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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00715-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00715-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Diana Liz Parrado Gutiérrez en contra de la Circular DEAJC17-59 del 26 de julio de 2017, expedido por el director (e) de la DEAJ, a través de la cual se unificaron los criterios sobre el procedimiento para el reconocimiento y liquidación de las cesantías anualizadas de los servidores de la Rama Judicial. Aclarar que la expresión «[…] Intereses de las cesantías: Entratándose de cesantías anualizadas de servidores judiciales afiliados a fondos privados de cesantías, se liquida el 12% de intereses a las mismas […]» es legal bajo el entendido de que su interpretación se debe efectuar en los términos del artículo 99.2 de la Ley 50 de 1990. Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. YSB Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00715-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicado: 11001-03-25-000-2017-00715-00 (3670-2017)
Demandante: Diana Liz Parrado Gutiérrez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Legalidad de Circular DEAJC17-59

Sentencia de única instancia

ASUNTO

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1. Diana Liz Parrado Gutiérrez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara
la nulidad de la Circular DEAJC17-59 del 26 de julio de 2017, expedida por el
director (e) de la DEAJ, a través de la cual se unificaron los criterios sobre el
procedimiento para el reconocimiento y liquidación de las cesantías anualizadas
de los servidores de la Rama Judicial.

2. El texto del acto demandado es el siguiente:

«CIRCULAR DEAJC17-59

Fecha: miércoles, 26 de Julio de 2017

1 En lo que sigue DEAJ.
2 Índice 27, Samai. Folios 9 a 17 expediente [Folios 17 a 33 del archivo PDF «ED_C1_01 OTROS

• CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 27»].
3 En adelante CPACA.

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2

Radicado: 11001 03 25 000 2017 00715 00 (3670-2017)
Demandante: Diana Liz Parrado Gutiérrez

Para: DIRECTORES (AS) SECCIONALES DE ADMINISTRACION JUDICIAL,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIVISION DE ASUNTOS LABORALES, JEFE
SECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, EMPLEADOS ADSCRITOS A LA
SECCION DE PRESTACIONES SOCIALES Y GRUPO DE NÓMINA DE LA DEAJ

De: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (E)

Asunto: "Procedimiento para liquidación de cesantías anualizadas."

Con el fin de aplicar estrategias para alcanzar los objetivos institucionales de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y optimizar el recurso humano al servicio de la Rama
Judicial como herramienta eficaz en la mejora continua de la prestación del servicio; en
procura de mejorar el contexto laboral y prestacional de los servidores Judiciales, se
requiere unificar criterios en torno al procedimiento de reconocimiento de las cesantías
anualizadas, bajo los siguientes lineamientos:

El Auxilio de las Cesantías encuentra sustento legal en la siguiente normatividad:

• Ley 6° de 1945, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de
trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del
trabajo (artículo 17).
• Ley 65 de 1946, por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía jubilación y
se dictan otras. (Artículos 1 y 2).
• Decreto 1160 de marzo 29 de 1947. "Sobre auxilio de cesantía"
• Decreto 1045 de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las
normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales
del sector nacional. (Artículos. 40, 42, 45 у concordantes).
• Decreto 3118 de 1968, que regula el régimen anualizado de las cesantías.
• Ley 244 de 1995, por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de
cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones (Adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006).

Para la Rama Judicial, el Gobierno Nacional, en uso de las atribuciones legales y en
especial las conferidas por el artículo 14 de la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, expidió el
Decreto 57 del 7 de enero de 1993, "por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial
prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar
y se dictan otras disposiciones" donde se dispuso que las cesantías de los servidores
Judiciales que se acogieran a este Régimen salarial se regirían por la normatividad
consagrada en el Decreto 3118 de 1968 "(...) y las normas que lo modifiquen, adicionen
o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo
7º de la Ley 33 de 1985.".

Es de señalar que con la expedición del Decreto 3118 de 1968, fue modificado el sistema
de liquidación de las cesantías, es decir, que las mismas pasaron de tener carácter
retroactivo a ser liquidadas anualmente con corte a 31 de diciembre de cada año,
teniendo en cuenta para ello, los factores salariales devengados por el trabajador
durante cada vigencia, normatividad con la cual se dio origen a las cesantías
anualizadas.

No sobra reiterar que el aludido Decreto, es el aplicable a la Rama Judicial por expresa
disposición del Decreto 57 de 1993.

Ahora bien, para la liquidación de las cesantías anualizadas, debe tenerse en cuenta lo
consagrado en el artículo 29 del Decreto 3118 de 1968, así como los factores salariales
señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 que a continuación se transcriben:

Factores salariales:
Sueldo básico
Incremento de antigüedad,
Ascensional, y Capacitación
Gastos de representación
Auxilio de alimentación y de transporte
Auxilio especial de transporte
1/12 Bonificación por servicios

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3

Radicado: 11001 03 25 000 2017 00715 00 (3670-2017)
Demandante: Diana Liz Parrado Gutiérrez

1/12 Prima de servicio
1/12 Prima de productividad
1/12 Prima de vacaciones
1/12 Prima de Navidad

En el evento que el servidor judicial hubiere desempeñado varios cargos en los tres
últimos meses de cada año, es decir, que le hayan sido generados cambios en la
asignación básica dentro de ese término de tiempo, en aplicación de la normatividad,
para determinar la base de liquidación de las cesantías anualizadas, será necesario
promediar lo percibido por concepto de sueldo básico durante los doce meses del año o
la fracción correspondiente de la respectiva anualidad, de no haber laborado el año
completo, al tenor de lo estipulado en los Decretos 1160 de 1947 Art. 6 y 1726 de 1973
Art. 2.

Respecto de las doceavas partes de las primas y prestaciones sociales que forman parte
de los factores de salario, que a su vez sirven de base para el cálculo de las cesantías
que nos ocupan, se toma una doceava parte del valor que haya sido reconocido en cada
una de ellas, en la respectiva vigencia.

En el mismo sentido, cuando se liquidan cesantías anualizadas a 30 de diciembre de
cada año, para servidores judiciales que se encuentran vinculados a un despacho que
pertenezca al Régimen de vacaciones individuales, si en la respectiva vigencia no hay
pago de prima de vacaciones y el empleado o funcionario tiene causado el periodo, el
aplicativo de Talento Humano calcula el valor de la doceava con el salario asignado al
cargo que desempeñe a 30 de diciembre.

En síntesis, la fórmula para liquidar las Cesantías es la siguiente:

(Asignación básica + incremento de antigüedad + Gastos de Representación +
Incremento 2.5 + Auxilio de Transporte + Subsidio de Alimentación + una doceava de la
Bonificación por servicios prestados + una doceava de la prima de servicios + una
doceava de la prima de vacaciones + una doceava de la prima de productividad + una
doceava de la prima de navidad.) /360* coeficiente.

Señala en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado que, en relación con la "no
solución de continuidad", por regla general dicha figura debería encontrarse
contemplada expresamente en las normas que regulan cada materia. Para efecto de las
cesantías esta figura no está consagrada. Significa lo anterior que, cuando se presenta
la terminación de una relación laboral y posterior vinculación en otra entidad, no se puede
acumular el tiempo anterior para su liquidación. Sin embargo, también esa Corporación
en pronunciamientos recientes ha extendido el beneficio de la no solución de continuidad
para prestaciones frente a las que no está regulada expresamente.

No obstante, conforme a lo preceptuado en el artículo 4° de la Ley 1285 del 2009,
modificatoria del artículo 11 de la Ley 270 de 1996 donde dispone que la Rama Judicial
está conformada por los órganos que integran las diferentes jurisdicciones, de lo que se
infiere que en materia salarial y prestacional se tiene a ésta, como único empleador, por
lo cual, cuando un servidor judicial que se desvincule de un cargo en un despacho judicial
y se vincule en otro cargo en el mismo despacho o en otro que haga parte de la Rama
Judicial, sin que medie más de quince días hábiles entre cada vinculación laboral, para
efectos de la liquidación de las cesantías, se podrá acumular el periodo trabajado en
respectiva vigencia.

Intereses de las Cesantías:

Entratándose de cesantías anualizadas de servidores judiciales afiliados a Fondos
Privados de Cesantías, se liquida el 12% de intereses a las mismas.
De conformidad con el artículo 27 de Decreto 1453 de 1998, para los servidores
judiciales afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, está establecido que dicho Fondo es la
Entidad responsable de reconocer y abonar en la cuenta de cesantía de cada afiliado,
anualmente, los intereses sus rendimientos, pues por expresa disposición legal, el
empleador consigna en forma mensual las doceavas partes de las cesantías.

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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00715 00 (3670-2017)
Demandante: Diana Liz Parrado Gutiérrez

La presente Circular rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la circular No.
DEAJC16-90 del 31 de octubre de 2016 […]» [sic].

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. La DEAJ ha sido la encargada de la liquidación de las cesantías anualizadas
de los servidores de la Rama Judicial.

3.2. La demandante advirtió a sus superiores en la DEAJ, cuando se
desempeñaba como profesional universitario en el área de Prestaciones
Sociales, inconsistencias en la parametrización del sistema de nómina Kactus
utilizado para la liquidación de las cesantías del año 2015.

3.3. Al respecto, informó que en la entidad se interpretaba que las cesantías
definitivas se liquidaban solo cuando se producía el retiro definitivo del servicio y
no como lo ordenaban los artículos 28 del Decreto 3118 de 1968 y 149 de la Ley
270 de 1996 que aludían «al simple retiro». Bajo ese criterio se indicaba que
cuando un servidor público se retiraba de un cargo y posteriormente se vinculaba
a otro dentro de la Rama Judicial en virtud de la aplicación de la figura de la «no
solución de continuidad» se consideraba inexistente la terminación de la relación
laboral. Por tal razón, el sistema computaba tiempos de servicio correspondientes
a distintas relaciones laborales, lo cual incidía en la forma de liquidación del
emolumento.

3.4. Debido a lo anterior, la DEAJ analizó la situación en su área de Asuntos
Laborales y elevó consultas al Departamento Administrativo de la Función
Pública.

3.5. Como resultado de tal análisis, la DEAJ expidió la Circular DEAJC16-90 del
31 de octubre de 2016, por medio de la cual impartió directrices sobre la forma
de liquidar las cesantías y dispuso adelantar los ajustes en el sistema Kactus. En
tal acto se indicó que la «solución de continuidad» no era aplicable en materia de
cesantías por no existir norma que lo autorizara.

3.6. Posteriormente, la DEAJ expidió la Circular DEAJC17-59 del 26 de julio de
2017 a través de la cual dejó sin efectos la circular anterior. En la nueva
disposición se estableció que la figura de la «no solución de continuidad» era
aplicable para la liquidación de las cesantías cuando un servidor público se
retiraba de un cargo y posteriormente se vinculaba a otro dentro de la Rama
Judicial.

3.7. En desarrollo de la liquidación de las cesantías anualizadas correspondientes
al año 2016 se presentaron situaciones en las que servidores públicos
acumularon tiempos de servicio correspondientes a diferentes relaciones
laborales para efectos de la liquidación de esa prestación, lo que incidió en el
valor reconocido.

3.8. La demandante puso en conocimiento de distintas autoridades y órganos de
control las situaciones relacionadas con la liquidación de las cesantías dentro de

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Radicado: 11001 03 25 000 2017 00715 00 (3670-2017)
Demandante: Diana Liz Parrado Gutiérrez

la DEAJ.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 6, 9 y 209 de la Constitución Política de
1991; 99 de la Ley 270 de 1996, 27, 28 y 29 del Decreto 3118 de 1968; 13 de la
Ley 344 de 1996; las leyes 6 de 1945, 65 de 1946, 33 de 1985, 344 de 1996; y
los decretos 1726 de 1973 y 1045 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto acusado se encontraba
viciado de nulidad por lo siguiente:

5.1. Fue expedido con falsa motivación:

5.1.1. Se configuró este vicio de nulidad porque la DEAJ fundamentó el acto
demandado en el Decreto 1726 de 1973 que no reguló las cesantías anualizadas
y solo lo hizo respecto de las retroactivas. También porque se aplicó de manera
errada el artículo 29 del Decreto 3118 de 1968 que dispuso la forma de liquidar
las cesantías anualizadas para los servidores públicos que permanecían activos
hasta el 31 de diciembre con el promedio de los salarios percibidos en el último
trimestre. Asimismo, se materializó el vicio porque la circular ordenaba que los
intereses de las cesantías debían liquidarse en un 12%, pero esta tarifa debía
emplearse de manera proporcional de acuerdo con el tiempo laborado según la
Ley 50 de 1990.

5.2. Fue expedido con falta de competencia:

5.2.1. Según lo preceptuado en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, el director
ejecutivo de administración judicial carecía de la facultad para dictar normas de
carácter prestacional y, específicamente, «establecer para las cesantías la figura de
las No solución de continuidad» [sic] creada por el legislador para otras prestaciones
sociales. La norma tampoco le otorgó la prerrogativa para «modificar normas de
carácter nacional estableciendo la forma de calcular los promedios para el pago de las
cesantías anualizadas».

5.2.2. Por lo tanto, tal funcionario no podía modificar las reglas fijadas en los
artículos 27, 28 y 29 del Decreto 3118 de 1968 que determinaron (i) «el
procedimiento para liquidar las cesantías», normas que debía aplicar en
concordancia con la Ley 344 de 1996; y (ii) el promedio salarial que debía tenerse
en cuenta cuando se producía el retiro del servicio y que correspondía al recibido
durante los últimos 3 meses.

5.3. Fue proferido con vulneración de las normas en que debía fundarse:

5.3.1. La
circular se expidió sin atender las disposiciones que regularon las
cesantías, específicamente, «por falta de aplicación», entre otras, las leyes 6 de
1945, 65 de 1946, 33 de 1985, 344 de 1996 y los decretos 1726 de 1973, 3118
de 1968 y 1045 de 1978.

5.3.2. Lo anterior, puesto que el legislador pretendió «bajo una misma relación laboral
otorgar el pago de las cesantías a todos los servidores del Estado». Por tal razón, la

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circular vulneró tales disposiciones al desconocer su contenido so pretexto de
aplicar el principio de favorabilidad. Además, desconoció los conceptos que el
Departamento Administrativo de la Función Pública emitió en sentido contrario a
lo determinado en la circular.

5.3.3. El acto se apartó de las reglas sobre el presupuesto [no se especificaron
cuáles] porque en virtud de ellas anualmente se establecían las partidas
presupuestales para cubrir las cesantías de cada empleo según los emolumentos
que se pagaban en él. Por ese motivo, la prestación debía ser liquidada según lo
recibido en el cargo que se ocupaba cuando se producía el retiro.

5.3.4. Con lo reglado por la circular lo anterior se hizo impredecible por la variación
de los cargos y, además, se producía un desequilibrio presupuestal porque se
liquidaban las cesantías por los 12 meses, pero con el salario del cargo superior
y no con la partida presupuestal preestablecida. Ello también ocurría si se
liquidaba las cesantías de quien se retiraba y dejaba el cargo superior vacante y
luego con base en ese salario se liquidaban las cesantías de quien lo reemplazó,
por cuanto ya se había agotado la partida presupuestal en el primer pago.

5.4. «ineficacia de la Circular DEAJC17-59 del 26 de julio de 2017»:

5.4.1. Sibien el acto administrativo pretendió el cumplimiento de la ley, era
«ineficaz» por contrariarla al introducir la figura jurídica de la «solución de
continuidad» amparada en una inequidad entre servidores de la Rama Judicial de
carrera administrativa y provisionales para efectos de la liquidación de las
cesantías.

5.4.2. No obstante, esa «inequidad» se sustentó en que los primeros debían gozar
de más beneficios por la naturaleza de su vínculo. Con la circular cambió esta
situación y se convirtió en potestativo para los empleados provisionales el poder
«solicitar las liquidaciones y cesantías definitivas al retiro de ciertos y determinados
cargos siempre que les favorezca por ser superiores sus salarios». En cambio, los
empleados en carrera «solo pueden pedir sus cesantías definitivas al producirse el
retiro de su cargo». De este modo, con el acto demandado se convirtió en más
favorable la situación de los empleados provisionales.

1.2. La contestación de la demanda4

6. La Nación, Rama Judicial contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
con fundamento en las siguientes razones:

6.1. En la demanda se confundió retiro del servicio con «cesación definitiva de
funciones». Además, la forma en que se liquidaban las cesantías fue avalada por
la Sala de Consulta y Servicio Civil cuando resolvió una consulta en “decisión”
del 16 de agosto de 2018 en la cual se sustentó en los principios de favorabilidad
y pro operario.

4 Folios 69 a 86.

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6.1.1. Enel acto administrativo no se crearon derechos laborales. En él se
impartieron instrucciones para el cabal cumplimiento de la ley, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 99 y 103 de la Ley 270 de 1993.

6.1.2. Según lo preceptuado en los artículos 98, 99 y 103 de la Ley 270 de 1996 y
el Acuerdo 380 de 1998, al director ejecutivo de administración judicial le
correspondía impartir las instrucciones para la liquidación de las prestaciones
sociales de los empleados de la Rama Judicial. Tal actividad no podía ser
confundida como si en tal virtud legislara.

6.1.3. En la sustentación de la falsa motivación no se plantearon hechos o motivos
contrarios a la realidad. En cambio, se apoyó en una interpretación normativa
sobre la aplicabilidad de los decretos 1726 de 1973 y 3118 de 1968. Sobre este
punto, al regularse en la circular la base de liquidación de las cesantías lo que se
hizo fue aplicar lo dispuesto en estas normas y en el artículo 6 del Decreto 1160
de 1947. Asimismo, en cuanto a los intereses el acto se limitó a aplicar el numeral
2 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

6.1.4. En la demanda se hizo una interpretación gramatical del artículo 13 de la
Ley 344 de 1996 para refutar la existencia de la solución de continuidad para
efectos de liquidar las cesantías. No obstante, de acuerdo con la sentencia C-
054 de 2016, una exégesis en ese sentido no era válida, pues debía hacerse de
manera conjunta con los derechos, valores y principios de la Constitución
Política, máxime si eran laborales. Por lo tanto, tal artículo y la circular debían ser
analizadas de conformidad con los principios in dubio pro operario y de
favorabilidad previstos en el artículo 53 Constitucional y con el de igualdad en la
remuneración.

6.1.5. Bajo las consideraciones anteriores, la circular reconoció «la no solución de
continuidad» para efectos de la liquidación de las cesantías para los servidores de
la Rama Judicial que laboraron todo el año, pero que cambiaron de cargo durante
este, de modo que se hiciera la liquidación con el año completo de servicios.

6.1.6. De no haberse dispuesto ello, se hubiesen generado liquidaciones diferentes
para los empleados en provisionalidad y los de carrera administrativa, «pues a los
primeros se les liquidaría como cesantía anualizada solo el último periodo de servicios
en el último cargo al que estuvo vinculado, mientras que a los segundos que generen en
el mismo año cambio de cargo con ocasión de una solicitud de licencia no remunerada
para ejercer otro empleo dentro de la Rama Judicial, se les liquidaría el año completo»
[sic].

6.1.7. La finalidad de las cesantías era proteger al trabajador cuando quedara
cesante de manera definitiva del empleo. Por lo tanto, la liquidación y pago del
auxilio del régimen anualizado debía hacerse a la terminación del vínculo laboral.
Así ha sido interpretado tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de
Estado en su jurisprudencia, precedente que correspondía ser respetado, según
la sentencia SU-098 de 2018.

6.1.8. Con la expedición de la Ley 344 de 1996, el legislador pretendió racionalizar
el gasto público, puesto que en la exposición de motivos se explicó que la
liquidación parcial de las cesantías dentro del régimen de retroactividad afectaba

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las finanzas públicas al realizarse pagos mayores una vez se liquidaban de
manera definitiva. Por tal razón estableció el régimen anualizado para los
servidores públicos.

6.1.9. El artículo 149 de la Ley 270 de 1996 reguló la « cesación definitiva de las
funciones» dentro de la Rama Judicial, lo que no ocurría cuando un servidor
público de esta renunciaba para ocupar otro cargo dentro de la entidad. Al
respecto, debía tenerse en cuenta que la movilidad laboral dentro de la Rama
Judicial era particular, puesto que para que un empleado en provisionalidad
pudiera ocupar un empleo de mayor jerarquía era necesario que renunciara al
que desempeñaba, pero ello no significaba la desvinculación respecto de la
entidad como se adujo en la demanda.

6.1.10.La forma en la que se ha liquidado las cesantías de los empleados de la
Rama Judicial fue avalada por la Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto
emitido el 16 de agosto de 2018 que concordó con lo dispuesto en la circular
enjuiciada que ha sido acogido por diferentes decisiones judiciales [citó el texto
del concepto].

6.1.11. La aplicación de la Circular DEAJC16-90 del 31 de octubre de 2016 anterior
a la demanda trajo mayores riesgos para el erario, puesto que cuando fue
aplicada a los servidores de la Rama Judicial reclamaron el reconocimiento de la
sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

1.3. Trámite del proceso

7. Por auto del 18 de julio de 20195, se admitió la demanda y, en consecuencia,
se ordenó la notificación personal a los sujetos procesales, la información a la
comunidad de la existencia del proceso y se corrió traslado a la parte demandada,
al Ministerio Público y a los terceros que tuvieran interés.

8. Mediante providencia del 11 de julio de 20236 se negó la suspensión
provisional del acto administrativo demandado por las siguientes razones:

8.1. En la providencia se indicó que la Circular DEAJC17-59 del 26 de julio de
2017 había sido suspendida por la Circular DEAJC18-5 del 19 de enero de 2018,
por lo que al no causar efectos se produjo la carencia de objeto por sustracción
de materia. Por lo tanto, se negó la medida cautelar.

8.2. Asimismo, y en consideración a que la demandante solicitó con oficios del 18
de noviembre de 2020 y 2 de diciembre de 2021 la suspensión de la Circular
DEAJC20-54 de 2020 de la cual informó que había dado igual instrucción a la
contenida en la circular demandada, en la providencia se examinó tal petición
como una adición de la demanda al considerar que no podía suspender tal acto
por haberse demandado. Al revisar el cumplimiento de los requisitos para ser
admitida la reforma se concluyó que había sido presentada por fuera del término
reglado en el artículo 173 del CPACA, razón por la que se rechazó.

5 Folios 52 a 54.
6 Folios 45 a 51 del cuaderno de la medida cautelar.

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Demandante: Diana Liz Parrado Gutiérrez

9. Con auto del 11 de julio de 20237 el despacho ponente se pronunció en la
etapa de excepciones y concluyó que los argumentos esbozados por la
demandada eran argumentos del fondo del asunto y no estaban previstos en el
artículo 100 del CGP, por lo que debían ser resueltos en la sentencia.

10. A través de auto del 10 de septiembre de 20248 se adoptó el trámite para
proferir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al
encontrarse acreditado que en el caso presente se trataba un asunto de puro
derecho. De este modo, se incorporaron al proceso las pruebas documentales
allegadas, se negó la pedida por la parte demandante, se dispuso correr traslado
para alegar de conclusión y se fijó el litigio de la siguiente manera:

«1. ¿El director ejecutivo de administración judicial tiene competencia para
establecer figuras y normas incluidas en la Circular DEAJC17-59 del 26 de julio de
2017, como la “solución de continuidad”?

2. ¿Por medio de la Circular DEAJC17-59 de 2017, el director ejecutivo de
administración judicial viola las normas de mayor jerarquía en que debe fundarse
e incurre en falsa motivación con la expedición de la Circular DEAJC17-59 de 2017
al establecer la figura de no solución de continuidad para liquidar las cesantías de
los servidores de la Rama Judicial?»

11. En la providencia se ordenó correr traslado por el término de 10 días para que
las partes presentaran los alegatos de conclusión. Dentro de tal oportunidad
procesal intervinieron la parte demandante y demandada quienes reiteraron los
argumentos de la demanda y de la contestación9.

12. El Ministerio Público no rindió concepto en el presente asunto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

13. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le
corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los
actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional.
Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 1310, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del
12 de marzo de 201911 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos
de carácter laboral.

2.2. Problemas jurídicos

14. Sin desconocer la fijación del litigio realizada en auto del 10 de septiembre de
2024, en atención a los planteamientos de la demanda, se considera necesario
efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que los

7 Folios 94 a 100.
8 Folios 102 a 107.
9 Samai, índice 64 y 64.
10 Reglamento interno del Consejo de Estado.
11 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y

se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».

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problemas jurídicos se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿si el director ejecutivo de administración judicial tenía competencia para
proferir la Circular DEAJC17-59 de 2017 que fijó el procedimiento para la
liquidación de las cesantías anualizadas para los servidores de la Rama
Judicial, específicamente, para determinar la aplicación de la figura de la
«no solución de continuidad» y si con ello desconoció el contenido de las
normas que regularon tal prestación social?

(ii) ¿El director ejecutivo de administración judicial modificó las reglas fijadas
en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 3118 de 1968 y, por ende,
desconoció la competencia que le atribuyó el ordenamiento jurídico para
determinar el promedio de lo devengado para la liquidación de las cesantías
y la base de liquidación para aquellos servidores judiciales que hubiesen
desempeñado varios cargos en los tres últimos meses del año?

(iii) ¿El acto demandado está viciado de falsa motivación al ser su sustento
el Decreto 1726 de 1973 y por aplicar el artículo 29 del Decreto 3118 de
1968 y ordenar que los intereses de las cesantías debían liquidarse en un
12% cuando la Ley 50 de 1990 ordenaba hacerlo de manera proporcional
de acuerdo con el tiempo laborado?

2.2.1. Administración de la Rama Judicial. Facultades del director ejecutivo
de administración judicial
15. La Constitución Política estableció en su artículo 254 que el Consejo Superior
de la Judicatura sería el encargado de gobernar y administrar a la Rama
Judicial12. A su vez, la Ley 270 de 1996 prescribió en sus artículos 75, 76 y 85,
antes de la reforma introducida por el artículo 28 de la Ley 2430 de 2024, que a
esa entidad le correspondía la administración de tal entidad a través de su Sala
Administrativa. Entre las múltiples funciones asignadas le incumbía la fijación de
las políticas y decisiones administrativas que debía ejecutar la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial13.

16. Asimismo, el artículo 98 ibidem, sin la reforma aludida, señaló que la dirección
mencionada es un órgano técnico y administrativo «que tiene a su cargo la ejecución
de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». Igual
disposición indicó que de tal dirección dependían de manera directa las
«[u]nidades de Planeación, Recursos Humanos, Presupuesto, Informática y las demás
que cree el Consejo conforme a las necesidades del servicio».

17. Por su parte el artículo 99 ejusdem original dispuso las funciones del director
ejecutivo de administración judicial y entre ellas incluyó en su numeral 7 la de
«[a]ctuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan».

18. El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo 074 de 1996 creó

12 Mediante el Acto Legislativo 2 de 2015, que lo sustituyó por el Consejo de Gobierno Judicial y

la Gerencia de la Rama Judicial. No obstante, la reforma fue declarada inexequible a través de la
sentencia C-285 de 2016.
13 Artículo 98 de la Ley 270 de 1996, primer inciso.

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la Unidad de Recursos Humanos como una dependencia de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. En el Acuerdo 253 de 199614 le asignó, entre
otras, las siguientes funciones:

«[…] Artículo segundo. La Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, tendrá las siguientes funciones:

c)- Coordinar, organizar y cumplir los procedimientos ordenados al
desarrollo de las actividades administrativas relacionadas con el registro y control
de personal, codificación, liquidación y proceso de nóminas, reconocimiento y
trámite de prestaciones sociales para funcionarios y empleados de la Rama
Judicial.

d)- Adelantar los procedimientos de reconocimiento y trámite de
prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial […]».

19. Por su parte, a los directores administrativos seccionales les asignó las funciones
señaladas por el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 en el ámbito de su jurisdicción
«conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la
Administración Judicial». Dentro de tales atribuciones también les compete por virtud
del numeral 6 ibidem «[a]ctuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las
obligaciones que correspondan».

20. De acuerdo con las competencias expuestas, al director ejecutivo de
administración judicial le corresponde, con sujeción al marco legal y a las directrices
proferidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
desarrollar y ejecutar los procedimientos relacionados con el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales de los servidores de la Rama Judicial.

21. Asu vez, las direcciones seccionales de administración judicial son las
dependencias encargadas de ejecutar, en su respectiva circunscripción territorial,
las políticas, administrativas, directrices, reglamentaciones y decisiones
adoptadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por el Consejo
Superior de la Judicatura, entre las cuales se les asignó ser ordenadores del
gasto15.

2.2.2. Régimen de cesantías aplicable a los servidores públicos de la Rama
Judicial. Finalidad y liquidación

22. De acuerdo con los artículos 12, literal (f) y 17 de la Ley 6 de 1945, las
cesantías son una prestación social a cargo del empleador. La norma las
estableció de la siguiente manera:

«Artículo 12.- Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al
patrono las siguientes indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores,
ya sean empleados u obreros:

(…)

f) Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las

14«Por el cual se definen la estructura organizacional y funciones de la Unidad de Recursos

Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y se dictan otras disposiciones».
15 Sobre las competencias de l dirección ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales

se puede consultar el concepto proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 16 de octubre
de 2018 con Radicado 11001-03-06-000-2018-00114-00.

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fracciones de año, en caso de despido que no sea originado por mala
conducta o por incumplimiento del contrato.

Cada tres años de trabajo continúo o discontinuo, el trabajador adquiere el derecho
al auxilio de cesantía correspondiente a este período, y no lo perderá aunque en
los tres años subsiguientes se retire voluntariamente o incurra en mala conducta
o en incumplimiento del contrato que originen su despido. Si fuere despedido o
se retirare, solamente perderá el auxilio correspondiente al último lapso inferior a
tres años.

En caso de delitos contra la empresa o contra sus directores y trabajadores, por
causa y con ocasión del trabajo, así como en el caso de graves daños causados a
la empresa, el patrono podrá retener el correspondiente auxilio de cesantía hasta
que la justicia decida sobre la indemnización que el trabajador deba pagar, a la
cual se aplicarán en primer término los auxilios retenidos.

Parágrafo. Para liquidar el auxilio de cesantía por tiempo de trabajo anterior a la
presente Ley, y siempre que la extinción del contrato de trabajo sea posterior
a su promulgación, se aplicarán las siguientes reglas:

1. En caso de despido del trabajador sin justa causa comprobada o cuando se
retire por falta grave comprobada del patrono, se tomará en cuenta el tiempo
anterior de servicios, pero solamente hasta por cinco años.

2. En los demás casos de extinción del contrato se tomará en cuenta el tiempo
anterior de servicios pero solamente hasta por tres años, y en todas las empresas
cuyo capital sea mayor de ciento veinticinco mil pesos ($125.000).

Con todo, cuando se trate de empleados particulares que lleven más de diez años
al servicio del patrono, también se computara todo el tiempo de servicio anterior,
en caso de retiro voluntario».

23. Como se advierte, el legislador creó las cesantías como una prestación social
con el fin de servir de auxilio para el trabajador que quedara cesante o se
extinguiera su relación laboral. En ese sentido, su finalidad es proteger al
trabajador para que pueda cubrir sus necesidades en caso de pérdida del empleo
en los términos antes descritos.

24. Con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo16, a través del Decreto
2663 de 1950, se buscó la justicia en las relaciones laborales en el marco de la
coordinación económica y equilibrio social. Este estatuto definió varios de los
principios que aún en la actualidad inspiran la interpretación de las fuentes del
derecho laboral, entre ellos, la garantía de un mínimo de derechos irrenunciables
en favor de los trabajadores. En este contexto, el auxilio de cesantía fue previsto
dentro del título de prestaciones patronales comunes, entendido como un ahorro
forzoso destinado a cubrir el riesgo o contingencia derivada de la finalización del
contrato de trabajo, a fin de que atendiera sus necesidades mientras se
encontrara cesante17.

25. El ámbito de protección de esta prestación se amplió y se admitió su pago no
solo para contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar
los asalariados ante el cese de la actividad productiva (cesantías definitivas),
sino también para satisfacer ciertos requerimientos de educación y vivienda, así

16 En adelante CST.
17 «Artículo 249. Regla General. Todo {empleador} está obligado a pagar a sus trabajadores, y a

las demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como
auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción
de año».

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como las de su núcleo familiar18 (retiros parciales de cesantías). De ahí se deriva
para el empleador la obligación de liquidar las cesantías de forma oportuna y en
la cuantía legal debida.

26. Si bien el artículo 249 del CST ya contaba con una prestación social a cargo
del empleador denominada auxilio de cesantías, cuyo propósito es que los
cesantes cuenten con unos recursos que les permitan asegurar la subsistencia
durante el periodo de desempleo, con la Constitución Política de 1991, se
estableció el principio de dignidad humana y una política social y económica justa
perseguida por el Estado social de derecho. Una de sus manifestaciones, es que
todas las personas tengan derecho a condiciones mínimas para subsistir
entendidas como mínimo vital.

27. Por lo anterior, la jurisprudencia ha sido clara al indicar que el auxilio de
cesantías fue creado como una figura jurídica que « responde a una clara
orientación social en el desarrollo de las relaciones entre empleador y trabajador,
“estableciéndose un mecanismo que busca, por un lado, contribuir a la mengua de las
cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad
productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador
satisfacer sus necesidades de capacitación y vivienda.”»19.

28. De lo expuesto, se puede afirmar que la finalidad principal del auxilio de
cesantías es la de cubrir la situación de quien queda desempleado y su
reconocimiento ocurre una vez terminada la relación laboral 20. Sin embargo,
también son usadas para cubrir las necesidades de vivienda y educación, sin
que la relación laboral finalice.

29. Inicialmentepara la liquidación de tal prestación social se estableció el
régimen retroactivo. Así, en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 se reguló que los
«empleados y obreros nacionales de carácter permanente» gozarían de tal
beneficio y señaló que correspondería a un mes de sueldo o jornal por cada año
de servicio.

30. A su vez, la Ley 65 de 1946 modificó algunos mandatos previstos en la Ley 6
de 1945. En efecto, en su artículo 1 especificó que los servidores de la Nación y
de las entidades territoriales tendrían derecho al auxilio de cesantías «por todo el
tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1o. de enero de 1942 en
adelante, cualquiera que sea la causa del retiro».

31. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 al reglamentar lo expuesto definió en
su artículo 5 lo que debía entenderse «por servicio discontinuo» respecto de los
trabajadores particulares y sobre el tema resaltó que es el «que se realiza dentro
de un mismo contrato o de una misma relación jurídica de trabajo, aunque haya habido
suspensiones o interrupciones en el trabajo mismo», es decir, en las situaciones en
que, pese a las interrupciones en la prestación del servicio por causas como
licencias o vacaciones, entre otros, la relación jurídica sigue vigente. En estos
eventos, la norma indicó que «no se entenderán como soluciones de continuidad del

18 En el régimen del Derecho laboral individual, el artículo 102 de la Ley 50 de 1990 permite al

trabajador retirar las sumas abonadas en su cuenta por concepto de cesantías; y en Derecho
laboral administrativo, la posibilidad de retiros parciales fue prevista en la Ley 1071 de 2006.
19 C-310 de 2007.
20 T-314 de 1998.

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servicio, para los efectos indicados».

32. Este último decreto también determinó en su artículo 6 que en la liquidación
para los servidores públicos nacionales y territoriales debía tomarse como base
«el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido
modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el
promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de
servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses». La norma no solo hizo referencia
a la asignación básica para que fuera tenida en cuenta, sino a todo lo que el
trabajador recibió como contraprestación por sus servicios.

33. En lo que respecta al régimen anualizado de cesantías, este se reguló
inicialmente en el Decreto 3118 de 196821 . Ciertamente, en su artículo 27 ordenó
a los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado,
liquidar «la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados». Igualmente, en su artículo 28 dispuso lo siguiente:

«Artículo 28. Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o
trabajador, el respectivo Ministerio, Departamento Administrativo,
Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa Industrial y Comercial del
Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el
tiempo servido en el año de retiro» (se resalta).

34. En lo que respecta a la forma de liquidación regló en su artículo 29 lo
siguiente:

«[…] Artículo 29. Salario base. Para efectuar las liquidaciones de que trata el
artículo 27, se tomará como base el salario promedio mensual devengado por
el empleado o trabajador en los tres últimos meses de cada año.
En caso de salario variable, se tomará como base el promedio de lo devengado en
el año respectivo o en el tiempo servido, si éste fuera menor de un año.
La liquidación de la parte de la cesantía correspondiente al tiempo trabajado en el
último año de servicio, a la cual se refiere el artículo 28, se hará con base en el
promedio mensual de los salarios devengados por el trabajador en los tres
últimos meses o durante el período en el cual éste prestó sus servicios en el
año de retiro, si dicho período fuere inferior a tres meses […]» (se destaca).

35. De este modo, el decreto estableció para los servidores públicos de la Rama
Ejecutiva el régimen anualizado de cesantías y dejó de aplicarles el retroactivo
que se había establecido en las leyes 6 de 1945, 65 de 1946 y el Decreto 1160
de 1947.

36. Asimismo, el Decreto 3118 de 1968 diferenció las cesantías que debían
pagarse cada año mientras permaneciera vigente el vínculo laboral de aquellas
que correspondían cuando se producía el retiro del servicio. En ambos casos
señaló que debía tomarse «el promedio mensual devengado» por el empleado o
trabajador «en los tres últimos meses de cada año» o por el tiempo que laboró si
fue inferior a este en caso de ocurrir el retiro.

37. En cuanto al régimen de cesantías aplicable a los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial en el Decreto 546 de 1971 se les extendió el previsto en la

21 «por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de

cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones».

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regulación anterior al Decreto 3118 de 1968. Así, en su artículo 24 estableció lo
siguiente:

«Artículo 24. El auxilio de cesantía se continuará pagando por la Caja Nacional de
Previsión Social mientras queda a cargo del Fondo Nacional de Ahorro. Las
disposiciones aplicables serán, en todo caso, las vigentes antes de la expedición
del Decreto extraordinario 3118 de 1968, pero el pago parcial podrá hacerse
también para la dotación de la casa de habitación, gastos de educación de los hijos
y pago directo de impuestos, en las condiciones que fije el reglamento de este
Decreto.

La cesantía es compatible con todas las demás prestaciones sociales».

38. De igual manera en el Decreto 1723 de 1973 22 que en su artículo 2 regló la
forma de liquidación de las cesantías cuando exista variación de cargos en los
últimos tres meses del año así:

«[…] Artículo 2°. El auxilio de cesantía se liquidará tomando como base el último
sueldo devengado, siempre que no haya tenido modificación en los tres (3)
últimos meses; en caso contrario, la liquidación se hará, por el promedio de lo
devengado en los últimos doce (12) meses, o por todo el tiempo de servicio,
si este fuere inferior a doce (12) meses […]» (se resalta).

39. Fue con la expedición de la Ley 33 de 1985 que se dispuso que a los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial se le aplicaría el régimen
anualizado de cesantías reglamentado en el Decreto 3118 de 1968. Ciertamente,
en su artículo 7 así lo determinó y, además, que correspondía a la entidad asumir
directamente el pago de la prestación social para estos servidores públicos. La
norma preceptuó lo siguiente:

«Artículo 7º. Las entidades que en la actualidad pagan cesantías a través de la
Caja Nacional de Previsión, asumirán directamente el pago de dicha prestación a
partir del 1o. de enero de 1985. Sin embargo, la Caja pagará cesantías a los
empleados oficiales de dichas entidades hasta concurrencia del valor de las
transferencias que éstas hubieren efectuado.
Quienes a partir del 1 de enero de 1985, ingresen a la Rama Jurisdiccional, el
Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y las Notarías, se regirán por las normas del Decreto
Extraordinario 3118 de 1968 y las que lo adicionen y reglamenten, en lo
relacionado con la liquidación y el pago de sus cesantías» (Subrayas de la Sala).

40. Si bien la norma preceptuó que la Rama Judicial pagaría de manera directa
las cesantías, debe precisarse que antes de la expedición de la Constitución
Política de 1991 ello debía hacerlo en coordinación con el Ministerio de Justicia.

41. Tal Ministerio debía a través de su «División de Asistencia a la Rama
Jurisdiccional» por mandato del artículo 36 del Decreto 576 de 197423 «d) proyectar
los reconocimientos por servicios personales, vacaciones en dinero y primas de
capacitación y ascensional a los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional».
Posteriormente, haría el pago a través de la Dirección Nacional de Carrera
Judicial, de acuerdo con el Decreto 2283 de 198924, oficina del Consejo Superior

22 «Por el cual se reglamentan algunos artículos del Decreto número 546 de 27 de marzo de

1971»
23 «por el cual se reorganiza el ministerio de justicia».
24 «Por el cual se crean unos cargos en la Dirección Nacional de Carrera Judicial y sus Oficinas

Seccionales para la atención de la función pagadora».

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de la Administración Judicial creado con el Decreto ley 52 de 198725.

42. Luego de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991 y en virtud de
las facultades otorgadas por la Ley 4 de 1992 [artículo 12] el gobierno nacional
expidió el Decreto 57 de 1993 en el que dictó normas sobre el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial. En el artículo 10 del
decreto se estableció que las cesantías de estos podían ser administradas por las
sociedades privadas creadas por la Ley 50 de 1990 o por el fondo público que el
Consejo Superior de la Judicatura señalara.

43. De igual manera, en el artículo 12 regló en su inciso 2 que para tales servidores
«[l]as cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118
de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago,
el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 33 de 1985». El decreto
referido fue derogado por el 106 de 1994, y este a su vez por el Decreto 43 de
199526. No obstante, este último reprodujo el mandato antes descrito respecto de
las cesantías en los siguientes términos:

«Artículo 10. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial podrán
ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por
el Fondo Público que el Consejo Superior de la Judicatura señale. El Consejo Superior de la
Judicatura establecerá las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los
recursos serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondos.

Artículo 11. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar
que tomaron la opción establecida en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, los que
opten por el régimen establecido en el presente Decreto y quienes se vinculen por primera
vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación y cualquier
otra sobre remuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad y las demás
prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las cesantías, se regirán
por las disposiciones legales vigentes.

Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto Extraordinario 3118
de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del
pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 33 de 1985.

A los servidores públicos que tomen la opción establecida en el presente Decreto se le
liquidarán las cesantías causadas con base en la nueva remuneración, si tuvieran derecho a
ellas; en adelante su liquidación y pago se hará en los términos establecidos en el
Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y en la Ley 33 de 1985» (se resalta).

44. De esta manera, para el reconocimiento y liquidación de las cesantías de los
servidores públicos de la Rama judicial se aplican las disposiciones del Decreto
3118 de 1968 y para su pago el artículo 7 de la Ley 33 de 1985.

45. Cabe precisar que la jurisprudencia27 de esta sección ha sido del criterio que la
Ley 344 de 199628 complementa el régimen del Decreto 3118 de 1968.
Ciertamente, se ha interpretado que la ley reguló las cesantías anualizadas para
todos los servidores del Estado, incluidos los de la Rama Judicial al indicar en el

25 «Por el cual se establece el servicio de defensoría pública de oficio, se provee a su
funcionamiento y división respectiva en el ministerio de justicia» Artículos 8 y siguientes.
26 «por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores

públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».
27 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de septiembre de

2025, radicado 50001-23-33-000-2015-00044-01 (2753-2024). En igual sentido ver concepto de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del 16 de agosto de 2018, radicado 11001-03-06-000-2018-
00075-00 (2375).
28 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden

unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».

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primer inciso que «las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado
tendrán el siguiente régimen de cesantías». Por ende, lo reglado en este artículo
también le es aplicable. La norma preceptuó lo siguiente:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo.

PARÁGRAFO. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica
al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional» (se destaca).

46. En definitiva, dentro del marco jurídico que regula las cesantías que es aplicable
a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y que está conformado por el
Decreto 3118 de 1968, el artículo 7 de la Ley 33 de 1985 y la Ley 344 de 1996, se
determinó dos supuestos para el pago de la prestación social:

46.1. (i) cuando se produce el retiro del servicio, esto es, la ruptura total del vínculo
laboral entre la Rama Judicial y el servidor público. En este caso, la liquidación
debía hacerse (a) con el promedio mensual devengado por el empleado en los
tres últimos meses o (b) con el promedio de lo devengado en el período en el
cual prestó el servicio en el año de retiro si fue inferior a 3 meses. Todo en virtud
el artículo 29 del Decreto 3118 de 1968;

46.2. (ii) cuando no se rompió el vínculo laboral. En esta hipótesis la liquidación
se debe efectuar con corte al 31 de diciembre de cada año laborado y debe
tomarse como base salarial el promedio de lo devengado en los últimos 3 meses
de cada anualidad, de acuerdo con el mandato del artículo 29 del Decreto 3118
de 1968 en concordancia con el artículo 13 de la Ley 344 de 1996.

2.2.3. Movimiento de personal dentro de la Rama Judicial

47. El artículo 132 de la Ley 270 de 1996 estableció que la provisión de los cargos
de la Rama Judicial procede de tres maneras, a saber:

47.1. En propiedad para los empleos de vacancia definitiva, en cuyo caso es
necesario superar las etapas del proceso de selección.

47.2. En provisionalidad para vacantes definitivas hasta la designación de quien
superó el concurso de méritos, o en vacancias temporales con los empleados o
funcionarios de carrera del respectivo despacho.

47.3. Y en encargo por un mes prorrogable por otro más cuando las necesidades
del servicio lo exijan, para lo cual se designa un empleado que se encuentre en
nombrado en propiedad y vencido procede también el nombramiento en
provisionalidad.

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47.4. De igual manera, dentro de la Rama Judicial existen los funcionarios públicos
vinculados por periodo individual29 y corresponden a los que son elegidos para
ocupar los cargos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de acuerdo con los artículos 15, 34,
44, 76, 110A y 130 de la Ley 270 de 1996.

48. En el caso de los empleados en provisionalidad o de los empleados de libre
nombramiento y remoción que deseen cambiar de cargo dentro de la Rama
Judicial les corresponde renunciar a los empleos que ocupan antes de ser
nombrados en el otro dentro de la entidad. Ello, por no contar con las
prerrogativas descritas para los de carrera administrativa.

49. En efecto, estos últimos pueden ser designados en los empleos de carrera
para desempeñar otros empleos de carrera administrativa o a través de una
licencia como lo autoriza el parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 199630
para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción. En tales situaciones no
se les exige renunciar a sus empleos de carrera por existir la posibilidad legal de
ocupar otros dentro de la entidad bajo tales figuras. Ello, salvo para ocupar los
cargos de periodo individual, caso en el cual deben renunciar a sus derechos de
carrera administrativa.

50. A lo anterior se suma que los empleados en provisionalidad al no estar
amparados por el encargo o la licencia en los términos expuestos deben
renunciar obligatoriamente a los empleos que ocupan para desempeñar otro
dentro de la Rama Judicial. De actuar de manera contraria estarían incursos en
la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 151 de la Ley
270 de 1996 que señala que el ejercicio de cargos dentro de la Rama Judicial es
incompatible con «[e]l desempeño de cualquier otro cargo retribuido»31.

51. Ahora bien, el artículo 149 ibidem reguló el retiro del servicio de los servidores
de la Rama Judicial de la siguiente manera:
«[…] Artículo 149. Retiro del Servicio. La cesación definitiva de las funciones se
produce en los siguientes casos:
1. Renuncia aceptada.
2. Supresión del Despacho Judicial o del cargo.
3. Invalidez absoluta declarada por autoridad competente.

29 De acuerdo con la jurisprudencia de esta sección los empleos de periodo se definen del
siguiente modo: «De período. Por mandato constitucional o legal son aquellos empleos que se
proveen por un lapso previamente establecido en el ordenamiento jurídico, en razón a su
representación política o democrática o a la independencia e imparcialidad que se predica frente
al ejercicio de sus funciones, esto es que a la administración se ingresa para ejercer la función
pública por determinado tiempo, como es el caso de los contralores, los personeros, el fiscal
general de la nación, el registrador nacional del estado civil, el procurador general de la nación,
el defensor del pueblo, el auditor general de la nación, los rectores de universidades públicas,
miembros de las Comisiones Reguladoras y magistrados de altas corporaciones, entre otros ».
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025,
radicado 25000-23-42-000-2017-02771-01 (3518-2023).
30 «Parágrafo. Los funcionarios y empleados en carrera judicial también tienen derecho a licencia,

cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término de tres (3) años, un cargo
vacante transitoriamente o un cargo de libre nombramiento y remoción en la Rama Judicial».
31 La disposición completa indica lo siguiente: «1. El desempeño de cualquier otro cargo

retribuido, o de elección popular o representación política; los de árbitro, conciliador o amigable
componedor, salvo que cumpla estas funciones en razón de su cargo; de albacea, curador dativo
y, en general, los de auxiliar de la justicia».

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4. Retiro forzoso motivado por edad.
5. Vencimiento del período para el cual fue elegido.
6. Retiro con derecho a pensión de jubilación.
7. Abandono del cargo.
8. Revocatoria del nombramiento.
9. Declaración de insubsistencia.
10. Destitución.
11. Muerte del funcionario o empleado […]» (se resalta).

52. Nótese como el artículo señala que cuando se configura alguna de las causales
descritas lo que ocurre es la «cesación definitiva de las funciones». Esto quiere decir
que entre el servidor público y la Rama Judicial se rompe por completo el vínculo
laboral, de modo que no se puede predicar la intención de que subsista.

53. Tal criterio no podría aplicarse en los eventos en que un funcionario o
empleado judicial en provisionalidad o de libre nombramiento y remoción
renuncia con la intención de vincularse de nuevo, de inmediato o dentro de un
tiempo prudente, a otro cargo dentro de la propia Rama Judicial. Tampoco para
los empleados de carrera administrativa que renuncian para ocupar un empleo
de periodo individual. Hacerlo implicaría desconocer que esa es una forma en la
que la movilidad del talento humano dentro de la entidad se desarrolla. Bajo esta
perspectiva, las interrupciones no prolongadas no podrían ser consideradas
como una cesación definitiva de funciones que conlleve a concluir que el nexo
laboral se terminó definitivamente.

54. Esta postura concuerda con la que la Sala de Consulta y Servicio Civil
manifestó en conceptos proferidos en los años 2006 y 2018 en los que examinó
la situación descrita y sus efectos en asuntos prestacionales, específicamente,
sobre la liquidación de las cesantías definitivas.

55. Ciertamente, en el Concepto 1777 de 2006 resolvió el cuestionamiento
relacionado con la situación de los empleados en provisionalidad que renuncian
al empleo para ocupar otro de carrera dentro de igual entidad. Al respecto expuso
lo siguiente:
«[…] Sobre el particular, en fallo del 1º de septiembre de 2006 recaído dentro del
expediente 2702- 00 [68001-23-31-000-1997 (2873) 01], proferido por la Sección
Segunda, Subsección “B” de esta Corporación, se dijo:

‘(...) no pueden confundirse, entonces, las interrupciones transitorias con el
retiro definitivo mediante el cual se rompe el vínculo laboral. Por ello, no puede
concebirse una acumulación de tiempos de servicio, fruto de diferentes relaciones
de trabajo, en cada una de las cuales se ha roto la vinculación para efectos de la
obtención de una cesantía definitiva por todos ellos, pues cuando opera la ruptura
del vínculo surge para el interesado el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de la prestación y si no lo hace en tiempo, puede prescribir (...) Ahora bien,
lo relevante legalmente para efectos de la ACUMULACION DE TIEMPOS
SERVIDOS OFICIALMENTE PARA EFECTOS DE LA CESANTIA DEFINITIVA
ORDINARIA (RETROACTIVA) es la “continuidad” en el servicio oficial, sin
operancia de ruptura de la vinculación laboral administrativa. Entonces, si
después de un nombramiento y posesión el empleado “rompe” su vínculo laboral
administrativo, v. gr. en virtud de insubsistencia del nombramiento, renuncia, etc.,
se entiende, que a partir de su desvinculación tiene derecho a reclamar su cesantía
definitiva por dicho lapso y comienza a correr el término de prescripción del
derecho. Claro está que, en ocasiones, cuando se trata del mismo “patrono
estatal” (v.gr. DDepartamento) es posible que al terminar una relación, como
cuando se le acepta la renuncia del cargo, la persona toma posesión de otro

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cargo correspondiente a la misma Persona Jurídica Oficial, sin solución de
continuidad, se admite la acumulación de tiempos de servicio para la
liquidación de la cesantía definitiva retroactiva.’

4.2. Cuál es el régimen de cesantías de un empleado del nivel nacional o
territorial vinculado mediante nombramiento provisional regido por el
régimen de liquidación retroactivo de cesantías, que concursó en un empleo
diferente al que viene ocupando en la misma entidad, supera el concurso y
es nombrado en período de prueba y posteriormente inscrito en carrera?

Las consideraciones expuestas en el punto 4.1. son aplicables a este evento, pues
la única variación entre uno y otro, es el cambio de empleo permaneciendo en la
entidad. Aún cuando el empleado debe renunciar al cargo que se ejerce en
virtud del nombramiento provisional para entrar a tomar posesión del nuevo
empleo, no se rompe el nexo laboral con el correspondiente organismo y ello
hace viable que se aplique el artículo 1º del decreto 1252 de 2000. Por ello, se
estima que si el servidor tiene régimen cesantías retroactivo debe mantenerse,
pues el beneficio del régimen de transición es aplicable a quienes estén inscrito[s]
en la carrera administrativa y a quienes tienen nombramiento provisional […]»32
[sic] (se destaca).

56. En el concepto de 2018, la Sala de Consulta y Servicio Civil respondió la
pregunta relacionada con la existencia de la solución de continuidad cuando un
servidor judicial se desvinculaba de un empleo para ocupar otro dentro de la
Rama Judicial y si en tal situación procedía acumular tiempos de servicio para
liquidar las cesantías. En esa ocasión, la sala reiteró lo señalado en el Concepto
1777 de 2006 y agregó lo siguiente:
«[…] Si bien este concepto se refiere a la aplicación del régimen de cesantía
retroactiva, lo que en el mismo se expone es perfectamente aplicable al régimen
de cesantía creado por el Decreto 3118 de 1968, pues el fundamento de la opinión
de la Sala parte de establecer si para estos efectos del auxilio de cesantía existe
o no ruptura de la relación laboral. Como lo señala la Sala en el concepto transcrito,
si una persona renuncia a un cargo en la rama judicial pero para posesionarse de
un nuevo empleo en la rama, sin solución de continuidad, no existe una ruptura del
vínculo laboral.

Por consiguiente, en el caso consultado a la Sala si un funcionario o empleado de
la rama judicial se desvincula de un despacho judicial y es nombrado en
similar cargo en el mismo despacho u otro, sin que haya solución de
continuidad, no puede entenderse que se ha roto el vínculo laboral que existe
entre la entidad pública, en este caso la rama judicial, y el servidor público, pues
el mismo permanece independientemente de que el servidor ejerza un cargo u otro
y, por consiguiente, procede la acumulación de tiempos […]»33 (Negrilla fuera del
texto original).

57. Los criterios expuestos permiten concluir que la cesación definitiva de
funciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial a la que alude el
artículo 149 de la Ley 270 de 1996, no ocurre cuando el retiro por renuncia no
tiene como fin la desvinculación de la entidad, puesto que no hay una ruptura real
del vínculo laboral. En estos casos, solo sucede una aparente desvinculación,
por cuanto la separación del ejercicio de funciones es transitoria mientras se
produce el nuevo nombramiento y tiene por objeto permitir la movilidad del
personal dentro de la entidad.

32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1777 de 15 de noviembre de

2006, radicado 11001-03-06-000-2006-00095-00 (1777).
33 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2375 del 16 de agosto de 2018,

radicado 11001-03-06-000-2018-00075-00 (2375).

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58. Ahora, la transitoriedad aludida y que conlleva la continuación de la relación
jurídica-laboral entre la Rama Judicial y el servidor judicial es la denominada «no
solución de continuidad». Se trata de una figura jurídica que la jurisprudencia ha
utilizado para desvirtuar el rompimiento de la unidad del contrato de trabajo o de la
vinculación legal y reglamentaria cuando se presentan interrupciones breves de la
vinculación con un mismo empleador.

59. Sobre el particular, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado
en su jurisprudencia del año 2019 lo siguiente:

«[…] Pues bien, sobre los extremos que se extiende una relación laboral, la
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, la significativa y
considerable solución de continuidad impide que pueda predicarse la unicidad
contractual (CSJ SL4816-2015 y CSJ SL981-2019). Precisamente, en esta
última providencia, la Sala señaló:

En torno al desarrollo lineal y la unidad del contrato de trabajo, resulta
pertinente recordar que cuando entre la celebración de uno y otro
contrato median interrupciones breves, como podrían ser aquellas
inferiores a un mes, estas deben ser consideradas como aparentes o
meramente formales, sobre todo cuando en el expediente se advierte la
intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral, como aquí
acontece. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en sentencia CSJ SL4816-
2015:

[…] esta Sala de la Corte ha expresado que las interrupciones que no sean
amplias, relevantes o de gran envergadura, no desvirtúan la unidad
contractual, ello ha sido bajo otros supuestos, en los que se ha estimado que
«las interrupciones por 1, 2 o 3 días, e incluso la mayor de apenas 6 días, no
conducen a inferir una solución de continuidad del contrato de trabajo real
[…]» (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40273). […]»34 (se resalta).

60. En otra providencia más reciente, tal Corporación lo expuso de la siguiente
forma: «[…] [p]or otro lado, es preciso recordar que cuando se está ante la suscripción
de diferentes contratos de trabajo entre las mismas partes, para que pueda predicarse
que son independientes se exige que el tiempo que transcurre entre la firma de uno y
otro sea significativo, considerable […]»35.

61. La Sección Segunda del Consejo de Estado acogió el criterio expuesto en la
sentencia de unificación del año 2021 en el que examinó la prescripción de los
derechos laborales cuando se trata de la existencia de una relación laboral
encubierta. En tal ocasión indicó, luego de citar jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de los años 2015 y 2019, lo que se trascribe:

«[…] 141. De igual manera, para una mayor coherencia del sistema jurídico
nacional, y en virtud de los imperativos de adaptación a los cambios sociales
y económicos, esta Sala, acudiendo a un diálogo entre tribunales (o diálogo
judicial), resalta y acoge la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
sobre la noción de «interrupciones amplias, relevantes o de gran
envergadura», que en los asuntos de su competencia, ha aplicado para
desvirtuar las formalidades empleadas, en algunos casos, para simular la
ruptura de la unidad contractual; esto con el propósito de identificar con mayor
certeza si las suspensiones en los contratos de prestación de servicios

34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia CSJ SL5595-2019.
35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia CSJ SL2315-2024.

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reflejan la intención real de las partes de detener la continuidad del vínculo
laboral subyacente […]»36.

62. Cabe precisar que en la sentencia citada se fijó como parámetro para que se
configurara la solución de continuidad el lapso de 30 días entre la interrupción de
una vinculación laboral con otra y se advirtió que el término no era obligatorio sino
de simple referencia para la administración. Sobre el tema se precisó lo siguiente:

«[…] 139. Sobre el particular, desde ahora se anticipa que la Sala acogerá un
término de treinta (30) días hábiles como límite temporal para que opere la
solución de continuidad entre los contratos de prestación de servicios. Un
término que no debe entenderse como «una camisa de fuerza» que impida
tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un marco de
referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este
último, que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio
que obren dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más
extenso del aquí indicado.

140. Para la Sala, la aplicación de este término se soporta en varias razones
de peso. En primer lugar, porque permite concluir que cuando se interrumpe
la prestación de un servicio por hasta treinta (30) días hábiles, el vínculo
laboral (en aquellos eventos donde previamente se haya acreditado la relación
laboral) sigue siendo el mismo, lo cual facilita establecer el cómputo de la
prescripción de los derechos reclamados. En segundo lugar, porque su
aplicación resulta idónea por la evolución que ha tenido la figura del «contrato
realidad» en la jurisprudencia de esta Sección, pues, como se mencionó, el
análisis de sus particularidades ha exigido la introducción de distintos plazos
para la configuración del fenómeno prescriptivo; siendo el que aquí se acoge
el que mayor garantía ofrece para los reclamantes y, en consecuencia, el que
mejor materializa el propósito perseguido por el legislador, que definió a la
efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y en la ley
como el objeto de la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo. Y, en tercer
lugar, porque, en la práctica, treinta (30) días hábiles es un periodo
razonablemente suficiente para determinar si lo que se pacta es un nuevo
contrato, una adición o una prórroga de otro anterior, puesto que en muchos
casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral encubierta o
subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes […]»37.

63. Como se advierte no hay un límite legal claro que determine desde cuándo
puede entenderse la existencia de la solución de continuidad. Por tal razón, en la
providencia citada se fijó en 30 días para los efectos de las relaciones laborales
encubiertas. Cabe precisar que para algunos emolumentos salariales y
prestaciones sociales sí se indicó que el término máximo para considerar que no
se configuraba la existencia de tal fenómeno jurídico era de 15 días hábiles.

64. Así, por ejemplo, se regló en el Decreto 1042 de 197238 que para reclamar la
bonificación de servicios prestados, los incrementos por antigüedad, el pago
proporcional por la prima de servicios en los artículos 45, 49 y 60 la no solución de

36 Consejo de Estrado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-206).
37 Consejo de Estrado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-206).
38 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».

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continuidad dependía de que entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no
transcurrieren más de 15 días hábiles.

65. Igual término estableció el Decreto 1045 de 1978 al reglar en su artículo 10 el
tiempo de servicio para adquirir las vacaciones cuando existiera cambio de
empleadora, al señalar que los tiempos de servicio podían ser acumulados siempre
que no existiera solución de continuidad y que se entendería que no la había
«cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra
entidad».

66. Lo anterior indica un parámetro para determinar la existencia o no de la solución
de continuidad que se acompasa con el criterio jurisprudencial que señala que no
se rompe la unidad contractual o el vínculo laboral si la interrupción entre el retiro y
la nueva vinculación es breve y transitoria.

67. En ese sentido, la administración para efectos de determinar situaciones como
la movilidad del personal dentro de la Rama Judicial podía perfectamente acudir a
este plazo para definir que se configuró o no la cesación definitiva de funciones de
que trata el artículo 149 de la Ley 270 de 1996 y, por ende, si se produjo la ruptura
del vínculo laboral para efectos prestacionales y salariales. Ello por ser un plazo
razonable y dentro de los parámetros que la jurisprudencia ha fijado y que fueron
expuestos.
3. Análisis de legalidad de la Circular DEAJC17-59 del 26 de julio de 2017

68. Los problemas jurídicos planteados con fundamento en la demanda se
resolverán a continuación, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
3.1. Solución al primer problema jurídico

69. En la demanda se alegó que el acto se expidió sin competencia por parte del
director ejecutivo de administración judicial porque el artículo 99 de la Ley 270 de
1996 no le había otorgado la facultad para dictar normas de carácter prestacional
ni para establecer para las cesantías la figura de la no solución de continuidad.

70. Asimismo, porque la norma tampoco le otorgó la prerrogativa para « modificar
normas de carácter nacional estableciendo la forma de calcular los promedios para el
pago de las cesantías anualizadas». En ese sentido, no podía modificar las reglas
fijadas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 3118 de 1968.

71. Finalmente, señaló que el acto administrativo se expidió sin atender las nomas
que regularon las cesantías, específicamente, por falta de su aplicación y citó las
leyes 6 de 1945, 65 de 1946, 33 de 1985, 344 de 1996 y los decretos 1726 de
1973, 3118 de 1968 y 1045 de 1978. Ello, puesto que el legislador otorgó el pago
de la prestación social dentro de una misma relación laboral.

72. Por lo anterior, se debe dilucidar si el director ejecutivo de administración
judicial tenía competencia para proferir la circular demandada que determinó el
procedimiento para la liquidación de las cesantías anualizadas para los
servidores de la Rama Judicial, en lo que respecta a la base de liquidación para
aquellos que hubiesen desempeñado varios cargos en los tres últimos meses del
año y en lo relativo a la aplicación de la figura de la «no solución de continuidad» y

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si con ello desconoció el contenido de las normas que regularon tal prestación
social.

73. En cuanto a la competencia del director ejecutivo de administración judicial tal
como se explicó tiene como función por mandato de los artículos 75, 76 y 85 de
ejecutar las actividades administrativas de la Rama Judicial según las directrices
impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

74. Este le otorgó con los acuerdos 074 de 1996 y 253 de 1996, a través de la
Unidad de Recursos Humanos como una dependencia de la dirección a su cargo,
la función de organizar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de
los servidores de la Rama Judicial y de adelantar los procedimientos para ello.
Además, la función de impartir directrices a los directores administrativos
seccionales se la concedió el artículo 103 de la Ley 270 de 1996.

75. En tal sentido, sí estaba facultado para expedir la Circular DEAJC17-59 del 26
de julio de 2017, por cuanto con esta determinó el procedimiento para la
liquidación de las cesantías anualizadas que debían seguir los directores
administrativos seccionales.

76. En lo que respecta a que no podía en tal acto dictar normas de carácter
prestacional, debe señalarse que en él no se creó ningún emolumento con esta
naturaleza. La circular solo determinó el procedimiento de liquidación de las
cesantías anualizadas, pero en modo alguno varió el contenido de estas, su
alcance o creó una prestación diferente.

77. En cuanto a que señaló sin estar facultado que debía aplicarse la figura jurídica
de la «no solución de continuidad» en los eventos en que un servidor judicial se
retirara de un cargo en un despacho judicial y se vinculara a otro en igual
despacho u otro que hiciera parte de la Rama Judicial dentro de los 15 días
hábiles siguientes para efectos de la liquidación de las cesantías, debe advertirse
que tampoco desbordó la competencia, puesto que solo aplicó un criterio que la
jurisprudencia había establecido para definir la continuidad del vínculo laboral.

78. Bajo ese supuesto, el director ejecutivo en la circular demandada al indicar la
aplicación de tal figura jurídica lo hizo en ejercicio de su función de dirigir el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los empleados judiciales
y en tal virtud impartió las instrucciones demandadas.

79. En ese orden, podía establecer, ante la falta de norma que definiera la forma
en que debía liquidarse las cesantías cuando se producía la movilidad de
personal dentro de la Rama Judicial para los empleados en provisionalidad o de
libre nombramiento y remoción, los lineamientos normativos y jurisprudenciales
a seguir. En cumplimiento de tal labor decidió acoger la postura jurisprudencial
que se expuso en esta providencia sobre la no ruptura del vínculo laboral cuando
la desvinculación era breve o transitoria y dar aplicación al término de 15 días
hábiles previsto para otros emolumentos salariales y prestacionales descritos en
los decretos 1042 y 1045 de 1978.

80. Lainstrucción aludida, aunque carece de una norma específica que la
contenga, es razonable en atención al modo en que se da la movilidad de

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personal dentro de la Rama Judicial para los servidores judiciales con el tipo de
nombramiento referidos, pues atiende la intención de estos y de la entidad de no
romper el vínculo laboral y, por ende, no se trasgrede el artículo 149 de la Ley
270 de 1996 al no ocurrir en la realidad la cesación definitiva de funciones.

81. Finalmente, frente al argumento según el cual el acto administrativo se expidió
sin aplicar las normas que regularon las cesantías [ leyes 6 de 1945, 65 de 1946,
33 de 1985, 344 de 1996 y los decretos 1726 de 1973, 3118 de 1968, 1045 de
1978] porque el legislador otorgó el pago de la prestación social dentro de una
misma relación laboral, debe indicarse que no fueron desconocidas las
disposiciones.

82. Ciertamente, la función principal de las cesantías es cubrir la contingencia del
desempleo para los trabajadores. Esta finalidad no se desconoce cuando se
acepta la inexistencia de la solución de continuidad si se produce la movilidad de
personal dentro de la Rama Judicial para los empleados en provisionalidad y de
libre nombramiento y remoción dentro de un periodo no superior a 15 días
hábiles. Ello, porque en esta circunstancia no se produjo el desempleo que se
pretende solventar con el auxilio al no romperse el vínculo laboral. En ese sentido,
se sigue la regla que invoca la demandante, esto es, que la cesantía se sigue
causando por una sola relación laboral.

83. Por lo anterior, se concluye que el director ejecutivo de administración judicial
sí tenía competencia para proferir la Circular DEAJC17-59 de 2017 que fijó el
procedimiento para la liquidación de las cesantías anualizadas para los
servidores de la Rama Judicial. Además, que en virtud de ella podía determinar
la aplicación de la figura de la «no solución de continuidad» por no existir norma
específica que la reglara en el tema de las cesantías y ser razonable acoger el
criterio jurisprudencial ante el tipo de movilidad de personal que se presenta
dentro de la Rama Judicial en los empleos en provisionalidad y de libre
nombramiento y remoción.

84. Asimismo, que lo anterior no desconoció el contenido de las normas que
regularon tal prestación social, puesto que la finalidad de su liquidación definitiva
es la protección del desempleo, porque no ocurre en el evento aludido.

3.2. Solución al segundo problema jurídico

85. En la demanda se afirmó que el director desconoció la competencia que le
atribuyó el ordenamiento jurídico porque modificó las reglas fijadas en los
artículos 27, 28 y 29 del Decreto 3118 de 1968 para determinar el promedio de
lo devengado para la liquidación de las cesantías.

86. Pues bien, la Circular señaló en su página 2 lo siguiente:

«[…] En el evento que el servidor judicial hubiese desempeñado varios cargos en
los tres últimos meses de cada año, es decir, que le hayan sido generado
cambios en la asignación básica dentro de ese término de tiempo, en
aplicación de la normatividad, para la aplicación de la base de liquidación de las
cesantías anualizadas, será necesario promediar lo percibido por concepto de
sueldo básico durante los doce meses del año o la fracción correspondiente
de la respectiva anualidad, de no haber laborado el año completo, al tenor de lo

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estipulado en los Decretos 1160 de 1947 Art 6 y 1726 de 1973 Art 2»(Se resalta).

87. Lo anterior concuerda con lo establecido en el Decreto 1723 de 1973 39 que en
su artículo 2 regló la situación descrita en la circular de la siguiente manera:

«[…] Artículo 2°. El auxilio de cesantía se liquidará tomando como base el último
sueldo devengado, siempre que no haya tenido modificación en los tres (3)
últimos meses; en caso contrario, la liquidación se hará, por el promedio de lo
devengado en los últimos doce (12) meses, o por todo el tiempo de servicio,
si este fuere inferior a doce (12) meses […]» (se resalta).

88. Así las cosas, no es posible advertir que en el acto administrativo se hubiese
modificado los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 3118 de 1968, puesto que en ello
no se regló la situación específica que sí hizo el Decreto 1723 de 1973, norma
aplicable para este supuesto.

89. En lo que respecta al otro evento reglado en la circular relacionado con la
acumulación del periodo trabajado para quienes cambiaron de vínculo dentro de
la entidad sin que existiera solución de continuidad, debe señalarse que tampoco
varió el contenido del artículo 29 del Decreto 3118 de 1968, toda vez que al
aplicarse tal criterio se entiende, de modo razonable según se expuso, que la
relación jurídica no finalizó.

90. Por lo tanto, en la liquidación anual de las cesantías debe aplicarse el inciso
primero de tal artículo, según el cual, corresponde tomar como base el salario
promedio mensual devengado por el empleado o trabajador en los tres últimos
meses de cada año. Este aspecto no fue modificado por el acto demandado.

91. Por lo anterior, se concluye que el director ejecutivo de administración judicial
respetó la competencia que le atribuyó el ordenamiento jurídico porque no
modificó las reglas fijadas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 3118 de 1968
para determinar el promedio de lo devengado para la liquidación de las cesantías
ni la base de liquidación para aquellos que hubiesen desempeñado varios cargos
en los tres últimos meses del año.

3.3. Solución al tercer problema jurídico

92. En la demanda se aseveró que el acto demandado estaba viciado por falsa
motivación porque se sustentó en el Decreto 1726 de 1973 que no reguló las
cesantías anualizadas y solo lo hizo respecto de las retroactivas, aplicó de
manera errada el artículo 29 del Decreto 3118 de 1968 y ordenó que los intereses
de las cesantías debían liquidarse en un 12% cuando la Ley 50 de 1990 dispuso
hacerlo de manera proporcional de acuerdo con el tiempo laborado.

93. La falsa motivación se incluyó en el artículo 137 del CPACA como causal de
nulidad de los actos administrativos. Este vicio afecta el elemento causal de
aquel, es decir, los fundamentos de hecho o de derecho que lo sustentan que no

39 «Por el cual se reglamentan algunos artículos del Decreto número 546 de 27 de marzo de

1971»

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es otra cosa que la motivación con la que la administración lo legitima 40. Es así
porque esta debe tener sustento en hechos veraces y en normas que sean
aplicables.

94. Bajo estos parámetros, la falsa motivación se configura cuando es inexistente
la concordancia entre la realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse
el acto administrativo y las razones que quedaron consignados en él41. De este
modo, la causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones
de hecho y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí
corresponden con la realidad42. De acuerdo con la jurisprudencia para su
ocurrencia deben concurrir los siguientes presupuestos:

«[…] i) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues
de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; ii) la
existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se
encuentra falsamente motivado […]»43.

95. Cabe precisar que quien alega la existencia de esta causal de nulidad debe
acreditarla porque de acuerdo con el artículo 88 del CPACA los actos
administrativos gozan de presunción de legalidad44. Bajo estos parámetros se
resolverán los argumentos de la demanda.

96. En lo que respecta a que el acto administrativo se fundamentó en el Decreto
1726 de 1973, pese a que no reguló las cesantías anualizadas y sí lo hizo
respecto de las retroactivas, debe indicarse que la circular invocó tal normativa
para reglar la liquidación dicha prestación de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial que hubiesen cambiado de cargo durante los últimos 3 meses del
año.

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 110010325000201600089
00(0461-2016). Auto del 19 de julio de 2018. La Corte Constitucional define la motivación del acto
administrativo como «la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende
sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el
juzgamiento de esa legitimidad», sentencia SU-258 de 1998.
Ver también Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de julio de
2020, radicado 25000-23-42-000-2013-04452-01 (4451-2017).
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 23 de marzo de 2017, procesos

acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016)
Acumulados: 11001-03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016) 11001-03-25-000-2016-00048-00
(0156-2016) 11001-03-25-000-2016-00064-00 (0271-2016) 11001-03-25-000-2016-00052-00
(0184-2016) 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-2016) 11001-03-25-000-2016-00026-00
(0053-2016) 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016). Consejero ponente: Gabriel
Valbuena Hernández.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012. Expediente: 2006-

00348.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 8 de septiembre de 2017,

radicado: 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14). Actor: Carlos Mario David Pérez.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Consejera ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
44 Ver la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, Expediente: 3.443. En la providencia se
indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos
que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la
presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos».

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97. Tal evento, lo regló en su artículo 2 el decreto, según se citó el texto al resolver
el segundo problema jurídico. Ciertamente, en él se especificó que en tales
situaciones correspondía liquidar las cesantías con el promedio de lo devengado
en los últimos 12 meses, o por todo el tiempo de servicio, si este fuere inferior y
así se consignó en el acto enjuiciado.

98. Por lo tanto, no se advierte la inconsistencia entre el contenido del decreto y
el acto demandado. En cambio, se deduce que el querer de la demandante es
debatir la aplicabilidad de la norma, asunto que escapa a la causal de falsa
motivación que alega, pues corresponde al vicio de haber sido expedidas con
infracción de las normas en que debía fundarse por aplicación errada de la
norma45. No obstante, se advierte que tampoco se configuró porque el supuesto
reglado en el acto coincide con el descrito en el decreto. Es decir, no se aplica
este a hechos que no debería regir.

99. El segundo argumento que sustentó la falsa motivación es porque se aplicó
de manera errada el artículo 29 del Decreto 3118 de 1968 que dispuso la forma
de liquidar las cesantías anualizadas para los servidores públicos que
permanecían activos hasta el 31 de diciembre con el promedio de los salarios
percibidos en el último trimestre. Este punto ya fue examinado al resolver el
segundo problema jurídico cuando se estudió si en el acto se modificaron las
reglas fijadas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 3118 de 1968.

100. Finalmente, en la demanda se alegó una falsa motivación por cuanto la
circular ordenaba que los intereses de las cesantías debían liquidarse en un 12%,
pero esta tarifa debía emplearse de manera proporcional de acuerdo con el
tiempo laborado según la Ley 50 de 1990.

101. Al respecto se advierte que lo que en realidad alega la demandante es la
violación de las normas en que debida fundarse el acto demandado en el punto
aludido. No obstante, tampoco le asiste razón, pues la circular solo indica que las
cesantías anualizadas debían ser liquidadas con el 12% de los intereses y lo hace
a modo general. En efecto, el acto señaló lo siguiente:

«[…] Intereses de las cesantías:

Entratándose de cesantías anualizadas de servidores judiciales afiliados a fondos
privados de cesantías, se liquida el 12% de intereses a las mismas […]» [sic].

102. Como se advierte, la circular solo señaló un supuesto respecto de las
cesantías anualizadas. Esto es, alude al auxilio que se causa hasta el 31 de
diciembre de cada año. En ese orden se limitó a instruir sobre la aplicación el
artículo 99 numeral 2 de la Ley 50 de 1990 en este solo evento. La falta de
referencia a cuando no se completó el año en manera alguna implica que hubiese
desconocido la ley, pues no se dio la instrucción de pagar el 12% aun cuando se
hubiese prestado el servicio de manera proporcional en la anualidad.

45 «La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que tal vicio se configura cuando al dictar

el acto administrativo se vulnera una norma (i) por falta de aplicación; (ii) por aplicación indebida;
o (iii) por interpretación errónea. En el primer supuesto la administración ignora la existencia de
la norma o aun conociéndola la analiza y no la aplica al caso concreto. En el segundo acude a
una norma no pertinente para resolver el asunto. Y en el tercero se vale de una interpretación
equivocada o le da un alcance que no era el que correspondía». Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, radiado 11001-03-24-000-2021-00622-00 (4710-2022).

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El anterior es el entendimiento que se acompasa con el mandato definido en el
mencionado artículo 99.2 de la Ley 50 de 1990, en cuanto dispone «[e]l empleador
cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción,
en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con
respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente».
Por lo tanto, la remisión genérica a la regla general no debe extenderse más allá
de lo que la disposición superior admite y en este sentido se precisará en la parte
resolutiva.

103. Por lo anterior, se concluye que el acto demandado no está viciado de falsa
motivación.

3.4. Pronunciamiento sobre la vulneración de normas presupuestales

104. La demandante señaló que el acto se apartó de las reglas sobre el
presupuesto que establecían las partidas presupuestales para cubrir las
cesantías de cada empleo según los emolumentos que se pagaban en él. Por tal
razón, manifestó que la liquidación se hizo impredecible por la variación de los
cargos y producía un desequilibrio presupuestal porque se liquidaban las
cesantías por los 12 meses, pero con el salario del cargo superior y no con la
partida presupuestal preestablecida.

105. En todo caso, no explica cómo se produciría el alegado impacto presupuestal,
aspecto que sería necesario analizar en cada hipótesis o supuesto que pudiera
presentarse, situación que no se acompasa con el carácter general del acto
cuestionado. De hecho, la circular define un promedio para los casos en los que
se ha variado de cargo en los últimos 3 meses del año, en línea con lo señalado
en el Decreto 1723 de 1973, artículo 2, así:

«En el evento que el servidor judicial hubiere desempeñado varios cargos en
los tres últimos meses de cada año, es decir, que le hayan sido generados
cambios en la asignación básica dentro de ese término de tiempo, en aplicación
de la normatividad, para determinar la base de liquidación de las cesantías
anualizadas, será necesario promediar lo percibido por concepto de
sueldo básico durante los doce meses del año o la fracción
correspondiente de la respectiva anualidad, de no haber laborado el año
completo, al tenor de lo estipulado en los Decretos 1160 de 1947 Art. 6 y 1726
de 1973 Art. 2» [se destaca].

106. De acuerdo con lo anterior, el contenido prevé las situaciones en las cuales
será necesario establecer un promedio de la base de liquidación de las cesantías,
en los eventos en los que se haya producido un cambio en la remuneración del
servidor. En consecuencia, no es posible realizar el estudio pormenorizado de
legalidad del acto demandado con fundamento en este cargo, puesto que en la
demanda no se especificaron las normas presupuestales que se vulneraron
aplicables a la Rama Judicial ni explicó su concepto de violación, pese a que era
la carga de la parte demandante por ser la justicia contencioso-administrativa, en
principio, de carácter rogada.

107. Sobre el tema, la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:

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«[…] Al respecto, cabe advertir que el Juez Contencioso Administrativo no puede
realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con base en normas
no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no explicados,
sino que debe limitarse a estudiar las razones de inconstitucionalidad o
ilegalidad, expuestas en la demanda.

Sobre el particular, es oportuno traer a colación la sentencia de 27 de noviembre
de 2003 de esta Sección (Expedientes Acumulados núms. Rad.: 1101-03-24-000-
2002-00398-01 y 1101-03-24-000-2002-00080-01 (8456 y 7777), Actores: José
Darío Forero Fernández, Hugo Hernando Torres y otro, Consejera ponente doctora
Olga Inés Navarrete Barrero), en la que se precisó:

“Respecto de la interposición de demandas de nulidad ante lo contencioso
administrativo, es necesario recordar que la justicia contencioso administrativa es
“rogada” es decir, que solo puede pronunciarse respecto de los hechos y normas
que se hayan esgrimido en la demanda de donde resulta que la precisa y
adecuada cita de los fundamentos de derecho y de las normas violadas viene
a constituir el marco dentro del cual puede moverse el juzgador. Así lo ha
expresado esta Corporación a través de sus fallos de los cuales se destaca el
siguiente pronunciamiento:

“En atención al carácter de "justicia rogada" que tiene la justicia administrativa, el
juez no puede realizar el estudio de legalidad con normas no invocadas en la
demanda, pues la expresión tanto de los fundamentos de derecho que se
invocan como vulnerados, así como el concepto de la violación, constituyen
el marco dentro del cual puede moverse el juez administrativo. Así lo ha
señalado en reiterada jurisprudencia esta Corporación […]»46 (Resalta la Sala).

108. Por lo anterior, no se emitirá pronunciamiento sobre este cargo.

4. Conclusión

109. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el director ejecutivo de
administración judicial respetó la competencia que le atribuyó el ordenamiento
jurídico para determinar el procedimiento para la liquidación de las cesantías
anualizadas de los servidores de la Rama Judicial y al determinar la aplicación
de la figura de la «no solución de continuidad» por no existir norma específica que
la reglara en el tema de las cesantías y ser razonable acoger el criterio
jurisprudencial ante el tipo de movilidad de personal que se presenta dentro de
la Rama Judicial en los empleos en provisionalidad y de libre nombramiento y
remoción.

110. Asimismo, se concluye que el acto administrativo no desconoció el contenido
de las normas que regularon tal prestación social, puesto que la finalidad de su
liquidación definitiva era la protección del desempleo, lo que no ocurre en el
evento aludido. Finalmente, el acto demandado no está viciado de falsa
motivación.

111. Por lo tanto, el acto administrativo se profirió con respeto de las normas en
que debía fundarse, con competencia, sin falsa motivación. En consecuencia,
denegará su nulidad.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 2
de marzo de 2017. Radicación: 08001-33-31-004-2011-00660-01.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Diana Liz
Parrado Gutiérrez en contra de la Circular DEAJC17-59 del 26 de julio de 2017,
expedido por el director (e) de la DEAJ, a través de la cual se unificaron los
criterios sobre el procedimiento para el reconocimiento y liquidación de las
cesantías anualizadas de los servidores de la Rama Judicial. Aclarar que la
expresión «[…] Intereses de las cesantías: Entratándose de cesantías anualizadas de
servidores judiciales afiliados a fondos privados de cesantías, se liquida el 12% de
intereses a las mismas […]» es legal bajo el entendido de que su interpretación se
debe efectuar en los términos del artículo 99.2 de la Ley 50 de 1990.

Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
YSB

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