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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00380-01

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00380-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia de 20 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo d el Tolima que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Piedad Eugenia Solanilla Carvaja l contra el Municipio de Ibagué y Luz Stella Canizales Castellanos. SEGUNDO: Sin condena en c ostas en esta instancia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2016-00380-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DEO CO NTENCIOSO ADMINIS TRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A

Consejero Ponente: GABRIEL V ALBUENA HE RNÁNDE Z

Bogotá, D.C., Veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós
(2022)

Radicado: 73001-23-33-000-2016-00380-01 (4572-2019)
Demandante: PIEDAD EUGENI A SOLANILLA CARVAJAL
Demandado: MUNI CIPIO DE IBAGUE Y LUZ STELLA
CANIZALES CASTELLANOS

Tema: Declaración de insubsistencia de nombramiento de
servidor de libre nombramiento y remoción en condición de
prepensionado

Ley 1437 de 2011 - Sentencia de segunda instancia

I. ASUNTO

La Sección Segunda Subsección A decide el recu rso d e apelación
interpuesto por la señora PIEDAD EUGENI A S OLANILLA
CARVAJ AL contra la sentencia de 20 de junio de 2019 , proferida
por el Tribunal Administrativo de l Tolima, que negó las súplicas de
la demanda de la referencia .

II. ANTECEDENTES.

2.1. Pretensiones

2.1.1. Piedad Eugenia Solanilla Carvajal , por intermedio de
apoderad a judicial, demandó la nulidad d el Decreto municipal 1000 -
0009 del 1 de enero de 2016 , mediante la cual fue nombrada Luz
Stella Canizales Castellanos como Directora del Grupo de Gestión
y Apoyo Comunitario de la Alcaldía de Ibagué.

2.1.2. A título de rest ablecimiento del derecho solicitó el reintegro
al cargo de Direct ora del Grupo de Gestión y Apoyo Comunitario
perteneciente a la Secretaría de Bienestar Social y se ordene el
pago de los salarios , reajustes, primas, bonificaciones y
prestaciones sociales dejados de percibir desde la desvinculación
hasta que se haga efectivo el re integro, con la indexación
correspondiente y los intereses causados.

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00380-01
Número interno: 4572-2019
Demandante: Piedad Eugenia Solanilla Carvajal

2.1.3 En subsidio, de no ser atendida la solicitud de reintegro, se
ordene la reubicación en un cargo de igual o mejor cate goría y le
paguen los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
hasta el momento de su reintegro, con el aumento salarial previsto
por la ley para cad a año, indexados y con los respectivos intereses.

2.1.4 Se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
establecido en el artículo 192 del CPACA.

2.2. Hechos

En la demanda se narraron los hechos relevantes que a
continuación se resumen:

2.2.1 Mediante Decreto No. 1-0024 del 5 de enero de 2012 , la
señora Piedad Eugenia Solanilla Carvajal fue nombrad a en el cargo
de Directora Código 009, Grado 17 del Grupo Gestión y Apoyo
Comunitario ad scrita a la Secretaría de Bienestar Social, cargo de
libre nombramiento y remoción.

2.2.2 La demandante adquirió su condición de prepensionada en el
año 2015, situación conocid a por la administración municipal como
consta en el oficio 1040 -077561 del 9 d e diciembre de 2015 ,
suscrito por la Secretaria Administrativa de la alcaldía y la Directora
del Grupo Gestión del Talento Humano.

2.2.3.La actora desempeñó el cargo de Directora hasta el 4 de
enero de 2016 cuando se presentó a trabajar en su horario hab itual
y la Directora d el Grupo de Talento Humano de la nueva
administración municipal le informó verbalmente q ue el cargo que
venía desempeñando como Directora del Grupo Gestión y Apoyo
Comunitario iba a ser asumido por la Dra. Luz Stella Ca nizales

2.2.4 La señora SOLANILLA CARVAJAL solicitó mediante derecho
de petición radicado bajo el No. 2016 -175 a la Secretaria
Administrativa y a la Directora del Grupo Talento Humano se le
notificara formalmente el acto administrativo que la declaraba
insubsistente.

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2.2.5 Mediante oficio 1041 -002900 la Directora del Grupo Talento
Humano comunicó el nombramiento de la Dra. Luz Stella Canizales
como Directora del Grupo Gestión y Apoyo Comunitario.

2.2.6 El día 7 de enero la demandante mediante derecho de petición
solicitó reconsiderar su desvinculación en razón de su calidad de
prepensionada.

2.2.7. Mediante oficio 1041 -2016-003515 del 3 de febrero de 2016
le dieron respuesta a su petición n egándola con los siguientes
argumentos que develan la verdadera motivación de la declaratoria
de insubsistencia: (i) El cargo de Directora del Grupo Gestión y
Apoyo Comunitario es de libre nombramiento y remoción por lo que,
el Alcalde ejerció su competencia discrecional nombrando a la
señora Canizales en el cargo y realizando una insubsistencia tácita
y (ii) la calidad de prepensionada y el reten socia l solo exis ten en
los procesos de restructuración administrativa, como la alcaldía no
se encuentra en ese proceso la señora Piedad no tiene derecho al
reten social.

2.2.8 Al momento del retiro, la act ora devengaba un salario de
CINCO MILLONE S SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE( $5.652.650)

2.3. Concepto de la violación

La apoderada del demandante consideró como norma s vulnerada s
las siguientes:

• Artículos 2, 6, 13, 25, 42, 43, 44, 48, 53 , 93 y 209 de la
Constitución Política.
• Articulo 16 de la Convención Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.

En lo que corresponde al concepto de violación explicó que en el
acto demandado se incurrió en infracción de las normas en que
debería fundarse y violación de los derechos fundamentales a la

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seguridad social y a la estabilidad reforzada. Lo anterior porque la
Alcaldía de Ibagué desconoció los mandatos constitucionales al
obrar en contra de los derechos de una mujer prepensionada que
gozaba de la estabilidad laboral reforzada lo que impedía su
desvinculación discrecional.

Explicó que la categoría de prepensionada protege los derechos de
las personas de quienes por edad y tiempo están próxim as a
pensionarse.

Así mismo indicó que, el muni cipio conocía su condición desde el
año anterior, por cuanto reposaba en su hoja de vida y de manera
arbitraria decidió separarla del cargo argum entando que la alcaldía
no se encontraba en restructuració n y que la protección sólo aplica
en esa clase de pro cesos.

Infracción de las normas en que debería fundarse. Violación a
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad
material y trato diferenciado. Sostiene que el acto acusado
desconoció el mínimo vital de la demandante que es una persona
de tercera edad y prepensio nada y por lo tanto, sujeto de esp ecial
protección. Además, ignoró el derecho a la igualdad material y trato
diferenciado en favor de los prepensionados .

Expedición en forma irregular, con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa. Adujo que el municipio antepuso
la potestad di screcional del Alcalde ante la estabilidad laboral
reforzada , el mínimo vital y la igualdad de la actora, sin efectuar el
análisis constitucional que estaba obligado hacer , motivando su
decisión de desvincularla y exp licando las razones por las cuales
no amparaba sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, agregó que el acto administrativo de insubsistencia
tácita vulnera el derecho al debido proceso toda vez que, por
tratarse de un sujeto de especial protección debió motivar s u
decisión como el caso de los funcionarios nombrados en
provisionalidad o evaluar la posibilidad de traslado o reubicación
como lo exige la Corte Constitucional en tratándose de funcionarios
de carrera.

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De otra parte, argumentó como causal de nulidad la desviación de
poder por cuanto el municipio de Ibagué al proceder a la
desvinculación discrecional desvió la finalidad de la función pública
y los p ropósitos co nstitucionales a la “arbitra riedad” desconociendo
los derechos con sagrados en la Carta Política y el bloque
constitucional que integra los derechos humanos.

Así mismo, invocó la Falsa motivaci ón. Afirm ó que el Consejo de
Estado ha entendido por falsa motivación cuando se comprueba que
la administración desconoció los hechos demostrados en la
actuación administrativa y que sí los hubiera tenido en cuenta la
decisión sería distinta , en el presente caso no se tuvo en cuenta la
condición de prepensionada.

Por último, sostuvo que se incurrió en la violación de la confianza
legítima , toda vez que, el alcalde vulner ó la confianza legitima de
la demandante al no darle la estabilidad laboral que esperaba. La
señora SOLANILLA CARVAJAL tenía confianza en la entidad
pública a la que se vinculó con el convencimiento que prestaría sus
servicios hasta pensionarse.

2.4. Contestación de la demanda

El Municipio de I bagué, por medio de apoderad a judicial, se opuso
a las pretensiones de la demanda 1, con fundamento en los
siguientes argumentos:

Falta de vicio e n los actos administrativos que se acusan .
Sostiene que la declaratoria de i nsubsistencia de quienes se
encuentren vinculados bajo el régimen de libre nombramiento y
remoción encuentra su sustento en el poder discrecional del
nominador y teniendo como fin el mejoramiento del servicio público.
Es así como el Alcal de tiene la facult ad de designar a la s personas
que él consider e pertinente para el ejercicio de la función pública,
así como retirarlo cuando lo crea conveniente, sin necesidad de
mediar motivación, pues estos funcionarios no gozan de la
estabilidad en el empleo.

1 Folios 87 al 92 del expediente.

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Afirma además que, la discrecionalidad de remoción no es absoluta,
porque se podría incurrir en un acto arbitrario contrario al Estado
social de derecho .

Manifiesta que, e n cuanto a l reten social del prepensionado se
debe tener en cuenta un concepto del Departamento Administrativo
de la Función Pública que cita y que se refiere a que el retén social
solo cobija a los empleados públicos de las entidades que se
encuentren en proceso de reestructuración o liquidación .

Por último, propone la excepción genérica.

Luz Stella Canizal es Castellanos guardó silencio.

2.5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 2

El Tribunal Administrativo de l Tolima indicó que la excepción
propuesta por la entidad accionada denominada “Falta de vicio en
los actos administrativos que se acusan” no se encuentra en las
enlistadas en el art. 180 numeral 6 del CPACA y por lo tanto, se
desestimará en esta etapa del proceso teniendo en cuenta que se
trata del fondo del asunto y deberá ser decidida en la sentencia.

En relación con la excepción genérica , advierte que una vez
efectuada la revisión de oficio tampoco se encuentra probada

La decisión de excepciones no fue obje to de re curso por
ninguna de las pa rtes.

El litig io fue fijado en los siguientes términos:

“ se tr at a de est ablecer si ¿ Result a pr ocedent e or denar el
r eint egr o y pago de los salar ios de jado s de per cibir por la
act or a m ient r as per m aneció separ ada d el m ism o?, par a lo
cual se est ud iar á l a l egal idad de l act o ad m inist r at ivo que h a
sido acusado » 3.

2 Folios 99 al 103 del expediente.
3 Folio 102 del expediente.

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2.6. La sentencia apelada 4

El Tribunal Administrativo d el Tolima por medio de la sentencia de
20 de junio de 2019 negó las pretensiones de la demanda, con base
en los argumentos que se resumen a continuación:

Estabilidad laboral reforzada de servidores públicos que
ocupan cargos de libre nombramiento y remoción. Los
servidores públicos de libre nombramiento y remoción no gozan de
estabilidad laboral reforzada y como fundamento cita la sentencia
de unificación d e la Corte Constitucional SU -003 de 2018 .

Alcance de la figura de prepensionado. La estabilidad laboral
reforzada de prepensionado de acuerdo con la sentencia SU -003 de
2018 citada, es una garantía para aquellos trabajadores que les
hace falta 3 años o menos para acreditar el requisito mínimo de
semanas de cotización en el Régimen de Prima Media o de capital
necesario en el Régimen de Ahorro Individual y consolidar el
derecho a la pensión de vejez . Cuando solo le falta la edad, el
derecho no se frustra dado que el requisito puede ser cumplido de
manera posterior , con o sin vinculación vigen te.

Se plantea entonces el siguiente interrogante ¿Cumple la
demandante con los requisitos establecidos en el ordenamiento
jurídico para ser beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada
como prepensionada? Para responder sostiene que de conformidad
con la sentencia de unificación se establecen dos requisitos (i) que
le falte 3 años o menos para acreditar el requisito mínimo de
semanas de cotización en el Régimen de Prima Media y (ii) no
desempeñe un cargo de libre nombramiento y remoción , de los que
trata el artículo 5 numeral 2 de la Ley 909 de 2004.

Estableció que para el momento de la desvinculación de la
demandante, esto es, 1 de enero de 2016, ésta contaba c on 57 años
de edad, en otros términos , cumplía con el requisito de edad para
acceder a la pensión de vejez, sin embargo, no ocurría lo mismo

4 Folios 152 al 159 del expediente.

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con las semanas cotizadas, toda vez que , de acuerdo con los
hechos probados le faltaban aproximadamente 100 semanas,
quiere ello decir , que al momento del retiro la actora ostentaba la
calidad de prepensionada reuniendo el primero de los re quisitos.

Para determinar el cumplimiento del segund o requisito, analiz ó la
naturaleza del cargo que ocupaba en el momento del retiro,
deduciendo que es de libre no mbramiento y remoción de
conformidad con el art. 5 de la Ley 909 de 2004 y el manual de
funciones y competencias laborales adoptado por el Munic ipio de
Ibagué, concluyendo que por la naturaleza del cargo no goza de la
estabilidad laboral reforzada y por lo tanto, las pretensiones no
están llamadas a prosperar.

2.7. Recurso de apelación

La apoderada de la parte demandante apeló 5 la anterior decisión
solicitando la revo catoria de la decisión proferida, con base en los
argumentos que a continuación se resumen:

Indebida interpretación de la Sentencia SU -008 (sic) de 2018 y
de la línea jurisprudencial que la originó. Sostiene que el
Tribunal interp retó indebidamente la sentencia SU 003 de 2018 en
la que fundamentó su decisión.

Manifiesta que la Corte estableció dos problemas jurídico s
resolviendo cada uno con una subregla de interpretación
unificadora (i) establecer el alcance de la estabilidad laboral
reforzada para los servidores público s que ocupan cargos de libre
nombramiento y remoción, y cita pa ra el efecto un ap arte de la
sentencia :

“ Par a la Sala Plena, con f ines de unif icación jur ispr ude ncia l,
por r egla gener a l , los em pl eados públic os de l ibr e
nom br am ient o y r em oción no goza n d e est abil idad labor a l
r ef or zada” ( Subraya realizada en el texto citado)

5 Folios 169 al 177 del expediente

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(ii) determinar el alcance del fuero de estabilidad reforzada del
prepensionable , estableciendo la subregla para cuando el único
requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es la edad.

Sostiene que en síntesis la Corte establece que por regla general
no existe estabilidad laboral reforzada en los empleos de libre
nombramie nto y remoción, pero si sólo le falta semanas de
cotización para cumplir el requisito para acceder a la pensión de
vejez, sí opera, por cuanto s í depende de la vinculación laboral.

En el caso de la demandante la calidad del nombramiento no se
discute, pe ro vio frustrado el acceso al derecho a pensionarse
porque las cotizaciones dependían de la estabilidad laboral
reforzada a la que tenía derecho.

Concluye afirmando que el Tribunal incurrió en dos errores
interpretativos, u no jurídico al interpretar errón e amente las
subreglas establecidas por la Corte Constitucional y un error fáctico
al darle un contenido distinto a los he chos probados , es decir que ,
la demandante no completaba las semanas de cotización y tenía
derecho a la estabilidad, si se interpreta contrario se nsu la ratio
decidendi de la sentencia de la Corte.

Nulo estudio de la afectación de los derechos fundamentales de
la demandante frente a su condición fáctica particular de
prepensionada ni de las pretensiones de la demanda . En este
acápite reitera los argumentos de la demanda sobre la vulneración
de los derechos fundamentales a la seguridad social, estabilidad
laboral reforzada, mínimo vital, igualdad material, trato diferenciado
y debido p roceso, al igual que los cargos de desviación de poder y
falsa motivación.

2.8. Alegatos de conclusión

La apoderad a de la demandante 6 reiteró los argumentos de la
demanda y del recurso de apelación .

6 Folios 195 al 208 del expediente.

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Las partes demandadas y el ministerio público guardaron silencio. 7

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo , 8 el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso 9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No
obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia,
el superior resolverá sin limitaciones.

3.3. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos por la demandante en el
recurso de apelación, esta Sala deberá determinar s i se debe
declarar la nulidad del Decreto municipal 1000 -0009 del 1 de enero
de 2016, mediante la cual fue nombrada Luz Stella Canizales
Castellanos como Directora del G rupo de Gestión y Apoyo
Comunitario de la Alcaldía de Ibagué y declarada tácitamente
insubsistente el nombramiento de la demanda nte.

Con el anterior fin , deberá analizarse (i) si la actora para la fecha
del retiro reunía la condición de prepensionad a y se encontraba

7 Folio 209 del expediente.
8 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrat ivos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el
de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los e xtraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de ofici o, en los casos previstos por la ley […]».

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protegida por el mecanismo de la estabilidad laboral reforzada y (ii)
si el acto administrativo fue expedido con falsa motivación o
desviación de poder o infringiendo algún derecho fundamental.

3.4. Marco normativo y Jurisprudencial.

3.4.1 Naturaleza del acto administrativo de Insubsistencia.
Causales de nulidad de falsa motivación y desviación de poder .

El artículo 137 del CPCA establece como causal es de nulidad de
los actos administrativos , entre otras, las de falsa motivación del
mismo y la desviación del poder en su expedición.

“ ARTÍ CULO 137. NU LI DAD. Toda per son a podr á solicit ar por
sí , o por m edio de repr esent ant e, que se declar e la nulid ad
de los act os adm inis t r at ivos de car áct er gener al.

Pr oceder á cuand o hayan sido expedid o s con inf r acción de
las nor m as en que deber í an f undar se, o sin com pet encia, o
en f orm a ir r egular , o con desconocim ient o del der echo de
audienc ia y def ensa, o m ediant e f alsa m ot ivación, o con
desviac ión de las at r ibuci ones pr opias de qu ien los pr of ir ió . ”
( subr aya f uer a de text o)

Falsa motivación. Los actos administrativos , por regla general,
deben ser motivados, quiere ello decir que , deben contener las
razones de hecho y de derecho que llevaron a la administración a
tomar la decisión .

Sin embargo, el acto administrativo de insubsistencia de un
empleado de libre nombramiento y remoción , es una de las
excepciones establecidas en la ley y n o requiere de motivación, por
cuanto se dicta en ejercicio de la potestad discrecional del
nominador. Así lo establece el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley
909 de 2004 en concordancia con el Decreto reglamentario 648 de
2017 que, por su parte, prescribe:

“ ART. 2. 2. 11. 1. 2. De la dec lar at or ia de insubs ist encia. En
cualqu ier m om ent o podr á declar ar se insubsist ent e un
nom br am ient o or di nar io, sin m ot ivar la pr ovid encia, d e
acuer do con la f acul t ad discr eciona l que t iene el nom inad or
de nom br ar y r em over libr em ent e sus em pleados.

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En los em pleos de libr e nom br am ient o y r em oción la
designac ión de una nueva per sona im pli ca la insubsist enc ia
del nom br am ient o de quien lo desem pe ña. ”

La potestad discrecional del nominador en la escogencia y retiro
del servidor se orienta en criterios subjetivos que adquieren mayor
relevancia cuando se trata de funcionarios de nivel dire ctivo dada
la relación de confianza que debe existir con el empleador , por
ejemplo, al conformar un nuevo equipo de trabajo, el re
direccionamiento de la ejecución de una política o cualquier otro
motivo de conveniencia que redunde en el mejoramiento del servicio
público.

El Consejo de Estado así lo ha sostenido :

“ La r egla gener al en el ejer cicio de la f u nción adm in ist r at iva
lo const it uye e l ingr eso m ediant e el s is t em a de la car r er a
adm inist r at iva, t al com o lo ha pr evist o el ar t í culo 125 de la
Const it ución Polí t ic a. No obst ant e lo a nt er ior , hay event os
en los que la adm i nist r ación r equier e cier t a liber t ad par a
selecci onar y r et ir ar a sus em pleados en at ención a la
t r ascendencia de la s f unciones que desem peñan y el gr ado
de conf ianza que se exige par a ello.

En est os casos, ha sido pr evist a una e xcepción a l sist em a
de la car r er a adm ini st r at iva par a quiene s sin haber super ado
las dist int as et apas de un pr oceso de selecció n por m ér it os
ingr esan al ser vic i o publico a desem peñar em pleos con
f unciones de c ondu cción u or ient ación inst it ucio nal, de las
cuales co m o qued ó vist o, se r equier e el m ás alt o gr ado de
conf ianza par a su desem peño .

Result a r azonab le af ir m ar que quienes de sem peñan est e t ipo
de em pleos no t engan que super ar t odas y cada una de las
et apas que int egr a n un pr oceso de selecci ón por m ér it os
t oda vez que, se r epi t e, el f act or det er m inant e en la pr ov isi ón
de est os car gos es l a conf ianza que se p r edica dir ect am ent e
del ejer c icio de las f unciones de dir ec ción u or ient aci ón
inst it ucio nal.

Sobr e est e par t icular , vale la pen a señalar que es
pr ecisam ent e el gr a do de conf ia nza qu e se exige par a el
desem peño de ese t ipo de car go lo que le per m it e al
nom inador dis poner libr em ent e su pr ov is ión y r et ir o, inc luso
sin que sea necesa r io expr esar los m ot ivos que lo ll evan
adopt ar una u otr a decisió n . En ot r as palabr as, a juicio de la

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Número interno: 4572-2019
Demandante: Piedad Eugenia Solanilla Carvajal

Sala es clar o que los act os de desvincul ación de los
f uncionar ios de libr e nom br am ient o y r em oción no necesit an
de m ot ivación , en la m edida que la se lec ción de est e t ipo de
per sonal supone la escogencia de quien va a ocupar el car go
por m ot ivos est r ict am ent e per sonales o de conf ianza.

Bajo t al ent endim ien t o, el ar t í culo 41 de la Ley 909 de 2004,
lit er al a) y p ar ágr af o 2o, est ablece la f acult ad d iscr eciona l
de r em over libr em ent e a los em pleados que ocupen un car go
de libr e nom br am ien t o y r em oción ( …) ” 10 (Subraya fuera de
texto)

La causal de nulidad de desviación del poder en la expedición del
acto administrativo se presenta según la Corte Constitucional 11:
“ cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de
los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de
procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus
poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad
contraria a los int ereses públicos o sociales, en gen eral, o los
específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al
otorgar la respectiva competencia.” (Subraya fuera de texto)

A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido 12 :

«[ …] A su t ur no, la desviac ión de po der ha sido def inid a por
la jur is pr udenci a de est a Cor por ación com o el vicio que
af ect a la f inalidad del act o adm inist r at ivo, bajo el ent endido
de que el pr op ósit o que el act o per sigue conf i gur a un
r equisit o que hace a su legalida d y que debe hall ar se en el
m ar co de la f unción adm inist r at iva y del or denam ient o
jur í dico; y por t ant o, se conf igur a cuan do se est á ant e la
pr esencia de una i n t ención par t icu lar , per sonal o ar b it r ar ia
de un sujet o que act úa a nom br e de la adm inist r ación, en la
búsqueda de un f in opuest o a las nor m as a las que d eb e
som et er se 13. “

10 C o n s e j o de Estado, Sala Contencioso Administrativ o, Sección Segunda,
Subsección B, 18 de febrero de 2021, Radicación (0417-19). Magistrada Ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
11 S e n t e n c i a C 4 5 6 / 9 8
12 I b í d e m .
13 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A . S e n t e n c i a d e 2 6 d e n o v i e m b r e

de 2009. Expediente 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009), Actor: Silvio
Elías Murillo Moreno.

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Cuando se invoca este vicio es al interesado a quien corresponde
la carga de demostrar que el acto administrativo tuvo una intención
diferente al mejoramiento del servicio público .

3.4.2 Estabilidad laboral reforzada por ostentar la condición de
prepensionado .

La estabilidad laboral reforzada es una garantía constitucional que
se le otorga a un determinado grupo de personas que se encuentran
en estado de vulnerabilidad protegiéndolos del rie sgo de perder el
empleo o trabajo.

Esta Corporación ha sostenido que :

“ La f igur a de la est a bil idad labor a l r ef or zada consist e en u na
pr ot ección const it uci onal de l der echo f undam ent al al t r abajo
que im pl ica r est r icciones super ior es par a var iar las
condic iones labor a l es o desvincular a las per sonas que por
encont r ar se en una sit uación de debil idad m anif iest a,
r equier en un t r at amient o a t r avés de acciones af ir m at ivas
concr et adas en prohib icion es par a el em pleador , ello
t endient e a gar ant i zar la ig uald ad m a t er ial de u n suj et o
vulner ab le en t ér m inos de per m anencia de l ví nculo
cont r act ual de t r abajo o de la r elaci ón le gal y r eglam ent ar ia
según sea el caso” 14

La definición de la calidad de prepensionado tiene raigambre
constitucional y se deriva legalmente del artículo 12 de la Ley 790
de 2002 en la que se establecieron mecanismos de estabilidad
laboral para los t rabajadores, entre ellos, para quienes estén
próximos adquirir la pensión .

“ ARTÍ CULO 12. Prot ección especia l. De conf or m idad con
la r eglam ent ac ión q ue est ablezca el G o bier no Nac iona l, no
podr án ser r et ir ados del ser vicio en el desar r ollo del
Pr ogr am a de Renovación de la Adm inis t r ación Públic a las
m adr es cabeza de f am ilia si n alt er nat i va e conóm ica, las
per sonas con lim it a ción f í sica, m ent al, visual o aud it iva, y
l os servi dores qu e cumpl an con l a t ot al i dad de l os

14 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n

A, 18 de noviembre de 2021. Rad 47001 -23-33-000-2016-00019-01(0850-17)

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requi si t os, edad y t i empo de servi ci o, para di sf rut ar de
su pensi ón de j ubilaci ón o de vej ez en el t érmi no de t res
( 3) años cont ados a par t ir de la pr om ulgación de la pr esent e
ley. ” ( negr illa f uer a de t ext o)

De la norma en cita se desprende que tal protección , el denominado
retén social, (i) se origina en virtud del Programa de Renovación
del Estado , (procesos de restructuración de la administración
pública o liquidació n de la entidad) , (ii) garantiza a los trabajadores
que no serán desvinculados hasta que cumplan requisitos de
acceso a una pensión de vejez o jubilación y por tanto, (iii) su
protección se realiza a quienes les faltare tres años o menos para
cumplir los requisitos de edad o tiempo requeridos.

Sin embargo , la jurisprudencia de la Corte Constitucional 15ha
diferenciado la figura de ret én social con la del prepensionado

“ El f undament o del reconoci mi ent o de l a est abi li dad
l aboral de l os prep ensi onados no se c i rcunscri be al ret én
soci al , si no que deri va de mandat os especi al es de
prot ecci ón cont eni dos en l a Co nst i t uci ón Pol í t i ca y del
pri nci pi o de i gual dad mat eri al que ordena dar un t rat o
especi al a grupos vul nerabl es 16. Est o debido a que dicha
est abil idad o per a co m o inst r um ent o par a la sat isf acc ión de
los der echos f un da m ent ales de est os g r upos poblac iona les ,
que se ver í an gr avem ent e int er f er idos por el r et ir o del
em pleo públ i co. Por ende, no debe conf undir se la est abil idad
labor al de los pr epe nsionados con la f ig ur a del r et én social,
par a concluir er r óneam ent e que la m encionada est abi lid a d
solo es apl icab le en el m ar co del Pr ogr am a de Renovació n
de la Adm inist r ación Pública” . ( Negr il las f uer a del t ext o) . ” (
Subraya fuera de Texto)

En sentencia SU 003 de 2018 la Co rte entiende como
<<prepensión>> la figura aplicable a “aquellos servidores que
cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación
o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras,
aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir lo s
requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o
vejez”

15 S e n t e n c i a T 326/2014
16 S e n t e n c i a s C-044 de, T-768 de 2005, T-587 de 2008, C-795 de 2009 y T-729 de
2010.

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Además, determinó dos reglas de unificación jurisprudencial en
relación con los prepensionados que ocupen un cargo de libre
nombramiento y remoción :

• Por regla general, los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral
reforzada, pues se trata de empleos que exigen el mayor
grado de confianza de su nominador y por tanto, de
discrecionalidad e n su nombramiento y remoción.

• Cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión
de vejez es el de edad, no hay lugar a considerar que la
persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral
reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltan te de
edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin
vinculación laboral vigente, pues con ello no se frust ra el
acceso a la pensión de vejez.

Sobre la primera concluyó:

53. Est as r azones, asociadas, bien al ej er cici o de f unciones
de dir ección, cond u cción u or ient ac ión inst it ucio nal, or a
de un alt o gr ado de conf ianza, just if ican no solo la
excepción a la r e gla const it uc iona l de ingr eso por
concur s o a la car r e r a adm inist r at iva, si no que t am bién
habi lit a un t r at am ient o dist int o en la aplicac ión de lo s
dist int os f uer os de est abil idad lab or al, ent r e ellos el de
“ pr epensión” , en l o s t ér m inos de la p r im er a r egla de
unif icac ión de est a s ent encia. En conse c uencia, t al com o
allí se in dicó, por r egla gener a l, los em pleados pú bl ico s
de libr e n om br am ient o y r em oción, que r elaci ona e l
num er al 2 del ar t í culo 5 de la L ey 909 de 2004 , no goza n
de est abil idad lab or al r ef or zada com o consecuenc ia,
bien, de las f unc ion es a su car go o de l a sum a conf ianza
que exige su lab or .

En relación con la segunda regla razonó. así

63. I gualm ent e, t al com o lo ha cons ider ado est a Cor t e, en
especia l en r elac ión con los car gos de l ib r e nom br am ient o
y r em oción, en aquellos supu est os en lo s que solo r est a
el r equisit o de edad ( dado que se acr edit a el núm er o de
sem anas de cot izaci ón o el t iem po de s e r vicio, en el c aso
del Rég im en de Pr im a Media co n Pr est ación Def in ida) , no

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se ha consider ado que la per sona sea t it ular de la
gar ant í a de “ pr epensión” , en la m ed ida en que la
consol idaci ón del d er echo pension al no est á sujet a a la
r ealizac ión de cot izacio nes adici onal es al Sist em a
G ener al de Segur ida d Social en P ensio n es .

Ahora bien, la Sección Segunda de la Corporación ha reconocido
que la estabilidad laboral de los prepensionados se predica también
de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción ,
sosteniendo que solo por con figurarse la co ndición de
prepensionado no es suficiente para ordenar el reintegro de un
servidor sino que “ se r equier e dem ost rar que la desvincula ción pone en
r iesgo los der echos f undam ent ales del em pleado, r espect o de lo cual la
edad es un indicado r de la dif icult ad de int egr ar se al m er cado labor al,
per o que est a cir cunst ancia se debe anal izar junt o con las po sibi lid ades
de per cibir ingr esos de ot r as f uent es.

En ese or den de ide as, se advier t e que la condic ión de pr e pensiona do
no alt er a l a nat ur a leza jur í dica de l ví nculo ent r e e l t r abajador y e l
em pleador , por lo que, si se t r at a de un em pleo de libr e nom br am ient o y
r em oción, quien de m anda t iene la o bl igaci ón d e dem ost r ar que la
declar aci ón de insu bsist encia d el nom br am ient o af ect ó sus der echos
f undam ent ales y sus expect at ivas de pensionar se . ” 17 (Subraya fuera de
texto)

Lo anterior implica que aún en casos ajenos al Programa de
Renovación del Estado y respecto de empleados de libre
nombramiento y remoción , cabe analizar la situación en la que se
encuentra el empleado cuando tenga la calidad de prepensionado ,
pero en este evento es a la parte interesada a quien le corresponde
demostrar la afectación de los derechos fundamentales .

3.5. Análisis del caso concreto .

En el caso sub lite está demostrado lo siguiente:

• La señora Piedad Eugenia Solanilla Carvajal fue nombrad a
en el cargo de Director Código 009, Grado 17 adscrito a la

17 C o n s e j o
de Estado, Sala Contencioso Administrativ o, Sección Segunda,
Subsección A, 25 de febrero de 2021 Rad.66001 -23-33-000-2016-00693-01(2814-
18)

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Secretaría de Bienestar Social, Gru po de Gestión y Apoyo
Comunitario, mediante Decreto No. 1-0024 del 5 de enero de
2012 18
• A través del Decreto No. 1000 -0009 del 1 de enero de 2016 ,
se declara insu bsistente tácitamente el nombramiento
efectuado a la demandante , debido a que, mediante este acto
administrativo fue nombrada la doctora Luz Stella Canizales
Castellanos en el cargo Director Código 009, Grado 17
adscrito a la Secretaría de Bienestar Socia l, Grupo de Gestión
y Apoyo Comunitario . 19
• A la fecha de expedición del acto tácito de retiro, la señora
Solanilla Carvajal contaba con 57 años de edad , por cuanto
nació el 3 de octubre de 1958 . 20
• A 30 de septiembre de 2015 la actora tenía 1.105,43 semanas
de cotización como se evidencia en el reporte de semanas
cotizadas por Colp ensiones actualizado al 28 de octubre de
2015. 21
• Además, la Gobernación del Tolima le certifica tiempo de
servicio del 26 de septiembre de 1983 al 31 de octubre de
1985, que sumado al reportado por Colpensiones da un total
de 1.209,43 semanas . 22 Es decir a la fecha de retiro, contaba
con 1221,43 semanas.
• El 7 de enero de 2016 a través de derecho de petición
radicado 2016 -867 la demandante solicitó a la administración
examinar su desvinculación a fin de amparar sus derechos
fundamentales 23
• El 3 de febrero de 2016 mediante oficio 003515 se le dio
respuesta a la solicitud , manteniendo la decisión de
desvinculación arguyendo que (i) el cargo era de libre
nombramiento y remoción y se e xpidió en uso de las
facultades discrecionales del alcalde, anotando que a partir
del 1 de enero de 2016 inici ó nuevo período de gobierno; y
(ii) el ret én social solo cobija a las personas vinculadas a

18 F o l i o 4 del expediente
19 F o l i o 7 del expediente
20 F o l i o 2 2 8 d e l e x p e d i e n t e .
21 F o l i o s 2 6 1 a 2 6 7 d e l e x p e d i e n t e .
22 F o l i o 2 6 9
23 F o l i o s 8 y 9 d e l e x p e d i e n t e .

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entidades estatales que se encuentren en restructuraci ón o
liquidación. 24
• La alcaldía invitó a la señora Solanilla Carjaval en varias
ocasiones a participar de capacitacio nes y actividades dada
su condición de prepensionada desde el 23 marzo de 2014 al
19 de octubre de 2015 . 25

3.5.1 Condición de prepensionado y estabilidad laboral
reforzada.

La demandante cuestiona la decisión del Tribunal, por la indebida
interpretación de las reglas jurisprudenciales adoptadas en la
Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional SU 003 de
2018, al determinar que aunque ostentaba la calidad de
prepensionada por faltarle menos de tres años de semanas de
cotización para acceder a la pensión de vejez, en consideración al
cargo de libre nombramiento y remoción que ocupa ba no goza de la
garantía de estabilidad laboral reforzada conforme a la primera
regla fijada por la Corte.

Luego, el primer punto que se debe abordar es si es posible que un
funcionario que tiene la calidad de prepensionado y que ocupa un
cargo de libre nombramiento y remoción puede gozar de la garantía
de la estabilidad laboral reforzada.

Esta Corporación e n precedentes anteriores ha sostenido que si , de
manera excepcional dada la naturaleza del vínculo, y siempre y
cuando se demuestre que con el retiro se vulnera su posibilidad de
acceder a la pensión demostrando la afectación de sus derechos
fundamentales. La condición de pre pensionado no otorga per se
estabilidad en el empleo ni enerva la facultad discrecional del
nominador de remoción.

En el caso sub exa mine , aunque la parte actora sostiene que se le
han vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad social, al

24 F o l i o s 10 al 14 del expediente.
25 F o l i o s 19 al 30 del expediente.

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mínimo vital, la igu aldad material y e l t rato diferenciad o , no obra
en el expediente prueba alguna que indique que con la
desvinculación se “frusta” la posibilidad de acceder a la pensión,
tan cierto es, que consultado el sistema de información que
consolida las afiliaciones de las entidades administradoras del
Sistema de Protección Social, Regist ro Único de Afiliados – RUAF
se observa que la demandante s e le reconoció la pensión mediante
Resolución No. 247587 del 10/09/2019 por Colpensione s.

Bajo este entendimiento, la Sala considera que la demandante no
cumplió con la carga probatoria exigida y además, al momento de
proferir este fallo no se hace necesaria la protección in vocada ya
que ha perdido su finalidad.

3.5.2 Falsa Motivación y desviación de poder.

La parte demandante acusa el acto de retiro por (i) falsa motivación,
toda vez que, desconoce la condición de prepensionad a de la actora
y no contiene el análisis constitucional motivando su decisión de
desvincularla y explicando las razones por las cuales no amparaba
sus derechos fundamentales y por (ii) desviación del poder porque
al proceder a la desvinculación discrecional desvió la finalidad de
la función pública .

Pues bien, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 909 de 2004,
el cargo de Director que ejercía la demandante está catalogado
como de libre nombramiento y remoción , por ser cargo de dirección,
conducción y orientación institucionales, hecho aceptado por las
partes, La norma dispone:

“ ARTÍ CULO 5. Clasif icaci ón de los em pleos. Los em pleos
de los or ganism os y ent idades r egulados por la pr esent e ley
son de car r er a adm inist r at iva, con excepción de:
( . . .)
2. Los de libr e n om br am ient o y r em oción que cor r espondan
a uno de los sigu ien t es cr it er ios:

a) Los de dir ección, conducc ió n y or ient ación
inst it ucio nales, cuyo ejer cicio im pl ica la adopción de
polí t icas o dir ect r ice s así :

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( …)

En la Adm in ist r ación Descent r alizad a del Nivel Ter r it or ia l:

Pr esident e; Di rect or o G er ent e; Vicepr esident e; Subd ir ect or
o Subger ent e; Secr et ar io G ener al; Je f es de O f icinas
Asesor as de Jur í di ca, de Planeac ión, de Pr ensa o de
Com unicac iones y Jef es de Cont r ol I nt erno y Cont r ol I nt er no
Disci pl inar io o qu ie n haga sus veces; ” ( Negrilla fuera de
texto)

En este orden de ideas, el acto de insubsistencia acusado no t enía
que ser motivado como en efecto no lo fue. La no motivación del
acto administrativo también se predica de la “insubsistencia tácita”
que se genera cuando se nombra una persona en el cargo que
ocupa el empleado.

Así las cosas, aunque conforme a la jurisprudencia de esta
Corporación la administración debe analizar la co ndición del
empleado y ponderar el ejercicio de la facultad discrecional con el
fin de no vulnerar n ingún derecho fundamental del mismo, no quiere
ello decir que, deba plasmar el estud io del caso concret o en el acto
administrativo.

De otra parte, en el caso sub lite el alcalde ejerció la facultad
discrecionalidad co n el propósito de conformar su equipo, dado que
iniciaba su per íodo, por lo que la relación de confianza que debe
generar en el responsable de la entidad, adquiere mayor
importancia por tratarse de un cargo directivo y en la h oja de vida
suministrada no reposaba prueba diferente de la condición de
prepensionada que diera lugar a pensar que se vulneraba algún
derecho fundamen tal con su remoción.

Al respecto esta Corporación ha dicho:

“ Por su part e, el Consejo de Est ado 26, ha sost enido que el
sim ple hecho de est ar pr óxim o a consoli dar el est at us
pensiona l, con el cum plim ient o de los r equisit os lega les, no

26 V e r
entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 2 de marzo de 2017, consejero ponente William Hernández Gómez, número interno
0294-2014 y ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de
26 de abril de 2012, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno
1816-2009.

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pr oduce un f uer o de est abil idad r e lat iva e n el em pleo de l ibr e
nom br am ient o y rem oción, en la m edida que la
r esponsabi lid ad de l nom inador en el é xit o de su gest ión,
depende en gr an m edida de la pos ibi l i dad de ejec ut ar sus
polí t icas por el cí r culo m ás cer cano de sus colabor ador es
que se ident if ican c on ell as y que por ser de conf ianza se
m ant ienen en una r elación la bor al s ie m pr e pr ecar ia. ” 27

(Subraya fuera de texto)

Conforme con lo anterior, los ca rgos de falsa motivación y
desviación del poder no tiene n vocación de prosperidad , por cuanto
el acto administrativo no requería de motivación ni se demostró que
la facultad discrecional del alcalde haya tenido propósito diferente
que el de organizar su equipo de trabajo para iniciar el periodo de
gobierno .

4. Costas.

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 28, los
llamados en la Ley 1437 de 2011 gastos ordinarios del proceso 29 y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la pru eba pericial, los honorarios de auxiliares de la
justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente a l
superior en caso de apelación.

En cuanto al recurso de apelación surtido ante esta Corporación,
no se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante, toda vez que , aunque se cumplen los presupuestos de
los numerales 1 y 3 del artículo 365 del Código General del
Proceso, 30 puesto que se ha resuelto desfavorablemente el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia,
no se acreditó que se causaron , ya que la en tidad demandada no
actuó en el trámite de segunda instancia .

27 S e n t e n c i a Consejo de Estado de 18 de mayo de 2017 Expediente 25 -000-23-42-
000-2012-00828-01
28 A r t í c u l o 3 6 1 d e l C ó d i g o G e n e r a l d e l P r o c e s o .
29 A r t í c u l o 1 7 1 N o . 4 e n c o n c . A r t . 1 7 8 i b .
30 “ 1 . S e c o n d e n a r á e n c o s t a s a l a p a r t e v e n c i d a e n e l p r o c e s o , o a q u i e n s e l e

resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este Código. (…).”

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Radicado: 73001-23-33-000-2016-00380-01
Número interno: 4572-2019
Demandante: Piedad Eugenia Solanilla Carvajal

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia de 20 de junio de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo d el Tolima que negó las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora
Piedad Eugenia Solanilla Carvaja l contra el Municipio de Ibagué y
Luz Stella Canizales Castellanos.

SEGUNDO: Sin condena en c ostas en esta instancia de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
veinticuatro (24) d e febrero de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Firmado electróni camente

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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