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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-31-000-2011-00044-01

Acto administrativo complejo: concepto

Fecha
26 de abril de 2018
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-31-000-2011-00044-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confírmese la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Israel Robayo Rojas contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Segundo: Reconózcase personería a la abogada Diana Andrea Chacón Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 24.738.503 de Manzanares (Caldas) y Tarjeta Profesional 177105 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 426 del expediente. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-31-000-2011-00044-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

26 de abril de 2018

ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Concepto

La concurrencia de declaraciones de dos organismos pertenecientes a la misma entidad o a entidades diferentes conforman la voluntad de la administración y se fusionan en una unidad de contenido y de fines, que presentan una relación de interdependencia que implica que ninguna de ellas puede subsistir separada e individualmente. La providencia en mención excluyó del concepto bajo estudio, aquellas situaciones en las que dentro de una actuación administrativa procesal, una misma autoridad ha proferido varias decisiones como instrumentos necesarios y concatenados dentro un trámite. NOTA DE RELATORÍA : Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 18 de octubre de 2012, radicación: 05001-23-15-000-2000-01421-01

CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO COMPLEJO – Control de legalidad

En relación con el control de legalidad de los actos complejos, la Sala Plena de la Corporación consideró que aquel conforma una unidad que debe ser demandada en su integridad y no en alguna de sus partes, en este sentido sostuvo: «Así, pues, cuando, por ejemplo, se considera que está viciada de ilegalidad la sanción de una ordenanza, se debe demandar la ordenanza por la ilegalidad de su sanción, pues esta es parte integrante de ese acto administrativo complejo. La ordenanza y su sanción forman un solo acto»

ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO- Características

Las características distintivas de los actos administrativos complejos, ellas son: La concurrencia de varias declaraciones, bien sea de una o de varias autoridades en la formación del acto. Unidad de finalidad u objeto y contenido Relación de interdependencia entre las declaraciones. Esa unidad puede estar contenida en uno o en varios actos administrativos. NOTA DE RELATORÍA : Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de octubre de 1964, reiterado en la Sentencia del 1 de agosto de 2002. Exp: 6674.

ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Clasificación / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO PROPIO / ACTO COMPLEJO INTERNO

Esta Corporación avaló una sub clasificación en atención a las autoridades de las que emanan las declaraciones, para sostener que cuando las varias voluntades de distintos órganos se fusionan en un solo cuerpo se puede hablar de un acto complejo propio; empero, cuando provienen de un solo ente que ha emitido varios pronunciamientos, en diferentes momentos pero de manera sucesiva será un acto complejo interno, como ocurre con los que se expiden dentro del procedimiento administrativo como consecuencia de la interposición de los recursos procedentes, que excepcionalmente deben ser resueltos por otras autoridades, cuya relación de interdependencia se advierte claramente en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, cuando exige: «Si el acto administrativo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen». NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. sentencia del 8 de agosto de 2012, Radicación: 08001-23-31-000-2011-01067-01(43968); Sección Primera, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación: 05001-23-31-000-2000-03882-02,

ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO Y ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE- Diferencias

No puede confundirse un acto administrativo complejo con un acto de trámite o preparatorio, pues este último difiere en cuanto a su naturaleza del primero, dado que adolecen de la característica de unidad de finalidad, objeto y contenido, así como de la relación de interdependencia y aún de la capacidad de modificar, crear o extinguir una situación jurídica, salvo que se trate de un acto definitivo en los términos del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, esto es, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, en la medida que pongan fin a una actuación o hagan imposible continuarla, situación que demuestra su posibilidad de existencia sin una declaración de voluntad adicional.

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA ASESORA DEL MINISTERIO DE DEFENSA – Naturaleza / CONTROL DE LEGALIDAD ACTO DE TRÁMITE – Improcedencia

Dichas actas contienen únicamente recomendaciones de las Juntas Asesoras, las cuales no podrán ser modificadas sino por el Ministerio de Defensa Nacional o por la respectiva Junta Asesora, es decir que por sí mismas carecen del carácter vinculante de los actos que crean, modifiquen o extinguen directa o indirectamente situaciones jurídicas, lo que determina que no sean pasibles de control de legalidad ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.(…) El Acta 009 del 14 de mayo de 2010 por medio de la cual la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional propuso el retiro del coronel Israel Robayo Rojas no conforma con el Decreto 2219 del 21 de junio de 2010 un acto administrativo complejo. Ello por cuanto la recomendación contenida en el acta es un acto preparatorio para la expedición del acto administrativo de llamamiento a calificar servicios. Empero, ello no quiere decir que no sea viable examinar su contenido con la finalidad de analizar la presunción de legalidad del decreto que retiró del servicio al actor

LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS EN LA FUERZA PÚBLICA - Antecedente jurisprudencial / LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS EN LA FUERZA PÚBLICA - Requisitos / ACTO DE LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS EN LA FUERZA PÚBLICA – Motivación / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD / FACULTAD DISCRECIONAL

El pronunciamiento contenido en la sentencia SU-91 de 2016 se refirió al tema de motivación en el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios para indicar que en este caso, aquella está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos, a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, regla que en la sentencia SU-217 de 2016, juzgó conveniente para promover la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública con observancia de todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, la cual debe entenderse como una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial. En esta última providencia la Corte hizo énfasis en que la ley no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar, de manera que es claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la adopción de la decisión. Por su parte el Consejo de Estado ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades. NOTA DE RELATORÍA : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de noviembre de 2013, radicación: 760012331000200501375 01 (0197-2013 )

RECOMENDACIÓNDE REUBICACIÓN LABORAL DE LA JUNTA ASESORA DEL MINISTERIO DE DEFENSA- No es de obligatorio acatamiento / LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIO DE MIEMBRO DE LA POLICÍA CON DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD PSICOFÍSICA – Procedencia / FACULDAD DISCRECIONAL

En el presente asunto se advierte que el concepto de la Junta Asesora no determina que de manera ineludible la autoridad ante quien se presenta el concepto, deba adoptar la decisión en tal sentido, pues en ese momento aquella está investida de la facultad discrecional para la elección de la decisión, tal y como la ley se lo ha concedido. De manera que el concepto que aconseja la reubicación dentro las diferentes dependencias de la institución en atención al estado de salud del policial no se opone por sí mismo al llamamiento a calificar servicios, ni le otorga un estricto fuero de inamovilidad del cargo, teniendo en cuenta que en el sub judice el retiro no se exhibió como una medida encaminada a desconocer las obligaciones que la ley le impone a la institución ante la disminución de la capacidad sicofísica del actor. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sección Segunda, sentencias del 22 de noviembre de 2012, rad 130012331000200101260 01 (1963-2011); de 21 de noviembre de 2013, rad 760012331000200501375 01 (0197-2013).

,FUENTE FORMAL : CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- ARTÍCULO 50 / DECRETO 1512 DE 2000 –ARTÍCULO 60/ DECRETO 1791 DE SEPTIEMBRE DEL 2000 / Ley 857 de 2003

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 18001-23-31-000-2011-00044-01(1237-16)

Actor: ISRAEL ROBAYO ROJAS

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho– Decreto 01 de 1984

La Sala conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Israel Robayo Rojas contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

ANTECEDENTES

El señor Israel Robayo Rojas, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

Pretensiones
Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Acta 009 del 21 de mayo de 2010 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, en la cual propone el retiro por llamamiento a calificar servicios.

Decreto 2219 del 21 de junio de 2010 mediante el cual el Gobierno Nacional retiró del servicio activo por llamamiento a calificar servicios al señor Israel Robayo Rojas el cual se hizo efectivo a partir del 1 de julio de 2010 .

A título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a reintegrarlo al grado en el escalafón de oficiales de la Policía Nacional que tenía al momento del retiro, dentro del curso 057 de oficiales, para lo cual deberá ser convocado a los cursos que hubieran adelantado sus compañeros, de ser necesario, para obtener el mismo grado que le corresponda por antigüedad y tiempo de servicio, teniendo en cuenta que tendrá que ser reubicado por haber sido declarado no apto para el servicio, estimándose para todos los efectos que la relación laboral no tuvo solución de continuidad.

Asimismo, se condene al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el retiro, se ordene el pago de una indemnización por los perjuicios causados por el acto ilegal equivalente a los salarios y prestaciones causados desde la fecha del retiro efectivo hasta el momento del reintegro, sin que se realicen los descuentos con destino a la Dirección de Sanidad o a la Dirección de Bienestar Social de la Policía en atención a que estos valores se descontaron de la asignación de retiro.

Se cumpla la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 189 del Código Contencioso Administrativo.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:

El señor Israel Robayo Rojas ingresó a la Escuela de Cadetes de la Policía «General Santander» el 9 de enero de 1985 y fue dado de alta en el grado de subteniente el 16 de mayo de 1987.

Mediante Junta Médico Laboral 0059 del 5 de febrero de 1993 se declaró la no aptitud para labores de vigilancia del señor Israel Robayo Rojas con una disminución de la capacidad laboral del 62,37% y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional recomendó su reubicación laboral mediante Acta del 29 de abril de 2010, lo cual se llevó a cabo mediante Orden Administrativa de personal 1-091 del 14 de mayo de 2010.

El mismo 14 de mayo de 2010 se reunió la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional la cual propuso el retiro del actor por llamamiento a calificar servicios.

El 1 de julio del citado año, cuando regresó de vacaciones, recibió la comunicación del contenido del Decreto 2219 del 21 de junio de 2010 por el cual se decidió su retiro por llamamiento a calificar servicios.

Luego de su retiro el actor sostuvo comunicaciones escritas con la entidad de cuyas respuestas, en criterio del demandante, se desprenden irregularidades que vician de nulidad la decisión de retiro, las cuales se exponen en el siguiente acápite.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 2, 6, 13, 29, 53, 83, 125 incisos 3 y 4, 216, 218 y 220 de la Constitución Política; 20, 21, 22, 28 y 29 del Decreto 1791 de 2000; 1, 2 ordinales 4 y 3 de la Ley 857 de 2003; 36 del Código Contencioso Administrativo.

Como concepto de vulneración de la normativa invocada expuso que los actos administrativos acusados están afectados por desviación de poder, por cuanto la Dirección General de la Policía Nacional solicitó a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional que recomendara su retiro por llamamiento a calificar servicios, con desconocimiento de una decisión que anteriormente se había emitido por este último ente, según Acta 007 del 29 de abril de 2010, en el sentido de reubicarlo laboralmente, con desconocimiento de sus derechos fundamentales.

En sentir de la parte actora, no se cumplió con el requisito del concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, lo que significa que aún para la fecha de presentación de la demanda el actor desconoce los motivos que tuvieron los oficiales generales de la Policía y el Ministerio de Defensa; al respecto sostuvo que una cosa es conceptuar y otra es recomendar, y es esta última la que le corresponde a la Junta Asesora de acuerdo con el artículo 57 del Decreto 1512 de 2000.

Señaló que el Acta demandada no incluye los motivos por los cuales llegó a su decisión, solamente se limitó a mencionar que el demandante ya cumplía con los requisitos para que se le reconociera la asignación de retiro, situación por la cual se configura causal de nulidad por falta de requisitos legales. Además, el decreto de retiro tampoco mencionó el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, pese a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que el retiro discrecional de los militares debe realizarse para el mejoramiento de los servicios institucionales, ellos son:

La recomendación que concluye en un concepto previo a la adopción de la decisión de retiro.
La recomendación debe estar precedida y fundamentada en un examen completo y de fondo de los siguientes aspectos:

Las razones que se invocan para el retiro.
Los informes y pruebas que se alleguen.
La hoja de vida del oficial.
Los elementos objetivos que permitan justificar el retiro.

Notificación o ponerse en conocimiento del candidato a retiro, de los informes y documentos objetivos que motivarán el acto administrativo de retiro.

Adicionalmente, indicó que los miembros de la Fuerza Pública que tienen disminución de la capacidad y por ende, se ordene su reubicación, gozan de cierta inmunidad, según lo regulan las normas laborales y los convenios internacionales suscritos por Colombia, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana sobre los Discapacitados, el Convenio 159 de la OIT «Sobre readaptación profesional y el Empleo de las Personas Inválidas».

En sustento de sus afirmaciones, señaló que a partir de la fecha de su retiro dirigió peticiones a la entidad cuestionada cuyas respuestas evidencian irregularidades en la expedición de los actos cuestionados, tales como violación al debido proceso, falta de motivación, además de que los funcionarios que participaron en su expedición revelan que no emitieron concepto que permitiera la motivación de las decisiones acusadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, mediante apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que el llamamiento a calificar servicios es una causal de retiro para los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 857 de 2003, cuyo requisito es que el servidor cumpla con las exigencias para hacerse acreedor de la asignación de retiro.

De la misma forma precisó que el retiro por llamamiento a calificar servicios es una causal de terminación normal de la situación laboral de un uniformado que se aplica como un mecanismo de renovación dentro de la línea jerárquica, que busca garantizar la dinámica de la carrera de los miembros de la Fuerza, constituyéndose en una herramienta de relevo en beneficio del mejoramiento y excelencia institucional, al permitir el ascenso de los más sobresalientes.

Más adelante, se refirió a los requisitos para acceder a la asignación de retiro y la forma de liquidación de dicha prestación, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 4433 de 2004.

De acuerdo con lo anterior, precisó que el actor contaba con 24 años, 11 meses y 27 días de servicios, es decir, se reunieron los requisitos para la procedencia de esta causal de retiro que opera bajo los parámetros de la facultad discrecional, basado en razones del servicio, sin que se hayan violado los preceptos constitucionales y legales que rigen la materia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Policía Nacional (f. 301 a 308)

La parte demandada reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda. Seguidamente, indicó que el marco normativo de la situación del actor está dado por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 857 de 2003; 55, 56, 57, 58 y 59 del Decreto 1512 de 2000 y en 57 del Decreto 1791 de 2000, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de acuerdo con los cuales solamente se requiere el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional y que el policial haya alcanzado el tiempo de servicios exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro, esto es, dieciocho años.

En relación con el concepto de la mencionada Junta Asesora señaló que se trata de un acto de trámite o preparatorio para la elaboración de una decisión final que puede o no ser adoptada por el Ministerio de Defensa, en calidad de autoridad nominadora, razón por la cual no requiere de notificación dado que está desprovisto de la naturaleza de acto definitivo.

Igualmente, señaló que aunque la hoja de vida del señor Israel Robayo Rojas incluya reconocimientos en condecoraciones y felicitaciones es lo normal y corresponde a todo policía, sin que ello otorgue un fuero de estabilidad dentro de la institución, pues el retiro se debe a una causal objetiva, que tiene como fin permitir el ascenso y la promoción de otros miembros de la fuerza.

En este sentido, resaltó que el llamamiento a calificar servicios es un instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica, lo cual implica que se trata de una forma de culminación normal de la carrera policial y no puede ser considerada como una sanción para el servidor.

Israel Robayo Rojas (ff. 182 – 238)

La parte actora reiteró los planteamientos efectuados en el escrito inicial e hizo énfasis en el cargo de desviación en el que incurrió la entidad al ordenar su retiro, en razón a que es distinta a los fines del Estado, lo cual sustentó con el argumento de que se desconoció la decisión contenida en el Acta de la Junta Asesora 007 del 29 de abril de 2010, en el sentido de reubicarlo y asignarle una labor en atención a la pérdida de la aptitud para la vigilancia dado que su hoja de vida fue calificada como superior, situación que, en su criterio, se hace más evidente con el hecho de que en el concepto previo contenido en el acta del 14 de mayo de 2010 no se indica motivo alguno del porqué de una recomendación de separación del servicio.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo del Caquetá denegó las pretensiones de la demanda. Los fundamentos de dicha decisión, son los siguientes:

En cuanto al control de legalidad del Acta 009 del 14 de mayo de 2010, en donde la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional recomendó el retiro del demandante, consideró que al no tener el carácter de definitivo no es susceptible de ser demandando ante esta jurisdicción.

Ahora, en criterio del a quo, el hecho de que la mencionada acta tenga la misma fecha que la orden administrativa por la cual se disponía su retiro no invalida la decisión de retiro, dado que su aprobación (la del acta) no implicaba tal determinación.

Luego de analizar el material probatorio aportado al expediente y confrontarlo con las normas que rigen la situación del demandante, concluyó que no se configura el cargo de falsa motivación toda vez que se siguió el procedimiento establecido por la ley para el retiro del demandante y si bien fue calificado satisfactoriamente y durante su desempeño como coronel activo desarrolló sus funciones acorde con la ley y los reglamentos, lo cierto es que este es un deber legal inherente a quienes prestan sus servicios al Estado.

Sobre este aspecto también sostuvo que el llamamiento a calificar servicios es una decisión que se adopta con fundamento en la facultad discrecional y no requiere de motivación de forma concreta, solamente exige haber cumplido quince años o más de servicios los cuales efectivamente acreditó el actor. En todo caso, manifestó que no logró acreditarse que el retiro no se hubiera presentado para mejorar el servicio, teniendo en cuenta que la finalidad que busca la demandada es el mejoramiento organizacional de la institución y la eficiencia de su labor para la sociedad colombiana.

De otra parte, se refirió al vicio de desviación de poder concluyó que no se configura por el hecho de que existiera una recomendación de la Junta Médica Laboral de reubicación del demandante ante la disminución de su capacidad laboral pues bien podía hacer efectivo el retiro con fundamento en el artículo 58 del Decreto 1791 de 2000. Ahora, dado que el decreto de retiro se expidió por la autoridad competente con el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para que operara la causal en cuestión no es procedente declarar su nulidad.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

Dentro de la oportunidad legal, el señor Israel Robayo Rojas presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el que fundamentó en lo siguiente:

En primer lugar, se refirió al razonamiento del juez de primera instancia relacionado con la posibilidad de efectuar control de legalidad sobre el acta de recomendación de retiro de la Junta Asesora de la Policía Nacional, para indicar que no lo comparte, habida cuenta de que aunque se declarara la nulidad del decreto de retiro lo cierto es que dicho concepto conservaría vigencia lo que traería como consecuencia que no fuera posible un restablecimiento del derecho, al quedar vigentes las motivaciones que dieron lugar a la separación del servicio.

Adicionalmente, señaló que los demandados configuran un acto administrativo complejo, el cual se conforma por la fusión de la voluntad de los órganos que concurren en su formación, indicó que sus elementos son los siguientes:

Concurrencia de dos o más órganos o autoridades en la formación del acto.
Pluralidad de voluntades manifestadas en distintos momentos y de manera sucesiva.
Unidad o igualdad de finalidad y contenido en cada acto administrativo.
Interdependencia entre las distintas manifestaciones de voluntad para poder existir.

En sentir del demandante, los anteriores elementos concurren en los actos acusados de manera que, en su criterio, debe adelantarse el control de legalidad sobre los dos, en la medida en que la recomendación de la Junta Asesora contiene la motivación de la decisión de retiro.

Seguidamente, se refirió a la discrecionalidad como fundamento del llamamiento a calificar servicios, para indicar que la Corte Constitucional, en diversos pronunciamientos, ha considerado que es necesario motivar el acto de retiro, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad, al debido proceso y el acceso real y efectivo a la administración de justicia de los uniformados de la Fuerza Pública, situación que implica que es a la administración a la que corresponde demostrar de qué manera mejoró el servicio del señor Robayo Rojas pues lo contrario no le puede ser exigible en calidad de demandante como lo pretende el A quo.

Por último, señaló que el A quo omitió ordenar que de las sumas a pagar por concepto de salarios dejados de percibir, se descontaran todos los valores que el actor ha recibido por parte de la nación durante trece años, comoquiera que con su retiro fue beneficiado con los emolumentos y prestaciones aplicables al personal de reserva, además de la asignación de retiro a la que tiene derecho, lo anterior con el fin de evitar que reciba una doble remuneración como funcionario público.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Israel Robayo Rojas (ff. 404 -423) presentó escrito de alegatos de conclusión, en el que insistió en las razones por las que considera que el acta de la Junta Asesora es demandable, así como lo relacionado con la necesidad de motivación de los actos de retiro de los miembros de la Fuerza Pública expedidos con fundamento en la facultad discrecional y la carga de la prueba de las motivaciones que llevan a la administración a adoptar tal decisión.

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional (ff. 432-434) en esta oportunidad precisó que el ascenso del personal uniformado de la Fuerza Pública está íntimamente ligado a la planta que establece el Gobierno Nacional, en la que define el número de funcionarios y grados requeridos para el cumplimiento de los fines estatales, a la cual debe ceñirse la institución, lo que lleva a la renovación como instrumento de relevo dentro de la línea jerárquica, por ello la entidad no está en la obligación de llamar a todos los miembros a curso de ascenso.

En relación con los fines perseguidos con la expedición de los actos acusados expuso, en síntesis, que era el de entregar un reconocimiento especial por los servicios prestados, concediéndole beneficios acordes con los del personal activo de por vida, con el fin de renovar la institución con los funcionarios de las más altas condiciones personales, de liderazgo, laborales e intelectuales, entre otras.

Además, puso de presente que la Corte Constitucional en la SU-091 de 2016 reiteró los puntos característicos del llamamiento a calificar servicio para lo cual hizo un comparativo con el retiro por voluntad del Gobierno Nacional o de la Dirección de la Policía Nacional y el retiro discrecional en las Fuerzas Militares.

MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó que se confirme la decisión de primera instancia, para lo cual coincidió con el planteamiento efectuado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en relación con el cumplimiento de las exigencias legales para que opere esta causal de retiro válidamente, previsto en la Ley 857 de 2003 y en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resume en las siguientes preguntas:

¿El Acta 009 del 14 de mayo de 2010 por medio de la cual la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional propuso el retiro del coronel Israel Robayo Rojas conforma con el Decreto 2219 del 21 de junio de 2010 un acto complejo susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo?

¿Conforme el material probatorio se encuentra demostrado que el retiro del demandante está afectado de nulidad por falsa motivación?

¿La administración podía adoptar válidamente la decisión de retirar por llamamiento a calificar servicios al señor Israel Robayo Rojas aunque la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional había conceptuado sobre su reubicación en labores de carácter administrativo o docente, según Acta 007 del 29 de abril de 2010 en razón a sus condiciones de salud?

Primer problema jurídico

¿El Acta 009 del 14 de mayo de 2010 por medio de la cual la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional propuso el retiro del coronel Israel Robayo Rojas conforma con el Decreto 2219 del 21 de junio de 2010 un acto complejo susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo?

En el escrito de apelación la parte actora afirmó que el acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional que recomendó su retiro conforma un acto complejo con el decreto por medio del cual el Gobierno Nacional lo separó del servicio por cumplir con todas las características de aquel. En su exposición, consideró importante el control de legalidad sobre este concepto previo, en razón a que es precisamente el que contiene los motivos por los cuales se determinó la modificación de su situación jurídica.

Sobre el particular conviene señalar, en primer lugar, que aunque se determine que el primero de los actos acusados no sea susceptible de ser demandado, ello no quiere decir que no sea viable examinar su contenido con la finalidad de analizar la presunción de legalidad del decreto que retiró del servicio al actor.

En segundo lugar, la Subsección estima pertinente precisar los conceptos relativos al acto administrativo complejo para verificar si en presente asunto se configura uno de ellos.

• El acto administrativo complejo

El concepto de acto administrativo complejo ha sido abordado en varias oportunidades por el Consejo de Estado en sus diferentes Secciones, para señalar que la concurrencia de declaraciones de dos organismos pertenecientes a la misma entidad o a entidades diferentes conforman la voluntad de la administración y se fusionan en una unidad de contenido y de fines, que presentan una relación de interdependencia que implica que ninguna de ellas puede subsistir separada e individualmente.

En línea con lo anterior, la Sala Plena, en la sentencia de 14 de febrero de 2012, puntualizó lo siguiente:

«[…] siguiendo la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación sobre el tema, los actos administrativos complejos son aquellos que se forman por la concurrencia de una serie de actos que no tienen existencia jurídica separada e independiente y que provienen de diversas voluntades y autoridades, generándose así una unidad de contenido y de fin, de tal suerte que las diversas voluntades concurren para formar un acto único.

La providencia en mención excluyó del concepto bajo estudio, aquellas situaciones en las que dentro de una actuación administrativa procesal, una misma autoridad ha proferido varias decisiones como instrumentos necesarios y concatenados dentro un trámite.

En relación con el control de legalidad de los actos complejos, la Sala Plena de la Corporación consideró que aquel conforma una unidad que debe ser demandada en su integridad y no en alguna de sus partes, en este sentido sostuvo: «Así, pues, cuando, por ejemplo, se considera que está viciada de ilegalidad la sanción de una ordenanza, se debe demandar la ordenanza por la ilegalidad de su sanción, pues esta es parte integrante de ese acto administrativo complejo. La ordenanza y su sanción forman un solo acto».

De lo hasta ahora expuesto, es posible evidenciar las características distintivas de los actos administrativos complejos, ellas son:

La concurrencia de varias declaraciones, bien sea de una o de varias autoridades en la formación del acto
Unidad de finalidad u objeto y contenido
Relación de interdependencia entre las declaraciones.
Esa unidad puede estar contenida en uno o en varios actos administrativos.

En lo atinente a este último aspecto, conviene señalar que esta Corporación avaló una sub clasificación en atención a las autoridades de las que emanan las declaraciones, para sostener que cuando las varias voluntades de distintos órganos se fusionan en un solo cuerpo se puede hablar de un acto complejo propio; empero, cuando provienen de un solo ente que ha emitido varios pronunciamientos, en diferentes momentos pero de manera sucesiva será un acto complejo interno, como ocurre con los que se expiden dentro del procedimiento administrativo como consecuencia de la interposición de los recursos procedentes, que excepcionalmente deben ser resueltos por otras autoridades, cuya relación de interdependencia se advierte claramente en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, cuando exige: «Si el acto administrativo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen».

De acuerdo con lo expuesto, es evidente que no puede confundirse un acto administrativo complejo con un acto de trámite o preparatorio, pues este último difiere en cuanto a su naturaleza del primero, dado que adolecen de la característica de unidad de finalidad, objeto y contenido, así como de la relación de interdependencia y aún de la capacidad de modificar, crear o extinguir una situación jurídica, salvo que se trate de un acto definitivo en los términos del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, esto es, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, en la medida que pongan fin a una actuación o hagan imposible continuarla, situación que demuestra su posibilidad de existencia sin una declaración de voluntad adicional.

Las actas de las Juntas Asesoras del Ministerio de Defensa son actos de trámite

Establecida como está la diferencia entre los actos de trámite y los administrativos complejos, surge con claridad el motivo por la cual no le asiste razón a la parte apelante, sin embargo, sobre este punto es necesario hacer énfasis en el carácter de acto de trámite de la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, tal y como pasa a explicarse:

El artículo 60 del Decreto 1512 del 11 de agosto de 2000, dispuso:

«RECOMENDACIONES DE LAS JUNTAS ASESORAS:

Las conclusiones de las Juntas se consignarán en forma de recomendaciones, que no podrán ser modificadas sino por el Ministerio de Defensa Nacional. En los demás casos, las modificaciones deberán ser autorizadas por la respectiva Junta Asesora.»

De acuerdo con lo anterior, dichas actas contienen únicamente recomendaciones de las Juntas Asesoras, las cuales no podrán ser modificadas sino por el Ministerio de Defensa Nacional o por la respectiva Junta Asesora, es decir que por sí mismas carecen del carácter vinculante de los actos que crean, modifiquen o extinguen directa o indirectamente situaciones jurídicas, lo que determina que no sean pasibles de control de legalidad ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En efecto, se advierte que se trata de conceptos que permiten a la administración adoptar la decisión de retiro por llamamiento a calificar servicios, en el marco de las funciones que le asignó el mismo Decreto 1512 de 2000, en el artículo 57, ordinal 3, al prever: «Aprobar o modificar las clasificaciones de los Oficiales y recomendar al Gobierno, por intermedio del Ministro de Defensa Nacional los ascensos, llamamientos al servicio y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como recomendar los nombres de los Oficiales Superiores que deban asistir a los cursos reglamentarios, de acuerdo con las normas legales sobre la materia.», en concordancia con lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto 1791 de 2000.

De lo descrito, se evidencia que el acta de la Junta Asesora hace parte del supuesto de hecho a partir del cual la autoridad nominadora con fundamento en la facultad discrecional tiene la posibilidad de elegir la consecuencia jurídica, es decir, de adoptar la decisión de retiro o no, pero ambas declaraciones no conforman una unidad de contenido que tengan entre sí una relación de interdependencia que les permita llegar a perfeccionarse como acto administrativo, pues sería viable la existencia jurídica separada e independiente dado que puede darse el concepto sin la decisión de retiro.

Conclusión: El Acta 009 del 14 de mayo de 2010 por medio de la cual la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional propuso el retiro del coronel Israel Robayo Rojas no conforma con el Decreto 2219 del 21 de junio de 2010 un acto administrativo complejo. Ello por cuanto la recomendación contenida en el acta es un acto preparatorio para la expedición del acto administrativo de llamamiento a calificar servicios. Empero, ello no quiere decir que no sea viable examinar su contenido con la finalidad de analizar la presunción de legalidad del decreto que retiró del servicio al actor.

Segundo y tercer problemas jurídicos

¿Conforme el material probatorio se encuentra demostrado que el retiro del demandante está afectado de nulidad por falsa motivación?

¿La administración podía adoptar válidamente la decisión de retirar por llamamiento a calificar servicios al señor Israel Robayo Rojas aunque la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional había conceptuado sobre su reubicación en labores de carácter administrativo o docente, según Acta 007 del 29 de abril de 2010 en razón a sus condiciones de salud?

Con la finalidad de resolver los interrogantes planteados, es necesario hacer algunas precisiones en relación con la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios en la Policía Nacional y si frente a ella operan limitaciones en razón a las condiciones de salud del miembro de la institución.

Retiro del Servicio por llamamiento a calificar servicios en la Policía Nacional

El Decreto 1791 del 14 de septiembre del 2000, a través del cual se regulan las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, en el artículo 54, dispone:

«RETIRO. Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel ejecutivo, suboficiales y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Director General de la Policía Nacional.

El retiro de los oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales y en los demás grados en los casos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, no superar la escala de medición del Decreto de evaluación del desempeño o muerte.»

A su vez, los artículos 55 numeral 2 y 57 ibidem prevén:

«ARTICULO (sic) 55 Causales de Retiro. El retiro se produce por las siguientes causales:
[…]
2. Por llamamiento a calificar servicios.

ARTICULO 57. Retiro por llamamiento a calificar servicios. El personal de oficiales, Suboficiales y agentes de la Policía Nacional sólo podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios después de haber cumplido quince (15) años de servicio».

Más adelante, la Ley 857 de 26 de diciembre de 2003 dictó nuevas normas para regular el retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y modificó en lo pertinente a este asunto, el Decreto Ley 1791 de 2000; al respecto indicó:

«ARTÍCULO 1.º Retiro. El retiro de personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.
El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el Gobierno Nacional hasta el Grado de Teniente Coronel.
El retiro de Suboficiales se efectuará a través de resolución expedida por el Director General de la Policía Nacional.
El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los demás grados, en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, cuando no supera la escala de medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte.
Artículo 2º. Causales de retiro. Además de las causales contempladas en el Decreto Ley 1791 de 2000, el retiro para los Oficiales y los Suboficiales de la Policía Nacional, procederá en los siguientes eventos:
[…]
4. Por llamamiento a calificar servicios.

La causal de retiro por llamamiento a calificar servicios está definida por el artículo 3 ibidem, en los siguientes términos: «Artículo 3.º Retiro por llamamiento a calificar servicios. El personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, solo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro».

En lo atiente a la exigencia de haber alcanzado el requisito para ser acreedor de la asignación de retiro, el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 24, modificó lo normado por el mencionado Decreto 1791 de 2000, en el sentido de definir que los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional en servicio activo para la fecha de su entrada en vigencia, serían retirados por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda, después de dieciocho años de servicio, mientras que quienes se retiren o sean retirados o separados en forma absoluta lo serán con más de veinte años de servicio.

La causal de retiro en comento, se constituye en un instrumento importante para la administración, que permite el relevo generacional dentro de la línea jerárquica dentro de actuación que supone el ascenso de algunos miembros y la separación del servicio de otros, de ahí la especial connotación que adquiere frente a otras formas de retiro laboral. Tal característica ha sido objeto de análisis de la jurisprudencia en varias oportunidades. Así fue como la Corte Constitucional sostuvo:

«[…] "calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio. […]»

Igualmente, el pronunciamiento contenido en la sentencia SU-91 de 2016 se refirió al tema de motivación en el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios para indicar que en este caso, aquella está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos, a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, regla que en la sentencia SU-217 de 2016, juzgó conveniente para promover la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública con observancia de todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, la cual debe entenderse como una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial.

En esta última providencia la Corte hizo énfasis en que la ley no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar, de manera que es claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la adopción de la decisión.

Por su parte el Consejo de Estado ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades. Del mismo modo expuso:

«Por su parte, cabe señalar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como el llamamiento a calificar servicios es la razonabilidad; en otras palabras la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad.

En este sentido, el artículo 36 del C.C.A., consagra la regla general de la discrecionalidad y señala la proporcionalidad entre los hechos que le sirven de causa, que no es otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto jurídico, la medida o razón que objetivamente debe existir entre la realidad de hecho el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión.

En armonía con las afirmaciones anotadas, la presunción de legalidad que ostenta la generalidad de los actos discrecionales, se mantiene intacta ante la sede jurisdiccional en tanto la decisión esté precedida de supuestos de hecho reales, objetivos y ciertos, haciendo de esta forma operante el postulado consagrado en el artículo 36 del C.C.A.»

Ahora bien, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios, principalmente, el hecho de que es reconocida como una manera decorosa de culminación de servicios en la Fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro. En efecto, el buen cumplimiento de las funciones, ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor policial y por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo.

Llamamiento a calificar servicios y la disminución de la capacidad psicofísica del personal de la Fuerza Pública

Como se vio en precedencia, la decisión de retiro por llamamiento a calificar servicios no requiere de una motivación que exceda la preestablecida por la ley ni se impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad en estricto sentido, sin embargo, la validez de la decisión ha sido analizada por la Sección Segunda al margen del estado de salud del servidor de la Fuerza Pública que presenta una incapacidad para el servicio.

Fue así como se señaló que no es dable hacer uso de la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios, «sustrayéndose de la situación de salud del Oficial o Suboficial, cuando la misma lo coloca en un estado de incapacidad permanente para laborar, motivante de otorgamientos continuos de incapacidades médicas prolongadas en el tiempo, pues la ley prevé en tal evento, la conducta a seguir por la administración». En aquella oportunidad la Subsección analizó la situación de un miembro de las Fuerzas Militares que fue retirado por llamamiento a calificar servicios aunque estaba pendiente la definición de su situación médico – laboral, así como las prestaciones que se derivaban de la disminución de su capacidad psicofísica, en aplicación del Decreto 094 de 1989.

Se advierte que en aquella providencia se censuró la inactividad de la administración frente al trámite obligatorio que las normas que rigen la materia le ordenaban adelantar, pues en tal caso se puede entender que la medida no fue adecuada a los fines de la norma que la autoriza no fue proporcional a los hechos que le sirven de causa, sino que el llamamiento a calificar servicios se exhibió como una medida tendiente a desconocer la condición de salud del demandante.

A pesar de lo señalado, no puede admitirse que ello se convierta en una regla general, sino que será necesario analizar las particularidades de cada caso que rodean la situación de retiro, con el correspondiente examen del material probatorio aportado al proceso, a fin de determinar la legalidad del acto administrativo atacado.

Para lo anterior, se debe tener en cuenta que la disminución de la capacidad psicofísica, prevista por el artículo 58 del Decreto 1791 de 2000, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-381 de 2005 «en cuanto tiene un carácter imperativo y otorga una facultad discrecional para retirar de manera automática de la institución a personas que han sufrido alguna disminución de su capacidad sicofísica, sin tener en cuenta sus condiciones propias y particulares, es inconstitucional», pues en criterio de aquella corporación, una persona con disminución de su capacidad sicofísica no puede ser retirada de la institución por ese sólo motivo si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna labor administrativa.

Dicha providencia también consideró que el artículo 59 del Decreto 1791 de 2000, que admite mantener en servicio a los policiales que habiendo sufrido disminución de la capacidad psicofísica y obtenido concepto favorable de la Junta Médico Laboral sobre su reubicación y si sus capacidades pueden ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción, debe entenderse en el contexto allí precisado, en este sentido, hizo énfasis en que el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, cuando se trate de oficiales, debe acudir a la valoración previa hecha por la Junta Médico Laboral y a las capacidades que puedan ser aprovechadas por el oficial.

Análisis del caso concreto

En el expediente está demostrado lo siguiente:

Por medio de Acta de Junta Médico Laboral 0059 del 5 de febrero de 1993, se señaló (ff. 15 y 16):

«CIRUGIA GENERAL: Paciente que sufrió herida por proyectil arma de fuego en muslo derecho, se le practicó ingerto(sic) de teflón y arterial femoral común. Recibió lo(sic) tratamientos del caso quedando como secuelas obstrucción de vena femoral superficial y profunda en la zona de la femoral común, con perforantes incompetentes. Además presenta lesión del nervio ciático poplíteo externo en su posición distal, que se valora.
PSIQUIATRIA: Paciente que sufrió síndrome de estrés post-traumático que se resolvió favorablemente.
IV. CONCLUSIONES
La(s) Lesiones descritas en el concepto anterior le origina una incapacidad RELATIVA PERMANENTE.
De acuerdo con el Decreto 094 de 1.989 le corresponde Numeral 5-032, literal c), índice lesional de QUINCE (15) puntos; Numeral 4-178, literal b), índice lesional de CINCO (5) puntos y una merma de la capacidad laboral del 62.37%.
Se trata de lesión(es) y/o enfermedad(es) presentadas en el servicio de acuerdo con lo señalado en el artículo 35, literal c) del Decreto 094 de 1989, esto es, en servicio como consecuencia de la acción directa del enemigo. Según modificación emitida por el señor Director General de la Policía Nacional en oficio de fecha 060193 […]» (ortografía, puntuación y mayúsculas del texto original)

Más adelante, el 7 de abril de 2010 la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Área de Medicina Laboral Terapia Ocupacional realizó una evaluación del señor Robayo Rojas, de acuerdo con la cual este demuestra un perfil docente suficiente para desempeñarse en una Escuela de Formación Policial o como profesional administrativo en labores de alto perfil, evitándose su ubicación en operaciones o con cargas muy elevadas de estrés (18-35).

El 13 de abril de 2010 el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional indicó que el demandante podría ocupar cargos en alguna de las siguientes dependencias: «Bachilleres, Coordinación Oficiales de la Reserva, Enlace Departamento control de comercio y armas INDUMIL, Caja Promotora de Vivienda militar y de Policía CAPROVIMPO, Club militar, Enlace Superintendencia Privada». (ff. 14)

El 29 de abril de 2010, en Acta 007, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional sugirió la reubicación laboral del actor, por cumplir con los requisitos de la Directiva Permanente 028 del 24 de agosto de 2005 de la Dirección General de la institución. (ff. 36-40)

Según consta en el Acta 009 del 14 de mayo de 2010, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional recomendó el retiro del señor Robayo Rojas, quien demostró un tiempo de servicios en la institución superior a 18 años (ff. 6-10)

Mediante Decreto 2219 del 21 de junio de 2010 el presidente de la República ordenó el retiro por llamamiento a calificar servicios del coronel Israel Robayo Rojas, del cual se notificó el 1 de julio de 2010 (f. 5).

En los folios 44 a 54 del expediente obra la hoja de vida del demandante y los soportes de formación, sin anotaciones de antecedentes disciplinarios o judiciales.

Luego de su retiro el ex servidor en ejercicio del derecho de petición radicó escritos en los que solicitó a la entidad explicar las razones de su retiro y de la falta de motivación del mismo, el 25 de octubre de 2010, los cuales fueron resueltos por los Oficios 5491 DITAH-GRURE-6.6.4.4-22 del 17 de diciembre de 2010; 5018 DITAH-GRURE-6.6.4-22 del 18 de noviembre de 2010; 07264 SEGEN-ARJUR 15.1 del 1 diciembre de 2010; 4896 DITAH-GRURE- 6.64.4-22 del 10 de noviembre de 2010; 0014 DEHU-GUPOL-29-61 del 4 de enero de 2011, entre otros, en los cuales explicó que el acta de recomendación de retiro no es un acto que deba serle notificado y que el llamamiento a calificar servicios era procedente, por cuanto cumplía los requisitos legalmente exigidos para ello (ff. 65 a 170).

Análisis de la Subsección

La parte actora acusa que la medida de retiro no estuvo fundada en los motivos señalados en el concepto de la Junta Asesora, sin embargo, como se vio, la motivación exigible está dada por el cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicios y ser acreedor de la asignación de retiro, los cuales se encuentran plenamente acreditados en el expediente pues según se desprende de su hoja de vida fue dado de alta el 16 de mayo de 1987, lo que implica que para la fecha en la que se ordenó su desvinculación había laborado por un período de 23 años, 5 meses y 5 días, es decir, que cumplía el requisito de tiempo de servicios señalado en el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004.

En relación con el argumento según el cual el señor Israel Robayo Rojas no podía ser retirado del servicio por llamamiento a calificar, toda vez que en atención a su estado de salud gozaba de un fuero de estabilidad, debe indicarse que si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que no es dable hacer uso del retiro por llamamiento a calificar servicios, sustrayéndose de la situación de salud de los miembros de la fuerza pública, también lo es que cada caso debe analizarse de manera detallada y particular, teniendo en cuenta las pruebas debidamente allegadas al proceso, las cuales deben permitir verificar no solo la situación de salud del retirado al momento del llamamiento a calificar servicios, sino también el conocimiento que de dicha situación tenía la entidad.

Así las cosas, en el presente asunto se advierte que el concepto de la Junta Asesora no determina que de manera ineludible la autoridad ante quien se presenta el concepto, deba adoptar la decisión en tal sentido, pues en ese momento aquella está investida de la facultad discrecional para la elección de la decisión, tal y como la ley se lo ha concedido. De manera que el concepto que aconseja la reubicación dentro las diferentes dependencias de la institución en atención al estado de salud del policial no se opone por sí mismo al llamamiento a calificar servicios, ni le otorga un estricto fuero de inamovilidad del cargo, teniendo en cuenta que en el sub judice el retiro no se exhibió como una medida encaminada a desconocer las obligaciones que la ley le impone a la institución ante la disminución de la capacidad sicofísica del actor.

En el caso bajo estudio, no está probado que la decisión de retiro se hubiera dado con el fin de desconocer la situación de salud del accionante o la posibilidad de reubicación laboral, pues es evidente que aquel permaneció en servicio mucho tiempo después de que la Junta Médico Laboral estableció la merma de su capacidad laboral.

A lo anterior se agrega el hecho de que el contexto normativo del llamamiento a calificar servicios no impone una carga de motivación a la autoridad nominadora, distinta a la dada por la ley, motivo por el cual el contenido de las respuestas a las peticiones que presentó el actor no prueban la carencia de tal requisito como él lo expone, pues de ellas se desprende que se atendieron los parámetros normativos para la producción del acto cuestionado.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el excelente desempeño de las funciones del actor, situación que lo hizo merecedor de felicitaciones y reconocimientos tampoco le brinda un fuero de estabilidad adicional, que impida ser retirado por la causal en mención, pues como se dijo, el cumplimiento de esta característica se entiende como connatural al ejercicio de la labor policial.

En el sub examine, es claro que el demandante no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía para demostrar los supuestos de hecho de los que pretendía derivar las consecuencias jurídicas de sus pretensiones, por lo tanto, como atrás se indicó, debe asumir las consecuencias procesales que ello implica. En efecto, el señor Israel Robayo Rojas no demostró que el Decreto 2219 del 21 de junio de 2010 no hubiera sido adecuado a los fines que la norma que consagra el llamamiento a calificar servicios autoriza o que hubiera desbordado el juicio de proporcionalidad de los hechos que le sirven de causa. En consecuencia, tampoco desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado.

En conclusión:

En el plenario no se encuentra demostrado que el retiro del demandante está afectado de nulidad por falsa motivación, ello por cuanto el acto por el cual se ordena el retiro por la causal de llamamiento a calificar no requiere motivación en consideración a que ella está dada expresamente por la ley y para que proceda solamente es necesario que el policial demuestre: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional.

De otra parte, la autoridad nominadora podía adoptar válidamente la decisión de retirar por llamamiento a calificar servicios al señor Israel Robayo Rojas aunque previamente la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional había conceptuado sobre su reubicación en labores de carácter administrativo o docente, pues tal actuación no se opone por sí misma al llamamiento a calificar servicios ni le otorga un estricto fuero de inamovilidad del cargo y no se encuentra probado que el retiro fuera una medida encaminada a desconocer las obligaciones que la ley le impone a la institución ante la disminución de la capacidad sicofísica del actor.

Decisión de segunda instancia

En tal virtud, y al no demostrarse la ilegalidad del acto administrativo mediante el cual se retiró del servicio al señor Israel Robayo Rojas, por llamamiento a calificar servicios, se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Caquetá que denegó las pretensiones de la demanda.

Reconocimiento de personería

Se reconocerá personería a la abogada Diana Andrea Chacón Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 24.738.503 de Mazanares (Caldas) y Tarjeta Profesional 177105 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 426 del expediente.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confírmese la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Israel Robayo Rojas contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Segundo: Reconózcase personería a la abogada Diana Andrea Chacón Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 24.738.503 de Manzanares (Caldas) y Tarjeta Profesional 177105 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 426 del expediente.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Al efecto, citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 14 de noviembre de 1996, radicación 12543.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de enero de 1996, radicación: 3416. Actor: Transportes Colombia S. A. y otra.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de agosto de 2002, radicación: 11001-03-24-000-2000-06674-01(6674). Actor: Asociación Nacional de Pilotos Prácticos y Otro.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 18 de octubre de 2012, radicación: 05001-23-15-000-2000-01421-01, Actor: Transpacific Corporation.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 2012, radicación: 11001-03-26-000-2010-00036-01(IJ). Actor: Jaime Omar Jaramillo Ayala.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, sentencias del 15 de octubre de 1964, radicación: 1015; 9 de julio de 1991. radicación: S-070; del 27 de septiembre de 1994, radicación: S-342 y del 9 de noviembre de 1998. radicación: S-680.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de octubre de 1964, reiterado en la Sentencia del 1 de agosto de 2002. Exp: 6674.
Ver, entre otros, las providencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. sentencia del 8 de agosto de 2012, Radicación: 08001-23-31-000-2011-01067-01(43968). Actor: Candelaria Saavedra Castro; y de la Sección Primera, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación: 05001-23-31-000-2000-03882-02, Actor: Jesús Horacio Arango Villa.

Apartes tachados declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C253-03 de 25 de marzo de 2003.
Corte Constitucional, sentencia C-72 de 1995.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de noviembre de 2013, radicación: 760012331000200501375 01 (0197-2013), actor: Rubén Darío Corrales Corrales.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de noviembre de 2011, Radicación: 68001-23-31-000-2004-00753-01(0779-11). Actor: Mario Alberto Cañas Ortega, reiterado en la sentencia de la Subsección A del 12 de octubre de 2017, Radicación: 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14), Actor: Luis Alberto Ortiz Quintero.
En este sentido se pueden consultar las providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 05001-23-31-000-2002-00428-01 (0871-11), reiterado por la Subsección B, en la sentencia del 19 de enero de 2017, radicación: 05001-23-31-000-1999-02281-02 (4117-2014), Actor: Pedro Nel Hernández Grajales.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, radicación: 130012331000200101260 01 (1963-2011), actor: Alberto Enrique Hernández Castro.
La mencionada Directiva obra en los folios 41 a 43, en ella se reubica laboralmente al actor.

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