Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01339-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01339-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-01339-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01339-01 (0771-2015)
Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
Demandado: Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE
Tema: Insubsistencia.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda y su reforma
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Leonardo Cogollo Vargas solicitó la anulación de la
Resolución 0173 del 18 de mayo de 2012 expedida por la gerente del Hospital
Simón Bolívar III nivel ESE, por medio del cual declaró insubsistente su
nombramiento de jefe de la oficina de control interno disciplinario código 006 grado
04.
1
En adelante CPACA.
42
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Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a la entidad
demandada a (i) reintegrarlo en el cargo que desempeñaba o en otro de igual o
superior jerarquía; (ii) pagar los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos que haya dejado de percibir desde el momento de la desvinculación
hasta cuando se efectuara el reintegro; (iii) declarar para todos los efectos que no
existió solución de continuidad en la prestación del servicio; y (iv) se tenga en
cuenta, para efectos pensionales, el tiempo que permaneció retirado.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. El demandante narró los siguientes hechos:
3.1. Mediante el Decreto 210 del 8 de mayo de 2012 suscrito por el alcalde mayor
de Bogotá y el secretario distrital de salud se nombró a Viviana Fernanda Meneses
Romero en el cargo de gerente del Hospital Simón Bolívar III nivel, quien obtuvo su
puntaje en el concurso de méritos con una certificación que «avaló un trabajo que
nunca realizó y en una empresa inexistente por la fecha de las labores certificadas».
3.2. Por su parte, el demandante se desempeñaba como jefe de la Oficina de Control
Interno Disciplinario código 006 grado 04 desde el 21 de julio de 2008 y, al momento
de su desvinculación, el 18 de mayo de 2012, «acreditaba una excelente trayectoria en
el servicio, cumplía a cabalidad las funciones y no ostentaba sanciones disciplinarias».
3.3. El 16 de mayo de 2012, la gerente de la entidad, Viviana Fernanda Meneses
Romero, en reunión que contó con la presencia de varios directivos, le solicitó la
renuncia. El 17 de mayo de 2012, el actor dio respuesta a dicha petición.
3.4. A través de la Resolución 0173 del 18 de mayo de 2012, comunicada el mismo
día, fue declarado insubsistente su nombramiento. En su reemplazo, se designó a
Henry Rodríguez Pinzón, quien no cumplía con los requisitos del cargo, ni lo
superaba en experiencia y formación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. En el concepto de violación, sostuvo que el acto administrativo se encuentra
incurso en las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA. Propuso
los siguientes cargos:
• Falta de competencia
5. Viviana Fernanda Meneses Romero suscribió la resolución de insubsistencia
como gerente de la entidad; sin embargo, su designación se cuestionó en distintas
investigaciones, según las cuales, obtuvo la calificación por cuenta de una
certificación laboral en una empresa inexistente «por la fecha de las labores
certificadas».
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Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
6. Lo anterior conllevaba a que careciera de competencia para expedir el acto de
insubsistencia, razón por la cual se debía acudir a la excepción de ilegalidad y el
control por vía de excepción en contra del Decreto 210 del 8 de mayo de 2012, por
la cual fue nombrada gerente. De ello sigue «la ausencia absoluta de competencia para
proferir el acto demandado».
7. «Independientemente de la causal de anulación anterior, para el evento que se [dijera]
que la designación de la Gerente coincid[ía] con las normas, se [debía] analizar, el derecho
mínimo e inalienable de los trabajadores a la estabilidad en el empleo, que es garantizado
por el artículo 53 de la CP».
• Desviación de poder
8. Aunque se predicara el ejercicio de la facultad discrecional, debía tenerse en
cuenta que el acto administrativo fue expedido con móviles distintos, pues se
designó como reemplazo del demandante a quien no satisfacía los requisitos, no le
superaba en experiencia y formación y con desconocimiento del buen desempeño
del servicio.
1.2. Contestación de la demanda
9. El Hospital Simón Bolívar III nivel ESE se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Para tal efecto, argumentó que la declaratoria de insubsistencia
obedeció al ejercicio de la facultad discrecional, conforme con lo previsto en el
artículo 3 del CPACA, en razón a que el empleo de jefe de control interno
disciplinario código 006 grado 04 era de libre nombramiento y remoción que, a su
vez, exige «una confianza plena y total, e implica una decisión política»; además, el actor
hizo cuestionamientos respecto de la designación de la gerente; no obstante, dicho
acto goza de presunción de legalidad. Con fundamento en lo anterior, propuso la
excepción de «falta de legitimación en la causa por activa».
1.3. La sentencia apelada
10. Mediante sentencia proferida el 18 de diciembre de 20142, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas. Para tal efecto, abordó los cargos de la demanda así:
• Falta de competencia
11. Por medio del Decreto 210 del 8 de mayo de 2012 se nombró a Viviana
Fernanda Meneses como gerente de la ESE código 085 grado 002. Para determinar
si esta designación había sido irregular, se iniciaron distintas investigaciones: (i)
actuación 154764-2012 adelantada por la Procuraduría Segunda Distrital, en la
cual, mediante auto del 6 de junio de 2012, se ordenó el archivo de la investigación;
2
Con aclaración de voto del ponente.
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Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
(ii) el proceso IUS 2012-220120 tramitado por la Procuraduría Primera Delegada
para la Vigilancia Administrativa estaba pendiente de resolver el recurso de
apelación contra la decisión de archivo, a favor de Viviana Fernanda Meneses
Romero; y (iii) proceso 1100160000492-2012-12915-00 tramitado en el Juzgado
Doce Penal del Circuito de Conocimiento, por las conductas típicas de peculado por
apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado, el cual se
encontraba en etapa de juicio oral. Igualmente, se adelantó el trámite de revocación
directa previsto en el artículo 93 del CPACA.
12. Si bien es cierto que se han iniciado distintos procedimientos por el
nombramiento de Viviana Fernanda Meneses Romero, lo cierto es que esas
actuaciones eran ajenas a la validez del decreto que dispuso su nombramiento y
tampoco se determinó su revocatoria directa por parte de la administración distrital.
13. Por lo tanto, para la fecha en que fue proferido el acto administrativo que declaró
la insubsistencia, el acto de nombramiento de la gerente producía efectos jurídicos
y, por lo tanto, tenía competencia para disponer de la remoción; «aspecto diferente
[era] que al declarar insubsistente el nombramiento [...], la citada funcionaria hubiera
incurrido en las causales de desviación de poder y desconocimiento del derecho a la
estabilidad en el empleo». En ese orden, no era este proceso el escenario para
determinar la legalidad del Decreto 210 de 2012.
14. Aunque se invocó el control por vía de excepción previsto en el artículo 148 del
CPACA, con los medios de prueba no se podía determinar que dicho acto fuera
contrario a los artículos 28 de la Ley 1122 de 2007; 23 y 22.5 del Decreto 785 de
2005 que regularon lo relativo al proceso de selección de gerentes de las empresas
sociales del Estado. Tampoco se podía acudir a la figura de «funcionario de hecho»
porque no se acreditó que las funciones de la gerente hubieran sido desarrolladas
irregularmente.
• Desviación de poder
15. El cargo de jefe de oficina de control interno disciplinario código 006 grado 04,
para el momento en que fue declarado insubsistente, era de libre nombramiento y
remoción, de conformidad con el artículo 5, literal a), numeral 2 de la Ley 909 de
2004.
16. Si el nominador consideró que el actor no reunía con «esa característica de
confianza» y encontró que la persona idónea era Henry Rodríguez Pinzón, estaba
facultado para nombrarlo siempre que cumpliera con los requisitos para acceder al
empleo que estaban previstos en la Resolución 305 del 21 de 2007 [manual de
funciones y competencias laborales], conforme con la cual se exigía (i) título
universitario en derecho; (ii) tarjeta profesional; (iii) postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del cargo; y (iv) 2 años de experiencia profesional.
17. Henry Rodríguez Pinzón fue nombrado mediante la Resolución 0178 del 22 de
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Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
mayo de 2012, en razón a que cumplió los requisitos: (i) la Universidad Antonio
Nariño le otorgó el título de abogado el 26 de octubre de 2005; (ii) contaba con título
de especialista en derecho administrativo otorgado por la Universidad Nacional de
Colombia el 24 de marzo de 2009; (iii) la experiencia relacionada con asesor jurídico
de entidades de naturaleza privada y pública; y (iv) otros estudios como seminarios
y diplomados en ordenamiento territorial, régimen de carrera administrativa en las
entidades territoriales, gerencia y administración de recursos humanos y financieros
del sector salud, finanzas públicas municipales, administración de personal y carrera
administrativa, contratación pública y control interno, entre otros.
18. De lo anterior no se podía deducir que la designación desmejorara el servicio y,
de cualquier modo, no se allegó ningún otro medio de prueba que permitiera
establecer en «qué medida o aspecto ha sido evidente el deterioro en la calidad del
servicio que debe prestar el estado a través de dicho cargo» [sic].
• Vulneración del principio de estabilidad en el empleo
19. La situación en la que se podían encontrar los empleados que gozaban de
estabilidad relativa no era igual a la de los funcionarios de libre nombramiento y
remoción, en razón a que la naturaleza de estos cargos supone que, así como el
nombramiento se efectúa por la voluntad del nominador, la remoción puede darse
también por esta.
20. La idoneidad para el ejercicio del cargo y el buen desempeño de las funciones
no otorgaban por sí solos la prerrogativa de permanencia en el empleo; «lo normal
es el cumplimiento del deber por parte del funcionario; pero [podían] darse otras
circunstancias que a juicio del nominador no constitu[yeran] plena garantía de la eficiente
prestación del servicio, las cuales no [estaba] obligado a explicar en el acto por medio del
cual, haciendo uso de la facultad legal, declar[ó] la insubsistencia». Lo mismo ocurría con
la ausencia de sanciones disciplinarias.
1.4. El recurso de apelación
21. La parte demandante interpuso recurso de apelación y lo sustentó en los
siguientes términos:
22. Para probar la falta de competencia, se calificó a la gerente como «usurpadora
de funciones» porque obtuvo su designación por medio de fraude. La pretensión de
aplicación del artículo 148 del CPACA no se dirigió a la anulación erga omnes, sino
de su inaplicación con efectos inter partes porque, para participar en el concurso de
méritos, mejoró su puntaje con certificaciones falsas.
23. De acuerdo con las pruebas, se demostró «la farsa propiciada por la gerente para
hacerse al cargo, para engañar a su nominador», pues se adelantaron dos procesos
penales, después acumulados, en contra de Viviana Fernanda Meneses Romero y
William Fernando Díaz Rojas, quien fungía como gerente de la empresa Gestión
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Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
Estratégica y Desarrollo GED3, por los delitos de falsedad de documento privado,
fraude procesal y peculado; incluso, el fiscal presentó escrito de acusación. Ello,
permitía aplicar la teoría de la probabilidad preponderante» aplicada en la sentencia del
18 de febrero de 2010, expediente 18274 con ponencia del consejero Enrique Gil
Botero. «Lo mínimo que ha debido operar [era] la sumatoria de indicios para su valoración».
24. Henry Rodríguez Pinzón no cumplía con uno de los requisitos del cargo ni lo
superaba en experiencia y formación; concretamente, no acreditaba el postgrado
en áreas relacionadas con las funciones del cargo [derecho disciplinario] y la
experiencia no era relacionada ni específica con las funciones. Únicamente acreditó
la especialización en derecho administrativo, la cual no satisfacía la exigencia.
25. La carga de la prueba para demostrar la desviación de poder se debía invertir,
es decir, la entidad era la que debía probar «que con el ejercicio de la facultad de libre
remoción, se proponía mejorar el servicio público a su cargo, e indicar en qué condiciones,
de lo contrario, se pon[ía] en evidencia el desvío del poder».
1.5. Trámite de la segunda instancia
26. En auto del 6 de abril de 2015 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante.
27. Luego, en proveído del 13 de julio del mismo año, se corrió traslado a las partes
y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y
concepto, respectivamente.
27.1. Hospital Simón Bolívar III nivel ESE: volvió sobre lo expuesto en la
contestación de la demanda.
27.2. Parte demandante: reiteró los argumentos del recurso de apelación.
Adicionalmente, sostuvo que (i) lo afirmado por el a quo respecto del
funcionario de hecho no «encuadraba» en las situaciones descritas por la Sala
Plena de esta corporación en la sentencia del 6 de octubre de 1992, radicado
11001-03-15-000-2000-00472-01; y (ii) la gerente usurpó la función por
medios ilícitos y ese acto de nombramiento estuvo «íntimamente relacionado
con la insubsistencia del actor porque la usurpadora mediante fraude se hizo
nombrar y a renglón seguido ejerció una seudo competencia que para el caso
particular [...], no se acepta».
27.3. Ministerio Público: guardó silencio.
28. En memorial radicado el 29 de septiembre de 2015, la parte demandante solicitó
la suspensión del proceso por la existencia del proceso penal. En auto del 11 de
mayo de 2016, se ordenó que se allegara copia autentica de la sentencia proferida
3
Gestión Estratégica y Desarrollo SAS.
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Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
por el Juez 12 Penal del Circuito de Bogotá, D.C. Esto fue cumplido el 25 de mayo
de 2016.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
29. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso interpuesto por la parte demandante, de conformidad con los
artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
30. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:
30.1. ¿La Resolución 0173 del 18 de mayo de 2012 se encuentra incursa en la
causal de nulidad por falta de competencia, en razón a que Viviana
Fernanda Meneses, quien fungía como gerente del Hospital Simón
Bolívar III nivel ESE accedió a su cargo, presuntamente, a través de
documentos falsos?
30.2. ¿El acto administrativo acusado fue expedido con desviación de poder
porque Henry Rodríguez Pinzón, quien reemplazó al actor, no cumplía
con los requisitos del cargo?
30.3. ¿La entidad demandada tenía la carga de probar que, con la declaratoria
de insubsistencia, se proponía mejorar el servicio público a su cargo?
31. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se resolverá el cargo de nulidad por falta de
competencia; y segundo, el de desviación de poder. Cada uno de los acápites se
compondrá por (i) el marco normativo y jurisprudencial aplicable y (ii) el caso
concreto.
2.3. La competencia como elemento de validez del acto administrativo
2.3.1. Marco normativo y jurisprudencial
32. Uno de los requisitos de validez del acto administrativo es la competencia,
entendida como «la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el
Derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. [...] En otros términos, la competencia
de los órganos administrativos es el conjunto de atribuciones que, en forma expresa o
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Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
razonablemente implícita, confieren la Constitución [...] los tratados, las leyes y los
reglamentos»4. Asimismo, la doctrina ha señalado lo siguiente5:
«La observancia de la competencia es indispensable para la actuación válida
del órgano. La competencia condiciona la validez del acto, pero no su
condición propia de acto estatal o no estatal, esto es, puede haber actos
estatales cumplidos con incompetencia».
33. Igualmente, ha sido definida como «la aptitud o autorización que tiene todo
funcionario u organismo estatal para ejercer las funciones y la autoridad que le han sido
asignadas, dentro de circunstancias objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución, la
ley o el reglamento, y sólo dentro de ellas. Desde una perspectiva pasiva, es el conjunto de
asuntos que a toda autoridad pública le está atribuido por la Constitución, la ley o el
reglamento, para que actúe o provea en orden a la atención de los mismos»6. Ciertamente,
sus características, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación y la
doctrina7, son las siguientes:
33.1. Tiene origen objetivo porque la otorga el ordenamiento jurídico y siempre
tiene un origen externo a la voluntad de sus titulares; esto quiere decir que
su titular no puede autoasignársela.
33.2. Es taxativa8 o expresa9 porque la norma la establece y, precisamente, su
objeto y las circunstancias en que se determina, pero excepcionalmente
«puede darse de forma implícita, como ocurre con las competencias residuales».
33.3. Corresponde al órgano – institución y no al órgano – individuo, pues este «no
puede disponer de ella, sino que debe limitarse a su ejercicio, en los términos que
la norma respectiva establezca».
33.4. Es irrenunciable porque el servidor tiene el deber de ejecutarla. En otros
términos, «los funcionarios no pueden declinar la atribución correspondiente. Así
como implica un derecho a su favor, en tanto aptitud para actuar sobre el asunto,
también conlleva un deber de proceder».
33.5. Es inajenable e indelegable porque debe ser ejercida por el funcionario al que
le ha sido asignada por la Constitución, la ley o los reglamentos; sin embargo,
excepcionalmente puede transferirse su ejercicio siempre y cuando así lo
permita el ordenamiento jurídico.
33.6. Es improrrogable porque no puede ejercerse por fuera de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que prevé la norma.
4
Dromi, Roberto. El acto administrativo. 3ª Ed., 2000, pág. 35.
5
Ibidem.
6
Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo. 7ª Ed. Bogotá. Librería Ediciones
del Profesional Ltda., 2016, pág. 120.
7
Óp. Cit. 4 y 5.
8
Según Luis Enrique Berrocal Guerrero.
9
Según Roberto Dromi.
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34. Debe tenerse en cuenta que, para que esa competencia otorgada a una
autoridad u organismo competente pueda ser ejercida, deben cumplirse los
requisitos que la norma establece. Dicho de otro modo, la competencia se activa
cuando los supuestos de hecho o de derecho permiten iniciar la actuación
administrativa, lo cual excluye que «pueda desarrollarse en cualquier tiempo y por
cualquier razón que estime pertinente la autoridad administrativa, comoquiera que es la
misma norma jurídica la que contiene la que establece, en forma clara y precisa, las
circunstancias en las que ésta puede ser ejercida»10 [sic].
35. Además, la doctrina ha señalado lo siguiente11:
«[...] no basta con que el acto proceda de una Administración y se dicte a
través del órgano competente; es menester también que la persona o
personas físicas que actúen en la correspondiente declaración como titulares
de ese órgano ostenten la investidura legítima de tales (nombramiento legal,
toma de posesión, situación de actividad o ejercicio, suplencia legal en su
caso), no tengan relación personal directa o indirecta con el fondo del asunto
de que se trate, esto es, mantengan íntegra su situación abstracta de
imparcialidad por no estar incursos en los deberes legales de abstención y
recusación.»
36. Ahora, los factores de competencia se contraen al territorio, la materia, el
tiempo, el grado funcional [objetivos] y el fuero personal [subjetivo]. Respecto del
grado jerárquico, la doctrina ha señalado lo siguiente12:
«Entendido como la posición que en la línea de autoridad o mando de una
entidad estatal tiene cada funcionario o servidor público, es factor de
competencia en cuanto determina el alcance de su autoridad para intervenir
en los asuntos a cargo de la entidad, de suerte que en virtud del mismo, uno
es el alcance de quien actúa como superior y otro el de quien interviene como
subordinado.»
37. Como es un requisito de validez del acto administrativo, cuando es expedido
por quien ostenta la condición de funcionario público, pero lo hace por fuera del
marco de atribución permitido por la Constitución, se configura la causal de nulidad
prevista en el artículo 137 del CPACA. Así lo ha sostenido esta corporación13:
«Por su parte, la falta de competencia es una causal genérica de nulidad de
los actos administrativos prevista en el artículo 137 del CPACA, la cual
también puede ser invocada en el medio de control de nulidad electoral de
acuerdo con lo establecido en el artículo 275 ibídem. La competencia,
entendida como la atribución dada a los sujetos públicos para actuar como
10
Sentencia proferida por la Sección Primera de esta corporación el 7 de junio de 2012 (radicación
11001-0324-000-2006-00348-00), reiterada en la sentencia del 24 de septiembre de 2020
(radicación 11001-03-27-000-2008-00024-00).
11
García de Enterría, Eduardo y Fernández Tomás – Ramón. Curso de derecho administrativo. Tomo
I, 13 Ed., 2006, pág. 554.
12
Ibidem.
13
Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2023, radicación 11001-03-28-000-2023-00067-
00.
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legítimo portador de la voluntad administrativa, no solo constituye, dentro de
la dogmática jurídica, un elemento de la estructura del acto administrativo,
sino un fundamento del Estado constitucional y democrático de derecho, en
tanto que da validez y legitima la acción de las autoridades.»
38. Así las cosas, la falta de competencia, entendida como vicio externo del acto
administrativo porque no deviene de su contenido o su finalidad, sino del sujeto que
lo suscribe, se configura cuando el funcionario actúa por fuera del marco permitido
por el ordenamiento jurídico.
2.3.2. Caso concreto del cargo de nulidad por falta de competencia
39. En el recurso de apelación, la parte demandante manifestó lo siguiente:
«Para probar la existencia de la causal de anulación de incompetencia, en el
caso particular y concreto del actor, se ha calificado a la señora Meneses,
gerente del Hospital y creadora del acto de insubsistencia, como usurpadora
de funciones, lisa y llanamente porque obtuvo su designación mediante el
fraude. [...].
Se formuló, entonces, el medio de control del artículo 148 del CPACA no con
la pretensión de anulación erga omnes, sino de inaplicación del decreto, tal y
como lo expresa la norma: “inaplicar con efectos interpartes”.
[...]
Es inexacto, por tanto, el raciocinio del Tribunal al desechar las pruebas
orientadas a la inaplicación del Decreto 210 del 08/05/12 y al desconocer la
conexidad inescindible que existe entre el actuar torticero de la Señora
Meneses, su designación como gerente, la asunción de funciones y luego la
expedición del acto de insubsistencia del Doctor Cogollo».
40. En el proceso está demostrado lo siguiente:
40.1. Leonardo Cogollo Vargas se desempeñó como jefe de oficina código 006,
grado 04 del Hospital Simón Bolívar14 desde el 21 de julio de 2008, de conformidad
con la Resolución 0168 del 10 de julio de 200815 y el acta de posesión16.
40.2.Por medio del Decreto 210 del 8 de mayo de 2012 expedido por el alcalde
mayor de Bogotá, D.C. se nombró a Viviana Fernanda Meneses Romero «en el
empleo de Gerente Empresa Social del Estado, Código 085 Grado 002 del Hospital Simón
Bolívar III Nivel a partir de la fecha», por lo siguiente:
«Que la Junta Directiva del Hospital Simón Bolívar III Nivel, mediante Acuerdo No.
0009 de fecha 27 de abril de 2012, conformo la terna con los concursantes que
obtuvieron las tres mejores calificaciones como resultado del proceso de selección
adelantado, de conformidad con lo estudiado en las normas que regulan el proceso,
14
Cuaderno 1, folio 5.
15
Cuaderno 1, folio 59.
16
Cuaderno 1, folio 61.
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Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
obteniendo el siguiente orden de elegibilidad:
NOMBRE DE LA TERNA PUNTAJE FINAL
Viviana Fernanda Meneses Romero 86.21
Oscar Alonso Dueñas Araque 83.98
Javier Ignacio Cormane Fandiño 81.12
Teniendo en cuenta el orden de elegibilidad establecido, se procederá a
nombrar a quien obtuvo el mejor puntaje en el concurso de méritos de acuerdo
con la información suministrada por la Junta Directiva» [sic].
40.3. Mediante escrito del 17 de mayo de 2012, el demandante presentó la
renuncia en los siguientes términos17:
«Atendiendo su directriz del 16 de mayo del año en curso, ante los miembros
del comité directivo, me permito presentar la renuncia por usted solicitada a
mi cargo como Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital
Simón Bolívar, no sin antes manifestar con gran extrañeza la decisión tomada
por usted, sin tener la oportunidad de corroborar mi desempeño laboral,
profesional, ético y transparente en el cargo que he venido desempeñando
desde hace casi cuatro años».
40.4. Con la Resolución 0173 del 18 de mayo de 2012, suscrita por Viviana
Fernanda Meneses Romero, gerente de la entidad, se declaró insubsistente el
nombramiento del demandante, a partir del 18 de mayo de 201218. La comunicación
se surtió el mismo día19.
40.5. Con ocasión del concurso de méritos y la designación de Viviana Fernanda
Meneses Romero como gerente del Hospital Simón Bolívar, se adelantaron
investigaciones en la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la
Nación y se inició el proceso de revocación directa del acto de nombramiento.
40.6. La investigación preventiva de la Procuraduría General de la Nación fue
archivada con fundamento en que (i) a la Universidad Javeriana [encargada del
concurso de méritos] no le correspondía tachar de falso el documento aportado por
la candidata; y (ii) no existía mérito probatorio para iniciar la indagación preliminar o
investigación disciplinaria porque, para ese momento, no se evidenciaba
irregularidad sustancial alguna.
40.7. Fredy de Jesús Sanjuanelo Carbonell solicitó al alcalde mayor de Bogotá,
D.C. que iniciara el procedimiento de revocación directa del acto de nombramiento
de Viviana Fernanda Meneses Romero porque aportó una certificación laboral
suscrita por William Fernando Díaz Rojas y contratos de prestación de servicios que
daban cuenta de una relación contractual de los años 2003 a 2005; sin embargo,
eran falsos porque (i) la empresa Gestión Estratégica y Desarrollo GED no existía
17
Cuaderno 1, folio 2.
18
Cuaderno 1, folio 3.
19
Cuaderno 1, folio 4.
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Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
jurídicamente en esa época, al constituirse ante la Cámara de Comercio el 1 de
septiembre de 2010; (ii) en los contratos de prestación de servicios se incluyó una
norma del año 2007; y (iii) para las anualidades certificadas no se hicieron aportes
al sistema de seguridad social en salud. En auto [sin fecha] suscrito por el alcalde
del distrito, se ordenó «[i]niciar el trámite correspondiente previsto en el artículo 93 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de conformidad
con la solicitud [...]» y poner en conocimiento de las autoridades penales y
disciplinarias la falsedad señalada.
40.8. Igualmente, el proceso penal adelantado por los mismos hechos, concluyó
con la sentencia proferida el 3 de marzo de 2016 por el Juzgado Doce Penal del
Circuito de Conocimiento, en la cual se resolvió respecto de Viviana Fernanda
Meneses Romero: (i) absolverla por el delito de peculado por apropiación; y (ii)
condenarla a la pena principal de 81 meses de prisión, multa de 200 smlmv20 e
«inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo lapso que la pena de
prisión», como autora, a título de dolo, de los delitos de fraude procesal en concurso
heterogéneo con falsedad en documento privado en calidad de coautora, de
conformidad con los artículos 453 y 289 del Código Penal. Para tal efecto, consideró
lo siguiente:
«En el sub – examine se logró establecer que en efecto, Viviana Fernanda
Meneses Romero participó en el concurso de méritos convocado por la Junta
Directiva de la empresa social del Estado Hospital Simón Bolívar de III Nivel
de atención de Bogotá, inscripción que concretó el 15 de marzo de 2012 y en
la que se consignaron los datos pertinentes referidos a aspectos personales,
formación académica y experiencia laboral. Ítem éste último en el que pasó
haberse desempeñado como Directora de Proyectos de salud en la Empresa
Gestión Estratégica y Desarrollo GED desde el 15 de septiembre de 2003
hasta el 18 de octubre de 2005, aspecto que a la postre fue respaldado a
través de certificación emitida en ese sentido por parte del señor William
Fernando Díaz Rojas quien durante la declaración rendida ante este
despacho judicial corroboró la emisión de aquella siendo incorporada esta al
diligenciamiento por el testigo de acreditación Byron Lievano Puente como
anexo contentivo de la hoja de vida de la encartada.
[...]
Nótese como el Juzgado no puede dejar de lado la valoración de los contratos
003 y 007 como lo pretende la bancada defensiva, primero, porque fueron
legalmente aducidos al juicio como se advirtió párrafos atrás y segundo,
porque en su confección y existencia se pretendió edificar la justificación y
respaldo de la expedición de la certificación espúrea, al punto que la testigo
de la defensa María Isabel Ruiz, por ser presentada como quien elaboró la
certificación afirmó haber consultado esos contratos para extraer la
información que plasmó en tal documento, por lo tanto no es posible obviar el
análisis de aquellos, pues de ellos indefectiblemente se desprende y se
acredita la información falsa de que ya se ha ocupado el despacho.
[...]
20
Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Sentado ello y de conformidad con elementos materiales probatorios
recaudados en la actuación y ya analizados en párrafos precedentes, es claro
para el juzgado que WILLIAM FERNANDO DÍAZ ROJAS elaboró la
certificación laboral que contiene información falsa, sin embargo aquel no lo
utilizó, pues la misma fue aducida al concurso de méritos por VIVIANA
FERNANDA MENESES ROMERO como parte de su acreditación de
experiencia laboral relacionada con el cargo que pretendía obtener, razón por
la cual estaríamos con respecto a Díaz Rojas frente a la realización de solo
uno de los actos constitutivos de la conducta, por lo que la participación como
determinador encontraría reparo; sin que pueda aducirse vulneración de la
garantía de no autoincriminación de Díaz Rojas amén de las advertencias que
el Juzgado le hizo al iniciar su declaración, ciudadano que manifestó que no
se configuraba en su caso ninguna excepción para declarar, [...].
[...]
Por tanto, en el asunto bajo examen es claro que William Fernando Díaz Rojas
produjo el documento apócrifo y que VIVIANA FERNANDA MENESES
ROMERO lo utilizó con un propósito determinado, que no era otro que
participar y obtener mejor puntaje en el concurso de méritos al que se
presentó, pues tras mayor experiencia mayor puntaje ostentaría, por lo cual
estas dos personas realizaron un aporte significativo a la comisión del injusto,
en lo que toca con MENESES ROMERO usó el documento y lo hizo oponible
en el concurso público, por lo que estamos claramente frente a una
coautoría.» [sic]
41. Pues bien, como se indicó en el acápite anterior, para que se predique la causal
de nulidad por falta de competencia, debe establecerse que el funcionario que
suscribió el acto administrativo no estaba habilitado por la Constitución, la ley o el
reglamento para expedirlo o, en otras palabras, no era el titular de esa función.
42. En sub examine, el acto administrativo de insubsistencia fue firmado por Viviana
Fernanda Meneses Romero el 17 de mayo de 2012 en «uso de sus facultades
conferidas por el artículo 20 y 21 del Acuerdo número 17 de 1997, emanado del Concejo
de Santa Fe de Bogotá D.C., Acuerdo número 06 del 14 de julio de 1998, expedido por la
Junta Directiva del Hospital Simón Bolívar y en especial las conferidas por el decreto 2400
de 1968».
43. El Acuerdo 17 de 1997 referido, «por el cual se transforman los Establecimientos
Públicos Distritales Prestadores de Servicios de Salud como Empresa Social del Estado, se
crea la Empresa Social del Estado La Candelaria y se dictan otras disposiciones»,
transformó la naturaleza del Hospital Simón Bolívar III nivel y, en el artículo 20
estableció que una de las funciones del gerente era «[s]er nominador y ordenador del
gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley y los reglamentos».
44. De ello se desprende, sin asomo de duda que, en virtud del reglamento citado,
tenía la competencia para nombrar y retirar al personal del hospital, máxime si se
trataba de relaciones legales y reglamentarias de libre nombramiento y remoción
como, en el caso, el de jefe de la oficina de control interno disciplinario.
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45. Ahora, en el recurso de apelación, la parte demandante solicitó la aplicación del
control por vía de excepción previsto en el artículo 148 del CPACA. El tenor literal
de esta norma es el siguiente:
«Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos
administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá
efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.»
46. Esta Sección ha señalado que este medio de control se caracteriza porque21 (i)
es accesorio, en el entendido de que requiere otro medio de control principal para
que se pueda dar aplicación al mismo; (ii) tiene competencia especializada porque
solo puede ser estudiada y declarada por la Jurisdicción de lo contencioso –
administrativo; (iii) cuenta con una legitimación por activa mixta, en razón a que
puede ser solicitada por la parte demandante como pretensión, por la parte
demandada como excepción y puede ser declarada de oficio por el juez de
conocimiento; (iv) se utiliza con el fin de aplicar actos de carácter general
[reglamentos], como particular; (v) es necesario que la inaplicación se requiera para
los efectos concretos del proceso en el que se realiza, es decir, que una causa o
consecuencia del debate en el asunto sea el aplicar o no un acto diferente del
analizado en el caso concreto; (vi) procede de manera subsidiaria, es decir, cuando
no es procedente en el caso concreto declarar la nulidad del acto administrativo a
inaplicar; (vii) desarrolla el principio constitucional previsto en el artículo 4 de la
Constitución Política y el de legalidad; y (viii) tiene efectos inter partes.
47. De lo expuesto, deduce la Sala que la intención de la parte actora es que se
inaplique el acto administrativo de nombramiento de Viviana Fernanda Meneses
Romero por ser contrario a la Constitución y la ley, en cuanto para acceder al cargo
utilizó documentos falsos; ello, con el fin de demostrar que el acto administrativo de
insubsistencia fue expedido con falta de competencia. No obstante, el «medio de
control» y el vicio invocado no tienen vocación de prosperidad en el caso concreto,
por las razones que se exponen a continuación.
48. El artículo 88 del CPACA prevé que los actos administrativos «se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo» y «[c]uando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se
resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar», norma a
partir de la cual se puede deducir que, si para el momento de la suscripción de la
resolución acusada no existía ninguna medida cautelar vigente o decisión que
declarara su nulidad, el acto estaba revestido de dicha presunción y, por lo tanto,
estaba surtiendo efectos jurídicos, en el sentido de habilitar a la gerente para
21
Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicación 41001-23-33-000-2012-00238-01
(0798-14).
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declarar la insubsistencia a pesar de que, el día anterior, el actor presentó el escrito
de renuncia. Se recuerda que la falta de competencia se debe examinar para la
fecha de su expedición y no a posteriori.
49. Esta Sección, en la sentencia proferida el 12 de noviembre de 202022, sostuvo
en un caso de contornos similares, lo siguiente:
«Si bien en el expediente no se encuentra el acto de nombramiento de la
señora Martha Patricia Zea Ramos, conforme al cual pueda establecerse que
se trata de la titular del despacho 05 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, a partir de los hechos narrados tanto en la
demanda como en la contestación y en los testimonios practicados en el
presente proceso, esta sala llega a la conclusión de que en efecto la
mencionada señora, para el momento de la expedición del acto demandado,
tenía la calidad de nominadora, por lo que dentro de sus competencias se
encontraba la de declarar insubsistente el nombramiento de las personas que
ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción en el despacho, y por lo
tanto no existió falta de competencia de su parte.»
50. A más de lo anterior, si bien es cierto que se profirió una sentencia condenatoria
por falsedad en documento privado y fraude procesal por haber probado la
experiencia a partir de documentos que no se acompasaban con la realidad,
también lo es que ello no enerva la legalidad del acto administrativo de
insubsistencia, en razón a que dicha providencia surte efectos hacia el futuro y, de
cualquier manera, en ningún aparte se hizo referencia a los actos administrativos
que suscribió en calidad de gerente.
51. Tampoco es desconocido para la Sala que el alcalde mayor de Bogotá, D.C.
inició el procedimiento de revocación directa previsto en el artículo 93 del CPACA,
pero se echa de menos la decisión adoptada. En gracia de la claridad, aun cuando
se hubiese revocado el acto por el cual se nombró a la gerente del Hospital Simón
Bolívar, el de insubsistencia suscrito por ella gozaría de presunción de legalidad, en
razón a que los efectos de esta figura jurídica son ex nunc o hacia el futuro.
52. Lo anterior, por cuanto en virtud de la separación del poder, aunque las ramas
legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia para lograr los
fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de las actividades
administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se encuentra ejercer
el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin el consentimiento
del particular, pero únicamente en los casos expresamente autorizados por el
legislador.
53. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en ningún modo declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
22
Radicación 25000-23-42-000-2016-02355-01 (5459-18).
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01339-01 (0771-2015)
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justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico con efectos retroactivos, a través de la
declaratoria de la nulidad.
54. En ese orden, aunque se hubiese revocado el acto administrativo de
nombramiento de la gerente del hospital, ello no viciaba de nulidad la resolución de
insubsistencia, en razón a que solo se afectarían los efectos o la obligatoriedad,
pero no la presunción de legalidad que corresponde únicamente al juez quien,
además, es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior,
como se observa en el siguiente cuadro:
Característica Efectos
Afecta la eficacia del acto, pero no tiene la
virtualidad de retrotraer las cosas al
estado inicial.
Revocación directa Hacia el futuro
Procede solo con el consentimiento del
ciudadano, salvo en los casos
expresamente establecidos por el
legislador.
Afecta la validez del acto desde el
Nulidad Hacia el pasado
momento de su expedición.
55. Y es que, en gracia de discusión, si se declarara la nulidad del acto de
designación de Viviana Fernanda Meneses Romero como gerente del Hospital
Simón Bolívar, lo cierto es que ello tampoco desvirtuaría la legalidad del acto de
insubsistencia, tal como lo ha sostenido esta Subsección, por ejemplo, en la
sentencia proferida el 21 de septiembre de 201723:
«1. Al declararse la nulidad de la designación no significa que los actos
expedidos por quien ejerció el cargo desaparezcan de la vida jurídica porque
la actuación administrativa del servidor público cuya designación se declara
nula, se presume que se desarrolló con observancia del principio de legalidad,
marco dentro del cual se ejercen las atribuciones que la Constitución y la Ley
le confieren para proferir actos administrativos con efectos jurídicos. La
actuación consolidada antes de la declaratoria de nulidad del acto de
designación, por razones de estabilidad y seguridad jurídica queda incólume
y se mantiene intangible.
En el caso bajo estudio se tiene que, para la fecha en que fue expedido el
acto administrativo de insubsistencia, el Gobernador designado, en su
condición de servidor público, estaba investido de plenas facultades para el
ejercicio del cargo dentro del marco de competencias que la Constitución y la
Ley le atribuían24. Fue en ejercicio de esas competencias y bajo el ropaje de
23
Radicación 76001-23-31-000-2011-00418-01 (0492-13), CP. César Palomino Cortés.
24
Art. 305 CP en concordancia con el artículo 94 del Decreto 1222 de 1986 de conformidad con el
cual, son atribuciones del Gobernador: “2. Dirigir la acción administrativa en el departamento,
nombrando y separando sus agentes, reformando o revocando los actos de éstos y dictando las
providencias necesarias en todos los ramos de la administración”. Y, según el numeral 15 del artículo
95 idem, dentro de las atribuciones de los Gobernadores, está la de nombrar y remover el secretario
o secretarios, y subalternos de la Gobernación.
El ejercicio funcional de las competencias del Gobernador se efectuó a partir del acto de designación
y posesión.
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la legalidad del acto de designación contenido en el Decreto 2925 del 5 de
agosto de 2010, que dispuso mediante acto de insubsistencia proferido el 30
de agosto de 2010, el retiro del servicio del demandante en su condición de
empleado de libre nombramiento y remoción.
2.- El defecto orgánico por falta de competencia de la autoridad administrativa
es una causal de nulidad del acto que debe verificarse para la fecha de su
expedición y no a posteriori.
Por último y a manera de conclusión, los motivos de ilegalidad invocados en
la demanda contra el acto administrativo de insubsistencia, los cuales se
contraen a la expedición por “FUNCIONARIO INCOMPETENTE”, debían ser
acreditados plenamente en este proceso, independientemente de que
estuviera en curso una acción electoral contra el acto de designación del
servidor que profirió la insubsistencia, como se ha señalado en esta sentencia,
pues no podía el demandante en el caso concreto, condicionar las resultas de
este proceso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda en el
proceso electoral, en la medida en que como ya se dijo, la validez de los actos
que hubiera proferido el funcionario designado no estaba condicionada a la
declaratoria de nulidad de la designación, toda vez que dichos actos de
carácter autónomo, estaban amparados por la presunción de legalidad, y por
razones de seguridad jurídica, como principio de derecho, los efectos de los
actos expedidos en ejercicio de las competencias derivadas de un cargo cuyo
nombramiento se presume legal, no desaparecen por razón de una nulidad
consecuente.» [se resalta]
56. De otro lado, si se aceptara que era una funcionaria de hecho, tampoco habría
lugar a declarar la nulidad del acto de insubsistencia porque opera cuando se asuma
«el ejercicio de funciones públicas [quienes] no tienen título legal alguno», pero en este
caso, sí existió un acto administrativo de nombramiento que sirvió de sustento a la
decisión que aquí se cuestiona, el cual, se insiste, no ha sido anulado por la
Jurisdicción de lo contencioso – administrativo y, por ello, se presume su legalidad.
Además, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado lo siguiente25:
«La doctrina, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, han definido
a los funcionarios de facto o de hecho, como aquellos que carecen de
investidura o que la tienen, pero de manera irregular, desempeñan funciones
que corresponden efectivamente a un empleo público debidamente creado y
tienen los mismos derechos salariales y prestacionales que el régimen jurídico
vigente reconoce a los funcionarios de iure. Los actos administrativos
expedidos por ellos son válidos y están amparados por la presunción de
legalidad, porque se consideran como si hubieran sido expedidos por
funcionarios de derecho y porque ejercen sus funciones en condiciones de
plena verosimilitud, tal como lo hacen estos, de modo que la opinión general
cree razonablemente que se trata de funcionarios investidos válidamente de
función pública». [se resalta]
57. Así las cosas, considera la Sala que el vicio que pueda afectar el acto de
nombramiento de Viviana Fernanda Meneses Romero, en manera alguna se
extiende al de insubsistencia del demandante, en razón a que su revocatoria o
25
Subsección A, sentencia del 26 de marzo de 2009, número interno 0689-06. También se puede
consultar la sentencia del 24 de junio de 2015, número interno 1471-14.
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nulidad tiene efectos a futuro y, no por ello, se enerva la legalidad del acto aquí
acusado. A más de ello, aunque exista una sentencia condenatoria proferida por el
juez penal, ello tampoco incide en la legalidad mencionada, en razón a que esa
especialidad, encargada exclusivamente de examinar una conducta punible, no
expulsa del ordenamiento jurídico el acto viciado y tampoco los que se suscribieron
con la facultad nominadora prevista en la ley. En consecuencia, este cargo de
apelación no está llamado a prosperar.
2.4. Desviación de poder y la carga de la prueba
2.4.1. Marco normativo y jurisprudencial
58. El artículo 137 del CPACA prevé que la nulidad de los actos administrativos
opera cuando «hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió».
59. Esta causal de nulidad ha sido definida por esta Sección como el «vicio que afecta
la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue
configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función
administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la
presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre
de la administración en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe
someterse»26.
60. Dicho de otro modo, la causal se configura cuando el servidor público, al expedir
un acto administrativo, busca una finalidad contraria a los intereses públicos o
sociales; de ese modo, esta se relaciona de manera directa con el elemento
teleológico del acto administrativo27, en razón a que opera cuando el fin perseguido
con su expedición es distinto del interés general y no se relaciona con el propósito
de la competencia que se atribuyó al servidor público.
61. Lo anterior, porque el fin del acto administrativo no depende del querer de la
autoridad administrativa, sino que lo fija en el ordenamiento jurídico al disponerse
en el artículo 121 de la Constitución Política que «ninguna autoridad del Estado podrá
ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley». Por tanto, «la
administración, al momento de su expedición, debe sujetarse a las atribuciones y respetar
los fines que la norma persigue, puesto que «el propósito de todo acto administrativo no lo
fija la administración, sino el constituyente y el legislador, quienes lo entienden emitido para
cumplir los fines previstos en el artículo 2 constitucional y 1.° del CPACA, esto es, el buen
servicio público, la buena marcha de la administración y el interés general»28.
26
Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009, radicación 27001-23-31-000-2003-00471-
02 (1385-2009).
27
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2024, radicación 18001-23-33-000-
2017-00085-01 (66616).
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2020, radicación
25000-23-42-000-2013-01241-01 (2334-2017).
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62. Así las cosas, de acuerdo con el criterio pacífico de esta corporación, a quien
invoque esta causal de nulidad le corresponde la carga de demostrar que el acto
administrativo tuvo una intención diferente del buen servicio o de las finalidades
previstas en las normas que debían aplicar, y de tal forma llevar al juez a la plena
convicción de que así ocurrió29. Al respecto, esta Sección ha sostenido lo que
sigue30:
«Por su parte, la jurisprudencia ha manifestado en cuanto a este vicio de
ilegalidad que “demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se
alejó de la finalidad de buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos
por la norma. Cuando se invoca este vicio, necesariamente, la prueba ha de
encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se acusa,
pues se trata de establecer, precisamente, la intención de funcionario que
expide el acto, que es previa a la toma de la decisión”.31
[...]
La jurisprudencia de esta Corporación32 también ha indicado, respecto de la
probanza de la desviación de poder alegada por la parte actora, que es a esta
a quien le corresponde el deber de probar los supuestos de hecho en que se
basa la censura que pretende hacer valer para destruir la presunción de
legalidad el acto acusado; afirmación que, atendiendo a la jerarquización de
las fuentes del derecho administrativo, viene dada por la regla contenida en
el Código General del Proceso32 de que “incumbe a las partes, probar los
supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”.
Como ya se explicó, la decisión discrecional de retiro del servicio de una
persona nombrada en un empleo de libre nombramiento y remoción se
caracteriza por su inmotivación, decisión revestida de presunción de legalidad
y expedida por razones del buen servicio. Por ello, es deber de quien
argumenta su ilegalidad, a través de las causales de nulidad previstas en el
ordenamiento jurídico, acreditar que sus fines no fueron los del buen
servicio33.
Sobre este particular es preciso indicar que la jurisprudencia de la Sección 34,
en algunas circunstancias en donde cada parte arguye determinada situación
frente al retiro del servicio del empleado de libre nombramiento y remoción,
ha definido que a cada una le corresponde probar dichos supuestos, pero no
para implementar la inversión de la carga de la prueba o para hacerla
29
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2011, radicación 17001-23-31-
000-2003-01412-02 (0734-10).
30
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2023, radicación 47001-23-33-000-
2018-00083-01 (1420-2021).
31
Sentencia de Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de 23 de febrero de 2011,
radicado interno No. 0734-10, consejero ponente: Victor Hernando Alvarado Ardila.
32
Sentencia del 16 de febrero de 2006, Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B,
consejero ponente: Jesús María Lemos Bustamante. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-
08208-01(2485–04).
33
Tratándose de la desviación de poder
34
Sentencia del 15 de mayo de 2000, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero Ponente: Alejandro Ordoñez Maldonado, Expediente 2459-99.
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dinámica, sino para reafirmar justamente que quien alega un hecho debe
acreditarlo, criterio que acá se reitera.
En consecuencia, como quiera que la carga probatoria de demostrar el vicio
de desviación de poder recae en el demandante, quien debe asumirla y
demostrar que la intención del nominador en el ejercicio de la facultad
discrecional no fue la de mejorar el servicio sino por un motivo eminentemente
personal, es necesario analizar la prueba obrante en la actuación, de cara a
los argumentos expuestos por él en el recurso de apelación.» (sic).
63. Criterio que ha sido expuesto pacíficamente en las sentencias proferidas el 24
de febrero35, 24 de marzo36, 23 de junio37, 28 de julio38, 7 de diciembre39 de 2022; 2
de febrero40, 20 de abril41, 16 de marzo42, 22 de junio43, 24 de agosto44, 26 de
octubre45 de 2023; 25 de enero46, 29 de enero47 y 8 de febrero48 de 2024, entre
otras.
64. Así, en los actos administrativos derivados de la facultad discrecional, como el
que declara la insubsistencia de un nombramiento de un cargo de libre
nombramiento y remoción, aun cuando esta causal no es fácil de comprobar porque
obedece a presupuestos subjetivos y personales del nominador, la carga recae en
el interesado porque debe mostrarle al juez que el propósito con la expedición del
acto resultó distante o ajeno a los del mejoramiento del servicio; así lo exigen los
artículos 167 del CGP y 103 del CPACA, conforme con los cuales «[i]ncumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen» y «[q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la
administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y
probatorias [...]».
2.4.2. Caso concreto de la desviación de poder
65. En el recurso de apelación, el demandante manifestó que Henry Rodríguez
Pinzón no cumplía con uno de los requisitos del cargo, ni lo superaba en experiencia
y formación, concretamente, el requisito de «postgrado en áreas relacionadas con las
35
Sección Segunda, Subsección A, radicación 73001-23-33-000-2016-00380-01 (4572-2019).
36
Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2015-00913-01 (3645-2019).
37
Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-05806-01 (4804-2019).
38
Sección Segunda, Subsección B, radicación 25000-23-42-000-2018-01529-01 (0577-2021) y
08001-23-33-000-2018-00267-01 (3289-2021).
39
Sección Segunda, Subsección B, radicación 25000-23-42-000-2019-00896-01 (1493-2022).
40
Sección Segunda, Subsección B, radicación 25000-23-42-000-2019-01708-01 (2994-2022).
41
Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2016-05531-01 (3112-2019): «es a
los accionantes a quienes les corresponde probar los supuestos de hecho en que se basa la censura
que pretenden hacer valer para destruir la presunción de legalidad del acto acusado»
42
Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2015-03529-01 (3668-2019).
43
Sección Segunda, Subsección A, radicación 47001-23-33-000-2019-00126-01 (4324-2021).
44
Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2015-01206-01 (5787-2022).
45
Sección Segunda, Subsección A, radicación 68001-23-31-000-2012-00120-01 (1136-2021).
46
Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-06024-01 (1262-2023).
47
Sección Segunda, Subsección A, radicación 68001-23-33-000-2016-01374-01 (1500-2021).
48
Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2019-00219-01 (3495-2021).
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01339-01 (0771-2015)
Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
funciones del cargo (derecho disciplinario) y la experiencia no era relacionada ni específica
con las funciones. Acreditó, únicamente, diploma de la Universidad Nacional como
especialista en Derecho Administrativo, más no del área relacionada con las funciones del
cargo»; más adelante afirmó lo que se transcribe:
«Esa hipótesis coincide en toda su extensión con los criterios expuestos por
el Consejo de Estado cuando pondera y valora la trayectoria laboral, la
preparación académica y la experiencia relacionada adquirida y concluye que
el acto de insubsistencia al no tener en cuenta esos antecedentes desborda
cualquier límite de razonabilidad, lo que resulta desproporcionado al ejercicio
de la facultad discrecional [...]».
66. En el expediente está demostrado que:
66.1. Mediante la Resolución 0178 del 22 de mayo de 2012, suscrita por Viviana
Fernanda Meneses Romero en calidad de gerente, se nombró a Henry Rodríguez
Pinzón en el cargo de «Jefe Oficina Control Interno Disciplinario, Código 006, Grado
04»49.
66.2. En la certificación expedida por el Hospital Simón Bolívar III nivel ESE, se
consignaron los requisitos para el cargo de jefe de oficina de control interno así50:
«V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad social en Salud.
2. Constitución nacional.
3. Ley 734 del 2002 o la que esté vigente.
4. Código Contencioso Administrativo.
5. Código de procedimiento Civil.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA:
ESTUDIOS
1. Título Universitario en Derecho.
2. Tarjeta Profesional.
3. Postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
EXPERIENCIA
1. Dos (2) años de experiencia profesional».
67. Al hacer la comparación de las hojas de vida de Leonardo Cogollo Vargas con
la de Henry Rodríguez Pinzón, se observa lo siguiente:
49
Cuaderno 1, folio 94.
50
Cuaderno 2, folio 360.
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01339-01 (0771-2015)
Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
Leonardo Cogollo Vargas Henry Rodríguez Pinzón
Estudios
Abogado (2000)51 Abogado (2005)52
Especialista en derecho administrativo y Especialista en derecho administrativo
constitucional (2001)53 (2009)54
Seminario: metodología y trámite de
Especialización en gerencia en salud y
proyectos de inversión cofinanciados,
auditoria de la calidad en salud (2012)55
sistema tributario municipal (20 horas)56
Seminario: ley de saneamiento fiscal, Ley
Seminario: derecho administrativo laboral 617 de 2000, el sistema presupuestal, el
(16 horas)57 plan de desarrollo y el régimen municipal
(20 horas)58
Programa: mejoramiento de sistemas de
Seminario: ordenamiento territorial
gestión de calidad en la gestión pública
(1999)60
(36 horas)59
Seminario: la función pública y el nuevo
Seminario: actualización de contratación
régimen de carrera administrativa en las
pública efectiva (2011)61
entidades territoriales (1996)62
Curso: II jornadas sobre corrupción política Seminario – taller: administración de
y económica (20 horas)63 proyectos rentables (1992)64
Seminario: gerencia y administración
Curso: perfeccionamiento en control fiscal
de los recursos humanos y financieros
territorial (170 horas)65
del sector salud (1996)66
Seminario: los procesos de planeación y
Auditor interno en ISO 9001:200067 los planes de desarrollo en las entidades
públicas (1997)68
Seminario: los principales problemas y
Curso: desarrollo de las habilidades
conflictos en la contratación estatal
administrativas (2003)69
(1999)70
Seminario: contratación estatal (32
Seminario: programa capacitación
horas)71
51
Cuaderno 1, folio 70.
52
Cuaderno 1, folio 104.
53
Cuaderno 1, folio 69.
54
Cuaderno 1, folio 102.
55
Cuaderno 1, folio 37.
56
Cuaderno 1, folio 106.
57
Cuaderno 1, folio 73.
58
Cuaderno 1, folio 135.
59
Cuaderno 1, folio 62.
60
Cuaderno 1, folio 136.
61
Cuaderno 1, folio 66.
62
Cuaderno 1, folio 137.
63
Cuaderno 1, folio 67.
64
Cuaderno 1, folio 138.
65
Cuaderno 1, folio 71.
66
Cuaderno 1, folio 139.
67
Cuaderno 1, folio 72.
68
Cuaderno 1, folio 140.
69
Cuaderno 1, folio 74.
70
Cuaderno 1, folio 141.
71
Cuaderno 1, folio 75.
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01339-01 (0771-2015)
Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
municipal (2001)72
Curso: acto y procedimiento administrativo Diplomado: sistema penal acusatorio
(1997)73 (2006)74
Curso: contratación administrativa Ley 80 Diplomado: finanzas públicas municipales
de 1993 (15 horas)75 (1998)76
Diplomado: formación y capacitación de
Curso: análisis financiero (18 horas)77
conciliadores (2003)78
Foro nacional sobre estrategias públicas
Seminario: contratación administrativa
para la promoción de la participación
(1996)79
ciudadana en Colombia (2001)80
Seminario – taller: administración de
Seminario – taller: redacción jurídica personal y carrera administrativa,
(1996)81 contratación pública, control interno
(1999)82
Seminario: la función pública y el nuevo
Curso: contabilidad avanzada (60 horas)83 régimen de carrera administrativa de las
entidades territoriales (1996)84
Programador de sistemas (1990)85
Experiencia
Director operativo, código 009, grado 4 de
Litigio (200987 a 201188)
la Contraloría de Cundinamarca86
«Apoderado de inicio y terminación de
procesos disciplinarios» en la
Asesor 105-02 del despacho del contralor
gobernación del Tolima, «Control Único
de la Contraloría de Bogotá.
Disciplinario Quejas y Reclamos» (2004 a
2006)89
Secretario ad hoc de la Asamblea
Departamental del Tolima90
Diputado del departamento del Tolima91
Asesor jurídico externo del municipio de
San Luis (Tolima)92
72
Cuaderno 1, folio 142.
73
Cuaderno 1, folio 76.
74
Cuaderno 1, folio 143.
75
Cuaderno 1, folio 77.
76
Cuaderno 1, folio 144.
77
Cuaderno 1, folio 78.
78
Cuaderno 1, folio 150.
79
Cuaderno 1, folio 79.
80
Cuaderno 1, folio 153.
81
Cuaderno 1, folio 81.
82
Cuaderno 1, folio 159.
83
Cuaderno 1, folio 82.
84
Cuaderno 1, folio 169.
85
Cuaderno 1, folio 83.
86
Cuaderno 1, folio 86.
87
Cuaderno 1, folio 109-110.
88
Cuaderno 1, folio 108, 113 a 126.
89
Cuaderno 1, folio 111.
90
Cuaderno 1, folio 128.
91
Cuaderno 1, folio 129, 130.
92
Cuaderno 1, folio 131.
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01339-01 (0771-2015)
Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
Gobernación del Tolima93
Contrato de prestación de servicios con la
Registraduría Nacional del Estado Civil94
Concejal del municipio de Ibagué95
68. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra la Sala que Henry
Rodríguez Pinzón acreditó su idoneidad con el título universitario en derecho y,
además, el título de postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo,
como lo es el derecho administrativo.
69. Nótese que el requisito de estudios se circunscribe a un postgrado en áreas
relacionadas con las funciones del cargo, no en derecho disciplinario como lo señaló
la parte demandante. Sin duda, el derecho administrativo está relacionado con la
disciplina que se echa de menos en el recurso, tan es así que, como «conocimientos
básicos o esenciales», se exigía el conocimiento en los Códigos Contencioso
Administrativo y de Procedimiento Civil.
70. Incluso, aunque el actor acreditó una especialización en gerencia en salud y
auditoria de la calidad en salud, ello no es suficiente para señalar que era más
idóneo, en razón a que de esta no se puede entender que los conocimientos que
obtuvo se dirigieron únicamente al derecho disciplinario, como lo exige en el
recurso.
71. A más de lo anterior, respecto de la experiencia, el requisito se circunscribió a
2 años de experiencia profesional, sin distinguir que debiera ser exclusiva en las
áreas de control interno disciplinario y, como se dejó visto, a diferencia del actor,
Henry Rodríguez Pinzón se desempeñó como apoderado «de inicio y terminación de
procesos disciplinarios» en el departamento del Tolima por, aproximadamente, 2
años. Con ello, sin duda, se demostraba la experiencia para ejercer el cargo.
72. Entonces, a partir de lo expuesto, no puede deducirse que el motivo para retirar
del servicio al demandante se haya alejado del buen funcionamiento del servicio
público y su mejora; se trató exclusivamente de la potestad discrecional del
nominador para retirar y nombrar a su colaborador en la Oficina de Control Interno
Disciplinario, en razón a que, para dicho cargo, se requiere un grado de confianza.
De ahí que la jurisprudencia de esta corporación haya señalado en reiterados
pronunciamientos que «hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad
para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones
que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello»96.
93
Cuaderno 1, folio 132.
94
Cuaderno 1, folio 133.
95
Cuaderno 1, folio 166.
96
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2018, radicación 25000-23-42-
000-2013-01223-02 (4578-16).
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01339-01 (0771-2015)
Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
73. Agregase a lo anterior que esta Sección ha señalado lo siguiente97:
«En el mismo sentido el demandante afirma que con la designación de su
reemplazo, la abogada [...], se desmejoró el servicio porque no tenía la misma
experiencia ni sus mismas calidades académicas, estas circunstancias
tampoco sirven para infirmar la presunción de legalidad del acto acusado.
Lo antes dicho porque, como ya lo ha precisado la jurisprudencia de esta
Corporación, lo que debe cuantificar el juez, a efectos de calificar la no
idoneidad del reemplazo, son los requisitos mínimos para el desempeño del
cargo, hecho que no se discute en este proceso, porque, en principio, el acto
administrativo de nombramiento de un empleado es ajeno y autónomo a la
declaratoria de insubsistencia, de manera que la eventual ilegalidad del
primero no incide en la legalidad del segundo.
Por lo expuesto, se considera que no es preciso evaluar o comparar perfiles
del funcionario titular frente a las calidades del aspirante a ejercer el mismo
cargo. Lo que se examina es si la persona acredita o no los requisitos legales,
para efectos de su nombramiento y eventual ejercicio del cargo».
74. Así las cosas, en criterio de la Sala, no se demostró que el motivo para declarar
la insubsistencia de Leonardo Cogollo Vargas se dirigió a satisfacer un interés
personal de la gerente o tendiente a desmejorar la prestación del servicio, pues lo
cierto es que su reemplazo cumplía con los requisitos mínimos para el cargo y, de
cualquier modo, no se demostró que su desempeño laboral fuera deficiente o que
manejara incorrectamente el área en la que fue designado.
75. La parte demandante también alegó, en el recurso de apelación, lo que se
transcribe:
«Del fallo citado deseo recordar el análisis del tema específico de la carga de
la prueba encaminada a demostrar que el retiro no fue por razones del buen
servicio, para concluir que esa carga se invierte para que sea la entidad la
que debe demostrar “que con el ejercicio de la facultad de libre remoción, se
proponía mejorar el servicio público a su cargo, e indicar en qué condiciones,
de lo contrario se pone en evidencia el desvío de poder».
76. Como ya se explicó ampliamente, de conformidad con el artículo 88 del CPACA,
los actos administrativos expedidos por el funcionario competente se presumen
legales hasta que la Jurisdicción de lo contencioso – administrativo los anule. De
ese modo, quien pretenda el restablecimiento de un derecho subjetivo, tiene la
carga de allegar todos los medios de prueba que estime necesarios para desvirtuar
dicha presunción.
77. También es cierto que, en ejercicio de los derechos de defensa y contradicción,
la parte demandada debe aportar las pruebas que tenga en su poder para enervar
la presunción, pero ello, en manera alguna, debe comprenderse como la inversión
97
Sentencia del 6 de mayo de 2010, radicación 2003-0411-02; reiterado en la sentencia proferida
por esta Subsección el 17 de marzo de 2022, número interno 2873-2017, CP. César Palomino
Cortés.
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01339-01 (0771-2015)
Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
de la carga de demostrar la ilegalidad del acto administrativo, en razón a que, se
insiste, le corresponde al directamente interesado.
78. Lo anterior, por cuanto la desviación de poder se dirige a demostrar el iter
subjetivo del funcionario que expidió el acto administrativo, es decir, exhibir al juez
que el nominador utilizó maniobras o que con su actuación pretendía satisfacer
intereses personales o de terceros que se distanciaban de la prestación eficiente,
oportuna y correcta del servicio. En esa línea, no puede exigírsele a la entidad que
demuestre que su actuar estuvo ajustado a la legalidad porque, en virtud de la ley,
este se presume.
79. En definitiva, de las pruebas aportadas se puede extraer que Henry Rodríguez
Pinzón sí cumplió con los requisitos mínimos para el cargo de jefe de la oficina de
control interno y, como en el expediente no reposan más pruebas que permitan a la
Sala inferir que existieron motivos ocultos distintos del buen servicio, la conclusión
ha de dirigirse a que la parte demandante, directamente interesada en la anulación
del acto, no logró desvirtuar la presunción de legalidad.
2.5. Costas de la segunda instancia
80. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas.
2.6. Conclusión
81. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia porque si bien es cierto que se adelantaron investigaciones en contra de
Viviana Fernanda Meneses Romero por haber acreditado experiencia a través de
documentos falsos para su designación como gerente del Hospital Simón Bolívar III
nivel ESE, lo cierto es que ello no incide en la legalidad del acto administrativo de
insubsistencia del demandante, por cuanto, para ese momento, podía ejercer las
facultades de nominadora que el reglamento le otorgaba respecto de los cargos de
libre y nombramiento y remoción como el de jefe de la oficina de control interno
disciplinario. Además, de las pruebas aportadas al expediente, se pudo verificar que
Henry Rodríguez Pinzón, quien lo reemplazó, cumplía con los requisitos mínimos
exigidos para el cargo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01339-01 (0771-2015)
Demandante: Leonardo Cogollo Vargas
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la
demanda.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
Sigue leyendo
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