presunción de legalidad del acto demandado

De la relación probatoria que precede, la Sala encuentra que la motivación del
Oficio 0042370003033 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-AJ-JEDHU del 4
de diciembre de 2014, se ajustó no solo al hecho de que el demandante no se
encontraba vinculado en servicio activo a la Armada Nacional, sino a que
conforme al Decreto 1790 de 2000, es de libre escogencia de dicha entidad
promover a los aspirantes que más encuadren en el marco de la necesidad
del servicio, y que además cumplan la totalidad de las exigencias normativas
para el efecto, ello sin que solo por esta última situación pueda considerarse
la existencia de un derecho adquirido de materialización automática en
cabeza del miembro de la Fuerza Pública que se halle en tales condiciones.

En ese orden, se reitera que es necesario probar que en la expedición del acto
se tuvieron finalidades ocultas, esto es, demostrar la desviación de poder, por
cuanto en el sub lite se presume que la facultad discrecional de la autoridad
administrativa busca el mejoramiento del servicio, no que por sí misma
obedece a causas exclusivas y propias de la esfera interna del funcionario que
expidió el mentado oficio.

En efecto, como quedó analizado en apartes anteriores, cuando se trata de la
desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que

10Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009.
Radicado: 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009).
11 Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado: 170012331000200301412 02(0734-10).

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está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso
acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado
proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre
el acto administrativo y el motivo que lo produjo.

En este contexto se debe señalar que más allá de la afirmación del libelista,
no obran pruebas que permitan advertir que la finalidad del acto demandando
fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia, o que la intención de no
ascender a un miembro de la Fuerza Pública retirado buscaba satisfacer
intereses particulares en lugar de los generales propios de la función
administrativa de seguridad que cumple la Armada Nacional.

Acerca de este punto se destaca que el excelente desempeño de las funciones
del demandante, situación que lo hizo merecedor de felicitaciones,
condecoraciones, evaluaciones sobresalientes y reconocimientos, si bien
implica la satisfacción de algunos requisitos para ser promovido, no
necesariamente le brinda una condición superior en virtud de la cual se haga
merecedor de un ascenso de manera inmediata y directa en la carrera de
suboficiales de la institución, pues el cumplimiento de esta característica se
entiende como connatural al ejercicio de la labor militar, y en todo caso, se
reitera que dicha decisión es discrecional de la administración, lo cual implica
que no todo uniformado que se encuentre en tales circunstancias debe pasar
a una mejor posición jerárquica.

En efecto, la designación de los ascensos, tal como lo ha señalado el Consejo
de Estado,12 es fruto del ejercicio de la facultad potestativa y debe hacerse con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo condiciones de
mérito de los aspirantes, tales como aptitud hacia el servicio, calidades
personales y profesionales para el desempeño del grado. Así se ha dicho:

«[…] En este orden de ideas, la selección al concurso previo al curso de
capacitación para ascenso (en el caso de los Oficiales en el grado de Mayor), y al
curso de ascenso a Coronel (en el caso de los Oficiales Tenientes Coroneles),
concebida como ejercicio de una facultad discrecional, conferida por el Director
General de la Policía Nacional a la Junta de Generales de la institución, con
fundamento en el parágrafo 2 del artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, no agrega
requisitos adicionales a la carrera policial no previstos en los Decretos 1791 y 1800
de 2000, en tanto que, de acuerdo con el artículo 21 del primero de los
mencionados, constituye requisitos para ascenso de oficiales, el “Ser llamado a
curso”, actuación que conlleva el ejercicio de una facultad discrecional dentro del
procedimiento legalmente previsto para el ascenso de oficiales en servicio activo
que cumplan con los requisitos establecidos dentro del orden jerárquico, de
acuerdo con las vacantes existentes, conforme al decreto de planta y con sujeción
a las precedencias de la clasificación que establece el decreto de evaluación del
desempeño (Dec. 1800 de 2000). En otras palabras, la competencia atribuida por
el Director General de la Policía Nacional, conforme el parágrafo 2 del artículo 22
del Decreto 1791 de 2000, a la Junta de Generales, comprende el ejercicio de una
facultad discrecional dentro del procedimiento administrativo previsto por el
legislador y al que las autoridades encargadas de la selección deben acogerse
plenamente, es decir, con plena observancia de lo prescrito en la ley y en las reglas
especiales sobre el asunto en trámite, que para el caso concreto están previstas
en los Decretos 1791 y 1800 de 2000. De acuerdo con lo señalado, no se trata

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 10 de noviembre de 2009, radicación: 0145-2005.

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entonces, como lo considera la parte actora, de la asignación de competencias que
establezcan requisitos adicionales a los previstos en el artículo 21 del Decreto 1791
de 2000 para ascender en la jerarquía del grado inmediatamente superior. Los
ascensos de los oficiales de la Policía Nacional, no se conceden sino a quienes
cumplan con los requisitos legales establecidos en el citado Decreto 1791 de 2000,
requisitos que se evalúan de conformidad con la disponibilidad de vacantes,
conforme al decreto de planta y con sujeción a las precedencias de la clasificación
que establece el Decreto 1800 de 2000 sobre “evaluación del desempeño del
personal uniformado de la Policía Nacional”. […]»

En tal medida y por virtud de dicha prerrogativa, la institución castrense puede
ascender a unos miembros y retirar a otros, por razones de necesidad y de
conveniencia. Ello debido a que no le es posible ascender a todos los que se
encuentren en condiciones de ser ascendidos, en tanto que la estructura de la
entidad le impone límites, como el número de cargos13.

También se insiste en que, por la estructura piramidal de la Armada Nacional,
no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y,
por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor
militar o represente una persecución en contra del personal no escogido, tesis
que ha sido pacífica por parte de esta Subsección14.

Conforme a esta línea de intelección y debido a la falta de evidencia que
respalde la tesis de la parte activa sobre la supuesta desviación de poder en
la que incurrió la administración ante la expedición de su acto administrativo,
para la Subsección resulta evidente que se configura un incumplimiento frente
a la carga probatoria del demandante en lo que respecta a la demostración de
los supuestos de hecho y jurídicos que alega para el reclamo de su derecho.

El referido mandato se deriva del contenido del artículo 167 del Código General
del Proceso que consagra lo siguiente:

«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía
con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. […]»

La normativa citada impone una carga procesal15 a las partes dentro del

13 Al respecto consultar la sentencia de esta Sección fechada 9 de julio de 2020. Radicado: 25000-23-

42-000-2013-01241-01(2334-17).
14
Al respecto ver las sentencias del 27 de junio de 2018, radicado: 17001-23-33-000-2013-
00602-01(0667-15), del 18 de julio de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2013-01832-01(1358-
15), del 9 de julio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01(2334-17), entre otras.
15 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes

procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los
imperativos ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez

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proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar las pruebas
demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las excepciones
que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito.

Al respecto, es dable precisar que el referido postulado adjetivo sobre la carga
de la prueba se compone de tres principios fundamentales: i) el onus probandi
incumbit actori, esto es, al demandante le corresponde probar los hechos en
que sustenta la demanda; ii) reus, in excipiendo, fit actor, relativo a que la parte
demandada una vez presenta excepciones actúa como actor y, por ende, debe
probar los hechos en que basa su defensa y; iii) äctore non probante, reus
absolvitur, que predica la absolución del demandado si la parte activa no
prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda16.

Bajo esta línea de intelección, se resalta que la inobservancia de la mentada
carga trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface,
puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que
la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado
por el otro extremo litigioso o por la ausencia de medios de comprobación, tal
como se advierte en el presente caso.

En conclusión: el señor José Francisco Arismendy Pinto no demostró que el
acto administrativo demandado, a través de la cual fue negada su solicitud de
ascenso al grado de jefe técnico de comando de la Armada Nacional, hubiese
sido expedido de manera arbitraria o con desviación de poder, pues lo cierto
es que aquella decisión se ajustó a las previsiones del Decreto 1790 de 2000,
no solo por cuanto el libelista no se encontraba en servicio activo al momento
de solicitar lo propio, sino además en la medida en que esa determinación
corresponde a una facultad discrecional de la autoridad administrativa para
escoger por razones del servicio, de manera racional, proporcional y
razonable, cuáles miembros activos pueden ser promovidos a una posición
jerárquica superior y quiénes no. En tal sentido, la presunción de legalidad del
oficio reprochado no fue desvirtuada.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada, proferida el
14 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar que denegó las
pretensiones de la demanda, toda vez que no prosperan los argumentos del
recurso de apelación formulado por el libelista.

De la condena en costas

como a las partes. Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos
procesales con ocasión del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas
procesales son situaciones que fija la ley que implican una realización de una conducta facultativa de las
partes y en su propio beneficio y cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra,
verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación
Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de
1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000.
16
En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la
carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de
Estado del 11 de marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
A. Radicación: 05001-23-31-000-2003-01739-01(1634-13).

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

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Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201617, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP18, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes, contrario a lo solicitado por el libelista en su recurso.
En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la
obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos
en los que se ventile un interés público19.

Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas al demandante, en la medida que a pesar de haber resultado vencido
en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP no es
posible la comprobación de dicha carga, en la medida en que no hubo
intervención de la parte pasiva en la presente instancia, tal como se indica en
la constancia secretarial visible a folio 190 del plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

17 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
18 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
19 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00025-01 (2981-2019)
Demandante: José Francisco Arismendy Pinto

20

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 14 de febrero de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar que denegó las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control y
restablecimiento del derecho promovió el señor José Francisco Arismendy
Pinto contra la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el sistema de registro
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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