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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01152-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01152-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1º. Confírmase la sentencia de 5 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Carlos Alberto Ramírez Ramírez contra la Nación – 18 En similar sentido se pronunció esta subsección, en sentencias de (i) 1° de diciembre de 2016, C. P. César Palomino Cortés, expediente 41001-23-31-000-2003-00401-01 (1129-2014); y (ii) 7 de abril de 2022, expediente 25000-23-42-000-2016-05089-02 (61-2021), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter. 16 Expediente: 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Carlos Alberto Ramírez Ramírez contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01152-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021)
Demandante : Carlos Alberto Ramírez Ramírez
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional
Tema : Retiro por llamamiento a calificar servicios

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 5 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso
del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 113 a 133). El señor Carlos Alberto Ramírez Ramírez,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 6910 de 12 de agosto
de 2015, por la que la demandada dispuso el retiro del actor por llamamiento a
calificar servicios.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene (i) su reintegro al servicio activo de la Policía Nacional, «[…] a su cargo
y en el grado que corresponda […]», sin solución de continuidad; (ii) pagar los
salarios y prestaciones dejados de devengar desde la fecha de desvinculación
hasta cuando sea reincorporado, debidamente indexados; y (iii) dar
cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que ingresó a la Escuela de
Cadetes de Policía «General Francisco de Paula Santander» el 13 de enero de
1997 y, a través de Resolución 2438 de 28 de noviembre de 2012, «[…] fue
ascendido al grado de Teniente Coronel […], al haber superado el análisis de
trayectoria» (sic).

Expediente: 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Ramírez Ramírez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional

Que el 12 de agosto de 2015 el Ministerio de Defensa Nacional lo removió del
servicio activo por llamamiento a calificar servicios (Resolución 6910),
mientras se desempeñaba como comandante del distrito uno de policía de
Yarumal (Antioquia), a pesar de que «[…] NO LE FIGURABAN suspensiones
o sanciones; así como tampoco investigaciones de carácter Administrativo,
disciplinario ni penal» (sic).

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto administrativo acusado los artículos 1º, 2º, 4º, 6º,
13, 25, 29 y 125 de la Constitución Política; 1º, 2º, 3º, 10, 36, 40, 41, 138 y 206
del CPACA; y 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo (CST); la Ley 857 de
2003; y los Decretos 1212 de 1990, 573 de 1995; 1791, 1799 y 1800 de 2000;
1157 de 2014 y 1338 de 2015.

Aduce que «[…] para la fecha en que le fuera notificada la Resolución 6910
del 12 de agosto de 2015, por medio de la cual se retiró del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios […], contaba con 2 años 7 meses y 18 días en
el grado [teniente coronel], no encontrándose en época para ser evaluada su
trayectoria policial, y profesional como quiera que […] hace parte del Curso
18 de Oficiales profesionales de la Policía Nacional, homologado con el curso
66, los cuales deberán ser evaluados en el segundo semestre del año 2017 con
el fin de determinar quienes ascienden al grado de Coronel. Es decir, [ese] acto
administrativo […] se produjo en momentos en que no era el tiempo para
evaluar […] y además no existía ningún tipo de razón que diera cuenta de un
posible mal desempeño o presunta conducta irregular […]; vulnerándose
ostensiblemente el principio fundamental de igualdad (art. 13 C.P. [Carta
Política]), toda vez que sus compañeros de curso, no fueron objeto de este tipo
de valoración y continúan en el servicio activo de la Policía Nacional» (sic).

Que las condiciones que debe colmar la Administración para desacuartelar a los
oficiales de dicha institución, esto es, el «[…] cumplimiento del tiempo mínimo
para acceder a la asignación de retiro, y el concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, son solo […]
requisitos, que no puede confundirse ni asimilarse a las razones o motivos que
deben sustentar el acto discrecional de retiro, las cuales […] solo pueden
obedecer o estar asociadas al buen servicio público. Las RAZONES son las que
deben estar explícitas y servir de fundamento al concepto o recomendación que
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Expediente: 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021)
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debe emitir la Junta asesora (lo que brilla por su ausencia en el cuerpo del Acta
014 de 2015 de [la] Junta Asesora […]), sobre la inconveniencia de que un
determinado Oficial o Suboficial permanezca en el servicio, por el riesgo que
representa y que podría implicar, razonablemente, que el servicio se vea
afectado, perturbado, limitado o alterado de alguna forma» (sic).

1.2 Contestación de la demanda (ff. 153 a 166). La Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, por conducto de apoderada, se opone a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda; se refiere a cada uno de los
hechos, en el sentido de que algunos son ciertos, otros parcialmente y los demás
no constituyen situaciones fácticas.

Arguye que el llamamiento a calificar servicios «[…] es simplemente una de las
causales de retiro del servicio activo de los uniformados de la Policía Nacional;
en consideración a ello, su aplicación NO constituye desde ningún punto de
vista la imposición de una sanción, castigo, retaliación o hecho irregular. Por
lo tanto su aplicación constituye simple y llanamente la materialización de la
ley, cumpliendo así, con los requisitos para acceder a la asignación de retiro,
tal y como lo establece la Ley 857 de 2003, en su artículo 3» (sic).

Que la actividad policial se encuentra organizada como una estructura
piramidal, por lo que «[…] no todo el personal llega a los más altos rangos,
aunque todos tengan una excelente trayectoria. Se trata entonces, de escoger
entre los mejores “que son todos”, los que más se ajusten a los perfiles
definidos para los cargos que deben ocuparse de mando y dirección» (sic). De
manera que demostrar un desempeño laboral destacado, no genera fuero de
estabilidad ni implica que la decisión de desvinculación resulte ilegal, máxime
cuando se cuenta con concepto previo favorable de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional y se colman los
requerimientos para ser beneficiario de la asignación de retiro.

1.3 La providencia apelada (ff. 238 a 246). El Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sentencia de 5 de agosto de 2021, negó las súplicas de la demanda
(sin condena en costas), al considerar que «[…] el acto demandado es […]
netamente discrecional; sin embargo […] en el presente asunto no obra prueba
alguna que demuestre que la entidad demandada decidió retirar al actor por
llamamiento a calificar servicios y no lo promovió al curso de ascenso al grado
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siguiente por razones oscuras diferentes a las del i) cumplimiento del tiempo
mínimo al servicio para dar aplicación a la figura, y ii) cumplir con el tiempo
para causar el derecho al reconocimiento y pago de una asignación de retiro»
(sic).

Sostiene que no se quebrantó el derecho a la igualdad del demandante «[…]
respecto a sus compañeros que no fueron retirados [, puesto que] la facultad
de decidir sobre los ascensos, […] es discrecional […]» (sic).

1.4 El recurso de apelación (ff. 254 a 258). Inconforme con el anterior fallo,
el actor interpuso recurso de apelación, al estimar que la junta asesora que
recomendó su desvinculación no realizó «[…] el examen profundo completo y
preciso de hoja de vida y evaluaciones de desempeño, que los llevase a concluir
que lo mejor para la Institución y en aras del BUEN SERVICIO era prescindir
de [él]; porque como obra en el acta No. 014 […], la sesión inició a las 09:00
horas del día 22 05 2015 y culminó siendo las 10:00 horas de ese mismo día y
en la misma reunión se definió el futuro […] de 4 uniformados […]; no siendo
[…] posible ni física ni lógicamente que tan sólo en una (1) hora, se lograra
analizar y evaluar de manera completa [su] trayectoria […]» (sic).

Dice que, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, la junta
de evaluación tiene, entre otras funciones, las de evaluar la trayectoria y
proponer personal para ascenso y recomendar la continuidad en la labor policial,
al paso que el artículo 23 ibidem prevé que «[…] el tiempo de servicio en cado
grado será “… para oficiales de 3 a 5 años” y como obra en este proceso al
momento de ser desvinculado […] tenia solamente en el grado de Teniente
Coronel 2 años, 7 meses y 18 días […], es decir que el curso de Oficiales al
cual pertenecía […] serían valorados en su trayectoria para analizar quienes
eran convocados a curso de […] Coronel, casi dos años después de que […]
fuera retirado. […] como […] no había ningún documento o informe que
sustentara esa recomendación, queda […] palpable el abuso de poder
materializado con el acto demandado» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 16 de septiembre de
2021 (f. 260) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 5 de mayo
4

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de 2022 (f. 264), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1; durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem el accionante presentó alegatos
de conclusión2, mientras que la parte demandada y el correspondiente agente
del Ministerio Público guardaron silencio.

2.1 Demandante. Reitera los argumentos invocados en la demanda y agrega
que, aunque la Administración «[…] tiene la libertad de prescindir de los
servicios de un agente de acuerdo con lo previsto en el artículo 4º. De la ley
857 “…en cualquier tiempo, por razones del servicio y en forma
discrecional…”, porque es la misma norma la que autoriza o faculta […] En
el artículo 3º. La palabra DISCRECIONAL no aparece en el texto de la norma
para esta causal de retiro, perdiendo entonces el estado esa libertad para
retirar del servicio activo en cualquier momento por “LLAMAMIENTO A
CALIFICAR SERVICIOS”» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si el acto acusado, por cuyo conducto
la demandada retiró del servicio activo al actor por llamamiento a calificar
servicios, se ajusta al ordenamiento jurídico; o si, por el contrario, fue expedido
con falta de motivación y abuso de poder, como lo alega aquel.

3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5

Expediente: 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Ramírez Ramírez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional

En principio, la Sala precisa que, a través de la Ley 857 de 20034, el legislador
reguló lo atañedero al retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional, en los siguientes términos:

Artículo 1º. Retiro. El retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el
grado, cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el
Gobierno Nacional. El ejercicio de esta facultad, podrá ser delegada en el
Ministro de Defensa Nacional hasta el grado de Teniente Coronel.
[…]

El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional,
excepto cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera
igualmente en los demás grados, en los eventos de destitución, incapacidad
absoluta y permanente, gran invalidez, cuando no supere la escala de
medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte.

Artículo 2º. Causales de retiro. Además de las causales contempladas en el
Decreto-ley 1791 de 2000, el retiro para los Oficiales y los Suboficiales de
la Policía Nacional, procederá en los siguientes eventos:
[…]

4. Por llamamiento a calificar servicios. […]

Artículo 3º. Retiro Por llamamiento a calificar servicios. El personal de
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por
llamamiento a calificar servicios, sólo cuando cumpla los requisitos para
hacerse acreedor a la asignación de retiro.

Nótese, en aplicación de los criterios de interpretación legal señalados en la Ley
57 de 18875, que la precitada normativa no impone a la Administración el deber
de motivar o justificar expresamente las razones por las cuales determina el
retiro del servicio de un policial por llamamiento a calificar servicios, en todo

4
«Por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales
de la Policía Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto-ley 1791 de 2000 y se dictan
otras disposiciones».
5
En especial la interpretación gramatical («Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu») y del significado de las palabras («Las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal»),
previstas en los artículos 27 y 28.
6

Expediente: 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021)
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Carlos Alberto Ramírez Ramírez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional

caso dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o abuso en la medida
en que su trámite está reglado y, por contera, promover cuestionamientos
basados en opiniones subjetivas o personales derivadas del malestar que genera
la orden de desacuartelamiento, no tienen la virtud de generar fuero de
estabilidad laboral o limitar la potestad discrecional que el legislador otorgó al
ejecutivo en aras de procurar el mejor servicio público o incluso controlar el
ascenso de los uniformados a grados superiores, a los que evidentemente no
pueden acceder todos los miembros de la Policía Nacional por lo limitado de
sus cupos y las exigencias excepcionales requeridas, las cuales sin lugar a dudas
deben ser valoradas según los criterios (discrecionales y autónomos) de sus
mandos6.

En efecto, esta Corporación, en sentencia de 20 de marzo de 20137, explicó:

Tratándose del retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios se
ha dicho que tal figura entraña el ejercicio de una facultad discrecional,
como potestad jurídica del Estado que permite a la autoridad
administrativa, adoptar una u otra decisión; es decir, la permanencia o
retiro del servicio cuando a su juicio, las necesidades del servicio así lo
exijan. En estos eventos, el servidor público que la ejerce es libre para
apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su
decisión dentro de las varias posibilidades.

En punto del tema del retiro por llamamiento a calificar servicios, estima
la Sala que tal medida atiende a un concepto de evolución institucional, en
este caso de la Policía Nacional, conduciendo necesariamente a la
adecuación de su misión y la visión, a los desafíos a los que se enfrenta una
institución cuyo objetivo principal es velar por la seguridad ciudadana. En
este sentido, estamos en presencia de un valioso instrumento que permite
un relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, facilitando
el ascenso y promoción de su personal, lo que responde a la manera
corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos.

Por tanto, esta causal de desvinculación de los miembros de la fuerza pública

6
En similar sentido discurrió esta sección en sentencias de 29 de junio de 2006, expediente 76001-23-31-000-
2000- 00032-01(3132-05), C. P. Tarsicio Cáceres Toro; 5 de julio de 2007, expediente 25000-23-25-000-2000-
08973-01 (9020-05), C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; 1° de marzo de 2012, expediente 05001-23-31-000-
2002-00428-01 (871-11), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; 21 de noviembre de 2013, expediente
76001-23-31-000-2005-01375-01 (197-13); 11 de agosto de 2015, expediente 11001-03-15-000-2013-01431-
00 (AC), C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez (e); 4 de mayo de 2017, expediente 25000-23-42-000-2013-
00111-01 (318-14), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; entre otras.
7
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 20 de marzo de 2013, expediente 05001-23-
31-000-2001-03004-01 (357-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
7

Expediente: 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021)
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Carlos Alberto Ramírez Ramírez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional

(incluida la Policía Nacional) comporta un instrumento mediante el cual se
remueve al personal uniformado, siempre que se cumplan las condiciones para
acceder a la asignación de retiro, cuyo propósito es su adaptación a las nuevas
necesidades de la sociedad y la promoción de sus miembros, sin que implique
una sanción o trato degradante8, por lo que el ordenamiento jurídico no impone
la obligación de motivar el acto administrativo que dispone el retiro por
llamamiento a calificar servicios, pues se presume expedido con la finalidad de
mejorar la función pública «[…] y quien afirme que en su expedición
concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e
incorporar la prueba que así lo demuestre»9.

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU-91 de 2016, precisó su
jurisprudencia acerca de la motivación de los actos administrativos a través de
los cuales la Administración dispone el retiro de servidores de la fuerza pública
por llamamiento a calificar servicios, así:

[…] al aplicarse el llamamiento a calificar servicios como
mecanismo de renovación dentro de la línea jerárquica institucional
que busca garantizar la dinámica de la carrera de los uniformados, se
constituye en una herramienta de relevo natural dentro del esquema
piramidal de mando que tiene la fuerza pública, atendiendo razones
de conveniencia institucional y necesidades del servicio no sujetas
exclusivamente a las condiciones personales o profesionales del
funcionario. De igual forma, su proyección al nuevo grado, en todo
caso estará sujeto a las vacantes que establezca el Gobierno Nacional.
De esta manera, exigir una motivación expresa por parte de las
instituciones de la fuerza pública, al acto de retiro de un funcionario
por llamamiento a calificar servicios desnaturaliza la finalidad de la
figura y abre la puerta al ascenso automático de todos los miembros
de las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo que contraría
la estructura jerarquizada de dichas instituciones y su facultad
discrecional de ascender a sus miembros atendiendo los particulares
y específicos principios que rigen esta carrera administrativa especial.

Así, esta causal se constituye, como ya se mencionó, como una
facultad legítima para permitir la renovación del personal

8
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 7 de abril de 2016, expediente 11001-03-15-
000-2016-00387-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
9
Sección segunda, sentencia de 8 de abril de 2010, expediente 25000-23-25-000-1999-06200-01 (505-04), C.
P. Alfonso Vargas Rincón.
8

Expediente: 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021)
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uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con otra finalidad,
por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
el derecho fundamental a la igualdad, el debido proceso o cualquier
otro.

3.10.2 De manera que, con esta providencia la Corte considera
necesario reiterar su jurisprudencia10 en el sentido de mantener la
posibilidad de un control judicial, en esta oportunidad frente a la
figura del llamamiento a calificar servicios, no solamente en el
sentido de verificar los requisitos de tiempo y recomendación de la
junta que deben estar expresos en la resolución, sino también, para
evitar que la misma sea utilizada de forma contraria a los preceptos
constitucionales y a los derechos fundamentales de los agentes.

En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a
establecer que, si bien no es exigible a la Fuerza Pública una
motivación expresa del acto, pues ella está claramente contenida en
la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el llamamiento a
calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder.

Para evitar estas prácticas, quien considere haber sido víctima de un
uso fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios,
podrá presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios
o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza
Pública la carga probatoria sobre la motivación del acto de
llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a la
exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos
que sobre uso fraudulento se presenten [11].

10
«Ver entre otras las sentencias T-723 de 2010, MP, Juan Carlos Henao Pérez; T- 317 de 2013, MP, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-265 de 2013, MP, Jorge Iván Palacio Palacio».
11
Criterio reiterado por ese mismo cuerpo colegiado, a través de fallo SU-217 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado: «[…] la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que determinó que los
actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un control judicial
posterior como todos los actos administrativos, no requieren de una motivación más allá de la extratextual
contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se
promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las
garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro
por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar
la carrera militar o policial».
9

Expediente: 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021)
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Carlos Alberto Ramírez Ramírez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional

En este orden de ideas, actualmente, coincide el criterio jurisprudencial de la
Corte Constitucional con el de esta Corporación, en el sentido de que los actos
administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios se presumen
expedidos en aras del mejoramiento del servicio oficial, por lo que no es
necesaria su motivación expresa, toda vez que dicho llamamiento comporta una
herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de mando de la
fuerza pública, sin que esto implique una potestad arbitraria que esconda otras
razones de fondo diferentes a los requisitos legales para su configuración, pues
en caso de que ello ocurra el afectado tendrá la posibilidad de demandar a través
de la acción (hoy medio de control) de nulidad y restablecimiento del derecho,
eso sí con la carga probatoria tendiente a desvirtuar la aludida presunción de
legalidad.

En otras palabras, en lo que atañe al llamamiento a calificar servicios, si bien se
efectúa en ejercicio de una facultad discrecional y para la emisión del respectivo
acto administrativo debe observarse el principio de proporcionalidad, tiene
como propósito la renovación del personal uniformado, por lo cual está
precedido por razones de conveniencia institucional, mas no de carácter
subjetivo, y en tal sentido no es dable exigir una motivación expresa o un
soporte documental de esta.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Hoja de servicios 10132787 y extracto de hoja de vida, expedidos por la
Policía Nacional el 21 y 4 de septiembre, ambos de 2015, en su orden, en los
que consta que (i) el teniente coronel (r) Carlos Alberto Ramírez Ramírez laboró
para esa institución entre el 13 de enero de 1997 y el 16 de noviembre de 2015,
esto es, por 19 años, 1 mes y 11 días (incluidos los tres meses de alta); (ii) los
últimos cargo y unidad adscrita fueron el de comandante del distrito de policía
uno de Yarumal del departamento de policía de Antioquia; y (iii) recibió varias
condecoraciones y felicitaciones (ff. 25, 30 a 31 vuelto, 172 a 174 y 182).

b) Acta 14-APROP-GRURE-3-22 de 22 de mayo de 2015 (ff. 13 a 23), en la
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que figura que la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la
Policía Nacional aprobó por unanimidad el retiro de varios oficiales por
llamamiento a calificar servicios, entre otros, el del actor, en virtud del artículo
3º de la Ley 857 de 2003, así:

[…] tiene un tiempo de servicio de 18 años 4 meses y 10 días, tiempo
que lo hace acreedor a una asignación mensual de retiro, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo primero del decreto 1157
del 24 de junio de 2014, que establece que el personal de Oficiales,
de la Policía Nacional, escalafonados con anterioridad al 31 de
diciembre de 2004, tendrán derecho cuando sean retirados del
servicio activo después de quince (15) años de servicio, por
llamamiento a calificar servicios, a que por la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual
de retiro.
[…]

En conclusión, ante la exposición de los anteriores fundamentos
constitucionales, legales y funcionales, donde se hace referencia a
que la carrera de oficial es piramidal y por esa misma circunstancia
no todo el personal llega a los más altos rangos, pese a que todos
tengan una excelente trayectoria. El mando institucional escoge entre
sus mejores oficiales, aquellos cuyos perfiles se ajusten a las
expectativas definidas para los cargos que deberán ocuparse del
mando y dirección institucional, con arreglo a la funcionalidad y
misión asignada a la Policía Nacional por el constituyente, por lo que
estas circunstancias permiten reiterar que el retiro por Llamamiento
a Calificar Servicios, no constituye ninguna sanción, más bien es
una forma de culminación de la carrera policial […]

Es por lo anterior que por votación unánime de los integrantes de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, se considera
viable recomendar el retiro por Llamamiento a Calificar Servicios al
señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO RAMÍREZ
RAMÍREZ […] (sic para toda la cita).

c) Resolución 6910 de 12 de agosto de 2015, por medio de la cual el Ministerio
de Defensa Nacional desvinculó al accionante de la Policía Nacional, dado que
«[...] en sesión celebrada el 22 de mayo de 2015, protocolizada mediante Acta
No. 014-APROP-GRURE-3-22, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para la Policía Nacional recomendó al Gobierno Nacional, el retiro
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del servicio activo […]» por llamamiento a calificar servicios (ff. 5 a 11).

d) Resolución 7826 de 26 de octubre de 2015, por la que la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional reconoció al demandante, a partir del 16 de
noviembre del mismo año, asignación de retiro (f. 32).

De las pruebas enunciadas se desprende que el actor (i) laboró como oficial de
la Policía Nacional durante más de diecinueve (19) años y su último grado fue
el de teniente coronel; (ii) mediante acta 14-APROP-GRURE-3-22 de 22 de
mayo de 2015, la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la
Policía Nacional decidió por unanimidad recomendar su remoción por
llamamiento a calificar servicios, conforme al artículo 3º de la Ley 857 de 2003;
(iii) con Resolución 6910 de 12 de agosto de 2015, el Ministerio de Defensa
Nacional lo desvinculó con respaldo en el anterior concepto; y (iv) la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través de Resolución 7826 de 26 de
octubre de 2015, le reconoció asignación de retiro al accionante a partir del 16
de noviembre siguiente.

Como se dejó anotado en el acápite precedente, los artículos 1º a 3º de la Ley
857 de 2003 facultan a la Administración para desacuartelar por llamamiento a
calificar servicios a aquellos oficiales que colmen los requisitos para hacerse
acreedores a la asignación de retiro, previo concepto de la aludida junta asesora;
potestad que comporta carácter discrecional, puesto que constituye una
herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de mando de la
fuerza pública, precedida por razones de conveniencia institucional.

Por consiguiente, en principio, la Resolución 6910 de 12 de agosto de 2015, por
cuyo conducto se dispuso la remoción del demandante por llamamiento a
calificar servicios, satisface los presupuestos previstos en la mencionada Ley
857 de 2003, toda vez que él contaba con más de diecinueve (19) años laborados
en la Policía Nacional, por lo que, de conformidad con el artículo 2412 del

12
«Asignación de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad.
Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia
del presente decreto, sean retirados después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar
servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de
la Policía Nacional según corresponda, y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta
con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro
[…]».
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Decreto 4433 de 200413, tenía derecho a la asignación de retiro, una vez
cumpliera los tres meses de alta, equivalente al «[…] (62%) del monto de las
partidas computables a que se refiere el artículo 23 […], por los primeros
dieciocho (18) años de servicio», porcentaje que «[…] se adicionará en un
cuatro por ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los
veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%)».

Asimismo, el acto acusado tuvo como fundamento el concepto de la junta
asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, plasmado
en el acta 14-APROP-GRURE-3-22 de 22 de mayo de 2015, en el que se
determinó recomendar la desvinculación del actor por llamamiento a calificar
servicios, en los términos del artículo 1º de la Ley 857 de 2003.

En el asunto sub judice, el accionante cuestiona la decisión enjuiciada, por
cuanto, a su juicio, (i) no hay evidencia del análisis y valoración por parte de la
referida junta asesora de su trayectoria profesional o de que su exclusión del
cuerpo policial implicaba la mejora del servicio público, máxime cuando en una
hora, que fue lo que duró la reunión de dicho cuerpo colegiado, no era factible
estudiar la situación de cuatro (4) policiales en similares condiciones; y (ii) al
no haber completado los cinco (5) años en el grado de teniente coronel
necesarios para ascender en la gradación (al de coronel), no podía
desvinculársele anticipadamente, cuanto más si no hubo una calificación de su
desempeño en tal escalafón, lo que denota la desviación de poder que reprocha.

En primer lugar, se precisa que, contrario a lo afirmado por el recurrente, no
puede pregonarse arbitrariedad de la Administración al disponer su
desacuartelamiento, pues la citada junta advirtió, en el acta 14-APROP-
GRURE-3-22 de 22 de mayo de 2015, que su recomendación estaba fundada en
la imposibilidad de que aquel pudiera escalar en la estructura institucional, dado
que «[…] no todo el personal llega a los más altos rangos […]» (f. 20), lo que
resulta razonable si se tiene en cuenta que, entre más nivel (profesional, laboral
y académico) adquiere un oficial, se le imponen mayores exigencias para lograr
su promoción, sin perjuicio de que sus compañeros de «curso», es decir, quienes
ingresaron a la Policía Nacional en la misma época, lo hayan logrado.

13
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
13

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Al respecto, consultada la página electrónica de la Policía Nacional14, se observa
que en 2022 de 421 tenientes coroneles 213 tienen la posibilidad de ser
coroneles y de estos solo 18 podrían alcanzar el rango de brigadier general, y
así hasta llegar a general (máxima jerarquía en el escalafón), del que solo hay
dos (2) uniformados con esa dignidad.

En efecto, el artículo 20 del Decreto ley 1791 de 14 de septiembre de 200015
preceptúa que «Los ascensos se conferirán a los oficiales […] en servicio activo
que cumplan los requisitos establecidos, dentro del orden jerárquico, de
acuerdo con las vacantes existentes, conforme al Decreto de planta y con
sujeción a las precedencias de la clasificación que establece el Decreto de
Evaluación del Desempeño» (se destaca).

En tal virtud, la posibilidad de que un miembro de la Policía Nacional pueda
mejorar de gradación, está sometida a la satisfacción de diferentes
requerimientos contenidos en la normativa aplicable, empero, colmarlas no
garantiza su promoción, habida cuenta de que también se verifica la
disponibilidad de plazas para proveer.

Entonces, como se explicó en líneas anteriores, no resulta caprichosa o
infundada la determinación censurada, toda vez que, se insiste, por la estructura
piramidal de aquella institución, no es viable que todos los policiales puedan
acceder al grado subsiguiente, sin que una decisión desfavorable signifique la
existencia de animosidades o reparos contra quienes no logran ese cometido.

Por otra parte, en lo atinente al argumento según el cual no procedía el
llamamiento a calificar servicios, comoquiera que estuvo vinculado como
teniente coronel solo dos (2) años de los cinco (5) para aspirar a ser convocado
a curso de coronel16, por lo que no era dable que la aludida junta valorara su
trayectoria policial previamente, se recuerda que, entre los requisitos
estipulados en la Ley 857 de 2003 para que el Gobierno nacional pueda disponer
de ese tipo de retiro, no figura ninguno sobre umbrales temporales de

14
https://www.policia.gov.co/talento-humano/estadistica-personal/cifras.
15
«Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional».
16
De acuerdo con el artículo 23 del Decreto ley 1791 de 2000 («TIEMPO MÍNIMO DE SERVICIO EN CADA
GRADO»), para ascender del grado de teniente coronel al de coronel se requiere haber laborado en aquel por
no menos de cinco (5) años.
14

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permanencia en algún grado, sino que se encuentra supeditado a verificar que
el uniformado «[…] cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la
asignación de retiro» (artículo 3º) y se haya emitido «[…] concepto previo de
la junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional»
(artículo 1º), al paso que las atribuciones de este órgano colegiado de evaluar la
experiencia y proponer al personal para ascenso, son independientes y
excluyentes de la orientada a «Recomendar la continuidad o retiro en el servicio
policial»17, que es la que dio lugar al acto acusado de nulidad.

De igual modo, carece de vocación de prosperidad el reparo consistente en que
la reunión de la mencionada junta asesora tan solo tuvo una duración de una
hora, tiempo que, estima, es insuficiente para estudiar la posibilidad de retiro de
cuatro (4) oficiales, por cuanto, de lo consignado en la respectiva acta, se denota
que fue el necesario con el fin de adoptar las decisiones para las que fue
convocada y que, para el caso del demandante, solo hubo lugar a constatar que
colmara el tiempo de servicios para ser beneficiario de la asignación de retiro,
en la medida en que, a pesar de su experiencia y trayectoria, no era viable que
continuara en la institución en un grado superior.

Por último, frente a la insistente afirmación de la parte actora en cuanto a que
la normativa y la jurisprudencia no prevén que la facultad de desvinculación por
llamamiento a calificar servicios es discrecional, se advierte que resulta errada,
como se explicó suficientemente en líneas precedentes, por lo que la subsección
se remite a tales consideraciones.

Así las cosas, el actor no demostró excesos de la Administración en uso de la
facultad discrecional para removerlo del servicio, puesto que, como se dijo, no
todos quienes ingresan a las filas como oficiales tienen la posibilidad de llegar
a la máxima gradación, dadas las exigencias de dicha labor y la estructura
jerárquica que debe reducir los mandos, en aras de mantener la disciplina y
organización.

17
Artículo 22 ibidem: «EVALUACIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL. La evaluación de la
trayectoria profesional del personal, estará a cargo de las Juntas de Evaluación y Clasificación que para cada
categoría integrará el Director General de la Policía Nacional. Las Juntas tendrán, entre otras, las siguientes
funciones:
1. Evaluar la trayectoria policial para ascenso.
2. Proponer al personal para ascenso.
3. Recomendar la continuidad o retiro en el servicio policial».
15

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Sobre tales aspectos, recuérdese que el buen desempeño y la idoneidad en el
ejercicio de un empleo público se exige de cualquier servidor estatal y el retiro
por llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción18, sino un
instrumento para relevar los mandos dentro de la Policía Nacional, por ello se
usa cuando el personal oficial tenga los requisitos satisfechos para acceder a una
asignación de retiro.

Además, se reitera que en el sub lite no existe prueba demostrativa de que el
desacuartelamiento del actor haya sido por propósitos desviados, arbitrarios o
fraudulentos, pues lo único que se puede concluir en su caso es que por el tiempo
de permanencia en la institución, que superaba los diecinueve (19) años, y la
imposibilidad de promoverlo, era pertinente su desvinculación, con fundamento
en las necesidades de rotación de personal en los cupos disponibles y de
renovación del recurso humano.

Por lo expuesto, como el accionante no acreditó una finalidad contraria a la
Constitución y la ley de la facultad discrecional para no recomendar su ascenso
y, posteriormente, retirarlo por llamamiento a calificar servicios, la presunción
de legalidad del acto administrativo enjuiciado continúa incólume.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1º. Confírmase la sentencia de 5 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda en el proceso
instaurado por el señor Carlos Alberto Ramírez Ramírez contra la Nación –

18
En similar sentido se pronunció esta subsección, en sentencias de (i) 1° de diciembre de 2016, C. P. César
Palomino Cortés, expediente 41001-23-31-000-2003-00401-01 (1129-2014); y (ii) 7 de abril de 2022,
expediente 25000-23-42-000-2016-05089-02 (61-2021), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16

Expediente: 05001-23-33-000-2016-01152-01 (3973-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Ramírez Ramírez contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por las razones expuestas
en la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

17

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