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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00379-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00379-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00379-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 25000-23-42-000-2021-00379-01 (3014-2024)
Demandante : Julián Mauricio Muñoz Franco
Demandada : Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Tema : Ascenso en el escalafón militar. Retiro por llamamiento a
calificar servicios, numeral 3 del artículo 100 del Decreto 1790
de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la
sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. Julián Mauricio Muñoz Franco presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el propósito de
que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) la Resolución No.
2753 del 19 de octubre de 2020, mediante la cual fue retirado del servicio activo del
Ejército Nacional por llamamiento a calificar servicios, y (ii) el Acta No. 09679 del Comité
CEM-CIM 2021, por medio de la cual se efectuó el estudio final del personal de oficiales
superiores con grado de mayor, considerado para realizar el Curso de Estado Mayor
(CEM) y el Curso de Información Militar (CIM) correspondientes al año 2021.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó: (i) su reintegro al servicio activo y el
reconocimiento de los efectos jurídicos derivados de su inclusión en el Curso de Estado
Mayor (CEM) correspondiente al año 2021, en condiciones que le permitan nivelarse con
sus compañeros que lo cursaron para optar al ascenso a teniente coronel, respetando su
antigüedad y el orden de prelación que le correspondería de no haber sido desvinculado
de la institución; (ii) el pago de los salarios, primas, bonificaciones y demás emolumentos
dejados de percibir; (iii) el reconocimiento de la continuidad en el servicio desde la fecha
del retiro hasta la vinculación; (iv) la indemnización por los perjuicios morales causados,
tasada en quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes; (v) la
indexación de las sumas que resulten reconocidas; y (vi) el cumplimiento integral de la
sentencia conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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Demandante: Julián Mauricio Muñoz Franco

3. El demandante ingresó al servicio activo el 6 de julio de 2000 como soldado regular
y ascendió progresivamente hasta alcanzar el grado de mayor. Dentro del proceso de
selección para los cursos de Estado Mayor (CEM) y de Información Militar (CIM)
correspondientes al año 2021, no fue convocado por el Ejército Nacional. Ante dicha
exclusión, solicitó la reconsideración de su no inclusión, sin obtener una respuesta
favorable. En ese contexto, se le suministró copia del Acta No. 09456 del 13 de agosto
de 2020, en la que se consignó la evaluación final y la recomendación emitida por el
comité encargado del estudio del personal de oficiales superiores con grado de mayor,
considerados para realizar dichos cursos.

4. Mediante la Resolución No. 2753 del 19 de octubre de 2020, se dispuso el retiro
del actor del servicio activo, a pesar de contar con una hoja de vida sobresaliente,
reconocida y condecorada, sin antecedentes disciplinarios desfavorables, circunstancias
que no fueron valoradas al momento de adoptar la decisión.

5. Argumentó que el acto de desvinculación fue falsamente motivado dado que la
entidad incurrió en una irregularidad al considerar el registro de una investigación
disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación – Delegada para las
Fuerzas Militares, relacionada con un proceso de selección de contratistas que
permanece en fase de instrucción desde el año 2014, sin que, hasta la fecha, autoridad
alguna —administrativa, disciplinaria o de control— haya proferido sanción o condena en
su contra. Tal circunstancia, en su criterio, vulnera el derecho al debido proceso y
desconoce la presunción de inocencia.

6. Asimismo, destacó que hubo desconocimiento del derecho a la igualdad respecto
a su compañero Yáñez, ya que a él sí le indicaron las razones por las cuales no fue
llamado a curso, lo que evidencia un trato diferenciado.

7. El 1.º de octubre de 2020, el demandante solicitó a la Dirección de Personal del
Ejército Nacional: (i) los resultados de la evaluación 360° y (ii) copia del acta en la que
constara la ponderación y calificación asignadas por el comité de selección para el
llamamiento al Curso de Estado Mayor, en relación con el resto del personal considerado.
No obstante, únicamente le fueron remitidos los resultados globales de las competencias
directivas, con un puntaje de 83.12 % y clasificación “A”. Además, se le informó que su
evaluación superaba la de más del 70 % del personal evaluado, razón por la cual, a su
juicio, se desconoció la aplicación de los criterios establecidos en el Decreto 1799 de
2000.

Contestación de la demanda.

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Demandante: Julián Mauricio Muñoz Franco

8. La entidad demandada se opuso a las pretensiones, aduciendo que el retiro del
actor, dispuesto por llamamiento a calificar servicios, se ajustó plenamente a la legalidad.
Sostuvo que la decisión se fundamentó en el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000,
modificado por la Ley 1104 de 2006, disposición que faculta la desvinculación de oficiales
y suboficiales una vez cumplido el tiempo mínimo exigido para acceder a la asignación
de retiro. En este caso, agregó, el actor había prestado más de quince años de servicio,
superando ampliamente dicho requisito.

9. Afirmó que la decisión cuestionada tuvo como finalidad cumplir la función asignada
al Estado, advirtiendo que no todos los miembros pueden ascender al grado más alto,
dada la estructura piramidal de las Fuerzas Militares y de Policía, por razones de orden
organizacional y administrativo.

10. Resaltó que no existe obligación de motivar expresamente el acto de retiro, en la
medida en que la esta se encuentra prevista en la ley, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos, tratándose de una forma de terminación normal de la carrera que
busca preservar la estructura jerárquica piramidal de la función institucional.

II. SENTENCIA APELADA.

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 7 de diciembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda
tras considerar que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo mediante el cual fue retirado del servicio activo, ni acreditó que el mismo
tuviera finalidades diferentes a las previstas en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto
1790 de 2000.

12. La autoridad judicial resaltó que el llamamiento a calificar servicios cumplió los
requisitos formales, toda vez que el demandante contaba con el tiempo mínimo exigido
para acceder a la asignación de retiro y se obtuvo el concepto previo favorable de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa. Adicionalmente, precisó que el acto acusado fue el
resultado del ejercicio legítimo de la facultad discrecional orientada al relevo
generacional.

13. Finalmente, el a quo aclaró que correspondía al demandante probar la existencia
de irregularidades, tales como una eventual desviación de poder o de motivaciones
ocultas, lo cual no logró acreditar con el material probatorio allegado, ni demostrar que
su desvinculación obedeciera a fines ajenos a los establecidos legalmente.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

14. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia, señalando que
el juez de primera instancia no efectuó un estudio integral de los hechos ni de los
fundamentos de la demanda, en particular respecto de la supuesta vulneración del
Decreto 1799 de 2000, norma que desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política en

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Demandante: Julián Mauricio Muñoz Franco

lo relativo al mérito como principio rector para el acceso y permanencia en el ejercicio de
cargos públicos.

15. Cuestionó que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se
hubiese fundamentado en la evaluación y clasificación del personal considerado para el
ascenso, omitiendo así reconocer que el demandante contaba con calidades superiores,
lo cual, según su criterio, se evidencia al comparar las hojas de vida de sus compañeros.
Sostuvo que las pruebas aportadas acreditan un desempeño sobresaliente de su parte,
aspecto que fue omitido en el análisis realizado por el a quo. Agregó que la actuación de
la entidad se enmarca en un posible fraude por parte del Comité Evaluador.

16. La apelante afirmó que los jueces no deben limitarse a verificar el cumplimiento
del tiempo de servicio ni la existencia de una recomendación de la Junta Asesora, sino
que están obligados a constatar que las razones que justifican el retiro estén consignadas
de manera expresa en el acto administrativo, con el fin de garantizar su control de
legalidad y evitar que dicha facultad se utilice como mecanismo de persecución,
discriminación o abuso de poder. Enfatizó que, en el caso concreto, se habría demostrado
un uso fraudulento, arbitrario y discriminatorio de la figura del llamamiento a calificar
servicios.

17. Finalmente, reprochó que el fallo de primera instancia no valorara adecuadamente
las pruebas que, a su juicio, demostrarían que la entidad incurrió en desviación de poder,
falsa motivación y violación directa de normas constitucionales, al haber sustentado el
acto en consideraciones apartadas de la realidad fáctica del expediente.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

18. Mediante auto proferido el 14 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por el demandante. Durante la oportunidad procesal, las partes ni
el Ministerio Público hicieron manifestación alguna.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

19. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico.

20. En el presente caso, corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un yerro al declarar ajustados a derecho los actos
administrativos mediante los cuales se negó el llamamiento a curso de ascenso y se

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Demandante: Julián Mauricio Muñoz Franco

ordenó el retiro del actor. En particular, debe establecerse si el a quo omitió la valoración
adecuada de pruebas que, según el demandante, acreditaban la existencia de vicios de
nulidad.

21. Para resolver el asunto, la Sala iniciará por identificar el régimen normativo
aplicable al ascenso en el escalafón militar y examinará si la negativa de llamamiento al
curso se ajustó a los requisitos legales y constitucionales. Posteriormente, se analizará
la legalidad del acto mediante el cual se dispuso el retiro del servicio por llamamiento a
calificar servicios, a fin de determinar si se configura alguno de los cargos formulados por
la parte actora.

Análisis

22. En el presente caso, la Sala confirmará la decisión de primera instancia al
constatar que tanto la negativa de llamamiento a curso de ascenso como el retiro del
mayor Julián Mauricio Muñoz Franco, mediante la figura de llamamiento a calificar
servicios, se adoptaron en ejercicio legítimo de una facultad discrecional prevista en la
normativa vigente. No se acreditaron los cargos de desviación de poder, falsa motivación
ni violación de derechos constitucionales alegados por la parte actora, y tampoco se
desvirtuaron los requisitos legales exigidos para la procedencia de dicha modalidad de
desvinculación. En consecuencia, se mantiene la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados, por las razones que se exponen a continuación.

Sobre la negativa de llamamiento a curso de ascenso

23. El apelante sostuvo que el juez de primera instancia no analizó de manera
completa los hechos planteados en la demanda, especialmente en lo relativo a la
presunta violación del Decreto 1799 de 2000 y del principio de mérito consagrado en el
artículo 125 de la Constitución Política. A su juicio, los actos demandados desconocen
los requisitos y condiciones para el ascenso y el retiro del servicio en la institución.

24. De acuerdo con el artículo 217 de la Constitución Política, corresponde a la ley
regular el sistema de carrera, reemplazos y el otorgamiento de nuevos grados en las
Fuerzas Militares, lo cual ha sido desarrollado por los Decretos 1790 y 1799 de 2000.
Estas normas establecen que los ascensos no operan de manera automática, sino que
están sujetos al cumplimiento de requisitos objetivos, a la existencia de vacantes y a la
valoración discrecional de la autoridad nominadora dentro del marco institucional.

25. El ingreso y permanencia en la carrera militar otorgan a sus integrantes una
estabilidad relativa en materia de ascensos, los cuales dependen de la evaluación de su
situación dentro del escalafón castrense, sin que la sola antigüedad constituya un
reconocimiento automático del derecho a ascender en la institución.

26. Conforme a las previsiones del Decreto 1790 de 2000, el Consejo de Estado ha
concluido que uno de los requisitos para ser llamado a curso es el concepto favorable de
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Además, el Gobierno nacional goza de

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Demandante: Julián Mauricio Muñoz Franco

facultad discrecional para escoger los miembros de las Fuerzas Militares que serán
ascendidos.1 Estas premisas fueron explicadas por la Sala de Consulta y Servicio Civil
en concepto del 3 de julio de 2015.2

27. En este orden de ideas, el ascenso de los uniformados al interior de las Fuerzas
Militares depende de la recomendación que haga la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa, pues implica el ejercicio de una facultad discrecional sometida a las
necesidades del servicio y a las vacantes existentes, teniendo en cuenta que la estructura
piramidal de la planta de personal impide que todos accedan a la cúpula militar.

28. La decisión del nominador sobre la idoneidad de los oficiales para su promoción
dentro del escalafón no se basa exclusivamente en elementos de carácter objetivo;
también incorpora factores de naturaleza subjetiva, como la conveniencia institucional, la
oportunidad del ascenso, el nivel de confianza depositado en el oficial y la trascendencia
de las funciones que le serían asignadas.3

29. En consecuencia, no es acertado afirmar que la entidad accionada hubiese omitido
una valoración de la evaluación y clasificación del personal para ascenso respecto del
demandante en contraste con sus demás compañeros, comoquiera que en la decisión
confluyen diferentes requisitos para el llamamiento a curso, si bien la hoja de vida y la
trayectoria en la institución son de bastante relevancia, lo cierto es que no son los únicos
requisitos para ello dado que el progreso en el escalafón dentro de las Fuerzas Militares
también está condicionado a la evaluación integral que realiza la administración dentro
del marco de su facultad discrecional.

30. La Sala no advierte irregularidad alguna en el Acta No. 09456 del 13 de agosto de
2020, mediante la cual el Comité Evaluador del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, Escuela Militar de Cadetes, no recomendó al actor para realizar el Curso de
Estado Mayor. Las consideraciones allí expuestas se ajustan a los principios de legalidad
y debido proceso, y se fundamenta en la disponibilidad de vacantes, conforme al decreto
de planta respectivo y en los estándares de selección, especialmente para el arma de
aviación donde los cupos son limitados.

31. Igualmente, se dejó constancia de que el actor estaba siendo investigado
disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación Delegada para las Fuerzas
Militares, por hechos relacionados con un proceso de selección de contratistas. Aunque
dicha investigación se encontraba en etapa de instrucción, la verificación de
antecedentes forma parte del análisis institucional al seleccionar personal para asumir
mayores responsabilidades, sin que ello implique un prejuzgamiento.

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2023, radicado 25000-

23-42-000-2015-00276-02 y acumulado 11001-33-35-703-2014-00024-00 (3076-2022).
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de julio de 2015, expediente 11001-

03-06-000-2015-00042-00 (2247).
3 Ver las siguientes sentencias i) del Consejo de Estado: del 20 de mayo de 2011, radicado 13001-23-31-

000-2011-00137-01 (AC); del 7 de diciembre de 2022, radicado 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-
2022); y del 25 de mayo de 2023, radicado 25000-23-42-000-2017-02386-01 (4111-2021); y ii) de la Corte
Constitucional, sentencia C-819 de 2005.

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Demandante: Julián Mauricio Muñoz Franco

32. Este aspecto, lejos de exceder la facultad discrecional de la entidad, responde a
la necesidad de garantizar que quienes accedan a cargos de mayor jerarquía no
presenten antecedentes que generen dudas sobre su idoneidad, máxime cuando no
todos los oficiales pueden ser llamados a ascenso debido a la estructura organizacional
piramidal de la institución.

Sobre el retiro del demandante por llamamiento a calificar servicios

33. Mediante la Resolución 2753 del 19 de octubre de 2020, el Ministro de Defensa
Nacional ordenó el retiro temporal del señor Muñoz Franco, con pase a la reserva, con
fundamento en la recomendación emitida por la Junta Asesora en el Acta No. 011 del 18
de septiembre de 2020 y en la necesidad institucional de renovar los cuadros de mando.

34. Del expediente se establece que el demandante prestó sus servicios en el Ejército
Nacional durante 19 años, 7 meses y 23 días, conforme al extracto de la hoja de vida que
obra en el Comando de Personal de la Dirección de Personal de dicha institución.

35. No está en discusión que el actor cumplía con los requisitos mínimos exigidos para
su retiro bajo la causal de llamamiento a calificar servicios, a saber: (i) haber cumplido
más de 15 años de servicio, y (ii) contar con el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa.

36. El recurrente reprochó que el juez de primera instancia se hubiera limitado a
verificar estos requisitos sin considerar que las razones del retiro no se consignaron en
el acto administrativo, lo que a su juicio impedía ejercer un control de legalidad adecuado
y abría la posibilidad de desviaciones como persecución o discriminación. Sin embargo,
no se advierte irregularidad alguna en la expedición del acto, pues la causal invocada
otorga al Gobierno una facultad discrecional razonable para renovar el personal de la
Fuerza Pública, especialmente dentro de una estructura jerárquica piramidal, tal como lo
ha reconocido la jurisprudencia de manera reiterada.

37. La Sala encuentra que el demandante no demostró que la decisión de retiro
obedeciera a intereses ajenos al orden institucional o a finalidades arbitrarias. Por el
contrario, el acto administrativo cuestionado se sustentó en la facultad discrecional
conferida legalmente y en la recomendación previa de la Junta Asesora. No existe prueba
de un desmejoramiento en la prestación del servicio ni de conductas abusivas por parte
de la administración.

38. Si bien el demandante resalta su sobresaliente trayectoria y hoja de vida respecto
a sus otros compañeros, como argumento para cuestionar la legalidad de su retiro, dichas
circunstancias, aunque relevantes, no generan un derecho automático a permanecer en
el servicio activo. La facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios constituye una
causal ordinaria de terminación de la carrera militar, orientada a la renovación
institucional y que garantiza el derecho a la asignación de retiro. Por tanto, la
desvinculación no vulnera derecho alguno del demandante.

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Demandante: Julián Mauricio Muñoz Franco

39. Tampoco se advierte que las pruebas allegadas al proceso desvirtúen la legalidad
del acto cuestionado. Además de acreditarse los requisitos legales, no se evidencia que
el retiro haya operado como medio de persecución o abuso de poder.

40. En atención al análisis desarrollado, la Sala considera que los cuestionamientos
formulados por la parte apelante carecen de sustento fáctico y jurídico para enervar la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado. El retiro del demandante se
dispuso en ejercicio de una facultad discrecional legítima, conforme con los requisitos
legales y jurisprudenciales aplicables, sin que se haya demostrado desviación de poder,
irregularidades en el procedimiento ni vulneración de derechos fundamentales.

41. En consecuencia, no se advierte motivo que justifique la revocatoria del fallo
proferido en primera instancia.

Condena en costas.

42. El artículo 188 del CPACA dispone que toda sentencia debe pronunciarse sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (hoy, Código General del Proceso). Asimismo, prevé que se
impondrá condena en costas cuando la demanda haya sido presentada con manifiesta
carencia de fundamento legal, conforme con la modificación introducida por la Ley 2080
de 2021. En consecuencia, para establecer la procedencia de esta condena, deben
aplicarse las reglas del artículo 365 del CGP y, adicionalmente, determinar si la demanda
carecía o no de sustento jurídico.

43. Sobre este aspecto, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio
objetivo–valorativo, según el cual deben concurrir dos elementos para que proceda la
condena en costas: de un lado, la verificación del supuesto normativo contenido en el
artículo 188 del CPACA y, de otro, la acreditación efectiva de los gastos causados y la
actividad procesal desplegada por la parte vencedora, conforme lo exige el artículo 365
del CGP:

“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.”4

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016,
Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Demandante: Julián Mauricio Muñoz Franco

44. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis
impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo
188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.

45. En el caso concreto, no se configura el elemento objetivo, toda vez que no se
advierte que el recurso de apelación careciera de razonabilidad jurídica de forma
manifiesta. Si bien las causales de nulidad invocadas por el apelante no prosperaron, ello
obedeció a la falta de acreditación probatoria de su ocurrencia, y no a una ausencia
evidente de sustento jurídico.

46. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se prescindirá del estudio del
elemento valorativo y se abstendrá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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