República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00461-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema: declaratoria de insubsistencia – empleo de libre nombramiento y remoción.
Subtema 1: desviación de poder. Subtema 2: estabilidad laboral precaria. Subtema
3: carga probatoria sobre la desviación de poder.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, el 27 de enero de 2023, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Luz Myriam Ciro Flórez acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 3547
del 7 de diciembre de 2020, mediante la cual la ministra de Relaciones Exteriores
declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de asesor, código 1020, grado 13,
del despacho del Ministro. Como restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro y
el pago de los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir. A su
juicio, la decisión estuvo viciada por desviación de poder, porque contaba con mejores
calidades profesionales que quien la reemplazó y este no cumplía los requisitos para
desempeñar el empleo.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó que la declaratoria
de insubsistencia hubiera obedecido a una finalidad distinta al buen servicio.
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
Asimismo, estimó que el funcionario designado en reemplazo de la demandante
cumplía los requisitos previstos para desempeñar el cargo.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirma la sentencia
de primera instancia, tras verificar que el funcionario que reemplazó a la demandante
cumplía los requisitos del empleo por pertenecer a la Carrera Diplomática y Consular,
y que las diferencias entre sus trayectorias profesionales no demostraron una
desmejora del servicio ni la desviación de poder alegada. Se concluye también que
no se desconoció el precedente jurisprudencial invocado, pues este resolvió un
supuesto fáctico diferente.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Luz Myriam Ciro Flórez, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 23 de junio
de 2021, contra la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, con las siguientes
pretensiones1:
2. Se declare la nulidad de la Resolución 3547 del 7 de diciembre de 2020,
expedida por la ministra de Relaciones Exteriores, mediante la cual se declaró
insubsistente el nombramiento de la señora Luz Myriam Ciro Flórez en el cargo de
asesor, código 1020, grado 13, de la planta de personal del despacho de la ministra.
3. A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó ordenar al
Ministerio de Relaciones Exteriores: i) reintegrarla al cargo que desempeñaba o a uno
similar o de superior jerarquía; ii) pagarle los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir desde su retiro y hasta el reintegro, debidamente
actualizados; iii) declarar que no existió solución de continuidad en la prestación del
servicio durante ese periodo, y iv) abstenerse de descontar las sumas que hubiera
recibido del Tesoro Público o de otras entidades estatales durante el tiempo en que
permaneció desvinculada. Finalmente, pidió el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA y la condena en costas.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. La señora Luz Myriam Ciro Flórez se vinculó al Ministerio de Relaciones
Exteriores el 2 de julio de 2019, en el cargo de asesor, código 1020, grado 13, de la
planta de personal del Despacho de la ministra, empleo de libre nombramiento y
remoción para el cual había sido nombrada mediante la Resolución 2967 del 13 de
junio de 2019. Posteriormente, la Resolución 3485 del 2 de julio de 2019 la designó
1
Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo “5_5_ED_EXPEDIENTE_05ACTAREPARTO”,
pretensiones visibles, pp. 2 a 3.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.
6. La ministra de Relaciones Exteriores expidió la Resolución 3547 del 7 de
diciembre de 2020, mediante la cual declaró insubsistente el nombramiento de la
demandante. La decisión le fue comunicada el 10 de diciembre siguiente.
7. Según la parte demandante, después de su retiro el empleo permaneció
vacante hasta el 16 de diciembre de 2020, cuando la Resolución 3670 encargó al
señor Jorge Andrés Aranda Correa, quien se desempeñaba como tercer secretario del
Ministerio, del cargo de asesor, código 1020, grado 13. En el mismo acto se le designó
coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.
8. En esa línea, afirmó que el funcionario encargado no reunía la formación
académica ni la experiencia específica exigidas para desempeñar el empleo, mientras
que ella contaba con estudios de posgrado y experiencia profesional relacionada con
el derecho administrativo y la contratación pública. A partir de la comparación de las
hojas de vida, sostuvo que su retiro no estuvo orientado al mejoramiento del servicio.
9. Posteriormente, mediante la Resolución 0318 del 25 de enero de 2021, la
ministra de Relaciones Exteriores designó al señor Jorge Andrés Aranda Correa en
comisión y, en el mismo acto, lo nombró con carácter ordinario en el cargo que había
desempeñado la demandante. La parte actora consideró que esa actuación era
contradictoria y evidenciaba que la declaratoria de insubsistencia obedeció a fines
distintos al buen servicio.
10. En criterio de la demandante, las circunstancias anteriores demostraban que la
facultad discrecional de libre nombramiento y remoción fue ejercida con desviación de
poder, pues su desvinculación no estuvo dirigida al mejoramiento del servicio, sino a
un propósito diferente al previsto por el ordenamiento jurídico.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citaron como vulnerados los artículos 1, 2, 25, 29 y 209 de
la Constitución Política; 3, 44, 137 y 138 del CPACA; 4, 5 y 6 del Decreto Ley 274 de
2000; los Decretos 3358 de 2009 y 1785 de 2014, y la Resolución 1580 de 2015.
12. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que, aunque
el cargo que desempeñaba era de libre nombramiento y remoción, la facultad
discrecional para declarar la insubsistencia no era absoluta, sino que debía ejercerse
dentro de los límites constitucionales y legales y con el propósito de garantizar el buen
servicio.
13. Afirmó que la Resolución 3547 del 7 de diciembre de 2020 fue expedida con
desviación de poder, porque después de su retiro el empleo permaneció vacante
durante varios días y posteriormente fue provisto mediante encargo con un funcionario
que, según la parte demandante, no reunía la formación académica ni la experiencia
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
específica exigidas para el cargo. A su juicio, esas circunstancias desvirtuaban que la
decisión hubiera estado encaminada al mejoramiento del servicio.
14. Agregó que la Resolución 0318 del 25 de enero de 2021 incurrió en
contradicciones al designar al funcionario que la reemplazó en comisión y,
simultáneamente, nombrarlo con carácter ordinario en el mismo empleo. Para la parte
actora, esa actuación desconoció las reglas que regulan la comisión de servicios y
reforzaba su planteamiento acerca de que las actuaciones posteriores a la
insubsistencia pretendieron dar apariencia de legalidad a una decisión adoptada con
fines ajenos al servicio.
15. Finalmente, señaló que su formación académica y experiencia profesional eran
superiores a las de quien posteriormente ocupó el empleo, circunstancia que, en su
criterio, permitía concluir que su desvinculación no respondió a razones asociadas a
la eficiencia, eficacia o mejoramiento del servicio, sino a un ejercicio irregular de la
facultad discrecional.
2.2. Contestación de la demanda
16. El Ministerio de Relaciones Exteriores2, mediante apoderado, contestó la
demanda y se opuso a la totalidad de las pretensiones, pues la Resolución 3547 del
7 de diciembre de 2020 se ajustó al ordenamiento jurídico y, por ende, no se configuró
la desviación de poder alegada por la parte actora.
17. Explicó que el empleo de asesor, código 1020, grado 13, adscrito al Despacho
de la ministra de Relaciones Exteriores, era de libre nombramiento y remoción, por lo
que la demandante podía ser retirada mediante el ejercicio de la facultad discrecional
del nominador, sin necesidad de motivar el acto. Expuso que el buen desempeño de
sus funciones y su experiencia profesional no le otorgaban estabilidad en el cargo ni
limitaban dicha potestad.
18. Frente al cargo de desviación de poder, la entidad concluyó que la demandante
confundió el empleo de asesor que desempeñaba con su designación como
coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos, pues esta
última correspondía a una asignación de funciones y no a un cargo autónomo.
Asimismo, señaló que entre la desvinculación de la actora y el encargo de quien la
reemplazó transcurrieron cuatro días hábiles y que, durante ese periodo, las funciones
de coordinación fueron asumidas por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna.
19. El Ministerio manifestó que el señor Jorge Andrés Aranda Correa pertenecía a
la Carrera Diplomática y Consular y, para la época de los hechos, se encontraba
escalafonado como segundo secretario de Relaciones Exteriores. Indicó que mediante
la Resolución 3670 del 16 de diciembre de 2020 fue encargado del empleo de asesor
y designado coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos,
previa certificación del cumplimiento del perfil y los requisitos exigidos para su
2 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo “contestación demanda 8 de octubre definitiva”.
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Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
desempeño. Posteriormente, mediante la Resolución 0318 del 25 de enero de 2021,
fue comisionado y nombrado con carácter ordinario en dicho empleo, actuaciones que,
según la demandada, se ajustaron al régimen especial de la Carrera Diplomática y
Consular y no evidenciaban irregularidad alguna.
20. Además, afirmó que el retiro de la demandante comportó una mejora en el
servicio, en consideración a la experiencia del funcionario que la reemplazó, su
conocimiento de la entidad y su pertenencia a la Carrera Diplomática y Consular.
Destacó que el señor Aranda Correa había desarrollado funciones relacionadas con
la revisión de actuaciones administrativas en materia contractual y que cumplía los
requisitos previstos en la Resolución 1580 de 2015 para desempeñar el empleo de
asesor, código 1020, grado 13.
21. Finalmente, indicó que la designación de un funcionario perteneciente a la
Carrera Diplomática y Consular se enmarcó en el plan de fortalecimiento institucional
del Ministerio, orientado a incrementar la participación de servidores de dicha carrera
en su planta de personal y a promover la profesionalización del servicio diplomático.
Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la demanda y propuso la excepción
genérica respecto de cualquier otro medio exceptivo que resultara probado en el
proceso.
2.3. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
profirió sentencia de primera instancia el 27 de enero de 2023, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, en los
siguientes términos3:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora LUZ
MYRIAM CIRO FLÓREZ en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, para lo cual se fijan como
agencias en derecho la suma equivalente a quinientos mil pesos ($500.000).
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, la secretaría deberá LIQUIDAR Y
DEVOLVER los remanentes de los gastos del proceso a la parte actora si los hubiere
y deberá ARCHIVARSE el expediente dejando las constancias del caso.
23. Como primera medida, el tribunal precisó que el cargo de asesor, código 1020,
grado 13, adscrito al Despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, era de libre
nombramiento y remoción, de conformidad con el artículo 6 del Decreto Ley 274 de
2000. Por ello, señaló que el nominador podía disponer libremente su provisión y
retiro, sin necesidad de expresar los motivos de la decisión, en atención al grado de
confianza inherente a este tipo de empleos.
3 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo “44_44_SENTENCIA_SENTENCIA”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
24. En relación con la desviación de poder alegada, indicó que correspondía a la
demandante desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado y demostrar que
la verdadera finalidad de su retiro fue distinta al mejoramiento del servicio. Así,
consideró que las pruebas obrantes en el expediente no permitían inferir que la
administración hubiera ejercido la facultad discrecional con un propósito ajeno a aquel
para el cual le fue conferida.
25. Frente a las situaciones administrativas mediante las cuales se proveyó el
empleo después del retiro de la demandante, concluyó que no existió un ejercicio
ilegítimo de la facultad discrecional. Explicó que, al tratarse de una vacante definitiva
de un cargo de libre nombramiento y remoción, la entidad podía acudir inicialmente al
encargo y, posteriormente, comisionar y nombrar en ese empleo a un funcionario
perteneciente a la Carrera Diplomática y Consular, de conformidad con el Decreto
1083 de 2015 y el artículo 51 del Decreto Ley 274 de 2000.
26. De otro lado, estimó que las calidades académicas y profesionales de la
demandante no le otorgaban un fuero de estabilidad ni impedían que el nominador
ejerciera la facultad discrecional de retiro. Agregó que, para establecer si el reemplazo
podía representar una desmejora del servicio, no era necesario comparar las hojas de
vida de ambos funcionarios, sino verificar si la persona designada acreditaba los
requisitos mínimos exigidos para desempeñar el empleo.
27. En ese sentido, el tribunal estableció que el señor Jorge Andrés Aranda Correa,
quien reemplazó a la demandante, se encontraba inscrito en el escalafón de la Carrera
Diplomática y Consular en la categoría de segundo secretario. A partir del contenido
de la Resolución 1580 de 2015, concluyó que dicha condición resultaba suficiente para
acreditar los requisitos del empleo de asesor, código 1020, grado 13, pues las
exigencias de formación académica y experiencia previstas en el manual eran
aplicables únicamente a quienes no pertenecieran a esa carrera.
28. Asimismo, frente al argumento relacionado con el tiempo transcurrido entre la
desvinculación de la actora y la provisión del empleo, consideró que esa circunstancia
no demostraba la desviación de poder, pues no existía un límite temporal para que el
nominador ejerciera la facultad discrecional respecto de los cargos de libre
nombramiento y remoción, potestad que comprendía tanto el retiro como la posterior
provisión del empleo.
29. En consecuencia, concluyó que no se acreditó que la verdadera motivación del
acto acusado respondiera a razones distintas al buen servicio. Por el contrario,
consideró que existían razones objetivas para el retiro, relacionadas con la naturaleza
del empleo y con la facultad de la ministra de rodearse de personas de su confianza.
Por ello, estimó que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de
la Resolución 3547 del 7 de diciembre de 2020 y negó las pretensiones de la
demanda.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
30. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante, por haber resultado
vencida en el proceso y debido a que la entidad demandada compareció mediante
apoderado judicial. Para el efecto, fijó como agencias en derecho la suma de
$500.000.
2.4. Recurso de apelación
31. La parte demandante interpuso recurso de apelación4 contra la sentencia de
primera instancia y solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Manifestó que
la decisión era contradictoria e incongruente con las pruebas obrantes en el proceso
y que el tribunal efectuó una indebida interpretación y aplicación de las normas y la
jurisprudencia relativas a la desviación de poder.
32. En primer lugar, cuestionó la valoración probatoria efectuada por el a quo.
Señaló que la desviación de poder pertenece al fuero interno del nominador, por lo
que su acreditación puede derivarse de inferencias construidas a partir de las
circunstancias que rodearon la expedición del acto. A su juicio, en este caso la
desmejora del servicio permitía inferir que la declaratoria de insubsistencia obedeció
a una finalidad distinta al buen servicio.
33. Al respecto, reiteró que después del retiro de la demandante el empleo
permaneció vacante hasta el 16 de diciembre de 2020, fecha en la que el señor Jorge
Andrés Aranda Correa fue encargado mediante la Resolución 3670. Consideró que la
falta de provisión inmediata del cargo y la ausencia de un empalme demostraban que
la administración no buscaba mejorar el servicio, pues prescindió de una funcionaria
calificada sin designar de manera inmediata a otra persona con iguales o superiores
condiciones.
34. Asimismo, cuestionó las situaciones administrativas mediante las cuales se
vinculó al funcionario que reemplazó a la actora. Afirmó que la Resolución 0318 del
25 de enero de 2021, al disponer simultáneamente su comisión y nombramiento
ordinario en el empleo de asesor, código 1020, grado 13, tenía un contenido
contradictorio y evidenciaba, en su criterio, una actuación administrativa simulada
dirigida a retirar a la demandante por motivos distintos al mejoramiento del servicio.
35. De otro lado, insistió en que el señor Jorge Andrés Aranda Correa no reunía los
requisitos académicos y de experiencia necesarios para desempeñar el empleo.
Indicó que no contaba con título de especialización ni con la experiencia que, según
su interpretación de la Resolución 1580 de 2015, se requería para ejercer las
funciones relacionadas con el Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.
En contraste, destacó la formación académica y la experiencia de la demandante en
cargos de dirección, asesoría jurídica, contratación pública e infraestructura y sostuvo
que existía una diferencia significativa entre las hojas de vida de ambos servidores.
36. Finalmente, la apelante argumentó que el tribunal desconoció la jurisprudencia
4 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo “47_47_Recurso apelación demandante”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
del Consejo de Estado sobre el ejercicio de la facultad discrecional respecto de
empleados de libre nombramiento y remoción. Con fundamento en una sentencia del
12 de febrero de 2009, afirmó que, cuando se encuentran acreditadas las altas
calidades profesionales y el buen desempeño del servidor retirado, corresponde a la
administración demostrar que la decisión obedeció a razones de buen servicio. Agregó
que dicho precedente admitió la configuración de la desviación de poder cuando el
funcionario retirado fue reemplazado por una persona que no cumplía los requisitos
mínimos para el empleo.
37. En consecuencia, consideró que la formación y experiencia de la demandante,
aunadas a las circunstancias en las que se produjo la posterior provisión del empleo,
demostraban una desmejora en la prestación del servicio y permitían desvirtuar la
presunción de legalidad del acto acusado. Por lo anterior, solicitó acceder a las
pretensiones de la demanda.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
38. Mediante auto del 16 de noviembre de 20235, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021.
39. El Ministerio Público y la parte demandada se abstuvieron de pronunciarse
frente al recurso de apelación.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
40. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
41. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:
42. ¿La Resolución 3547 del 7 de diciembre de 2020, mediante la cual se declaró
insubsistente el nombramiento de la demandante en un empleo de libre nombramiento
y remoción, se encuentra viciada de desviación de poder, porque las circunstancias
que rodearon su retiro y la posterior provisión del cargo permiten establecer que la
decisión obedeció a una finalidad distinta al mejoramiento del servicio?
5 Samai, índice 4.
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Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
43. ¿La sentencia de primera instancia desconoció el precedente jurisprudencial
del Consejo de Estado, al atribuir a la demandante la carga de demostrar la desviación
de poder y considerar que sus calidades profesionales y académicas no eran
suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto de retiro?
44. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala expondrá, en primer lugar, el
marco jurídico aplicable a la facultad discrecional de retiro de los empleados de libre
nombramiento y remoción y a la desviación de poder. Posteriormente, establecerá los
hechos acreditados en el proceso y valorará las pruebas pertinentes. Con fundamento
en esos elementos, analizará los reparos formulados en el recurso de apelación y
resolverá, en el orden propuesto, los problemas jurídicos planteados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
45. En lo que respecta al Ministerio de Relaciones Exteriores, los artículos 5 y 6 del
Decreto Ley 274 de 20006 clasifican los empleos de la entidad y determinan cuáles
tienen la naturaleza de libre nombramiento y remoción. Entre ellos se encuentran los
«cargos de cualquier nivel jerárquico» adscritos al Despacho del Ministro o de los
viceministros, cuyo ejercicio implique confianza y tenga asignadas funciones de
asesoría institucional, asistenciales o de apoyo.
46. En concordancia con ese régimen, esta Subsección ha sostenido que los empleos
de libre nombramiento y remoción se caracterizan por el especial grado de confianza
que exige su desempeño, circunstancia que habilita al nominador para disponer
discrecionalmente tanto su provisión como su retiro. Por ello, la declaratoria de
insubsistencia puede efectuarse mediante acto no motivado. Esta facultad, sin
embargo, no autoriza actuaciones arbitrarias, pues su ejercicio debe responder a los
fines de la función administrativa y, en particular, al buen servicio7.
47. En cuanto a la desviación de poder, la Sala ha precisado que se configura cuando
una autoridad ejerce una competencia legalmente atribuida para alcanzar una
finalidad distinta de aquella prevista por el ordenamiento. Por tanto, aun cuando el
acto de insubsistencia no requiera motivación, quien alega este vicio debe desvirtuar
su presunción de legalidad y demostrar que la decisión respondió a un propósito ajeno
al buen servicio o al interés general. Esa finalidad puede acreditarse mediante prueba
directa o a través de indicios graves, precisos y concordantes, cuya valoración
conjunta permita inferir razonablemente el móvil de la actuación administrativa. La
dificultad de acreditar un propósito perteneciente al fuero interno del nominador no
6 Por la cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular.
7 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2026,
radicado 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023); sentencia del 13 de agosto de 2026, radicado 76001-23-
33-000-2014-00927-01 (1524-2023); y sentencia del 3 de julio de 2026, radicado 25000-23-42-000-2020-00826-
01 (5200-2022). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de febrero
de 2021, radicado 68001-23-33-000-2017-00193-01 (0417-19), y sentencia del 9 de marzo de 2017, radicado
73001-23-33-000-2013-00447-01.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
releva a la parte interesada de esa carga probatoria8.
3.4. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto
48. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
49. La viceministra de Asuntos Multilaterales, encargada de las funciones del
Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, mediante la Resolución 2967 del 13
de junio de 2019, nombró con carácter ordinario a la señora Luz Myriam Ciro Flórez
en el cargo de asesor, código 1020, grado 13, de la planta de personal del Despacho
del Ministro de Relaciones Exteriores9. Posteriormente, mediante la Resolución 3485
del 2 de julio de 2019, el secretario general de la entidad la designó como coordinadora
del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos del Despacho de la
Secretaría General10.
50. La ministra de Relaciones Exteriores, mediante la Resolución 3547 del 7 de
diciembre de 2020, declaró insubsistente el nombramiento ordinario de la señora Luz
Myriam Ciro Flórez en el cargo de asesor, código 1020, grado 13, de la planta de
personal de su despacho. Como fundamento, consignó que el artículo 2.2.11.1.2 del
Decreto 1083 de 2015 permite declarar insubsistente, en cualquier momento y sin
motivación, un nombramiento ordinario, en ejercicio de la facultad discrecional del
nominador11.
51. El coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Administración de Personal,
mediante memorando I-GITAP-20-013942 del 9 de diciembre de 2020, comunicó a la
señora Luz Myriam Ciro Flórez, identificada en el documento como coordinadora del
Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos, la Resolución 3547 del 7 de
diciembre de 2020, por medio de la cual se declaró insubsistente su nombramiento.
Asimismo, le indicó que debía realizar la entrega del cargo de conformidad con la
Resolución 3711 del 18 de junio de 201512.
52. La ministra de Relaciones Exteriores, mediante la Resolución 3670 del 16 de
diciembre de 2020, encargó al señor Jorge Andrés Aranda Correa, quien se
encontraba inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la
categoría de segundo secretario de Relaciones Exteriores, del empleo de asesor,
código 1020, grado 13, de la planta de personal de su despacho. En el mismo acto, lo
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de agosto de 2026, radicado 76001-23-
33-000-2014-00927-01 (1524-2023); sentencia del 3 de julio de 2026, radicado 25000-23-42-000-2020-00826-01
(5200-2022); sentencia del 3 de septiembre de 2026, radicado 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023);
sentencia del 20 de febrero de 2025, radicado 25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023); y sentencia del 23
de febrero de 2011, radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-2010).
9 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo “5_5_ED_EXPEDIENTE_05ACTAREPARTO”,
pp. 21.
10 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo “LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ[1]”.
11 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo
“5_5_ED_EXPEDIENTE_05ACTAREPARTO”, pp. 22.
12
Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo
“5_5_ED_EXPEDIENTE_05ACTAREPARTO”, pp. 23.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
designó como coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos,
adscrito a la Oficina Asesora Jurídica Interna. La resolución señaló que el coordinador
del Grupo Interno de Trabajo de Administración de Personal había certificado que el
servidor cumplía el perfil y los requisitos para ser encargado del empleo13.
53. La ministra de Relaciones Exteriores, mediante la Resolución 0318 del 25 de
enero de 2021, comisionó al señor Jorge Andrés Aranda Correa, funcionario inscrito
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la categoría de segundo
secretario, en el cargo de asesor, código 1020, grado 13, de la planta de personal de
su despacho. En el mismo acto, lo nombró con carácter ordinario en ese empleo. El
29 de enero de 2021, el señor Aranda Correa tomó posesión del referido cargo 14.
54. El coordinador de nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó el 10
de marzo de 2021, que la señora Luz Myriam Ciro Flórez estuvo vinculada a esa
entidad desde el 2 de julio de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2020, en el cargo de
asesor, código 1020, grado 13, de libre nombramiento y remoción, con una asignación
básica mensual de $8.135.506 y una prima técnica por estudios de $4.067.753 15.
55. La hoja de vida de la señora Luz Myriam Ciro Flórez registra que es abogada y
que cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo, Derecho
Comparado, Gestión Pública y Alta Dirección del Estado, así como con experiencia
profesional en cargos de dirección y asesoría jurídica, particularmente en asuntos de
contratación pública, en entidades del orden nacional y distrital16.
56. La hoja de vida del señor Jorge Andrés Aranda Correa registra que es abogado,
que para la época de los hechos se encontraba vinculado al Ministerio de Relaciones
Exteriores como funcionario de la Carrera Diplomática y Consular y que había
desempeñado los cargos de tercer y segundo secretario de Relaciones Exteriores,
además de contar con experiencia previa en funciones jurídicas17.
3.5. Caso concreto
57. En el presente asunto se discute la legalidad de la Resolución 3547 del 7 de
diciembre de 2020, mediante la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró
insubsistente el nombramiento de la demandante en el cargo de asesor, código 1020,
grado 13, de libre nombramiento y remoción. La parte actora sostiene que la decisión
estuvo viciada de desviación de poder, pues no respondió al mejoramiento del
servicio, mientras que la entidad demandada afirma que el retiro se produjo en
ejercicio legítimo de la facultad discrecional del nominador. En sede de apelación, la
13 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo
“5_5_ED_EXPEDIENTE_05ACTAREPARTO”, pp. 25 a 26.
14 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo
“5_5_ED_EXPEDIENTE_05ACTAREPARTO”, pp. 27.
15 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo
“5_5_ED_EXPEDIENTE_05ACTAREPARTO”, pp. 24.
16 Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo
“5_5_ED_EXPEDIENTE_05ACTAREPARTO”, pp. 28 a 31.
17
Samai, visualización de expediente (de primera instancia), archivo
“5_5_ED_EXPEDIENTE_05ACTAREPARTO”, pp. 32 a 33.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
demandante cuestiona la valoración que efectuó el tribunal de las circunstancias que
rodearon su desvinculación y la posterior provisión del empleo. Asimismo, aduce que
la sentencia desconoció el precedente del Consejo de Estado invocado respecto de
la acreditación de la desviación de poder y la carga probatoria correspondiente.
58. Para resolver la controversia, la Sala abordará los problemas jurídicos en el
orden en que fueron formulados. En primer lugar, analizará si las circunstancias que
rodearon la declaratoria de insubsistencia y la posterior provisión del empleo permiten
establecer que la facultad discrecional se ejerció con una finalidad distinta al
mejoramiento del servicio. Para ello, examinará el tiempo transcurrido hasta la
provisión del cargo, el encargo, la posterior comisión y el nombramiento del funcionario
que reemplazó a la demandante, el cumplimiento de los requisitos para su desempeño
y las calidades profesionales que la apelante invoca como demostrativas de una
desmejora del servicio. En segundo lugar, determinará si la sentencia de primera
instancia desconoció el precedente jurisprudencial invocado en el recurso de
apelación y establecerá el alcance de la regla que la demandante pretende derivar de
aquel, respecto de la acreditación de la desviación de poder y la carga probatoria
correspondiente.
3.5.1. Desviación de poder sobre el acto que declaró insubsistente el
nombramiento de la demandante
59. La demandante alegó que la ministra de Relaciones Exteriores incurrió en
desviación de poder al disponer su retiro, pues, a su juicio, la facultad discrecional se
utilizó para reemplazarla por un funcionario que no reunía las condiciones académicas
y profesionales requeridas para desempeñar el empleo, y no con el propósito de
garantizar el buen servicio.
60. Al respecto, conviene precisar que el artículo 6 del Decreto Ley 274 de 2000,
que regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular,
incluye entre los empleos de libre nombramiento y remoción aquellos de cualquier
nivel jerárquico adscritos al Despacho del Ministro o de los viceministros, cuyo
ejercicio implique confianza y tenga asignadas funciones de asesoría institucional,
asistenciales o de apoyo. En concordancia, el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 dispone
que los empleos de libre nombramiento y remoción corresponden, entre otros, a
aquellos cuya naturaleza exige un especial grado de confianza.
61. En esas condiciones, la vinculación a este tipo de empleos se realiza en
ejercicio de la facultad discrecional del nominador, quien selecciona a la persona que
considere idónea para el cargo. De igual forma, su retiro puede disponerse mediante
la declaratoria de insubsistencia, sin que resulte exigible la motivación del acto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, el cual establece:
«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:
12
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
[…]»
(Subraya la Sala)
62. Por su parte, el parágrafo 2° del referido artículo dispone que la competencia
para efectuar la remoción en los empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y se ejercerá mediante acto no motivado:
«Parágrafo 2o. (…) La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».
63. En concordancia, esta Subsección18 ha señalado que la naturaleza de los
cargos de libre nombramiento y remoción, caracterizados por el especial grado de
confianza que exigen, habilita al nominador para disponer tanto su provisión como su
retiro de manera discrecional, sin que resulte exigible la exposición de las razones que
sustentan dicha decisión. Ello se explica en que la permanencia en este tipo de
empleos depende de la confianza que el nominador deposita en quien los desempeña,
de modo que su desvinculación no requiere motivación, en los términos previstos en
el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
64. Ahora bien, como se expuso en el marco jurídico, la desviación de poder se
configura cuando la autoridad ejerce una competencia formalmente atribuida para
alcanzar una finalidad distinta de aquella prevista por el ordenamiento. Por ello,
aunque la declaratoria de insubsistencia de un empleo de libre nombramiento y
remoción no requiere motivación, la parte que alega este vicio debe desvirtuar la
presunción de legalidad del acto y demostrar, mediante prueba directa o a través de
indicios graves, precisos y concordantes, que la decisión no estuvo orientada al buen
funcionamiento de la administración o al interés general, sino a un propósito personal,
político o de favorecimiento indebido.
65. A partir de estas reglas, corresponde examinar las circunstancias que la
demandante invoca como demostrativas de la desviación de poder. La primera se
relaciona con el lapso transcurrido entre su desvinculación y la posterior provisión del
empleo, el cual, a su juicio, constituye un indicio de que la declaratoria de
insubsistencia no estuvo orientada al mejoramiento del servicio. Sobre este punto, se
encuentra acreditado que, mediante la Resolución 3547 del 7 de diciembre de 2020,
la ministra de Relaciones Exteriores declaró insubsistente su nombramiento como
asesor, código 1020, grado 13. La decisión le fue comunicada el 9 de diciembre de
2020 y su vinculación con la entidad se extendió hasta el día 10 del mismo mes.
66. Posteriormente, mediante la Resolución 3670 del 16 de diciembre de 2020, la
18
Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado 68001-23-33-000-2017-00193-
01 (0417-19).
13
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
ministra encargó a Jorge Andrés Aranda Correa, quien se encontraba inscrito en el
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la categoría de segundo secretario,
del empleo de asesor, código 1020, grado 13. En el mismo acto, lo designó como
coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos. De esta forma,
entre el día siguiente a la terminación de la vinculación de la demandante y la
expedición del acto mediante el cual se proveyó temporalmente el cargo transcurrieron
5 días calendario, correspondientes al 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2020.
67. Contrario a lo afirmado por la apelante, la Sala advierte que el lapso transcurrido
hasta la provisión temporal del empleo fue breve y no constituye, por sí mismo, un
elemento demostrativo de la desviación de poder alegada. Además, no existe una
disposición que imponga al nominador la provisión inmediata de un empleo de libre
nombramiento y remoción ni que establezca un término determinado para efectuarla.
Por tanto, el hecho de que hubieran transcurrido 5 días calendario entre la terminación
de la vinculación de la demandante y el encargo de quien la reemplazó no permite
establecer que la decisión de retiro hubiera respondido a una finalidad distinta al buen
servicio.
68. En cuanto a la ausencia de un empalme entre la demandante y quien
posteriormente asumió el empleo, tampoco se encuentra acreditada la afectación del
servicio que aquella pretende derivar de esa circunstancia. Ciertamente, en el
expediente no obra elemento probatorio que demuestre que durante ese lapso se
hubiera presentado una interrupción, retraso o afectación concreta en el ejercicio de
las funciones correspondientes al cargo. En todo caso, al comunicarle la declaratoria
de insubsistencia, la entidad le indicó que debía efectuar la entrega del cargo conforme
al procedimiento previsto para tal efecto, de lo que se extrae que la ausencia de un
empalme directo con el funcionario que posteriormente fue encargado no significa que
la entrega del cargo hubiera quedado desprovista de un procedimiento institucional.
69. La apelante también cuestiona que, mediante la Resolución 0318 del 25 de
enero de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores hubiera comisionado a Jorge
Andrés Aranda Correa en el empleo de asesor, código 1020, grado 13, y, en el mismo
acto, lo hubiera nombrado con carácter ordinario para desempeñarlo. A su juicio, la
adopción simultánea de estas decisiones resulta contradictoria y constituye otro
elemento demostrativo de la desviación de poder alegada.
70. Sin embargo, esa circunstancia tampoco permite inferir que la declaratoria de
insubsistencia de la demandante hubiera perseguido una finalidad distinta al buen
servicio. En efecto, la Resolución 0318 fue expedida más de un mes después del acto
de retiro y tuvo por objeto definir la situación administrativa y la forma de vinculación
del funcionario que para entonces se encontraba encargado del empleo. El hecho de
que en una misma providencia se hubieran dispuesto la comisión y el nombramiento
ordinario no demuestra, por sí solo, la existencia de un propósito irregular en la
decisión adoptada previamente respecto de la demandante.
71. De otro lado, la demandante aduce que su retiro implicó una desmejora del
14
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
servicio, porque contaba con una formación académica y una experiencia profesional
superiores a las del señor Jorge Andrés Aranda Correa, quien fue designado para
reemplazarla. En particular, sostiene que este no acreditaba título de especialización
ni la experiencia relacionada con contratación pública que, a su juicio, exigía el manual
de funciones de la entidad demandada para desempeñar el empleo de asesor, código
1020, grado 13, y ejercer la coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones
y Contratos.
72. Sobre este aspecto, la Subsección19 ha precisado que la provisión de un
empleo de libre nombramiento y remoción no exige seleccionar a quien ostente la hoja
de vida objetivamente superior, sino a una persona que reúna los requisitos previstos
para desempeñar el cargo y cuente con la confianza del nominador. Por esta razón,
la eventual diferencia entre la formación y experiencia de quien fue retirado y las de
quien lo reemplazó no permite establecer, sin más, una desmejora del servicio ni inferir
una finalidad distinta al buen servicio. En ese sentido, corresponde verificar, en primer
término, si el señor Aranda Correa reunía las exigencias establecidas para
desempeñar el empleo.
73. La Resolución 1580 del 16 de marzo de 2015, «por la cual se actualiza el
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de
la Planta de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores», estableció, en el
apartado VIII, «Requisitos de estudio y experiencia», de la ficha correspondiente al
cargo de asesor, código 1020, grado 13, adscrito al Despacho del Ministro de
Relaciones Exteriores, como primera posibilidad pertenecer a la Carrera Diplomática
y Consular. Para quienes no acreditaran esa condición, exigió título profesional en
alguna de las disciplinas allí señaladas, título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas afines a las funciones del cargo, tarjeta o matrícula
profesional cuando fuera requerida y 46 meses de experiencia profesional
relacionada. A su vez, como alternativa, contempló nuevamente la pertenencia a la
Carrera Diplomática y Consular o, en su defecto, título profesional en alguna de las
disciplinas previstas, tarjeta o matrícula profesional cuando correspondiera y 70
meses de experiencia profesional relacionada.
74. De la estructura de esa disposición se desprende que la pertenencia a la
Carrera Diplomática y Consular constituye una alternativa autónoma para satisfacer
los requisitos del empleo, diferenciada de las exigencias académicas y de experiencia
previstas para quienes no ostenten esa condición. Además, contrario a lo afirmado
por la apelante, el manual no exige literalmente un título de especialización en
contratación pública ni califica la experiencia requerida como específica en esa
materia, sino que se refiere a una especialización en áreas afines a las funciones del
cargo y a experiencia profesional relacionada.
75. A partir de lo anterior, la Sala confrontará los requisitos previstos para el empleo
en el referido manual con la formación y experiencia acreditadas por la demandante y
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de agosto de 2026, radicado: 76001-23-
33-000-2014-00927-01 (1524-2023).
15
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
por el funcionario que fue designado en su reemplazo, en los siguientes términos:
Aspecto Requisitos del empleo Luz Myriam Ciro Jorge Andrés
Flórez Aranda Correa
Pertenencia a Pertenecer a la Carrera No se encuentra Se encontraba
la Carrera Diplomática y Consular, o acreditado que inscrito en el
Diplomática y cumplir los requisitos perteneciera a la escalafón de la
Consular académicos y de Carrera Diplomática Carrera
experiencia previstos en el y Consular Diplomática y
Manual Consular en la
categoría de
segundo
secretario
Título Para quien no pertenezca a Abogada Abogado
profesional la Carrera: título profesional
en alguno de los núcleos
básicos previstos, entre
ellos Derecho y afines
Posgrado y Para quien no pertenezca a Registra estudios de No resulta
experiencia la Carrera: título de especialización y una necesario acudir a
posgrado en modalidad de amplia trayectoria esta alternativa,
especialización en áreas profesional, incluida pues acreditaba
afines a las funciones del experiencia en pertenecer a la
cargo y 46 meses de contratación pública Carrera
experiencia profesional Diplomática y
relacionada Consular
Alternativa de Para quien no pertenezca a Su trayectoria No resulta
formación y la Carrera: título profesional profesional supera necesario acudir a
experiencia en una de las disciplinas ampliamente ese esta alternativa,
previstas y 70 meses de término por su pertenencia
experiencia profesional a la Carrera
relacionada Diplomática y
Consular
Experiencia El Manual no exige Registra una La prueba no
relacionada con expresamente experiencia trayectoria evidencia una
contratación específica en contratación especialmente trayectoria previa
pública pública. Las funciones del vinculada con en contratación
empleo comprenden asuntos jurídicos y pública
actividades generales de de contratación equiparable a la
asesoría y coordinación, pública de la demandante
incluida la atención de las
funciones del grupo al cual
sea asignado
Cumplimiento Pertenencia a la Carrera Cumplía los Cumplía los
de requisitos Diplomática y Consular o requisitos para requisitos para
cumplimiento de alguna de desempeñar el desempeñar el
las alternativas académicas empleo empleo por su
y de experiencia pertenencia a la
Carrera
Diplomática y
Consular
Tabla 1: Relación entre los requisitos previstos en la Resolución 1580 de 2015 y la formación y
experiencia acreditadas en las hojas de vida de Luz Myriam Ciro Flórez y Jorge Andrés Aranda Correa.
76. En particular, la condición del señor Jorge Andrés Aranda Correa como
16
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
miembro de la Carrera Diplomática y Consular se encontraba acreditada con
anterioridad a su designación en el empleo. En efecto, ingresó al Ministerio de
Relaciones Exteriores en 2014 como tercer secretario y, posteriormente, cumplió un
período de alternación en la planta externa. Para 2019 se encontraba inscrito en el
escalafón en la categoría de segundo secretario y, mediante el Decreto 168 del 8 de
febrero de ese año, fue trasladado a la planta interna, en la que permaneció hasta el
15 de diciembre de 2020. Además, al disponer su encargo como asesor, código 1020,
grado 13, la Resolución 3670 del 16 de diciembre de 2020 dejó constancia de que la
dependencia de talento humano había certificado que cumplía el perfil y los requisitos
exigidos para desempeñar el empleo.
77. En esas condiciones, no le asiste razón a la apelante cuando sostiene que el
señor Aranda Correa incumplía los requisitos del empleo por no acreditar título de
especialización o experiencia específica en contratación pública. Como se explicó, su
pertenencia a la Carrera Diplomática y Consular satisfacía una de las posibilidades
previstas expresamente en el manual, por lo que no resultaba necesario exigirle, de
manera adicional, las condiciones académicas y de experiencia establecidas para
quienes no ostentaran esa calidad.
78. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no desconoce que la hoja de vida de la
demandante evidencia una trayectoria profesional particularmente vinculada con
asuntos de contratación pública. Además de su formación como abogada y los
estudios de posgrado que allí registró, se desempeñó, entre otros cargos, como
directora de Contratación del Instituto Nacional de Vías, asesora en la Secretaría
Distrital de Integración Social y en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Bogotá, y ejerció previamente funciones de dirección y asesoría jurídica en otras
entidades públicas.
79. Empero, esas calidades deben valorarse atendiendo a la naturaleza del empleo
que desempeñaba. Sobre este aspecto, la Subsección20 ha señalado que la
estabilidad de quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción es restringida
o «precaria», debido al especial grado de confianza que caracteriza su vinculación.
En consecuencia, la permanencia en el empleo, el adecuado cumplimiento de las
funciones y los resultados satisfactorios obtenidos durante su ejercicio no generan,
por sí mismos, un derecho a permanecer en él ni impiden al nominador ejercer la
facultad discrecional de retiro, siempre que esta se mantenga dentro de los fines
previstos por el ordenamiento jurídico.
80. Bajo ese entendimiento, la experiencia de la demandante demuestra que
contaba con amplias calidades profesionales para el desempeño del empleo. Sin
embargo, en el expediente no obran elementos que evidencien que la designación del
señor Aranda Correa hubiera generado deficiencias concretas en el ejercicio de las
funciones del cargo o una afectación en la gestión de la dependencia. En
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2025, radicado 08001-23-33-
000-2022-00439-01 (0463-2025), sentencia del 26 de noviembre de 2025, radicado: 19001-23-33-000-2019-
00336-01 (4195-2024), sentencia del 3 de septiembre de 2026, radicado: 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-
2023).
17
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
consecuencia, las diferencias que se desprenden de la comparación de sus
trayectorias profesionales no ofrecen, en este caso, un sustento probatorio suficiente
para inferir que el ejercicio de la facultad discrecional se hubiera apartado de los fines
propios de la función administrativa21.
81. Finalmente, el hecho de que la desviación de poder pueda acreditarse mediante
indicios, como lo sostiene la recurrente, no modifica la carga probatoria que le
correspondía. Conforme al artículo 167 del CGP, le incumbía acreditar los supuestos
de hecho en los que sustentaba dicho vicio y, por tanto, aportar elementos que
permitieran desvirtuar la presunción de legalidad del acto y establecer, de manera
directa o mediante indicios graves, precisos y concordantes, que la declaratoria de
insubsistencia estuvo orientada a una finalidad diferente de la prevista por el
ordenamiento22.
82. Así las cosas, la respuesta al primer problema jurídico se impone negativa,
pues las circunstancias que rodearon la declaratoria de insubsistencia y la posterior
provisión del empleo, valoradas en conjunto, no permiten establecer que la facultad
discrecional se hubiera ejercido con una finalidad distinta al buen servicio. Por tanto,
no se acreditó la desviación de poder alegada.
3.5.2. Desconocimiento del precedente jurisprudencial invocado por la parte
demandante
83. La apelante sostiene que el tribunal desconoció el precedente contenido en la
sentencia del 12 de febrero de 2009, proferida por esta Subsección dentro del proceso
con radicado 25000-23-25-000-2002-00484-01 (1961-06)23, en la cual se indicó que,
cuando se encuentran acreditadas las altas calidades profesionales y el excelente
desempeño de quien ocupa un empleo de libre nombramiento y remoción, la carga de
la prueba puede trasladarse a la administración para que demuestre que la decisión
de retiro obedeció al buen servicio.
84. Para determinar el alcance de esa decisión, resulta necesario examinar los
presupuestos fácticos y jurídicos que la sustentaron. En ese asunto, la demandante
21 En asuntos similares, la Subsección ha precisado que la eventual afectación del servicio derivada del reemplazo
no puede acreditarse únicamente mediante la información curricular contenida en las hojas de vida, sino que
requiere elementos de juicio que evidencien deficiencias concretas en el ejercicio de las funciones o en la gestión
de quien asume el empleo. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de mayo de
2026, radicado 52001-23-33-000-2015-00632-01 (6526-2022), y sentencia del 13 de agosto de 2026, radicado
76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023).
22 La Subsección ha reiterado que, aunque la desviación de poder puede demostrarse mediante prueba directa o
a través de indicios graves, precisos y concordantes, corresponde a quien la alega desvirtuar la presunción de
legalidad del acto y acreditar que la facultad discrecional fue ejercida con una finalidad distinta al buen servicio o
al interés general, de conformidad con la carga prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso. Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de septiembre de 2024, radicado 25000-23-42-000-
2020-00148-01 (1442-2023); sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-
2023); sentencia del 7 de mayo de 2026, radicado 52001-23-33-000-2015-00632-01 (6526-2022); sentencia del 3
de julio de 2026, radicado 25000-23-42-000-2020-00826-01 (5200-2022); sentencia del 13 de agosto de 2026,
radicado 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023); y sentencia del 3 de septiembre de 2026, radicado 08001-
23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023).
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2009, radicado: 25000-23-
25-000-2002-00484-01 (1961-06).
18
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
se desempeñaba como procuradora judicial II de familia, empleo que, para ese
entonces, era considerado de libre nombramiento y remoción y para cuyo desempeño
el ordenamiento exigía título de abogada y 8 años de experiencia profesional. La Sala
encontró acreditadas sus calidades académicas, su trayectoria dentro de la entidad,
los ascensos obtenidos y los resultados de una evaluación institucional en la que
ocupó el sexto lugar entre 34 funcionarios.
85. Sin embargo, la circunstancia determinante para concluir que el retiro no estuvo
orientado al buen servicio consistió en que la funcionaria designada para reemplazarla
no reunía uno de los requisitos mínimos previstos para el empleo. En efecto, aunque
debía acreditar 8 años de experiencia profesional posterior a la obtención del título de
abogada, únicamente demostró 7 años, 8 meses y 20 días.
86. Fue bajo esas circunstancias que la providencia sostuvo que, en casos como
aquel, las altas calidades de la funcionaria y su adecuado desempeño permitían
trasladar a la administración la carga de demostrar que el ejercicio de la facultad
discrecional perseguía el mejoramiento del servicio. Al aplicar esa consideración al
caso concreto, se destacó que la demandante había sido reemplazada por una
persona que no satisfacía la experiencia mínima indispensable para ejercer el cargo
y, a partir de esa circunstancia, concluyó que se había desvirtuado la presunción de
legalidad del acto.
87. Cabe precisar que, con posterioridad a esa providencia, la Corte Constitucional,
mediante la sentencia C-101 de 201324, declaró inexequible la clasificación del empleo
de procurador judicial como de libre nombramiento y remoción y determinó que debía
someterse al régimen de carrera, en atención a la naturaleza de sus funciones y a lo
previsto en el artículo 280 de la Constitución Política.
88. En todo caso, esta situación difiere sustancialmente de la que ahora examina
esta Sala. Como quedó establecido, el señor Jorge Andrés Aranda Correa sí reunía
los requisitos previstos para desempeñar el empleo de asesor, código 1020, grado 13,
pues su pertenencia a la Carrera Diplomática y Consular constituía una de las
posibilidades expresamente contempladas en el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales. Por tanto, en este asunto no se presenta el elemento
objetivo que resultó determinante en la sentencia de 2009, esto es, que la persona
designada en reemplazo de la demandante careciera de los requisitos mínimos para
ocupar el cargo.
89. Además, como se expuso en el acápite anterior, la línea reciente de esta
Subsección ha reiterado que la presunción de legalidad del acto de insubsistencia no
se desvirtúa por la sola acreditación de calidades profesionales, la experiencia o el
buen desempeño de quien es retirado, pues conforme al artículo 167 del CGP,
corresponde a la parte que alega la desviación de poder demostrar que la facultad
discrecional se ejerció con una finalidad distinta al buen servicio, bien mediante prueba
24 Corte Constitucional, sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
directa o a través de indicios graves, precisos y concordantes25.
90. Bajo esas consideraciones, el tribunal no desconoció el precedente invocado al
atribuir a la demandante la carga de demostrar la desviación de poder, dado que la
regla de inversión probatoria aplicada en la sentencia de 2009 no resultaba trasladable
a este asunto.
91. Por lo expuesto, la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad
del acto acusado, pues no acreditó que este hubiera sido expedido con
desconocimiento del régimen aplicable a los empleos de libre nombramiento y
remoción ni que la facultad discrecional se hubiera ejercido con una finalidad distinta
al buen servicio.
3.6. Conclusión
92. La Sala concluye que no se acreditó la desviación de poder, pues las
circunstancias que rodearon el retiro y la posterior provisión del empleo no demuestran
que la facultad discrecional se hubiera ejercido con una finalidad distinta al buen
servicio. Tampoco se desconoció el precedente invocado, dado que la sentencia de
2009 resolvió un supuesto fáctico diferente.
93. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
94. La tesis de la Sala consiste en que, en los empleos de libre nombramiento y
remoción, las calidades profesionales o la eventual superioridad curricular de quien es
retirado no desvirtúan, por sí solas, la presunción de legalidad del acto de
insubsistencia. Corresponde a la parte demandante acreditar, mediante prueba directa
o indicios graves, precisos y concordantes, que la facultad discrecional se ejerció con
una finalidad distinta al buen servicio.
3.7. Costas
95. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 26 de la
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 26 de septiembre de 2024, radicado 25000-
23-42-000-2020-00148-01 (1442-2023); 6 de marzo de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-
2023); 7 de mayo de 2026, radicado 52001-23-33-000-2015-00632-01 (6526-2022); 3 de julio de 2026, radicado
25000-23-42-000-2020-00826-01 (5200-2022); 13 de agosto de 2026, radicado 76001-23-33-000-2014-00927-01
(1524-2023); y 3 de septiembre de 2026, radicado 08001-23-33-000-2013-00251-03 (4833-2023).
26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
96. En ese contexto, pese a que no fue un aspecto apelado, la Sala revocará la
condena en costas impuesta en primera instancia porque esta no se sustentó en la
acreditación de una conducta dilatoria o de mala fe de la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 27 de enero de
2023, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 27 de enero de
2023.
Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00461-01 (3512-2023)
Demandante: Luz Myriam Ciro Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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