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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01529-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01529-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 12 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Andrés Prieto Méndez contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo 18 Expediente 25000-23-42-000-2018-01529-01 (577-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Andrés Prieto Méndez contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicado en la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01529-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2018-01529-01 (577-2021)
Demandante : Andrés Prieto Méndez
Demandada : Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tema : Insubsistencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 12 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 87 a 101 y 182 a 195 del cuaderno principal). El
señor Andrés Prieto Méndez, por conducto de apoderado, ocurre ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se acojan
las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se decrete la nulidad de «[…] la Resolución 0150 de 23 de
enero de 2018 por medio de la cual se declara de manera tácita la
insubsistencia del [demandante] […] y se nombra en su reemplazo […] [al
señor] CARLOS ALEJANDRO NÚÑEZ TRUJILLO, la cual fue proferida por la
[v]iceministra [g]eneral encargada de las funciones del despacho del Ministro
de Hacienda y Crédito Público […]» (sic).

A título de restablecimiento del derecho, se ordene (i) su reintegro al empleo
que desempeñaba «[…] desde la fecha de declaratoria tácita de insubsistencia
[…]»; y (ii) el pago de «[…] salarios, prima técnica, prestaciones sociales y
aportes a seguridad social hasta que […]» sea reincorporado.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que fue «[…] nombrado en el cargo
de [a]sesor 1020-12 de la planta del despacho del Ministro de Hacienda y

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Andrés Prieto Méndez contra la Nación - Ministerio
de Hacienda y Crédito Público

Crédito Público a través de Resolución 0171 de 25 de enero de 2013» (sic), del
que tomó posesión el 1º. de febrero siguiente, «[…] de libre nombramiento y
remoción», que «[…] ejerció […] en la [s]ubdirección de [r]iesgo de la
[d]irección [g]eneral de [c]rédito [p]úblico y [t]esoro [n]acional» y cuyo
«superior jerárquico», a partir de septiembre de 2014, fue el señor Andrés
Ricardo Quevedo Caro, quien «[…] desde el inicio tuvo una actitud hostil […]»
con él, según se evidencia de algunos mensajes electrónicos aportados con el
libelo introductorio.

Que «[e]l […] 11 de noviembre de 2014, el [s]eñor QUEVEDO CARO le
solicita la renuncia […] de manera verbal o que de lo contrario, pediría la
apertura de un proceso disciplinario en su contra» (sic), a lo que se negó, por
lo que el 12 siguiente aquel «[…] presentó [la] primera queja disciplinaria […]
por presuntamente no dar respuesta a un derecho de petición»; sin embargo, a
«[…] través de auto de 21 de mayo de 2015, se decret[ó] [su] […] archivo
[…]». Posteriormente, el mencionado funcionario «[…] present[ó] [la] segunda
queja disciplinaria […] por haber incumplido el horario de trabajo», la que
culminó con «[…] sanción de multa de 30 días de salario, quedando en firme
el […] 18 de noviembre de 2016».

Afirma que a «[…] partir del mes de [m]ayo del año 2017, el [s]eñor
QUEVEDO CARO no [le] volvió a asignar ninguna función […] sin que le
hubiere manifestado las razones para ello […]», motivo por el que desde «[…]
[j]ulio del año 2017, […] se dedicaba a asistir a su trabajo […]».

Que a «[…] través de comunicado de 18 de enero de 2018, el [d]octor LUIS
EDUARDO ARANGO VARÓN [d]irector de [c]rédito [p]úblico del Ministerio
[demandado] […] solicitó [su] declaratoria de insubsistencia basado en la
imposición de una sanción disciplinaria y en presuntos incumplimientos en la
entrega de los trabajos encargados» y «[…] que para el año 2017 no le
asignaron tareas […] por el presunto grave riesgo que implicaba la inexactitud
de la información que presentaba […]», decisión que se tomó «[…] más de 8
meses después de que no se le asignan tareas […]» y «[…] días antes de que
entrara en vigor la ley de garantías […]».

Dice que «[d]urante su vinculación […] sufrió de […] diarrea crónica,
asociada a trastorno de ansiedad» y asistió a consulta psicológica.

Que, por medio de Resolución 150 de 23 de enero de 2018 de la viceministra
general encargada de las funciones del despacho del señor Ministro de Hacienda
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Andrés Prieto Méndez contra la Nación - Ministerio
de Hacienda y Crédito Público

y Crédito Público, se nombró al señor Carlos Alejandro Núñez Trujillo en el
cargo que desempeñaba, por lo que se le declaró insubsistente en forma tácita.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 1, 29, 53 y 83 de la
Constitución Política; 41 de la Ley 909 de 2004; 2 (letras k y l) de la Ley 1010
de 2006; y 43, 44 y 67 del CPACA.

Arguye que la Resolución censurada está viciada de nulidad por desviación de
poder, dado que «[n]o es normal que de mayo de 2017 a enero de 2018 (fecha
de la declaratoria de insubsistencia), [al actor] […] no se le haya asignado
tarea alguna, pues en primer lugar, estaba devengando un salario sin ejercer
función alguna en el cargo, lo cual va en contravía de la normatividad laboral
administrativa y en segundo lugar, es una causal de acoso laboral, pues es una
medida denigrante, descalificadora y violatoria del principio de la dignidad
humana»; de igual modo, «[…] va en contravía de las garantías mínimas que
debe tener un empleado, el cual es ejecutar las funciones para demostrar las
competencias que tiene a su cargo, […] lo cual le fue privado por casi 9 meses».

Que «[…] si bien es potestativo y dentro de la facultad discrecional del
nominador declarar la insubsistencia a empleados de libre nombramiento y
remoción, dentro del presente caso no se pretendía el mejoramiento del servicio
público, pues ni siquiera se cuenta con una evaluación de desempeño, como
factor objetivo para calificar el buen o mal servicio del funcionario», la que no
existía «[…] pues no era posible evaluar dicho desempeño, lo que coincide con
la ausencia a dicha referencia de parte del [d]octor ARANGO VARÓN
[d]irector de [c]rédito [p]úblico, quien se limita a descalificar [su] […] gestión
[…] contando solo con la versión del [d]octor ANDRÉS QUEVEDO superior
jerárquico […] quien para nadie era un secreto, tenía total animadversión […]
lo que le impedía pronunciarse de manera objetiva […]» (sic).

Asevera que «[…] tuvo serios problemas de salud como consecuencia de
[dicha] […] animadversión […] lo cual no fue valorado de manera rigurosa
por parte del área de [s]alud [o]cupacional, los cuales se limitaron a indicarle
que debía consultar por la EPS, pero sin que se le efectuara al menos un examen
[…] para confirmar si su enfermedad se derivaba de un estrés laboral» (sic).

Que, en consecuencia, «[…] la motivación para declarar la insubsistencia […]
no fue para lograr el mejoramiento del servicio, por lo que […] hubo un
desbordamiento del poder discrecional de la Administración […]».
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Andrés Prieto Méndez contra la Nación - Ministerio
de Hacienda y Crédito Público

1.5 Contestación de la demanda (ff. 135 a 141 y 205 a 210 vuelto del cuaderno
principal). La accionada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
súplicas de la demanda; respecto de los hechos dice que unos son ciertos, otros
no y los demás no le constan, por lo que deben probarse; y su defensa se limita
a la formulación de las excepciones denominadas (i) ineptitud sustantiva de la
demanda por cuando no se demandó el acto administrativo tácito que lo
desvinculó del servicio, (ii) legalidad de la declaratoria de insubsistencia, pues
el actor ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, y (iii) inexistencia
de desviación de poder.

Aduce que el actor «[…] era un funcionario de libre nombramiento y remoción
que cumplía de manera deficiente sus obligaciones, razón por la cual [fu]e
reemplazado por un funcionario que cumplía las condiciones para ocupar el
cargo y que lo ha desempeñado de manera satisfactoria». Asimismo, «[l]os
reproches sobre las presiones para que presentara su renuncia como las de
acoso laboral expresan en realidad la pretensión […] de ser protegido por un
fuero de estabilidad, de […] la que no gozaba por su [referida] condición […]»
(sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 255 a 261 vuelto del cuaderno principal). El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección
segunda), en sentencia de 12 de febrero de 2020, negó las súplicas de la
demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] no se trajo prueba
alguna fehaciente para demostrar la distorsión de los fines del acto, o que
aquellos fueren torticeros, dañinos o con la intención de perjudicar al
demandante, ajenos al buen servicio y al interés general, que permitan
estructurar la causal de nulidad alegada. Nada de esto se ha demostrado, y se
itera que las solas afirmaciones no logran desvirtuar la presunción de legalidad
que cobija a la decisión».

Que, en lo atañedero al alegado acoso laboral, «[n]o se ha demostrado que haya
queja alguna radicada en la oficina correspondiente o ante la autoridad de
disciplina que indique esa conducta ajena a las reglas de control ordinario del
trabajo de la persona involucrada». En ese entendido, «[…] es la propia ley la
que aclara que no puede ser tenida como acoso laboral, la estricta exigencia
de cumplimiento de las funciones que han sido asignadas, y el control sobre la
ejecución de las tareas. […] No hay prueba [de] que se haya pedido abrir
investigación alguna por acoso laboral».

En consecuencia, «[…] no se logró probar de manera fehaciente e irrefutable
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Andrés Prieto Méndez contra la Nación - Ministerio
de Hacienda y Crédito Público

que la intención de la Ministra de Hacienda y Crédito Público hubiese sido
contraria al ordenamiento jurídico, o se haya desbordado la capacidad
discrecional que tenía como nominador, es decir, sin tener en cuenta el buen
servicio y el interés general que inspira esta clase de decisiones; tampoco hubo
burla al procedimiento regular para su expedición, porque se cumplió la
formalidad exigida».

1.7 El recurso de apelación (ff. 265 a 268 del cuaderno principal). El
accionante, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación, al
estimar que «[…] no es dable exigir[le] […] la prejudicialidad, es decir, que
hubiese un fallo judicial que probara la existencia de un acoso laboral, pues
precisamente corresponde a la autoridad judicial efectuar el control del acto
ejercido por la Administración». Entonces, «[…] el punto central de la
insubsistencia, radica en el hecho de que no se le asignó trabajo por más de 8
meses […] de lo cual se deriva lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 de
la [L]ey 1010 de 2006, que consagra la modalidad de entorpecimiento laboral
[…]».

Que «[…] correspondía al Tribunal determinar si el hecho de no asignarle
trabajo […] constitu[yó] sí o no, la causa directa para haberlo declarado
insubsistente, aspecto que no fue analizado en el fallo, precisándose
nuevamente que la falta de asignación de trabajo ya está probada […]».

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 16 de octubre de
2020 (f. 271 del cuaderno principal) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 28 de enero de 2022 (f. 276 ibidem), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó con
el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al
Ministerio Público, con providencia de 24 de marzo de 2022 (f. 278 del
cuaderno principal), para que aquellas alegaran de conclusión y este
conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras para reiterar sus
argumentos de demanda, alzada y defensa1.

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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de Hacienda y Crédito Público

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si la Resolución 150 de 23 de enero de
2018, mediante la cual la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
tácitamente, declaró insubsistente al actor del cargo de asesor, código 1020,
grado 12, de la planta del despacho del jefe de esa cartera (pues en su lugar
nombró al señor Carlos Alejandro Núñez Trujillo), se ajusta al ordenamiento
jurídico, o si, por el contrario, fue expedida con desviación de poder, pues fue
resultado de actuaciones de acoso laboral de las que fue víctima, como lo alega
aquel.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

El artículo 125 de la Constitución Política dispone que «[l]os empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley».

Respecto de los cargos de libre nombramiento y remoción, en términos
generales, el artículo 5 de la Ley 909 de 20042, norma que regula el empleo
público, prevé que son aquellos que corresponden a (i) la dirección, conducción
y orientación, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices
institucionales, tanto en la administración central del nivel nacional, como en
los órganos de control del nivel territorial y descentralizados; (ii) los que
impliquen especial confianza, tengan asignadas funciones de asesoría
institucional, asistenciales o de apoyo a determinados funcionarios, y adscritos
a su despacho, en la administración central del nivel nacional, órganos de
control territorial y descentralizados; (iii) cuyo desempeño involucra la
administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado;
(iv) los que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado cuyas
funciones, como las de escolta, consistan en la protección y seguridad

2
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y otras
disposiciones».
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personales de los servidores públicos; (v) que tengan funciones de asesoría en
las mesas directivas de las asambleas departamentales y de los concejos
distritales y municipales; y (vi) de especial confianza con funciones de asesoría
institucional adscritos a las oficinas de los secretarios de despachos, directores
de departamentos administrativos y gerentes en los departamentos, distritos
especiales y municipios y distritos de categoría especial y primera.

Ahora bien, la vinculación del personal, que ocupe empleos de libre
nombramiento y remoción, se efectúa en ejercicio de la facultad discrecional
del nominador de escoger a quien tenga las condiciones de idoneidad para
desempeñar las funciones del cargo, y el retiro a su vez debe estar precedido de
razones objetivas plenamente justificadas en el interés general, sin que con ello
quiera decir que el acto mediante el cual se declara la insubsistencia deba
contener una motivación expresa.

Asimismo, esta Colegiatura ha sostenido que el desempeño de un cargo de libre
nombramiento y remoción no confiere fuero de inamovilidad o prerrogativa de
permanencia alguna al empleado que lo ocupa3, por tanto, el nominador en
ejercicio de la facultad discrecional que la ley le otorga podrá removerlo libre y
prudencialmente, bajo la presunción legal de que se expide en aras de un mejor
servicio público del que es responsable como director de la entidad que regenta.

Por su parte, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, sobre las causales de retiro
del servicio, preceptúa:

El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los
siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos
de libre nombramiento y remoción;
[…]
Parágrafo 2. […]
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto
no motivado.

En desarrollo de esta disposición, concretamente de la causal de retiro del
servicio por insubsistencia en los cargos de libre nombramiento y remoción,
esta Corporación, en providencia de 23 de febrero de 20114, indicó:

3
Entre otras, ver sentencia de 23 de febrero de 2006, expediente 25000-23-25-000-2002-01649-01 (7195-05), con
ponencia del entonces consejero de Estado Jaime Moreno García (sección segunda, subsección A).
4
Sección segunda, subsección B, expediente 170012331000200301413-02 (734-10).
7

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de Hacienda y Crédito Público

La declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento
y remoción, como el demandante, es procedente de forma inmotivada,
sin procedimientos o condiciones, y goza de presunción de legalidad tal
como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado. No
obstante lo anterior, por ser presunción legal, es susceptible de ser
desvirtuada presentando pruebas que tiendan a infirmarla. Tal
presunción surge de la aplicación del principio de legalidad, en virtud
del cual las autoridades en el ejercicio de sus funciones están sometidas
a la Constitución, la Ley y los Reglamentos, y “opera en el quehacer de
la administración pública imponiendo una determinada modalidad de
obrar ajustada a las reglas jurídicas y políticas, de legitimidad o
juridicidad estricta y de oportunidad o convivencia”.

De igual modo, la jurisprudencia de este alto Tribunal5, respecto de la
denominada «insubsistencia tácita», ha precisado que «[e]l nombramiento de
un empleado para el cargo que ocupa otro funcionario, implica para éste último
un acto tácito de insubsistencia […]».

Por lo anterior, frente a los empleados de libre nombramiento y remoción, el
nominador goza de facultad discrecional para disponer su vinculación y retiro;
potestad que se presume ejercida con el fin de lograr el mejoramiento del
servicio oficial.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Resolución 171 de 25 de enero de 2013 (f. 4 del cuaderno principal), expedida
por la viceministra técnica encargada de las funciones del despacho del señor
Ministro de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual nombró al
demandante en el cargo de asesor, código 1020, grado 12, de la planta del
despacho, del que tomó posesión el 1º. de febrero siguiente (f. 5 ibidem).

b) Decisión de primera instancia de 23 de septiembre de 2016 (ff. 275 a 303 del
cuaderno anexo 2) de la oficina de control disciplinario interno del ente
accionado, con la que se impuso al actor sanción disciplinaria de multa de treinta
días de salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta
(octubre de 2014), por encontrar probado el cargo formulado, referente a que
«[…] faltó al deber que le exigía cumplir una orden superior emitida por el

5
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-24-000-2002-05139-01 (7545-05).
8

Expediente 25000-23-42-000-2018-01529-01 (577-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Andrés Prieto Méndez contra la Nación - Ministerio
de Hacienda y Crédito Público

funcionario competente, la cual consistía en proyectar una respuesta a una
solicitud de aprobación de valoración de obligaciones contingentes del
proyecto vial Villavicencio – Yopal, el día 30 de octubre de 2014, sin que […]
mediara justificación válida».

c) Acto administrativo de segunda instancia de 18 de noviembre de 2016 (ff.
148 a 157 del cuaderno anexo 1), expedido por el señor Ministro de Hacienda
y Crédito Público, con el que se confirmó la decisión anterior.

d) Memorando 3-2018-000920 de 18 de enero de 2018 (f. 6 a 8 del cuaderno
principal) del director general de crédito público y tesoro nacional, Luis
Eduardo Arango Varón, dirigido al jefe de esa cartera, Mauricio Cárdenas
Santamaría, a través del cual solicita que el accionante sea declarado
insubsistente, con fundamento en las siguientes razones:

[…] no tiene un adecuado e idóneo desempeño del cargo, tal como se
observa en las evidencias documentales contenidas en la carpeta anexa,
cuyos documentos fundamentan las diversas observaciones por
incumplimiento en la entrega oportuna y acertada de los trabajos
encargados, así como la equivocada interpretación de información que
por su condición profesional y alta responsabilidad del cargo, debería
ser correcta y no objeto de permanente revisión y por ende devoluciones
y reprocesos.

El bajo desempeño del citado funcionario, le significó con anterioridad,
la imposición de una sanción disciplinaria, por la cual se le atribuyó
haber faltado al “deber que le exigía cumplir una orden superior emitida
por el funcionario competente, la cual consistía en proyectar respuesta
a una solicitud de aprobación de valoración de obligaciones
contingentes del proyecto vial Villavicencio – Yopal (…)”, impuesta en
septiembre 23 de 2016. No obstante, dicho antecedente, se aprecia que,
con posterioridad a ésta, en el año 2017 continuaron las observaciones
a las tareas asignadas a tal punto que he sido informado por el doctor
Andrés Ricardo Quevedo Caro, actual [s]ubdirector de [r]iesgo, que ante
esas continuas observaciones al trabajo del doctor Andrés Prieto
Méndez, optó por no asignarle tareas por el grave riesgo que implica la
inexactitud de la información que presenta.

Es importante destacar que los temas que se manejan en la
[s]ubdirección de [r]iesgo, son de mucha relevancia para la toma de
decisiones que impactan las operaciones de crédito público, las de
manejo de la deuda pública de la Nación, en la medida que no solo debe
diseñar las políticas y estrategias de administración de la tesorería y
endeudamiento público, del manejo de las garantías y contragarantías y
pasivos contingentes de la Nación, en desarrollo de las políticas macro
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de Hacienda y Crédito Público

económicas, sino que es responsable de revisar las metodologías para el
cálculo de proyecciones y sostenibilidad de la deuda pública.

Tal como queda evidenciado, las condiciones de prestación del servicio
por parte del citado profesional, implican un riesgo para la gestión de la
[s]ubdirección, que está directamente relacionada con la gestión de la
[d]irección a mi cargo, de la misión institucional y responsabilidad del
despacho del señor Ministro; de manera que teniendo en cuenta la
naturaleza del cargo que ostenta de libre nombramiento y remoción, la
entidad debe contar con un profesional que brinde apoyo del más alto
nivel con un perfil calificado y con la confianza y certeza de que su
gestión permitirá un control y seguimiento acorde con la importante
misión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a los
fines y principios del Estado preceptuados en el artículo 209 de la
Constitución Política.

Por lo anterior, desde el punto de vista estrictamente técnico, el doctor
Andrés Prieto Méndez debe ser reemplazado.
[…] (sic para toda la cita).

e) Resolución 150 de 23 de enero de 2018 (f. 144 del cuaderno principal),
proferida por la viceministra general encargada de las funciones del despacho
del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, a través del cual se nombró
al señor Carlos Alejandro Núñez Trujillo como asesor, código 1020, grado 12,
de la planta del despacho, cargo que ejercía el demandante, por lo que se le
declaró insubsistente, en forma tácita, determinación que le fue comunicada a
este último por medio de memorando 3-2018-001234 de 24 siguiente (f. 7
ibidem) de la subdirectora de recursos humanos de ese organismo.

f) Manual específico de funciones y competencias laborales del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, fijado mediante Resolución 679 de 17 de marzo de
2015 (f. 144 del cuaderno principal), según el cual el empleo de asesor, código
1020, grado 12, de la planta del despacho, requiere, como formación académica,
(i) título profesional en economía, administración, ingeniería industrial y afines,
ciencia política, relaciones internacionales, matemáticas, estadística y afines, o
contaduría pública y (ii) título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del empleo. De igual modo, exige una
experiencia profesional relacionada de cuarenta y un meses.

g) En los folios 142 y 143 del cuaderno principal se encuentra la hoja de vida
del señor Carlos Alejandro Núñez Trujillo, de la que se desprende que es
economista con maestrías en economía y en matemáticas financieras, con
experiencia laboral desde 2008.
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de Hacienda y Crédito Público

h) En los folios 9 a 12, 20 a 26 y 46 del cuaderno principal se hallan varias
comunicaciones relacionadas con el ejercicio de las funciones a cargo del
accionante, así como en los folios 13 a 19 está copia de su «historia clínica
ocupacional», pero se trata de un documento poco legible.

i) Dentro de este proceso se recaudó el interrogatorio de parte del actor, quien
relató circunstancias referentes a su declaratoria de insubsistencia, la sanción
disciplinaria de que fue objeto, condiciones médicas y desempeño de sus
funciones (ff. 241 a 244 del cuaderno principal).

De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que el actor prestó
sus servicios como asesor, código 1020, grado 12, de la planta del despacho del
señor Ministro de Hacienda y Crédito Público desde el 1º. de febrero de 2013
hasta el 24 de enero de 2018, cuando en su cargo fue nombrado el señor Carlos
Alejandro Núñez Trujillo, por lo que fue declarado insubsistente, en forma
tácita, mediante el acto administrativo demandado, que acusa viciado de nulidad
por desviación de poder.

Con ocasión de la anterior decisión, el accionante acudió a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que no
logró ante el Tribunal de instancia, por lo que interpuso recurso de apelación,
sustentado en que no era dable exigirle que «[…] hubiese un fallo judicial que
probara la existencia de un acoso laboral, pues precisamente corresponde a la
autoridad judicial efectuar el control del acto ejercido por la Administración»;
además, «[…] correspondía al Tribunal determinar si el hecho de no asignarle
trabajo […] constitu[yó] sí o no, la causa directa para haberlo declarado
insubsistente, aspecto que no fue analizado en el fallo […]».

Lo primero que debe recordarse es que de conformidad con lo previsto en el
artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por la remisión
expresa del 306 del CPACA, «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», motivo
por el cual quien alega la existencia de vicios de nulidad en los actos
administrativos debe desplegar las actuaciones necesarias para llevar al juez a
ese convencimiento y, para tal propósito, aportar todos los elementos
probatorios a que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con las reglas
de la sana crítica.

Para resolver el asunto sub examine, frente a la desviación de poder, la Corte
Constitucional ha sostenido que este vicio «en la expedición de un acto
11

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administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio
y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de
procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o
atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses
públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador
buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia»6.

Precisado lo anterior, para retomar lo expuesto en el marco jurídico de este
fallo y con el propósito de concretar la resolución del recurso de apelación
objeto de esta providencia, resulta relevante indicar que «[l]a regla general en
el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el
sistema de carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de
la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la
administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus
empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y
el grado de confianza que se exige para ello»7; en estos eventos se ha previsto,
como excepción al sistema de carrera administrativa, el ingreso al servicio
público para ejercer empleos con funciones de conducción, dirección u
orientación institucional que requieran el más alto grado de confianza para su
desempeño.

No obstante, es justamente ese grado de confianza el que le otorga al
nominador la facultad de decidir en forma libre su provisión y retiro, sin que
se requiera la exposición de los motivos en los que se funda esa determinación;
«[e]n otras palabras, […] es claro que los actos de desvinculación de los
funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación,
en la medida en que la selección de este tipo de personal supone la escogencia
de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de
confianza»8, «presumiendo razones objetivas para su retiro, es decir, que la no
expresión de motivación implica un fin intrínseco y adecuado de mejoramiento
del servicio; sin embargo, cuando existe una motivación clara y expresa dentro
del acto de insubsistencia de un empleado provisional, ya no opera la
presunción referida y en su control jurisdiccional, se atiene la Administración
a las razones de hecho y de derecho consignadas en dicho acto por cuanto
constituye entonces un acto reglado»9.

6
Sentencia C-456 de 1998, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
7
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2018, expediente 25000-23-42-
000-2013-01223-02 (4578-16).
8
Ibidem.
9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 26 de junio de 2008, expediente 68001-23-15-
000-2001-01916-01 (606-07). C. P. Eduardo Gómez Aranguren.
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En el caso de los empleados de libre nombramiento y remoción, resulta
pertinente recordar que fue voluntad del legislador establecer, de manera
específica y especial, que «[l]a competencia para efectuar la remoción en
empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará
mediante acto no motivado», en el artículo 41 (parágrafo segundo) de la Ley
909 de 2004, para destacar esta atribución conferida a los nominadores de los
entes públicos, normativa que debe armonizarse con el artículo 44 del CPACA,
cuando de actos discrecionales se trata, en el sentido de que deben ser adecuados
a los fines de la norma que los autoriza y proporcionales a los hechos que les
sirven de causa, para evitar arbitrariedad o capricho, en virtud de que no hay
potestades omnímodas en el Estado social de derecho; en efecto, el artículo 122
de la Carta Política estipula que «[n]o habrá empleo público que no tenga
funciones detalladas en la ley o reglamento».

Acerca de este tema, esta Corporación10 ha sostenido que «[l]a facultad
discrecional conforme a nuestro ordenamiento, es parte del ejercicio de la
función administrativa en tanto se encuentra al servicio del interés público o
general conforme lo dispone el artículo 209 de la Constitución Política,
operando como límite negativo del ejercicio de la facultad discrecional para
excluir de cualquier decisión lo arbitrario, ilógico o irrazonable11. Esta
facultad prevista en el anterior Código Contencioso Administrativo en el
artículo 36 y hoy en el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, prevé la regla general de la
discrecionalidad y plantea la proporcionalidad entre los hechos que le sirven
de causa y los fines de la norma que lo autoriza, que no es otra cosa que la
acción del hecho causal sobre el efecto jurídico, la medida o razón que
objetivamente debe existir entre la realidad de hecho y el derecho que supone
la verdad fáctica y su conexidad con la decisión12. En ese sentido conforme a
los dos presupuestos de la citada norma, cabe precisar que la regla y medida
de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de
insubsistencia es la razonabilidad; vale decir, la discrecionalidad hace
referencia a lo proporcionado e idóneo y al uso del poder dentro de límites
justos y ponderados».

Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia C-429 de 201113,

10
Sentencia de 20 de agosto de 2015, expediente 25000-23-25-000-2010-00254-01 (1847-2012), C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
11
«Radicado interno No. 1866-2010, actor: Diego León Villamarín, M.P. Gerardo Arenas Monsalve».
12
«Radicación 25000-23-25-000-2000-04935-01 (1132-08) Actor, Elizabeth Herrera Neira, Demandado,
Ministerio de Justicia y del Derecho y otro. M.P. Gerardo Arenas Monsalve».
13
C. P. Jaime Araújo Rentería.
13

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discurrió que «[a]sí, por su propia naturaleza, los cargos de libre
nombramiento y remoción gozan de una precaria estabilidad pues el
ordenamiento deja un margen más amplio de discrecionalidad al nominador,
toda vez que aspectos tales como la confianza y la credibilidad que recaen
sobre el trabajador pueden determinar la disponibilidad del cargo».

Ahora bien, esta Sala se centra en el motivo de inconformidad del accionante
con la sentencia de primera instancia, concerniente a que al a quo no le era
dable exigirle que hubiese otra decisión judicial con la que se acreditara el
acoso laboral, en la modalidad de entorpecimiento laboral, del que fue víctima,
por cuanto, a su juicio, le correspondía a esta jurisdicción efectuar ese análisis
con fundamento en las pruebas allegadas, pues era evidente que la no
asignación de funciones comportó la causa directa de su declaratoria de
insubsistencia, con lo que no hubo mejoramiento en la prestación del servicio.

Al respecto, se retoma lo expuesto con antelación, en cuanto a la carga
probatoria que tiene el demandante, quien, para lograr la nulidad de un acto
administrativo, debe acreditar la existencia del vicio que considera
configurado.

En este caso, se destaca que, contrario a lo expuesto por el actor, de una lectura
del fallo apelado no se desprende que el Tribunal de instancia haya requerido
la existencia de una decisión judicial con la que se pruebe el acoso laboral,
sino que «[n]o se ha demostrado que haya queja alguna radicada en la oficina
correspondiente o ante autoridad de disciplina que indique esa conducta
ajena a las reglas del control ordinario del trabajo de la persona
involucrada»14. Este requisito dista de una providencia judicial en la que se
declare que aquel fue víctima de esas conductas, pues es claro que el análisis
del a quo gira en torno a las eventuales actuaciones que desplegó el actor al
verse abocado a situaciones que afectaran su desempeño laboral.

Sobre el particular, resulta importante advertir que la Ley 1010 de 2006, «[p]or
medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo»,
preceptúa que «acoso laboral [es] toda conducta persistente y demostrable,
ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o
superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a
causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la
14
F. 260 vuelto del cuaderno principal.
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Expediente 25000-23-42-000-2018-01529-01 (577-2021)
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renuncia del mismo» (artículo 2º) [se subraya].

Dentro de las modalidades de acoso laboral se encuentra la de entorpecimiento
laboral (alegada por el demandante), definida en el numeral 4 del referido
artículo 2º de la Ley 1010 de 2006 como «toda acción tendiente a obstaculizar
el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio
para el trabajador o empleado constituyen acciones de entorpecimiento
laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos,
documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de
información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos».

Por su parte, el artículo 8º de la citada Ley 1010, sobre las conductas que no
constituyen acoso laboral, menciona, entre otras, (i) los actos destinados a
ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores
jerárquicos sobre sus subalternos, (ii) la formulación de circulares o
memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar
la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a
indicadores objetivos y generales de rendimiento y (iii) la formulación de
exigencias contenidas en los reglamentos y de cumplir las obligaciones, deberes
y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria, aplicable a los
servidores públicos.

En el presente caso, se evidencia que no existe queja o denuncia formal sobre
la presunta ocurrencia de conductas constitutivas de entorpecimiento laboral
alegadas por el demandante, por lo que resulta necesario revisar las pruebas
recaudadas.

El accionante se posesionó como asesor, código 1020, grado 12, de la planta del
despacho del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, desde el 1º. de
febrero de 2013 y, según se deduce del libelo introductorio, sus problemas en el
ámbito laboral se presentaron cuando el señor Andrés Ricardo Quevedo Cano
asumió el cargo de subdirector de riesgo de la dirección de crédito público y
tesoro nacional en septiembre de 2014.

Al expediente se allegó copia del mensaje electrónico de 23 de octubre de 2014
(f. 37 del cuaderno principal), remitido por el señor Quevedo Cano al actor, del
que resulta importante destacar:

[…] Desde mi llegada hace ya más de un mes a la [s]ubdirección, le he
venido solicitando tareas y en buena parte de ellas hemos tenido
inconvenientes […]
15

Expediente 25000-23-42-000-2018-01529-01 (577-2021)
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[…]
Como se lo he manifestado desde mi llegada usted es el profesional del
área llamado a brindarme el mayor soporte en temas que como el de
APP se encuentra involucrado desde su llegada al MHCP y esperaría
que podamos hacer ajustes a su desempeño cuanto antes. […]

Andrés, hemos tenido ya varias reuniones en las que hemos discutido
que su compromiso y la calidad de su trabajo debe estar a la altura de su
ascendencia organizacional en la [s]ubdirección, ya que es el profesional
de mayor rango y salario al interior del área.

El actor contestó la anterior comunicación mediante mensaje electrónico de
28 de octubre de 2014 (ff. 38 a 41 del cuaderno principal), con exposición de
sus puntos de vista frente a las situaciones reclamadas y que se encuentra en
un proceso de adaptación por la llegada de ese nuevo superior funcional.

En lo atañedero a la situación relatada, no observa esta Corporación que esté
enmarcada en acoso laboral, sino que, por el contrario, se trata de la
coordinación en el desempeño de las atribuciones tras el ingreso de un nuevo
funcionario que ejerce control sobre el trabajo del accionante.

Ahora bien, desde octubre de 2014 hasta la expedición del acto administrativo
acusado (enero de 2018), resulta relevante destacar que el referido subdirector
de riesgo presentó dos quejas disciplinarias contra el demandante, de las que
solo una de ellas culminó con imposición de sanción; además, a partir de julio
de 2017 dejó de asignársele tareas por el temor a que no las cumpliera a
cabalidad.

En tal sentido, debe recordarse que como el cargo del accionante era de libre
nombramiento y remoción, se predicaba de él un grado de confianza superior
respecto de los demás servidores. A partir de ese entendimiento, el que
eventualmente no tuviera funciones a cargo, no constituye indicio o evidencia
con la entidad suficiente para sugerir algún tipo de entorpecimiento laboral, sino
que comportó la falta de confianza y seguridad de quien tiene la facultad
discrecional, que no resulta ajeno al desarrollo de la función pública para este
tipo de empleos, pues, como se dijo, va atado a una especial confianza, en la
medida en que, en el caso sub examine, se trata de asesoría institucional adscrita
de manera directa al despacho del jefe de la cartera accionada.

Sin perjuicio de lo anterior, en lo referente a que pasaron varios meses sin que
se asignaran funciones al demandante, destaca la Sala que fue hasta la
declaratoria de insubsistencia tácita y con ocasión del ejercicio del medio de
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control de la referencia, que él enmarcó esa situación en un eventual acoso
laboral en la modalidad de entorpecimiento, habida cuenta de que no existe
prueba de actuación adelantada con la que reclamara el efectivo desempeño de
tales atribuciones.

Amén de lo anotado, a pesar de que se alega en el libelo introductorio y en la
alzada que hubo desmejoramiento del servicio, está probado que la persona
que lo reemplazó contaba con los requisitos mínimos para acceder a ese
empleo, al propio tiempo que no se desvirtuaron las acusaciones sobre su
deficiente prestación del servicio, en particular las descritas en el oficio de 18
de enero de 2018 del director general de crédito público y tesoro nacional del
Ministerio demandado, que contiene las razones objetivas que llevaron a la
expedición de la Resolución censurada.

En ese contexto, se precisa que es deber de todo servidor público «[c]umplir
con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o
perturbación injustificada de un servicio esencial», como lo consagran los
artículos 34 (numeral 2) del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) y
209 de la Constitución Política; este último según el cual la función
administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia,
celeridad e imparcialidad, entre otros.

Por su parte, en lo concerniente a la idoneidad y buen desempeño de los
empleados de libre nombramiento, esta Colegiatura15 ha dicho:

Tratándose de decisiones discrecionales como la acusada, el registro en
la hoja de vida del actor de unas calificaciones superiores en el
desempeño de las funciones constitucional y legalmente asignadas no
generan por sí solas fuero alguno de estabilidad ni pueden limitar la
potestad discrecional que el ordenamiento le concede al nominador,
pues ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad para el ejercicio
de un cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan por sí
solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo
normal es el cumplimiento del deber por parte del funcionario.
[…]
En el caso concreto, […] se observa que, no obstante advertirse un buen
desempeño en sus funciones debe decirse, de una parte, que ello no
otorga per se, inamovilidad en el cargo público, y de otra, que no se
observan elementos de juicio que permitieran inferir a la Sala que la

15
Sección segunda, subsección B, fallo de 20 de marzo de 2013, expediente 05001-23-31-000-2001-03004-01 (357-
12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Expediente 25000-23-42-000-2018-01529-01 (577-2021)
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administración obró con desviación del poder en la expedición del acto
con detrimento del mejoramiento del servicio.

Lo anterior, para arribar a la conclusión de que la facultad discrecional para los
cargos de libre nombramiento y remoción se trata de una atribución legal de que
disponen los nominadores de este tipo de empleos que va atada a un grado de
confianza para su desempeño y esta fue la razón que llevó a que, en su momento,
la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público haya adoptado la
determinación de separar de su trabajo al accionante, con el nombramiento de
otra persona en el cargo que ejercía, con lo que se dio una declaratoria de
insubsistencia tácita de su nombramiento.

En ese sentido, resulta importante insistir en que en el caso de la presunción
legal de una decisión propia de la Administración pública, le corresponde al
particular eventualmente afectado con ella, desvirtuarla; y en el sub lite, como
ya se vio, el accionante no demostró que la parte demandada hubiera actuado
de tal modo que viciara de nulidad el acto acusado; quien alega un vicio tiene
la obligación de acreditarlo con suficiencia, puesto que, conforme al artículo
167 del Código General del Proceso (CGP), le incumbe la carga de la prueba.

Para esta Corporación la facultad discrecional ejercida en el caso concreto está
ajustada a derecho y, por ende, descarta el vicio de nulidad alegado en los
escritos de demanda y alzada, lo que conlleva la negativa de las pretensiones
del libelo introductorio, como lo concluyó el a quo.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 12 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), que
negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Andrés Prieto Méndez
contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo
18

Expediente 25000-23-42-000-2018-01529-01 (577-2021)
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de Hacienda y Crédito Público

indicado en la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

19

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