Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02771-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02771-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-02771-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-2023)
Demandante: Lorena Velásquez Grajales
Demandado: Nación, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil1
Tema: Insubsistencia. Empleo de libre nombramiento y remoción.
Desviación de poder. Carga de la prueba
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Aerocivil contra la
sentencia proferida el 31 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se denegaron
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Lorena Velásquez Grajales presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 00518 del 28 de febrero de 2017, por
medio de la cual el director general de la Aerocivil declaró la insubsistencia de su
nombramiento en el cargo de asesor aeronáutico nivel 50, grado 40.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reintegro al cargo que venía desempeñando o en otro de igual o
superior categoría; ii) el pago de todos los emolumentos laborales dejados de
percibir, debidamente indexado y reajustado, desde el momento de su remoción y
1 En lo que sigue Aerocivil.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Lorena Velásquez Grajales
hasta cuando sea reincorporada al servicio, sin solución de continuidad; y iii) el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Lorena Velásquez Grajales fue nombrada en un empleo de libre nombramiento
y remoción de la Aerocivil como asesor aeronáutico nivel 50, grado 40, a través de
la Resolución 00419 del 22 de febrero de 2016, cargo del cual tomó posesión
según acta 00148 del 1 de marzo de 2016.
3.2. A través de la Resolución 00513 del 1 de marzo de 2016 y el acta 00155 de esa
fecha, fue designada para «(c)oordinar y liderar el Grupo de Carrera Administrativa» de
la Dirección de Talento Humano de la entidad.
3.3. Disfrutó de una licencia de maternidad por el periodo comprendido entre el 14
de julio y el 23 de noviembre de 2016, con adición de 1 mes y 1 semana por el
nacimiento prematuro de su hijo.
3.4. A su regreso de la licencia fue trasladada al Grupo Administrativo y Financiero
de la Dirección Regional de Cundinamarca, de conformidad con la Resolución
03469 del 22 de noviembre de 2016 y el acta 000587 del 24 de noviembre de 2016.
3.5. Una vez culminó el periodo de lactancia, el director de Talento Humano de la
entidad le solicitó su carta de renuncia; no obstante, no la presentó por las
siguientes razones:
«a. Haber ejercido sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y los
reglamentos internos, con absoluta responsabilidad, sin haber recibido durante todo el
tiempo de su vinculación reparo alguno o llamado de atención, obteniendo siempre
beneficios para la entidad por el mejoramiento del servicio prestado.
b. Padecer de una nefropatía por IGA, que le impone afiliación permanente al sistema
de seguridad social y control médico continuo con Nefrología.
c. Acaba de tener un bebe prematuro con un diagnóstico de salud complicado
(Hipertensión pulmonar, foramen oval abierto y oxígeno - dependiente) el cual dio a
conocer a la entidad mediante la radicación del informe del "Programa Madre Canguro
y seguimiento de Alto Riesgo" de Colsanitas.
d. Ser madre cabeza de familia, por cuanto el papa de su hijo no se encuentra laborando
por ser una persona enferma y de avanzada edad.
e. Depender de su salario su núcleo familiar y en especial su bebe que debe
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permanecer en el Programa Madre Canguro y seguimiento de Alto Riesgo de
Colsanitas como mínimo hasta el año de vida, por cuanto estos bebés no se igualan a
un bebé nacido en tiempo hasta que cumpla un (1) año de edad y para la fecha de la
insubsistencia su bebe tan sólo tenía ocho (8) meses de edad cronológica y siete meses
de edad corregida.
f. Razones de tipo económico debido a la adquisición de crédito por libranza para
adquisición de vivienda con COMPENSAR con un saldo alto vigente» (sic).
3.6. Mediante la Resolución 00518 del 28 de febrero de 2017, fue declarado
insubsistente su nombramiento, a partir del 1 de marzo de 2017.
3.7. En su reemplazo fue nombrada Elizabeth Gómez Duque, quien era abogada
con especialización en Derecho Administrativo y acreditaba una experiencia
laboral de 14 años, la mayor parte del tiempo en cargos políticos como alcaldesa
del municipio de Pacho y diputada de la Asamblea del departamento de
Cundinamarca.
3.8. Si bien el remplazo acreditaba una edad superior, lo cierto es que la actora
contaba con una formación avanzada en estudios y experiencia profesional, según
la comparativa realizada a las hojas de vida y los resultados obtenidos por cada
una en la prueba comportamental que realizó el Departamento de la Función
Pública a los aspirantes al empleo del nivel asesor o directivo en una entidad del
orden nacional, así como las evaluaciones de desempeño laboral aplicadas por la
entidad demandada.
3.9. Para la fecha de la desvinculación devengaba un sueldo básico de $7.192.014,
la bonificación semestral, las primas de productividad bimestral y de navidad y las
bonificaciones «aeronáutica» y por servicios prestados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 42, 43, 44, 48, 53, 121,
123 y 209 de la Constitución Política; y 1, 2, 49 de la Ley 909 de 2004.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:
5.1. Los empleados públicos han contado con el derecho a exigir del Estado que
tanto los nombramientos como las remociones se realicen con plena observancia
de las normas que regulan la función pública, de lo contrario se generan
3Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folios 7 a 16.
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irregularidades y desviaciones del poder como las acontecidas en el presente
asunto, en las que la Aerocivil no sujetó sus atribuciones a las normas
constitucionales y legales.
5.2. Para los directivos de la Aerocivil existían límites jurídicos que les prohibían
obrar y ejercer su autoridad según su capricho para satisfacer un interés particular,
pues el ordenamiento superior rechaza los tratos discriminatorios y propende para
que el derecho a la igualdad sea real y efectivo.
5.3. Las entidades no podían sacrificar la preparación académica y la experiencia
de sus colaboradores con el fin de cumplir «compromisos políticos o burocráticos que
afectan la calidad del servicio público».
5.4. El acto demandado desatendió los postulados de mejoramiento del servicio.,
toda vez que «las calidades de la persona que se nombró en su reemplazo son menores
que las calidades profesionales de la demandante».
5.5. La prestación del servicio se vio afectada, puesto que las tareas que desarrolló
en el último cargo desempeñado en la entidad no tuvieron continuidad.
1.2. Contestación de la demanda
6. LaAerocivil se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos4:
6.1. Ladecisión de retirar del cargo a un empleado de libre nombramiento y
remoción es una facultad discrecional que no requiere «explicaciones de los
propósitos que animaron el acto que la materializa», pues esta se entiende «inspirada
en razones del buen servicio» y por tanto goza de presunción de legalidad.
6.2. Las afirmaciones realizadas frente a las motivaciones de orden político que
llevaron a la declaratoria de insubsistencia en el cargo desempeñado por la actora
no fueron probadas.
6.3. El hecho de haber contado con una mejor capacitación y superar en estudios a
la persona que fue nombrada en el empleo que ocupaba la demandante «de suyo
no desvirtúa de manera palmaria la garantía del mejoramiento de la prestación del servicio
de la AEROCIVIL».
4 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_15
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA-AERONAUTICA CIVIL. (.pdf) NroActua 4», folios 9 a 16.
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6.4. Los cuestionamientos realizados frente al nombramiento de la funcionaria que
reemplazó a la actora fueron resueltos a través del Oficio 3100-2017015464 del 4
de mayo de 2017, con copia a la Secretaría General de la Presidencia de la
República, en el cual se indicó que la aspirante al cargo cumplió con el proceso de
selección llevado a cabo por el comité evaluador, por lo que dicha inconformidad
no generó ninguna inhabilidad. Aunado a ello, la persona entrante cumplía a
cabalidad con los requisitos exigidos en el manual de funciones para ocupar el
empleo.
6.5. Haber desempeñado la labor encomendada de forma correcta no garantizaba
la permanencia en el cargo, pues era una obligación de todo servidor público
prestar el servicio de forma eficiente.
6.6. Para el ejercicio del cargo del cual fue retirada la actora se requería un alto
grado de confianza, por tanto, el nominador podía disponer libremente de su
provisión o retiro, por lo que la insubsistencia en estudio no requería de ninguna
motivación al tratarse de una funcionaría de libre nombramiento y remoción.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en sentencia proferida el 31 de enero de 2023 negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante. Para tal
efecto, después de realizar un recuento legal y jurisprudencial, fundamentó su
decisión en lo siguiente5:
7.1. Al tratarse de empleos de libre nombramiento y remoción, dada su especial
naturaleza de total confianza del nominador, le era otorgada a este la facultad de
disponer el retiro del servidor mediante acto inmotivado, siempre con observancia
de la normativa aplicable y con la garantía de que la decisión estuviera fundada en
el mejoramiento del servicio, pues de demostrarse que el motivo no atendió a estos
parámetros, estaríamos frente a la pérdida de presunción de legalidad de dicho
acto.
7.2. No eran de recibo los argumentos de la demandante en cuanto a las
formalidades que debía cumplir la administración para declarar la insubsistencia
de un funcionario de libre nombramiento y remoción, las que consistían en exponer
la forma en que se mejoró el servicio con su decisión ni mucho menos soportarlo
en documentos formales que así lo demostraran, pues la facultad discrecional no
5 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C02_20 FALLO-NIEGA
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA (.pdf) NroActua 4».
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requería de motivación alguna y la declaratoria de insubsistencia de un empleado
de libre nombramiento y remoción, como el de la actora, que no gozaba de una
garantía de estabilidad, era procedente de forma inmotivada, discrecional, sin
procedimientos o condiciones, y gozó de presunción de legalidad.
7.3. La idoneidad del reemplazo de quien fuera declarado insubsistente debía
abordarse únicamente desde el cumplimiento de los requisitos mínimos del cargo,
lo cual no fue objeto de discusión en la demanda, pues, el argumento que sirvió de
base para desarrollar dicha afirmación fue la trayectoria política de la funcionaría
que reemplazó a la demandante, así como correos electrónicos y notas
periodísticas que en ningún caso tuvieron una implicación en la designación de
dicha funcionaría ni en la indebida prestación del servicio de la entidad a través del
cargo objeto de estudio y en consecuencia no constituía un factor de relevancia en
la declaratoria de insubsistencia.
7.4. Se encontraba probado no solo el cumplimiento de los requisitos mínimos para
ocupar el cargo por parte del reemplazo de la actora (único requisito exigible para
cuantificar la idoneidad), sino que además existía coherencia frente a las
facultades con las que contaba la entidad para su designación y retiro del cargo.
7.5. Asíentonces, en el asunto se logró demostrar que el reemplazo de la
accionante fue designado en cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por
la ley para el ejercicio del cargo y no se probó que la decisión adoptada por la
demandada obedeciera a factores que desbordaran la facultad discrecional propia
de un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que su aplicación fue ejercida
en debida forma.
7.6. La condena en costas era improcedente, toda vez que no se demostró su
causación, en consideración a lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del
Código General del Proceso6.
1.4. El recurso de apelación
8. Lorena Velásquez Grajales interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
argumentos7:
8.1. Las
pruebas aportadas, como lo eran las hojas de vida, conducían a la
demostración del incumplimiento de los requisitos, la falta de idoneidad y la
6 En adelante CGP.
7Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C02_22 RECURSO
APELACIÓN-PARTE ACTORA.(.pdf) NroActua 4».
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incompetencia de su reemplazante para desempeñar el cargo de asesor
aeronáutico de la Aerocivil, lo que sin lugar a duda produjo que el servicio no se
optimizara en la entidad.
8.2. Se encontraba acreditado su buena prestación del servicio, mediante el
excepcional cumplimiento de deberes y obligaciones de manera oportuna, eficiente
y eficaz, así como la idoneidad y rectitud de la labor. Asimismo, su implacable hoja
de vida.
8.3. Se desconoció su trayectoria y experiencia laboral y la entidad demandada no
demostró la mejoría del servicio con el nombramiento de su sucesora, lo cual le
correspondía a esta probar.
8.4. El ordenamiento jurídico brindaba a los nominadores la posibilidad de retirar de
forma discrecional a los funcionarios que ocuparan empleos de libre
nombramiento, pero tal facultad no era absoluta, porque su ejercicio debía ser
adecuado a los fines de la norma que la autorizaba y proporcional a los hechos
que le sirvieron de causa, por lo que dicha potestad de la administración debía
tener fundamento en motivos suficientes que permitieran distinguir lo discrecional
de lo puramente arbitrario y caprichoso.
8.5. El nombramiento de su reemplazante obedeció a la urgente necesidad de suplir
el cargo con el fin de pagar favores políticos, sin haber tenido en cuenta el
mejoramiento del servicio público.
8.6. Se desconoció la obligatoriedad de realizar una anotación en la hoja de vida de
los motivos que originaron la insubsistencia, tal y como lo estableció el artículo 26
del Decreto 2400 de 1968.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. Concepto del Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
8 Así se indicó en el auto del 24 de octubre de 2023. Samai, índice 5, actuación «Auto que admite
recurso de apelación», documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx)
NroActua 5».
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2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si la declaratoria de insubsistencia de
Lorena Velásquez Grajales, quien se desempeñaba en el cargo de asesor
aeronáutico nivel 50, grado 40, del Grupo Administrativo y Financiero de la
Dirección Regional Aeronáutica Cundinamarca de la Aerocivil, desbordó la
proporcionalidad del ejercicio de la facultad discrecional que le confiere la
constitución y la ley a la administración?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Aspectos generales de la función pública. Naturaleza jurídica de los
empleos públicos
12. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12510 que, por
regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción,
los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
10 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.
Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido».
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13. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención,
el legislador expidió las leyes 27 de 199211, 443 de 199812 y 909 de 200413, y en el
artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función
pública los empleos de i) carrera; ii) libre nombramiento y remoción; iii) período; y
iv) los temporales.
14. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y
codificación de los empleos públicos14 en la función pública goza de reserva legal,
pues es del resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de
acuerdo con unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la
organización de cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad
que se adquiere en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o
atribuciones, esto es si estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así
como las competencias exigidas para su desempeño, entre otros, lo que permite
advertir que existe una diferencia sustancial entre los empleos que la conforman.
De esta manera se establece la siguiente clasificación:
15. De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del
talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública15, pues a través de este
la administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.
16. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio
de sus funciones. En efecto, históricamente16 este mecanismo respondió a la
11 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre
administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
12 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
13 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones».
14 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el
núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y
los fines del Estado».
15 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.
16 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó
la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que
presten servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la
carrera administrativa para acceder a la función pública.
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pugna que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso
a la administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una
facultad discrecional del nominador17; de manera que, para contrarrestar los
excesos burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito
en los procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad
del trabajador para realizar una labor.
17. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:
«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la
objetividad, sin discriminación alguna».
18. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la
estabilidad en el empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la
confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus
funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento interno, no
será removido de él18. Además, la administración cuenta con la seguridad de que
la función pública será prestada acorde con los principios de eficiencia y eficacia.
19. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera
está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto
es implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.
20. De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar
con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función
pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una
excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se
encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la
discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le
confiarán ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza
o implica una decisión política19, esto es que la naturaleza de las labores que
17 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
18 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
19 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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desempeñan obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda
siempre de plena confianza de sus colaboradores20. La provisión de dichos cargos
responde a la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir, sin
sujeción a ciertas formalidades para su designación.
21. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el de
los ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director
de establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar
los criterios que permitan identificar los cargos en mención, los cuales actualmente
se encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
22. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y
remoción, la Corte Constitucional21, en reiteradas oportunidades, ha señalado que
el cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i)
tener fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de
carrera; ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u
orientación institucional; y iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel
de confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a cualquier otro
servidor.
23. A propósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre
nombramiento y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas,
los cuales se pueden clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual
se ejercen labores de dirección, conducción u orientación institucional, cuyo
ejercicio implica la adopción de políticas o directrices, es decir, establece
lineamientos institucionales de acción; y b) de naturaleza administrativa,
aquellos que realizan actividades profesionales de asesoría institucional,
asistenciales o de apoyo, siempre que se encuentren adscritos al servicio directo
e inmediato de los altos funcionarios.
24. Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que «como base para determinar
cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer
término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede
contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada
para producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo
lugar, debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para
establecer excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida
al nominador no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que
por su misma naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son
20 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21 Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C- 161 de 2003, C-312 de 2003, C-
553 de 2010, C-284 de 2011, C-814 de 2014, entre otras.
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aquellos que la Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre
y cuando la función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o
implique una decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada
debe responder a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su
permanente vigilancia y evaluación»22.
25. De período. Por mandato constitucional23 o legal24 son aquellos empleos que
se proveen por un lapso previamente establecido en el ordenamiento jurídico, en
razón a su representación política o democrática o a la independencia e
imparcialidad que se predica frente al ejercicio de sus funciones, esto es que a la
administración se ingresa para ejercer la función pública por determinado tiempo,
como es el caso de los contralores, los personeros, el fiscal general de la nación,
el registrador nacional del estado civil, el procurador general de la nación, el
defensor del pueblo, el auditor general de la nación, los rectores de universidades
públicas, miembros de las Comisiones Reguladoras y magistrados de altas
corporaciones, entre otros.
26. Según el periodo para el cual se vincularon con la administración estos se
subdividen en empleos de periodo institucional y empleos de periodo personal.
27. a) Los de periodo institucional son aquellos sobre los cuales se tiene certeza
de la fecha de iniciación y la de terminación de su periodo, bien porque tales fechas
se encuentren determinadas constitucional o legalmente, o bien porque dichas
fechas sean determinables a la luz de lo previsto en disposiciones de la misma
índole25.
28. b) Los de periodo individual o personal se diferencian de los primeros, toda
vez que las fechas de iniciación y terminación no han sido definidas y tampoco son
determinables; no obstante, la fecha de finalización del empleo público se
encuentra dada por aquella en la que la persona toma posesión del empleo.
Asimismo, este tipo de cargos encuentra sustento en los principios de
22 Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
23 “Artículo 125. […] PARÁGRAFO. <Artículo 125 […] Parágrafo. Adicionado por el artículo 6º del
A.L. 01 de 2003 así: Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos
de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar
tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el
cual este fue elegido.
24 A manera de ejemplo ver los: artículos 12 de Decreto Ley 1210 de 1993; 21 de la Ley 143 de
1994; 15, 34, 44, 53,76 de la Ley 270 de 1996; 20 de la Ley 1797 de 2016, entre otros.
25 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 12 de marzo de 2012,
expediente 11001-03-06-000-2012-00022-00, M.P. William Zambrano Cetina.
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independencia e imparcialidad en donde los procedimientos establecidos para la
designación son variados26.
29. Los temporales. Como una categoría especial de empleos al que se vinculan
con la administración de forma excepcional para cumplir funciones que, por uno u
otro motivo, no realiza el personal de planta, bien porque no forma parte de las
actividades permanentes de la entidad, o también, porque por las necesidades del
servicio lo requiere, como en aquellos casos en los que por hechos excepcionales
existe sobrecarga laboral. Al respecto el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 previó:
«Artículo 21. Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les
aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de
personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a
una de las siguientes condiciones:
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos
excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza
de la institución.
2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.
3. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El ingreso a estos empleos se
efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de
carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas
listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación
de las capacidades y competencias de los candidatos.
4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El nombramiento en los empleos temporales se
efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración,
al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente.
Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no
cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los
mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto
administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las
disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su financiación.
26 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 8 de octubre de 2020,
expediente 11001-03-06-000-2020-00158-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.
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De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar
por las causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de
la Ley 909 de 2004».
30. En esas condiciones, la naturaleza jurídica de los empleos públicos está
determinada por las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo o
el grado de confianza que ha de depositarse en el servidor público 27, esto es que
guarda relación directa con el modo como se ha estructurado el empleo en la
entidad y las tareas oficiales que se le asignan28; de ahí que exista una diferencia
sustancial entre uno que se exhibe como de carrera y otro de periodo, no solo por
las razones aquí anotadas, sino por el límite en el tiempo para el ejercicio de sus
labores; esto es así, pues el primero exige continuidad y permanencia y las
causales de retiro están expresamente determinadas en la ley, es decir, se rigen
por los principios de especificidad o taxatividad, en tanto que los de periodo tienen
una fecha cierta de inicio y finalización prevista en la Constitución o la ley, o
determinable en relación con la fecha de su posesión, lo que hace que corresponda
a un elemento objetivo del empleo29 y conlleva a que este sea estable y perentorio,
es decir, que no se extiende más allá del lapso fijado para su culminación30.
2.2.2. Formas de provisión de los empleos
31. Ahora bien, el legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo
público, esto es, que las vacancias definitivas y temporales existentes en las
respectivas plantas de personal de las entidades y organismos del Estado deben
proveerse a través de las figuras definidas para el efecto.
32. i) Por nombramiento de carácter ordinario para los empleos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo disponen los artículos
23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 201531.
En todo caso, el servidor debe acreditar los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.
33. ii) En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que
ocupan empleos de carrera. En efecto, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, con
27 Corte Constitucional, sentencia C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28 Corte Constitucional, sentencia C-408 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2095 del 12 de marzo de 2012,
radicado 11001-03-06-000-2012-00022-00, C.P. William Zambrano Cetina.
30 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1860 del 6 de diciembre de 2007,
C.P. Gustavo Aponte Santos.
31 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
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las modificaciones que le introdujo el artículo 1 de la Ley 1960 de 201932, autoriza
a efectuar encargos en empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva,
mientras se surte el proceso de selección. Así las cosas, esta modalidad opera
para quienes a) se encuentren inscritos en el régimen de carrera, b) acrediten los
requisitos de ley para su ejercicio, c) posean aptitudes y habilidades propias del
cargo a acceder, d) no hayan sido sancionados en el último año de servicio; y e)
hayan obtenido una calificación sobresaliente en la última evaluación de
desempeño.
34. En relación con este último requisito, la norma señala que, de no existir
empleados de carrera con evaluación sobresaliente, debe examinarse el personal
de planta que tenga las más altas calificaciones descendiendo del nivel
sobresaliente al satisfactorio; en todo caso, el empleado deberá reunir las
condiciones y requisitos previstos en la ley.
35. De esta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se constituye
en una medida o mecanismo para garantizar la protección de los derechos del
personal de carrera33.
36. iii) La provisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede
cuando no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de
personal de las entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores
de carrera administrativa»34.
37. Al efecto, el Decreto 1227 de 2005 dispuso que mientras se elabore la lista de
elegibles para el cargo vacante, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede
autorizar el nombramiento en provisionalidad. Esto señala la norma:
«Artículo 8. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de
los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.
El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, salvo
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el concurso no se
32 «Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras
disposiciones».
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021,
radicado 11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021,
radicado 11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
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hubiere culminado en el término previsto en el presente decreto, caso en el cual este
se extenderá hasta que se produzca el nombramiento en período de prueba.35
Parágrafo transitorio. [Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado
por el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de
2007] La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos y nombramiento
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de
reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el
encargo o el nombramiento provisional no podrán superar los seis (6) meses, término
dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional
procederá de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los
requisitos para ser encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser
utilizada.
Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores
públicos de carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las
originaron.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.
El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del
cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido
en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador».
38. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se
surte el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya
naturaleza es de carrera administrativa.
39. Esta forma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el
ordenamiento jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley
2400 de 1968, el Decreto reglamentario 1950 de 197336, las leyes 61 de 1987, 27
de 1992, 443 de 1998, 909 de 2004, en las cuales se previó que ante la
imposibilidad de proveer el cargo de carrera administrativa a través del sistema del
mérito, se garantizaría la continuidad en la prestación del servicio público con
personal vinculado en provisionalidad hasta cuando se pueda realizar tal provisión
con uno de carrera, pues no puede existir solución de continuidad en el
servicio por falta de personal.
35 El texto tachado fue declarado NULO mediante sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-
2005-00215-01(9336-05), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
36 «Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre
administración del personal civil».
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40. iv) Por nombramiento en período de prueba, la entidad nominadora, con sumo
respeto del orden de elegibilidad, y en consideración a las normas que informan la
carrera, designa de la lista de elegibles a las personas que superaron las etapas
del respectivo concurso de méritos, con el fin de que aquella pueda «evaluar los
méritos en relación con las condiciones de ingreso a la carrera judicial y con el desempeño
de las funciones»37 del empleado en su capacidad de adaptación, sus
competencias, habilidades y aptitudes para el ejercicio de la función pública. Una
vez finalizado dicho lapso, el servidor será inscrito en el registro público de carrera
o en caso contrario se declarará insubsistente su nombramiento.
41. v) Por nombramiento en propiedad se vincula con la administración a aquellas
personas que, además de cumplir con los requisitos generales y especiales para
desempeñar el cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que
siendo de libre nombramiento y remoción lo «desempeñe en propiedad»38.
2.2.3. Sobre la naturaleza del cargo de asesor aeronáutico de la Aerocivil
42. El artículo 5 de la Ley 909 de 2004 clasificó los empleos, entre ellos los de la
Aerocivil, así:
«Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados
por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la
ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las
comunidades indígenas conforme con su legislación.
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la
adopción de políticas o directrices así:
En la Administración Central del Nivel Nacional:
Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación;
Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente Delegado e
Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario
General y Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de Academia
Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial; Director Administrativo,
Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector
Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director
37 Corte Constitucional, sentencias C-295 de 2002 y T-488 de 2004.
38 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2002,
expediente 1477. M.P. Susana Montes de Echeverri.
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de Gestión; Jefes de Control Interno y de Control Interno Disciplinario o quien haga sus
veces; Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o
de Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de
Puerto.
En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, además, los siguientes:
Agregado para Asuntos Aéreos; Administrador de Aeropuerto; Gerente Aeroportuario;
Director Aeronáutico Regional; Director Aeronáutico de Área y Jefe de Oficina
Aeronáutica. En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:
Presidente, Director o Gerente General o Nacional; Vicepresidente, Subdirector o
Subgerente General o Nacional; Director y Subdirector de Unidad Administrativa
Especial; Superintendente; Superintendente Delegado; Intendente; Director de
Superintendencia; Secretario General; Directores Técnicos, Subdirector Administrativo,
Financiero, Administrativo y Financiero; Director o Gerente Territorial, Regional,
Seccional o Local; Director de Unidad Hospitalaria; Jefes de Oficinas, Jefes de Oficinas
Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o Comunicaciones; Jefes de Control
Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; asesores que se
encuentren adscritos a los despachos del Superintendente Bancario y de los
Superintendentes Delegados y Jefes de División de la Superintendencia Bancaria de
Colombia. […]».
43. Posteriormente, el presidente de la República, en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confirió el numeral 4 del artículo 53 de la Ley 909 de 2004,
a través del artículo 13 de la Ley 790 de 200539 clasificó los empleos públicos de
la Aerocivil de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 13. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos públicos de la
planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil,
son de carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción, que
correspondan a uno de los siguientes criterios:
1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los de dirección, conducción y orientación
institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices, los cuales son:
Director General, Subdirector General, Secretario General, Secretario de Sistemas
Operacionales, Secretario de Seguridad Aérea, Jefe de Oficina Aeronáutica, Director
Aeronáutico de Área, Agregado para Asuntos Aéreos, Administrador de Aeropuerto,
Gerente Aeroportuario, Director Regional Aeronáutico, Asesor Aeronáutico e
Inspector de Seguridad Aérea.
[…]» (se resalta)40.
39 «Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa en la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil».
40 Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-270-
15 del 25 de noviembre de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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44. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el empleo de asesor aeronáutico de
la Aerocivil se encontraba catalogado por la ley como de aquellos denominados de
libre nombramiento y remoción.
2.2.4. En torno a la estabilidad laboral de los empleados de libre
nombramiento y remoción
45. La estabilidad laboral es aquella garantía de orden constitucional y legal por la
cual se logra la integración social de los empleados, se cumple con las exigencias
emanadas del principio de solidaridad social y la cláusula del estado social de
derecho, se protege a aquellos empleados susceptibles de ser discriminados en la
relación laboral y que se concreta en la seguridad de permanecer en el empleo, a
menos que exista una «justificación o [esté] relacionada con su condición»41.
46. Dicha regla fue incorporada en nuestro ordenamiento colombiano antes de la
expedición de la Constitución de 1991 y acorde con los focos de protección al
trabajador desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo42, entre los
que se encuentran los Convenios 158 de 198243, 159 de 198344 y la
Recomendación 166 de 198245, entre otros, según los cuales la terminación de la
relación laboral no debe obedecer a prácticas clientelistas, ni ser producto de la
arbitrariedad del empleador.
47. Posteriormente, este principio encontró sustento normativo en los artículos 1,
13, 25 y 53 de la Constitución Política, que resaltan la obligación constitucional del
Estado de adoptar medidas protectoras a favor de los empleados y especialmente
de aquellos grupos en condiciones de debilidad o vulnerabilidad.
48. Sin embargo, esta garantía constitucional no es absoluta y no se predica
respecto de aquellos empleos de libre nombramiento y remoción, pues frente a
estos se constituye una excepción que se sustenta en la naturaleza de las
funciones, pues, como se explicó en líneas anteriores, exigen plena confianza o
implican una decisión política. De otra parte, con el propósito de que esta facultad
discrecional que ostenta el nominador para la provisión y desvinculación de estos
cargos no se convierta en la regla general, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que para que un empleo público sea de libre nombramiento y
41 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-141 del 28 de marzo de 2016. M.P. Alejandro
Linares Cantillo; sentencia T-434 del 1° de octubre de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera; sentencia
SU-087 del 9 de marzo de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
42 En adelante OIT.
43 Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo.
44 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas invalidad).
45 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo.
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remoción debe: i) tener fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a
la excepción de carrera; ii) las funciones a ejercer deberán ser de dirección,
manejo, conducción u orientación institucional; y iii) las funciones asignadas
deberán tener un alto nivel de confianza, el cual deberá ser superior al que se le
puede exigir a cualquier otro servidor.
49. Al respecto esta Corporación ha señalado que «[l]a declaratoria de insubsistencia
de un empleado de libre nombramiento y remoción, como el demandante, es procedente
de forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones, y goza de presunción de legalidad
tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado46».
50. Asimismo, la Corte Constitucional, al estudiar la estabilidad laboral de quienes
ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, explicó que, por regla general,
estos servidores no ostentan estabilidad laboral47:
«Según el primer criterio, son de libre nombramiento y remoción los empleos “de
dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción
de políticas o directrices” (literal a) o, como los denomina el literal siguiente, “los altos
funcionarios del Estado”. Esta categoría de servidores públicos, en los términos del
artículo 5.2.a de la Ley 909 de 2004, integra a los empleos públicos de más alto nivel
jerárquico al interior de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de los Órganos de
Control, en la administración central y descentralizada del nivel nacional, en la
administración central y órganos de control del nivel territorial, y en la administración
descentralizada del nivel territorial. Dada esta condición, les corresponde la dirección,
conducción y orientación de las entidades estatales de las que hacen parte. En atención
a su alta calidad y elevadas responsabilidades, se trata de los empleos públicos que
exigen el máximo grado de confianza por parte de sus nominadores y, por tanto, de
discrecionalidad en cuanto a su nombramiento y remoción».
51. Ahora bien, en relación con el retiro de estos empleados el artículo 107 del
Decreto 1950 de 1973 [al que se hizo alusión en líneas anteriores] dispuso que
«[e]n cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o
provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el
gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados». Asimismo, el artículo 41
de la Ley 909 de 2003, dispuso:
«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 1º de noviembre de 2007, Expediente No. 250002325000199902672 01 (4249-2004).
47 Corte Constitucional, sentencia SU-003 de 2018.
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b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de
carrera administrativa;
c) [Literal INEXEQUIBLE]
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) [Literal condicionalmente exequible] Retiro por haber obtenido la pensión de
jubilación o vejez;
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) [Literal condicionalmente exequible] Por declaratoria de vacancia del empleo en el
caso de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño
del empleo, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley 190 de 1995, y las normas que
lo adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
PARÁGRAFO 1o. [Parágrafo INEXEQUIBLE]
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera
de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y
deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».
52. De la norma en cita se advierte que el legislador diferenció el retiro del servicio
con ocasión de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento cuando se trata
de empleados de libre nombramiento y remoción [literal a], por cuanto estableció
como excepción que esta facultad se efectuara a través de un acto no motivado.
Sin embargo, su ejercicio, aunque es discrecional, debe adecuarse a «los fines de
la norma, del Estado y de la función administrativa, y ser proporcional a los hechos que le
sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de
manera suficiente, concreta, cierta y concurrente al acto que origina el despido, sin acudir
a razones genéricas o abstractas que no expongan con claridad los hechos48».
53. Esta Corporación ha justificado la regla de la motivación del acto de
insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción en el entendido
de que la discrecionalidad para retirar a esta clase de funcionarios bien puede
producirse por el nombramiento de otro empleado de confianza que reclama este
tipo de cargos. En efecto, en sentencia del 8 de marzo de 201849 se indicó:
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de febrero de 2021,
radicado 68001-23-33-000-2017-00193-01.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Consejero ponente: William Hernández Gómez. Radicación número: 63001-23-000-2010-00192-01
(2743-16).
21
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-2023)
Demandante: Lorena Velásquez Grajales
«Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, la regla general en
el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de
la carrera según el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay
eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a
sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el
grado de confianza que se exige para ello.
En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa
para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por
méritos, ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de
conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el
más alto grado de confianza.
Por ende, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan
que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por
méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos
es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección
u orientación institucional.
Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza
que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador
disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los
motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser
ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y
razonabilidad, en tal sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha
facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los
fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos
que le sirven de causa».
54. Conforme a lo anterior, es claro que los actos administrativos que declaran la
insubsistencia de un cargo de libre nombramiento y remoción no requieren de
motivación; no obstante, el ejercicio de dicha facultad exige unos límites que deben
ser acatados por el nominador.
2.3. Caso en concreto
55. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
55.1. Según la Resolución 00605 del 17 de marzo de 201550, por medio de la cual
se adoptó el manual de funciones y competencias laborales de la Aerocivil, el cargo
de asesor aeronáutico nivel 50, grado 40, de la planta de personal de la entidad
requería para su ocupación lo siguiente:
50Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folio 124.
22
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-2023)
Demandante: Lorena Velásquez Grajales
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en: Derecho y afines o
Administración o Arquitectura o Economía o Contaduría
Pública o Ingeniería Administrativa y afines o Ingeniería
Industrial y afines o Ingeniería Civil y afines o Ingeniería Cincuenta y un (51) meses de
Electrónica, Telecomunicaciones y afines o Ingeniería de experiencia profesional
Sistemas, Telemática y afines o Ingeniería Mecánica y
afines y Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas afines con las funciones del
cargo.
55.2. A través de la Resolución 00419 del 22 de febrero de 201651, el director general
de la Aerocivil nombró a la demandante en el cargo de asesor aeronáutico nivel
50, grado 40, en la Dirección de Talento Humano, del cual tomó posesión por
medio del acta 00148 del 1 de marzo de 201652.
55.3. Por la Resolución 00513 del 1 de marzo de 2016 53, fue designada como
coordinadora del Grupo de Talento Humano de la entidad, el cual asumió según el
«acta de posesión de designación» 00155 del 1 de marzo de 201654.
55.4. Mediante la Resolución 02250 del 2 de agosto de 201655, la directora de
Talento Humano de la Aerocivil dio por terminada la designación efectuada en la
Resolución 00513 de 1 de marzo de 2016 como coordinadora del Grupo de Talento
Humano de la entidad.
55.5. Posteriormente, se expidió la Resolución 03463 del 22 de noviembre de
201656, a través de la cual el director de Talento Humano de la entidad la ubicó en
el Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Aeronáutica Regional
Cundinamarca.
55.6. A través de la Resolución 00518 del 28 de febrero de 201757, suscrita por el
51 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folio 21.
52 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folio 31.
53 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folios 37 y 29.
54 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folio 33.
55 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folios 208 y 210.
56 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folios 41 y 43.
57 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folios 45 y 46.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-2023)
Demandante: Lorena Velásquez Grajales
director general de la entidad, fue declarado insubsistente, a partir del 1 de marzo
de 2017, su nombramiento de libre y remoción en el cargo de asesor aeronáutico
nivel 50, grado 40, al considerar lo siguiente:
«Que el numeral 14 del artículo 9 del Decreto 260 de 2004 “(p)or el cual se modifica y
la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil y se
dictan otras disposiciones”.
“Artículo 9. Numeral 14. Dirigir la marcha organizacional de la institución, conformar
las áreas de gestión, grupos de trabajo y asignar el personal teniendo en cuenta la
estructura y necesidades del servicio.
Que mediante Resolución No. 00419 del 22 de febrero de 2016 fue nombrada la doctora
LORENA VELASQUEZ GRAJALES, identificada con cédula de ciudadanía No.
52.377.125 en el cargo de Asesor Aeronáutico Nivel 50 Grado 40, con ubicación en la
Dirección de Talento Humano de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, tomando posesión del mismo mediante acta No. 00148 del 2 de marzo de 2016,
cargo de libre nombramiento y remoción.
Que frente a los empleos de libre y nombramiento y remoción la Honorable Corte
Constitucional en Sentencia C-704 de 2000 MP Vladimiro Naranjo Mesa dejo sentado
“En relación con la garantía de estabilidad laboral que también cobija a quienes ocupan
cargos de libre nombramiento y remoción la Corte con fundamento en la Constitución
ha decantado jurisprudencia que indica que la posibilidad de desvincular libremente en
cualquier momento a esta clase de servidores no contraría la Carta, pues su estabilidad
es precaria en atención de las labores que cumplen, ya que se requieren siempre de la
plena confianza del nominador.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar a partir del 1 de marzo de 2017, insubsistente el
nombramiento de libre y remoción a la doctora LORENA VELASQUEZ GRAJALES,
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.377.125, en cargo de Asesor Aeronáutico
Nivel 50 Grado 40, del Grupo Administrativo y Financiero de la Dirección Regional
Aeronáutica Cundinamarca de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
(…)» (sic).
55.7. Por la Resolución 00556 del 6 de marzo de 2017 58, expedida por el director
general de la Aerocivil, se nombró a Elizabeth Gómez Duque en el empleo de
asesor aeronáutico nivel 50, grado 40, de la Dirección Regional Aeronáutica
Cundinamarca.
58Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folio 318.
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Demandante: Lorena Velásquez Grajales
55.8. De conformidad con el formato de hoja de vida, junto con sus soportes59, la
demandante era abogada, contaba con especializaciones en Derecho
Administrativo y Contratación Estatal, se encontraba cursando una maestría en
Derecho Línea Administrativa y tenía una experiencia laboral y profesional de 14
años y 6 meses en diferentes entidades.
55.9. Quien la reemplazó en ese cargo, según el formato único de hoja de vida, era
abogada, tenía una especialización en Derecho Administrativo y contaba con 14
años y 4 meses de experiencia laboral y profesional en entidades como la
Gobernación de Cundinamarca, la Asamblea de Cundinamarca, la Registraduría
Nacional del Estado Civil de Colombia y la Alcaldía del municipio de Pacho60.
55.10. Copia de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales expedidos por
la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la
Policía Nacional, los cuales dan cuenta de que la demandante no registraba
sanciones disciplinarias, fiscales o judiciales61.
55.11. Informe de Función pública sobre la competencia de la actora en el nivel
asesor, cuyo resultado fue del 85%62.
56. En la audiencia de pruebas celebrada el 27 de octubre de 202163, se recibió el
testimonio de Edna Patricia Ortega Cordero, solicitado por la demandante, del cual
se extrae lo siguiente:
56.1. Edna Patricia Ortega Cordero es administradora pública y se encontraba
vinculada laboralmente en el Ministerio de Educación Nacional.
56.2. Fue directora de Talento Humano en la Aerocivil entre el 17 de febrero de 2015
y el 31 de agosto de 2016. Laboró y fue jefe de la demandante desde que esta
última ingresó, esto es en marzo de 2016.
56.3. Lademandante fue vinculada en la Dirección de Talento Humano de la
Aerocivil como asesor aeronáutico nivel 50, grado 40, para organizar el
59 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folios 48 a 80.
60 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folios 295 a 298.
61 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folios 176, 178 y 180.
62 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA-
PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4», folio 289.
63 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C02_CD5 FOLIO 377-
AUDIENCIA DE PRUEBAS(.zip) NroActua 4».
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procedimiento y parte de la planeación de la convocatoria pública de méritos para
el ingreso de servidores a la entidad. Ella era la coordinadora del Grupo de Carrera
Administrativa y asesoraba a la dirección en los temas de administración de talento
humano.
56.4. La actora contaba con experticia y conocimiento en las labores que realizaba
en la Aerocivil, pues ya había sido jefe de talento humano en otra entidad con un
sistema de carrera muy similar al de la entidad.
56.5. No tuvo conocimiento de algún llamado de atención que se le hubiera realizado
a la demandante; por el contrario, su desempeño fue oportuno, célere y con
rigurosidad jurídica y técnica.
56.6. El acto administrativo a través del cual se declaraba insubsistente un cargo de
libre nombramiento y remoción no tenía que estar motivado; no obstante, cuando
había reemplazos de estos en la entidad se debía revisar que la persona que
ingresaba tuviera mejores capacidades, experiencia y en formación académica,
toda vez que este tipo de decisiones obedecían a un mejoramiento en la prestación
del servicio.
56.7. Cuando no había reemplazo para cubrir la vacante por la insubsistencia
declarada, la norma permitía nombrar en encargo a un empleado de la entidad
mientras se encontraba a la persona idónea para ocupar el cargo.
56.8. Latestigo, después de su retiro de la entidad, conoció por medios de
comunicación que en la Aerocivil se estaban haciendo vinculaciones o
nombramientos en atención a favores políticos; sin embargo, no le constaba alguna
situación en particular.
57. En la audiencia de pruebas celebrada el 27 de octubre de 2021 64, se realizó el
interrogatorio a la demandante, del cual se extrae lo siguiente:
57.1. Era
Abogada y en ese momento se desempeñaba como contratista
independiente.
57.2. Ingresó a la Aerocivil el 1 de marzo de 2016 y laboró hasta cuando fue
declarado insubsistente su nombramiento a partir del 1 de marzo de 2017. Durante
de su vinculación disfrutó de una licencia de maternidad.
64 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C02_CD5 FOLIO 377-
AUDIENCIA DE PRUEBAS(.zip) NroActua 4».
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57.3. Su insubsistencia obedeció al pago de favores políticos por parte del director
general de la entidad, tal y como se lo manifestó el jefe de Talento Humano.
57.4. El perfil de la persona que la reemplazó era netamente político, pues su
desempeño laboral había sido como alcaldesa de municipios del departamento de
Cundinamarca y diputada de la Asamblea de este departamento. Aunado a ello,
contaba con mucho menos experiencia laboral, conocimientos y estudios que ella.
57.5. En la Aerocivil existió un proceso de selección para la elección de quien ocupó
su cargo.
57.6. No conoció personalmente a su sucesora y no estaba acreditado que con el
nombramiento de esta se haya mejorado el servicio en la entidad.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
58. En el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, negó las pretensiones de la demanda al considerar que
se demostró que el reemplazo de la accionante fue designado en cumplimiento de
los requisitos mínimos exigidos por la ley para el ejercicio del cargo y no se logró
probar que la decisión adoptada por la demandada obedeciera a factores que
desbordaran la facultad discrecional propia de un cargo de libre nombramiento y
remoción, por lo que su aplicación fue ejercida en debida forma.
59. En el recurso de apelación, la demandante solicitó que se revocara la decisión
adoptada en primera instancia, toda vez que la persona que la reemplazó no
cumplió con los requisitos para desempeñar el cargo de asesor aeronáutico de la
Aerocivil, lo que sin lugar a duda produjo que el servicio no se optimizara en la
entidad.
60. Valga recordar que la demandante fue nombrada en la Aerocivil como asesor
aeronáutico nivel 50, grado 40, entre el 1 de marzo de 2016 y el 1 de marzo de
2017, empleo que se encontraba catalogado por la ley como de aquellos
denominados de libre nombramiento y remoción y que según el manual de
funciones de la entidad sus requisitos de estudio y de experiencia son los
siguientes:
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en: Derecho y afines o
Administración o Arquitectura o Economía o Contaduría
Pública o Ingeniería Administrativa y afines o Ingeniería
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Demandante: Lorena Velásquez Grajales
Industrial y afines o Ingeniería Civil y afines o Ingeniería Cincuenta y un (51) meses de
Electrónica, Telecomunicaciones y afines o Ingeniería de experiencia profesional
Sistemas, Telemática y afines o Ingeniería Mecánica y
afines y Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas afines con las funciones del
cargo.
61. Así entonces, para ocupar en la Aerocivil el cargo de asesor aeronáutico nivel
50, grado 40, se requiere de estudios en derecho y afines y posgrado, así como
contar con una experiencia profesional de 51 meses, lo que equivale a 4 años y 2
meses aproximadamente. Al respecto, la Sala observa que quien la reemplazó en
ese empleo era abogada especialista en Derecho Administrativo y contaba con una
experiencia profesional de 14 años y 4 meses, es decir alrededor de 747 semanas.
62. En este orden de ideas, la Sala concluye que la persona que la reemplazó sí
cumplía con los requisitos de estudio y experiencia exigidos para ser nombrada
como asesor aeronáutico nivel 50, grado 40, de la Aerocivil. En ese sentido, no
encuentra la Sala razones que indiquen que quien asumió tales funciones no
contara con el perfil laboral para su ejercicio.
63. De otra parte, la demandante insistió en que la facultad discrecional se ejerció
de manera arbitraria y no por razones del buen servicio.
64. Al respecto, valga señalar que mediante Resolución 00518 del 28 de febrero de
2017 el director general de la entidad declaró insubsistente su nombramiento en el
cargo de asesor aeronáutico nivel 50, grado 40, a partir del 1 de marzo de 2017.
Se advierte que este acto administrativo no contiene motivación respecto de los
supuestos de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar esa determinación, pues
solo se plasmó que era en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 260
de 200465. En este sentido, al ser un cargo de libre nombramiento y remoción
conllevaba a que el acto de insubsistencia no debiera contener una motivación
expresa pero, no obstante, se presume que fue para mejorar el servicio y atender
el interés general propio de la función pública.
65. Para desvirtuar esa presunción, es a la parte demandante a la que le
corresponde allegar todos los elementos probatorios para acreditar que la medida
adoptada no tuvo las finalidades anotadas. En este sentido, es indispensable que
con pruebas así lo demuestre, en atención de la carga procesal señalada en el
artículo 167 del CGP, según el cual «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
65 «Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
AEROCIVIL y se dictan otras disposiciones».
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-2023)
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66. De conformidad con el material probatorio, no se puede concluir que con el retiro
de la demandante ocurrió una desmejora del servicio, en tanto no obra siquiera
prueba sobre las condiciones de la empleada nombrada en su reemplazo, ni la
actividad de esta en el cargo para analizar si pudo ocurrir una afectación en el
servicio.
67. Así las cosas, en consideración a la deficiencia probatoria, no es posible definir
una afectación o desmejora del servicio con ocasión del acto de insubsistencia
demandado.
68. Corolario, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la demandante
no se produce por ningún reproche o sanción por su desempeño pues, para la
provisión de su empleo, catalogado como de libre nombramiento y remoción,
según la normativa estudiada, se le ha otorgado al nominador la facultad
discrecional para conformar su equipo de trabajo de confianza. Aunado a ello, en
la Aerocivil existió un proceso de selección para la elección de quien ocupó su
cargo, tal y como lo manifestó la demandante en su declaración.
69. Entre otras cosas, porque el buen desempeño de la demandante en el empleo
no enerva la facultad discrecional del nominador para declarar la insubsistencia y
porque posterior a su retiro no se probó ninguna circunstancia negativa que
hubiese afectado el servicio público.
70. Valga indicar, que para que se configure la causal de desviación del poder es
necesario que la administración, dentro de la atribución que le fue concedida,
ejerza una actuación que no busque obtener el fin que la ley persigue, sino otro
distinto, que sea abiertamente contrario al mejoramiento del servicio y que resulte
indiscutiblemente arbitrario e ilegítimo. Sin embargo, tales circunstancias no fueron
probadas en el plenario, pues la parte actora no aportó pruebas suficientes e
indiscutibles que demostraran la forma en que se desmejoró el servicio con la
declaratoria de insubsistencia lo cual no es suficiente para desvirtuar el ejercicio
de la facultad discrecional acusada.
71. En el presente caso, a pesar de que no se acreditó la anotación en la hoja de
vida de la demandante de los hechos que generaron la declaratoria de
insubsistencia de su nombramiento en el cargo de asesor aeronáutico nivel 50,
grado 40, tal como lo ha señalado esta Corporación66, esta omisión no afecta la
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 2 de marzo de 2017. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Radicación
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Demandante: Lorena Velásquez Grajales
validez del acto administrativo demandado por tratarse de un acto posterior que no
hace parte del mismo.
72. Ahora, la apelante consideró que con la decisión de declarar insubsistente su
nombramiento, se desconoció su trayectoria profesional, así como los criterios de
racionalidad y proporcionalidad; sin embargo, esto tampoco desvirtúa la
presunción de legalidad del acto demandado, puesto que, como lo ha dicho la
jurisprudencia de esta Corporación67, esta situación no le otorga estabilidad en el
cargo sino que se trata de un presupuesto natural de quien accede a la función
pública, esto es cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad las funciones que
le sean asignadas.
73. Finalmente, respecto de los móviles políticos, se tiene que, según lo afirmó la
demandante, su cambio ocurrió por «favores políticos», lo cierto es que, las
pruebas aportadas al proceso no dan cuenta de hechos verificables o de los cuales,
hayan tenido relación directa y comprobable, sino a información periodística.
74. Así las cosas, en criterio de la Sala, no se demostró que el motivo para declarar
la insubsistencia del nombramiento de la actora se dirigió a satisfacer un interés
político, o que con esa decisión se desmejorara la prestación del servicio.
2.4. Costas
75. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
número: 25000-23-42-000-2013-01135-01(3686-14), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda Subsección B, sentencia de 10 de diciembre de 2015, Consejera
Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno 1412-2014, ii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, sentencia de 29 de noviembre de
2012, Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, número interno 1781-2012, iii) Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
2 de febrero de 2012, Consejero Ponente Gustavo Gómez Aranguren, número interno: 1592-2010,
iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B,
sentencia 11 de septiembre de 2003 Consejero Ponente Alejandro Ordóñez Maldonado, número
interno 4714-2001.
67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de febrero de 2023,
radicación 2019-01708-01 (2994-2022). MP Carmelo Perdomo Cuéter.
30
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-2023)
Demandante: Lorena Velásquez Grajales
76. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
77. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma68.
78. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
79. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
4. Conclusión
80. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no se acreditó la
desviación de poder con la expedición de la Resolución 00518 del 28 de febrero
de 2017, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de Lorena
Velásquez Grajales en el cargo de asesor aeronáutico nivel 50, grado 40. En
consecuencia, los actos administrativos se encuentran ajustados al ordenamiento
jurídico.
81. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 31 de enero de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, que denegó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
68 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Lorena Velásquez Grajales
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de enero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Lorena Velásquez Grajales contra la
Aerocivil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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