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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2018-00007-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2018-00007-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. 23 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 81001-23-39-000-2018-00007-01 (2802-2023)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 81001-23-39-000-2018-00007-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 81001-23-39-000-2018-00007-01 (2802-2023)
Demandante: Jaime Humberto Ponguta Silva
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Tema: Marco normativo aplicable a la carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares. Retiro por llamamiento a
calificar servicios. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Jaime Humberto Ponguta Silva instauró demanda contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial del Decreto 0338 del 1° de marzo de 2017, por
medio del cual el Gobierno nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional,
en forma temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ser reintegrado, sin solución de
continuidad, al grado que sus demás compañeros de promoción ostenten a la fecha
en que se efectúe el reintegro. Que se le cancelen todos los dineros dejados de
percibir por concepto de salarios, primas y demás emolumentos, desde el momento
de su retiro. Que se le indemnice económicamente por los perjuicios morales y los
daños causados a él y a su familia. Que las sumas reconocidas sean debidamente
indexadas.

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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que prestó sus servicios en el Ejército Nacional y fue retirado cuando ostentaba el
grado de coronel, porque en una inspección hubo hallazgos administrativos en uno
de los batallones que componían la brigada que dirigía, lo cual se convirtió en motivo
de censura en su contra.

Que mediante el Decreto 0338 del 1° de marzo de 2017, el Gobierno nacional lo
retiró del servicio activo del Ejército Nacional, en forma temporal y con pase a la
reserva, por llamamiento a calificar servicios.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 21, 25, 26,
29, 42, 44, 48 y 90 de la Constitución Política; y los artículos 137 y 138 de la Ley
1437 de 2011.

En el concepto de violación manifestó que el acto demandado está viciado al
haberse expedido con desviación de poder, falsa motivación, infracción de las
normas en las que debería fundarse y desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se admitió en auto del 22 de enero de 20181. La entidad se opuso a
las pretensiones e indicó que por falta de sustento jurídico y probatorio no debía
accederse a lo solicitado porque no incurrió en violación de ninguna norma. Que el
acto fue expedido por el servidor competente para ello y en ejercicio de la facultad
que fue conferida por el ordenamiento jurídico 2.

El 15 de agosto de 2018 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas 3. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia del treinta (30) de junio de dos
mil veintidós (2022), negó las pretensiones. Indicó que se contó con el concepto
previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas
Militares. Que la decisión fue adoptada por el Gobierno nacional y que el
demandante cumplió con los requisitos exigidos para ser beneficiario de la
asignación de retiro.

Que no se probó la desviación de poder, porque los argumentos no se dirigieron a
demostrar que la decisión tuvo una finalidad torcida o que ocultaba objetivos

1 Véase a folios 39-40 PDF, del archivo «02CuadernoPrincipalP2.pdf», del expediente digital.
2 Véase a folios 58-68 PDF, ibid.
3 Véase a folios 46-49 PDF, del archivo «05CuadernoPrincipalP3.pdf», del expediente digital.

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distintos a las exigencias de la buena y sana administración, o alguna otra situación
diferente a los cometidos estatales asignados al Ejército Nacional.
Que era deber del demandante acreditar las verdaderas circunstancias con las que
el Ejército Nacional actuó con desviación de poder, pues ello hubiera permitido
analizar si al menos por indicios podía encontrarse prueba de tal causal de
ilegalidad. Que no se probó que el acto demandado hubiera obedecido a algún tipo
de discriminación negativa o a intereses o beneficios particulares.

Respecto de la causal de nulidad por falsa motivación señaló que sus argumentos
se enmarcaban más en la de desviación de poder, dado que coincidían en su
fundamento sustancial con lo que planteó en aquella. Que en la demanda no se
indicó alguna circunstancia específica que demostrara que la parte motiva del
decreto fue contraria a la realidad fáctica o jurídica, así como tampoco señaló ni
probó algún error o razón engañosa que se hubiera consignado en sus
considerandos para aplicar la causal de retiro que reprochó.

Expresó que el fundamento legal para expedir el acto fue correcto. Que la
motivación no contuvo ningún error o razón engañosa, fingida o simulada;
fundamentos de hecho y de derecho que no existieran, que fueran contrarios a la
realidad o que se les haya dado un alcance que no tenían; respaldo en una norma
jurídica inexistente o en una que no fuera aplicable al caso.

En cuanto a la causal de nulidad por violación de normas jurídicas superiores, indicó
que el accionante no probó ninguno de los reproches normativos que realizó. Que
el buen desempeño en el cargo no obligaba a la institución a mantenerlo vinculado,
ni a esperar a que se cumpliera algún lapso mínimo en el último grado para poder
retirarlo4.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que la
decisión fue errónea y contraria a la realidad fáctica y probatoria, porque ignoró
jurisprudencia constitucional y tratados internacionales vinculantes al Estado
colombiano.

Que el Ejército Nacional desplegó actos discriminatorios, arbitrarios e ilegales en su
contra, antes, durante y después de generarse el acto administrativo demandado,
lo cual desvirtúa su legalidad.

Que no fue observado, por la primera instancia, que el acto demandado perdió
totalmente su legalidad ante las irregulares maniobras desplegadas por el Ejército
Nacional para disfrazar una persecución y sanción como un llamamiento a calificar
servicios, cuando medió un procedimiento irregular e ilegal que afectó totalmente el
acto administrativo en su origen y antecedentes 5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

4 Véase el archivo «02Sentencia1Instancia», del expediente digital.
5 Véase el archivo «10ApelacionSentenciaDte», del expediente digital.

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El 24 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación6 y el 11 de enero de 2024
se negó la solicitud probatoria que se formuló dentro del recurso 7.

Mediante auto del 6 de marzo de 2024, decidió no reponerse la decisión del 11 de
enero de 20248.

El demandante interpuso recurso de súplica, el cual se resolvió en providencia del
5 de junio de 2025, que confirmó el auto recurrido9.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si el Decreto 0338 del 1° de marzo
de 2017, mediante el cual se retiró del servicio activo al señor Jaime Humberto
Ponguta Silva por llamamiento a calificar servicios, se ajustó al ordenamiento
jurídico o si, por el contrario, fue expedido con falsa motivación, desviación de poder
e infracción de las normas en las que debería fundarse.

Marco normativo aplicable a la carrera del personal de oficiales y suboficiales
de las fuerzas militares

El Congreso de la República profirió la Ley 578 de 2000, por medio de la cual se
confirió facultades extraordinarias al presidente para, entre otras, expedir las
normas de carrera de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. De
conformidad con esas facultades extraordinarias, se expidió el Decreto 1790 de
2000 que, en su artículo 2, reglamentó el régimen especial de la carrera profesional
de los miembros del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.

El decreto citado, en su Título IV, regula, entre otras situaciones, la de retiro, al
siguiente tenor:

«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la
que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de
autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad.
El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia,
Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás
grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá
delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.

Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando
se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa
justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito
de abandono del servicio.

6 Véase a índice 4 de SAMAI.
7 Véase a índice 10 de SAMAI.
8 Véase a índice 17 de SAMAI.
9 Véase a índice 31 de SAMAI.

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El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.
Artículo 100. Causales del retiro. El retiro del servicio activo para el personal
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma
y causales, como se indica a continuación:

a) Retiro temporal con pase a la reserva:

1. Por solicitud propia.

2. Por cumplir dos (2) años en el Grado de General, Almirante o General del
Aire, salvo lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto.

3. Por llamamiento a calificar servicios.

[…]

Artículo 103. Llamamiento a calificar servicios. Los Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar
servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la
asignación de retiro» (cursivas originales, subrayas fuera de texto).

Dichas normas no imponen a la Administración el deber de motivar o justificar,
expresamente, las razones por las cuales determina el retiro por llamamiento a
calificar servicios, por lo que dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o
abuso en la medida en que su trámite está reglado.

La jurisprudencia ha reiterado que realizar cuestionamientos basados en opiniones
subjetivas o personales derivadas del malestar que genera la orden de
desacuartelamiento, no tiene la virtud de generar fuero de estabilidad laboral o
limitar la potestad discrecional que el legislador otorgó al ejecutivo en aras de
procurar el mejor servicio público o, incluso, controlar el ascenso de los uniformados
a grados superiores, a los que evidentemente no pueden acceder todos los
miembros de las fuerzas militares por lo limitado de sus cupos y las exigencias
excepcionales requeridas, las cuales, sin lugar a dudas, deben valorarse según los
criterios (discrecionales y autónomos) de sus mandos 10.

La Corte Constitucional ha indicado que la causal de desvinculación en comento se
constituye en un instrumento importante para la Administración, en la medida que
permite el relevo generacional dentro de la línea jerárquica que supone el ascenso
de algunos miembros y la separación del servicio de otros, de ahí la especial
connotación que adquiere frente a otras formas de desvinculación laboral.
Igualmente, sostuvo que «calificar servicios» es una:

«[…] acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien
conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no
significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso
instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud
se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción
de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la

10 En similar sentido: sentencias del 29 de junio de 2006, expediente 76001-23-31-000-2000- 00032-01(03132-

05), C. P. Tarsicio Cáceres Toro; 5 de julio de 2007, expediente 25000-23-25-000-2000-08973-01 (9020-05), C.
P. Alejandro Ordóñez Maldonado; 1° de marzo de 2012, expediente 05001-23-31-000-2002-00428-01 (0871-
11), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; 21 de noviembre de 2013, expediente 76001-23-31-000-2005-
01375-01 (0197-13), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e); 11 de agosto de 2015, expediente 11001-03-15-
000-2013-01431-00 (AC), C. P. Jorge Octavio Ramírez (e); 4 de mayo de 2017, expediente 25000-23-42-000-
2013-00111-01 (0318-14), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; entre otras.

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normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente
de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas
de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la
destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder
jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades
deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las
necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y
medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y
evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es
propio»11.

Adicionalmente, en la Sentencia SU-091 de 2016, la Corte se refirió a la motivación
del acto de retiro por llamamiento a calificar servicios, indicando que aquella está
dada expresamente por la ley y procede cuando se configuran los siguientes
requisitos, a saber: i) tener un tiempo mínimo de servicios y ii) ser acreedor de la
asignación de retiro, regla que en la Sentencia SU-217 de 2016 se juzgó como
conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros de mando
en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales
de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por
voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera
decorosa de culminar la carrera militar o policial […]»12.

En esta sentencia, la Corte hizo énfasis en que la «[…] la ley no impone un estándar
de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se
configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar, de manera
decorosa y con derecho a una asignación de retiro, a un oficial» 13; por lo que es
claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la
adopción de la decisión.

Igualmente, en la Sentencia SU-237 de 2019, la Corte sostuvo que es una facultad
legítima del Gobierno nacional «[…] destinada a permitir la renovación del personal
de la Policía Nacional y justificada en las necesidades del servicio, la conveniencia
de la Institución y las vacantes disponibles, razón por la cual esta no puede ser
ejercida con una finalidad diferente al mejoramiento del servicio, por ejemplo, como
mecanismo de sanción dentro de las fuerzas militares o de policía» 14.

Por su parte, el Consejo de Estado ha señalado que el llamamiento a calificar
servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización
depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución
institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas,
facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el
nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el
contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.

En lo que respecta a la motivación del acto administrativo de retiro por llamamiento
a calificar servicios, se ha considerado que «[…] se produce en ejercicio de una
facultad discrecional, la cual por su naturaleza no requiere motivación, se presume
ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su expedición concurrieron

11 Corte Constitucional. Sentencia C-072 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-217 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 Ibid.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-237 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba
que así lo demuestre» 15.

Igualmente, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios,
principalmente, el hecho que es reconocido como una manera decorosa de
culminación de servicios en la fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente
desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que
así ordene el retiro, dado que el buen cumplimiento de las funciones se entiende
como connatural al ejercicio de la labor y, por ello, no genera fuero e inamovilidad
en el empleo 16.

Se ha precisado, además, que el retiro por llamamiento a calificar servicios no es
una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se permite que los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de Policía disfruten de la asignación
de retiro17. Así, la Corte Constitucional trazó las siguientes subreglas en la Sentencia
SU-237 de 2019:

«[…] (i) el llamamiento a calificar servicios no debe contener necesariamente
una motivación expresa porque su fundamentación deriva de la ley, constituida
por los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la existencia de una
recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de Defensa
Nacional para la Policía Nacional; (ii) el buen desempeño del cargo no se
traduce en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales
de la Fuerza Pública para acudir a dicha figura de retiro; y (iii) los actos
administrativos que deriven del llamamiento pueden ser objeto de control
judicial ante el juez de lo contencioso. Sin embargo, en estos casos, los
demandantes tienen la carga probatoria de demostrar que los mismos son
producto de una acción discriminatoria o fraudulenta. Estas reglas armonizan el
criterio del mérito en el ascenso con las necesidades del servicio, las exigencias
de renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y vacantes
disponibles»18.

Así las cosas, si bien no debe motivarse el acto administrativo mediante el cual se
retira del servicio a los miembros de las fuerzas militares y de Policía con ocasión
de la prerrogativa de llamamiento a calificar servicios, ello no impide que el juez
analice sus fundamentos, porque debe verificarse si la Administración atendió los
límites legales y constitucionales.

Resolución del caso concreto

Se encuentra acreditado, según el extracto de hoja de vida, que el último grado
desempeñado por el actor fue el de coronel y que estuvo vinculado al Ejército
Nacional por un periodo de 28 años, 2 meses y 29 días 19.

En Acta Nro. 15 del 19 de diciembre de 2016, la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional recomendó su retiro 20 y, mediante Decreto 0338 del 1° de marzo

15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2014. Rad. 11001-03-

15-000-2013-01936-01(AC). C.P. Alfonso Vargas Rincón.
16 En este sentido, puede consultarse la providencia del 19 de enero de 2017. Exp. 4117-2014.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011. Exp. 1065-10.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-237 de 2019. Op. cit.
19 Véanse los folios 27-37 PDF, del archivo «01CuadernoPrincipalP1.pdf», del expediente digital.
20 Véanse los folios 56-62 PDF, ibid.

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de 2017, el Gobierno nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional, en
forma temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios 21.

De la anterior relación probatoria, se encuentra que la motivación exigible para el
llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de
tener un tiempo mínimo de servicio a fin de ser acreedor de la asignación de retiro,
lo cual se encuentra plenamente satisfecho, pues según se desprende de su hoja
de vida, el demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional por más de 20 años y,
conforme con el artículo 1 del Decreto 991 de 2015, se exigen 15 años para acceder
a tal prestación o, en su defecto, 18 años según el artículo 14 del Decreto 4433 de
2004. Además, su desvinculación como miembro del Ejército Nacional, en el grado
de coronel, contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional.

Ahora, al revisar las consideraciones del Decreto 0338 del 1° de marzo de 2017, se
encuentra que se dispuso el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios
con fundamento en que cumplió el tiempo requerido para el reconocimiento de la
asignación de retiro, tal y como se advirtió en el Acta Nro. 15 del 19 de diciembre
de 2016. Y si bien en el expediente no existe copia del acto administrativo que
reconoció la asignación de retiro, en ningún momento, dentro del trámite del
proceso, el demandante adujo que dicha prestación no le hubiese sido reconocida.

Por otro lado, dentro del recurso se insiste que el acto de retiro adolece de falsa
motivación y desviación de poder porque fue resultado de maniobras irregulares
desplegadas por el Ejército Nacional para disfrazar la persecución que había en su
contra. Al respecto, la Sala recuerda que el llamamiento a calificar servicios consiste
en el relevo de la línea jerárquica en las fuerzas militares, motivo por el cual,
conforme lo señaló la Corte Constitucional, «[…] no impone un estándar de
razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se
configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar» 22.

En este caso, se encuentra que la causa de la desvinculación del demandante por
parte del Ejército Nacional obedeció al cumplimiento de los requisitos para el retiro
conforme la disposición legal vigente. Además, los vicios de nulidad debían
probarse, pues no era suficiente con que el accionante mencionara, por su simple
parecer o especulación, que existió otro motivo diferente al buen servicio para que
la Administración tomara la decisión de retirarlo por esta causal legal.

Se reitera que era necesario probar que en la expedición del acto se tuvieron
finalidades ocultas, esto es, demostrar la desviación de poder, dado que en el
asunto no se analiza la facultad discrecional del Gobierno nacional que propende
por el mejoramiento del servicio, sino que nos encontramos ante una potestad que
busca precisamente el relevo generacional. Es decir, en el evento que se estime
que el llamamiento a calificar servicios fue ilegal, el interesado es quien tiene la
carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los
mandos y que no cumplió el tiempo de servicio requerido, sino a otras condiciones
particulares que desconocen la finalidad de dicha figura.

21 Véanse los folios 8-12 PDF, ibid.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU-217 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Se observa que más allá de las afirmaciones del demandante, no obran pruebas
que permitan advertir que la finalidad del acto demandando fue diferente a la
prevista en ley y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al relevo
jerárquico del mando, pues aun cuando afirmó que su separación del cargo
obedeció a actos discriminatorios, arbitrarios e ilegales en su contra, estos no son
argumentos idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado
toda vez que, al comprobarse que el demandante tenía derecho al reconocimiento
y pago de una asignación mensual de retiro y que medió el concepto de la Junta
Asesora, no se requería otra motivación para que la Administración quedara
facultada para proceder de esa forma.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad del Decreto 0338 del 1° de
marzo de 2017, por medio de la cual el Gobierno nacional lo retiró del servicio activo
del Ejército Nacional, en forma temporal y con pase a la reserva, por llamamiento a
calificar servicios, deberá confirmarse la sentencia proferida el treinta (30) de junio
de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 23 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

23 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 81001-23-39-000-2018-00007-01 (2802-2023)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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