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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00251-03

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2013-00251-03

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023)
Demandante: Carlos Alberto Castellanos Collante
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

Tema: declaratoria de insubsistencia. Subtema 1: empleo de libre nombramiento y
remoción. Subtema 2: motivación del acto de insubsistencia. Subtema 3: desviación
de poder.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, el 15 de
noviembre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Carlos Alberto Castellanos Collante acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones
0000685 del 3 de mayo de 2012 y 0001647 del 17 de agosto de 2012, mediante las
cuales el Ministerio del Trabajo declaró insubsistente su nombramiento como director
territorial del Atlántico, código 0042, grado 18, y negó la revocatoria directa de esa
decisión. A su juicio, aunque el empleo era de libre nombramiento y remoción, había
accedido a este mediante un proceso de selección basado en el mérito y contaba con
evaluaciones satisfactorias de desempeño, circunstancias que, en su criterio, exigían
motivar el retiro y demostraban que la decisión no estuvo orientada al mejoramiento
del servicio.

El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la naturaleza de libre nombramiento y remoción del empleo no se
modificaba por el mecanismo utilizado para su provisión y que, por tanto, la
declaratoria de insubsistencia podía adoptarse sin motivación. Asimismo, concluyó
que el buen desempeño del demandante no le otorgaba estabilidad en el cargo y que
no se acreditó que la facultad discrecional hubiera sido ejercida con desviación de

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023)
Demandante: Carlos Alberto Castellanos Collante
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

poder.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la
sentencia de primera instancia, tras establecer que la eventual utilización de criterios
de mérito para la provisión del empleo no modificaba su naturaleza de libre
nombramiento y remoción, que el acto de insubsistencia no requería motivación y que
no se demostró que la decisión se hubiera apartado de los fines propios de la función
administrativa.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Carlos Alberto Castellanos Collante, mediante apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 11 de
octubre de 20121 contra el Ministerio del Trabajo, con las siguientes pretensiones2:

2. Se declare la nulidad de la Resolución 00000685 del 3 de mayo de 2012,
expedida por el ministro del trabajo, mediante la cual se declaró insubsistente el
nombramiento del señor Carlos Alberto Castellanos Collante en el cargo de director
territorial del Atlántico, código 0042, grado 18, de la planta global del Ministerio del
Trabajo.

3. Se declare la nulidad de la Resolución 00001647 del 17 de agosto de 2012,
mediante la cual el ministro del trabajo decidió no revocar la Resolución 00000685 del
3 de mayo de 2012.

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al Ministerio del
Trabajo: i) su reintegro inmediato al cargo de director territorial del Atlántico, código
0042, grado 18, o a uno equivalente, en la ciudad de Barranquilla; ii) el reconocimiento
y pago de los salarios, prestaciones sociales, legales y extralegales dejados de
percibir desde el 4 de mayo de 2012 hasta que se haga efectivo el reintegro; y iii) el
pago de los aportes correspondientes a pensión, salud y riesgos profesionales durante
el mismo período.

5. Por último, solicitó que se condene a la entidad demandada al pago de costas
y agencias en derecho.

1 Inicialmente, la demanda fue rechazada por caducidad. Contra dicha decisión la parte demandante interpuso

recurso de apelación y, mediante auto del 22 de julio de 2014, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, revocó la providencia recurrida al considerar que la demanda había sido presentada oportunamente y ordenó
devolver el expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico para que resolviera sobre su admisibilidad. En
cumplimiento de lo anterior, el tribunal admitió la demanda. Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles, pp. 105 a 112.
2
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles, pp.
8 a 9.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023)
Demandante: Carlos Alberto Castellanos Collante
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

7. En el año 2002, el Gobierno nacional adelantó una convocatoria pública
orientada a proveer, mediante un proceso de meritocracia, diferentes empleos del
sector público, entre ellos los cargos de directores territoriales del entonces Ministerio
de la Protección Social.

8. El señor Carlos Alberto Castellanos Collante participó en dicha convocatoria,
superó las pruebas de conocimientos, evaluaciones psicológicas y entrevistas
practicadas dentro del proceso de selección y conformó la lista de elegibles para
ocupar el cargo de director territorial del Atlántico.

9. Como resultado de dicho proceso, mediante Resolución 000123 del 25 de
febrero de 2003, fue designado como director territorial del Atlántico, código 0042,
grado 18, empleo del cual tomó posesión el 3 de marzo del mismo año.

10. Durante el tiempo que el demandante permaneció en el cargo, obtuvo
evaluaciones satisfactorias de desempeño y, según afirmó, consiguió diversos
reconocimientos por su gestión, entre ellos certificaciones de calidad para la Dirección
Territorial del Atlántico y su designación para representar a Colombia ante la
Organización Internacional del Trabajo en un evento relacionado con los sistemas de
inspección laboral.

11. Adicionalmente, sostuvo que permaneció durante más de 9 años en el empleo,
período durante el cual cumplió satisfactoriamente las funciones asignadas y los
compromisos establecidos en los acuerdos de gestión.

12. Mediante Resolución 00000685 del 3 de mayo de 2012, el ministro del trabajo
declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de director territorial del Atlántico,
sin expresar las razones concretas que sustentaron la decisión.

13. Posteriormente, mediante Resolución 00001647 del 17 de agosto de 2012, el
ministro del trabajo decidió no revocar el acto de insubsistencia.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

14. En la demanda se invocaron como vulnerados los artículos 25, 29, 48 y 85 de
la Constitución Política; los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del
Trabajo y los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo. Asimismo, a lo largo del concepto de violación se hizo referencia a los
artículos 40, 53, 83, 125 y 209 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004 y sus
disposiciones reglamentarias.

15. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que los actos

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023)
Demandante: Carlos Alberto Castellanos Collante
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

administrativos acusados se encuentran viciados, principalmente, por desviación de
poder, pues la declaratoria de insubsistencia no estuvo dirigida al mejoramiento del
servicio, sino que obedeció a una finalidad distinta de aquella para la cual fue conferida
la facultad discrecional. En particular, afirmó que la decisión buscó favorecer intereses
de carácter político.

16. Indicó que, aunque el cargo de director territorial era de libre nombramiento y
remoción, el demandante no accedió a este como consecuencia del ejercicio ordinario
de la facultad discrecional del nominador, sino después de superar un proceso público
de meritocracia adelantado por el Gobierno nacional. A su juicio, esa circunstancia
imponía límites al ejercicio de la facultad de retiro y generaba una expectativa de
permanencia ligada al mérito y al cumplimiento satisfactorio de sus funciones.

17. Señaló que durante los más de 9 años en los que ejerció el cargo obtuvo
calificaciones satisfactorias, cumplió los acuerdos de gestión y alcanzó resultados
positivos en la Dirección Territorial del Atlántico. Por ello, consideró que la entidad
debía expresar las razones objetivas que justificaban su desvinculación y demostrar
que la medida respondía al mejoramiento del servicio.

18. En ese sentido, afirmó que la facultad de libre nombramiento y remoción no
podía entenderse como una potestad absoluta, pues debía ejercerse dentro de los
fines de la función administrativa y atendiendo las circunstancias de oportunidad y
conveniencia que justificaran la decisión. Destacó, además, que los acuerdos de
gestión previstos para los empleos de naturaleza gerencial vinculaban la permanencia
del servidor con los resultados obtenidos durante su desempeño.

19. De otra parte, manifestó que los actos demandados vulneraron los derechos al
trabajo, al debido proceso y a la defensa, toda vez que la Resolución 00000685 de
2012 no consignó las razones concretas de la declaratoria de insubsistencia,
circunstancia que, en su criterio, le impidió conocer los motivos de la decisión y
controvertirlos adecuadamente.

20. Igualmente, invocó los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del
Trabajo, a partir de los cuales sostuvo que quienes ejercen funciones de inspección
laboral deben contar con condiciones de estabilidad que garanticen su independencia
frente a los cambios de gobierno y cualquier influencia externa indebida. Que esta
garantía resultaba relevante en su caso debido a las funciones atribuidas a los
directores territoriales del Ministerio del Trabajo.

21. Finalmente, argumentó que la decisión de proveer un empleo de libre
nombramiento y remoción mediante un proceso público de mérito suponía la
incorporación de principios propios de la carrera administrativa, como la transparencia,
la eficiencia, la igualdad de oportunidades y el mérito. De ahí que, en su criterio, el
retiro no pudiera fundarse exclusivamente en la naturaleza del cargo, sino en razones
relacionadas con el desempeño insatisfactorio, el incumplimiento de los acuerdos de
gestión o alguna otra causa objetiva que justificara la desvinculación.

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Demandante: Carlos Alberto Castellanos Collante
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

22. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos administrativos
acusados desconocieron los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad,
buena fe, mérito y estabilidad laboral, así como los fines de la función administrativa,
razón por la cual solicitó su anulación y el consecuente restablecimiento del derecho.

2.2. Contestación de la demanda

23. El Ministerio del Trabajo3 se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que se mantuviera la legalidad de los actos administrativos acusados. Como
fundamento de su defensa, señaló que el señor Carlos Alberto Castellanos Collante
fue nombrado con carácter ordinario, mediante Resolución 0123 del 25 de febrero de
2003, en el cargo de director territorial del Atlántico, código 0042, grado 18, empleo
de gerencia pública cuya naturaleza era de libre nombramiento y remoción.

24. Manifestó que, aun cuando la designación del demandante hubiera estado
precedida de un proceso de selección basado en criterios de mérito, esa circunstancia
no modificaba la naturaleza jurídica del empleo ni le confería derechos de carrera
administrativa. Explicó que los procedimientos de selección para cargos de gerencia
pública están orientados a valorar el mérito, las competencias, habilidades y aptitudes
de los aspirantes, sin que ello afecte la facultad discrecional del nominador para
efectuar el nombramiento y disponer posteriormente el retiro.

25. Asimismo, indicó que los acuerdos de gestión y la evaluación de los resultados
obtenidos por los gerentes públicos tampoco otorgaban estabilidad en el empleo. Al
respecto, adujo que, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 909 de 2004, el
cumplimiento de dichos acuerdos constituye un deber del gerente público y no limita
la discrecionalidad para su retiro. En ese sentido, señaló que el buen desempeño y
los resultados satisfactorios alegados por el demandante correspondían al
cumplimiento de las obligaciones propias del cargo y no generaban un derecho a
permanecer en él.

26. En consecuencia, la declaratoria de insubsistencia se produjo dentro del ámbito
de la facultad discrecional atribuida al nominador respecto de los empleos de libre
nombramiento y remoción. Agregó que estos actos no requerían motivación expresa
y se presumían expedidos por razones del buen servicio, por lo que correspondía al
demandante desvirtuar dicha presunción y demostrar que la decisión obedeció a una
finalidad distinta de aquella prevista por el ordenamiento jurídico.

27. Bajo esa perspectiva, negó que los actos acusados hubieran incurrido en falsa
motivación o desviación de poder. Insistió en que fueron expedidos por la autoridad
competente, con fundamento en las normas que regulan el retiro de los servidores de
libre nombramiento y remoción y con observancia del procedimiento aplicable, sin que
se acreditara que la decisión hubiera obedecido a motivos personales o ajenos al
interés general.

3
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles, pp.
149 a 165.

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023)
Demandante: Carlos Alberto Castellanos Collante
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

28. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de
obligación y responsabilidad del Ministerio del Trabajo y legalidad de los actos
administrativos; ii) inexistencia de obligación derivada de la facultad discrecional para
declarar insubsistente al demandante; iii) inepta demanda por falta del requisito de
procedibilidad, debido a las diferencias entre las pretensiones formuladas en la
conciliación prejudicial y las contenidas en la demanda; iv) caducidad; v) prescripción;
vi) cobro de lo no debido; y vii) la innominada.

2.3. Sentencia de primera instancia

29. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante
sentencia del 15 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la parte demandante4, en los siguientes términos:

PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

TERCERO.- Notifíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley
1437 de 2011.

CUARTO.- Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el proceso.

30. Como primera medida, el tribunal argumentó que el cargo de director territorial
del Atlántico era de libre nombramiento y remoción y que su naturaleza jurídica se
encontraba determinada por la ley, de manera que no podía ser modificada por la
forma en que la administración hubiera decidido proveerlo. En ese sentido, señaló que
no existía prueba fidedigna del concurso de méritos al que hizo referencia el
demandante y que, aun si se acreditara que su designación estuvo precedida de un
proceso de selección basado en el mérito, esa circunstancia no transformaba el
empleo en uno de carrera administrativa ni alteraba las reglas previstas para su retiro.

31. En esas condiciones, consideró que no prosperaba el cargo relacionado con la
falta de motivación de la Resolución 00000685 del 3 de mayo de 2012, pues, de
conformidad con el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, la remoción de quienes
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y puede
efectuarse mediante acto no motivado. Así, precisó que el hecho de que el
demandante hubiera accedido al empleo a través de un procedimiento fundado en
criterios de mérito no imponía al nominador el deber de expresar las razones de su
retiro.

32. No obstante lo anterior, agregó que, si bien el artículo 26 del Decreto 2400 de
1968 prevé el deber de dejar constancia en la hoja de vida de las causas que
ocasionaron la insubsistencia, el cumplimiento de esa obligación no constituye un

4 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “022. Fallo 2013-00251-00 JR”

6

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023)
Demandante: Carlos Alberto Castellanos Collante
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

requisito de validez del acto de retiro. Por ello, su inobservancia no tenía la virtualidad
de generar la nulidad de la decisión, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran
derivarse para el funcionario encargado de efectuar dicha anotación.

33. De otro lado, advirtió que no se acreditó que la declaratoria de insubsistencia
hubiera perseguido una finalidad distinta al mejoramiento del servicio. Al respecto,
indicó que las calificaciones satisfactorias y el buen desempeño demostrado por el
demandante no le conferían estabilidad ni inamovilidad en el cargo, pues tales
circunstancias no impedían que el nominador considerara que el servicio podía
mejorar con su retiro. En consecuencia, estimó que correspondía al actor demostrar
que la decisión obedeció a motivos ajenos a los fines de la función administrativa,
carga que no encontró satisfecha en el proceso.

34. Finalmente, el tribunal se abstuvo de imponer condena en costas, al considerar
que, aunque la parte demandante resultó vencida, estas no aparecían causadas ni
acreditadas en el expediente, conforme a lo previsto en el numeral 8 del artículo 365
del CGP.

2.4. Recurso de apelación

35. La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó revocar
integralmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda5.

36. En primer lugar, manifestó que el tribunal interpretó de manera equivocada los
argumentos de la demanda, pues nunca pretendió que el proceso de selección
mediante el cual accedió al empleo modificara su naturaleza de libre nombramiento y
remoción. No obstante, cuestionó que la sentencia desconociera la existencia de dicho
proceso, pese a que, en su criterio, se encontraba acreditado en el expediente, y
sostuvo que esa circunstancia debía ser valorada junto con los demás elementos
probatorios para analizar la forma en que se ejerció la facultad discrecional de retiro.

37. Por otra parte, controvirtió la conclusión según la cual pretendía derivar una
situación de inamovilidad de las calificaciones obtenidas durante su desempeño.
Explicó que dichos resultados fueron invocados para demostrar que durante más de
9 años cumplió satisfactoriamente sus funciones y los compromisos establecidos en
los acuerdos de gestión, así como que la Dirección Territorial del Atlántico prestaba el
servicio de manera eficiente. Por ello, insistió en que esos elementos debían valorarse
para establecer si la declaratoria de insubsistencia estuvo realmente orientada al
mejoramiento del servicio.

38. Al respecto, señaló que, aunque la insubsistencia de un empleado de libre
nombramiento y remoción puede disponerse en ejercicio de una facultad discrecional,
esta no es absoluta, pues se encuentra sometida a los fines del buen servicio y puede
ser objeto de control cuando se demuestra que fue utilizada con una finalidad distinta.
5 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “024. RECURSO DE APELACION”.

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En esa medida, sostuvo que la presunción de legalidad del acto podía desvirtuarse
mediante pruebas que evidenciaran que la decisión se apartó de dichos fines y
configuró desviación de poder.

39. Bajo esa perspectiva, reiteró que la declaratoria de insubsistencia rebasó los
límites de la discrecionalidad, dado que, pese al buen desempeño del demandante,
sus calificaciones satisfactorias y el cumplimiento de los acuerdos de gestión, la
administración no explicó de qué manera su retiro contribuía al mejoramiento del
servicio. Añadió que el propio Ministerio del Trabajo reconoció en la contestación de
la demanda el buen desempeño y los resultados obtenidos por el actor, por lo que, en
su criterio, la ausencia de una justificación para prescindir de sus servicios permitía
tener por configurada la desviación de poder alegada.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

40. Mediante auto del 12 de octubre de 20236, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el numeral 3° del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021.

41. La parte demandada7 se opuso al recurso de apelación y solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia. Adujo que el cargo desempeñado por el demandante
era de gerencia pública y de libre nombramiento y remoción, por lo que su retiro podía
efectuarse de manera discrecional y mediante acto no motivado. Añadió que el hecho
de que su provisión hubiera estado precedida de un proceso de mérito no modificaba
la naturaleza jurídica del empleo ni limitaba la facultad del nominador.

42. En esa línea, consideró que el demandante no acreditó circunstancias que
desvirtuaran la legalidad de la declaratoria de insubsistencia, razón por la cual solicitó
mantener la decisión que negó las pretensiones de la demanda.

43. El Ministerio Público no se pronunció frente al recurso de apelación.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

44. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

6
Samai, índice 4.
7 Samai, índice 9.

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3.2. Problema jurídico

45. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

46. ¿La declaratoria de insubsistencia del nombramiento del demandante en el
cargo de director territorial, de libre nombramiento y remoción, debía estar motivada
por haber accedido al empleo mediante un proceso de selección basado en el mérito?

47. ¿Las circunstancias acreditadas sobre el desempeño del demandante, en
particular sus calificaciones satisfactorias, el cumplimiento de los acuerdos de gestión
y los resultados obtenidos durante su permanencia en el cargo, permiten concluir que
la facultad discrecional de retiro fue ejercida con una finalidad distinta al mejoramiento
del servicio y, por tanto, que se configuró desviación de poder?

48. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) los empleos de libre nombramiento y remoción; (iii) hechos probados y
(iv) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá el problema jurídico
formulado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Los empleos de libre nombramiento y remoción

49. El artículo 125 de la Carta Política prescribe que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, con excepción de los cargos de elección popular,
de libre nombramiento y remoción, de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. Esa misma disposición regula la designación por concurso público,
cuando el sistema de nombramiento no se provea como de libre nombramiento y
remoción.

50. Asimismo, el artículo 5° de la Ley 909 de 2004 estableció que los empleos en
los organismos y entidades de la administración pública son de carrera, con
excepción, entre otros, de los clasificados como de libre nombramiento y remoción.

51. Visto lo anterior, se tiene que la legislación previó una excepción al sistema de
la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un
proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos
con funciones de manejo y dirección institucional, para lo cual se requiere el más alto
grado de confianza para su desempeño.

52. Así las cosas, resulta razonable que para la provisión de empleos que impliquen
tal condición, no se requiera superar un proceso de selección por méritos, toda vez
que el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se
predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación

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institucional.

53. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para considerar
que un empleo es de libre nombramiento y remoción deben concurrir tres requisitos:
(i) que tenga fundamento legal, esto es, que se encuentre expresamente previsto
como excepción a la carrera; (ii) que las funciones asignadas sean de dirección,
conducción, manejo u orientación institucional; y (iii) que tales funciones demanden
un nivel de confianza superior al exigible a cualquier otro servidor8.

54. De igual manera, dentro de los empleos de libre nombramiento y remoción,
además de los casos expresamente previstos en la Constitución (ministros, directores
de departamento administrativo, procurador, contralor, fiscal general, entre otros), la
Ley 909 de 2004 incluyó a los directores administrativo, financiero, técnico y operativo.

55. Como se observa, para el desempeño de los cargos de libre nombramiento y
remoción, la confianza juega un rol preponderante, lo que le permite al nominador
disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los
motivos que lo conducen a adoptar una u otra decisión, como lo han dispuesto, por
ejemplo, los artículos 26 del Decreto 2400 de 1968, 107 del Decreto 1950 de 1973, 41
(parágrafo 2°, inciso 2°) de la Ley 909 de 2004 y 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015.

56. La declaratoria de insubsistencia puede ser expresa o tácita. Esta última se
configura cuando la administración nombra a una persona en un empleo que se
encuentra ocupado por otro servidor, pues la designación del reemplazo implica el
retiro de quien venía desempeñándolo. En estos eventos, la desvinculación se
produce como consecuencia del nombramiento y de la posesión del nuevo empleado
en el cargo9.

57. El Consejo de Estado, por su parte, ha reiterado que, si bien los empleos de
libre nombramiento y remoción otorgan al nominador una facultad discrecional para la
designación y remoción, ello no significa que la administración pueda actuar de
manera arbitraria, pues la discrecionalidad debe ejercerse siempre orientada al buen
servicio y bajo control judicial en caso de alegarse desviación de poder10.

58. Por tal razón, los empleos de libre nombramiento y remoción constituyen una
categoría excepcional que busca garantizar la confianza y unidad de acción
administrativa, pero cuyo alcance debe interpretarse de acuerdo con los parámetros
fijados por la Constitución y la ley.

59. Ahora bien, el ordenamiento jurídico —artículos 26 del Decreto 2400 de 1968,
41 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015, entre otras

8 Corte Constitucional, sentencia C-514 de 1994.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de mayo de 2010, radicado: 25000-23-25-

000-2002-05139-01 (7545-2005); Subsección A, sentencia del 23 de febrero de 2012, radicado: 76001-23-31-000-
2001-01920-01 (1757-2009); Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2018-
01529-01 (577-2021).
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2017, proceso con radicado
73001-23-33-000-2013-00447-01.

10

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023)
Demandante: Carlos Alberto Castellanos Collante
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

disposiciones— reconoce que en ciertos casos la administración cuenta con un
margen de discrecionalidad para la provisión y remoción de empleos de libre
nombramiento y remoción. Esta facultad, sin embargo, no es absoluta, sino que se
encuentra limitada por los principios constitucionales de la función pública y por el
control judicial de legalidad11.

60. La potestad discrecional es una herramienta jurídica necesaria en ciertas
situaciones para obtener mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines de
la administración pública. Entonces, la discrecionalidad «surge cuando el
ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar en un
supuesto dado lo que sea de interés público»12.

61. La existencia de facultades discrecionales no es incompatible con la vigencia
de un Estado social y constitucional de derecho siempre que se ejerzan como un poder
en derecho, cuya regla y medida es la razonabilidad. En ese sentido, la Corte
Constitucional ha indicado que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier
momento a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción no contraría la
Constitución, pues la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una
relación subjetiva con el nominador, quien requiere siempre plena confianza de sus
colaboradores13.

62. La misma Corporación ha sostenido que la discrecionalidad debe entenderse
como la posibilidad que tiene el nominador de actuar dentro de un ámbito de opciones
igualmente válidas, pero siempre conforme a los fines de la Constitución y la ley, en
procura del interés general14. En tal sentido, la discrecionalidad se diferencia de la
arbitrariedad, puesto que mientras la primera se encuentra delimitada por parámetros
jurídicos, la segunda desconoce cualquier límite normativo y se traduce en un uso
abusivo del poder15.

63. En este punto cobra relevancia la figura de la desviación de poder, definida
como la expedición de un acto administrativo con una finalidad diferente a la prevista
en la norma que lo autoriza, como se explicará en el apartado siguiente16. El Consejo
de Estado ha reiterado que la desviación de poder constituye una causal autónoma
de nulidad del acto administrativo, y que su acreditación puede hacerse mediante

11 Constitución Política, artículos 2, 6, 123 y 209.
12 García de Enterría, Eduardo. Democracia, Jueces y Control de la Administración, 5ª edición, 2000, p. 143.
13 En este sentido, en la sentencia C-443 de 1997, la Corte Constitucional señaló: «la estabilidad “entendida como

la certidumbre que debe asistir al empleado en el sentido de que, mientras de su parte haya observancia de las
condiciones fijadas por la ley en relación con su desempeño, no será removido del empleo”, es plena para los
empleos de carrera pero restringida o precaria para los de libre nombramiento y remoción, “pues para éstos la
vinculación, permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta
discrecionalidad para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por
desviación de poder. [...] frente a la estabilidad existen variadas caracterizaciones: desde la estabilidad impropia
(pago de indemnización) y la estabilidad “precaria” (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción que
pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta (reintegro
derivado de considerar nulo el despido), luego no siempre el derecho al trabajo se confunde con la estabilidad
absoluta».
14 Corte Constitucional, sentencia C-031 de 1995.
15 Corte Constitucional, sentencia C-525 de 1995.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de febrero de 2014, proceso con radicado 11001-03-25-
000-2009-00014-00.

11

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prueba directa o por medio de indicios graves, precisos y concordantes17, como lo
establece el artículo 13718 de la Ley 1437 de 2011.

64. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que, aunque el
nominador no está obligado a motivar la insubsistencia de un cargo de libre
nombramiento y remoción, ello no significa que el acto se sustraiga del control
judicial19. En efecto, el juez contencioso-administrativo está habilitado para verificar, a
partir de las pruebas allegadas al proceso, si la medida obedeció a una finalidad
legítima de buen servicio o si, por el contrario, fue el resultado de consideraciones
extrañas a la administración, como retaliaciones políticas, persecuciones personales
o acuerdos burocráticos.

65. De esta forma, la discrecionalidad en materia de insubsistencia se encuentra
limitada por los principios de legalidad, igualdad, moralidad administrativa y finalidad
pública, de manera que su uso indebido compromete la validez del acto administrativo
y habilita al juez para declarar su nulidad.

3.3.2. La desviación de poder

66. Uno de los elementos del acto administrativo es el teleológico, referido a los
fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el propósito de aquel no lo fija
la administración, sino el constituyente y el legislador, quienes lo entienden emitido
para cumplir los fines previstos en el artículo 2 de la Constitución Política y en el
artículo 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de la
administración y el interés general20.

67. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo 21. De este modo, se
afecta la finalidad del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha de ser el
previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, hay
desviación de poder cuando la administración utiliza una facultad otorgada por la ley,
persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía obtener cuando aquella atribuyó
la competencia al órgano o funcionario público.

68. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2002, proceso con radicado

11001-03-25-000-1999-00528-01.
18 «Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin

competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de abril de 2009, expediente 05001-23-

31-000-2001-02422-01.
20 Ibidem.
21 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto

administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».

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efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»22.

69. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió hacia
fines distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar
que «la definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al
convencimiento de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la
expedición del acto administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel
de complejidad en el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el
interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración»23.

70. La jurisprudencia ha admitido que la desviación de poder puede acreditarse no
solo mediante prueba directa, sino también a través de indicios graves, precisos y
concordantes, que permitan al juez inferir razonablemente la finalidad desviada del
acto24. La Corte Constitucional, en armonía con este criterio, ha resaltado que la
facultad discrecional de la administración no es ilimitada y que el juez contencioso-
administrativo está llamado a controlar su ejercicio y anular aquellos actos que, pese
a su presunción de legalidad, se expidieron con fines contrarios al interés general25.

71. Bajo ese marco, aunque los actos de insubsistencia en cargos de libre
nombramiento y remoción no requieren motivación, no por ello quedan exentos del
control judicial, pues el juez puede determinar, a partir del acervo probatorio, si la
medida fue consecuencia del buen servicio o si respondió a propósitos distintos que
configuran la desviación de poder.

3.4. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto

72. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

73. El señor Carlos Alberto Castellanos Collante fue nombrado con carácter
ordinario, mediante Resolución 00123 del 25 de febrero de 2003, en el cargo de

22 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-

24-000-2013-00328-00. En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, expediente 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia que indicaba
que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención
de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda, Subsección B,
proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2002, proceso con radicado

11001-03-25-000-1999-00528-01.
25 Corte Constitucional, sentencia C-031 de 1995.

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director territorial, código 0042, grado 18, del Ministerio de la Protección Social, con
ubicación territorial en el departamento del Atlántico, del cual tomó posesión el 3 de
marzo de 2003. En las consideraciones del acto se indicó que resultaba necesario
proveer los cargos de libre nombramiento y remoción de la planta de personal de esa
entidad26.

74. El demandante acreditó, para efectos de su nombramiento como director
territorial del Atlántico, formación profesional y experiencia en cargos directivos. La
Universidad del Atlántico certificó que obtuvo el título de abogado en 1982, mientras
que la Caja Agraria certificó que se desempeñó, entre 1987 y 1997, como subgerente
de provisión agrícola regional, gerente departamental del Magdalena y gerente
regional. Asimismo, el Incora certificó que ejerció como gerente regional del Atlántico
entre el 15 de julio de 1997 y el 28 de febrero de 199927.

75. En las evaluaciones de sus acuerdos de gestión, el demandante obtuvo
calificaciones correspondientes al nivel «satisfactorio», así: 94% en la vigencia 2007;
94,5% en el primer semestre de 2008; 91% en la vigencia 2009; 92,85% en la vigencia
2010; y 93,2% en el primer semestre de 201128.

76. Bureau Veritas certificó el 19 de mayo de 2010 el Sistema de Gestión de
Calidad del Ministerio de la Protección Social bajo las normas ISO 9001:2008 y
NTCGP 1000:2009, con vigencia hasta el 18 de mayo de 2013. El alcance de las
certificaciones comprendió, entre otros aspectos, la inspección, vigilancia y control del
sector laboral29.

77. El periódico El Heraldo publicó el 3 de noviembre de 2010 la columna de opinión
titulada «El justo reconocimiento», en la cual Álvaro de la Espriella destacó la gestión
de Carlos Alberto Castellanos Collante como director territorial del Atlántico. El autor
resaltó, entre otros aspectos, la adecuación de las instalaciones, la atención al público,
el número de conciliaciones laborales realizadas y la certificación de gestión pública
otorgada por Bureau Veritas, y afirmó que el demandante había accedido al cargo
mediante concurso30.

78. El demandante suscribió acuerdos de gestión en su condición de director
territorial del Atlántico, en los cuales se establecieron compromisos y competencias
gerenciales sujetos a seguimiento y evaluación. Entre los documentos aportados obra
el acuerdo correspondiente a la vigencia comprendida entre el 3 de enero y el 31 de

26 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles,

pp. 21 a 23.
27 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “AnexoCdF199”, pp. 109 a 131.
28 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles,

pp. 25 a 26; archivo “EVALUACIONES CASTELLANO COLLANTES”; archivo “AnexoCdF199”, pp. 210 a 214;
archivo “AnexoCdF199”, pp. 9 a 12.
29 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles,

pp. 25.
30
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles,
pp. 33.

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diciembre de 201131.

79. Adicionalmente, participó entre el 17 y el 19 de mayo de 2011 en el taller de
formación «Desarrollo de Sistemas de Inspección del Trabajo Modernos y Eficaces»,
organizado por la Organización Internacional del Trabajo en Ciudad de México32.

80. El señor Carlos Alberto Castellanos Collante tomó posesión el 16 de noviembre
de 2011 del cargo de director territorial del Atlántico, código 0042, grado 18, del
Ministerio del Trabajo, para el cual había sido nombrado mediante Resolución 5379
del 15 de noviembre de 201133.

81. El ministro del trabajo encargó temporalmente al señor Carlos Alberto
Castellanos Collante, mediante Resolución 0000515 del 11 de abril de 2012, de las
funciones del cargo de director territorial, código 0042, grado 12, de la Dirección
Territorial del Cesar, mientras se proveía dicho empleo. El acto dejó constancia de
que el demandante era titular del empleo de director territorial del Atlántico 34.

82. El ministro del trabajo declaró insubsistente, mediante Resolución 0000685 del
3 de mayo de 2012, el nombramiento de Carlos Alberto Castellanos Collante en el
cargo de director territorial del Atlántico, código 0042, grado 18, de la planta global del
Ministerio del Trabajo. El acto señaló como fundamento que el artículo 107 del Decreto
1950 de 1973 facultaba al nominador para declarar insubsistente un nombramiento
ordinario «sin motivar la providencia», en ejercicio de la facultad discrecional de
nombrar y remover libremente a sus empleados. Dicha decisión fue comunicada al
demandante el 4 de mayo de 201235.

83. El señor Carlos Alberto Castellanos Collante solicitó el 27 de julio de 2012 la
revocatoria directa de la Resolución 0000685 del 3 de mayo de 2012 y pidió su
reintegro al cargo de director territorial del Atlántico. El ministro del trabajo negó la
solicitud mediante Resolución 0001647 del 17 de agosto de 2012, al considerar que
el empleo era de libre nombramiento y remoción, que su insubsistencia podía
declararse sin motivación y que no se configuraba ninguna de las causales de
revocatoria directa previstas en el artículo 93 del CPACA36.

84. La coordinadora del Grupo de Administración Documental del Ministerio del
Trabajo certificó el 25 de agosto de 2022 que, una vez revisado el acervo documental
de la entidad, no se encontró documentación referida a «las puntuaciones entregadas
por la Unión Temporal Triar correspondientes a las etapas del concurso adelantado
entre 2002 y 2003 para proveer el cargo de director territorial, código 0042, grado

31 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles,

pp. 27 a 32.
32 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles,

pp. 34.
33 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “AnexoCdF260”, pp. 171.
34 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “AnexoCdF260”, pp. 175.
35 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles,

pp. 36 a 38.
36
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “08001233300020130025100”, pp. 5 a 20 – pretensiones visibles,
pp. 39 a 41.

15

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18»37.

85. El Ministerio del Trabajo informó el 29 de agosto de 2022 que no contaba con
las puntuaciones obtenidas durante las etapas del proceso adelantado entre 2002 y
2003 para proveer el cargo de director territorial, código 0042, grado 18, y explicó que
los archivos del antiguo Ministerio de la Protección Social fueron distribuidos con
ocasión de su escisión38.

3.5. Caso concreto

86. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en determinar si la
declaratoria de insubsistencia del señor Carlos Alberto Castellanos Collante del cargo
de director territorial del Atlántico, código 0042, grado 18, del ministerio del Trabajo se
ajustó al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, comportó un ejercicio irregular de
la facultad discrecional de retiro.

87. El tribunal consideró que el cargo desempeñado por el demandante era de libre
nombramiento y remoción y que esa naturaleza no se modificaba por la circunstancia
de que su designación hubiera estado precedida, según se alegó, de un proceso de
selección. Asimismo, sostuvo que el acto de insubsistencia no requería motivación y
que las evaluaciones satisfactorias obtenidas durante el ejercicio del empleo no
limitaban la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, concluyó que la
parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado y negó
las pretensiones de la demanda.

88. En el recurso de apelación, la parte demandante insistió en que nunca atribuyó
al proceso de selección el efecto de modificar la naturaleza de libre nombramiento y
remoción del empleo, sino que dicha circunstancia debía valorarse, junto con sus
antecedentes y evaluaciones de desempeño, para determinar si la facultad
discrecional se ejerció conforme a los fines que la justifican. También reiteró que la
administración no explicó las razones de su retiro y sostuvo que los elementos
probatorios aportados permitían establecer que su desvinculación no respondió a
criterios de mejoramiento del servicio.

89. En ese contexto, y de cara a resolver los problemas jurídicos planteados, la
Sala adoptará la siguiente metodología: en primer lugar, analizará el alcance de la
facultad discrecional de retiro respecto de los cargos de libre nombramiento y
remoción y determinará si el proceso de selección que, según el demandante,
precedió su nombramiento tuvo la entidad de modificar la naturaleza del empleo o si
imponía el deber de motivar el acto que declaró su insubsistencia; y, en segundo lugar,
establecerá si las circunstancias acreditadas sobre su desempeño permiten concluir
que la decisión de retiro respondió al mejoramiento del servicio o si, por el contrario,
estuvo viciada de desviación de poder.

37 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “certificacion del 25 agosto 2022 Coordinadora Grupo de
Administración”.
38
Samai, índice 2, expediente digital, archivo “MEMORIAL PONE EN CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO DTE CARLOS ALBERTO CASTELLANOS C RAD 2013-00251”

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3.5.1. Facultad discrecional de retiro en los cargos de libre nombramiento y
remoción

90. El demandante aduce que, aunque el cargo de director territorial del Atlántico
era de libre nombramiento y remoción, su designación estuvo precedida de un proceso
de selección basado en el mérito, circunstancia que, en su criterio, limitaba el ejercicio
de la facultad discrecional de retiro y exigía que la declaratoria de insubsistencia
estuviera debidamente motivada.

91. Al respecto, la Sala advierte que el Decreto 207 del 3 de febrero de 2003 39,
mediante el cual se estableció la planta de personal del Ministerio de la Protección
Social, incluyó dentro de su planta global cinco empleos de director territorial, código
0042, grado 18.

92. De acuerdo con dicha disposición, mediante Resolución 00123 del 25 de
febrero de 2003, el demandante fue nombrado con carácter ordinario en el cargo de
director territorial, código 0042, grado 18, con ubicación territorial en el departamento
del Atlántico. En las consideraciones del acto se señaló expresamente la necesidad
de proveer los «cargos de libre nombramiento y remoción de la planta de personal del
Ministerio de la Protección Social». De este modo, desde su vinculación quedó
definida la naturaleza de libre nombramiento y remoción del empleo desempeñado
por el demandante.

93. Con todo, cabe precisar que la naturaleza de libre nombramiento y remoción
del empleo no deriva únicamente de la calificación consignada en el acto de
nombramiento. La naturaleza, el nivel y la clasificación de los empleos públicos
responden a las disposiciones que regulan su creación y organización dentro de la
respectiva planta de personal. En ese sentido, el artículo 12240 de la Constitución
Política dispone que todo empleo público debe tener sus funciones detalladas en la
ley o el reglamento y, cuando tenga carácter remunerado, encontrarse contemplado
en la respectiva planta de personal. En concordancia, esta corporación ha señalado
que las plantas de personal corresponden al conjunto de empleos creados para el
cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las entidades y que su
definición comprende la determinación de la naturaleza, clasificación y contenido
funcional de los cargos requeridos41.

94. En aplicación de ese criterio, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 770 de

39 Por el cual se suprimen los empleos de las plantas de personal de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social

y de Salud y se establece la planta de personal del Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones.
40 Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveer

los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente. […].
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación 76001-

23-33-000-2017-00898-01 (2464-2021); y sentencia del 25 de octubre de 2018, radicación 73001-23-33-000-2014-
00383-02 (2239-2016); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de mayo de 2026, radicado: 25000-23-
42-000-2018-00727-01 (2884-2021).

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200542 precisó que el nivel directivo comprendía los empleos a los cuales
corresponden funciones de dirección general, formulación de políticas institucionales
y adopción de planes, programas y proyectos. A su vez, el Decreto 2489 de 200643
ubicó expresamente dentro de dicho nivel, el empleo de director o gerente territorial o
regional, código 0042, grado 18.

95. Esta clasificación resulta relevante porque el artículo 4744 de la Ley 909 de
200445 dispuso que los cargos que comportan responsabilidad directiva en la
administración pública de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial tienen el
carácter de empleos de gerencia pública y señaló expresamente que «los cargos de
gerencia pública son de libre nombramiento y remoción». La misma disposición
estableció que la gerencia pública comprende, por regla general, los empleos del nivel
directivo de las entidades y organismos sometidos a dicha ley46.

96. Bajo ese marco, se advierte que la naturaleza jurídica del empleo y el
mecanismo utilizado para su provisión constituyen aspectos distintos. En efecto, el
artículo 4947 de la Ley 909 de 2004 prevé que la aplicación de criterios de mérito,
capacidad y experiencia para la provisión de empleos de naturaleza gerencial es
compatible con el margen de discrecionalidad propio de estos cargos, pues, en todo
caso, la decisión sobre el nombramiento corresponde a la autoridad nominadora.

97. En consecuencia, aun si la designación del demandante hubiera estado
precedida del proceso de selección basado en el mérito que invoca, esa circunstancia
no tendría la virtualidad de modificar la naturaleza de libre nombramiento y remoción
del empleo ni de alterar las reglas aplicables a su retiro.

98. Mediante Resolución 000685 del 3 de mayo de 2012, el ministro del trabajo
declaró insubsistente el nombramiento del señor Carlos Alberto Castellano Collante
como director territorial del Atlántico, código 0042, grado 18. Para adoptar esa
decisión, invocó el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973 y señaló que dicha
disposición facultaba al nominador para declarar insubsistente un nombramiento
ordinario «sin motivar la providencia», en ejercicio de la facultad discrecional de
nombrar y remover libremente a sus empleados.

99. El señor Carlos Alberto Castellanos Collante solicitó la revocatoria directa de

42 Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos
correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que
se refiere la Ley 909 de 2004.
43 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones

pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del Orden Nacional y se dictan otras
disposiciones.
44 Ley 909 de 2004, artículo 47, numerales 1, 2 y 3.
45 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones.
46 Artículo 47. […] 3. La gerencia pública comprende todos los empleos del nivel directivo de las entidades y

organismos a los cuales se les aplica la presente ley […].
47 Artículo 49. […] 2. Para la designación del empleado se tendrán en cuenta los criterios de mérito, capacidad y

experiencia para el desempeño del empleo, y se podrá utilizar la aplicación de una o varias pruebas dirigidas a
evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos para el desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y
una valoración de antecedentes de estudio y experiencia. […]. Parágrafo. En todo caso, la decisión sobre el
nombramiento del empleado corresponderá a la autoridad nominadora.

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ese acto y su reintegro al cargo; no obstante, el ministro del trabajo negó la petición
mediante Resolución 0001647 del 17 de agosto de 2012, al considerar que, por
tratarse de un empleo de libre nombramiento y remoción, la declaratoria de
insubsistencia podía adoptarse sin motivación y que no se configuraba ninguna de las
causales de revocatoria directa previstas en el artículo 93 del CPACA.

100. Sobre el particular, la Sala reitera que el artículo 5 de la Ley 909 de 2004
dispone que los empleos de libre nombramiento y remoción corresponden, entre otros,
a aquellos de dirección, conducción y orientación institucional, cuya naturaleza implica
la adopción de políticas o directrices y exige un especial grado de confianza.

101. En ese contexto, la vinculación a este tipo de empleos se realiza en ejercicio
de la facultad discrecional del nominador, quien selecciona a la persona que considere
idónea para el cargo. De igual forma, su retiro puede disponerse mediante la
declaratoria de insubsistencia, sin que resulte exigible la motivación del acto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la misma ley, el cual establece:

«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;

[…]» (Subraya la Sala)

102. Por su parte, el parágrafo 2° del referido artículo dispone que la competencia
para efectuar la remoción en los empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y se ejercerá mediante acto no motivado:

«Parágrafo 2o. (…) La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.»

103. En consonancia con lo anterior, esta Subsección48 ha señalado que la
naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción, caracterizados por el
especial grado de confianza que exigen, habilita al nominador para disponer tanto su
provisión como su retiro de manera discrecional, sin que resulte exigible la exposición
de las razones que sustentan dicha decisión. Ello se explica en que la permanencia
en este tipo de empleos depende de la confianza que el nominador deposita en quien
los desempeña, de modo que su desvinculación no requiere motivación.

104. En esas condiciones, la ausencia de motivación expresa del acto que declaró
la insubsistencia no afecta su legalidad, pues el retiro de quien ocupa un empleo de
libre nombramiento y remoción puede disponerse mediante acto no motivado. Lo
anterior, sin perjuicio de que el ejercicio de dicha facultad se encuentre sometido a los
límites propios de toda potestad discrecional, aspecto que será examinado a

48
Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado 68001-23-33-000-2017-00193-
01 (0417-19).

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continuación al analizar si la decisión estuvo orientada al mejoramiento del servicio.

3.5.2. Verificación de los criterios de eficiencia y conveniencia del servicio con
ocasión de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del demandante

105. En cuanto al segundo problema jurídico, el demandante sostiene que las
calificaciones satisfactorias obtenidas durante su permanencia en el cargo, el
cumplimiento de los acuerdos de gestión y los resultados alcanzados en la Dirección
Territorial del Atlántico demuestran que desempeñaba sus funciones de manera
adecuada y que, por tanto, su retiro no estuvo orientado al mejoramiento del servicio.

106. Al respecto, la Sala no desconoce que el material probatorio da cuenta del
adecuado desempeño del demandante durante su permanencia en el empleo. En
particular, las evaluaciones de los acuerdos de gestión aportadas al expediente
registran calificaciones correspondientes al nivel «satisfactorio» y los demás
documentos allegados evidencian su participación en actividades relacionadas con el
ejercicio de las funciones propias de la Dirección Territorial. Sin embargo, tales
circunstancias no imponían a la administración el deber de mantenerlo en el cargo ni
transformaban su vinculación en una modalidad dotada de estabilidad.

107. Sobre este punto, la Subsección ha precisado que la estabilidad de quienes
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción es «precaria», debido al
especial grado de confianza que exige la naturaleza de sus funciones. Por
consiguiente, el tiempo de permanencia en el empleo y el adecuado desempeño de
sus funciones no generan, por sí mismos, un derecho a permanecer en él ni limitan la
facultad discrecional de retiro del nominador49.

108. En efecto, la existencia de antecedentes laborales favorables permite
establecer la forma en que el demandante venía desempeñando el empleo, pero no
demuestra la finalidad que determinó su retiro.

109. Particularmente, en cuanto a los acuerdos de gestión invocados por el
demandante, el artículo 50 de la Ley 909 de 2004 dispone que su cumplimiento
constituye un deber de los gerentes públicos, sin que ello afecte la discrecionalidad
para su retiro. Por ello, las calificaciones satisfactorias obtenidas en su evaluación
acreditan que atendió los compromisos asumidos durante el ejercicio del empleo, pero
no permiten inferir, sin otros elementos de juicio, que la declaratoria de insubsistencia
hubiera perseguido un propósito distinto al buen funcionamiento de la administración.

110. Como se expuso, el ejercicio de la facultad discrecional para retirar a un
empleado de libre nombramiento y remoción se presume orientado a la satisfacción
del interés general y al mejoramiento del servicio. En consecuencia, correspondía a la
parte demandante desvirtuar la presunción de legalidad del acto y acreditar, mediante

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2025, radicado 08001-23-33-

000-2022-00439-01 (0463-2025), y sentencia del 26 de noviembre de 2025, radicado: 19001-23-33-000-2019-
00336-01 (4195-2024).

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prueba directa o a partir de indicios graves, precisos y concordantes, que la decisión
estuvo dirigida a una finalidad diferente de aquella prevista por el ordenamiento. Esta
carga resulta, además, concordante con el artículo 167 del CGP, según el cual
incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que prescriben el
efecto jurídico que persiguen. Esa misma regla fue aplicada por la Subsección al
precisar que la desviación de poder requiere demostrar que la autoridad ejerció una
competencia legalmente atribuida con un propósito diferente al buen servicio50.

111. En el presente asunto, el expediente no contiene elementos que permitan
efectuar esa inferencia. En particular, no se acreditaron circunstancias relacionadas
con las razones que condujeron al nominador a disponer el retiro, la existencia de
intereses personales o políticos que hubieran incidido en la decisión o cualquier otro
propósito ajeno al servicio. Tampoco obra información que permita establecer quién
fue designado para ocupar el empleo después de la desvinculación del demandante
ni, por tanto, elementos que evidencien que el cambio hubiera ocasionado una
desmejora en el funcionamiento de la Dirección Territorial del Atlántico.

112. Por consiguiente, aunque se encuentra acreditado que el demandante obtuvo
resultados satisfactorios durante el tiempo en que desempeñó el cargo, esa
circunstancia, valorada en conjunto con el restante material probatorio, no permite
concluir que su retiro se hubiera apartado de los fines propios de la función
administrativa.

113. La parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos acusados, pues no acreditó que la declaratoria de insubsistencia
hubiera sido expedida con desconocimiento del régimen aplicable a los empleos de
libre nombramiento y remoción ni que el ejercicio de la facultad discrecional hubiera
estado orientado a una finalidad distinta del buen servicio.

3.6. Conclusión

114. Con fundamento en lo expuesto, las Resoluciones 0000685 del 3 de mayo de
2012 y 0001647 del 17 de agosto de 2012 se ajustan al ordenamiento jurídico. En
efecto, el empleo de director territorial del Atlántico, código 0042, grado 18, era de
libre nombramiento y remoción, naturaleza que no se modificaba por la eventual
utilización de criterios de mérito o mecanismos de selección para su provisión.
Asimismo, aunque se acreditó que el demandante obtuvo resultados satisfactorios
durante el desempeño del cargo, no se demostró que el ejercicio de la facultad
discrecional se hubiera apartado de los fines propios de la función administrativa ni,
por tanto, que se configurara la desviación de poder alegada.

115. Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa

50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 25000-23-42-

000-2017-02771-01 (3518-2023); sentencia del 26 de septiembre de 2024, radicado 25000-23-42-000-2020-
00148-01 (1442-2023); y sentencia del 7 de mayo de 2026, radicado 52001-23-33-000-2015-00632-01 (6526-
2022).

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de esta providencia.

3.7. Costas

116. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 51 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A, el 15 de noviembre de 2022, que negó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

51 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023)
Demandante: Carlos Alberto Castellanos Collante
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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