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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00316-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00316-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00316-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 25000-23-42-000-2014-00316-01 (1929-2021)
Demandante : Augusto Ospina Anturi
Demandada : Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tema : Llamamiento a concurso previo a curso de ascenso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la
sentencia proferida el 16 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. Augusto Ospina Anturi presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declare
la nulidad de las Actas 003, 008 y 002 de 20131, mediante las cuales la Junta de
Evaluación y Calificación para Oficiales, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y la
Junta de Generales de la Policía Nacional, respectivamente, decidieron no recomendar
ni seleccionar su nombre para realizar el concurso previo al curso de capacitación para
ascenso en la “Academia Superior de Policía” correspondiente al segundo semestre de
ese año.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó: (i) ordenar su inscripción para participar
en el concurso previo al curso de capacitación para ascenso “Academia Superior de
Policía”; (ii) pagar 200 SMLMV por concepto de perjuicios morales causados con los actos
censurados; (iii) actualizar la condena de conformidad con el artículo 192 del CPACA; (iv)
cumplir la sentencia de acuerdo con lo previsto en la norma en cita; (v) pagar intereses
comerciales y moratorios en caso de incumplimiento de la decisión judicial; y (vi) sufragar
las costas y agencias en derecho, según lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.

1 Comunicadas mediante el Oficio S-2013-234043-ADEHU-GUPOL-3.22 del 15 de agosto de 2013.

Radicación: 25000-23-42-000-2014-00316-01 (1929-2021)
Demandante: Augusto Ospina Anturi

3. El demandante ingresó a la Policía Nacional el 12 de julio de 1993, actualmente ostenta
el grado de mayor (oficial) y fue designado en Comisión Permanente al Ministerio de
Defensa Nacional como vicepresidente de la Federación Colombiana Deportiva Militar.
Resaltó que su trayectoria profesional ha sido intachable y ha recibido varios
reconocimientos, entre ellos, condecoraciones y felicitaciones.

4. Expuso que el 24 de mayo de 2013 sufrió una lesión al resbalar por las escaleras del
parqueadero de la Industria Militar Colombiana “INDUMIL”, lo que le ocasionó una
fractura en tres dedos del pie derecho. Debido a esta lesión, fue sometido a una
intervención quirúrgica, lo que le generó una incapacidad total de tres meses y una
incapacidad parcial de un mes, con proyección a ser prorrogada.

5. Indicó que, mientras se encontraba incapacitado, le fue comunicado mediante Oficio
S-2013-234043/ADEHU-GUPOL-3-22 del 15 de agosto de 2013 que, una vez agotado el
procedimiento de evaluación de trayectoria profesional previsto en el artículo 22 del
Decreto 1791 de 2000, las respectivas juntas decidieron no recomendar su nombre para
presentar el concurso previo al curso de capacitación para ascenso en la “Academia
Superior de Policía” correspondiente al segundo semestre de 2013. El 20 de agosto de
ese mismo año solicitó copia de las actas y la exposición de las razones que
fundamentaron dicha decisión. En respuesta, mediante Oficio S-2013-262820/DITAH-
GUPOL-22 del 11 de septiembre de 2013, se le informó que su exclusión ante la Junta
de Generales obedecía a un ejercicio de facultad discrecional, y que, además, tuvo en
cuenta su estado de salud e incapacidad.

6. Consideró que la entidad accionada al expedir los actos demandados incurrió en
desviación de sus atribuciones al interpretar de manera errónea el preámbulo y los
artículos 2, 13, 25, 29, 53 y 125 de la Constitución Política, así como los artículos 137 y
138 del CPACA, y el Decreto 1791 de 2000. Indicó que, si bien reconoce que la decisión
cuestionada es discrecional, ello no autoriza a que sea arbitraria.

Contestación de la demanda.

7. La entidad demandada se opuso a las pretensiones, argumentando que las decisiones
de no recomendar ni seleccionar al actor para participar en el concurso previo al curso
de capacitación para ascenso “Academia Superior de Policía” del segundo semestre de
2013, se adoptaron conforme a la Constitución Política y a las disposiciones legales
aplicables. Afirmó que no existente vulneración al debido proceso ni desviación de poder,
como alega el demandante.

8. Señaló que las actas demandadas no constituyen decisiones definitivas, sino que
reflejan el resultado del análisis integral de la trayectoria profesional del actor, llevado a
cabo por los funcionarios competentes. Explicó que la evaluación consideró la totalidad
de la carrera laboral del demandante, no solo algunos meses, como sostiene el señor
Ospina Anturi. Además, reiteró que este tipo de determinaciones son eminentemente
discrecionales, amparadas en la ley y respaldadas por la jurisprudencia del Consejo de

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Demandante: Augusto Ospina Anturi

Estado2. Subrayó que la institución policial no está obligada a convocar a todos los
aspirantes a los cursos de ascenso, ya que dicha decisión depende de la existencia de
vacantes y de las necesidades o conveniencias institucionales.

9. Aclaró que, contrario a lo sostenido por el actor, la exclusión de su nombre para el
ascenso no se fundamentó en su estado de salud o incapacidad médica, sino en la
evaluación de su trayectoria profesional, aspecto determinante dado el nivel de
responsabilidad de quienes son llamados a ascender como futuros mandos y directores
de la institución.

10. Finalmente, indicó que el hecho de no haber sido llamado a ascenso no vulneró los
derechos del actor, toda vez que continuó desempeñándose en cargo de mayor,
percibiendo su correspondiente asignación salarial.

II. SENTENCIA APELADA.

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 16 de julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la convocatoria al curso previo de ascenso constituye una facultad
discrecional, aunque reglada, en tanto se trata de un procedimiento complejo que se inicia
cuando la Junta de Evaluación y Clasificación decide recomendar -o no- a la Junta de
Generales el nombre del oficial para ser llamado a concurso.

12. Sostuvo que las decisiones discrecionales gozan de presunción de legalidad,
fundada en el principio de mejoramiento del servicio y en el interés general institucional,
y que corresponde al actor desvirtuar dicha presunción cuando alega la configuración de
un vicio, como la desviación de poder. En esa línea, precisó que para acreditar ese
defecto es necesario demostrar que la decisión obedeció a un ánimo volitivo alterado por
parte de los funcionarios intervinientes, y no a la finalidad objetiva que la norma persigue.

13. Agregó que no se encontraba acreditado en el expediente que la incapacidad médica
del demandante hubiera sido el motivo determinante para excluirlo del proceso de
ascenso, por lo que dicha afirmación resultaba una mera suposición.

14. Indicó además que, si bien el único cargo formulado expresamente fue la desviación
de poder, los argumentos del actor permitían inferir que pretendía acreditar un mejor
derecho frente a los oficiales que sí fueron convocados. Sin embargo, observó que no
aportó sus propios antecedentes para permitir una comparación objetiva, y que el hecho
de que uno de los convocados —como el señor Enciso— tuviera sanciones disciplinarias,
no implicaba necesariamente una menor aptitud. Por el contrario, el análisis probatorio
evidenció que el demandante también registraba antecedentes disciplinarios: al menos
tres investigaciones, dos de las cuales finalizaron con sanción.

2 Entre otras decisiones, citó sentencia del 10 de septiembre de 2009, emitida en el proceso radicado

11001-03-25-000-2005-00002-00 (0145-2005).

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Demandante: Augusto Ospina Anturi

15. Concluyó que el material probatorio no permitía afirmar que los oficiales convocados
al concurso tuvieran condiciones inferiores a las del demandante. Tampoco se acreditó,
mediante análisis de hojas de vida, que su perfil fuera más favorable; al contrario, se
constató que los oficiales seleccionados presentaban trayectorias comparables o más
destacadas, con buenas calificaciones, escasos o nulos antecedentes disciplinarios, y
puntajes superiores a 1200 en las evaluaciones profesionales.

16. Finalmente, señaló que no todos los oficiales pueden acceder a los grados más altos
de la estructura jerárquica de la fuerza pública, en atención a su configuración piramidal.
No impuso condena en costas al considerar que las pretensiones estaban jurídicamente
fundadas y no se evidenció conducta dilatoria o de mala fe por parte del demandante.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

17. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia, insistiendo en que
hubo desviación de poder al haberse infringido las normas aplicables. Alegó que se
rompió el principio de igualdad en la valoración de la trayectoria institucional del actor,
quien fue arbitrariamente excluido de su derecho a ser convocado al concurso previo al
curso de ascenso.

18. Respecto a la presunta ausencia de sus antecedentes, el apelante afirmó que con la
demanda aportó su hoja de vida, la cual contiene toda la información personal,
académica, laboral, disciplinaria y penal. Resaltó que esta documentación puede ser
verificada y contrastada con los diferentes entes de control, así como por las
dependencias internas y externas competentes.

19. El recurrente también señaló que el Tribunal erró al valorar las pruebas,
especialmente al ponderar las 67 hojas de vida allegadas en virtud del decreto probatorio.
Elaboró un cuadro comparativo donde resumió las sanciones o anotaciones hasta el año
2013 registradas en las hojas de vida de los funcionarios, según la información
suministrada por la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación
y algunas hojas de vida disponibles. En dicho cuadro el actor destacó que mientras él
tenía dos sanciones disciplinarias leves, otros compañeros convocados a concurso
registran sanciones leves, graves y gravísimas. Asimismo, el demandante resaltó que no
registra antecedentes penales, a diferencia de otros oficiales como Richard Helbert
Enciso, Javier Antonio Castro Ortega y Héctor Gutiérrez Arroyo, quienes sí presentan
anotaciones de esta naturaleza. A partir de estos elementos, el apelante concluyó que no
se respetó el principio de igualdad al analizar la trayectoria institucional de los oficiales.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

20. Mediante auto proferido el 12 de mayo de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el demandante. Posteriormente, el 13 de octubre de 2022 se corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que, si lo consideraba pertinente, emitiera concepto en el presente proceso.

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Demandante: Augusto Ospina Anturi

21. Dentro de la oportunidad procesal, el demandante3 presentó alegatos de conclusión,
insistiendo en los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación. Por su parte,
la entidad demandada,4 además de reiterar lo manifestado en la contestación de la
demanda, indicó que el actor se encuentra retirado del servicio de acuerdo con la
Resolución 11434 del 5 de diciembre de 2015, y disfruta de la asignación de retiro,
situación que fue reconocida por el propio demandante durante la audiencia de pruebas.
Con fundamento en lo anterior, la entidad sostuvo que es improcedente acceder a la
pretensión de llamamiento a curso de ascenso.

22. El Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo
615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para
resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el análisis de esta
controversia.

Problema jurídico.

24. En el presente caso, corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un yerro al declarar ajustados a derecho los actos
administrativos mediante los cuales no se recomendó ni seleccionó al demandante para
realizar el concurso previo al curso de capacitación para ascenso en la “Academia
Superior de Policía” del segundo semestre de 2013. En particular, debe establecerse si
el a quo omitió una valoración adecuada de las pruebas allegadas al proceso,
especialmente las relacionadas con la trayectoria profesional y antecedentes del actor, y
si en consecuencia se desconoció el principio de igualdad y se incurrió en una desviación
de poder al excluirlo del proceso de selección.

25. Para resolver el asunto, la Sala identificará el régimen normativo aplicable a los
ascensos en la Policía Nacional. Posteriormente, examinará si la negativa de convocar
al demandante al concurso previo al curso de ascenso se ajustó a los requisitos legales
y constitucionales, a fin de establecer si se configura alguno de los cargos formulados
por el apelante.

Análisis

26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, dado que no se acreditaron los
cargos por violación del principio de igualdad ni por desviación de poder y tampoco se

3 Índice 28 de Samai.
4 Índices 26 y 27 de Samai.

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desvirtuaron los requisitos legales que rigen la evaluación de la trayectoria profesional en
el proceso de ascenso. La exclusión del demandante del proceso de selección para el
concurso previo al curso de capacitación para ascenso al grado de teniente coronel en la
“Academia Superior de Policía” del segundo semestre de 2013 —formalizada mediante
las Actas 003, 008 y 002 de 2013— obedeció al ejercicio legítimo de la facultad
discrecional conferida a las juntas respectivas. En consecuencia, se mantendrá la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados por las razones que se
exponen a continuación.

27. En el recurso de apelación, la parte demandante controvirtió la decisión de primera
instancia con fundamento en tres argumentos principales: (i) sostuvo que la decisión de
excluirlo del concurso previo al curso de capacitación para ascenso constituyó un
ejercicio arbitrario de la facultad discrecional, contrario al principio de igualdad, lo que
evidenciaría una desviación de poder; (ii) afirmó que junto con la demanda allegó su hoja
de vida, en la que constan antecedentes personales, académicos, laborales,
disciplinarios y penales, verificables ante los entes de control y dependencias
competentes; y (iii) reprochó la valoración probatoria efectuada por el a quo, en particular
frente a las 67 hojas de vida aportadas, al señalar que, según el cuadro comparativo
elaborado por él mismo, mientras registra dos sanciones disciplinarias leves y carece de
antecedentes penales, algunos de los oficiales convocados presentan sanciones leves,
graves y gravísimas, así como anotaciones penales, lo que —en su criterio— reflejaría
un tratamiento desigual en la evaluación de las trayectorias profesionales..

28. Ahora bien, la Sala considera que los argumentos expuestos por el apelante no
desvirtúan la presunción de legalidad de los actos acusados. En efecto, de conformidad
con el Decreto 1791 de 20005, el ascenso en la Policía Nacional no es un derecho
derivado de la sola antigüedad o de la inexistencia de antecedentes, sino que está
condicionado al cumplimiento de los requisitos normativos y, especialmente, a la
evaluación de la trayectoria profesional realizada por las Juntas de Evaluación y
Clasificación6, de acuerdo con los parámetros fijados en los artículos 20, 21 y 22 del
citado decreto. Estos requisitos incluyen la existencia de vacantes, la aprobación de los
cursos de capacitación, la permanencia en servicio activo, y, de manera central, el
concepto favorable de las Juntas, cuyo juicio no es automático sino el resultado de un
proceso complejo de valoración técnica, estratégica y de mérito.

29. El Decreto 1800 de 20007 establece que la evaluación del desempeño es un proceso
integral y continuo que comprende concertación de la gestión, seguimiento, evaluación,

5 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y

Agentes de la Policía Nacional».
6 Decreto 1791 de 2000, «Artículo 22. Evaluación de la trayectoria profesional. La evaluación de la

trayectoria profesional del personal, estará a cargo de las Juntas de Evaluación y Clasificación que para
cada categoría integrará el Director General de la Policía Nacional. Las Juntas tendrán, entre otras, las
siguientes funciones:
1. Evaluar la trayectoria policial para ascenso.
2. Proponer al personal para ascenso.
3. Recomendar la continuidad o retiro en el servicio policial. […]»
7 «Por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía

Nacional»

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revisión y clasificación, siendo esta última el elemento determinante para el ascenso. La
clasificación no es una mera sumatoria de datos objetivos, sino un análisis cualitativo que
valora el potencial del oficial para asumir mayores responsabilidades en la estructura
jerárquica de la Policía Nacional, atendiendo las particularidades de la planta de personal,
la disponibilidad de cupos y las necesidades institucionales.

30. La jurisprudencia del Consejo de Estado8 ha sostenido que la discrecionalidad de las
Juntas de Evaluación y Clasificación para recomendar al personal para ascenso es una
herramienta legítima de gestión institucional que permite valorar factores como la
confianza, la proyección de liderazgo, la idoneidad técnica, la capacidad para la toma de
decisiones estratégicas y la adaptación a las exigencias del servicio, además de los
antecedentes disciplinarios o penales. En este sentido, el ingreso y permanencia en la
carrera policial otorgan a sus integrantes una estabilidad relativa, pero no confieren un
derecho adquirido al ascenso, ya que este depende de una valoración integral realizada
por la administración y no exclusivamente de la antigüedad o de la ausencia de
sanciones.

31. La estructura piramidal de la planta de personal en la Policía Nacional impide que
todos los oficiales accedan a la cúpula de mando, lo cual hace necesario un proceso de
selección riguroso, basado en criterios de mérito, perfil profesional, confianza institucional
y existencia de vacantes. En el caso concreto, la decisión de no recomendar al señor
Ospina Anturi se fundamentó en la evaluación integral de su trayectoria profesional,
conforme al marco normativo y a las necesidades de la organización, y no en elementos
ajenos o discriminatorios.

32. En cuanto a la existencia de sanciones en otros oficiales convocados, es importante
destacar que el Decreto 1791 de 2000 no exige como requisito para ser llamado a
concurso previo al curso de ascenso al grado de teniente coronel la inexistencia de
sanciones disciplinarias o de otra naturaleza, a diferencia de lo previsto expresamente
para los patrulleros que aspiren a ingresar como subintendentes (parágrafo 4º del artículo
21). Esto evidencia que el legislador otorgó a las Juntas de Evaluación y Clasificación un
margen de apreciación más amplio en la selección de oficiales para grados superiores,
en el cual la existencia de sanciones no constituye per se un impedimento legal, sino un
factor más dentro del análisis global de la trayectoria profesional.

33. La decisión de las Juntas sobre la idoneidad de los oficiales para su promoción dentro
de la institución no se basa exclusivamente en elementos de carácter objetivo; también
incorpora factores de naturaleza subjetiva como la conveniencia institucional, la
oportunidad del ascenso, el nivel de confianza depositado en el oficial y la trascendencia

8 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de septiembre de

2009. Rad. 11001-03-25-000-2005-00002-00 (0145-05); Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009. Rad. 25000-23-25-000-2001-12161-01 (0794-07);
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de mayo de 2017. Rad. 66001-23-
33-000-2013-00362-01(5030-14); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13
de febrero de 2020. Rad. 11001-03-25-000-2016-00177-00 (0881-16); Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de agosto de 2023. Rad. 19001-23-33-000-2017-0048-01 (2368-
2022); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2025. Rad.
25000-23-42-000-2021-00379-01 (3014-2024).

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de las funciones que le serían asignadas. No es acertado afirmar que la entidad
accionada hubiese omitido una valoración de la evaluación y clasificación del personal
para ascenso respecto del demandante en contraste con sus demás compañeros,
comoquiera que en la decisión confluyen diferentes requisitos para el llamamiento a
concurso previo al curso de ascenso. Si bien la hoja de vida y la trayectoria institucional
son elementos relevantes, lo cierto es que no son los únicos, ya que el progreso en la
carrera policial también está condicionado a la evaluación integral que realiza la
administración dentro del marco de su facultad discrecional.

34. En el caso particular del demandante, la Sala no advierte irregularidad alguna en las
Actas 003, 008 y 002 de 2013, mediante las cuales no fue recomendado ni seleccionado
para participar en el concurso previo al curso de ascenso. La decisión adoptada por la
Junta de Evaluación y Clasificación, la Junta de Generales y la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa, no se fundamentó exclusivamente en su estado de salud ni en la
existencia de dos sanciones disciplinarias leves en su hoja de vida, sino que obedeció a
una valoración integral de su trayectoria profesional, en la que confluyeron diversos
factores de mérito, desempeño, perfil profesional, confianza, la existencia de vacantes, y
las necesidades específicas de la institución.

35. El análisis del expediente evidencia que las Juntas actuaron dentro del marco
normativo previsto en los Decretos 1791 y 1800 de 2000, ejerciendo la facultad
discrecional que les confiere la ley, la cual, aunque reglada, permite ponderar elementos
tanto objetivos como subjetivos. En efecto, la evaluación de la trayectoria profesional no
se reduce a una comparación mecánica de sanciones o reconocimientos, ni otorga un
derecho automático de ascenso por la sola antigüedad o por contar con una hoja de vida
sin anotaciones. Por el contrario, como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia
del Consejo de Estado9, la discrecionalidad de las Juntas es una herramienta de gestión
institucional que permite identificar a los oficiales más idóneos para asumir mayores
responsabilidades, teniendo en cuenta factores como la proyección de liderazgo, la
confianza de los superiores, el compromiso institucional, y la adecuación al perfil
requerido en los niveles de mando superior.

36. Por tanto, si bien el señor Ospina Anturi aportó su hoja de vida y destacó sus méritos
académicos y profesionales, estos aspectos, aunque valorados, no son los únicos ni
determinantes para imponer a la administración la obligación de recomendarlo para el
concurso previo al curso de ascenso. La Sala considera que no se configura un trato
desigual ni una desviación de poder, pues la decisión se basó en un análisis integral de
la trayectoria del actor, realizado conforme al marco normativo aplicable y en atención a
las necesidades y prioridades de la Policía Nacional.

37. En consecuencia, no se advierte motivo que justifique la revocatoria del fallo proferido
en primera instancia.

9 Ejusdem.

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Condena en costas.

38. El artículo 188 del CPACA dispone que toda sentencia debe pronunciarse sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy, Código General del Proceso). Asimismo, prevé que se impondrá
condena en costas cuando la demanda haya sido presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal, conforme con la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021. En
consecuencia, para establecer la procedencia de esta condena, deben aplicarse las
reglas del artículo 365 del CGP y, adicionalmente, determinar si el acto procesal carece
o no de sustento jurídico.

39. Sobre este aspecto, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio
objetivo–valorativo, según el cual deben concurrir dos elementos para que proceda la
condena en costas: de un lado, la verificación del supuesto normativo contenido en el
artículo 188 del CPACA y, de otro, la acreditación efectiva de los gastos causados y la
actividad procesal desplegada por la parte vencedora, conforme lo exige el artículo 365
del CGP:

“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.”10

40. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis
impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo
188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.

41. En el caso concreto, no se impondrán costas en esta instancia. Si bien el recurso de
apelación será desestimado, los argumentos planteados por la parte demandante no
carecían de sustento jurídico. La discusión giró en torno a la interpretación de los
requisitos y alcances de la evaluación de trayectoria profesional en los procesos de
ascenso, así como a la aplicación de la facultad discrecional en contextos de comparación
entre oficiales, aspectos que —aunque finalmente desvirtuados— dieron lugar a un
debate jurídicamente razonable. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se
prescindirá del estudio del elemento valorativo y se abstendrá de la condena en costas
en esta instancia.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-

33-000-2013-00022-01.

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Demandante: Augusto Ospina Anturi

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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