Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00896-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00896-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00896-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
7 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
Demandante : Walter Germán Camargo Ramírez
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Tema : Retiro por llamamiento a calificar servicios
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 25 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 40). El señor Walter Germán Camargo Ramírez,
por medio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad del Decreto 1734 de 14 de septiembre
de 2018, proferido por el Gobierno nacional, que dispuso su retiro del servicio
por llamamiento a calificar servicios.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) reintegrarlo al servicio activo de las fuerzas militares
«[...] al grado que se encuentren sus compañeros de curso “JAIME FAJARDO
CIFUENTES” con el lleno de los requisitos que sean indispensables para
obtener dichos grados, por el servidor público de escalafón o carrera militar»;
(ii) pagarle los salarios y prestaciones dejados de devengar «[...] desde la fecha
de su retiro hasta cuando sea efectivamente reintegrado al grado que le
corresponda de activo en el escalafón militar, con fundamento al Derecho
fundamental a la Igualdad con sus compañeros de curso [...]» (sic); y (iii)
repararle el daño moral causado «[...] con la suma equivalente a cien (100)
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Walter Germán Camargo Ramírez contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional
SMML, por el retiro injusto, cuando se encontraba comprometido con la
Institución Militar [y los] Daños al Buen Nombre (art. 15 C.P) la Honra (art.
21 C.P) […] por valor de cien (100) SMML […]» (sic); por último, pide se
declare que no existió solución de continuidad, el pago de costas procesales e
indexación de las sumas adeudadas
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que prestó sus servicios en
el Ejército Nacional «desde el 1 de diciembre de 1991, hasta el 19 de septiembre
de 2018, fecha en la cual se le notificó su retiro del servicio activo de la citada
Institución Militar, por llamamiento a calificar servicios».
Que durante su carrera militar «[...] ha sido Condecorado por el Presidente de
la República con la ORDEN DE BOYACA, fue Condecorado con MEDALLA
SERVICIOS DISTINGUIDO EN ORDEN PUBLICO CON 9 MEDALLAS […]
entre las felicitaciones encontramos en su hoja de vida "EXCELENTE
DESEMPEÑO" DEL COMANDANTE CENTRAL DE INTELIGENCIA
MILITAR […] fue un EXCELENTE ESTUDIANTE, SOBRESALIÓ ENTRE LOS
PRIMEROS SIENDO ALUMNO DISTINGUIDO como se demuestra en la hoja
de vida […] entre los miembros del ejército, son pocos los oficiales que puedan
confrontar su hoja de vida con la del Oficial demandante» (sic).
Alega que existe una «[…] NOTICIA CRIMINAL que se anexa como prueba, el
denunciante manifiesta "... EL GENERAL FORERO QUIEN FUE EL QUE LE
HIZO LA INTELIGENCIA A CANO, LO ESTÁN BUSCANDO PARA
ASESINARLO AL IGUAL QUE A MI Y AL CORONEL CAMARGO..."» (sic).
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto demandado los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 125, 127
y 209 de la Constitución Política; 2, 3, 37, 48, 49, 52 y 53 del Decreto 1799 de
2000; 44 y 138 del CPACA; y el Decreto 1790 de 2000.
Asevera que, al expedir el acto acusado, la demandada incurrió en expedición
irregular y violación al debido proceso, porque «[…] Las actas de la Honorable
Junta Asesora, solo invoca la norma aplicable al retiro por llamamiento a
calificar servicio, no determina razones por la cual, al oficial se le recomienda
para ser retirado, […] El acta de la Honorable Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, se convierte en un acto
administrativo complejo, de vital importancia para que nazca a la legalidad el
Decreto de retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares, [...] Los motivos
de dicha acta deben ser de tal índole, que determinen no solo la expedición de
2
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un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser
clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los
actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que
inspiraron la producción de los mismos [...]» (sic) y, además, «[…] en ningún
momento se le notificó el Acta de sesión ordinaria de la Junta Asesora que
recomendó su retiro […]»; y que «en el presente caso Coronel, siempre debe
contar con la recomendación del Comité de Evaluación y Clasificación del
Ejército Nacional, que es un acto previo totalmente diferente al Acta de la Junta
Asesora» (sic), la que no se acreditó.
Que el acto acusado también está incurso en desviación de poder, por cuanto
«el retiro del actor no se produjo con miras a garantizar la Función Pública,
sino a manera de una arbitrariedad, ajena a la finalidad propuesta, que ha
causado lesiones a los derechos subjetivos»; en síntesis, dado que el
demandante tenía condiciones excelsas como oficial y tenía condecoraciones
sobresalientes, que la mayoría de sus compañeros carecían, v. gr. la Orden de
Boyacá y 9 condecoraciones por operaciones destacadas en orden público
(operaciones militares: Alfonso Cano, Simón Trinidad, Sonia, Los Tres
Irlandeses, captura de un miembro de la dirección nacional del ELN,
desvertebramiento de la estructura urbana del ELN en Bogotá la «Óscar
Fernando Fernando Rueda», rescate en el Cauca contra el frente 53 de las FAR
en Gachalá [Cundinamarca], entre otras).
1.2 Contestación de la demanda1. La accionada, por conducto de apoderada,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al argumentar
principalmente que su actuación estuvo ajustada al ordenamiento jurídico y los
actos acusados fueron proferidos de conformidad con los requisitos de validez
y legalidad y «el Gobierno Nacional […] ejerció un poder o competencia,
cuando de manera libre tomó la decisión de llamar a calificar servicios al
actor, procedimiento que le permite reestructurar el poder jerárquico de mando
y conducción de la Fuerza Pública, disponer de atribuciones jurídicas
suficientes para sustituir a los mandos, con celeridad, cuando así las
necesidades y conveniencias lo recomienden, atendiendo la normatividad
vigente, es decir el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000» (sic).
Aduce que «para este tipo de casos del llamamiento a calificar servicios, la
motivación está contenida en la ley que establece las condiciones para que el
1
5_250002342000201900896012EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220801101721 expediente digital
(e.d.).
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mismo se produzca, por lo que no es necesaria una motivación adicional del
acto, es decir, sólo es necesario que la persona a la que se le llama a calificar
servicios haya reunido los requisitos establecidos para tener derecho a la
asignación de retiro».
1.3 La providencia apelada2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección D de la sección segunda), en sentencia de 25 de noviembre de 2021,
negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas). Respecto del retiro por
llamamiento a calificar servicios, estima que «[...] debe precisarse e insistirse
que, la trayectoria del militar y el buen desempeño demostrado en la hoja de
vida del demandante, no denotan los vicios de nulidad que se alegan y mucho
menos genera per se fuero de estabilidad alguno, por lo que se recuerda que
cuando un acto se acusa de desviación de poder, la prueba debe ser fehaciente
y llevar al juzgador [a] la certeza y convicción sobre su existencia, situación
que en el presente caso no se demostró por el demandante [...]».
Concluye que «[...] Debe decirse que, tanto al acta de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, como al acto
administrativo que retiró al demandante del servicio, no se les exige una
síntesis de los elementos fácticos que fueron tenidos en cuenta por los miembros
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas
Militares y ante la falta de prueba siquiera sumaria que acredite la vulneración
de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, habrá de negarse la
prosperidad del cargo propuesto. Ahora, en lo relacionado con la falta de
notificación del Acta de la Junta Asesora, este aspecto no se encuentra llamado
a prosperar, habida cuenta que se trata de un acto de trámite, contra el que no
procede recurso alguno, debido a que no pone fin a la actuación y menos es
controvertible ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo que la
falta de notificación de dicha recomendación, no afecta el debido proceso y el
derecho de defensa y contradicción o vicia de nulidad la expedición del acto
administrativo definitivo que retiró del servicio al demandante, de manera que,
se desestimará la causal propuesta [...]».
1.4 El recurso de apelación3. Inconforme con el anterior fallo, el actor
interpuso recurso de apelación, para lo cual trascribió y prohijó algunas
sentencias proferidas por esta Corporación y de la Corte Constitucional e
insistió en que no es razonable que la facultad discrecional de llamamiento a
2
61_250002342000201900896001SENTENCIA20211126153212,e.d.
3
64_250002342000201900896002RECIBEMEMORIALAPELACION20211216091859, e.d.
4
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
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calificar servicios, cuya finalidad es el mejoramiento del servicio, sea utilizada
respecto del actor, quien era el «[…] mejor Oficial que tenía el Ejército
Colombiano, no hay un Coronel que tenga una mejor hoja de vida que el actor,
sobresaliente en todos los aspectos, sin una investigación en su contra,
calificado por sus superiores de Militar Sobresaliente, CON RESULTADOS
ESPECTACULARES. Tomado de las pruebas aportadas tanto documentales
como testimoniales […] queda claramente demostrado que el Acta de la Junta
Asesora que recomendó el retiro del actor, no llenó los requisitos exigidos
aplicados en su conformación para el retiro del mejor Oficial con que contaba
el Ejército Nacional en su momento […]».
Reitera el cargo de expedición irregular, habida cuenta de que «El Acta de la
Junta Asesora, es la condena que se le hace a un Oficial del Ejército
manifestándole que su vida militar a finiquitado, tiene tanta trascendencia en
la vida de los militares, porque fueron persona[s] que en su mayoría solo
aprendieron el uso de las armas, y los tiran a la calle sin recibir el 100% de lo
que era su sueldo, es una noticia lastimera, que no notificarla atentaría
directamente contra el Derecho Fundamental de Defensa, la notificación del
Acta de la Junta Asesora es [de] obligado cumplimiento [...]».
Alega que «omitió la valoración de las pruebas aportadas, que tenían plena
validez, por haber guardado el procedimiento establecido y tenían la fuerza
para la convicción de un fallo favorable. […] incurrió en defecto fáctico por
desconocimiento de las reglas de la [s]ana [crí]tica, omitió la valoración de
pruebas aportadas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados […]».
Que hubo una «transcripción de dos testimonios al caso debatido de manera
mini parcial en la sentencia, deja una clara insuficiencia probatoria, ya que
induciría a la segunda instancia a no valorar a los testimonios referenciados
en su totalidad, parte de los testimonios que contienen que el Coronel Camargo
era un Militar que no tenía comparación con los demás Militares por su
cualidades excepcionales, sus resultados razón por la que era el único Coronel
que portaba la CRUZ DE BOYACÁ, en el Ejército Nacional» (sic). En
consecuencia, pide «hacer una valoración total de las pruebas aportadas,
solicitando darles crédito a los testimonios de los Generales Forero Cuervo y
Valencia Valencia, no solo son claros, sino que provienen de personas que
tenían conocimiento directo de los hechos narrados, fueron los jefes inmediatos
del actor» (sic).
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
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II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 1º de febrero de
2022 y admitido por esta Corporación a través de auto de 23 de agosto de 20224,
en cumplimiento del artículo 2475 del CPACA, y durante la oportunidad
establecida en el numeral 4 ibidem, las partes guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si el acto acusado, mediante el cual se
retiró del servicio activo al actor por llamamiento a calificar servicios, se ajusta
al ordenamiento jurídico, o si, por el contrario, fue expedido con expedición
irregular al no haberse motivado la decisión ni los actos administrativos previos6
(los que, además, no se le notificaron) y desviación de poder, porque lo
desvinculó, pese a su excelente hoja de vida y tener felicitaciones,
condecoraciones y reconocimientos.
3.3 Marco normativo. En punto a la resolución de los problemas jurídicos
planteados en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.
En principio, la Sala precisa que a través de la Ley 578 de 20007, el legislador
otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República por el término
de seis (6) meses para regular, entre otras materias, el régimen de carrera de los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía Nacional, por lo que
en virtud de dicha prerrogativa, el Gobierno nacional profirió el Decreto ley
1790 de 20008, mediante el cual modificó algunas normas del régimen de
carrera de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y, en lo pertinente
al tema, dispuso:
4
Índice 4 del Samai.
5
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
6
La falta de motivación implica que no se cumplen las regularidades que, eventualmente, requieren los actos
administrativos.
7
«Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir
normas relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional».
8
«Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares».
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
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Walter Germán Camargo Ramírez contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional
Artículo 99. Retiro. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la
que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición
de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en
actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y
de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno;
y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o
Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al
servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código
Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.
Artículo 100. Causales del retiro. <Artículo modificado por el
artículo 5 de la Ley 1792 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El retiro
del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica
a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
[…]
3. Por llamamiento a calificar servicios
[…]
Artículo 103. Retiro por llamamiento a calificar servicios. Los oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares sólo podrán ser retirados por
llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido quince (15)
años o más de servicio, salvo lo dispuesto en el artículo 117 de este
Decreto.
Nótese, en aplicación de los criterios de interpretación legal señalados en la Ley
57 de 18879, que la precitada normativa no impone a la Administración el deber
de motivar o justificar expresamente las razones por las cuales determina el
retiro del servicio de un policial por llamamiento a calificar servicios, en todo
caso dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o abuso en la medida
en que su trámite está reglado y, por contera, promover cuestionamientos
basados en opiniones subjetivas o personales derivadas del malestar que genera
9
En especial la interpretación gramatical («Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu») y del significado de las palabras («Las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal»),
previstas en los artículos 27 y 28.
7
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Walter Germán Camargo Ramírez contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional
la orden de desacuartelamiento, no tienen la virtud de generar fuero de
estabilidad laboral o limitar la potestad discrecional que el legislador otorgó al
ejecutivo en aras de procurar el mejor servicio público o incluso controlar el
ascenso de los uniformados a grados superiores, a los que evidentemente no
pueden acceder todos los miembros de las fuerzas militares por lo limitado de
sus cupos y las exigencias excepcionales requeridas, las cuales sin lugar a dudas
deben ser valoradas según los criterios (discrecionales y autónomos) de sus
mandos10.
En efecto, esta Corporación, en sentencia de 20 de marzo de 201311, explicó:
Tratándose del retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios se
ha dicho que tal figura entraña el ejercicio de una facultad discrecional,
como potestad jurídica del Estado que permite a la autoridad
administrativa, adoptar una u otra decisión; es decir, la permanencia o
retiro del servicio cuando a su juicio, las necesidades del servicio así lo
exijan. En estos eventos, el servidor público que la ejerce es libre para
apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su
decisión dentro de las varias posibilidades.
En punto del tema del retiro por llamamiento a calificar servicios, estima
la Sala que tal medida atiende a un concepto de evolución institucional, en
este caso de la Policía Nacional, conduciendo necesariamente a la
adecuación de su misión y la visión, a los desafíos a los que se enfrenta
una institución cuyo objetivo principal es velar por la seguridad ciudadana.
En este sentido, estamos en presencia de un valioso instrumento que
permite un relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados,
facilitando el ascenso y promoción de su personal, lo que responde a la
manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos.
Por tanto, esta causal de desvinculación de los miembros de la fuerza pública
comporta un instrumento mediante el cual se remueve al personal uniformado,
en la medida en que cumplan las condiciones para acceder a la asignación de
retiro, cuyo propósito es su adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad
y la promoción de sus miembros, sin que implique una sanción o trato
degradante12, por lo que el ordenamiento jurídico no impone la obligación de
10
En similar sentido discurrió esta sección en sentencias de 29 de junio de 2006, expediente 76001-23-31-000-
2000- 00032-01(03132-05), C. P. Tarsicio Cáceres Toro; 5 de julio de 2007, expediente 25000-23-25-000-
2000-08973-01 (9020-05), C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; 1° de marzo de 2012, expediente 05001-23-
31-000-2002-00428-01 (0871-11), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; 21 de noviembre de 2013,
expediente 76001-23-31-000-2005-01375-01 (0197-13), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e); 11 de agosto
de 2015, expediente 11001-03-15-000-2013-01431-00 (AC), C. P. Jorge Octavio Ramírez (e); 4 de mayo de
2017, expediente 25000-23-42-000-2013-00111-01 (0318-14), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; entre otras.
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 20 de marzo
de 2013, expediente 05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).
12
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 7 de abril de 2016, expediente 11001-03-15-
8
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
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motivar el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar
servicios, que se presume expedido con la finalidad de mejorar el servicio «[…]
y quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su
cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre»13.
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU- 91 de 25 de febrero de
201614, precisó su jurisprudencia acerca de la motivación de los actos
administrativos a través de los cuales la Administración dispone el retiro de
servidores de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios, así:
[…] al aplicarse el llamamiento a calificar servicios como mecanismo de
renovación dentro de la línea jerárquica institucional que busca garantizar
la dinámica de la carrera de los uniformados, se constituye en una
herramienta de relevo natural dentro del esquema piramidal de mando que
tiene la fuerza pública, atendiendo razones de conveniencia institucional y
necesidades del servicio no sujetas exclusivamente a las condiciones
personales o profesionales del funcionario. De igual forma, su proyección
al nuevo grado, en todo caso estará sujeto a las vacantes que establezca el
Gobierno Nacional. De esta manera, exigir una motivación expresa por
parte de las instituciones de la fuerza pública, al acto de retiro de un
funcionario por llamamiento a calificar servicios desnaturaliza la finalidad
de la figura y abre la puerta al ascenso automático de todos los miembros
de las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo que contraría la
estructura jerarquizada de dichas instituciones y su facultad discrecional
de ascender a sus miembros atendiendo los particulares y específicos
principios que rigen esta carrera administrativa especial.
Así, esta causal se constituye, como ya se mencionó, como una facultad
legítima para permitir la renovación del personal uniformado, razón por la
cual no puede ser ejercida con otra finalidad, por ejemplo, pretender que
sea una sanción encubierta para soslayar el derecho fundamental a la
igualdad, el debido proceso o cualquier otro.
3.10.2 De manera que, con esta providencia la Corte considera necesario
reiterar su jurisprudencia15 en el sentido de mantener la posibilidad de un
control judicial, en esta oportunidad frente a la figura del llamamiento a
calificar servicios, no solamente en el sentido de verificar los requisitos de
tiempo y recomendación de la junta que deben estar expresos en la
resolución, sino también, para evitar que la misma sea utilizada de forma
contraria a los preceptos constitucionales y a los derechos fundamentales
de los agentes.
000-2016-00387-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
13
Sección segunda, sentencia de 8 de abril de 2010, C. P. Alfonso Vargas Rincón, expediente 25000-23-25-
000-1999-06200-01 (0505-04).
14
Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
Ver entre otras las sentencias T-723 de 2010, MP, Juan Carlos Henao Pérez; T- 317 de 2013, MP, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-265 de 2013, MP, Jorge Iván Palacio.
9
Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
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En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a
establecer que, si bien no es exigible a la Fuerza Pública una
motivación expresa del acto, pues ella está claramente contenida en la
Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el llamamiento a
calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder.
Para evitar estas prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso
fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios, podrá
presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios
o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública
la carga probatoria sobre la motivación del acto de llamamiento a calificar
servicios, que se presume responde a la exigencia legal, pero en todo caso,
deberá responder a los alegatos que sobre uso fraudulento se presenten [16]
(se destaca)
En este orden de ideas, actualmente, coincide el criterio jurisprudencial de la
Corte Constitucional con el de esta Corporación, en el sentido de que los actos
administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios se presumen
expedidos en aras del mejoramiento del servicio oficial, por lo que no es
necesaria su motivación expresa, toda vez que dicho llamamiento comporta una
herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de mando de la
fuerza pública, sin que esto implique una potestad arbitraria que esconda otras
razones de fondo diferentes a los requisitos legales para su configuración, pues
en caso de que ello ocurra el afectado tendrá la posibilidad de demandar a través
de la acción (hoy medio de control) de nulidad y restablecimiento del derecho,
eso sí con la carga probatoria tendiente a desvirtuar la aludida presunción de
legalidad.
Dicho en otras palabras, en lo que atañe al llamamiento a calificar servicios, si
bien se efectúa en ejercicio de una facultad discrecional y para la emisión del
respectivo acto administrativo debe observarse que el principio de
proporcionalidad, tiene como propósito la renovación del personal uniformado,
por lo cual está precedido por razones de conveniencia institucional, mas no de
16
Criterio reiterado por ese mismo cuerpo colegiado, a través de fallo SU-217 de 28 de abril de 2016, magistrada
ponente Gloria Stella Ortiz Delgado: «[…] la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que
determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un
control judicial posterior como todos los actos administrativos, no requieren de una motivación más allá de la
extratextual contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la
administración, se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se
observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a
diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera
decorosa de culminar la carrera militar o policial».
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
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carácter subjetivo, y en tal sentido no es dable exigir una motivación expresa o
un soporte documental de esta.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Extracto de hoja de vida, expedida por la sección de atención al usuario del
comando de personal del Ejército Nacional, el cual da cuenta de que el actor
ingresó en el grado de subteniente el 1º de diciembre de 1991 y para la fecha de
retiro (18 de septiembre de 2018) se desempeñaba como coronel; acumuló 29
años, 9 meses y 12 días de servicios; y obtuvo un total de 22 condecoraciones,
entre la que se destaca la Orden de Boyacá, en el grado de comendador, recibida
el 22 de mayo de 2012, cuando tenía el grado de teniente coronel; 11 distintivos
nacionales y 1 extranjero, y 152 felicitaciones de 1991 al 2018 (ff. 52 a 62).
b) Decreto 1734 de 14 de septiembre de 2018, proferido por el Gobierno
nacional, por el cual retiró al actor del servicio activo de las fuerzas militares,
dado que «[...] la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa nacional
para las Fuerzas Militares, en sesión Ordinaria del 12 de julio de 2018,
registrada en el Acta No. 08, recomendó el retiro del servicio activo por
Llamamiento a Calificar Servicios [...]» (sic) [ff. 47 a 50].
c) Audiencia de pruebas de 2 de junio y 12 de octubre de 2021, en la que se
recibieron los testimonios de los señores Giovani Valencia Hurtado, Mauricio
Forero Cuervo y Mario Augusto Valencia Valencia, quienes, en síntesis,
destacan las excelsas condiciones del demandante.
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante (i)
prestó sus servicios como oficial del Ejército Nacional durante más de 29 años,
su último grado fue el de coronel y recibió 22 condecoraciones (incluida la
Orden de Boyacá), 12 distintivos y 152 felicitaciones; y (ii) con Decreto 1734
de 14 de septiembre de 2018, proferido por el Gobierno nacional, se le retiró
por llamamiento a calificar servicios.
En lo atañedero al retiro del servicio del demandante, por llamamiento a
calificar servicios, como se dejó anotado en el acápite precedente, los artículos
99 y 100 (letra a, numeral 317) del Decreto 1790 de 2000 facultan a la
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Modificado por el artículo 5º de la Ley 1792 de 2016, que dice: «El artículo 100 del Decreto-ley 1790 de
2000, modificado por el artículo 24 de la Ley 1104 de 2006 y artículo 6o de la Ley 1405 de 2010, quedará así:
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
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Administración para retirar por llamamiento a calificar servicios a aquellos
oficiales que tengan las condiciones para hacerse acreedores a la asignación de
retiro, únicamente con el concepto previo de la junta asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para las fuerzas militares; potestad que comporta carácter
discrecional y, por ende, no es viable la motivación expresa del respectivo acto
administrativo, como tampoco la posibilidad de darle a conocer al interesado
los fundamentos o soportes de la recomendación de la aludida junta, puesto que
constituye una herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de
mando de la fuerza pública, precedida por razones de conveniencia
institucional.
Por tanto, en principio, el Decreto 1734 de 14 de septiembre de 2018 por medio
del cual se dispuso el retiro del actor por llamamiento a calificar servicios,
satisface los presupuestos contenidos en el Decreto 1790 de 2000, toda vez que él
contaba con más de 29 años de servicios en el Ejército Nacional, por lo que
conforme al artículo 1º. del Decreto 991 de 201518, tenía derecho a la asignación
de retiro, una vez colmara los tres meses de alta, equivalente al «[…] cincuenta
por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 13 del Decreto
número 4433 de 2004, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro
por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total
sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto, incrementando
en un dos por ciento (2%) por cada año adicional después de los veinticuatro (24)
años de servicio, sin que el total sobrepase el noventa y cinco (95%) de las
partidas computables [...]».
Asimismo, el mencionado Decreto 1734 de 14 de septiembre de 2018 tuvo como
fundamento el concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional,
plasmado en el acta 8 de 12 de julio de 2018, en el que se determinó recomendar
la desvinculación del accionante por llamamiento a calificar servicios, en los
términos de los artículos 99 y 103 del Decreto 1790 de 2000.
Ahora bien, comoquiera que la potestad de retirar del servicio por llamamiento a
calificar servicios no requiere de una motivación expresa, lo cierto es que no
puede ser utilizada de manera arbitraria como un medio de persecución laboral o
de abuso de poder, por lo que si el demandante estima que aquella tuvo un sustento
contrario a la Constitución y la ley, le corresponde la carga probatoria de
Artículo 100. Causales del Retiro. El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva: […] 3. Por llamamiento a calificar servicios […]».
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«por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares».
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
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demostrar que su retiro estuvo precedido por una arbitrariedad.
En el asunto sub examine, el actor alega que se configuró la expedición irregular,
por falta de motivación e indebida notificación de los actos preparatorios, y
desviación de poder, pues al retirarlo en esas condiciones implica que no se tuvo
en cuenta su excelente trayectoria en la fuerza pública ni sus excelsas condiciones
probadas con su hoja de vida.
Sobre dichos aspectos, cabe recordar que los reconocimientos, condecoraciones
y felicitaciones por sí solos no desvirtúan la presunción de legalidad que ampara
el acto administrativo acusado, toda vez que el buen desempeño y la idoneidad en
el ejercicio de un empleo público se exige de cualquier servidor estatal y el retiro
por llamamiento a calificar servicios no comporta una sanción19, sino un
instrumento para relevar los mandos dentro del Ejército Nacional, por ello se usa
en la medida en que el personal oficial tenga los requisitos satisfechos para
acceder a una asignación de retiro.
Ahora bien, recibir 22 condecoraciones, 12 distintivos y 152 felicitaciones en más
de 29 años de servicios, per se, no conlleva deducir una excelente trayectoria, pero
también existen otros elementos probatorios (como son las calificaciones y los
testimonios, entre otros), que podrían llevar a colegir que el demandante tenía
condiciones extraordinarias que sirven para cuestionar la decisión discrecional de
su retiro.
Sin embargo, en todo caso, no hay prueba demostrativa de que el retiro del actor
haya sido por propósitos desviados, arbitrarios o fraudulentos, pues lo único que
se puede concluir, en su caso, es que por el tiempo de permanencia en la
institución (más de 29 años) y la imposibilidad de ascenderlo a un grado
superior, era pertinente su retiro del servicio, dadas las necesidades de rotación
de personal en los cupos disponibles en cada arma y de renovación institucional.
Empero, la parte demandante destaca la condecoración recibida en el 2012 (más
de 6 años antes de su retiro) de la Orden de Boyacá, junto con las otras
condecoraciones, felicitaciones y resultados en operativos, que, en su criterio,
hacen presumir que era más idóneo que sus compañeros de curso que fueron
llamados a ocupar el grado de brigadier general, lo que no es cierto, pues para
el ascenso y retiro dentro del escalafón militar se debe tener en cuenta otros
elementos diferentes relativos a la conveniencia y oportunidad del candidato,
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En similar sentido se pronunció esta subsección, en sentencia de 1.° de diciembre de 2016, C. P. César
Palomino Cortés, expediente 41001-23-31-000-2003-00401-01 (1129-2014).
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Expediente: 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022)
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los que son evaluados previamente por la respectiva junta asesora y el Gobierno,
según las necesidades del servicio.
Sobre el particular, fueron atendidos en audiencias de pruebas los testimonios
de los señores (i) Giovani Valencia Hurtado, brigadier general activo,
compañero «de curso» del demandante, quien reivindicó lo antes dicho de que
para el ascenso o permanencia en el cargo no solo milita en su favor las
condecoraciones, reconocimientos y operativos militares en los que hubiese
participado, sino que pesan otros aspectos como los elementos subjetivos y las
necesidades del servicio, en atención a la estructura piramidal de la institución
donde no todos los coroneles pueden ascender; (ii) Mauricio Forero Cuervo,
brigadier general, quien fue retirado del servicio 2 años antes de que el actor
fuera llamado a calificar servicios, destaca las excelsas condiciones del
demandante y que, desde su punto de vista, por la hoja de vida del actor, es
una injusticia que no fuera llamado a ascender al grado de brigadier general;
y (iii) Mario Augusto Valencia Valencia, brigadier general retirado, pero que a
la fecha de desvinculación del actor era su superior jerárquico y a quien le
informaron sobre su situación administrativa, aduce que por sus excelsas
condiciones y los asuntos que trabajaba, sugirió que se le revinculara (así fuera
por contrato de prestación de servicios) para terminar los operativos que venían
en curso.
Para la Sala las declaraciones antes reseñadas ratifican lo ya dicho, acerca de
que el demandante era un excelente oficial, pero, se repite, esta condición per
se no limita ni restringe la potestad discrecional del Gobierno de conformar la
cúpula de las fuerzas militares ni por supuesto definir a quienes se les retira del
servicio, solo con la previa recomendación de la junta asesora del Ministerio de
Defensa para las fuerzas militares; por ende, se insiste, no solo elementos
objetivos, como condecoraciones, felicitaciones y la participación en algunos
operativos exitosos, concurren en la convicción del nominador para definir
cuáles oficiales resultan idóneos para darles continuidad, sino que también
cuentan los elementos subjetivos de conveniencia, oportunidad y necesidades
del servicio.
Por lo expuesto, dado que el accionante no acreditó una finalidad contraria a la
Constitución y la ley de la facultad discrecional para no recomendar su ascenso y,
posteriormente, retirarlo del servicio por llamamiento a calificar servicios, la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado continúa incólume.
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Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
negó las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1º. Confírmase la sentencia de 25 de noviembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección
segunda), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el
señor Walter Germán Camargo Ramírez contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, por las razones expuestas en la parte
motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con permiso Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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