Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-33-31-000-2009-00061-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-33-31-000-2009-00061-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 23001-33-31-000-2009-00061-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de diciembre de 2024
___________________________________________________
Radicado: 23-001-33-31-000-2009-00061-01
Demandante: Guido Cesar Sibaja Alean
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de nulidad
Radicación: 23-001-33-31-000-2009-00061-01
Demandante: Guido César Sibaja Alean
Demandado: Departamento de Córdoba y otros
Tesis: El acto de creación de un municipio sin consulta popular
previa constituye un acto complejo compuesto por la
ordenanza y el referéndum aprobatorio; no procede declarar
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Registraduría Nacional del Estado Civil cuando de la
pretensión de la demanda se cuestiona un acto expedido por
esta.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Registraduría Nacional
del Estado Civil en contra de la sentencia proferida el ocho (08) de febrero de
dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante
la cual se resolvió declarar no probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, declarar
probada la excepción de cosa juzgada frente a los cargos de ausencia de
prueba oficial del requisito poblacional, inexistencia del estudio de
conveniencia y viabilidad y el de inviabilidad económica del nuevo municipio
y, en consecuencia, ESTARSE a lo resuelto por este Tribunal Administrativo en
sentencia del 8 de julio del 2010, Radicado 23.001.23.31.000.2008-00174, y
negar las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1.1. La demanda.
El señor Guido César Sibaja Alean solicitó la nulidad de la ordenanza número
09 de 2007, por la cual se creó el municipio de Tuchín, en el departamento de
Córdoba, expedida el 24 de julio de 2007 por la Asamblea Departamental de
Córdoba; el referéndum aprobatorio de dicha ordenanza realizado el 13 de
Radicado: 23-001-33-31-000-2009-00061-01
Demandante: Guido César Sibaja Alean
abril de 2008; la ordenanza número 25 de 2008, por medio de la cual se aclaró
la ordenanza 09, y la ordenanza número 38 de 2009, por la cual se precisaron
los límites del municipio de Tuchín.
I.1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Indicó el actor que con los actos acusados se vulneraron los artículos 15 y 17
de la ley 617 de 2000, artículo 27 del decreto 111 de 1996 y 6 y 7 de la ley
21 de 1991. Adicionalmente, planteó como cargo la falsa motivación.
En cuanto al cargo de vulneración de norma superior, señaló que la asamblea
departamental desconoció que la norma exige como requisito el certificado de
población que debía ser expedido por el DANE, esto según así lo disponen los
artículos 15 y 17 de la 617.
En el caso concreto, señaló que, según lo aclarado el 26 de diciembre de 2007
por la Coordinadora de Censos y Demografía del DANE y el 13 de febrero de
2009 por el Director de Censos y Demografía de esta misma entidad, la
constancia con la cual se entendió cumplido este requisito era de una población
preliminar para el proyecto de creación del municipio de Tuchín.
El segundo cargo lo identificó el actor como inexistencia del estudio de
conveniencia y viabilidad, pues en la actuación administrativa lo que se
presentó fue un concepto técnico sobre la creación del municipio, que no puede
ser considerado como el requisito que exigen los artículos 15 y 17 de la ley
617.
Como tercer cargo indicó que el municipio creado no era viable
económicamente, pues no cumplía con el requisito de contar con ingresos
corrientes mínimos de 5.000 SMMLV, ya que, en su entender, en el concepto
que obra están sobreestimados.
El cuarto cargo lo plantea como ausencia del proceso de consulta previa con
la comunidad indígena Zenú ubicada en la zona.
El quinto cargo lo planteó como falsa motivación pues existe una distorsión en
el procedimiento de determinación del terreno a segregar del Municipio de San
Andrés de Sotavento.
I.2. La contestación de la demanda.
Mediante auto del 10 de septiembre de 2009 se admitió la demanda y se
ordenó notificar al Departamento de Córdoba y al Presidente de la Asamblea
Departamental. Adicionalmente, se ordenó notificar al alcalde municipal de
Tuchín.
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Demandante: Guido César Sibaja Alean
Contestaron la demanda el municipio de Tuchín y la Registraduría Nacional del
Estado Civil, que fue vinculada al proceso posteriormente.
El municipio solicitó negar las pretensiones de la demanda y trajo a colación
que, sobre los cargos planteados por el demandante, el Tribunal Administrativo
de Córdoba ya se había pronunciado en sentencia del 8 de julio de 2010.
Independiente de ello, abordó cada uno de los cargos indicando que, contrario
a lo manifestado por el demandante, el municipio creado es económicamente
viable, así como que los documentos aportados como requisitos fueron
allegados en los términos de la ley 617.
Por su parte la Registraduría Nacional de Estado Civil presentó su contestación.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva pues el
referéndum, el acta y los formularios acusados, si bien hacen parte de la
actuación que finalizó con la expedición de la ordenanza, fueron expedidos en
ejercicio de sus funciones legales.
I.3. La sentencia apelada.
En la sentencia recurrida el Tribunal Administrativo de Córdoba encontró
probada la excepción de cosa juzgada frente a los cargos primero, segundo y
tercero, en atención a lo resuelto en sentencia del 8 de julio de 2010, radicado
2008-00174.
En esta providencia se estudió el cumplimiento del requisito poblacional, la
validez del estudio de conveniencia y la viabilidad económica de la entidad
territorial creada. En este proceso, el primer cargo prosperó y se declaró la
nulidad parcial de la ordenanza 09 del 2007.
En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, el Tribunal concluyó
lo siguiente:
“Al respecto cabe recordar que mediante auto del 14 de febrero de 2011
(Fl. 677) la magistrada ponente de la época ordenó su vinculación al
proceso por considerar que “fue la entidad encargada de expedir el
referéndum aprobatorio para la creación del Municipio de Tuchín (fl. 203-
206), por lo que se puede concluir que existe una relación única sustancial
de la Registraduría General de la República (sic) con el objeto del litigio,
dado que fue el ente encargado de realizar la actividad mencionada
anteriormente, es decir, las actuaciones de la Registraduría tienen
relación directa con las pretensiones y los hechos señalados por la parte
actora, por lo que no sería posible dictar la sentencia sin vincular a dicho
ente”.
A lo anterior se debe agregar que ese organismo expidió la Resolución
1387 del 26 de marzo de 2008, por la cual se fijaron los términos y fechas
del referéndum aprobatorio de la ordenanza demandada, por lo que
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Demandante: Guido César Sibaja Alean
resulta indiscutible su participación en el acto administrativo complejo de
creación del municipio de Tuchín, lo que conlleva a que se declare
impróspera la excepción propuesta”.
I.4. Recurso de apelación.
Contra la anterior decisión únicamente interpuso recurso de apelación la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Insistió la Registraduría que debe declararse probada su falta de legitimación
en la causa por pasiva, pues del acto complejo de creación del municipio de
Tuchín no hace parte la Resolución Nro. 1387 del 26 de marzo 2008, mediante
la cual se fijaron los términos y fecha del referéndum.
Las razones que adujo consistieron en señalar que no le asiste interés en la
decisión de creación del municipio ni en el objeto de la demanda, pues su
intervención en el proceso es en cumplimiento de su función legal de dar
trámite a los mecanismos de participación ciudadana. Así se puede leer:
“Así las cosas, la decisión de fondo que si se cumplen o no los requisitos
legales para la creación del municipio de Tuchín, no se encuentra dentro
de la competencia o responsabilidad de la Registraduria Nacional del
Estado Civil, sino que esta recae en otras instituciones del Estado que
conforme la Ley son llamadas a pronunciarse PREVIAMENTE acerca del
cumplimiento de los requisitos constitucionales, y en tal sentido dar luz
verde a la Registraduria para llevar a cabo el mecanismo de participación
ciudadana (referéndum), el cual no está siendo objeto cuestionamiento
en cuanto a su legalidad, razón por la cual, no nos encontramos inmersos
dentro de un proceso electoral que ataque el referéndum con el fin de que
se determine la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos
expedidos por las corporaciones electorales sobre el sufragio ejercido
mediante el referéndum del 13 de abril de 2008.
(…)
Por último, recordemos que los pronunciamientos de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, como actos administrativos fueron dirigidos a
producir efectos respecto de la celebración del Referéndum, (evento no
atacado por ilegalidad en demanda alguna), como mecanismos de
participación ciudadana promovido por agentes externos a nuestra
institución”.
I.5. Trámite en segunda instancia.
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Demandante: Guido César Sibaja Alean
Mediante auto del 17 de septiembre de 2018 se admitió el recurso de apelación
presentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por auto del 22 de
agosto de 2019 se corrió traslado para alegatos de conclusión.
En esta etapa todos guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
II.1 Competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución
Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia - Ley
270 del 7 de marzo de 1996, 129 del Código Contencioso Administrativo y 13
del Acuerdo nro. 080 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de
la Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto.
II.2. Delimitación del recurso de apelación.
Según lo resuelto en la decisión de primera instancia y el recurso de apelación,
debe la Sala establecer si procede declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, teniendo en cuenta que para la creación de un municipio se convocó a
un referéndum aprobatorio.
II.3. Análisis de la sala.
II.3.1. Naturaleza jurídica del acto de creación de un municipio.
Sobre la naturaleza del acto de creación de un municipio esta Corporación1 ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:
“De acuerdo con lo anterior, para la Sala es a todas luces evidente que el
acto mediante el cual se aprobó la creación del Municipio de Cantagallo,
entre otros, vale decir, la ordenanza parcialmente acusada y el
referendum aprobatorio de la misma, acto contenido en el Acta Parcial de
Escrutinio de Votos del referendum, forman un acto complejo, por cuanto
está formado por el concurso de dos voluntades que, aun cuando
separadamente, actúan en orden al mismo objeto y fin, por lo cual debió
acusarse el conjunto para que esta jurisdicción pudiese resolver sobre
1 Sentencia del 26 de junio de 1997 radicación número 3562, CP Libardo Rodríguez Rodríguez
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todo el proceso de formación del acto, incluyendo los actos de trámite
como el decreto de convocatoria del referendum, y evitar de esa forma
que la demanda contra uno de los que lo conforman pueda conducir a que
al ser declarado nulo, el otro conserve su vigencia y la respectiva
sentencia resulte inane.
Es por ello que, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de
esta Corporación, "... cuando se trata de un acto complejo, es decir,
formado por una serie de actos con la concurrencia de diversas
voluntades, como el acto es único, debe acusarse en su total complejidad,
aunque el vicio sólo afecte a uno de los actos que lo integran, porque
habiendo unidad de contenido y unidad de fin en las diversas voluntades
que se unen para producirlo, la serie de actos que lo integran no tienen
existencia jurídica separada e independiente. El acto que se forma es un
acto único, y única es la voluntad declarada, por la fusión en una sola
voluntad de las voluntades de los órganos que concurren en el proceso de
formación del acto" (Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
15 de octubre de 1964, Consejero Ponente: doctor Alejandro Domínguez
Molina. Anales del Consejo de Estado, Tomo 68, pág. 251)”.
Esta posición ha sido reiterada por esta misma Sección2 en varias
oportunidades, y encuentra sustento en la lectura de los artículos 15 al 17 de
la ley 617 de 2000, pues para la creación de un municipio, por regla general,
se debe surtir una actuación administrativa en la que confluye la voluntad de
varias entidades del Estado para un único fin.
Ahora bien, si la iniciativa no está precedida de una consulta popular, una vez
se expida la ordenanza debe ser sometida a un referéndum en el que participen
los ciudadanos del respectivo territorio. En esta opción es donde interviene la
Registraduría Nacional del Estado Civil, comoquiera que es la entidad
competente para definir y convocar los términos en que se va a llevar a cabo
el procedimiento de referéndum, según así lo dispone el título IV de la ley 134
de 1994.
Nótese entonces que para la creación de un municipio efectivamente concurren
las voluntades de varias entidades para un mismo fin, cumpliéndose así con
las características que la jurisprudencia ha definido para estar en presencia de
2 Cfr sentencias 52001-23-31-000-1999-01279-02, 27/06/2002, CP Olga Inés Navarrete; 2001-23-31-
000-1999-01279-02, 27/06/2002, CP Olga Inés Navarrete; E-SEC1-EXP2000-N5514, 25/05/2000, CP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Cfr. Radicación número: 4946, 24 de septiembre de 1998, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. “Tal y como
se desprende del contenido del parágrafo del artículo 3º de la Ordenanza núm. 39 de 20 de agosto de
1996, la creación del Municipio de Palocabildo no fue por iniciativa popular, razón por la cual, en
cumplimiento del parágrafo del artículo 8º de la Ley 136 de 1994, se dispuso realizar el referéndum
aprobatorio de la ordenanza, por parte de los ciudadanos del respectivo territorio.
• Examinado el contenido de la Ordenanza núm. 39 de 1996, la Sala advierte que si bien, como ya se
dijo, en el parágrafo del artículo 3º se dispuso someter a referéndum aprobatorio el texto de la misma,
también lo es que con la demanda no se allegaron los documentos relacionados con dicho referéndum.
3.- De otra parte, la actora no incluyó en su demanda la pretensión de nulidad del referéndum, debiendo
hacerlo, tal y como lo ha sostenido en otras oportunidades la Sala, al concluir que la ordenanza y el
referéndum conforman un acto complejo”.
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Radicado: 23-001-33-31-000-2009-00061-01
Demandante: Guido César Sibaja Alean
un acto administrativo complejo. Sobre el particular, resulta ilustrativa la
sentencia del 26 de enero de 2023 en el radicado 2021-00209, CP William
Hernández Gómez:
“Luego, en sentencia del 27 de octubre de 19723, la Sala Plena agregó
que el acto complejo existe por mandato de la ley o de manera
circunstancial cuando se presentan recursos del procedimiento
administrativo. De ese modo, su configuración no depende de la
determinación de la autoridad administrativa de caracterizarlo bajo esa
forma. Y en sentencia del 14 de febrero de 2012, con base en el anterior
criterio jurisprudencial, precisó que “los actos administrativos complejos
son aquellos que se forman por la concurrencia de una serie de actos que
no tienen existencia jurídica separada e independiente y que provienen
de diversas voluntades y autoridades, generándose así una unidad de
contenido y de fin, de tal suerte que las diversas voluntades concurren
para formar un acto único”4.
Así las cosas, es posible evidenciar las características distintivas de los
actos administrativos complejos de la siguiente manera5:
1. Están constituidos por la concurrencia sucesiva de varias declaraciones
de voluntad administrativa en su formación, la cual está mandada por el
ordenamiento jurídico superior o por la necesidad de resolver los recursos
del procedimiento administrativo.
2. Estas manifestaciones de voluntad han de tener unidad de finalidad u
objeto y contenido.
3. Entre ellas se presenta una relación de interdependencia en la que
jurídicamente una no existe sin la otra”.
Establecido entonces que para la creación de un municipio estamos en
presencia de un acto complejo, procede la Sala a establecer si debe declararse
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
II.3.2. De la legitimación en la causa por pasiva.
3 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de octubre de
1972, rad. 023.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 2012,
rad. 11001-03-26-000-2010-0036-01(IJ).
5 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 26 de abril de 2018, rad. 18001-23-31-000-2011-00044-01(1237-16).
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Radicado: 23-001-33-31-000-2009-00061-01
Demandante: Guido César Sibaja Alean
Esta Corporación6 ha sostenido que “[…] la legitimación en la causa es un
elemento sustancial relacionado con la calidad o el derecho que tiene una
persona, como sujeto de la relación jurídica sustancial, para formular o para
contradecir las pretensiones de la demanda; de esta manera, la parte
demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda
-legitimación por activa- frente a quien fue demandado -legitimación por
pasiva-. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa)
es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo
quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la
segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad que tiene la parte
accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado”.
Así las cosas, la legitimación en la causa en el proceso contencioso hace
referencia a la posibilidad de formular o controvertir las pretensiones de la
demanda por tratarse del sujeto activo o pasivo de la relación jurídica
sustancial debatida en el proceso.
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a la
existencia de dos clases de legitimación para actuar en el proceso, a saber, la
legitimación de hecho y la legitimación material. Al respecto precisó:
“i) La de hecho que hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del
proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el
mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente
pretensión procesal y ii) la material que da cuenta de la participación o relación
que tienen las personas naturales o jurídicas -sean o no partes del proceso-, con
los hechos que originaron la demandada.7” (Negrillas originales)
De igual forma, se ha señalado que el análisis de ese aspecto particular debe
darse en distintas etapas del proceso, toda vez que no es lo mismo verificar la
relación de hecho de una de las partes con el proceso -legitimación de hecho,
que estudiar el vínculo de uno de los sujetos en los supuestos que dieron lugar
a la formulación de la demanda -legitimación material-. Sobre este último
asunto, la jurisprudencia del Consejo de Estado8 se ha pronunciado en los
siguientes términos:
“La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La
primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la
demanda, de tal suerte que quien presenta el escrito inicial se encuentra
legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño
ostenta legitimación en la causa por pasiva.
6 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Consejero
Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00438-
01(47649).
7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 28 de junio de 2019. Consejero
Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. Radicación número: 05001-23-33-000-2015-00397-01(57565).
8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 10 de diciembre de 2018. Consejero
Ponente: Martha Nubia Velásquez Rico. Radicación número: 05001-23-31-000-2009-00485-01(47697).
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Demandante: Guido César Sibaja Alean
A su vez, la legitimación material es condición necesaria –aunque no suficiente-
para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las
excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto,
con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la
actuación.
Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho
se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al
extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como
consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se
configuró o no la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.”
(Negrilla fuera de texto original)
Tratándose de la acción de nulidad, el artículo 84 del decreto 01 de 1984
dispone que cualquier persona, natural o jurídica, puede solicitar la nulidad de
los actos administrativos de carácter general; el contradictorio se integra por
el sujeto que persigue la nulidad de las normas acusadas, o del acto
administrativo cuestionado, en condición de demandante, y por las entidades
públicas que suscribieron el acto acusado, en condición de parte demandada.
Para estos efectos, se entiende que la autoría o expedición del acto
administrativo se materializa con la firma del funcionario o funcionarios,
quienes obraron en nombre y representación de la respectiva entidad pública
que, de acuerdo con la ley, tengan capacidad para expedir actos
administrativos.
En el caso concreto, al revisar las pretensiones de la demanda, advierte la Sala
que el actor planteó las siguientes:
“1. Que se declare la NULIDAD DEL ACTO COMPLEJO de creación del
Municipio de Tuchín, conformado por:
a) La ORDENANZA NÚMERO 09 DE 2007, "Por la cual se crea el Municipio
de Tuchín en el Departamento de Córdoba", expedida el 24 de julio de
2007 por la Asamblea Departamental de Córdoba, sancionada el 7 de
diciembre de 2007 y publicada en la Gaceta Departamental número 1171.
b) El REFERÉNDUM APROBATORIO de dicha ordenanza, realizado el 13 de
abril de 2008 y cuyo resultado definitivo quedó consignado en el Acta de
Resultados del Escrutinio Departamental del Referendo Aprobatorio -
Creación del Municipio de Tuchín - formulario E-26 REF, suscrita el 20 de
abril de 2008 por la Delegación Departamental del Estado Civil de Córdoba
en calidad de Comisión Escrutadora Departamental, con fundamento en
el Acta de Escrutinio Departamental y en el Acta de Resultados del
Escrutinio Departamental del Referendo Aprobatorio - Creación del
Municipio de Tuchín - formulario E-24, elaboradas ese mismo día por dicha
Comisión.
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c) La ORDENANZA NÚMERO 25 DE 2008, "Por medio de la cual se aclara
la ordenanza No. 09 de 2007".
d) La ORDENANZA NÚMERO 38 DE 2009, "Por lo cual se precisan los
límites del Municipio de Tuchín".
En la decisión de primera instancia, el Tribunal declaró no probada la
excepción, pues, adicionalmente a que el actor cuestionó la legalidad del acto
expedido por la Registraduría mediante el cual se convocó el referéndum
aprobatorio, indicó que hacía parte del acto administrativo complejo de
creación del municipio de Tuchín.
Ahora bien, si bien la Sala comparte la conclusión en cuanto a que se trata de
un acto complejo, la legitimación material, como se explicó en precedencia,
atiende a que en la demanda se realice un reproche a la actuación de la
entidad, es decir, que entre los actos acusados se encuentre alguno de los
expedidos por las entidades vinculadas como parte demandada.
En el caso concreto, el actor solicita la nulidad del acto complejo integrado por
la ordenanza número 09 de 2007, por la cual la asamblea departamental creó
el municipio de Tuchín, el referéndum aprobatorio realizado el 13 de abril de
2008, cuyo resultado quedó consignado en el acta de resultados del escrutinio
formulario E-26 REF, la ordenanza número 25 de 2008, por la cual se aclaró
la ordenanza número 09, y la ordenanza número 38 de 2009, por la cual se
precisaron los límites territoriales del municipio de Tuchín.
Conforme a lo anterior, en el proceso debían comparecer como partes
demandadas la asamblea departamental y la Registraduría Nacional del Estado
Civil. En cuanto a la segunda, comoquiera que entre los actos acusados como
integrantes del acto complejo el actor incluyó las actas de escrutinio
contenidas en los formularios E-26 REF y E-24, documentos estos expedidos
por la Registraduría; por lo tanto, no era posible expedir un fallo sin su
comparecencia.
Finalmente, según lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, como se trata de
una acción pública, no hay lugar a condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
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Demandante: Guido César Sibaja Alean
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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