Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00438-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de repetición: no condena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00438-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00438-01
Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera
16 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPETICIÓN - No condena
SÍNTESIS DEL CASO: Durante febrero, marzo y abril de 2002, SUBATOURS LTDA., por solicitud de la Dirección de Personal, Oficina de Pasajes de la Armada Nacional, suministró, sin que mediara contrato, pasajes aéreos nacionales e internacionales, con el fin de trasladar, dentro y fuera del país, a los funcionarios de esa entidad pública. Como las facturas correspondientes al pago de los referidos pasajes aéreos no fueron canceladas por el Tesorero de la Armada Nacional, SUBATOURS LTDA., en ejercicio de la acción de reparación directa, demandó a la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional, con la finalidad de que se declarara la existencia de un enriquecimiento sin causa en favor de esa entidad pública, ya que solicitó y obtuvo el suministro de pasajes aéreos, sin que hubiera efectuado pago alguno por ese servicio. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 27 de octubre de 2004, declaró a la Nación –Ministerio de Defensa, Armada Nacional, patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a SUBATOURS LTDA. y, en consecuencia, la condenó a pagar $146’538.639, por concepto de los pasajes nacionales e internacionales que, durante febrero, marzo y abril de 2002, le suministró esa empresa, sin que mediara contrato que habilitara ese servicio. Para la época de los suministros de pasajes, el acá demandando ejercía el cargo de Director de Personal de la Armada Nacional. Así y como no se adelantó el procedimiento necesario para suscribir un contrato estatal con el cumplimiento de las formalidades plenas, la conducta de aquél estuvo prevalida de dolo y culpa grave, ya que con ello desconoció los principios de la contratación estatal contenidos en la ley 80 de 1993.
COMPETENCIA DE CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - En razón al criterio de conexidad
La Sala Plena de esta Corporación, mediante providencia de 11 de diciembre de 2007 , señaló que las normas generales de competencia en relación con las cuantías contempladas en el Código Contencioso Administrativo no son aplicables a las acciones de repetición, pues el artículo 7 de la ley 678 de 2001, norma especial y posterior, estableció un criterio de conexidad en virtud del cual, independientemente de la cuantía del proceso, cuando exista una sentencia condenatoria contra el Estado el juez competente para conocer de la acción de repetición es aquél que tramitó el proceso en el cual se produjo la condena por la cual se repite. Sin embargo, nada se dijo respecto de las instancias en que se debe tramitar el proceso iniciado en ejercicio de esta acción, razón por la que, una vez advertida la improcedencia de la aplicación de las normas de competencia consignadas en el Código Contencioso Administrativo, es necesario recurrir al precepto constitucional contemplado en el artículo 31 que prevé que todas las sentencias judiciales podrán ser apeladas o consultadas salvo las excepciones de ley. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del C.C.A. , la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 31 / DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129 / LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Noción. Definición. Concepto / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Noción. Definición. Concepto / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Noción. Definición. Concepto / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Acreditación / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Acreditación / FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA - No se configuró
La legitimación en la causa es un elemento sustancial relacionado con la calidad o el derecho que tiene una persona, como sujeto de la relación jurídica sustancial, para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda -legitimación por activa- frente a quien fue demandado -legitimación por pasiva-. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado. (…) es deber del juez determinar si la parte accionante está legitimada para reclamar la indemnización del daño y si el demandado es el llamado a responder por aquélla. Ante la falta de prueba sobre alguno de tales presupuestos, habrá lugar, indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda. En sub lite, el Tribunal a quo declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, en su sentir, la acá actora no probó que el demandando dio lugar a la condena por la cual se repitió, ya que no acreditó que éste autorizó la compra de los pasajes aéreos que se le adeudaban a SUBATOURS LTDA. La parte actora apeló esta decisión, (…) revisado el material probatorio se observa que, según las copias de las solicitudes de pasajes nacionales e internacionales, la Dirección de Personal de la Armada Nacional, Oficina de Pasajes, solicitó a SUBATOURS LTDA., durante febrero, marzo y abril de 2002, el suministro de pasajes para funcionarios de la Armada Nacional. (…) se observa que cada una de esas solicitudes fueron firmadas por el señor JAIME ALONSO PINZÓN VÁSQUEZ y que debajo de esa firma se indicó “ordenador del gasto”, lo cual indica que, al momento de firmarlas, dicho señor actuó prevalido de tal condición (ordenador del gasto); además, en la certificación emitida el 5 de agosto de 2010 por la Dirección de Personal de las Fuerzas Militares, Armada Nacional, se afirmó que el referido señor, “Para el periodo (sic) comprendido entre enero a junio de 2002, se desempeñó como Director de Personal de la Armada Nacional” (folio 12). (…) para la Sala resulta suficientemente clara la relación que existe entre los hechos que se alegaron como determinadores de la condena que dio lugar a la repetición y la persona que se llamó a responder por el pago de la misma, pues se pudo establecer que el señor PINZÓN VÁSQUEZ sí firmó, como ordenador del gasto y Director de Personal de la Armada Nacional para la época, las solicitudes de pasajes aéreos nacionales e internacionales entre febrero y marzo de 2002, pasajes cuya falta de pago dio lugar a la acción de reparación directa que interpuso SUBATOURS LTDA. en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Armada Nacional y que concluyó con la sentencia de condena en contra de ésta.(…) el acá demandado está llamado a integrar la relación jurídico procesal por pasiva y, en consecuencia, mal podría declararse su falta de legitimación en la causa. Otra cosa es que prosperen o no las pretensiones en su contra, lo cual solo podrá definirse si se estudia de fondo el asunto.(…) se revocará el fallo proferido por el a quo, en cuanto declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor JAIME ALONSO PINZÓN VÁSQUEZ y, en consecuencia, se procederá al análisis de los presupuestos de la acción de repetición incoada.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - No operó. La demanda se presentó de forma oportuna
Para la época en que ocurrieron los hechos que habrían dado lugar al pago de la suma de dinero a cargo de la entidad demandante (febrero a abril de 2002), la caducidad de la acción de repetición se regía por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, que dice: La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública”. Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas”. (…) bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del C.C.A., que empiezan a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago. (…) se aclara que la caducidad de la acción de repetición se produce, en principio, al cabo de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago, siempre que ese pago se realice dentro del plazo de los 18 meses previsto en el artículo 177 del C. C. A.; de lo contrario, el término de caducidad empezará a correr, indefectiblemente, a partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo –18 meses . (…) para dar inicio al cómputo del término de caducidad, la Sala tendrá en cuenta la fecha en que, conforme a la certificación suscrita por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa, la demandante afirmó haber efectuado el pago, esto es, 15 de diciembre de 2008, ello por cuanto entre este día y la fecha de ejecutoria de la sentencia que impuso la condena, no transcurrieron los dieciocho (18) meses a los cuales se refiere el citado artículo 177 .(…) el término de dos (2) años que concedió la ley para promover la acción de repetición trascurrió entre el 16 de diciembre de 2008 y el 16 de diciembre de 2010 Como la demanda fue presentada el 4 de noviembre de este último año, resulta claro que ello ocurrió dentro de la oportunidad prevista para tal fin. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Corte Constitucional, sentencia C - 832 de 2001
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 / LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
La acción de repetición tiene fundamento en la Constitución Política, toda vez que, en el contexto de la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos, se concibe como una defensa del patrimonio público, que se materializa a través de la posibilidad que tiene el Estado de recuperar dineros que debió pagar como consecuencia de condenas impuestas por las autoridades judiciales, las cuales se derivaron de la actuación dolosa o gravemente culposa de sus funcionarios. Debido a la ausencia de una definición legal de culpa grave y de dolo en la actuación del servidor público, la jurisprudencia de esta Corporación se remitió, originalmente, a la clasificación y definición dadas por el artículo 63 del Código Civil ; pero, posteriormente, consideró que los conceptos de la legislación civil debían armonizarse con normas de derecho público como los artículos 6, 83, 91 y 123 de la Constitución Política y aquellas que asignan funciones a los servidores en los reglamentos y manuales respectivos. (…) Conforme al inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y a las normas que lo desarrollan (leyes 270 de 1996 y 678 de 2001), para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición deben concurrir y reunirse los siguientes presupuestos y requisitos: i) que una entidad pública haya sido condenada en sentencia proferida por juez competente, a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma de solución de un conflicto, ii) que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma indicada en la sentencia condenatoria o en la conciliación o en otra forma de solución de un conflicto y iii) que la condena o la conciliación se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas .Los dos primeros corresponden a presupuestos objetivos necesarios para impetrar la acción y el último a un supuesto o elemento subjetivo que determina la responsabilidad del agente; así, para la prosperidad de la acción y, en consecuencia, para que proceda la declaratoria de responsabilidad del agente o ex agente, cada uno de ellos debe ser objeto de prueba.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 83 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 91 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 123 / LEY 270 DE 1996 / LEY 678 DE 2001
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Niega / CARENCIA PROBATORIA
El juez de la reparación directa tuvo en cuenta pruebas que no fueron arrimadas al presente juicio de repetición y que, por lo mismo, admitir la valoración que de ellas hizo otro juez vulneraría los principios básicos del derecho procesal, pues el acá demandando no tuvo posibilidad de controvertirlas en este proceso, ante lo cual debe ponerse de presente que dentro de aquel juicio (el de la reparación directa) el Ministerio de Defensa, Armada Nacional convocó, en calidad de llamado en garantía, a otro funcionario, de quien afirmó “… se desempeñó como Director de Personal de la Armada durante el mes de abril de 2002, tiempo durante el cual se solicitaron y obtuvieron los pasajes de la empresa SUBATOURS LTDA.” , de suerte que el señor Pinzón Vásquez ni siquiera fue vinculado al proceso de reparación directa y que sirvió de base para imponer la condena por la cual se repite en el proceso que ahora se decide. (…) teniendo en cuenta que, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y, en este caso, como la parte demandante no satisfizo la carga probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que no allegó al proceso prueba alguna –se reitera- que demuestre que el señor Pinzón Vásquez actuó con dolo o con culpa grave, cuando ejecutó los hechos que dieron origen a la condena que acá se pide repetir, se impone negar las pretensiones de la demanda. Se precisa que, en diferentes oportunidades, la Sala de Sección, ha puesto de presente la importancia de probar la culpa grave o el dolo en la actuación del demandado;
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00438-01(47649)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado: JAIME ALONSO PINZÓN VÁSQUEZ
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 28 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso.
“PRIMERO: Declarar de oficio la falta de legitimación por pasiva del demandado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva”.
ANTECEDENTES:
Mediante escrito presentado el 4 de noviembre de 2010, la Nación –Ministerio de Defensa, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de repetición, formuló demanda contra el señor JAIME ALONSO PINZÓN VÁSQUEZ, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad del demandado y el consecuencial reintegro de los dineros que aquélla tuvo que pagar a SUBATOURS LTDA., como consecuencia de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 27 de octubre de 2004, dentro de un proceso de reparación directa que se adelantó en su contra, por el suministro de pasajes aéreos sin que mediara contrato para ello.
En apoyo de sus pretensiones, la actora relató -en síntesis- que, durante febrero, marzo y abril de 2002, SUBATOURS LTDA., por solicitud de la Dirección de Personal, Oficina de Pasajes de la Armada Nacional, suministró, sin que mediara contrato, pasajes aéreos nacionales e internacionales, con el fin de trasladar, dentro y fuera del país, a los funcionarios de esa entidad pública.
Como las facturas correspondientes al pago de los referidos pasajes aéreos no fueron canceladas por el Tesorero de la Armada Nacional, SUBATOURS LTDA., en ejercicio de la acción de reparación directa, demandó a la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional, con la finalidad de que se declarara la existencia de un enriquecimiento sin causa en favor de esa entidad pública, ya que solicitó y obtuvo el suministro de pasajes aéreos, sin que hubiera efectuado pago alguno por ese servicio.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 27 de octubre de 2004, declaró a la Nación –Ministerio de Defensa, Armada Nacional, patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a SUBATOURS LTDA. y, en consecuencia, la condenó a pagar $146’538.639, por concepto de los pasajes nacionales e internacionales que, durante febrero, marzo y abril de 2002, le suministró esa empresa, sin que mediara contrato que habilitara ese servicio.
Para la época de los suministros de pasajes, el acá demandando ejercía el cargo de Director de Personal de la Armada Nacional.
Así y como no se adelantó el procedimiento necesario para suscribir un contrato estatal con el cumplimiento de las formalidades plenas, la conducta de aquél estuvo prevalida de dolo y culpa grave, ya que con ello desconoció los principios de la contratación estatal contenidos en la ley 80 de 1993.
2. La demanda fue admitida el 25 de mayo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; pero, como no fue posible ubicar al demandado, se le emplazó (folio 206) y, posteriormente, se le nombró curador ad litem (folio 211), quien, una vez posesionado, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones, para lo cual dijo atenerse a lo que se pruebe en el proceso.
3. Vencido el período probatorio, abierto por auto del 22 de febrero de 2012, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para emitir concepto.
3.1 La parte actora reiteró lo dicho en la demanda y precisó que el daño que dio lugar a la condena se produjo como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del acá demandado, quien, como Director de Personal de la Armada Nacional, firmó las solicitudes de pasajes aéreos y requirió a SUBATOURS para que los suministrara, sin que mediara contrato para ello y sin contar con disponibilidad presupuestal, con lo cual desconoció los preceptos normativos que regulan la contratación estatal.
3.2 El curador ad litem no intervino y el Ministerio Público no emitió concepto.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
En sentencia del 28 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo Cundinamarca declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva, para lo cual sostuvo (se transcribe tal como obra):
“Al tenor del artículo 2341 y 2343 del Código Civil, ‘es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos’, lo cual significa que en materia de responsabilidad del funcionario por condena impuesta al Estado, según lo establecido en el artículo 90 de la C.P., quien debe indemnizar el perjuicio es el funcionario que lo causó.
“Para decidir el caso sub examine, es necesario estudiar el fenómeno de la legitimación en la causa que es, en este caso, definitivo para establecer si las pretensiones procesales están llamadas a prosperar o no.
“La legitimación en la causa consiste en la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho.
“El problema de la legitimación consiste en individualizar la persona a la cual corresponde el interés para accionar y la persona frente a la cual se impetra el derecho pretendido. La legitimación como requisito de la acción, es una condición de la providencia de fondo sobre la demanda; indica, pues, para cada proceso, las justas partes, las partes legítimas, esto es, las personas que deben estar presentes a fin de que el juez pueda proveer sobre un determinado objeto.
“(…)
“En el presente caso, una vez revisado el expediente la Sala encuentra que la Nación- Ministerio de Defensa Nacional reclamó el pago que ellos hicieron a la empresa Subatours Ltda por … pasajes aéreos nacionales e internacionales en los meses de febrero, marzo y abril de 2002, según la parte actora por orden del señor Jaime Alfonso Pinzón Vásquez, sin embargo en el expediente no obra prueba idónea de que el señor Jaime Alfonso Pinzón Vásquez haya sido el que ordenó la compra de esos tiquetes, ya que en la sentencia de Reparación Directa que condenó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional en la parte del trámite y actuación procesal hace referencia a que la demandada (Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional) solicitó el llamamiento en garantía del capitán Navío Cañón Murcia Daniel, quien se desempeñaba como Director de Personal de la Armada durante el mes de abril de 2002, tiempo durante el cual solicitaron y obtuvieron los pasajes de la empresa Subatours, a lo cual el Tribunal aceptó el llamamiento en garantía y ordenó la notificación del Capitán Cañón Murcia Daniel, se venció el término de traslado sin que el interesado hubiera pagado el valor de tales expensas.
“En la sentencia de Reparación Directa donde se condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional a pagar a la empresa Subatours el costo de los pasajes … no se menciona en ningún momento al señor Jaime Alfonso Pinzón Vásquez, al contrario se dice que el Director de Personal de la Armada de esa época era el capitán Navío Cañón Murcia Daniel.
“Igualmente encuentra la Sala que … se ofició al jefe de Divisiones de Control y Gastos de Personal de la Armada para que certifique si el señor Jaime Alfonso … ordenó el gasto de los tiquetes … en respuesta al oficio ... adujo que una vez verificado el archivo que reposa en la dirección no se encontró oficio alguno en el que el señor Jaime Alfonso … ordenara el gasto de los tiquetes referidos.
“Así mismo, dentro del Acta del Comité de Conciliación que ordena repetir … se lee … que dentro del informativo disciplinario no se pudo establecer plenamente, la identificación de los implicados debido al escaso acervo probatorio”.
Recurso de apelación
Inconforme con la decisión anterior y encontrándose dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que, en este caso, el acá demandado sí está legitimado en la causa por pasiva, pues, en su sentir, para la fecha en que sucedieron los hechos que dieron lugar a la condena, esto es, entre febrero, marzo y abril de 2002, cuando SUBATOURS le suministró a la Armada Nacional los pasajes aéreos, sin que mediara contrato para ello, el señor ALFONSO PINZÓN VÁSQUEZ se desempeñaba como Director del Personal de la Armada Nacional y, en ejercicio de ese cargo, solicitó los pasajes aéreos.
Precisó que las solicitudes de pasajes nacionales e internacionales, en favor de las Fuerzas Militares, entre febrero y abril de 2002, las cuales se aportaron al proceso, están firmadas por el capitán de navío JAIME ALONSO PINZÓN VÁSQUEZ, en calidad de Director de Personal para esa época y, además, que el jefe de la “división de hojas de vida” de las Fuerzas Militares certificó que el referido señor desempeñó el cargo de Director de Personal hasta noviembre de 2002.
Por lo anterior, a juicio de la demandante, el señor PINZÓN VÁSQUEZ está legitimado en la causa para concurrir al proceso en calidad de demandado y, en consecuencia, es la persona llamada a reintegrar el pago de la condena, ya que, con su conducta constitutiva de culpa grave, dio lugar a aquélla.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA:
El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue concedido el 28 de mayo de 2013 y admitido por esta Corporación mediante auto del 14 de agosto siguiente.
El 18 de septiembre de 2013, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para rendir concepto.
La parte demandante reiteró que están dados los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, pues se acreditó: i) que el Ministerio de Defensa fue condenado a pagar a SUBATOURS los daños que le causó por el suministro de pasajes aéreos, sin que éstos fueran cancelados y ii) que ese daño antijurídico ocurrió por la conducta gravemente culposa del capitán de navío JAIME ALONSO PINZÓN VÁSQUEZ, quien, como Director de Personal de la Armada Nacional, ordenó ese gasto, sin que mediara contrato ni disponibilidad presupuestal.
Añadió que el demandado sí está legitimado en la causa por pasiva, ya que los documentos aportados al proceso prueban que fue él quien, como Director de Personal, ordenó el gasto de los pasajes aéreos.
El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder a las pretensiones, pues, en su criterio, la parte actora acreditó fehacientemente que las solicitudes de viáticos fueron firmadas por el acá demandado, quien, para la fecha, fungía como Director de Personal de la Armada Nacional y, en consecuencia, tenía la facultad para ordenar el gasto.
La parte demandada no intervino.
V. CONSIDERACIONES:
Competencia
La Sala Plena de esta Corporación, mediante providencia de 11 de diciembre de 2007, señaló que las normas generales de competencia en relación con las cuantías contempladas en el Código Contencioso Administrativo no son aplicables a las acciones de repetición, pues el artículo 7 de la ley 678 de 2001, norma especial y posterior, estableció un criterio de conexidad en virtud del cual, independientemente de la cuantía del proceso, cuando exista una sentencia condenatoria contra el Estado el juez competente para conocer de la acción de repetición es aquél que tramitó el proceso en el cual se produjo la condena por la cual se repite.
Sin embargo, nada se dijo respecto de las instancias en que se debe tramitar el proceso iniciado en ejercicio de esta acción, razón por la que, una vez advertida la improcedencia de la aplicación de las normas de competencia consignadas en el Código Contencioso Administrativo, es necesario recurrir al precepto constitucional contemplado en el artículo 31 que prevé que todas las sentencias judiciales podrán ser apeladas o consultadas salvo las excepciones de ley.
Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del C.C.A. , la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Legitimación en la causa por pasiva
La legitimación en la causa es un elemento sustancial relacionado con la calidad o el derecho que tiene una persona, como sujeto de la relación jurídica sustancial, para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda -legitimación por activa- frente a quien fue demandado -legitimación por pasiva-. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado.
Así las cosas, es deber del juez determinar si la parte accionante está legitimada para reclamar la indemnización del daño y si el demandado es el llamado a responder por aquélla. Ante la falta de prueba sobre alguno de tales presupuestos, habrá lugar, indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda.
En sub lite, el Tribunal a quo declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, en su sentir, la acá actora no probó que el demandando dio lugar a la condena por la cual se repitió, ya que no acreditó que éste autorizó la compra de los pasajes aéreos que se le adeudaban a SUBATOURS LTDA.
La parte actora apeló esta decisión, para lo cual sostuvo que en el proceso se acreditó, mediante la prueba documental, que el señor PINZÓN VÁSQUEZ, como Director de Personal de la Armada Nacional, fue quien ordenó la compra de los pasajes aéreos que SUBATOURS LTDA. suministró a esa institución durante febrero, marzo y abril de 2002.
Pues bien, revisado el material probatorio se observa que, según las copias de las solicitudes de pasajes nacionales e internacionales visibles a folios 13 a 125 del cuaderno 1, la Dirección de Personal de la Armada Nacional, Oficina de Pasajes, solicitó a SUBATOURS LTDA., durante febrero, marzo y abril de 2002, el suministro de pasajes para funcionarios de la Armada Nacional.
También se observa que cada una de esas solicitudes fueron firmadas por el señor JAIME ALONSO PINZÓN VÁSQUEZ y que debajo de esa firma se indicó “ordenador del gasto”, lo cual indica que, al momento de firmarlas, dicho señor actuó prevalido de tal condición (ordenador del gasto); además, en la certificación emitida el 5 de agosto de 2010 por la Dirección de Personal de las Fuerzas Militares, Armada Nacional, se afirmó que el referido señor, “Para el periodo (sic) comprendido entre enero a junio de 2002, se desempeñó como Director de Personal de la Armada Nacional” (folio 12).
De los anteriores elementos de juicio, para la Sala resulta suficientemente clara la relación que existe entre los hechos que se alegaron como determinadores de la condena que dio lugar a la repetición y la persona que se llamó a responder por el pago de la misma, pues se pudo establecer que el señor PINZÓN VÁSQUEZ sí firmó, como ordenador del gasto y Director de Personal de la Armada Nacional para la época, las solicitudes de pasajes aéreos nacionales e internacionales entre febrero y marzo de 2002, pasajes cuya falta de pago dio lugar a la acción de reparación directa que interpuso SUBATOURS LTDA. en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Armada Nacional y que concluyó con la sentencia de condena en contra de ésta.
En estas condiciones, el acá demandado está llamado a integrar la relación jurídico procesal por pasiva y, en consecuencia, mal podría declararse su falta de legitimación en la causa. Otra cosa es que prosperen o no las pretensiones en su contra, lo cual solo podrá definirse si se estudia de fondo el asunto.
Así, se revocará el fallo proferido por el a quo, en cuanto declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor JAIME ALONSO PINZÓN VÁSQUEZ y, en consecuencia, se procederá al análisis de los presupuestos de la acción de repetición incoada.
Oportunidad de la acción
Para la época en que ocurrieron los hechos que habrían dado lugar al pago de la suma de dinero a cargo de la entidad demandante (febrero a abril de 2002), la caducidad de la acción de repetición se regía por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, que dice:
“La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública” (se subraya).
“Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas”.
El texto subrayado fue declarado exequible condicionalmente, mediante sentencia C - 832 de 2001, bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del C.C.A., que empiezan a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago.
Así, pues, se aclara que la caducidad de la acción de repetición se produce, en principio, al cabo de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago, siempre que ese pago se realice dentro del plazo de los 18 meses previsto en el artículo 177 del C. C. A.; de lo contrario, el término de caducidad empezará a correr, indefectiblemente, a partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo –18 meses–.
En este asunto, para dar inicio al cómputo del término de caducidad, la Sala tendrá en cuenta la fecha en que, conforme a la certificación suscrita por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa, la demandante afirmó haber efectuado el pago, esto es, 15 de diciembre de 2008, ello por cuanto entre este día y la fecha de ejecutoria de la sentencia que impuso la condena, no transcurrieron los dieciocho (18) meses a los cuales se refiere el citado artículo 177.
Así, el término de dos (2) años que concedió la ley para promover la acción de repetición trascurrió entre el 16 de diciembre de 2008 y el 16 de diciembre de 2010 Como la demanda fue presentada el 4 de noviembre de este último año, resulta claro que ello ocurrió dentro de la oportunidad prevista para tal fin.
Naturaleza de la acción de repetición
La acción de repetición tiene fundamento en la Constitución Política, toda vez que, en el contexto de la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos, se concibe como una defensa del patrimonio público, que se materializa a través de la posibilidad que tiene el Estado de recuperar dineros que debió pagar como consecuencia de condenas impuestas por las autoridades judiciales, las cuales se derivaron de la actuación dolosa o gravemente culposa de sus funcionarios.
Debido a la ausencia de una definición legal de culpa grave y de dolo en la actuación del servidor público, la jurisprudencia de esta Corporación se remitió, originalmente, a la clasificación y definición dadas por el artículo 63 del Código Civil; pero, posteriormente, consideró que los conceptos de la legislación civil debían armonizarse con normas de derecho público como los artículos 6, 83, 91 y 123 de la Constitución Política y aquellas que asignan funciones a los servidores en los reglamentos y manuales respectivos.
Al respecto, señaló:
“De conformidad con el art. 28 del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su significado natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero (sic) cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal.
“Por su parte, el art. 63 de la misma obra señala que
‘La ley distingue tres especies de culpa o descuido:
‘Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
‘Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
‘El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
‘Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
‘El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro’.
“Estas previsiones, sin embargo, deben armonizarse con lo que dispone el artículo 6º de la Carta Política, el cual señala que los servidores públicos son responsables no sólo por infringir la Constitución y las leyes como lo son los particulares, sino también por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones; así mismo (sic) con el artículo 91 de la misma obra (sic) que no exime de responsabilidad al agente que ejecuta un mandato superior, en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona.
“Igualmente, el juez debe valorar la asignación de funciones señaladas en el reglamento o manual de funciones sin que dicho reglamento pueda, de ningún modo, como lo sugieren algunos, entrar a definir cuáles conductas pueden calificarse de culpa grave o dolo (sic) por cuanto este es un aspecto que la Carta ha deferido a la reserva de ley (artículo 124 Constitución Política).
“De aquí se desprende que (sic) si bien los conceptos de culpa penal y culpa civil pueden equipararse, el juez administrativo (sic) al momento de apreciar la conducta del funcionario público para determinar si ha incurrido en culpa grave o dolo, no debe limitarse a tener en cuenta únicamente la definición que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al modelo del buen padre de familia para establecerla por comparación con la conducta que en abstracto habría de esperarse del ‘buen servidor público’, sino que deberá referirla también a los preceptos constitucionales que delimitan esa responsabilidad (artículos 6 y 91 de la C.P.)” (se resalta).
Posteriormente, la Sala sostuvo:
“Así frente a estos conceptos, el Consejo de Estado dijo que (sic) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso (sic) que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.
“Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como (sic) por ejemplo, contratos, bienes y familia” (se resalta).
Presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición
Conforme al inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y a las normas que lo desarrollan (leyes 270 de 1996 y 678 de 2001), para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición deben concurrir y reunirse los siguientes presupuestos y requisitos: i) que una entidad pública haya sido condenada en sentencia proferida por juez competente, a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma de solución de un conflicto, ii) que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma indicada en la sentencia condenatoria o en la conciliación o en otra forma de solución de un conflicto y iii) que la condena o la conciliación se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas.
Los dos primeros corresponden a presupuestos objetivos necesarios para impetrar la acción y el último a un supuesto o elemento subjetivo que determina la responsabilidad del agente; así, para la prosperidad de la acción y, en consecuencia, para que proceda la declaratoria de responsabilidad del agente o ex agente, cada uno de ellos debe ser objeto de prueba.
Análisis de los presupuestos. Caso concreto
Primer presupuesto: la condena
Está demostrado en el proceso que, mediante sentencia del 27 de octubre de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, declaró a la Nación –Ministerio de Defensa, Armada Nacional, patrimonialmente responsable del enriquecimiento sin causa al cual dio lugar, por el suministro de pasajes aéreos que recibió sin que mediara un contrato estatal que así lo habilitara; en consecuencia, la condenó al pago de $146’538.639.oo, por concepto de los perjuicios materiales que le causó a SUBATOURS LTDA.
Segundo presupuesto: el pago de la condena
Respecto del pago de la condena, obran en la foliatura los siguientes elementos de prueba:
La resolución 4907 del 7 de noviembre de 2008, a través de la cual, en cumplimiento de la sentencia del 27 de octubre de 2004, la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa ordenó pagar $167’697.854.94, por concepto de capital más intereses, a favor de SUBATOURS LTDA., “… a través del señor GUSTAVO DELGADO GARAVITO”, en calidad de gerente general de esa empresa.
Una certificación suscrita por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa, en la cual informó que la resolución 4907 del 7 de noviembre de 2008, por valor de $167’697.854.94, se canceló a favor de SUBATOURS LTDA., (se transcribe literal) “… A TRAVES DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA No. 850011016 DEL BANCO BBVA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008”.
Una certificación suscrita por el gerente del banco BBVA, sucursal “Centro Suba”, en la cual informó que “El titular de la cuenta corriente número 0013850000100011016 es la sociedad SUBATOURS SAS” y, además, que “De acuerdo con la consulta efectuada se pudo establecer que el día 15 de diciembre de 2008, se registró un abono a la mencionada cuenta por valor de $161.087.857,45 … correspondiente al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO” .
Debe aclarase que, según el certificado de existencia y representación legal 3019020255 de la Cámara de Comercio de Bogotá: i) el 15 de septiembre de 2013, se inscribió la constitución de la sociedad comercial SUBATOURS LTDA. y ii) el 24 de octubre de 2013, (se transcribe literal) “LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SUBATOURS SAS”, de allí a que no haya lugar a equívocos, en cuanto a que SUBATOURS LTDA. (como figura en los documentos remitidos por la accionante) y SUBATOURS SAS (como se indica en la certificación bancaria), es una misma persona jurídica que, en 2013, cambio de naturaleza jurídica.
Así las cosas, para la Sala, los documentos aportados demuestran el pago efectivo de la condena impuesta en contra de la entidad accionante, pues, a partir de ellos, es posible verificar que, en efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en una orden judicial, el Ministerio de Hacienda (que administra la cuenta del tesoro nacional) realizó una transacción bancaria a la cuenta de SUBATOURS SAS, antes SUBATOURS LTDA., la cual resultó exitosa; así, se tiene certeza del cumplimiento de la obligación de pago.
Ahora bien, aunque en las certificaciones emitidas por la tesorería de la entidad accionante y por el gerente del banco, respectivamente, se indicaron valores distintos respecto de la transacción bancaria ($167’697.854.94 y $161.087.857,45), tal diferencia no impide tener certeza del pago, pues no le resta credibilidad al hecho de que la transacción sí se efectuó y que la misma resultó exitosa. Pueda que tal diferencia corresponda a costos administrativos o financieros, propios de las operaciones bancarias, o a retenciones por impuestos, por ejemplo.
Tercer presupuesto: prueba del dolo o de la culpa grave
Como se dijo antes, para que se pueda imputar responsabilidad al demandado en repetición se requiere demostrar que éste actuó con dolo o con culpa grave y que dicha actuación la realizó en calidad de servidor o ex servidor público o de particular investido de funciones públicas y con ocasión del ejercicio de éstas o a propósito de la prestación del servicio.
De la conducta del señor Jaime Alonso Pinzón Vásquez y de su calidad de agente del Estado en el proceso obran, únicamente, los siguientes elementos de juicio:
Copia de la sentencia del 30 de enero de 2001, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, condenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, por los perjuicios causados a SUBATOURS LTDA., con ocasión del enriquecimiento sin causa al cual dio lugar la Armada, por cuenta del suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales que no le fueron cancelados a la mencionada sociedad, suministro que se produjo sin causa jurídica, pues el referido ministerio no celebró contrato alguno para ello; sobre el particular, en el fallo citado se sostuvo (se transcribe literal):
“Llevados los anteriores planteamientos al caso concreto, se tiene que se configuran todos los elementos que tipifican la acción de enriquecimiento sin causa, de esta manera, según el Oficio … de las Fuerzas Militares de Colombia –Armada Nacional se hace constar que se encuentra pendiente el pago a favor de SUBATOURS LTDA., por la suma de $53.748.476 por concepto de Pasajes Nacionales y $77.048.458 por concepto de Pasajes Internacionales … igual situación se verifica en la Constancia del Jefe de la División de la Tesorería de la Armada Nacional que informa que a 8 de noviembre de 2002, no se había cancelado las sumas de dinero antes relacionadas … En consecuencia se ha dado el enriquecimiento de la NACION –ARMADA NACIONAL al no pagar las referidos pasajes a favor de SUBATOURS LTDA quien de modo correlativo se ha empobrecido al expedir pasajes sin obtener pago alguno.
“Existe además, una relación de casualidad entre el enriquecimiento de la entidad pública y el empobrecimiento de la empresa SUBATOURS, puesto que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida de una o otra es una misma, es decir el detrimento patrimonial de la demandante deviene única y exclusivamente a la renuencia a pagar los pasajes aéreos por parte de la demandada.
“Se evidencia también que el desequilibrio económico entre las partes es injusto, pues se produjo sin causa jurídica que lo sustente, situación que se evidencia en el oficio No. 090936 por el Director del Personal de la Armada dirigido a esta Corporación en el que consta: ‘Con toda atención me permito informar que en la fecha se expidieron los pasajes Nacionales e Internacionales motivo de la presente reparación directa, no había contrato suscrito a la Agencia Subatours –Armada Nacional’”.
Copias de las solicitudes de pasajes nacionales e internacionales emitidas por la Dirección de Personal de las Fuerzas Militares, entre febrero, marzo y abril de 2002, firmadas por el señor Jaime Alonso Pinzón Vásquez, como “ordenador del gasto”, algunas de las cuales tiene como destinatario a SUBATOURS LTDA..
Una certificación suscrita por el Jefe de la División de Hojas de Vida de las Fuerzas Militares, Armada Nacional, en la cual se dice que el señor Jaime Alonso Pinzón Vásquez se desempeñó como director de personal entre el 27 de febrero y el 4 de noviembre de 2002, con funciones relacionadas con el manejo, control y evaluación del personal de la Armada Nacional.
Valorado el escueto material probatorio, advierte la Sala que la parte demandante no acreditó el dolo o la culpa grave del señor Jaime Alonso Pinzón Vásquez, por cuanto las únicas pruebas que allegó sobre el particular solo dan cuenta de que: i) aquélla fue condenada como consecuencia del enriquecimiento sin causa que declaró el juez administrativo que conoció de la acción de reparación directa que incoó SUBATOURS LDTA., por el suministro de pasajes aéreos que no le fueron cancelados y ii) aquél firmó como ordenador del gasto unas solicitudes de pasajes aéreos durante los meses en los cuales fungía como director de personal de la Armada Nacional, con funciones relacionadas con la coordinación y manejo de esa dependencia.
Sin embargo, de lo anterior no es posible colegir una actuación dolosa o gravemente culposa por parte del señor Pinzón Vásquez con la cual haya dado lugar a la condena que se impuso en contra de la acá actora.
Es cierto que en la sentencia que definió la acción de reparación directa el juez, luego de la valoración probatoria que le dio a los elementos de juicio que obraban en ese proceso, declaró la existencia de un enriquecimiento sin causa a favor de la Armada Nacional, derivado del suministro por parte de SUBATOURS LTDA., de unos pasajes aéreos que aquélla no canceló, pues para tal propósito no se suscribió contrato estatal alguno que habilitara ese suministro; pero, es también cierto que tal decisión del juez de la reparación no es suficiente para calificar la conducta del acá accionado ni ata la decisión que deba adoptarse en el presente juicio de repetición.
Resulta claro que cada juez debe hacer su propia valoración probatoria para así formar su juicio particular en torno a los hechos objeto de debate que él debe decidir, para lo cual no está ni puede estar sujeto a las apreciaciones u opiniones de otro juez, las cuales no solo apuntan a juzgar cuestiones distintas, sino que, además, bien podrían ser equivocadas o simplemente no coincidir con las que se deben definir.
Debe recordarse que, conforme al principio de inmediación de la prueba, para obtener la verdad real de los hechos solamente el juez que ha tenido contacto directo con la que ha sido recaudada es el idóneo para proferir una decisión ajustada a derecho. Se desconoce de manera flagrante ese principio, por ende, cuando no se valora el medio probatorio directamente, sino que se toma en cuenta la valoración que de él ha hecho un funcionario judicial diferente.
Ahora, debe agregarse que, para formar su convencimiento, el juez de la reparación directa tuvo en cuenta pruebas que no fueron arrimadas al presente juicio de repetición y que, por lo mismo, admitir la valoración que de ellas hizo otro juez vulneraría los principios básicos del derecho procesal, pues el acá demandando no tuvo posibilidad de controvertirlas en este proceso, ante lo cual debe ponerse de presente que dentro de aquel juicio (el de la reparación directa) el Ministerio de Defensa, Armada Nacional convocó, en calidad de llamado en garantía, a otro funcionario, de quien afirmó “… se desempeñó como Director de Personal de la Armada durante el mes de abril de 2002, tiempo durante el cual se solicitaron y obtuvieron los pasajes de la empresa SUBATOURS LTDA.”, de suerte que el señor Pinzón Vásquez ni siquiera fue vinculado al proceso de reparación directa y que sirvió de base para imponer la condena por la cual se repite en el proceso que ahora se decide.
Así las cosas, teniendo en cuenta que, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y, en este caso, como la parte demandante no satisfizo la carga probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que no allegó al proceso prueba alguna –se reitera- que demuestre que el señor Pinzón Vásquez actuó con dolo o con culpa grave, cuando ejecutó los hechos que dieron origen a la condena que acá se pide repetir, se impone negar las pretensiones de la demanda.
Se precisa que, en diferentes oportunidades, la Sala de Sección, ha puesto de presente la importancia de probar la culpa grave o el dolo en la actuación del demandado; al respecto, ha dicho:
“v) Sin embargo, no parece debidamente acreditado que el demandado hubiese actuado con dolo o culpa grave, toda vez, que el demandante no aportó prueba alguna al respecto.
“En efecto, en relación con este asunto, el actor se limitó aportar con la demanda fotocopias autenticadas de las sentencias de primera y segunda instancia, -que, se insiste, son importantes para acreditar algunos de los aspectos expuestos, como son los relacionados con el daño antijurídico causado por la Administración y la consecuencial condena judicial-, pero se abstuvo de aportar o solicitar la práctica de pruebas tendientes a acreditar que el demandado actuó con dolo o con culpa grave.
“Ante tal omisión, no resulta posible dictar sentencia estimatoria de las pretensiones, toda vez que las pruebas idóneas, regular y debidamente arrimadas al proceso, que acrediten que la conducta del demandado fue dolosa o gravemente culposa resultan indispensables, en la acción de repetición, para condenar al demandado y, (sic) ni lo dicho en las sentencias que condenaron al Estado, ni la valoración probatoria en ellas contenida puede entenderse como suficiente para suplir la omisión mencionada”.
Por lo anterior, se revocará sentencia recurrida, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 28 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión.
SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
TERCERO: ABSTIÉNESE de condenar en costas.
CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, para lo pertinente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 255, cdno. ppal. Según sello de presentación personal visible a folio145 rvso., cdno. 1. Inicialmente el proceso fue conocido por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá; sin embargo, mediante auto del 5 de abril de 2011, el Juez declaró la nulidad de su actuación, por falta de competencia funcional y, en consecuencia, remitió el asunto al conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (folio 193 y folios 187 a 189, cdno. 1). Folios 215 y 216, cdno. 1. Folios 253 y 254, cdno. ppal. Folio 271, cdno. ppal. Folio 275, cdno. ppal. Folio 279, cdno. ppal. Folios 265 a 279, cdno. ppal. Expediente 2007-00433. Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo (sic) conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos (…)”. Las cuales serán objeto de valoración, pese a que obran en copia simple, pues la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica que debe imperar en las actuaciones judiciales, avaló la posibilidad de dar valor probatorio a las copias simples que obren en los procesos, siempre que éstas no hayan sido cuestionadas en su veracidad por la contraparte o frente a las cuales no se haya promovido incidente de tacha de falsedad (criterio mayoritario que el ponente de esta decisión no comparte, pero que acata). Ver, entre otras, sentencia del 26 de febrero de 2014, expediente 48.214. El 11 de octubre de 2018, la Sala de esta Subsección decretó prueba de oficio tendiente a establecer la fecha en la cual cobró fuerza ejecutoria la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de octubre de 2004, a través de la cual se dispuso la condena que dio lugar a la acción de repetición (folios 302 y 303). En respuesta, ese Tribunal informó que la sentencia del 27 de octubre de 2004, modificada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en fallo del 26 de mayo de 2010, cobró ejecutoria el 3 de marzo de 2011 (folio 306). Esta fundamentación constitucional encuentra principalmente asiento en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, así como en otras disposiciones constitucionales, como los artículos 6 y 91. Sobre este soporte de la Carta Fundamental se pronunció la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-778 de 2003, en la que se decidió la constitucionalidad de algunas disposiciones demandadas de la Ley 678 de 2001. Sobre las características de la acción de repetición, vale la pena anotar que esta Sección ha señalado que no necesariamente debe existir una condena en contra del Estado, toda vez que el pago hecho por éste puede ocurrir como consecuencia de un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Así mismo, ha sostenido la Sala que la acción de repetición no solo se puede ejercer contra funcionarios, sino también contra particulares que actúen en ejercicio de funciones públicas. También en sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8483: “El cumplimiento negligente e irresponsable de las obligaciones que le correspondían al funcionario llamado en garantía, (sic) configura su culpa grave como causa del perjuicio recibido por el demandante. Esta culpa, definida por el artículo 63 del Código Civil que siguiendo al Derecho Romano la asimila al dolo, es aquella que consiste ‘en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios’. Toda vez que el perjuicio por el cual debe responder la entidad demandada, (sic) tuvo como causa una conducta gravemente culposa de su agente, dicha entidad deberá repetir contra él, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 90 de la C. P.”. Sentencia del 31 de agosto de 1999, expediente 10.865. Sentencia del 27 de noviembre de 2006, expediente 16.171. Sentencia de 31 de agosto de 2006, expediente 17.482.
Folios 119 a 127, cdno. 1. Folios 9 y 44, cdno. 2. Folio 10, cdno. 1
Con el fin de establecer: i) la titularidad de la cuenta bancaria referida en la certificación suscrita por la tesorera de la entidad y ii) si se había efectuado o no la transacción que allí se indicó, la Sala, en auto de prueba de oficio (folios 308 y 309, cdno. ppal.), requirió al banco BBVA para que diera información al respecto. En respuesta, el referido banco emitió certificación en los términos transcritos. Consultado a través de: HYPERLINK "http://www.ccs.org.co" www.ccs.org.co
Ver decreto 2785 de 2013. Folios 132 y 133, cdno. 1. Folios 13 a 125, cdno. 1. Folio 128, cdno. 1
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006 (expediente: 21.926).
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