República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00632-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00632-01 (6526-2022)
Demandante: José Rafael Mafla Guerra
Demandada: Universidad de Nariño
Tema: declaratoria de insubsistencia. Subtema 1: empleo de libre nombramiento y
remoción. Subtema 2: autonomía universitaria (artículo 69 de la Constitución Política).
Subtema 3: jefe de la Oficina Control Interno en la Universidad de Nariño.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por José Rafael Mafla Guerra contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, el 29 de
enero de 2020, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor José Rafael Mafla Guerra acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 0066
del 16 de enero de 2015, mediante la cual el rector de la Universidad de Nariño declaró
insubsistente su nombramiento en el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno, así
como el consecuente restablecimiento del derecho, consistente en el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir. A su juicio, dicha decisión desconoció el
régimen aplicable al cargo, en particular la existencia de un período fijo de
permanencia de 4 años, previsto en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, además de
haberse expedido sin motivación y sin atender criterios de eficiencia o conveniencia
del servicio.
El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la Universidad de Nariño, en virtud de la autonomía universitaria, se
rige por un régimen especial que no incorpora el período fijo previsto en la Ley 1474
de 2011, y que, al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, la
declaratoria de insubsistencia no requería motivación. Asimismo, concluyó que no se
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00632-01 (6526-2022)
Demandante: José Rafael Mafla Guerra
Demandado: Universidad de Nariño
acreditó que la decisión hubiera desmejorado la prestación del servicio.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la
sentencia de primera instancia, tras verificar que la Ley 1474 de 2011 no resulta
aplicable al caso, que el acto de insubsistencia no requería motivación y que no se
probó que la decisión se hubiera apartado de los fines que orientan la función
administrativa.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. José Rafael Mafla Guerra, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 12 de agosto de
20151, contra la Universidad de Nariño, con las siguientes pretensiones2:
2. Se declare la nulidad de la Resolución 0066 del 16 de enero de 2014, expedida
por el rector de la Universidad de Nariño, mediante la cual se retiró del servicio al
señor José Rafael Mafla Guerra.
3. Se declare que el Acuerdo 111 de 2014, proferido por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de Nariño, es inaplicable al señor José Rafael Mafla
Guerra.
4. Se declare que el señor José Rafael Mafla Guerra era beneficiario del «período
de cuatro años de que trata la Ley 1474 de 2011 », como jefe de control interno de la
Universidad de Nariño, el cual inició el 1º de enero de 2014 y finalizó el 31 de diciembre
de 2017.
5. A título de restablecimiento del derecho, el accionante solicitó que se ordene a
la Universidad de Nariño lo siguiente: i) el reconocimiento y pago de los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento
de su retiro del cargo como jefe de control interno de la Universidad de Nariño, hasta
el 31 de diciembre de 2017; ii) que las sumas reconocidas con ocasión de esta
sentencia sean debidamente indexadas; iii) el pago de intereses moratorios, de
conformidad con los artículos 192 y 193 del CPACA.
6. De manera subsidiaria, solicitó que, de determinarse que las disposiciones de
la Ley 1474 de 2011 no resultan aplicables, se declare: i) la nulidad de la Resolución
0066 del 16 de enero de 2014; ii) la inaplicabilidad del Acuerdo 111 de 2014 y, en
consecuencia, iii) el pago de las sumas dejadas de percibir desde su retiro como jefe
de control interno de la Universidad de Nariño hasta que se haga efectivo su reintegro;
y, iv) la actualización de las sumas que se reconozcan con ocasión de esta sentencia,
así como el pago de los intereses moratorios, de conformidad con los artículos 192 y
1 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “03 Reparto”.
2 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “02 Demanda” pp. 1 a 20.
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Demandante: José Rafael Mafla Guerra
Demandado: Universidad de Nariño
193 delCPACA.
2.1.1. Hechos
7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
8. El señor José Rafael Mafla Guerra fue designado como jefe de la Oficina de
Control Interno de la Universidad de Nariño, mediante Resolución 0250 del 9 de
febrero de 2012, y con Acta número 14 de la misma fecha, tomó posesión.
9. El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 dispuso que el cargo de jefe de control
interno fuese de libre nombramiento y remoción, sometido a períodos fijos de 4 años;
es decir, que el nominador puede ejercer la facultad de asignación al vencimiento del
período correspondiente.
10. El 1° de enero de 2014, el demandante se encontraba ocupando el cargo de
jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño, sin que el rector
hubiera ejercido la facultad de removerlo y designar a otra persona, razón por la cual,
quedó vinculado al período institucional comprendido entre 2014 y 2017.
11. Con fundamento en el Acuerdo 111 de 2014, el rector de la Universidad de
Nariño expidió la Resolución 0066 del 16 de enero de 2015, mediante la cual declaró
insubsistente al señor José Rafael Mafla Guerra del cargo de jefe de la Oficina de
Control Interno de la institución, pese a que debía permanecer en él hasta el 31 de
diciembre de 2017.
12. En su reemplazo se designó a la señora María Angélica Insuasty Cuéllar, quien
se desempeñaba como integrante del equipo de calidad de la Universidad de Nariño
y no contaba con experiencia previa ni relacionada con las funciones propias del cargo
de jefe de la Oficina de Control Interno.
13. La insubsistencia declarada mediante la Resolución 0066 del 15 de enero de
2015 vulneró los derecho del señor José Rafael Mafla Guerra, además de ser ilegal,
pues su remoción del cargo supuso un desmejoramiento del servicio que presta la
referida oficina, al designar a una persona que no cuenta con los requisitos exigidos
para su desempeño.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
14. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículos 46, 48, 53, 58, 228 y 229.
La Ley 1437 de 2011, artículo 97 y concordantes.
La Ley 1474 de 2011, artículo 8.
La Ley 87 de 1993.
Resolución Rectoral 004151 de 1999.
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Demandado: Universidad de Nariño
Acuerdo del Consejo Superior Universitario 068 de 1998.
15. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que los actos
administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por infracción de las
normas en que debían fundarse, falsa motivación, expedición irregular y desviación
de poder.
16. Señaló que el señor José Rafael Mafla Guerra fue designado como jefe de la
Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño mediante Resolución 0250 del
9 de febrero de 2012, en aplicación del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, el cual prevé
que dicho cargo es de libre nombramiento y remoción, pero sometido a un período fijo
de 4 años.
17. Indicó que, en virtud de lo anterior, al 1º de enero de 2014 el demandante inició
un nuevo período institucional, el cual debía extenderse hasta el 31 de diciembre de
2017, por lo que no podía ser removido antes del vencimiento de dicho término.
18. Adujo que la Resolución 0066 del 16 de enero de 2015, mediante la cual se
declaró insubsistente su nombramiento, desconoce el régimen previsto en el artículo
8 de la Ley 1474 de 2011, en tanto permite su desvinculación antes de culminar el
período para el cual fue designado.
19. Afirmó que el Acuerdo 111 de 2014, que sirvió de fundamento para la
expedición del acto acusado, no resulta aplicable a su situación particular, en la
medida en que fue proferido con posterioridad a su designación y no puede modificar
las condiciones bajo las cuales accedió al cargo.
20. Señaló que la decisión de insubsistencia carece de motivación suficiente, pues
no expone razones concretas que justifiquen la remoción del cargo, lo que configura
un ejercicio arbitrario de la facultad discrecional.
21. Manifestó que la entidad demandada vulneró su derecho al debido proceso, al
no permitirle conocer las razones de su desvinculación ni ejercer adecuadamente su
derecho de defensa frente a la decisión adoptada. Ello toda vez que el acto
administrativo que declaró la insubsistencia no consignaba las razones de su
desvinculación, así como tampoco se dejó constancia de los motivos en su hoja de
vida.
22. Destacó, además, que la designación de la persona que lo reemplazó no
obedeció a criterios de mérito ni garantizó la adecuada prestación del servicio, lo que
evidencia que la decisión no respondió a los fines propios de la función administrativa.
23. En ese sentido, concluyó que la Resolución 0066 de 2015 se fundamentó en
una aplicación indebida de la normativa vigente y en una interpretación errada del
régimen jurídico del cargo, lo que configura falsa motivación y desviación de poder.
24. Por lo anterior, pidió la declaratoria de nulidad del acto administrativo
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Demandado: Universidad de Nariño
demandado y el correspondiente restablecimiento del derecho.
2.2. Contestación de la demanda
25. La Universidad de Nariño3, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones
de la demanda, y solicitó que se nieguen en su totalidad, con condena en costas a la
parte demandante.
26. En relación con los hechos de la demanda, manifestó que algunos son ciertos,
en particular los relativos a la vinculación del demandante como jefe de la Oficina de
Control Interno y a la expedición del acto administrativo que declaró su insubsistencia.
27. Afirmó que no es cierto que el demandante hubiera sido designado en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, pues su nombramiento se
efectuó con fundamento en la normativa interna de la Universidad, en ejercicio de su
autonomía.
28. Agregó que el cargo de jefe de control interno en la Universidad de Nariño es
de libre nombramiento y remoción, de conformidad con sus estatutos y manuales
internos, por lo que su provisión y retiro se encuentran sujetos a la facultad
discrecional del nominador.
29. Que la Resolución 0066 de 2015, mediante la cual se declaró la insubsistencia
del demandante, se expidió conforme a derecho y en ejercicio legítimo de la facultad
discrecional del rector, sin que fuese necesario motivar la decisión.
30. Enfatizó que el Acuerdo 111 de 2014 resulta aplicable al caso, en tanto regula
la estructura y funcionamiento del sistema de control interno de la Universidad, en
desarrollo de su autonomía universitaria.
31. Afirmó que la persona designada en reemplazo del demandante cumple con
los requisitos exigidos para el cargo y cuenta con la idoneidad necesaria para su
desempeño.
32. En cuanto a los cargos de nulidad, la entidad demandada consideró que no se
configura infracción de las normas en que debían fundarse los actos acusados, en la
medida en que la Ley 1474 de 2011 no resulta aplicable a las universidades públicas,
por tratarse de entes autónomos no adscritos a la rama ejecutiva del poder público.
33. Que, en consecuencia, la designación del jefe de control interno en las
universidades debe regirse por sus estatutos internos, conforme a lo dispuesto en la
Constitución y en la Ley 30 de 1992, que disponen la autonomía universitaria.
34. La facultad para designar y remover a dicho funcionario corresponde al rector
en su condición de representante legal de la institución, de conformidad con las
3 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “07 Contestación”.
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normas internas vigentes. Además, la declaratoria de insubsistencia de cargos de libre
nombramiento y remoción no requiere motivación, en la medida en que responde a la
facultad discrecional del nominador, la cual se presume ejercida en función del buen
servicio.
35. Arguyó que no se vulneró el debido proceso, pues el acto administrativo fue
expedido conforme a las normas aplicables y dentro de las competencias de la
autoridad que lo profirió; asimismo, manifestó que tampoco se configura falsa
motivación, en tanto la decisión de desvinculación obedeció a criterios de
conveniencia del servicio y no a fines distintos a los previstos en la ley.
2.3. Sentencia de primera instancia
36. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia del 29 de enero de 2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante4, en los siguientes términos:
PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda propuesta por el señor José
Rafael Mafla Guerra en contra de la Universidad de Nariño, con fundamento en lo
expuesto en la presente providencia.
SEGUNDO.- En consecuencia, CONDENAR en costas al señor demandante en favor
de la Universidad de Nariño. Liquídense de conformidad con los artículos 365 y 366
del CGP.
TERCERO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, por intermedio de Secretaría
devuélvase al interesado el remanente de la suma que se consignó a efectos de
cancelar los gastos ordinarios del proceso, si a ello hubiere lugar. Luego se archivará
el expediente.
37. Argumentó el Tribunal que las disposiciones de la Ley 1474 de 2011 no le son
aplicables al demandante, toda vez que la Universidad de Nariño no es una entidad
perteneciente a la Rama Ejecutiva, sino que, por el contrario, en virtud de la Ley 30
de 1992 y de la Constitución Política, es un ente universitario autónomo que puede
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
38. En esa misma línea, consideró que el Acuerdo 111 de 2014 sirvió a la
Universidad de Nariño para reglamentar los principios, objetivos y la dirección de la
Oficina de Control Interno y que, en dicho cuerpo normativo, se determinó que el cargo
de jefe de esa dependencia es de libre nombramiento y remoción, designado por el
rector, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, el Acuerdo 068 de 1998
y la Resolución 004151 de 1999, es decir, en continuidad con los lineamientos
adoptados por la universidad con anterioridad a su expedición, y los cuales, además,
se hallaban vigentes para el momento de la vinculación del demandante.
4 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “31. sentencia LIBRE NOMBRAM Y REMO
UDENAR”.
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39. Bajo estas consideraciones, concluyó que no existía un derecho adquirido del
señor José Rafael Mafla Guerra a permanecer en el cargo por un período fijo de 4
años, como lo adujo en la demanda, pues fue removido conforme a lo dispuesto en el
Acuerdo 111 de 2014, el cual sí le resulta aplicable.
40. Precisó que los actos administrativos que declaran la insubsistencia del
personal nombrado en cargos de libre nombramiento y remoción no requieren
motivación por parte de la administración, salvo en los casos excepcionales
determinados por la Corte Constitucional, que no se configuran en el caso concreto.
Lo anterior en la medida en que estos cargos, por regla general, implican el ejercicio
de funciones de dirección y requieren de la confianza del nominador, quien puede
disponer de su planta de personal sin necesidad de motivar la decisión.
41. De otro lado, frente a la afirmación según la cual la señora María Angélica
Insuasty Cuéllar, quien lo reemplazó, no cuenta con los requisitos mínimos para
desempeñar el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno, advirtió que, revisada su
hoja de vida, se constató que cumplía con la experiencia requerida y, además, contaba
con un título de maestría, por lo que superaba la idoneidad exigida.
42. Finalmente, refirió que, pese a que no se realizó la respectiva anotación en la
hoja de vida del demandante con ocasión de su remoción, dicha omisión no acarrea
por sí sola la nulidad del acto que lo declaró insubsistente, máxime si se tiene en
cuenta que tal obligación surge del Decreto Ley 2400 de 1968, anterior a la
Constitución Política de 1991, que consagró la autonomía universitaria, por lo que no
resulta exigible en el presente caso.
2.4. Recurso de apelación
43. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos5:
44. A su juicio, el fallador de primera instancia incurrió en un error al concluir que
la Ley 1474 de 2011 no resultaba aplicable al caso, pues, si bien dicha normativa fue
prevista para entidades de la Rama Ejecutiva, nada impedía su aplicación por parte
de entidades autónomas, como ocurrió en este asunto, en virtud de la remisión
normativa efectuada en el acto de nombramiento del demandante.
45. Resaltó que la Resolución 0250 del 9 de febrero de 2012, mediante la cual fue
designado como jefe de la Oficina de Control Interno, remitió expresamente al artículo
8 de la Ley 1474 de 2011, lo que implicó la incorporación de dicho régimen a su
situación particular.
46. En ese sentido, aseveró que, en aplicación del principio de inescindibilidad, no
era posible acoger únicamente algunos aspectos de dicha norma, como los requisitos
para el acceso al cargo, y excluir otros, como la previsión relativa al período fijo de 4
5 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “33. Recurso de apelación”.
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años de su permanencia.
47. En virtud de lo anterior, su vinculación quedó sometida a un período
institucional que inició el 1º de enero de 2014 y se extendió hasta el 31 de diciembre
de 2017, por lo que no podía ser removido antes del vencimiento de dicho término.
48. Insistió en que la Resolución 0066 de 2015, mediante la cual fue desvinculado,
desconoció el régimen aplicable a su situación, al disponer su retiro antes de la
culminación del período para el cual había sido designado.
49. Agregó que el Acuerdo 111 de 2014 no resultaba aplicable a su caso, en tanto
fue expedido con posterioridad a su vinculación y no podía modificar las condiciones
en las que accedió al cargo ni afectar situaciones jurídicas consolidadas.
50. Indicó que, en tales condiciones, la administración debió acudir al
procedimiento de revocatoria directa del acto de nombramiento, conforme a lo previsto
en el CPACA, y no a la declaratoria de insubsistencia, en la medida en que se había
configurado una situación particular que no podía ser desconocida unilateralmente.
51. Adujo que la decisión de insubsistencia vulneró su derecho al debido proceso
y de defensa, en tanto no se le brindó la oportunidad de controvertir la decisión ni de
participar en las actuaciones que dieron lugar a la expedición del acto administrativo.
52. De otra parte, consideró que, aun en el evento de considerar que la Ley 1474
de 2011 no resultaba aplicable, la administración debía cumplir con los requisitos
mínimos del ejercicio de la facultad discrecional, en particular, dejar constancia de las
razones de la desvinculación en la hoja de vida del funcionario, de conformidad con el
Decreto Ley 2400 de 1968, lo que le impidió conocer los fundamentos de la decisión
y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
53. Añadió que la facultad discrecional no es absoluta y debe ejercerse conforme
a los fines del servicio, por lo que la administración debía justificar que la decisión
contribuía al mejoramiento de la prestación del servicio.
54. En ese sentido, la declaratoria de insubsistencia no respondió a criterios de
eficiencia o conveniencia del servicio, pues la persona designada en su reemplazo no
contaba con la experiencia ni el perfil requerido para el cargo, lo que, a su juicio,
desvirtúa la presunción de legalidad del acto administrativo.
55. Con fundamento en lo anterior, planteó que la decisión de desvinculación se
encuentra viciada por falsa motivación, desviación de poder y vulneración del debido
proceso, por lo que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
56. Mediante auto del 26 de enero de 20236, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA.
57. El Ministerio Público y la parte demandada no se pronunciaron frente al recurso
de apelación.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
58. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
59. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:
60. ¿La Resolución 0066 del 16 de enero de 2015, mediante la cual se declaró
insubsistente el nombramiento del cargo de jefe de la Oficina de Control Interno de la
Universidad de Nariño, se ajusta al ordenamiento jurídico o, por el contrario,
desconoció el régimen aplicable a su vinculación, en particular lo relativo al período
fijo previsto en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, y, en consecuencia, da lugar a la
nulidad del acto y al restablecimiento del derecho solicitado?
61. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) régimen de autonomía de las universidades públicas; (ii) de la Oficina
Control Interno en la Universidad de Nariño; (iii) hechos probados y (iv) en el acápite
de análisis del caso concreto se resolverá el problema jurídico formulado.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.4.1. Régimen de autonomía de las universidades públicas
62. El artículo 69 de la Constitución Política de 1991 garantiza la autonomía
universitaria y, en tal virtud, reconoce a las universidades la facultad de darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Adicionalmente,
establece que la ley fijará un régimen especial para las universidades del Estado,
6 Samai, índice 6.
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promoverá la investigación científica en las instituciones oficiales y privadas y facilitará
mecanismos financieros que permitan el acceso de todas las personas aptas a la
educación superior.
63. Esta disposición fue desarrollada en la Ley 30 de 1992 «por la cual se organiza
el servicio público de la educación superior», que define en sus artículos 28 y 29 que
el grado de autonomía estaría reflejado en aspectos tales como: i) darse y modificar
sus estatutos; ii) designar sus autoridades académicas y administrativas; iii) crear,
organizar y desarrollar programas académicos; iv) definir, organizar y desarrollar
programas académicos; v) definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales; v) conferir los títulos a sus egresados; vi) seleccionar
los profesores; vii) admitir a los alumnos y adoptar sus regímenes; y viii) establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y la función
institucional.
64. La Corte Constitucional ha precisado que la autonomía universitaria se
encamina a que la formación académica y la investigación tengan lugar «dentro de un
clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico
como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente
educativo»7.
65. Específicamente, el tribunal constitucional ha señalado que las universidades
públicas, en su condición de entes autónomos, no forman parte de la estructura de la
Administración ni de ninguna de las ramas del poder público, en particular de la Rama
Ejecutiva, por lo que no pueden ser sometidas a los regímenes propios de dichas
entidades ni a sus mecanismos de tutela administrativa8.
66. Ahora bien, esta Corporación ha indicado que, por mandato constitucional, las
universidades pueden darse sus propias reglas de organización y funcionamiento, y
que solo es posible acudir al derecho supletivo en ausencia de regulación interna,
siempre que ello esté expresamente previsto en su régimen propio9.
67. En efecto, las universidades, a través de sus estatutos, pueden incorporar
normas que en principio no les resultarían aplicables por estar diseñadas para otras
entidades públicas; no obstante, dicha posibilidad se encuentra condicionada a que el
propio régimen universitario autorice expresamente la aplicación de tales
disposiciones, con el fin de suplir vacíos normativos.
68. De este modo, la autonomía universitaria comporta una regla general de
libertad de acción en la gestión de sus asuntos, incluidos los relacionados con su
personal. En particular, en su dimensión administrativa, comprende la facultad de las
instituciones de educación superior para definir su organización interna y adoptar
decisiones sobre su planta de personal, de conformidad con su régimen propio. No
7 Corte Constitucional, sentencia C-560 del 17 de mayo de 2000.
8 Corte Constitucional, sentencia C-346 del 14 de octubre de 2021.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de octubre de 2016, radicado: 11001-03-28-000-2015-
00019-00, y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicado 11001-03-28-000-2016-00014-00.
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obstante, dicha autonomía debe ejercerse dentro de los límites previstos en la
Constitución, la ley y sus propios estatutos10.
69. En ese orden, el Consejo Superior de la Universidad de Nariño expidió el
Acuerdo 166 del 21 de agosto de 1999, «por el cual se expide el Estatuto del Personal
Administrativo de la Universidad de Nariño», vigente para el momento de la
vinculación del señor José Rafael Mafla Guerra, en el que se dispone que el personal
administrativo de la universidad está conformado por empleados públicos y
trabajadores oficiales, conforme a la ley y a los acuerdos de clasificación expedidos
por dicha autoridad.
70. En cuanto a su clasificación, el artículo 9 del referido acuerdo dispone que,
según la naturaleza de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los
requisitos exigidos para su desempeño, los empleados públicos de la Universidad de
Nariño se clasifican, de conformidad con la ley y el Estatuto General de la Universidad,
en cargos de libre nombramiento y remoción, de carrera y de período.
71. Asimismo, el artículo 101 del citado acuerdo establece que el nombramiento de
los empleados de libre nombramiento y remoción podrá ser declarado insubsistente
por el rector en cualquier momento, sin necesidad de motivar la decisión.
72. Al respecto, resulta pertinente agregar que las causales de retiro del servicio
de quienes desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción se encuentran
previstas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, el cual establece:
«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
[…]» (Subraya la Sala)
73. La insubsistencia en los cargos de libre nombramiento y remoción surge de la
potestad discrecional del nominador en la provisión y en el retiro del funcionario, dado
el grado de confianza que se requiere para su desempeño, por esta razón, el parágrafo
2 del referido artículo dispone:
«Parágrafo 2o. (…) La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.»
74. Sobre el particular, esta Subsección11 ha sostenido:
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2023, radicado 25000-23-
42-000-2013-04443-02 (2834-2019).
11 Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado 68001-23-33-000-2017-00193-
01 (0417-19).
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«Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza
que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador
disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los
motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión. En otras palabras, a juicio de la
Sala es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la selección
de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por
motivos estrictamente personales o de confianza.
Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo 2o,
establece la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen
un cargo de libre nombramiento y remoción […]». (Subraya la Sala)
75. De conformidad con lo expuesto, se advierte que las universidades públicas,
en ejercicio de la autonomía que les reconoce la Constitución Política, cuentan con un
régimen jurídico propio que les permite regular su organización interna y, en particular,
la administración de su personal. En ese marco, el Estatuto del Personal
Administrativo de la Universidad de Nariño prevé la existencia de empleos de libre
nombramiento y remoción, cuya provisión y retiro se encuentran sujetos a la potestad
discrecional del nominador, en este caso, el rector de la institución, quien puede
declarar su insubsistencia sin necesidad de motivar la decisión, de conformidad con
lo previsto en el régimen interno y en la ley.
3.4.2. De la Oficina de Control Interno en la Universidad de Nariño
76. El control interno fue previsto por el Constituyente para todas las entidades y
organismos del Estado. En efecto, el artículo 209 de la Constitución Política dispone
que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y que
las autoridades administrativas deben establecer mecanismos de control interno en
los términos que señale la ley.
77. Por su parte, el artículo 269 ibidem establece que en las entidades públicas las
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza
de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo
que disponga la ley.
78. En ese sentido, conviene precisar que las universidades estatales u oficiales,
pese a su régimen especial, conservan la naturaleza de entidades públicas. Por ende,
cuando la Constitución impone a las entidades y organismos del Estado la
implementación de un sistema de control interno, dicha obligación también les resulta
aplicable.
79. En desarrollo de lo anterior, la Ley 87 de 1993, «por la cual se establecen
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado»
prevé en su artículo 10 que, para la verificación y evaluación permanente del sistema
de control interno, las entidades estatales designarán un asesor, coordinador, auditor
interno o un cargo similar, adscrito al nivel jerárquico superior, en los términos de dicha
ley.
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80. A su vez, el artículo 11 ibidem dispone que el asesor, coordinador, auditor
interno o quien haga sus veces es un funcionario de libre nombramiento y remoción,
designado por el representante legal o máximo directivo del organismo respectivo, de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones internas de cada entidad.
81. Ahora bien, el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 modificó el artículo 11 de la
Ley 87 de 1993, en el siguiente sentido:
Artículo 8. Designación de responsable del control interno. Para la verificación y
evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República
designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de
la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre
nombramiento y remoción.
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación
se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este
funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del
respectivo período del alcalde o gobernador.
Parágrafo 1. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se
deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en
asuntos del control interno.
Parágrafo 2. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el personal
multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la
naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho personal no implicará
necesariamente aumento en la planta de cargos existente. (Subraya la Sala)
82. Al punto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación12, al analizar
la designación del responsable del control interno en las universidades estatales u
oficiales, señaló que, dado que el artículo 5 de la Ley 87 de 1993 hace obligatorias
sus disposiciones para los organismos y entidades de las ramas del poder público, en
dicha cobertura se entienden incluidas las universidades estatales u oficiales 13.
Asimismo, precisó que, como la misma ley atribuye al representante legal o «máximo
directivo del organismo respectivo» la designación del jefe de la unidad u oficina de
control interno, en estas instituciones dicha competencia recae en el rector, quien, por
expresa disposición del artículo 66 de la Ley 30 de 1992, es su representante legal y
primera autoridad ejecutiva.
83. En esa misma línea, indicó que la modificación introducida por el artículo 8 de
la Ley 1474 de 2011, que asigna al Presidente de la República la designación del jefe
de control interno en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, no resulta
12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 11 de julio de 2013, radicado 11001-03-06-
000-2012-00067-00 (2118).
13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 21 de septiembre de 2011, radicado 11001-
03-06-000-2011-00035-00 (2062) « En primer lugar es pertinente señalar que desde el punto de vista de la
estructura del Estado las universidades públicas son sin duda "entidades públicas". El hecho de que, como otras
entidades del Estado, estén sometidas a un régimen especial no significa que pierdan dicha calidad o que el
legislador esté impedido para establecer mecanismos de articulación o de colaboración inter- orgánica con base
en su cláusula general de competencia (art. 150 C.P) y, en particular, en el artículo 1 13 ibidem, según el cual "los
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de
sus fines"».
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aplicable a las universidades estatales u oficiales, por cuanto no pertenecen a dicha
rama del poder público. La referida disposición no se extiende a entidades dotadas de
un régimen de autonomía constitucional, como ocurre con las universidades, de
conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política.
84. Bajo ese marco, advirtió que el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 establece que
el carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprende,
entre otros aspectos, la organización y elección de sus directivas y de su personal
docente y administrativo. En consonancia con ello, el artículo 95 de la misma ley
autoriza a dichas instituciones para contratar con empresas privadas colombianas los
servicios de control interno a que se refiere el artículo 269 de la Constitución Política.
85. De ahí que la designación del jefe de control interno en las universidades
estatales u oficiales se inscriba en el ámbito de su autonomía; en consecuencia,
corresponde a sus estatutos definir la autoridad competente para su nombramiento,
en armonía con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 87 de 1993, según el cual el
establecimiento y desarrollo del sistema de control interno es responsabilidad del
representante legal o máximo directivo de la entidad, circunstancia que excluye de
plano la intervención del Gobierno sobre la elección.
86. Con todo, destacó que el responsable del control interno ejerce funciones de
dirección, conducción y orientación institucional, cuyo desempeño implica la adopción
de políticas o directrices gerenciales, lo que exige un alto grado de confianza por parte
de quien dirige la entidad; circunstancia que resulta consistente con su ubicación en
el nivel directivo y con su carácter de libre nombramiento y remoción.
87. Bajo estas consideraciones, se tiene que las universidades estatales u oficiales
deben prever de manera expresa en sus estatutos las condiciones de acceso al cargo
de jefe de la Oficina de Control Interno, así como los aspectos relacionados con su
designación y permanencia en el empleo.
88. En lo que respecta a la Universidad de Nariño, se advierte que el Acuerdo 194
del 20 de diciembre de 1993, mediante el cual se adoptó su Estatuto General, dispuso
en el artículo 74 que el control interno sería ejercido por la auditoría interna, conforme
a las normas fiscales vigentes.
89. En desarrollo de lo anterior, mediante el Acuerdo 068 del 17 de diciembre de
1998, el Consejo Superior de la Universidad de Nariño adoptó el Sistema de Control
Interno de la institución, en el cual se definieron sus principios, objetivos, estructura y
mecanismos de funcionamiento. No obstante, dicha normativa se limitó a regular
aspectos funcionales y organizacionales del sistema, sin establecer la naturaleza del
vínculo del responsable de la oficina de control interno ni la forma de su designación.
90. A su vez, la Resolución rectoral 004151 del 26 de noviembre de 1999,
reglamentaria de las funciones de los empleados que integran la Oficina de Control
Interno estableció que el cargo de jefe de oficina es uno del nivel asesor, de libre
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nombramiento y remoción, dependiente de rectoría relacionado con la prevención
verificación y evaluación permanente del sistema de control interno.
91. Posteriormente, mediante el Acuerdo 111 del 24 de noviembre de 2014, la
institución reglamentó los principios, objetivos y la dirección de la oficina de control
interno y, en su artículo 5, estableció que el jefe de dicha dependencia sería un
empleado público de libre nombramiento y remoción, designado por el rector.
Asimismo, el artículo 7 dispuso que dicho acuerdo regía a partir de su promulgación y
derogaba las normas internas que le fueran contrarias.
92. Finalmente, el Acuerdo 080 del 23 de diciembre de 2019, mediante el cual se
adoptó el nuevo Estatuto General de la Universidad de Nariño, prevé en su artículo 66
que la Dirección de Control Interno y Gestión de Calidad es una unidad del nivel
directivo encargada de materializar las políticas, planes y estrategias del sistema de
control interno, la cual está a cargo de un director, servidor público de libre
nombramiento y remoción, designado por el rector.
93. De conformidad con lo reseñado, se advierte que la Universidad de Nariño no
reguló de manera específica la organización y dirección de la oficina de control interno
en su normativa interna sino hasta la expedición del Acuerdo 111 de 2014, pues, con
anterioridad a dicha disposición, el estatuto general de 1993 se limitaba a establecer
que el control interno sería ejercido por la auditoría interna, sin desarrollar aspectos
relacionados con su estructura, naturaleza del cargo o forma de designación.
3.5. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto
94. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
95. El rector de la Universidad de Nariño, mediante Resolución 0250 del 9 de
febrero de 2012, designó como jefe de la Oficina de Control Interno al señor José
Rafael Mafla Guerra, tras verificar que su hoja de vida cumplía con los requisitos
previstos en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 para el desempeño de dicho cargo14.
96. A través de Acta 014 del 9 de febrero de 2012, el señor José Rafael Mafla
Guerra tomó posesión del cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno de la
Universidad de Nariño15.
97. El rector de la Universidad de Nariño mediante Resolución 0066 del 16 de enero
de 2015, declaró insubsistente el nombramiento del señor José Rafael Mafla Guerra
en el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno, en ejercicio de sus facultades
legales, reglamentarias y estatutarias, en particular las previstas en los Acuerdos 068
de 1998 y 111 de 2004, proferidos por el Consejo Superior Universitario 16.
14 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “02 Demanda” pp. 27.
15 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “02 Demanda” pp. 28.
16 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “02 Demanda” pp. 29.
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98. La Resolución 0066 del 16 de enero de 2015 fue notificada personalmente al
señor José Rafael Mafla Guerra, el mismo día de su expedición17.
99. José Rafael Mafla Guerra es administrador público, con título universitario del
30 de julio de 2004; especialista en alta gerencia, con título del 30 de junio de 2007; y
magíster en administración, con título del 26 de junio de 201518.
100. María Angelica Insuasty Cuellar es administradora de empresas, con título del
21 de abril de 2007, y magíster en mercadeo agroindustrial, con título del 17 de
diciembre de 201119.
3.6. Caso concreto
101. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en determinar si la
declaratoria de insubsistencia del señor José Rafael Mafla Guerra, en el cargo de jefe
de la Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño, se ajustó al ordenamiento
jurídico o si, por el contrario, desconoció la permanencia por período fijo que, según
el demandante, derivaba de la aplicación del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011.
102. En ese sentido, la parte demandante reiteró que su vinculación al cargo se
encontraba sometida a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, por lo que
no podía ser removido antes del vencimiento del período de 4 años allí previsto. En
esa línea, afirmó que la declaratoria de insubsistencia desconoció dicha garantía y, en
consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta la finalización del período.
103. Por su parte, el Tribunal consideró que la Universidad de Nariño, en virtud de
la autonomía universitaria, se rige por un régimen especial que le permite regular la
designación y remoción de sus servidores, de modo que el cargo de jefe de la Oficina
de Control Interno corresponde a uno de libre nombramiento y remoción, no sujeto al
período fijo previsto en la Ley 1474 de 2011. En ese orden, concluyó que la
declaratoria de insubsistencia se ajustó al ordenamiento jurídico y negó las
pretensiones de la demanda.
104. En el recurso de apelación, la parte demandante reiteró que la entidad
desconoció el régimen aplicable al cargo, al no reconocer la aplicación de la Ley 1474
de 2011, e insistió en que su retiro anticipado vulneró el período para el cual fue
designado. Adicionalmente, cuestionó el ejercicio de la facultad discrecional, al
señalar que la decisión no fue motivada, que no se dejó constancia de sus razones en
la hoja de vida y que no respondió a criterios de eficiencia o conveniencia del servicio,
en particular, por la falta de idoneidad de la persona designada en su reemplazo.
17 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “02 Demanda” pp. 30.
18 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “02 Demanda” pp. 34 a 51.
19 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta “2015-00632”, archivo “08. Historia Laboral” pp. 104 a 112.
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105. En ese contexto, y de cara a resolver el problema jurídico planteado, la Sala
adoptará la siguiente metodología: en primer lugar, determinará si las disposiciones
de la Ley 1474 de 2011 resultan aplicables a la vinculación del demandante; en
segundo lugar, establecerá si la declaratoria de insubsistencia debía ser motivada; y,
en tercer lugar, analizará si la desvinculación respondió a criterios de eficiencia o
conveniencia del servicio.
3.6.1. Aplicabilidad de la Ley 1474 de 2014 frente a las universidades estatales u
oficiales
106. El recurrente aduce que, en las consideraciones de la Resolución 0250 del 9
de febrero de 2012, mediante la cual fue designado como jefe de la Oficina de Control
Interno, se hizo referencia a la Ley 1474 de 2011 en lo relacionado con los requisitos
exigidos para el ejercicio del cargo, por lo que dicha remisión supone la aplicación
integral de esa normativa. En particular, sostiene que no solo le resultaban exigibles
los requisitos allí previstos, sino también la regla conforme a la cual el empleo se
encuentra sometido a un período fijo de 4 años. En ese sentido, afirma que la
declaratoria de insubsistencia vulneró dicha previsión, al interrumpir el período que, a
su juicio, se extendía hasta el 31 de diciembre de 2017.
107. Como se expuso en el capítulo de marco normativo y jurisprudencial aplicable,
las universidades estatales u oficiales gozan de autonomía en virtud de lo dispuesto
en el artículo 69 de la Constitución Política, lo que implica la facultad de darse sus
propios estatutos y regirse por un régimen especial en la organización y
funcionamiento de sus asuntos internos, incluidos aquellos relacionados con la
administración de su personal. En ese marco, la jurisprudencia constitucional20 ha
precisado que dichas instituciones no forman parte de la Rama Ejecutiva del poder
público, razón por la cual no pueden ser sometidas de manera automática a los
regímenes diseñados para dicho poder público, salvo que exista una previsión
expresa en su normativa interna que así lo disponga.
108. Ahora bien, en relación con el sistema de control interno, el Constituyente de
1991 dispuso, que todas las entidades y organismos del Estado deben diseñar e
implementar mecanismos de control interno, de conformidad con lo previsto en los
artículos 209 y 269 de la Constitución Política. En desarrollo de dicho mandato, la Ley
87 de 1993 estableció que la verificación y evaluación de este sistema corresponde a
un funcionario designado por el representante legal o máximo directivo de la entidad,
quien ejerce funciones de dirección, asesoría y evaluación institucional. En ese
sentido, tratándose de universidades estatales u oficiales, dicha competencia recae
en el rector, en su condición de representante legal.
109. Recuérdese que, en virtud del artículo 66 de la Ley 30 de 1992, el rector es el
representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad, a quien
corresponde dirigir la institución y adoptar las decisiones relacionadas con su
funcionamiento administrativo. En consecuencia, en el marco del sistema de control
20 Corte Constitucional, sentencias C-220 de 1997; C-560 de 2000.
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interno, es a esta autoridad a quien compete la designación del responsable de dicha
dependencia, en consonancia con lo previsto en la Ley 87 de 1993.
110. En esa línea, mediante el Acuerdo 068 del 17 de diciembre de 1998, el Consejo
Superior de la Universidad de Nariño adoptó el Sistema de Control Interno de la
institución, en el cual se definieron sus principios, objetivos, estructura y mecanismos
de funcionamiento. Asimismo, en dicho acuerdo se delegó en el rector la facultad de
asignar, mediante resolución, las funciones y los requisitos de los cargos de la Oficina
de Control Interno.
111. En desarrollo de lo anterior, la Resolución rectoral 004151 del 26 de noviembre
de 1999, mediante la cual se reglamentaron las funciones de los empleados que
integran la Oficina de Control Interno en la universidad, estableció que el cargo de jefe
de oficina corresponde a uno del nivel asesor, de libre nombramiento y remoción,
dependiente de rectoría, encargado de la prevención, verificación y evaluación
permanente del sistema de control interno. No obstante, dicha regulación no definió
los requisitos que debía cumplir quien fuera designado para ocupar dicho cargo.
112. Ahora bien, como se expuso anteriormente, el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011
modificó el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, en el sentido de asignar al Presidente de
la República la designación del jefe de control interno en las entidades de la Rama
Ejecutiva del orden nacional y, en el ámbito territorial, a la máxima autoridad
administrativa de la respectiva entidad. No obstante, tal y como lo precisó la Sala de
Consulta y Servicio Civil de esta Corporación21, dicha disposición no resulta aplicable
a las universidades estatales u oficiales, en tanto no forman parte de la Rama
Ejecutiva del poder público y se rigen por un régimen especial derivado de la
autonomía universitaria.
113. En ese contexto, si bien la Resolución 0250 del 9 de febrero de 2012 hizo
referencia a la Ley 1474 de 2011, lo cierto es que dicha remisión se limitó a los
requisitos exigidos para el ejercicio del cargo, sin que de ello pueda inferirse la
incorporación integral de esa normativa y, en particular, de la regla relativa al período
fijo de permanencia.
114. Bajo estas consideraciones, tampoco resulta de recibo el argumento del
recurrente fundado en el principio de inescindibilidad normativa. En efecto, dicho
postulado supone que, cuando una determinada disposición resulta aplicable a un
caso concreto, esta debe ser observada en su integridad, sin que sea posible
fraccionarla para tomar de ella únicamente los aspectos que resulten favorables22.
115. No obstante, su aplicación parte de un presupuesto ineludible, consistente en
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 11 de julio de 2013, radicado 11001-03-06-
000-2012-00067-00 (2118).
22 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, rad. 85001-33-33-002-2013-00060-01 (3420-2015); Subsección A,
sentencia del 8 de mayo de 2008, rad. 76001-23-31-000-2003-04045-01 (1371-2007); y Subsección B, sentencia
del 9 de octubre de 2008, rad. 25000-23-25-000-2000-06793-01 (3021-2004).
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que la norma invocada rija efectivamente la situación jurídica de que se trate. En el
presente asunto, como ya se precisó, la Ley 1474 de 2011 no constituye el régimen
aplicable a las universidades estatales u oficiales, de modo que la remisión contenida
en el acto de nombramiento no comportó la incorporación vinculante de dicho marco
normativo, sino que se trató de una referencia puntual en materia de requisitos, en
atención a que, para ese momento, la universidad no había reglamentado lo relativo
a las condiciones para ejercer el cargo.
116. En consecuencia, no es posible extender los efectos de dicha remisión a
aspectos distintos, pues ello implicaría desconocer que la definición de las condiciones
de acceso y permanencia en el cargo corresponde al régimen propio de la universidad,
el cual fue desarrollado mediante su normativa interna, en particular a través del
Acuerdo 068 de 1998 y la Resolución 004151 de 1999.
117. Además, como se explicó en el acápite del marco jurídico, la aplicación de
disposiciones externas a título supletorio solo procede cuando así lo autoriza
expresamente el respectivo régimen universitario, circunstancia que no se acredita en
este caso. Por el contrario, la normativa interna prevé que el cargo de jefe de la Oficina
de Control Interno es de libre nombramiento y remoción, sin establecer condiciones
relativas a un período fijo de permanencia23.
118. Aunado a lo anterior, aunque el recurrente sostiene que el Acuerdo 111 de 2004
no le resulta aplicable por haber sido expedido con posterioridad a su vinculación,
dicha circunstancia no modifica la solución del caso. En efecto, ese acuerdo mantuvo
la naturaleza del cargo como de libre nombramiento y remoción y no incorporó
previsión alguna relacionada con un período fijo de permanencia. Las modificaciones
introducidas se limitaron a precisar los requisitos para el ejercicio del empleo.
119. En consecuencia, la Sala concluye que la vinculación del demandante como
jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño no se encontraba
sometida al período fijo previsto en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. En ese
sentido, la remisión efectuada en el acto de nombramiento respecto de dicha
normativa no implicó su incorporación integral a la situación del demandante, sino
únicamente en lo relacionado con los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo.
Por consiguiente, la declaratoria de insubsistencia no desconoció las condiciones
aplicables a su vinculación.
3.6.2. Motivación del acto administrativo que declaró la insubsistencia del
nombramiento del demandante
120. El demandante adujó que se vulneró su derecho de audiencia y defensa, toda
vez que el acto administrativo mediante el cual se declaró la insubsistencia de su
nombramiento, esto es, la Resolución 0066 del 16 de enero de 2015, no fue
debidamente motivado.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de octubre de 2016, radicado: 11001-03-28-000-2015-
00019-00, y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicado 11001-03-28-000-2016-00014-00.
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121. Al punto, se advierte que, de conformidad con el principio de autonomía
universitaria, las instituciones de educación superior gozan de libertad de acción en la
gestión de sus asuntos, incluidos aquellos relacionados con su personal. En particular,
en su dimensión administrativa, dicha autonomía comprende la facultad de definir su
organización interna y adoptar decisiones sobre su planta de personal, de acuerdo
con su régimen propio. No obstante, esta debe ejercerse dentro de los límites previstos
en la Constitución, la ley y sus propios estatutos24.
122. En desarrollo de lo anterior, el Estatuto del Personal Administrativo de la
Universidad de Nariño, contenido en el Acuerdo 166 del 21 de agosto de 1999, vigente
para la época de la vinculación del demandante, prevé que el personal administrativo
de la institución se integra por empleados públicos y trabajadores oficiales, de
conformidad con la ley y las disposiciones internas expedidas por el Consejo Superior.
123. Asimismo, el artículo 9 del referido acuerdo establece que los empleados
públicos se clasifican, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y
responsabilidades, en cargos de libre nombramiento y remoción, de carrera y de
período.
124. En ese contexto, el artículo 101 ibidem dispone que los empleos de libre
nombramiento y remoción pueden ser provistos y retirados discrecionalmente por el
rector, quien está facultado para declarar su insubsistencia en cualquier momento, sin
necesidad de expresar las razones de la decisión.
125. A su vez, el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 dispone que los empleos de libre
nombramiento y remoción corresponden, entre otros, a aquellos de dirección,
conducción y orientación institucional, cuya naturaleza implica la adopción de políticas
o directrices y exige un especial grado de confianza.
126. Bajo ese marco, la vinculación a este tipo de empleos se realiza en ejercicio de
la facultad discrecional del nominador, quien selecciona a la persona que considere
idónea para el cargo. De igual forma, su retiro puede disponerse mediante la
declaratoria de insubsistencia, sin que resulte exigible la motivación del acto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, el cual establece:
«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
[…]» (Subraya la Sala)
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2023, radicado 25000-23-
42-000-2013-04443-02 (2834-2019).
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Demandante: José Rafael Mafla Guerra
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127. Por su parte, el parágrafo 2 del referido artículo dispone que la competencia
para efectuar la remoción en los empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y se ejercerá mediante acto no motivado:
«Parágrafo 2o. (…) La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.»
128. En consonancia con lo anterior, esta Subsección25 ha señalado que la
naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción, caracterizados por el
especial grado de confianza que exigen, habilita al nominador para disponer tanto su
provisión como su retiro de manera discrecional, sin que resulte exigible la exposición
de las razones que sustentan dicha decisión. Ello se explica en que la permanencia
en este tipo de empleos depende de la confianza que el nominador deposita en quien
los desempeña, de modo que su desvinculación no requiere motivación, en los
términos previstos en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
129. En el caso concreto, se acreditó que el rector de la Universidad de Nariño,
mediante Resolución 0066 del 16 de enero de 2015, declaró insubsistente el
nombramiento del señor José Rafael Mafla Guerra en el cargo de jefe de la Oficina de
Control Interno, en ejercicio de sus facultades legales, reglamentarias y estatutarias,
en particular las previstas en los Acuerdos 068 de 1998 y 111 de 2004, proferidos por
el Consejo Superior Universitario, sin motivación expresa respecto de las razones de
su desvinculación.
130. No obstante, como se explicó, el cargo desempeñado por el demandante
corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción, cuya provisión y retiro
dependen del especial grado de confianza del nominador. Por ello, la declaratoria de
insubsistencia podía expedirse mediante acto no motivado, sin que tal circunstancia,
por sí sola, comporte la vulneración de los derechos de audiencia y defensa alegados
por la parte actora.
131. Ahora bien, el hecho de que el demandante afirme haber desempeñado sus
funciones de manera idónea no impone a la administración el deber de mantenerlo en
el cargo ni transforma su vinculación en una modalidad dotada de estabilidad. El
adecuado cumplimiento de las funciones constituye una obligación inherente a todo
servidor público y no desvirtúa, por sí mismo, la facultad discrecional del nominador
para disponer el retiro de quienes ocupan empleos de libre nombramiento y
remoción26.
132. De lo expuesto, se concluye que los actos de desvinculación del servicio de
quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción no requieren motivación,
en tanto la declaratoria de insubsistencia hace parte de la facultad discrecional del
nominador.
25 Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado 68001-23-33-000-2017-00193-
01 (0417-19).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2025, radicado 08001-23-33-
000-2022-00439-01 (0463-2025).
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133. Finalmente, en relación con el argumento según el cual la administración no
dejó constancia de las razones de la desvinculación en la hoja de vida del
demandante, la Sala advierte que, conforme lo ha señalado esta Corporación27, dicha
omisión no afecta la validez del acto administrativo demandado, en tanto se trata de
una actuación posterior que no integra su contenido.
3.6.3. Verificación de los criterios de eficiencia y conveniencia del servicio con
ocasión de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del demandante
134. Dado que la Resolución 0066 del 16 de enero de 2015, mediante la cual se
declaró la insubsistencia del nombramiento del demandante, no requería motivación
por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, se presume que la
decisión fue adoptada en ejercicio de la facultad discrecional del nominador y
orientada a la satisfacción del interés general y al mejoramiento del servicio, sin que
obre prueba en el expediente que desvirtúe dicha presunción.
135. Así las cosas, correspondía a la parte demandante aportar los elementos
probatorios necesarios para acreditar que la decisión no obedeció a tales finalidades,
en atención a la carga procesal prevista en el artículo 167 del CGP, conforme al cual
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que persiguen28.
136. De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, no se
encuentra acreditado que la desvinculación del demandante haya generado una
desmejora en la prestación del servicio. En efecto, si bien la parte actora aportó la hoja
de vida de la señora María Angélica Insuasty Cuellar, designada en su reemplazo, de
su contenido se advierte que cuenta con formación profesional hasta el grado de
maestría, y experiencia en actividades relacionadas con la gestión administrativa, la
implementación de sistemas de calidad y el control interno, derivada de su vinculación
previa a la Universidad de Nariño en áreas como planeación, mejoramiento de
procesos y gestión institucional.
137. En ese sentido, la información allegada no permite concluir que careciera de
las condiciones mínimas para el desempeño del cargo, máxime cuando la normativa
aplicable exige únicamente formación profesional y experiencia relacionada de tres
años.
138. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo 111 de 2004,
vigente para el momento de la declaratoria de insubsistencia del demandante y, por
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de
marzo de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-2023); Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 2 de marzo de 2017, radicado 25000-23-42-000-2013-01135-01 (3686-14); Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de diciembre de 2015, radicado interno 1412-2014; Sección Segunda Subsección
B, sentencia de 29 de noviembre de 2012, radicado interno 1781-2012.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 25000-23-42-
000-2017-02771-01 (3518-2023); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de septiembre de 2024,
radicado 25000-23-42-000-2020-00148-01 (1442-2023).
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ende, de la vinculación de la señora María Angélica Insuasty Cuellar, las funciones del
jefe de la Oficina de Control Interno comprenden labores de dirección, evaluación,
verificación y seguimiento del sistema de control institucional. En ese sentido, la
eventual afectación del servicio derivada de la designación de la funcionaria no podía
acreditarse únicamente con la información curricular contenida en la hoja de vida
allegada, sino que requería elementos de juicio que permitieran evidenciar
deficiencias concretas en el ejercicio de tales funciones o en la gestión de la
dependencia. En consecuencia, no obra en el expediente prueba que permita inferir
una afectación en la prestación del servicio ni que la decisión de insubsistencia se
hubiera apartado de los fines que orientan la función administrativa.
139. Bajo estas consideraciones, ante la insuficiencia probatoria, no es posible
establecer que el acto de insubsistencia haya generado una afectación o desmejora
en la prestación del servicio.
140. Al respecto, para desvirtuar el ejercicio de la facultad discrecional del
nominador no basta con alegar una eventual afectación del servicio, sino que es
necesario acreditarla mediante elementos probatorios suficientes que permitan
establecer que la decisión se apartó de los fines que orientan la función administrativa,
circunstancia que no se encuentra demostrada en el presente caso.
141. En suma, no se demostró que la decisión de insubsistencia hubiera generado
una afectación en la prestación del servicio ni que se hubiera apartado de los fines
propios de la función administrativa, por lo que se enmarca en el ejercicio de la facultad
discrecional del nominador.
3.7. Conclusión
142. Con fundamento en lo expuesto, la Resolución 0066 del 16 de enero de 2015,
mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor José Rafael
Mafla Guerra en el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad de
Nariño, se ajusta al ordenamiento jurídico, en tanto la regla de período fijo de
permanencia en el cargo prevista en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 no resulta
aplicable a las universidades estatales u oficiales, por no formar parte de la Rama
Ejecutiva y regirse por un régimen especial derivado de la autonomía universitaria. En
ese sentido, el acto no requería motivación al tratarse de un empleo de libre
nombramiento y remoción, y no se acreditó que la decisión se hubiera apartado de los
fines que orientan la función administrativa ni que hubiera generado una desmejora
en la prestación del servicio.
143. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.
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3.8. Costas
144. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 29 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
145. En ese contexto, pese a que no fue un aspecto apelado, la Sala revocará la
condena en costas impuesta en primera instancia porque esta no se sustentó en la
acreditación de una conducta dilatoria o de mala fe del ente demandado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, el 29 de enero de 2020, que
negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, el 29 de enero de 2020.
Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandante: José Rafael Mafla Guerra
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Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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