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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01151-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01151-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01151-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01151-01 (3705-2024)
Demandante: Julio Alberto Novoa Ruíz
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Tema: Marco normativo aplicable a la carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares. Retiro por llamamiento a
calificar servicios. Efectos de la cosa juzgada. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Julio Alberto Novoa Ruíz instauró demanda contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Decreto 1572 del 31 de julio de 2015, por medio del
cual el Gobierno nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional, en forma
temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios; y la nulidad
del Acta Nro. 10 del 26 de diciembre de 2014, mediante la cual la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional recomendó su retiro.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro al grado
militar que le corresponda, en concordancia con el que ostenten sus compañeros
de promoción, otorgándole la oportunidad de cumplir con los cursos de capacitación
requeridos y, de ser superados, que se le confiera el grado correspondiente, de
manera retroactiva. Que dicho procedimiento debe repetirse las veces que sean
necesarias para nivelarlo con su promoción.

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Que se ordene a la accionada que reconozca y pague los sueldos, primas,
bonificaciones y demás prestaciones correspondientes al grado y cargo que
corresponda, junto con los incrementos legales, desde cuando se produjo su retiro
y hasta cuando efectivamente sea reintegrado, teniendo como base la que
correspondió para los ascensos que recibió su promoción.

Que se ordene a la demandada otorgarle la comisión diplomática, tal y como ocurrió
con sus compañeros de promoción. Que se declare, para todos los efectos legales,
prestacionales y estatutarios, que no existió solución de continuidad en los servicios
prestados. Que se condene a la demandada a pagar, a título de reparación por
concepto de daño moral, la suma de 500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Que las sumas reconocidas sean debidamente indexadas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante Decreto 767 del 15 de marzo de 2006, fue retirado del servicio activo
del Ejército Nacional.

Que luego de acceder a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal
Administrativo del Meta confirmó, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2013,
el fallo del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Villavicencio que resolvió decretar la nulidad del Decreto 767 del 15 de marzo de
2006 y ordenó su reintegro al cargo que ocupaba.

Que por medio del Decreto 716 del 10 de abril de 2014, el Gobierno nacional dio
cumplimiento a la orden judicial y lo reintegró al cargo.

Que, pese a lo anterior, mediante Decreto 1572 del 31 de julio de 2015, el Gobierno
nacional lo retiró del Ejército Nacional, en forma temporal y con pase a la reserva,
por llamamiento a calificar servicios.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 15, 25, 53, 122, 123,
125, 209, 217 y 253 de la Constitución Política; los artículos 1, 3, 5, 6, 67, 68, 138,
152, 156, 230, 231, 232 y 233 de la Ley 1437 de 2011; y los Decretos 1790 y 1796
de 2000.

En el concepto de violación indicó que los actos demandados se expidieron de
forma irregular, con desviación de poder y falsa motivación. Que la primera causal
de nulidad se configuró porque no le notificaron el concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, porque la negativa a suministrar las
actas que contenían las razones que sustentaban la recomendación de
desvinculación es una actitud arbitraria.

Que la segunda causal de nulidad ─desviación de poder─ se configuró ya que los
actos acusados dieron cuenta que la entidad no se inspiró en razones de legalidad,
sino que el fin perseguido se orientó a castigarlo, con el fin de mantenerlo bajo los

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efectos del anterior acto ilegal y generar uno nuevo que materializara la voluntad de
desvincularlo de sus labores. Que era claro que la decisión de retirarlo de la
institución no respondió a un mejoramiento del servicio, pues su hoja de vida daba
cuenta de la excelente trayectoria que desempeñó.

Que la tercera causal de nulidad ─falsa motivación─ se configuró dado que la
declaratoria de insubsistencia de un funcionario inscrito en carrera debe motivarse.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se admitió en auto del 26 de septiembre de 2016 1 y, mediante
providencia del 8 de marzo de 2019, se dejó constancia que la entidad accionada
no emitió pronunciamiento alguno sobre esta2.

El 19 de marzo de 2019, se celebró la audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas 3. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se
dictó la sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el once
(11) de abril de dos mil veinticuatro (2024), negó las pretensiones al indicar que los
actos demandados acataron compendios de carácter constitucional, legal y
funcional por tratarse de una carrera piramidal y, por esa sola circunstancia, no todo
el personal puede llegar a los más altos rangos, aun cuando tengan una excelente
trayectoria.

Que el hecho que en una oportunidad previa la entidad demandada lo hubiera
retirado del servicio, y que dicho acto lo hubieran declarado nulo, no significaba que
la Administración quedaba limitada de por vida para volver a emitir un acto de retiro
por tiempos y razones diferentes.

Que la accionada aplicó correctamente la normativa que regulaba el caso, máxime
cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que el llamamiento a
calificar servicios no es un castigo, sino una manera natural de salir de las fuerzas
armadas con el fin de renovar el personal. Que quedó claro que el accionante, al
momento de ser llamado a calificar servicios, tenía los requisitos para acceder al
reconocimiento de la asignación de retiro pues, si en 2006 se le había concedido,
era evidente que tenía derecho a tal prestación.

Que, aunque su hoja de vida diera cuenta de una excelente trayectoria militar, ello
no implicaba permanencia indefinida en la entidad, pues ese hecho no constituía
una prerrogativa de estabilidad, dado que las felicitaciones, distintivos y
condecoraciones hacen parte del deber ser de todos los servidores públicos y no es
un aspecto que, por sí solo, conllevara que obligatoriamente debiera permanecer
en servicio.

1 Véase el folio 348.
2 Véase el folio 371.
3 Véanse los folios 376-380.

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Que no hubo certeza de que la entidad demandada hubiera actuado con
desconocimiento del ordenamiento jurídico, desviación de poder, falsa motivación o
inspirada en razones de represalia debido a los efectos del anterior acto de
desvinculación; que, por el contrario, se infiere que la actuación estuvo ajustada a
derecho, ya que obedeció a la recomendación unánime de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional y se encontraban configurados todos los requisitos
para efectuar el llamamiento a calificar servicios, en cuanto al tiempo de servicio
activo y el cumplimiento de las exigencias mínimas para obtener la asignación de
retiro4.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que los
actos cuya nulidad se solicita defraudaron las sentencias del Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio y del Tribunal
Administrativo del Meta, que habían ordenado su reintegro sin solución de
continuidad.

Que su retiro por llamamiento a calificar servicios se produjo simulando estar
conforme a la normativa aplicable y no se estudió a profundidad su caso, pues se
señaló, falsamente, que la decisión estaba ajustada a los parámetros de legalidad,
cuando la entidad demandada defraudó la administración de justicia y la
Constitución Política.

Que el caso resuelto por el Consejo de Estado en sentencia con Radicado No.
25000-23-36-000-2015-00212-01 debe aplicarse, por analogía, a su situación
jurídica, dado que los fundamentos normativos que allí se utilizaron permitirían
concluir que su desvinculación sí estuvo viciada de desviación de poder.

Que los actos administrativos cuya nulidad se solicita, revestidos de una falsa
legalidad, pretendieron perpetuar la voluntad de la entidad de retirarlo del servicio,
ya que el acto anterior fue declarado nulo 5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 13 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 6.

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

4 Véanse los folios 553-563.
5 Véanse los folios 581-584.
6 Véase a índice 4 de SAMAI.

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De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si los actos demandados
defraudaron las órdenes judiciales de las sentencias del Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio y del Tribunal
Administrativo del Meta. De no serlo, deberá analizarse, en segundo lugar, si los
actos demandados están viciados o no de nulidad, porque se expidieron con falsa
motivación, desviación de poder y expedición irregular.

Marco normativo aplicable a la carrera del personal de oficiales y suboficiales
de las fuerzas militares

El Congreso de la República profirió la Ley 578 de 2000, por medio de la cual se
confirió al presidente facultades extraordinarias para, entre otras, expedir las
normas de carrera de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. De
conformidad con esas facultades para legislar, se expidió el Decreto 1790 de 2000
que, en su artículo 2°, reglamentó el régimen especial de la carrera profesional de
los miembros del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.

El anterior decreto, en su Título IV, regula, entre otras situaciones, la de retiro, al
siguiente tenor:

«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en
la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición
de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en
actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de
insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y
para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial,
facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de
Fuerza.

Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio
sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar
para el delito de abandono del servicio.

El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.

ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO. <Artículo modificado por el
artículo 5 de la Ley 1792 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El retiro
del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a
continuación:

a) Retiro temporal con pase a la reserva:

1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir cuatro (4) años en el Grado de General o Almirante, salvo
lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto.
3. Por llamamiento a calificar servicios.

[…]

ARTÍCULO 103. LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. <Artículo
modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006. El nuevo texto es el
siguiente:> Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán

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ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido
los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro» (subrayas fuera
de texto).

Dichas normas no imponen a la Administración el deber de motivar o justificar,
expresamente, las razones por las cuales determina el retiro por llamamiento a
calificar servicios, por lo que dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o
abuso en la medida en que su trámite está reglado.

Sobre el punto, la jurisprudencia ha reiterado que realizar cuestionamientos
basados en opiniones subjetivas o personales derivadas del malestar que genera la
orden de desacuartelamiento, no tiene la virtud de generar fuero de estabilidad
laboral o limitar la potestad discrecional que el legislador otorgó al ejecutivo en aras
de procurar el mejor servicio público o, incluso, controlar el ascenso de los
uniformados a grados superiores, a los que evidentemente no pueden acceder
todos los miembros de las fuerzas militares por lo limitado de sus cupos y las
exigencias excepcionales requeridas, las cuales, sin lugar a dudas, deben valorarse
según los criterios (discrecionales y autónomos) de sus mandos 7.

La Corte Constitucional ha indicado que la causal de retiro en comento se constituye
en un instrumento importante para la administración, en la medida que permite el
relevo generacional dentro de la línea jerárquica que supone el ascenso de algunos
miembros y la separación del servicio de otros, de ahí la especial connotación que
adquiere frente a otras formas de desvinculación laboral. Igualmente, sostuvo que
«calificar servicios» es una:

«[…] acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien
conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no
significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso
instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud
se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción
de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la
normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente
de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas
de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la
destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder
jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades
deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las
necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y
medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y
evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es
propio»8.

Adicionalmente, en la Sentencia SU-091 de 2016, la Corte se refirió a la motivación
del acto de retiro por llamamiento a calificar servicios, indicando que aquella está
dada expresamente por la ley y procede cuando se configuran los siguientes
requisitos, a saber: i) tener un tiempo mínimo de servicios y ii) ser acreedor de la

7 En similar sentido: sentencias del 29 de junio de 2006, expediente 76001-23-31-000-2000- 00032-01(03132-

05), C. P. Tarsicio Cáceres Toro; 5 de julio de 2007, expediente 25000-23-25-000-2000-08973-01 (9020-05), C.
P. Alejandro Ordóñez Maldonado; 1° de marzo de 2012, expediente 05001-23-31-000-2002-00428-01 (0871-
11), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; 21 de noviembre de 2013, expediente 76001-23-31-000-2005-
01375-01 (0197-13), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e); 11 de agosto de 2015, expediente 11001-03-15-
000-2013-01431-00 (AC), C. P. Jorge Octavio Ramírez (e); 4 de mayo de 2017, expediente 25000-23-42-000-
2013-00111-01 (0318-14), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; entre otras.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-072 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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asignación de retiro, regla que en la Sentencia SU-217 de 2016 se juzgó como
conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros de mando
en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales
de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por
voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera
decorosa de culminar la carrera militar o policial […]»9.

En esta sentencia, la Corte hizo énfasis en que la «[…] la ley no impone un estándar
de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se
configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar, de manera
decorosa y con derecho a una asignación de retiro, a un oficial»10; por lo que es
claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la
adopción de la decisión.

Igualmente, en la Sentencia SU-237 de 2019, la Corte sostuvo que es una facultad
legítima del Gobierno nacional «[…] destinada a permitir la renovación del personal
de la Policía Nacional y justificada en las necesidades del servicio, la conveniencia
de la Institución y las vacantes disponibles, razón por la cual esta no puede ser
ejercida con una finalidad diferente al mejoramiento del servicio, por ejemplo, como
mecanismo de sanción dentro de las fuerzas militares o de policía» 11.

Por su parte, el Consejo de Estado ha señalado que el llamamiento a calificar
servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización
depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución
institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas,
facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el
nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el
contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.

En lo que respecta a la motivación del acto administrativo de retiro por llamamiento
a calificar servicios, se ha considerado que «[…] se produce en ejercicio de una
facultad discrecional, la cual por su naturaleza no requiere motivación, se presume
ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su expedición concurrieron
razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba
que así lo demuestre»12.

En consecuencia, según el criterio del órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, no debe motivarse expresamente el acto administrativo
que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y
suboficiales, dado que se presume expedido con la finalidad de relevar la línea
jerárquica en aras del buen servicio. Del mismo modo, dadas las particularidades
del llamamiento a calificar servicios, principalmente, el hecho que es reconocido
como una manera decorosa de culminación de las labores en la fuerza, esta
jurisdicción sostuvo que un excelente desempeño de las funciones no riñe con la
legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro, dado que el buen

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-217 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 Ibid.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-237 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2014. Rad. 11001-03-

15-000-2013-01936-01(AC). C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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cumplimiento de las funciones ha sido entendido como connatural al ejercicio de la
labor y, por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo 13.

De igual forma, se ha precisado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no
es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se permite que
los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de Policía disfruten de la
asignación de retiro14. Así, la Corte Constitucional trazó las siguientes subreglas en
la Sentencia SU-237 de 2019:

«[…] (i) el llamamiento a calificar servicios no debe contener necesariamente
una motivación expresa porque su fundamentación deriva de la ley, constituida
por los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la existencia de una
recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de Defensa
Nacional para la Policía Nacional; (ii) el buen desempeño del cargo no se
traduce en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales
de la Fuerza Pública para acudir a dicha figura de retiro; y (iii) los actos
administrativos que deriven del llamamiento pueden ser objeto de control
judicial ante el juez de lo contencioso. Sin embargo, en estos casos, los
demandantes tienen la carga probatoria de demostrar que los mismos son
producto de una acción discriminatoria o fraudulenta. Estas reglas armonizan el
criterio del mérito en el ascenso con las necesidades del servicio, las exigencias
de renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y vacantes
disponibles»15.

Así las cosas, si bien no debe motivarse el acto administrativo mediante el cual se
retira del servicio a los miembros de las fuerzas militares y de Policía con ocasión
de la prerrogativa de llamamiento a calificar servicios, ello no es óbice para que el
juez no analice sus fundamentos, dado que debe verificarse si la administración
atendió los límites legales y constitucionales.

De los efectos de la cosa juzgada

La cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual los
asuntos respecto de los que exista una decisión ejecutoriada no pueden volverse a
ventilar ante la jurisdicción. El artículo 303 del Código General del Proceso dispone
así:

«ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero
o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al
registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro
en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

13 En este sentido, puede consultarse la providencia del 19 de enero de 2017. Exp. 4117-2014.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011. Exp. 1065-10.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-237 de 2019. Op. cit.

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Por su parte, en materia de lo contencioso administrativo, el artículo 189 de la Ley
1437 de 2011 preceptúa:

«ARTÍCULO 189. EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia que declare la
nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa
juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las
que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control
inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las
normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. […]».

Teniendo en cuenta lo anterior, puede concluirse que la cosa juzgada se estructura
a partir de dos premisas: una objetiva, relacionada con el objeto y la causa de la
controversia; y otra subjetiva, relativa a los sujetos que intervienen en un proceso.
Es decir, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

i) Identidad de objeto: la cual se verifica cuando en los dos procesos se
discuten las mismas pretensiones y que, en tratándose de procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho, implican la pretensión anulatoria
de un mismo acto administrativo o de una misma situación jurídica
particular que deba restablecerse como consecuencia de la nulidad de un
acto.

ii) Identidad de causa: la cual ocurre cuando en el nuevo proceso se invoca
como sustento el mismo hecho jurídico que se invocó en el proceso
anterior y que, para los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho, suponen que en el segundo o nuevo proceso se aduzca como
motivo del restablecimiento, el mismo supuesto jurídico que se adujo en
el proceso anterior.

iii) Identidad de partes: la cual ocurre cuando quienes intervinieron en el
proceso anterior como demandante y demandado, actúen o sean los
mismos en el nuevo proceso 16.

Resolución del caso concreto

Se encuentra acreditado, según el extracto de hoja de vida, que el último cargo
desempeñado por el actor fue el de coronel y que estuvo vinculado al Ejército
Nacional por un periodo de 35 años, 7 meses y 24 días 17.

Mediante Decreto 767 del 15 de marzo de 2006, el demandante fue retirado del
Ejército Nacional por llamamiento a calificar servicios 18. Luego de instaurar
demanda contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en primera
instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Villavicencio resolvió:

16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de abril de 2013.
Rad. 11001-015-000-2001-00118-01(REV). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
17 Véase a folio 407.
18 Véase a folio 482.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01151-01 (3705-2024)

«[…] PRIMERO. DECRETAR la nulidad parcial del Decreto No. 767 de 15 de
marzo de 2006, proferida por el Ministro de Defensa Nacional, a través de la
cual retiró del servicio del Ejército Nacional a algunos suboficiales, dentro de los
cuales se encuentra el accionante Coronel. JULIO ALBERTO NOVOA RUÍZ
identificado con c.c. No. 79.333.555, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, como consecuencia de la anterior
declaración y a título de restablecimiento del derecho, a:

a. Reintegrar a JULIO ALBERTO NOVOA RUÍZ identificado con c.c. No.
79.333.555, al cargo que ocupaba al momento de su retiro. Así mismo
reconocer los ascensos correspondientes y a que haya lugar, conforme a los
reglamentos internos y al tenor de lo pretendido con la demanda. […]»19.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Meta falló:

«[…] PRIMERO: CONFIRMASE en todas sus partes la sentencia proferida el
31 de octubre de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión
del Circuito de Villavicencio. […]»20.

En cumplimiento de las anteriores órdenes judiciales, el Gobierno nacional lo
reintegró al servicio por medio del Decreto 716 del 10 de abril de 2014 21. Posterior
a ello, mediante Decreto 1572 del 31 de julio de 2015, el señor Julio Alberto Novoa
Ruíz fue retirado del servicio activo del Ejército Nacional por la misma causal, lo
cual se motivó en la recomendación que hiciere la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional, en Acta Nro. 10 del 26 de diciembre de 2014 22.

Respecto a esta acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, la
Sala pone de presente que no emitirá ningún pronunciamiento pues,
jurisprudencialmente, se han clasificado como actos de trámite dado que:

«[…] contienen únicamente recomendaciones de las Juntas Asesoras, las
cuales no podrán ser modificadas sino por el Ministerio de Defensa Nacional o
por la respectiva Junta Asesora, es decir que por sí mismas carecen del carácter
vinculante de los actos que crean, modifiquen o extinguen directa o
indirectamente situaciones jurídicas, lo que determina que no sean pasibles de
control de legalidad ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

[…]

De lo descrito, se evidencia que el acta de la Junta Asesora hace parte del
supuesto de hecho a partir del cual la autoridad nominadora con fundamento en
la facultad discrecional tiene la posibilidad de elegir la consecuencia jurídica, es
decir, de adoptar la decisión de retiro o no, pero ambas declaraciones no
conforman una unidad de contenido que tengan entre sí una relación de
interdependencia que les permita llegar a perfeccionarse como acto
administrativo, pues sería viable la existencia jurídica separada e independiente
dado que puede darse el concepto sin la decisión de retiro»23.

19 Véanse los folios 498-508.
20 Véanse los folios 510-518.
21 Véase a folio 437.
22 Véase a folios 409-410.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de abril de 2018. Rad. 18001-23-31-

000-2011-00044-01 (1237-2016). C.P. William Hernández Gómez.

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Ahora, una vez se materializó la desvinculación del accionante por llamamiento a
calificar servicios, mediante Resolución Nro. 7589 del 11 de septiembre de 2015 se
le reconoció la asignación mensual de retiro24.

Dilucidado lo anterior, la Sala encuentra que la motivación exigible para el
llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de
tener un tiempo mínimo de servicio a fin de ser acreedor de la asignación de retiro,
lo cual se encuentra plenamente satisfecho en el expediente, pues según se
desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional
por más de 35 años y, conforme con el artículo 1° del Decreto 991 de 2015, se
exigen 15 años para acceder a tal prestación o, en su defecto, 18 años según el
artículo 14 del Decreto 4433 de 2004. Además, su retiro como miembro del Ejército
Nacional, en el grado de coronel, contó con el concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional para las fuerzas militares.

Al revisar las consideraciones del Decreto 1572 del 31 de julio de 2015, es claro que
el nominador dispuso la desvinculación del demandante por llamamiento a calificar
servicios con fundamento en que cumplió el tiempo requerido para el
reconocimiento de la asignación de retiro, tal y como se advirtió en el Acta Nro. 10
del 26 de diciembre de 2014, que fue el sustento de su motivación.

Por lo anterior, la decisión se ajustó a la motivación que exigen los artículos 99 y
103 del Decreto 1790 de 2000, para sustentar el retiro por llamamiento a calificar
servicios; de ahí que se considere que no le asiste razón al apelante cuando
argumentó que los actos demandados defraudaron las órdenes judiciales de las
sentencias del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Villavicencio y del Tribunal Administrativo del Meta, porque los efectos de cosa
juzgada de dichas decisiones distan, en su contenido y materia, de los actos
demandados por el hoy recurrente.

En otras palabras: la orden de reintegro dada en una oportunidad previa por esta
jurisdicción solo tuvo efectos respecto a la vigencia de la vinculación del
demandante con el Ejército Nacional, por lo que creó la ficción jurídica de que este
nunca fue retirado del servicio, con todo lo que ello implica. Es decir que, en ningún
momento, dicha decisión judicial otorgó un fuero de estabilidad en el cargo, en la
medida que el reintegro solo busca restaurar la relación laboral, como si el retiro del
servicio nunca hubiera ocurrido, por lo que no garantizaba una protección especial
frente a futuras decisiones que se tomaran con base en la misma causal.

Además, teniendo presente que el llamamiento a calificar servicios es una figura
jurídica con la que cuenta la autoridad administrativa, como facultad discrecional,
para adoptar la decisión de retirar del servicio activo a uno de sus miembros por
motivos del servicio y en atención al concepto de renovación institucional, resulta
claro que una orden judicial no puede limitar, a futuro, el ejercicio de dicha facultad,
máxime cuando las circunstancias que rodearon la decisión que se analiza, difieren
de las que fueron estudiadas por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Villavicencio y del Tribunal Administrativo del Meta.

24 Véase a folio 415.

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En ese orden, era necesario probar que en la expedición del acto se tuvieron
finalidades ocultas, esto es, demostrar la desviación de poder, dado que en el
asunto no se analiza la facultad discrecional del Gobierno nacional que propende
por el mejoramiento del servicio, sino que nos encontramos ante una potestad que
busca, precisamente, el relevo generacional. Es decir, en el evento que se estime
que el llamamiento a calificar servicios fue ilegal, el interesado es quien tiene la
carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los
mandos y que no cumplía con el tiempo de servicio requerido, sino que se debió a
otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura.

Así las cosas, la Sala observa que más allá de la afirmación del demandante, no
obran pruebas que permitan advertir que la finalidad del acto demandando fue
diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena
al relevo jerárquico del mando pues, una vez analizadas las pruebas de manera
conjunta, se considera que no se encuentran acreditados los vicios de falsa
motivación, desviación de poder y expedición irregular.

Finalmente, respecto a la aplicación, por analogía, de la sentencia del 9 de abril de
2015 con Radicado Nro. 25000-23-36-000-2015-00212-01, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala advierte que
se trató de un fallo de tutela y, por ende, al tener efectos inter partes, la regla de
derecho que allí se adoptó tan solo vincula a las partes involucradas en ese proceso.
Además, debe tenerse en cuenta que lo que se resolvió tenía que ver con la
posibilidad que le asistía al tutelante de ascender, en forma retroactiva, en virtud de
la orden de reintegro que se dio. Es decir que lo decidido no guarda ni identidad de
objeto, ni de causa, con lo que se discute en este asunto.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad del Decreto 1572 del 31 de
julio de 2015, por medio del cual el Gobierno nacional lo retiró del servicio activo del
Ejército Nacional, en forma temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a
calificar servicios, deberá confirmarse la sentencia proferida el once (11) de abril de
dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 25 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá
condena en costas en esta instancia.

25 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01151-01 (3705-2024)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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