Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00111-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acto de llamamiento a calificar servicios en la policía nacional: motivación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00111-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00111-01
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
4 de mayo de 2017
ACTO DE LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS EN LA POLICÍA NACIONAL – Motivación / FACULTAD DISCRECIONAL / BUEN DESEMPEÑO DEL CARGO
Esta Subsección, en fallo de tutela de 7 de abril de 2016, afirmó que los actos administrativos por los cuales se retira a un oficial por llamamiento a calificar servicios no requieren de una motivación distinta de la de cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional. (…) se ha de recordar que el artículo 3.º de la Ley 857 de 2003 establece que «El personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, sólo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro», que, conforme al artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, se exige como mínimo 18 años de prestación de servicios; por ello, la accionante, según se desprende de su hoja de vida, cuando se expidió el citado Decreto 754 de 2012, previo concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, por medio de acta 2 de 2012, ya contaba con más de 18 años de servicios (20 años, 8 meses, 27 días), y, por ende, era viable su retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios. En estas determinaciones, como lo invoca la actora, el buen desempeño no garantiza al servidor público por sí solo prerrogativa de permanencia en el cargo que desempeña ni limita la potestad discrecional, pues lo normal es el cumplimiento del deber. NOTA DE RELATORIA: Sobre la motivación del acto de retiro por llamamiento a calificar servicios, Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-217 de 2016; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., sentencia de 18 de mayo de 2011, C.P., Alfonso Vargas Rincón, rad. 1061-10.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 216 / LEY 817 DE 2003 - ARTÍCULO 1 / LEY 817 DE 2003 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 1791 DE 2000 - ARTÍCULO 57 / DECRETO 4433 DE 2004 - ARTÍCULO 24
DESVIACIÓN DE PODER - Configuración
La desviación de poder es una de las causales de nulidad de los actos administrativos establecida en el artículo 137 del CPACA. Ella se presenta, como lo ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, y amparándose en la legalidad formal del acto, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia. (…) La desviación de poder no puede presumirse por hechos sucedidos con antelación al retiro, sino que tiene que demostrarse con pruebas porque, de lo contrario, se convierte en una mera o simple sospecha, que, desde luego, no puede ser tratada como prueba; y, por ende, no puede servir de fundamento para tomar una determinación judicial porque el indicio debe ser construido a partir de un hecho indicador que esté probado y con el apoyo de un regla de experiencia ya demostrada que permita deducir desde la lógica la existencia de un hecho hasta ese momento desconocido.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 25000-23-42-000-2013-00111-01(0318-14)
Actor: MAYLI GINETTE VILLARRAGA CÉSPEDES
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Llamamiento a calificar servicios
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 11 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que negó las pretensiones de la demanda del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 130-163). La señora Mayli Ginette Villarraga Céspedes, por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.1.1 Pretensiones. 1) La actora aspira a que se declare la nulidad del Decreto 754 de 16 de abril de 2012, mediante el cual el presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y, en especial las que le confiere la Ley 857 de 2003 —previo concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional—, la llamó a calificar servicios.
2) Que, como consecuencia de la anterior declaración, se disponga su reintegro y reincorporación al grado y cargo en la Policía Nacional de superior categoría como teniente coronel o coronel, sin solución de continuidad.
3) Que se declare la responsabilidad de los daños morales a ella causados, como resultado de las decisiones anuladas y de las pretensiones contenidas en la demanda. En efecto, el reintegro se debe ordenar en el mismo grado y antigüedad dentro del escalafón policial en que se encuentren sus compañeros de promoción en el momento que se haga efectiva la sentencia, con la exigencia de que se disponga la realización inmediata de los cursos de ascenso correspondientes.
4) Que se le paguen los daños y perjuicios producidos por el retiro forzado del que fue objeto, pues le afectó el buen nombre y su dignidad, los cuales se tasan en 100 salarios mínimos legales.
5) Que se le reconozca y pague el daño emergente originado en que «para poder entablar la presente acción a manera de honorarios profesionales al abogado ha tenido que incurrir inicialmente en gastos correspondientes de seis millones de pesos, fuera de los demás gastos procesales que requieren el desarrollo del proceso para lo cual se tasan en total de siete millones de pesos ($7.000.000.oo)».
6) Que se le reconozca y pague intereses moratorios o, en su defecto, el índice de precios al consumidor (IPC) desde que las obligaciones se hicieron exigibles hasta su fecha de pago.
7) Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo (CCA).
8) Que se condene en costas a la entidad demandada.
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que ingresó el 24 de enero de 1991 a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander y fue retirada del servicio (por llamamiento a calificar servicios), en su condición de teniente coronel, adscrita a la dirección de sanidad, a partir del 14 de mayo de 2012 —día que se le notificó la decisión (Decreto 754 de 16 de abril de 2012)—, por recomendación de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, conforme al acta 2 de 13 de febrero de 2012.
Cuando se desvinculó de la Policía Nacional contaba con más de 21 años de servicio en la institución, en la que se destacó por su desempeño académico y profesional; fue condecorada en 13 oportunidades y felicitada 49 veces, que figuran en su hoja de vida; y en sus últimos 5 años de labores fue calificada por sus comandantes directos en el nivel superior. Siempre acató las disposiciones constitucionales y legales, sin que hubiera sido jamás sancionada en materia penal o disciplinaria, pues en el campo académico se destacó como sobresaliente.
Sin embargo, considera que algunos hechos, de repente, pudieron ser motivo de su retiro: a) la relación sentimental que sostuvo, ya divorciada, en su calidad de teniente coronel, con un patrullero de la Policía Nacional, lo que generó un reproche por parte del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; b) el accidente de tránsito sufrido, el 2 de noviembre de 2007, cuando su vehículo era conducido por la subintendente Yadira Rincón Carrillo, situación que dio pie a que otra vez la reprendiera el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y que tuvo como consecuencia la apertura de un proceso disciplinario, que culminó con el archivo de las diligencias.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo acusado las siguientes: los artículos 11,13, 23, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; 2 de la Ley 1010 de 2006; Decreto 1800 de 2000; y 35 y 36 del Código Contencioso Administrativo (CCA).
El concepto de la violación reside, en esencia, en que el acto demandado fue expedido con motivaciones diferentes a las cuales debería ceñirse y, por ello, no se ajusta a derecho «con el fin de esconder precisamente por ello, la palpable carencia de motivación real en los mismos es irregular, con el fin de esconder y evitar que el Actor (sic) pudiera hacer uso de sus derechos constitucionales: con esto se configura de plano una clara desviación de poder de la Administración la cual va a evidenciarse en los argumentos traídos por este apoderado a continuación […]» (ff. 141-142).
Según su hoja de vida, que demuestra sus calidades y méritos —alega la accionante—, no solo debió ser tenida en cuenta para mantenerla en actividad, sino para que fuera ascendida a grados superiores y continuara prestándole sus invaluables servicios a la comunidad a través de la Policía Nacional. De ahí que en el informe de gestión entregado por la dirección de sanidad de la Policía se pueda evidenciar la eficiencia en el ejercicio de las funciones encomendadas.
En efecto, se aplicó la facultad discrecional sin ninguna fundamentación real y legal; por lo que hubo falsa motivación y desviación de poder. En este sentido, en el concepto emitido por el señor procurador general de la nación en el expediente D-5979, que concluyó con la sentencia C-179 de 2006, de la Corte Constitucional, se dice:
[…]
El Procurador General de la Nación en concepto N.º 3983 de 8 de noviembre de 2005, solicita a la Corte la declaratoria de exequibilidad de las normas acusadas, bajo el entendido que las razones del servicio para el retiro discrecional de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares deben ser objetivas, probadas, razonables y proporcionadas a la decisión de desvinculación, todo lo cual se debe consignar en la parte motiva de la recomendación de la junta competente y del acto administrativo de retiro, permitiéndole al separado del servicio la interpretación de los recursos procedentes.
[…]
También señala que con el llamamiento a calificar servicios, además de la arbitraria remoción de una buena servidora, se violaron los más altos principios constitucionales: dignidad humana, desarrollo de la libre personalidad, igualdad, derecho al trabajo, debido proceso (falta de notificación de la recomendación de la junta asesora) y se incurrió en violencia de género.
Por último, se refiere a dos puntos: i) se violó el artículo 20 del Decreto 1800 de 2000 por falta de su calificación parcial al ser retirada de la institución, y ii) la persecución laboral del brigadier general Rodolfo Palomino por su relación sentimental con un patrullero de la Policía Nacional y por el accidente de tránsito en su vehículo, el 2 de noviembre de 2007, y la apertura del proceso disciplinario.
1.2 Contestación de la demanda (ff. 194-206). La entidad accionada se opone a las pretensiones de la demanda, pues el acto acusado se expidió conforme a los presupuestos legales y constitucionales porque los artículos 1, 2 (numeral 4), y 3 de la Ley 857 de 2003 facultan al Gobierno nacional para retirar del servicio al personal de oficiales; esta última norma dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios: solo cuando cumplan los requisitos para obtener el derecho a la asignación de retiro.
Cuando a la actora se le retiró de la Policía Nacional, ya contaba con el tiempo de servicio necesario para acceder a la asignación de retiro, motivo por el cual no hay razón para afirmar que el acto se expidió de manera irregular, en contra de las normas legales que rigen la materia, o con desviación de poder, teniendo en cuenta que el llamamiento a calificar servicios no es una sanción sino una medida de administración de personal.
Para terminar, expresa que, revisada la hoja de vida de la accionante, se advierte que esta tuvo, en términos generales, un buen desempeño en su rendimiento laboral en el último período evaluado; pero dicha calificación «no otorga per se, inamovilidad en el cargo público, y de otra, que no se observan anotaciones sobre la realización de actos de excepcional mérito y reconocimiento, que por su inmediatez con la decisión de retiro del servicio».
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), en sentencia de 11 de octubre de 2013, negó las pretensiones de la demanda, pues el acto demandado se encuentra ajustado a las prescripciones legales porque el llamamiento a calificar servicios es una causal legal autónoma para el retiro de la oficial y la estableció la ley como uno de los requisitos para la procedencia de la medida, cuando los oficiales, como en el caso de la actora, hayan cumplido los requisitos para acceder a la asignación de retiro (mínimo 18 años de servicio), según el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, previo concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.
En el presente asunto, no se demostró la desviación de poder ni la falsedad en los motivos del acto de retiro del servicio que quiso probarse con prueba testimonial; pero «no se demuestra la relación causal entre los hechos descritos por los testigos, y el acto de retiro que es autónomo e independiente de ellos, ora por el tiempo transcurrido entre aquellos y el retiro, ora porque las afirmaciones de los testigos no dan cuenta de esa relación causal y tan solo aparecen como entendimiento subjetivo, incapaz de demostrar la causal de nulidad alegada a título de falsedad en los motivos y desviación de poder».
También dice el fallo que a pesar de que la ley no dispuso que el acto de retiro sea motivado, la junta asesora lo hizo de manera clara al consignar que las razones jurídicas del retiro de la actora son el cumplimiento de los requisitos legales para asignación de retiro.
Por último, en cuanto a la exigencia del artículo 20 del Decreto 1800 de 2000, se aportaron calificaciones desde 1991 hasta el 31 de diciembre del año 2011. «En dicho período, a excepción del año 2001 (satisfactorio), la accionante tuvo clasificación superior, en tal sentido, la sala concluye, que la señora Mayli Ginette Villarraga Céspedes, estuvo en continuo período de evaluación desde el momento en que ingresó a la institución, esto es, a partir del año de 1991 y dado que el retiro es discrecional no requería una evaluación para el retiro» (ff. 426-450).
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
La accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, arguye, en breve, los siguientes aspectos:
i) El acto de retiro no respeta los principios de proporcionalidad, razonabilidad e inmediatez, por lo que, de acuerdo con lo probado en el proceso, demuestra una flagrante falsa motivación.
ii) La reciente jurisprudencia, tanto de la Corte de la Constitucional como del Consejo de Estado, ha manifestado que el hecho de no motivar el acto administrativo genera violación a los derechos fundamentales de defensa, debido proceso y acceso debido a la administración de justicia.
iii) No es congruente manifestar que un funcionario que siempre se ha desempeñado de manera eficiente, que nunca ha sido objeto de llamados de atención y que no se le cuestionó su comportamiento a través de un debido proceso, hoy haya sido separado del servicio activo mediante la causal común de llamamiento a calificar servicios utilizada para depurar a la institución policial.
iv) Sobre la afirmación del a quo que «no se demuestra la relación causal entre los hechos descritos por los testigos y el acto de retiro que es autónomo e independiente de ellos», se debe manifestar, en cambio, que se evidencia un nexo entre los hechos de la demanda (9-14) y el retiro de la demandante, pues por esos hechos (accidente de tránsito) fue archivada la investigación disciplinaria:
Debe recalcarse que así el tiempo en que ocurrieron los hechos 9 a 14 relacionados en la demanda y la expedición de los actos administrativos de retiro parezcan muy lejanos, debe el honorable Consejo de Estado tener en cuenta que precisamente fue el entonces Coronel RODOLFO PALOMINO BAUTISTA (HOY MAYOR GENERAL Y DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL) quien precisamente propició los injustos comentarios y la promoción de las investigaciones disciplinarias y administrativas que buscaban menoscabar el buen comportamiento de mi mandante. Destaco que para el momento de la ocurrencia de los hechos 9 a 14 de la demanda, el entonces Coronel RODOLFO PALOMINO BAUTISTA hacía parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional y por lo mismo no podía incidir sobre la permanencia o no de la demandante al interior de la Policía Nacional.
v) A pesar de ser un deber de la Policía Nacional realizar evaluación para disponer el retiro de la actora, según el artículo 20 del Decreto 1800 de 2000, nunca se le notificó esta, y por lo mismo tampoco se le permitió ejercer el derecho de contradicción, lo que genera violación al artículo 29 de la Carta Política.
IV. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto por la accionante fue concedido en auto de 22 de noviembre de 2013 (ff.511-512), y se admitió por proveído de 13 de marzo de 2014 (f. 248); y, después, en providencia de 9 de junio siguiente, se dispuso a correr traslado simultáneo a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y conceptuara, en su orden (f. 530), oportunidad aprovechada solo por las partes.
La accionante (ff. 562-585) repite los argumentos expuestos en el curso del proceso y expresa que con los hechos y pruebas obrantes en él, y, en concordancia con la jurisprudencia citada como sustento, «queda totalmente evidencia que no existió, no existe, ni existirá mejoramiento del servicio policial con el retiro de la señora Mayli Ginette Villarraga Céspedes y que con los actos administrativos que desencadenaron su retiro se desvió el poder, actuación realizada a través de la facultad discrecional, configurándose entonces una falsa motivación de los actos administrativos aquí cuestionados».
La demandada (ff. 548-561), después de hacer un recorrido de las normas relacionadas con el presente asunto, puntualiza lo siguiente:
[…]
[…] el retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios, estuvo sujeto única y exclusivamente al cumplimiento del tiempo de servicio, y al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, que aprobó y recomendó su retiro del servicio activo, cumpliendo de esa manera los presupuestos exigidos en la ley.
Lo anterior no indica una sanción, por el contrario, es un proceso legal de renovación y movilidad en la escala piramidal tal como sucede en todas las entidades públicas cuando un funcionario alcanza los requisitos para acceder a una pensión de jubilación. Razón por la cual no se ha sancionado ni truncado una carrera, por el contrario, el demandante ascendió hasta el grado de teniente Coronel y ahora goza de su asignación de retiro.
Ante este hecho natural de relevo dentro de la carrera policial, la señora TC MAYLI GINETTE VILLARRAGA CESPEDES (sic) demanda a la Institución, lo cual convertiría a la jurisdicción contencioso administrativa en un círculo interminable mediante el cual se haría imposible el retiro y relevo del personal de la Policía Nacional que ya ha cumplido con los requisitos necesarios para hacerse acreedor de una asignación de retiro, situación inviable en una estructura jerárquica y piramidal como lo es la Policía Nacional.
[…]
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
5.2 Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si el Decreto 754 de 16 de abril de 2012, por medio del cual el presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y, en especial, las de la Ley 857 de 2003, llamó a calificar servicios a la teniente coronel Mayli Ginette Villarraga Céspedes, previo concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, fue expedido conforme a derecho.
5.3 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:
a) Decreto 754 de 16 de abril de 2012, «Por el cual se retira del servicio activo a un personal de Oficiales de la Policía Nacional», y, entre ellos, a la actora (ff. 4-9).
b) Notificación personal a la accionante del anterior decreto, el 14 de mayo de 2012 (f. 10).
c) Acta 2 de 13 de febrero de 2012, de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en la que se recomienda, por unanimidad, el retiro de la demandante de la institución por llamamiento a calificar servicios (f. 11-18).
d) Hoja de vida de la accionante (ff. 19-23).
e) Formularios de evaluación del desempeño policial de la accionante entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre de 2005, y desde el 1.º de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011 (ff. 41-62 y 499-515 cdno. anexo).
f) Testimonios de los señores mayor (r) César Caraballo Quiroga y agente (r) León Jaime Palacio Rueda, recibidos en audiencia de 3 de septiembre de 2013 (f. 334).
g) Testimonio del subintendente Misael Rojas Ruiz rendido en audiencia de 9 de septiembre de 2013 (f. 347).
De las pruebas enunciadas, se desprende que la actora se vinculó como cadete a la Policía Nacional el 24 de enero de 1991 y fue retirada de esta institución, en su calidad de teniente coronel, el 14 de mayo de 2012, fecha en que se le notificó el Decreto 754 de 16 de abril de 2012, por medio del cual el presidente de la República —en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y, en especial, las que le confiere el artículo 1.º de la Ley 857 de 2003—, previo concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, después de haberle servido por más de 20 años, por llamamiento a calificar servicios, de conformidad con el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004 (ff. 4-10).
En virtud de lo anterior, la accionante alega que esta Corporación en algunos pronunciamientos ha señalado la necesidad de motivar el acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicios; y, por lo tanto, pide que se revoque la decisión de primera instancia.
Al respecto, se debe hacer memoria de que el artículo 216 de la Carta Política establece que la ley organizará el cuerpo de Policía y determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario; por lo que, con fundamento en ese mandato, la Ley 857 de 2003, sobre el retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, en sus artículos 1.° y 3.°, dispone que los oficiales solo podrán ser llamados a calificar servicios cuando cumplan los requisitos para hacerse acreedores a la asignación de retiro y exista un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional. Y en este sentido, el artículo 57 del Decreto 1791 de 2000 determinó que el personal de agentes debía cumplir mínimo 15 años de servicio en la institución, norma que fue modificada por el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, que aumentó esta exigencia a 18 años.
En este orden de ideas, la sentencia C-72 de 1996, de la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de las normas que regían en la época sobre las formas de retiro en la Policía Nacional, dijo:
[…]
[…] "calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio.
[…]
En pocas palabras, la Corte Constitucional establece que el llamamiento a calificar servicios, además de no ser una figura sancionatoria, de despido o de descrédito, como facultad discrecional forma parte de las funciones inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, «cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio». En ningún momento hace referencia a la necesidad de motivar el acto de retiro, tanto para el llamamiento a calificar servicios como para el retiro por voluntad del Gobierno nacional o de la Dirección General de la Policía Nacional (artículo 8.º del Decreto 573 de 1995).
Tiempo después, este mismo Tribunal Constitucional, en sentencia SU-91 de 25 de febrero de 2016, en lo que se refiere a la motivación del acto de retiro, advirtió:
[…]
3.9.13.2. En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extra textual, pues la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección General tal y como lo mencionó esta Corte recientemente en Sentencia SU- 172 del 2015, dichos actos deben tener un estándar mínimo de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la providencia atacada” (negrilla fuera de texto).
[…]
Es decir, este Cuerpo Colegiado rectificó su posición, respecto de la asumida en algunas de decisiones de tutela, en que sostenía que para aplicar la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios no basta aducir que el funcionario cumple los requisitos para adquirir la asignación de retiro, pues dicho postulado es el que permite a la autoridad competente hacer uso de la facultad discrecional. En efecto, Esta potestad « […] al igual que la de llamamiento a curso y cambio de fuerza, es constitucional cuando se motiva de acuerdo a los fines de la norma que instituyó la facultad y conforme a los hechos que le sirven de causa, bajo la perspectiva de la finalidad de la institución de las Fuerzas Militares y al amparo de la necesidad de tener personas con méritos excepcionales que permitan la consecución de dicha finalidad, para lo cual poseen diversos elementos de evaluación».
Y, más adelante, la misma Corte Constitucional, en sentencia SU- 217 de 28 de abril de 2016, sobre este tema de la motivación del acto de retiro, precisó:
[…]
20. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos administrativos, no requieren de una motivación más allá de la extratextual contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial.
En particular, la Sala quiere ser enfática en advertir que la ley no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar, de manera decorosa y con derecho a una asignación de retiro, a un oficial.
Tal y como lo advirtió la sentencia SU-091 de 2016 los actos administrativos por los cuales se retira a un oficial por llamamiento a calificar servicios no requieren de una motivación expresa más allá de la extratextual contemplada en la ley y que el buen desempeño laboral de los oficiales no representa una estabilidad laboral absoluta que impida la renovación de los cuadros de mando en las Fuerza Pública. Es así, como la providencia también incurrió en el defecto sustantivo en la medida en que señaló que se debía motivar la recomendación de la Junta de Asesores cuando la misma es un acto discrecional que goza de la presunción de legalidad. En ese sentido, como lo dijo esta Corporación en su reciente sentencia de unificación, solo es posible desvirtuar la legitimada del acto si se llegara a probar que el mismo fue el resultado de un acto de discriminación o fraudulento, cosa que no se probó en durante el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
[…]
Por su parte, esta Subsección, en fallo de tutela de 7 de abril de 2016, afirmó que los actos administrativos por los cuales se retira a un oficial por llamamiento a calificar servicios no requieren de una motivación distinta de la de cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional. Dice el fallo en algunos de sus apartes:
[…]
[…] esta Corporación ha indicado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción o trato degradante, pues es un instrumento que facilita que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de policía disfruten de la asignación de retiro sin necesidad de que continúen en el ejercicio de las actividades castrenses.
[…]
Cabe destacar que de manera aislada la Sección acogió la posición inicial establecida por la Corte Constitucional, esto es, que si bien los actos de retiro de los miembros de la Fuerza Pública no deben contener en su cuerpo necesariamente las razones que llevan a tomar este tipo de decisiones, los mismos sí deben estar sustentados en razones objetivas y hechos ciertos que justifiquen el retiro, sin embargo, no se puede alegar que dicho planteamiento constituye precedente, en tanto no corresponde a una posición uniforme y reiterada de la Sección Segunda sobre la materia y, por ende, no puede ser considerado un precedente vertical aplicable al caso por los Tribunales y Juzgados Administrativos.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, esta Corporación ha fijado el criterio según el cual no es necesario expresar las razones por las que se desvincula a un oficial de la Policía Nacional bajo esa causal, en tanto la motivación está prevista en la ley.
En atención a lo analizado sobre el precedente, se advierte que las autoridades por no atender los pronunciamientos de esta Corporación sobre el retiro por llamamiento a calificar servicios al decidir el asunto materia de controversia, vulneraron el derecho fundamental a la igualdad del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, pues ante situaciones fácticas y jurídicas similares, se deben resolver las controversias de la misma manera en aras de garantizar la seguridad jurídica.
Por otra parte, se observa que las autoridades también incurrieron en defecto sustantivo al afirmar que los actos administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios deben motivarse, pues ello no está dispuesto en los artículos 1º y 3º de la Ley 857 de 2003 como una condición para desvincular bajo esa causal a los oficiales de la Policía Nacional, pues dichas normas solo exigen cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, supuestos que se satisfacen en el caso concreto, dado que el señor contaba con más de quince (15) años de servicios, ya que ingreso a la Institución el 24 de enero de 1991 y fue retirado el 4 de abril de 2011 (20 años, 1 mes y 10 días de servicio), y la mencionada junta recomendó su desvinculación a través de acta del 18 de febrero del mismo año.
Con tal interpretación, el Tribunal y el Juzgado accionados desconocieron el debido proceso del Ministerio de Defensa Nacional, pues realizaron una interpretación poco plausible de las normas que regulan el retiro por llamamiento a calificar servicios, al disponer requisitos adicionales no previstos en la normativa aplicable al caso (negrillas no son del texto).
[…]
Así las cosas, se ha de recordar que el artículo 3.º de la Ley 857 de 2003 establece que «El personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, sólo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro», que, conforme al artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, se exige como mínimo 18 años de prestación de servicios; por ello, la accionante, según se desprende de su hoja de vida, cuando se expidió el citado Decreto 754 de 2012, previo concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, por medio de acta 2 de 2012, ya contaba con más de 18 años de servicios (20 años, 8 meses, 27 días), y, por ende, era viable su retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios. En estas determinaciones, como lo invoca la actora, el buen desempeño no garantiza al servidor público por sí solo prerrogativa de permanencia en el cargo que desempeña ni limita la potestad discrecional, pues lo normal es el cumplimiento del deber.
No obstante, la actora se opone a esta decisión, y, en particular, en el recurso de apelación cuando asevera que «a pesar de haberse proferido recomendación de la Junta Asesora se pudo evidenciar que lo dicho en los HECHOS 9 a 14 de la demanda fueron los verdaderos motivos o causas de su retiro, es decir que esos fueron los motivos ocultos que tuvo la administración para decidir su retiro de la institución, siendo entonces la decisión totalmente desproporcionada, arbitraria y ciertamente violatoria del régimen constitucional» (f. 461); todo se puede resumir en una presunta persecución para que se le retirara de la Policía Nacional, a causa de los siguientes hechos:
i) La relación sentimental que sostuvo, entre el mes de abril y diciembre de 2007, en su calidad de teniente coronel, con un patrullero de la Policía Nacional, lo que generó reproche por parte del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
ii) El accidente de tránsito sufrido el 2 de noviembre de 2007, cuando su vehículo era conducido por la subintendente Yadira Rincón Carrillo, lo que produjo otra nueva censura del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y dio pie a que se tramitara un proceso disciplinario que terminó en archivo definitivo.
El posible hostigamiento, la accionante pretendió demostrarlo a través de los testimonios de los señores mayor (r) César Caraballo Quiroga y agente (r) León Jaime Palacio Rueda, recibidos en audiencia de 3 de septiembre de 2013 (f. 334), y del subintendente Misael Rojas Ruiz, en audiencia de 9 de septiembre de 2013 (f. 347).
En dichas declaraciones, los testigos presumieron que la relación sentimental de la actora, en su calidad de mayor, con el patrullero de la Policía Nacional, entre abril y septiembre de 2007, y el accidente de tránsito padecido, el 2 de noviembre, fueron las causas del llamamiento a calificar servicios; pero no les consta que estas circunstancias motivaran tal decisión; en síntesis, son testigos de oídas, que, como lo recuerda la doctrina, solo sirven «para demostrar que se escuchó a otras personas hacer una narración de los hechos, pero nunca podían tomarse como fundamento para dar por demostrados unos hechos que cuatro testigos no percibieron». No se demuestra la relación causa efecto que debe existir entre un acto y sus probables motivos.
A más de esto, alega que el acto acusado adolece de desviación de poder y falsa motivación. La desviación de poder es una de las causales de nulidad de los actos administrativos establecida en el artículo 137 del CPACA. Ella se presenta, como lo ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, y amparándose en la legalidad formal del acto, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia.
Por ello, « […] Usualmente la desviación de fin es oculta, por cuanto se queda en la mente de quienes intervinieron en la expedición del acto, y resulta velada por la indicación expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o por la presunción de este cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba auscultarse en las intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre todo cuando la desviación es hacia intereses espurios, innobles o mezquinos, caso en el cual solo los autores del acto son los que saben de sus propias intenciones, lo que además de un problema de legalidad, entraña también un problema ético y puede llegar incluso al campo penal o disciplinario […] ».
En este sentido, al revisar el Decreto 754 de 16 de abril de 2012, «Por el cual se retira del servicio activo a un personal de Oficiales de la Policía Nacional» (ff. 4-9), se observa que en lo que concierne a la actora se dice que «se encuentra adscrita a la Dirección de Sanidad y luego de establecer que acumula un tiempo de servicio de 20 meses, 08 meses y 27 días, tiempo que la hace acreedora a una asignación mensual de retiro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, los integrantes de la Junta Asesora aprueban por unanimidad, recomendar el retiro del mencionado Oficial, por la causal de llamamiento a calificar servicios» (f. 6), lo que se ajusta, como atrás se explicó, a lo exigido por el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004.
La desviación de poder no puede presumirse por hechos sucedidos con antelación al retiro, sino que tiene que demostrarse con pruebas porque, de lo contrario, se convierte en una mera o simple sospecha, que, desde luego, no puede ser tratada como prueba; y, por ende, no puede servir de fundamento para tomar una determinación judicial porque el indicio debe ser construido a partir de un hecho indicador que esté probado y con el apoyo de un regla de experiencia ya demostrada que permita deducir desde la lógica la existencia de un hecho hasta ese momento desconocido.
Y en cuanto a la falsa motivación, no se puede dejar de expresar que para la validez del acto no siempre es obligatorio aducir las razones; pero, en cambio, cuando se exige, estas deben existir y corresponder a las señaladas en la ley. De tal suerte, al no requerirse la fundamentación en el presente asunto, como antes se ha expuesto, el Decreto 754 de 2012 no está viciado de nulidad.
Por lo que hace referencia a la falta de evaluación del desempeño de la actora en el momento de su retiro de la Policía Nación, de conformidad con el Decreto 1800 de 2000, «Por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional», según sus artículos 2.º y 4.º, esta es un proceso continuo y permanente por la que se define el nivel de desempeño profesional y el comportamiento personal, con el fin de establecer y valorar los logros de la gestión desarrollada por el personal en servicio activo de la Policía Nacional, en un período determinado, «para formular perfiles ocupacionales y profesionales, establecer planes de capacitación, otorgar estímulos y ascensos, facilitar la reubicación laboral, asignar cargos y decidir sobre la permanencia en la Institución».
Por ello, la Sala estima que, como lo afirma el a quo, al obrar en el proceso evaluaciones de la accionante, entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre de 2005 y desde el 1.º de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011, se infiere que fue evaluada de manera permanente, y lo cual en el momento del retiro no era necesario ni tampoco se exige en el artículo 20 del Decreto 1800 de 2000, y, sobre todo, cuando este es discrecional (ff. 41-62 y 499-515, cdno. anexo).
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.º Confírmase la sentencia proferida el 11 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Mayli Ginette Villarraga Céspedes contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2.º Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Ley 857 de 2003, artículo 1.° Retiro. «El retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.
El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el Gobierno Nacional. El ejercicio de esta facultad, podrá ser delegada en el Ministro de Defensa Nacional hasta el grado de Teniente Coronel.
El retiro de los Suboficiales se efectuará a través de resolución expedida por el Director General de la Policía Nacional.
El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los demás grados, en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, cuando no supere la escala de medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte».
Ley 857 de 2003, artículo 3.°. Retiro por llamamiento a calificar servicios. «El personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, sólo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro».
Esta es una de las causales de retiro de suboficiales y oficiales de la Policía Nacional, conforme al artículo 2.° de la Ley 857 de 2003, que dice: Artículo 2°.Causales de retiro. «Además de las causales contempladas en el Decreto-ley 1791 de 2000, el retiro para los Oficiales y los Suboficiales de la Policía Nacional, procederá en los siguientes eventos: 4. Por llamamiento a calificar servicios. 5. Por voluntad del Gobierno Nacional en el caso de los Oficiales, o del Director General de la Policía Nacional, en el caso de los Suboficiales. 6. Por incapacidad académica». Decreto Ley 1791 de 2000, artículo 57. Retiro por llamamiento a calificar servicios. «El personal de agentes de la Policía Nacional sólo podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido quince (15) años de servicio. El personal del Nivel Ejecutivo sólo podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios después de haber cumplido veinte (20) años de servicio». Decreto 4433 de 2004, artículo 24. Asignación de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sean retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda, y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro, así: […]». Corte Constitucional, sentencia C-72 de 1996, magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional, sentencia de 25 de febrero de 2016, magistrado ponente: Jorge Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia T-723 de 13 de septiembre de 2010, magistrado ponente: Juan Carlos Henao Pérez. El Tribunal, en su sentencia, señaló que: “no existe prueba en el expediente que demuestre que la recomendación de la Junta respecto del retiro del servicio activo del actor haya estado precedida de informes y pruebas que permitieran justificar esa decisión, así como tampoco en la valoración objetiva de su hoja de vida y de su carrera en la institución. Como tampoco hay prueba de que de existir dichos informes los mismos se hayan puesto en conocimiento del accionante para garantizar un derecho de defensa en esa instancia”. (Op. Cit. Sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas; folio 27; cuaderno único) [pie de página de la sentencia citada]. Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 7 de abril de 2016, 11001-03-15-000-2016-00387-00(AC), actor: Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional-secretaría general, demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección C en descongestión y Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá. Consejo de Estado, sección segunda, subsección “A”, M.P. Alfonso Vargas Rincón, sentencia de 18 de mayo de 2011, radicación: 54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10), actor: Edisson Rojas Suarez. Consejo de Estado, sección segunda, subsección “B”, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 10 de septiembre de 2015, expediente: 050012331000199800554 01 (0917-2012), Actor: Wilmer Uriel García Mendoza [pie de página de la sentencia en cita]. Folios 19-23
Folios 4-9
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, radicación 05001 23 31 000 2002 04725 01 (1092-10), consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, actor: César Augusto Galicia Zuluaga, demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
En esa época ostentaba el grado de mayor y no de teniente coronel, pues ascendió a este por Decreto 4725 de 22 de diciembre de 2010, según consta en la hoja de vida (f. 20). Yesid Reyes Alvarado. La prueba testimonial. Bogotá: Ediciones Reyes Echandía Abogados Ltda., 1988. p. 261. Luis Enrique Berrocal Guerrero. Manual del acto administrativo. Bogotá: Profesional, 2005. p. 346
Artículo 20. Clases de evaluación. Para efectos de evaluación, se consideran las siguientes clases:
1. Evaluación Total: Se realiza anualmente a todo el personal que por razón del cargo deba ser evaluado en el lapso establecido en este Decreto.
2. Evaluación Parcial: Se realiza en los siguientes casos:
a. Al producirse el traslado del evaluador o del evaluado.
b. 60 días antes de la fecha de ascenso.
c. Al ser convocado a curso para ascenso en la modalidad presencial.
d. Al término de curso para ascenso.
e. Cuando el evaluado deba cumplir comisión dentro o fuera del país por un término superior a 90 días.
f. Cuando el evaluado se desvincule de su proceso operativo, administrativo o docente por un período superior a 60 días, motivado por vacaciones, licencias, hospitalizaciones, excusas de servicio, suspensiones, separaciones y retiros.
PARÁGRAFO. La evaluación parcial procede para períodos superiores a sesenta (60) días.
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Radicación No. 41001-23-33-000-2015-00217-01
Actor: DANIELA ALEJANDRA PÉREZ MONJE
IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA - Pág. No. PAGE 1
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