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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00927-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-00927-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

Tema: insubsistencia tácita del empleo de libre nombramiento y remoción Subtema
1: Ley de Garantías Electorales (artículo 38 de la Ley 996 de 2005). Subtema 2:
desviación de poder.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 2 de julio de 2021, que
negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Esperanza Cifuentes Sánchez solicitó la nulidad del Decreto 1120 del 7 de
noviembre de 2013, mediante el cual el gobernador del Valle del Cauca nombró a la
señora Miriam Ayala de Jordán en el mismo empleo de directora técnica que aquella
desempeñaba, lo que produjo su insubsistencia tácita. Alegó que la provisión del
empleo con la nueva funcionaria se materializó cuando ya regía la prohibición de
modificar la nómina prevista en la Ley 996 de 2005, que el gobernador carecía de
competencia temporal, que la decisión le fue comunicada de manera posterior y que
el retiro obedeció a desviación de poder.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones, al considerar
que la posesión de la nueva funcionaria ocurrió antes del inicio de la prohibición
electoral y que no se acreditó una finalidad distinta al mejoramiento del servicio.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la
sentencia de primera instancia, tras concluir que el nombramiento de la nueva
funcionaria y la consecuente insubsistencia tácita de la demandante se materializaron
antes de que comenzara a regir la prohibición prevista en la Ley 996 de 2005.
Asimismo, establecerá que el gobernador tenía competencia funcional y temporal para
efectuar el nombramiento, que el conocimiento personal posterior de la decisión no
vulneró las garantías de audiencia y defensa y que las pruebas, valoradas en conjunto,

Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

no demostraron que la facultad discrecional se hubiera ejercido con una finalidad
política o de favorecimiento, ni que la nueva designación hubiera generado una
desmejora en la prestación del servicio.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Esperanza Cifuentes Sánchez, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 6 de junio
de 2014 contra el Departamento del Valle del Cauca, con las siguientes pretensiones1:

2. Que se declare la nulidad del Decreto 1120 del 7 de noviembre de 2013,
mediante el cual el gobernador del Valle del Cauca nombró a la señora Miriam Ayala
de Jordán como directora técnica, código 009, grado 02, de la Secretaría de la Mujer,
Equidad, Género y Diversidad Sexual, lo que produjo la insubsistencia tácita del
nombramiento de la demandante.

3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las
actuaciones dirigidas a ejecutar dicho nombramiento y se ordene su reintegro al cargo
que desempeñaba o a otro de igual o superior jerarquía.

4. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene al Departamento
del Valle del Cauca al reconocimiento y pago de los salarios, primas, prestaciones
sociales, vacaciones, bonificaciones, aumentos salariales y demás emolumentos
inherentes al cargo, dejados de percibir desde el 15 de noviembre de 2013.

5. Asimismo, solicitó que las sumas reconocidas sean debidamente actualizadas
y que se ordene el pago de los intereses correspondientes, de conformidad con el
artículo 192 del CPACA. Finalmente, pidió que se condene a la entidad demandada
al pago de las costas y agencias en derecho.

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

7. La señora Esperanza Cifuentes Sánchez se desempeñaba como directora
técnica, código 009, grado 02, de la Secretaría de la Mujer, Equidad, Género y
Diversidad Sexual del departamento del Valle del Cauca, en un empleo de libre
nombramiento y remoción.

8. Mediante la Resolución 0798 del 29 de octubre de 2013, la entidad le concedió
vacaciones durante el periodo comprendido entre el 5 y el 26 de noviembre del mismo
año.

1 Cuaderno principal, pp. 67 a 90 – pretensiones visibles, pp. 67 a 68.

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

9. El gobernador del Valle del Cauca expidió el Decreto 1120 del 7 de noviembre
de 2013, por medio del cual nombró a la señora Miriam Ayala de Jordán en el mismo
empleo que ocupaba la demandante. En consecuencia, dicho nombramiento produjo
su insubsistencia tácita.

10. La entidad intentó comunicarle la decisión mediante el Oficio 2100-9530 del 8
de noviembre de 2013, remitido a la Secretaría de la Mujer, Equidad, Género y
Diversidad Sexual. Sin embargo, la demandante afirmó que no conoció la decisión en
esa fecha, pues se encontraba en disfrute de sus vacaciones.

11. La demandante indicó que la prohibición de modificar la nómina de las
entidades territoriales, prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, comenzó a
regir el 9 de noviembre de 2013, cuatro meses antes de las elecciones para el
Congreso de la República.

12. Sostuvo que, aunque el Decreto 1120 fue expedido el 7 de noviembre de 2013,
esto es, antes de que iniciara la referida prohibición, la modificación de la nómina solo
se hizo efectiva después del 9 de noviembre, pues la decisión le fue notificada
posteriormente, la nueva funcionaria no habría tomado posesión del cargo y la
demandante aún no había efectuado su entrega.

13. Afirmó que, aunque el acta de posesión aportada por la entidad indicaba como
fecha de suscripción el 8 de noviembre de 2013, el documento no estaba firmado por
la señora Miriam Ayala de Jordán ni por el gobernador, por lo que, a su juicio, no
acreditaba que la posesión hubiera ocurrido en esa fecha.

14. La demandante presentó el 4 de febrero de 2014 una petición ante el
departamento del Valle del Cauca para obtener copia de los actos relacionados con
su vinculación y retiro, de la comunicación del Decreto 1120 de 2013 y del acta de
posesión de la persona que la reemplazó. Ante la falta de respuesta oportuna,
promovió una acción de tutela, luego de lo cual la entidad contestó mediante el Oficio
2100-0004918 del 28 de febrero de 2014.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

15. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas: i) la Constitución
Política, preámbulo y artículos 1, 2, 6, 13, 29, 48 y 209; ii) la Ley 1437 de 2011, artículo
138; iii) la Ley 996 de 2005, artículo 38; y iv) el Decreto Ley 2400 de 1968, artículo 26,
inciso primero.

16. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante adujo que el Decreto
1120 del 7 de noviembre de 2013 estaba viciado por infracción de las normas
superiores, violación del debido proceso y falta de competencia temporal y desviación
de poder.

17. En relación con el primer cargo, señaló que el artículo 38 de la Ley 996 de 2005
prohíbe modificar la nómina de las entidades territoriales durante los cuatro meses
3

Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

anteriores a las elecciones a cargos de elección popular. Explicó que, en los eventos
de sustitución de un servidor, dicha modificación no se agota con la expedición del
acto de nombramiento, sino que comprende su posesión, la desvinculación de quien
ocupaba el empleo y la incorporación del nuevo funcionario a la nómina. Por ello,
consideró que se desconoció la referida prohibición, pues tales actuaciones se
materializaron cuando la Ley de Garantías Electorales ya se encontraba vigente.

18. En esa línea, agregó que la persona designada únicamente adquiría los
derechos y deberes propios del empleo a partir de su posesión. Así, consideró que la
entidad no podía materializar el nombramiento durante la vigencia de la prohibición de
modificar la nómina prevista en la citada norma.

19. Respecto de la violación del debido proceso, refirió que el acto acusado fue
ejecutado sin haberle sido comunicado y, por tanto, sin encontrarse en firme. A su
juicio, esta circunstancia desconoció el principio de publicidad y le impidió ejercer
oportunamente sus derechos de defensa, contradicción e impugnación, pues los actos
administrativos no adquieren eficacia frente a sus destinatarios mientras no sean
debidamente publicados, notificados o comunicados.

20. En cuanto a la falta de competencia temporal, señaló que la restricción prevista
en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 limitaba la facultad del gobernador para
modificar la nómina departamental. Por consiguiente, afirmó que, a partir del 9 de
noviembre de 2013, el nominador carecía de competencia para declarar la
insubsistencia de la demandante y la provisión del empleo con una nueva funcionaria.

21. Finalmente, dijo que el acto acusado estaba viciado por desviación de poder,
porque la facultad discrecional para retirar a los empleados de libre nombramiento y
remoción debía ejercerse con el propósito de mejorar el servicio y en respeto de la
norma que lo autoriza. Sin embargo, consideró que la proximidad del nombramiento a
la entrada en vigor de la restricción electoral, las circunstancias que rodearon la
comunicación y la posesión de la nueva funcionaria, así como la idoneidad y
experiencia de la demandante, respecto de la nueva funcionaria, evidenciaban que la
decisión perseguía una finalidad distinta al buen servicio y buscaba eludir los efectos
de la Ley de Garantías Electorales.

2.2. Contestación de la demanda

22. El departamento del Valle del Cauca2, a través de apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó negar la nulidad del Decreto 1120 del 7 de
noviembre de 2013, así como el reintegro y el reconocimiento de los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos reclamados.

23. Manifestó que la demandante ocupaba un empleo de libre nombramiento y
remoción, por lo que no gozaba de estabilidad laboral y podía ser retirada en ejercicio
de la facultad discrecional del gobernador. Añadió que la designación de una nueva

2 Cuaderno principal, pp. 127 a 145.

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

persona en el cargo producía la insubsistencia de quien lo desempeñaba, sin que
fuera necesario motivar la decisión.

24. Indicó que el disfrute de vacaciones no impedía declarar la insubsistencia,
pues la normativa permitía al nominador ejercer dicha facultad en cualquier momento.
Por ello, descartó que esa circunstancia vulnerara el debido proceso o demostrara una
desviación de poder.

25. En cuanto a la Ley de Garantías Electorales, refirió que el nombramiento y la
posesión de la nueva funcionaria se produjeron antes de que comenzara a regir la
prohibición de modificar la nómina prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005. En
consecuencia, afirmó que el gobernador actuó dentro del periodo permitido y que no
se configuró falta de competencia temporal.

26. Frente al cuestionamiento del acta de posesión 2013-0581, señaló que aportó
una copia debidamente diligenciada y suscrita, en la que constaba que la señora
Miriam Ayala de Jordán tomó posesión del cargo el 8 de noviembre de 2013. Agregó
que la falta de firmas en la copia allegada por la parte actora no demostraba que dicha
actuación se hubiera realizado en una fecha posterior.

27. Respecto de la desviación de poder, argumentó que el acto acusado estaba
amparado por la presunción de legalidad y que correspondía a la demandante
acreditar que el retiro obedeció a móviles distintos al buen servicio. Afirmó que no
existían pruebas de fines políticos, electorales o personales, ni de que el
nombramiento de la nueva funcionaria hubiera desmejorado la prestación del servicio.

28. Finalmente, propuso las excepciones de carencia del derecho e inexistencia de
la obligación, porque consideró que la insubsistencia se ajustó al régimen jurídico de
los empleos de libre nombramiento y remoción.

2.3. Sentencia de primera instancia

29. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 2 de julio
de 2021, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a
la parte demandante3, en los siguientes términos:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme la sentencia, líbrense las comunicaciones del caso y de no ser
recurrida, archívese previa anotación en el programa “Justicia Siglo XXI”.

30. El a quo4 argumentó que el empleo de directora técnica, código 009, grado 02,
era de libre nombramiento y remoción, circunstancia que no fue discutida por las

3
Samai, índice 26 (de primera instancia)
4 Juez de primera instancia.

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

partes. Explicó que la permanencia en esta clase de cargos depende de la confianza
del nominador, por lo que su retiro es discrecional y no requiere motivación. No
obstante, precisó que dicha facultad debe ejercerse de manera razonable,
proporcional y adecuada a los fines de la norma que la autoriza.

31. Agregó que la demandante podía ser retirada aun cuando se encontrara en
vacaciones, pues esa situación no suspendía ni limitaba la potestad discrecional del
nominador. Asimismo, indicó que la falta de motivación del acto y la ausencia de una
anotación en la hoja de vida sobre las razones del retiro no afectaban su existencia ni
su validez.

32. En relación con la Ley de Garantías Electorales, explicó que la prohibición de
modificar la nómina prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 rigió entre el 9 de
noviembre de 2013 y el 9 de marzo de 2014. Precisó que su finalidad consiste en
impedir que la nómina de las entidades públicas sea utilizada con propósitos políticos
durante el periodo preelectoral.

33. Al valorar el Decreto 1120 del 7 de noviembre de 2013 y el acta de posesión
0581 del 8 de noviembre siguiente, tuvo por probado que la señora Miriam Ayala de
Jordán fue nombrada el 7 de noviembre de 2013 y tomó posesión del cargo el día 8
siguiente. Otorgó valor probatorio al acta aportada por la entidad, porque estaba
suscrita por la posesionada y el gobernador y no fue tachada ni controvertida
oportunamente dentro del proceso. Añadió que la copia sin firmas allegada con la
demanda correspondía a una transcripción del documento original y que esa
circunstancia no desvirtuaba la fecha de la posesión.

34. Consideró que la modificación de la nómina se produjo con el nombramiento y
la posesión de la nueva funcionaria, ocurridos antes de que iniciara la prohibición legal.
Explicó que el acto de nombramiento que implica una insubsistencia tácita produce
efectos frente a la persona designada desde su posesión y, respecto del servidor
relevado, determina su retiro desde ese mismo momento. La comunicación posterior
solo hacía oponible la decisión a la demandante y no modificaba la fecha en la que se
produjo su desvinculación. Por ello, concluyó que no se vulneraron el artículo 38 de la
Ley 996 de 2005, el debido proceso ni las reglas de competencia temporal.

35. Respecto de la desviación de poder, expreso que correspondía a la parte
demandante demostrar que el nominador utilizó su facultad para una finalidad distinta
al mejoramiento del servicio. Aclaró que la experiencia, la idoneidad y el buen
desempeño de la señora Esperanza Cifuentes Sánchez no le otorgaban estabilidad ni
impedían su retiro, pues tales condiciones correspondían al cumplimiento ordinario de
sus deberes como servidora pública.

36. Asimismo, comparó la hoja de vida de la demandante con la de la señora Miriam
Ayala de Jordán y concluyó que esta última cumplía los requisitos académicos y de
experiencia exigidos para el empleo, sin que la demandante acreditara tener un perfil
superior al de su reemplazo.

6

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Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

37. En cuanto al testimonio rendido por la señora Frances Milena López
Hernández, consideró que las afirmaciones sobre una posible amistad o afinidad
política entre la nueva funcionaria y su superior se sustentaban en rumores y que el
desconocimiento inicial de las funciones era propio del periodo de empalme. En
consecuencia, estimó que esa declaración no demostraba una desmejora del servicio
ni una finalidad indebida en el retiro.

38. Por lo anterior, concluyó que la demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad del Decreto 1120 de 2013 ni acreditó que la decisión hubiera obedecido a
fines distintos al buen servicio, razón por la cual negó las pretensiones. Finalmente,
se abstuvo de condenarla en costas, porque la entidad demandada no demostró que
estas se hubieran causado.

2.4. Recurso de apelación

39. La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó revocar la
sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda. Consideró que el tribunal valoró de manera aislada las pruebas y omitió
apreciar conjuntamente las circunstancias que, a su juicio, demostraban la infracción
de la prohibición prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, la falta de
competencia temporal, la vulneración del debido proceso y la desviación de poder5.

40. Frente a la prohibición de modificar la nómina prevista en el artículo 38 de la
Ley 996 de 2005, refirió que la sola expedición del Decreto 1120 del 7 de noviembre
de 2013 no bastaba para entender perfeccionado el nombramiento de reemplazo,
pues también se requerían la posesión de la nueva funcionaria, su desvinculación
efectiva, la entrega del cargo y la inclusión de su reemplazo en la nómina.

41. Para sustentar esa afirmación, insistió en que la copia del acta de posesión
2013-0581 remitida por la entidad con ocasión de un derecho de petición carecía de
las firmas del gobernador y de la posesionada, por lo que no existía certeza de que la
diligencia hubiera ocurrido el 8 de noviembre de 2013. Añadió que solo entregó el
cargo el 15 de noviembre siguiente, circunstancia que, en su criterio, demostraba que
la modificación de la nómina se materializó durante la vigencia de la Ley de Garantías
Electoral.

42. En cuanto a la falta de competencia temporal, alegó que, a partir del 9 de
noviembre de 2013, el gobernador no podía ejecutar actuaciones dirigidas a modificar
la nómina. Dado que para esa fecha no se habían perfeccionado la posesión de la
nueva funcionaria ni su retiro efectivo, afirmó que el nominador carecía de
competencia para materializar el reemplazo con posterioridad al inicio de la restricción
electoral.

43. Respecto de la vulneración del debido proceso, señaló que el acto de
insubsistencia no le fue comunicado antes de su ejecución, puesto que fue remitido a

5 Samai, índice 31 (de primera instancia).

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
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su puesto de trabajo pese a que la entidad conocía que se encontraba en vacaciones.
Afirmó que la falta de comunicación impedía que la decisión adquiriera eficacia y
fuerza ejecutoria, además de que la privó de la posibilidad de ejercer sus derechos de
defensa, contradicción e impugnación.

44. En relación con la desviación de poder, cuestionó la valoración del testimonio
de la señora Frances Milena López Hernández, pues consideró que este evidenciaba
que el nombramiento de la nueva funcionaria estuvo relacionado con vínculos de
amistad y afinidad política, y no con el mejoramiento del servicio. En esa línea, indicó
que conocía ampliamente el cargo y los proyectos de la dependencia, mientras que
su reemplazo tuvo que apoyarse en otros servidores durante su proceso de
adaptación, lo que habría afectado el funcionamiento del área.

45. Asimismo, controvirtió la comparación de las hojas de vida realizada por el
tribunal, porque, a su juicio, no bastaba con establecer que la señora Miriam Ayala de
Jordán cumplía los requisitos mínimos del empleo, sino que debía verificarse si su
perfil, experiencia y conocimiento de las funciones eran superiores a los suyos.

46. En suma, explicó que la desviación de poder podía inferirse de la valoración
conjunta de diversas circunstancias, entre ellas, la declaratoria de insubsistencia
durante el período de vacaciones de la demandante, la remisión de la comunicación
a su puesto de trabajo pese a que no se encontraba, la proximidad del inicio de la
restricción electoral, los vínculos de amistad entre la nueva funcionaria y su superior
y su menor experiencia en funciones relacionadas.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

47. Mediante auto del 17 de julio de 20236, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en el numeral
3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el numeral 3 del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021.

48. El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio frente al recurso
de apelación.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

49. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

6 Samai, índice 3.

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

3.2. Problema jurídico

50. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

51. ¿El nombramiento y la posesión de la persona designada para reemplazar a la
demandante se produjeron antes de que comenzara a regir la prohibición de modificar
la nómina prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005?

52. ¿El gobernador del Valle del Cauca carecía de competencia temporal para
declarar la insubsistencia tácita de la demandante, por haber quedado en firme la
modificación de la nómina después del 9 de noviembre de 2013?

53. ¿La falta de comunicación del acto de insubsistencia antes de su ejecución
vulneró los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de la demandante y
afectó la eficacia de la decisión?

54. ¿Las circunstancias que rodearon el retiro, valoradas conjuntamente con el
testimonio practicado y las hojas de vida de la demandante y de la nueva funcionaria,
acreditan que la facultad discrecional fue ejercida con desviación de poder y no con el
propósito de mejorar el servicio?

55. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) los empleos de libre nombramiento y remoción; (ii) la desviación de poder;
(iii) la Ley de Garantías Electorales (artículo 38 de la Ley 996 de 2005); (iv) hechos
probados; y (v) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos formulados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Los empleos de libre nombramiento y remoción

56. El artículo 125 de la Carta Política prescribe que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, con excepción de los cargos de elección popular,
de libre nombramiento y remoción, de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. Esa misma disposición regula la designación por concurso público,
cuando el sistema de nombramiento no se provea como de libre nombramiento y
remoción.

57. Asimismo, el artículo 5° de la Ley 909 de 2004 estableció que los empleos en
los organismos y entidades de la administración pública son de carrera, con
excepción, entre otros, de los clasificados como de libre nombramiento y remoción.

58. Visto lo anterior, se tiene que la legislación previó una excepción al sistema de
la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un
proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos

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Demandado: Departamento del Valle del Cauca

con funciones de manejo y dirección institucional, para lo cual se requiere el más alto
grado de confianza para su desempeño.

59. Así las cosas, resulta razonable que para la provisión de empleos que impliquen
tal condición, no se requiera superar un proceso de selección por méritos, toda vez
que el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se
predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación
institucional.

60. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para considerar
que un empleo es de libre nombramiento y remoción deben concurrir tres requisitos:
(i) que tenga fundamento legal, esto es, que se encuentre expresamente previsto
como excepción a la carrera; (ii) que las funciones asignadas sean de dirección,
conducción, manejo u orientación institucional; y (iii) que tales funciones demanden
un nivel de confianza superior al exigible a cualquier otro servidor7.

61. De igual manera, dentro de los empleos de libre nombramiento y remoción,
además de los casos expresamente previstos en la Constitución (ministros, directores
de departamento administrativo, procurador, contralor, fiscal general, entre otros), la
Ley 909 de 2004 incluyó a los directores administrativo, financiero, técnico y operativo.

62. Como se observa, para el desempeño de los cargos de libre nombramiento y
remoción, la confianza juega un rol preponderante, lo que le permite al nominador
disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los
motivos que lo conducen a adoptar una u otra decisión, como lo han dispuesto, por
ejemplo, los artículos 26 del Decreto 2400 de 1968, 107 del Decreto 1950 de 1973, 41
(parágrafo 2°, inciso 2°) de la Ley 909 de 2004 y 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015.

63. La declaratoria de insubsistencia puede ser expresa o tácita. Esta última se
configura cuando la administración nombra a una persona en un empleo que se
encuentra ocupado por otro servidor, pues la designación del reemplazo implica el
retiro de quien venía desempeñándolo. En estos eventos, la desvinculación se
produce como consecuencia del nombramiento y de la posesión del nuevo empleado
del cargo8.

64. El Consejo de Estado, por su parte, ha reiterado que, si bien los empleos de
libre nombramiento y remoción otorgan al nominador una facultad discrecional para la
designación y remoción, ello no significa que la administración pueda actuar de
manera arbitraria, pues la discrecionalidad debe ejercerse siempre orientada al buen
servicio y bajo control judicial en caso de alegarse desviación de poder9.

7 Corte Constitucional, sentencia C-514 de 1994.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de mayo de 2010, radicado: 25000-23-25-

000-2002-05139-01 (7545-2005); Subsección A, sentencia del 23 de febrero de 2012, radicado: 76001-23-31-000-
2001-01920-01 (1757-2009); Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2018-
01529-01 (577-2021).
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2017, proceso con radicado
73001-23-33-000-2013-00447-01.

10

Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

65. Por tal razón, los empleos de libre nombramiento y remoción constituyen una
categoría excepcional que busca garantizar la confianza y unidad de acción
administrativa, pero cuyo alcance debe interpretarse de acuerdo con los parámetros
fijados por la Constitución y la ley.

66. Ahora bien, el ordenamiento jurídico —artículos 26 del Decreto 2400 de 1968,
41 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015, entre otras—
reconoce que en ciertos casos la administración cuenta con un margen de
discrecionalidad para la provisión y remoción de empleos de libre nombramiento y
remoción. Esta facultad, sin embargo, no es absoluta, sino que se encuentra limitada
por los principios constitucionales de la función pública y por el control judicial de
legalidad10.

67. La potestad discrecional es una herramienta jurídica necesaria en ciertas
situaciones para obtener mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines de
la administración pública. Entonces, la discrecionalidad «surge cuando el
ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar en un
supuesto dado lo que sea de interés público»11.

68. La existencia de facultades discrecionales no es incompatible con la vigencia
de un Estado social y constitucional de derecho siempre que se ejerzan como un poder
en derecho, cuya regla y medida es la razonabilidad. En ese sentido, la Corte
Constitucional ha indicado que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier
momento a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción no contraría la
Constitución, pues la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una
relación subjetiva con el nominador, quien requiere siempre plena confianza de sus
colaboradores12.

69. La misma corporación ha sostenido que la discrecionalidad debe entenderse
como la posibilidad que tiene el nominador de actuar dentro de un ámbito de opciones
igualmente válidas, pero siempre conforme a los fines de la Constitución y la ley, en
procura del interés general13. En tal sentido, la discrecionalidad se diferencia de la
arbitrariedad, puesto que mientras la primera se encuentra delimitada por parámetros
jurídicos, la segunda desconoce cualquier límite normativo y se traduce en un uso
abusivo del poder14.

10 Constitución Política, artículos 2, 6, 123 y 209.
11 García de Enterría, Eduardo. Democracia, Jueces y Control de la Administración, 5ª edición, 2000, p. 143.
12 En este sentido, en la sentencia C-443 de 1997, la Corte Constitucional señaló: «la estabilidad “entendida como

la certidumbre que debe asistir al empleado en el sentido de que, mientras de su parte haya observancia de las
condiciones fijadas por la ley en relación con su desempeño, no será removido del empleo”, es plena para los
empleos de carrera pero restringida o precaria para los de libre nombramiento y remoción, “pues para éstos la
vinculación, permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta
discrecionalidad para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por
desviación de poder. [...] frente a la estabilidad existen variadas caracterizaciones: desde la estabilidad impropia
(pago de indemnización) y la estabilidad “precaria” (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción que
pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta (reintegro
derivado de considerar nulo el despido), luego no siempre el derecho al trabajo se confunde con la estabilidad
absoluta».
13
Corte Constitucional, sentencia C-031 de 1995.
14 Corte Constitucional, sentencia C-525 de 1995.

11

Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
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Demandado: Departamento del Valle del Cauca

70. En este punto cobra relevancia la figura de la desviación de poder, definida
como la expedición de un acto administrativo con una finalidad diferente a la prevista
en la norma que lo autoriza, como se explicará en el apartado siguiente15. El Consejo
de Estado ha reiterado que la desviación de poder constituye una causal autónoma
de nulidad del acto administrativo, y que su acreditación puede hacerse mediante
prueba directa o por medio de indicios graves, precisos y concordantes16, como lo
establece el artículo 13717 de la Ley 1437 de 2011.

71. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha precisado que, aunque el
nominador no está obligado a motivar la insubsistencia de un cargo de libre
nombramiento y remoción, ello no significa que el acto se sustraiga del control
judicial18. En efecto, el juez contencioso-administrativo está habilitado para verificar, a
partir de las pruebas allegadas al proceso, si la medida obedeció a una finalidad
legítima de buen servicio o si, por el contrario, fue el resultado de consideraciones
extrañas a la administración, como retaliaciones políticas, persecuciones personales
o acuerdos burocráticos.

72. De esta forma, la discrecionalidad en materia de insubsistencia se encuentra
limitada por los principios de legalidad, igualdad, moralidad administrativa y finalidad
pública, de manera que su uso indebido compromete la validez del acto administrativo
y habilita al juez para declarar su nulidad.

3.3.2. La desviación de poder

73. Uno de los elementos del acto administrativo es el teleológico, referido a los
fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el propósito de aquel no lo fija
la administración, sino el constituyente y el legislador, quienes lo entienden emitido
para cumplir los fines previstos en los artículos 2 constitucional y 1 del CPACA, esto
es, el buen servicio público, la buena marcha de la administración y el interés
general19.

74. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo 20. De este modo, se
afecta la finalidad del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha de ser el

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de febrero de 2014, proceso con radicado 11001-03-25-

000-2009-00014-00.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2002, proceso con radicado

11001-03-25-000-1999-00528-01.
17 «Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin

competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de abril de 2009, expediente 05001-23-

31-000-2001-02422-01.
19 Ibidem.
20 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto

administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».

12

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previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la doctrina21
ha señalado que «[h]ay desviación de poder cuando la administración utiliza una
facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público» 22.

75. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»23.

76. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió hacia
fines distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar
que «la definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al
convencimiento de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la
expedición del acto administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel
de complejidad en el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el
interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración»24.

77. La jurisprudencia ha admitido que la desviación de poder puede acreditarse no
solo mediante prueba directa, sino también a través de indicios graves, precisos y
concordantes, que permitan al juez inferir razonablemente la finalidad desviada del
acto25. La Corte Constitucional, en armonía con este criterio, ha resaltado que la
facultad discrecional de la administración no es ilimitada y que el juez contencioso-
administrativo está llamado a controlar su ejercicio y anular aquellos actos que, pese
a su presunción de legalidad, se expidieron con fines contrarios al interés general26.

78. Bajo ese marco, aunque los actos de insubsistencia en cargos de libre
nombramiento y remoción no requieren motivación, no por ello quedan exentos del

21 Younes Moreno, Diego, Curso de Derecho Administrativo.
22 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los

siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
23 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-

24-000-2013-00328-00. En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, expediente 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia que indicaba
que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención
de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda, Subsección B,
proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2002, proceso con radicado

11001-03-25-000-1999-00528-01.
26 Corte Constitucional, sentencia C-031 de 1995.

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control judicial, pues el juez puede determinar, a partir del acervo probatorio, si la
medida fue consecuencia del buen servicio o si respondió a propósitos distintos que
configuran la desviación de poder.

3.3.3. La Ley de Garantías Electorales (artículo 38 de la Ley 996 de 2005)

79. La Ley 996 de 200527 fijó el marco jurídico dentro del cual deben desarrollarse
los procesos electorales en Colombia, con el propósito de garantizar que la contienda
se desarrolle en condiciones de igualdad, transparencia y neutralidad, de manera que
todos los aspirantes cuenten con las mismas oportunidades de participación y que el
uso de los recursos y la estructura del Estado no favorezca a un candidato o campaña
en particular28.

80. En particular, el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de
2005 dispuso que la nómina del respectivo ente territorial o entidad no puede
modificarse dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos de
elección popular, salvo que se trate de la provisión de cargos por faltas definitivas
ocasionadas por muerte o por renuncia irrevocable debidamente aceptada, o de la
aplicación de las normas de carrera administrativa.

[…]

Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios,
Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal,
Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones,
no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos
públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su
cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas,
en o para reuniones de carácter proselitista en las que participen los candidatos a
cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los
candidatos.

Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social
en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, Gobernaciones
Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o
Distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público
para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de
electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo
cuando participen voceros de los candidatos.

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los
cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que
se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia

27 Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo

152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de
2004, y se dictan otras disposiciones.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2025, rad. 05001-23-33-

000-2014-01212-01 (1445-2025); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2025, rad.
05001-23-33-000-2014-01134-01 (0351-2024).

14

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irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de
aplicación de las normas de carrera administrativa.

81. Esta prohibición se aplica a las entidades territoriales y comprende tanto los
procesos electorales de carácter nacional como los de carácter territorial. Así lo
precisó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al indicar que el
ámbito subjetivo de la disposición se desprende de las autoridades territoriales
expresamente mencionadas en el parágrafo, sin que su alcance se limite a una
determinada clase de elección29.

82. En cuanto al contenido de la expresión «modificar la nómina», la misma Sala
ha explicado que la restricción comporta, en principio, la suspensión temporal de la
facultad nominadora para efectuar nuevas vinculaciones, para desvincular a los
servidores en ejercicio de sus cargos y para crear nuevos empleos. La prohibición, en
consecuencia, no se limita al incremento cuantitativo de la planta de personal o del
gasto público, sino que comprende cualquier movimiento que altere la conformación
de la nómina de la entidad.

83. Sobre la finalidad de esta regulación, la Corte Constitucional, al ejercer el
control previo de constitucionalidad de la Ley 996 de 2005 mediante la sentencia C-
1153 de 2005, explicó que la ley de garantías busca afianzar la neutralidad de los
servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales y procurar que
sean las ideas y propuestas —y no el uso indebido de recursos estatales— las que
definan el resultado de la contienda democrática30.

84. Ese mismo pronunciamiento constitucional, en el análisis puntual del inciso
cuarto del parágrafo del artículo 38, concluyó que la prohibición resulta ajustada a la
Carta porque impide que la nómina de los entes territoriales se convierta en un
instrumento de campaña electoral para los servidores públicos autorizados por la
Constitución para actuar en política. Asimismo, estimó que las excepciones previstas
respetan el equilibrio entre la moralidad administrativa y la eficacia del servicio, pues
la provisión de una vacante por muerte o renuncia no corresponde a un cargo creado
ad hoc en época de campaña, sino a una necesidad permanente de la administración
que no puede dejar de atenderse por encontrarse en periodo electoral. Por esa misma
razón, la Corte estimó razonable el límite temporal de cuatro meses, por ser el lapso
en que se incrementa el riesgo de aprovechamiento del cargo público con fines
políticos31.

85. Sin embargo, las excepciones expresamente señaladas en el artículo 38 no
agotan todos los supuestos en los que resulta jurídicamente admisible un movimiento
de personal durante el periodo preelectoral. La jurisprudencia y la doctrina consultiva
del Consejo de Estado han admitido que es posible proveer una vacante originada en
otra causa legal, o adoptar una medida indispensable para atender una situación de

29 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil del 10 de junio de 2010, rad. 11001-03-06-000-2010-00066-

00.
30
Corte Constitucional, sentencia C-1153 de 2005.
31 Ibidem.

15

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apremio, siempre que la inactividad de la administración pudiera afectar de manera
grave o significativa el cumplimiento de sus funciones o la prestación del servicio
público. En esos eventos excepcionales, la decisión debe: (i) atender los propósitos
de la ley de garantías; (ii) respetar los principios de la función administrativa previstos
en la Constitución y en las Leyes 489 de 1998 y 1437 de 2011; (iii) fundarse en
circunstancias fácticas y jurídicas ciertas y reales que permitan concluir que, de no
adoptarse, se afectaría la función administrativa o el servicio público; y (iv) garantizar
que la función administrativa satisfará las necesidades de los ciudadanos de manera
continua y permanente32.

86. En esa misma línea, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha admitido
que, en casos excepcionales, es posible ejercer la facultad discrecional para
desvincular a un servidor durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de
2005, siempre que el acto esté especialmente motivado; por ejemplo, cuando la
desvinculación obedezca a la necesidad de separar a un funcionario que interviene
abiertamente en política y compromete la transparencia electoral, o cuando responda
a una necesidad permanente e inaplazable del servicio, como la imposibilidad del
titular del cargo de continuar en su desempeño. La omisión de motivar
adecuadamente la decisión durante la vigencia de la restricción convierte la
desvinculación en una medida arbitraria y contraria a la ley33.

87. Ahora bien, tratándose de los traslados de personal, la jurisprudencia ha
distinguido esta figura de la modificación de la nómina en el sentido prohibido por la
ley. De conformidad con el artículo 2.2.5.4.2 del Decreto 1083 de 2015 34, el traslado
consiste en la provisión de un cargo vacante con un empleado que ya se encuentra
en servicio activo, de manera que no implica la creación ni la supresión de empleos,
ni la vinculación o desvinculación de personal ajeno a la planta existente, sino la
reubicación de un recurso humano ya vinculado para atender una necesidad del
servicio. Por esa razón, el traslado de un servidor público, en principio, no configura
una modificación de la nómina en el sentido restringido por el artículo 38 de la Ley 996
de 200535.

88. En lo que atañe a la renuncia como causal de retiro, el Decreto Ley 2400 de
196836 dispuso que esta debe ser manifestada por el servidor en forma escrita e
inequívoca, y que, por tratarse de un acto voluntario, debe reflejar una voluntad libre
y consciente, ajena a todo vicio como el error, la fuerza —coacción física o moral— o
el dolo que pueda cercenarla o constreñirla. Presentada en tales condiciones, la
renuncia debe ser aceptada por la administración, so pena de carecer de validez.

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2012, radicado 25000-23-25-
000-2006-04197-01 (0461-09).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, del 11 de noviembre de 2010, rad. 73001-23-31-000-2006-01792-01

(0481-10); sentencia del 12 de abril de 2012, rad. 25000-23-25-000-2006-04197-01 (0461-09).
34 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2025, radicado: 05001-23-

33-000-2014-001212-01 (1445-2025).
36
Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras
disposiciones.

16

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89. Tratándose específicamente de los empleos de libre nombramiento y remoción
—esto es, los de dirección, manejo y confianza, en los términos del artículo 5 de la
Ley 909 de 2004—, la jurisprudencia ha reconocido la figura de la renuncia
protocolaria, en virtud de la cual el nominador, en procura de reorganizar su equipo
de trabajo, puede solicitar la renuncia de quienes lo conforman sin que ello configure,
por sí solo, un acto de persecución o de presión en contra del servidor. Esta potestad
se explica en la naturaleza de confianza de dichos empleos, que no gozan de un fuero
de estabilidad como el de los cargos de carrera, y permite al nominador evitar verse
compelido a declarar la insubsistencia de quienes no forman parte de su equipo de
confianza37.

90. En ese contexto, la solicitud o insinuación de la renuncia protocolaria, aun
durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de 2005, no comporta por sí
misma una desviación de poder ni un desconocimiento de la prohibición de modificar
la nómina, siempre que la vacante resultante se provea con fundamento en la causal
de renuncia irrevocable debidamente aceptada —excepción expresamente prevista
en el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38— y que no se acredite que la voluntad
del servidor estuvo viciada por coacción, error o dolo.

91. De lo expuesto se colige que la prohibición de modificar la nómina durante el
periodo preelectoral, prevista en el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 de la Ley
996 de 2005, constituye una garantía instituida para preservar la neutralidad de la
función pública y evitar que la estructura del Estado sea utilizada como instrumento
de proselitismo o de favorecimiento electoral. Se trata, con todo, de una restricción
que no tiene carácter absoluto, en la medida en que cede frente a la necesidad de
asegurar la continuidad y la eficacia de la administración, siempre que el movimiento
de personal responda a una causa real y verificable, ajena a cualquier propósito de
incidir en la contienda electoral, y no a la mera creación o supresión artificiosa de
cargos en época de campaña.

3.4. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto

92. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

93. El gobernador del Valle del Cauca nombró a la señora Esperanza Cifuentes
Sánchez, mediante el Decreto 1483 del 31 de octubre de 2006, en el empleo de libre
nombramiento y remoción de directora técnica, código 009, grado 02, de la planta
global de cargos de la Administración Central Departamental, del cual tomó posesión
el 2 de noviembre siguiente38.

94. El gobernador del Valle del Cauca nombró a la señora Esperanza Cifuentes
Sánchez, a través del Decreto 0136 del 1º de febrero de 2008, en el empleo de libre

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 22 de febrero de 2018, rad. 25000-23-25-000-2008-

00942-01 (1635-17); Subsección B, del 25 de noviembre de 2019, rad. 25000-23-42-000-2014-01082-01 (2919-
17).
38 Cuaderno principal, pp. 13 a 14.

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nombramiento y remoción de directora técnica, código 009, grado 02, adscrito al
despacho del gobernador. La funcionaria tomó posesión del cargo en esa misma
fecha, según consta en el acta de posesión 2008-014339.

95. El gobernador del Valle del Cauca encargó a la señora Esperanza Cifuentes
Sánchez, con el Decreto 0362 del 12 de marzo de 2010, del empleo de secretaria de
despacho, código 020, grado 03, de la Secretaría de Equidad de Género para las
Mujeres Vallecaucanas, entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2010, sin efectos
fiscales. La funcionaria tomó posesión del encargo el 29 de marzo de 2010, según
consta en el acta de posesión 2010-005640.

96. El gobernador del Valle del Cauca nombró a la señora Esperanza Cifuentes
Sánchez, mediante el Decreto 0287 del 12 de abril de 2013, en el empleo de directora
técnica, código 009, grado 02, adscrito a la Dirección Técnica de la Secretaría de la
Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, con ocasión del ajuste de la estructura
y de la planta de cargos de la Administración Central Departamental41.

97. La Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional del
departamento del Valle del Cauca autorizó a la señora Esperanza Cifuentes Sánchez
el disfrute de vacaciones entre el 5 y el 26 de noviembre de 2013, mediante la
Resolución 0798 del 29 de octubre de 201342.

98. El departamento del Valle del Cauca nombró, mediante el Decreto 1120 del 7
de noviembre de 2013, a la señora Miriam Ayala de Jordán en el empleo de libre
nombramiento y remoción de directora técnica, código 009, grado 02, adscrito a la
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, a partir de esa misma
fecha43.

99. La señora Miriam Ayala de Jordán tomó posesión, el 8 de noviembre de 2013,
del empleo de directora técnica, código 009, grado 02, adscrito a la Secretaría de la
Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, para el cual había sido nombrada
mediante el Decreto 1120 del día anterior, según consta en el acta de posesión 0581,
suscrita por la posesionada y por el gobernador o su delegado44.

100. Mediante comunicación del 8 de noviembre de 2013, la Subsecretaría de
Recursos Humanos informó a la señora Esperanza Cifuentes Sánchez que, a través
del Decreto 1120 del día anterior, el gobernador del Valle del Cauca había nombrado
a la señora Miriam Ayala de Jordán para reemplazarla en el empleo de directora
técnica, código 009, grado 02. Asimismo, le solicitó entregar los documentos y
archivos a su cargo, un informe sobre las actividades realizadas y pendientes, y los
elementos de inventario asignados al área de desempeño45.

39 Cuaderno 2, pp. 6 a 7.
40 Cuaderno 2, pp. 8 a 10.
41 Cuaderno 2, pp. 10 a 12.
42 Cuaderno principal, pp. 11 a 12.
43 Cuaderno principal, pp. 4.
44
Cuaderno principal, pp. 5 y cuaderno 2, pp. 14.
45 Cuaderno principal, pp. 6.

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Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

101. La señora Esperanza Cifuentes Sánchez elaboró y suscribió, el 15 de
noviembre de 2013, el informe de entrega del cargo de directora técnica de la
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, en el que relacionó
las actividades realizadas, los asuntos pendientes, los bienes asignados y los
compromisos asociados al convenio de asociación 0782 del 9 de agosto de 2013.
Asimismo, dejó constancia de la entrega del acta de cambio de supervisor
debidamente firmada46.

102. La señora Esperanza Cifuentes Sánchez registró en su formato único de hoja
de vida el título de abogada, obtenido en enero de 2004 y la especialización en
derecho de familia, finalizada en junio de 2006.

103. En esa misma línea, consignó experiencia laboral en entidades como el
departamento del Valle del Cauca, la Cámara de Representantes y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. En esas entidades se desempeñó como directora
técnica desde el 1º de noviembre de 2006, secretaria de despacho entre el 29 de
marzo y el 9 de abril de 2010, asistente administrativa entre el 26 de abril de 2004 y
el 31 de diciembre de 2005, y técnica administrativa entre el 25 de marzo de 1987 y
el 25 de marzo de 199747.

104. La señora Miriam Ayala de Jordán registró en sus formatos únicos de hoja de
vida el título de abogada, obtenido en marzo de 2001, una especialización en derecho
administrativo, finalizada en junio de 2002, así como una certificación como
conciliadora en derecho de la Cámara de Comercio.

105. Asimismo, reportó experiencia laboral en entidades públicas y privadas, entre
ellas, el departamento del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental del Valle del
Cauca, el municipio de Santiago de Cali, el Concejo Municipal de Cali, el Hospital
Psiquiátrico Universitario del Valle, el Banco de la República y el sector privado. En
esas entidades desempeñó, entre otros, los cargos de abogada, asesora jurídica,
subsecretaria, profesional asesora de planeación, jefe de oficina, revisora y asistente,
además de ejercer de manera independiente como abogada litigante. En uno de los
formatos de hoja de vida señaló un tiempo total de experiencia de 36 años, distribuido
en 13 años y 3 meses como servidora pública, 13 años en el sector privado y 10 años
como trabajadora independiente48.

106. El gobernador del Valle del Cauca nombró a la señora Esperanza Cifuentes
Sánchez, por Decreto 0596 del 27 de junio de 2014, en el empleo de libre
nombramiento y remoción de profesional especializado, código 222, grado 06, de la
planta de cargos de la Gobernación del Valle del Cauca, del cual tomó posesión el 14
de julio siguiente49.

46 Cuaderno principal, pp. 7 a 10.
47 Cuaderno 3, pp. 23 a 24.
48
Cuaderno principal, pp. 25 a 36.
49 Cuaderno 2, pp. 15 a 16.

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Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

107. El gobernador encargado del Valle del Cauca nombró a la señora Esperanza
Cifuentes Sánchez, a través del Decreto 1553 del 23 de diciembre de 2014, en el
empleo de libre nombramiento y remoción de directora técnica, código 009, grado 02,
adscrito a la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. La
funcionaria tomó posesión del cargo el 5 de enero de 2015, según consta en el acta
de posesión 063050.

108. La Subsecretaría de Recursos Humanos del Departamento del Valle del Cauca
certificó mediante oficio 0101-01-35 del 2 de junio de 2016, que el empleo de directora
técnica, código 009, grado 02, adscrito a la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género
y Diversidad Sexual, tenía como propósito principal dirigir los estudios e
investigaciones relacionados con la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de los planes, programas y proyectos institucionales del área asignada.

109. En ese contexto, certificó que al referido empleo le correspondían, entre otras
funciones, liderar estudios e investigaciones para la formulación y evaluación de
planes, programas, políticas y proyectos; asegurar el cumplimiento de la normativa
aplicable a los procesos y trámites administrativos; promover el fortalecimiento
institucional y la adopción de tecnologías y estrategias de gestión; prestar asistencia
técnica a los municipios; y establecer planes de acción y mejoramiento51.

3.5. Caso concreto

110. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en determinar si la
insubsistencia tácita del nombramiento de la señora Esperanza Cifuentes Sánchez en
el empleo de directora técnica, código 009, grado 02, adscrito a la Secretaría de la
Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, se ajustó al ordenamiento jurídico o
si, por el contrario, desconoció la prohibición de modificar la nómina prevista en el
artículo 38 de la Ley 996 de 2005, el debido proceso y los límites de la facultad
discrecional.

111. La parte demandante sostuvo que la expedición del Decreto 1120 del 7 de
noviembre de 2013 no bastaba para entender materializado su reemplazo, pues
también se requerían la posesión de la nueva funcionaria, su retiro efectivo, la entrega
del cargo y la modificación de la nómina. Añadió que la falta de comunicación oportuna
de la decisión vulneró sus derechos al debido proceso, defensa, contradicción e
impugnación, y que el nombramiento de la nueva funcionaria obedeció a vínculos de
amistad y afinidad política, y no al mejoramiento del servicio.

112. El tribunal concluyó que la insubsistencia tácita de la demandante se produjo
antes de que comenzara la prohibición electoral, toda vez que el Decreto 1120 fue
expedido el 7 de noviembre de 2013 y la señora Miriam Ayala de Jordán tomó
posesión al día siguiente. También consideró que la comunicación posterior no afectó
la eficacia de la decisión frente a la modificación de la nómina y que las pruebas no

50
Cuaderno 2, pp. 18 a 19.
51 Cuaderno 3, pp. 34.

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demostraron la desviación de poder alegada.

113. En el recurso de apelación, la parte demandante controvirtió esas conclusiones
e insistió en que no existía certeza sobre la posesión antes del 9 de noviembre de
2013, que su retiro solo se materializó con la entrega del cargo y la modificación de la
nómina, y que las pruebas debían valorarse conjuntamente para establecer la finalidad
real de la decisión.

114. En ese contexto, la Sala adoptará la siguiente metodología: en primer lugar,
identificará y valorará las pruebas relevantes para resolver los cargos de apelación.
Luego, abordará los problemas jurídicos en el orden planteado, esto es: i) la infracción
de la prohibición de modificar la nómina prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de
2005; ii) la falta de competencia temporal del gobernador para efectuar el reemplazo;
iii) la vulneración del debido proceso y los efectos de la comunicación de la decisión
sobre su eficacia; y iv) la desviación de poder atribuida al ejercicio de la facultad
discrecional.

115. Del material probatorio allegado al plenario se conoció que la señora Esperanza
Cifuentes Sánchez ocupaba, desde el 12 de abril de 2013, el empleo de libre
nombramiento y remoción de directora técnica, código 009, grado 02, adscrito a la
Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, y que mediante el
Decreto 1120 del 7 de noviembre de 2013, el gobernador del Valle del Cauca nombró
a la señora Miriam Ayala de Jordán en ese mismo empleo, quien tomó posesión el 8
de noviembre siguiente, según consta en el acta 2013-0581, suscrita por la
posesionada y por el nominador.

116. Asimismo, se acreditó que la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional había autorizado a la demandante el disfrute de vacaciones entre el 5
y el 26 de noviembre de 2013. Durante ese periodo, la Subsecretaría de Recursos
Humanos expidió, el 8 de noviembre de 2013, una comunicación dirigida a informarle
que otra persona había sido nombrada en el cargo que desempeñaba y a solicitarle la
entrega de los documentos, archivos, asuntos pendientes y elementos asignados al
cargo. La señora Esperanza Cifuentes Sánchez elaboró y suscribió el correspondiente
informe de entrega el 15 de noviembre siguiente.

117. Además de los documentos arrimados al proceso, obra en el expediente el
testimonio de Frances Milena López Hernández, recibido en la audiencia de pruebas
celebrada por el Tribunal el 4 de agosto de 201652.

118. (i) Frances Milena López Hernández53 manifestó que, para la época de los
hechos, se desempeñaba como secretaria de la Secretaría de la Mujer, Equidad de
Género y Diversidad Sexual. Relató que recibió, el 8 de noviembre de 2013 hacia las
5:00 p.m., una comunicación dirigida a la señora Esperanza Cifuentes Sánchez, quien
se encontraba en vacaciones desde el 5 de noviembre anterior. Explicó que informó

52 Cuaderno principal, pp. 203 a 206.
53 Cuaderno principal, pp. 207 – CD contentivo de la audiencia de pruebas.

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de esa circunstancia a la secretaria de despacho, quien le indicó que recibiera el
documento y dejara constancia de la ausencia de la destinataria. Añadió que
posteriormente se comunicó telefónicamente con la demandante para informarle que
había llegado un oficio relacionado con su retiro, aunque no pudo entregarle
materialmente el documento porque aquella se encontraba fuera de Cali.

119. La testigo señaló que no recordaba la fecha exacta en la que la señora Miriam
Ayala de Jordán comenzó a ejercer las funciones de directora técnica, pero afirmó que
se incorporó a la dependencia aproximadamente una semana después de su
nombramiento. Indicó que trabajó con ella durante cerca de un mes y medio, hasta su
retiro del servicio el 31 de diciembre siguiente, y que, durante ese periodo, la nueva
funcionaria se apoyó en los demás servidores para conocer los asuntos y proyectos
de la dependencia. En contraste, sostuvo que la demandante conocía ampliamente el
cargo y los proyectos a su cargo, debido al tiempo durante el cual los había
gestionado.

120. En cuanto a las razones del reemplazo, la señora Frances Milena López
Hernández expresó que en la oficina circulaban comentarios según los cuales la
señora Miriam Ayala de Jordán mantenía una relación de amistad con la secretaria de
despacho y pertenecía a su misma corriente política. No obstante, reconoció que esa
información provenía de rumores. También afirmó que la secretaria le había indicado
que permitiera el ingreso de la señora Ayala de Jordán sin preguntarle a quién
buscaba ni que necesitaba, porque era su «amiga del alma». Finalmente, señaló que
tuvo conocimiento de que durante ese mismo periodo se remitieron comunicaciones
similares a otros servidores, aunque no recordó cuántas ni a quiénes estaban
dirigidas.

121. A partir de lo anterior, se advierte que el testimonio de la señora López
Hernández resulta relevante para la resolución del asunto, pues fue rendido por una
persona que laboró tanto con la demandante como con quien posteriormente la
reemplazó en la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. En
esa medida, su declaración permite conocer el contexto en el que se produjo la
insubsistencia tácita de la señora Esperanza Cifuentes Sánchez, sin perjuicio de la
valoración que corresponda efectuar respecto de cada uno de los hechos relatados.

122. En ese orden de ideas, sus dichos serán valorados bajo las reglas de la sana
crítica, junto con las demás pruebas obrantes en el plenario, conforme al artículo 176
del CGP54.

3.5.1. Infracción de la prohibición de modificar la nómina prevista en el artículo
38 de la Ley 996 de 2005

123. La recurrente sostiene que la expedición del Decreto 1120 del 7 de noviembre

54 Artículo 176. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin

perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez
expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

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de 2013 no bastaba para entender materializado la insubsistencia de su
nombramiento en el cargo de directora técnica, pues, a su juicio, también se requería
la posesión de la nueva funcionaria, su retiro efectivo, la entrega del cargo y la
correspondiente modificación de la nómina. En ese sentido, afirma que no existe
certeza de que la señora Miriam Ayala de Jordán hubiera tomado posesión antes del
9 de noviembre de 2013 y que, en todo caso, la entrega del cargo solo se produjo el
día 15 siguiente, cuando ya regía la prohibición prevista en el artículo 38 de la Ley 996
de 2005.

124. Pues bien, como se expuso en el marco jurídico, el inciso cuarto del parágrafo
del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 dispone que la nómina de los entes territoriales
y de las entidades descentralizadas del orden municipal, distrital y departamental no
puede modificarse durante los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos de
elección popular, salvo en los eventos expresamente autorizados por la norma. Esta
prohibición comprende, en principio, tanto la vinculación de nuevos servidores como
la desvinculación de quienes se encuentren ocupando los empleos.

125. En el caso concreto, se advierte que, de conformidad con el artículo 1º de la
Ley 84 de 199355, las elecciones para Congreso de la República debían celebrarse el
segundo domingo de marzo, fecha que en 2014 correspondió al 9 de marzo. En
consecuencia, la prohibición de modificar la nómina prevista en el inciso cuarto del
parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 comenzó a regir el 9 de noviembre de
2013.

126. En ese contexto, mediante el Decreto 1120 del 7 de noviembre de 2013, el
gobernador del Valle del Cauca nombró a la señora Miriam Ayala de Jordán en el
mismo empleo que ocupaba la demandante, decisión que llevaba implícita la
insubsistencia de esta última. No obstante, la fecha de expedición de ese acto no
resulta suficiente, por sí sola, para establecer el momento en que se materializaron el
nombramiento y el consecuente retiro de la señora Esperanza Cifuentes Sánchez.

127. Al respecto, esta Corporación56 ha sostenido que el nombramiento de un
servidor público constituye un acto condición que, aunque existe formalmente desde
su expedición, solo produce los efectos propios de la vinculación cuando la persona
designada acredita los requisitos exigidos y toma posesión del empleo. En ese
momento adquiere los derechos y deberes inherentes al cargo y se configura la
situación jurídica particular derivada de la designación. Asimismo, cuando el
nombramiento implica el retiro de quien venía ocupando el empleo, la eficacia de la
desvinculación se encuentra condicionada a la posesión del nuevo funcionario. En
consecuencia, para determinar cuándo se materializó el reemplazo de la demandante,
debe establecerse la fecha en que la señora Miriam Ayala de Jordán tomó posesión
del empleo.

55 Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de

septiembre de 2017, radicación 54001-23-33-000-2012-00114-01 (4147-2014); Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de mayo de 2023, radicación 15001-23-33-000-2017-00693-02 (2436-2021).

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128. En el proceso obran dos copias del acta de posesión 2013-0581. La primera
fue aportada por la demandante y, aunque no contiene las firmas de la señora Miriam
Ayala de Jordán ni del gobernador del Valle del Cauca, tiene un sello de la
Subsecretaría de Recursos Humanos en el que se certifica que corresponde a una
copia fiel del original57. Por su parte, la documentación remitida posteriormente por el
ente territorial demandado contiene otra copia del mismo documento, en la que
aparecen las firmas de la posesionada y del gobernador, y se registra como fecha de
la diligencia el 8 de noviembre de 201358.

129. Esta última fue allegada en cumplimiento de la prueba decretada por el propio
tribunal durante la audiencia inicial del 24 de mayo de 201659, en la que ordenó al
departamento remitir las hojas de vida de la demandante y de la señora Miriam Ayala
de Jordán, junto con los documentos relacionados con sus nombramientos dentro de
la entidad. Una vez incorporada la documentación, el tribunal corrió traslado a las
partes en la audiencia de pruebas del 4 de agosto de 2016 60. En esa oportunidad, la
parte demandante manifestó que no tenía ninguna objeción frente a las pruebas
recaudadas y se dejó constancia de que conoció los documentos agregados al
expediente.

130. Bajo estas consideraciones, no resulta procedente que la demandante pretenda
poner en duda, en sede de apelación, la autenticidad o el valor probatorio del acta de
posesión suscrita. De acuerdo con los artículos 244 y 246 del CGP, los documentos
públicos, tanto en original como en copia, se presumen auténticos mientras no sean
tachados de falsos, y las copias tienen el mismo valor probatorio del original, salvo
disposición legal en contrario. En este caso, la copia firmada fue incorporada
regularmente al proceso, se puso en conocimiento de las partes y la demandante
manifestó expresamente que no tenía objeción frente a la prueba documental
recaudada. Por tanto, el acta de posesión 2013-0581 conserva su presunción de
autenticidad y acredita que la señora Miriam Ayala de Jordán tomó posesión del
empleo de directora técnica el 8 de noviembre de 2013.

131. En esa misma línea, la referencia efectuada por Frances Milena López
Hernández tampoco permite situar la posesión en una fecha posterior. La testigo
afirmó que la señora Miriam Ayala de Jordán se incorporó a la dependencia
«aproximadamente una semana después» de su nombramiento y reconoció que no
recordaba la fecha exacta en que comenzó a ejercer las funciones de directora
técnica. Se trata, entonces, de una apreciación aproximada sobre el momento en que
la nueva funcionaria inició materialmente sus labores en la dependencia, que por sí
misma no tiene la entidad de desvirtuar el dato específico contenido en el acta 2013-
0581, según la cual esta tomó posesión del empleo el 8 de noviembre de 2013.

57 Cuaderno principal, pp. 5.
58 Cuaderno 2, pp. 14.
59 Cuaderno principal, pp. 176 a 180.
60 Cuaderno principal, pp. 203 a 206.

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132. Así las cosas, como se explicó, el nombramiento de la señora Miriam Ayala de
Jordán produjo efectos con su posesión en el empleo. Dado que el acta 2013-0581
acredita que esa diligencia se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2013, la designación
se perfeccionó antes de que comenzara a regir la prohibición de modificar la nómina
prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005. En ese mismo momento se materializó
la insubsistencia tácita de la señora Esperanza Cifuentes Sánchez, pues su retiro
constituía el efecto jurídico implícito del nombramiento de otra persona en el mismo
empleo.

133. Esta conclusión tampoco se modifica por el hecho de que la comunicación
dirigida a la demandante hubiera sido recibida o conocida con posterioridad. Los
efectos jurídicos de la insubsistencia se producen con la ejecución de la decisión de
retiro y no dependen de las formalidades mediante las cuales esta se pone en
conocimiento del servidor. Por tanto, la comunicación posterior no condicionaba la
eficacia de la insubsistencia tácita ni desplazaba el momento en que se produjo la
modificación de la nómina61.

134. De igual forma, no resulta relevante, para estos efectos, que la demandante
hubiera elaborado el informe de entrega del cargo el 15 de noviembre de 2013. Esa
actuación constituyó una consecuencia material de su desvinculación y tuvo por objeto
trasladar los documentos, asuntos pendientes y bienes asociados al empleo, pero no
condicionó la posesión de la nueva funcionaria ni postergó la insubsistencia tácita de
quien lo ocupaba.

135. En consecuencia, la modificación de la nómina se produjo el 8 de noviembre
de 2013, antes de que comenzara a regir la prohibición electoral, razón por la cual no
se configuró la infracción del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 alegada en el recurso.

3.5.2. Competencia temporal del gobernador del Valle del Cauca para efectuar el
nombramiento de la nueva funcionaria

136. En línea con el alegato anterior, la demandante sostuvo que el gobernador del
Valle del Cauca carecía de competencia temporal para efectuar su reemplazo, pues,
a su juicio, este se materializó cuando ya se encontraba vigente la prohibición de
modificar la nómina prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005.

137. De conformidad con el numeral 7 del artículo 305 de la Constitución Política,
corresponde al gobernador crear, suprimir y fusionar los empleos de sus
dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos, con sujeción
a la ley y a las ordenanzas respectivas. Esta atribución se enmarca en su condición
de jefe de la administración departamental y guarda correspondencia con la facultad
de dirigir la acción administrativa y nombrar y separar a sus agentes que contemplaba

61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2026, radicado 05001-23-33-

000-2021-00289-01 (6146-2024).

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el numeral 2 del artículo 9462 del Decreto 1222 de 198663 —vigente para la época de
los hechos64—. En ese contexto, el gobernador del Valle del Cauca era la autoridad
competente para proveer el empleo de directora técnica, código 009, grado 02,
perteneciente a la administración central del departamento y clasificado como de libre
nombramiento y remoción.

138. Ahora bien, como se concluyó en el apartado anterior, el nombramiento de la
señora Miriam Ayala de Jordán y el consecuente retiro de la demandante se
materializaron el 8 de noviembre de 2013, cuando aún no había comenzado a regir la
prohibición prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Por tanto, el gobernador
no solo tenía competencia funcional para proveer el empleo, sino que podía ejercerla
válidamente en ese momento, de modo que no se configuró la falta de competencia
temporal alegada en el recurso.

3.5.3. Vulneración del debido proceso por la comunicación posterior de la
decisión

139. La demandante adujo que se vulneró su derecho al debido proceso, en
particular las garantías de audiencia y defensa, porque la decisión contenida en el
Decreto 1120 del 7 de noviembre de 2013, que implicó la insubsistencia tácita de su
nombramiento, no le fue comunicada oportunamente. A su juicio, esta circunstancia
le impidió conocer la determinación y controvertirla antes de que produjera efectos
respecto de su vinculación.

140. Para resolver este cargo, debe tenerse en cuenta que el inciso segundo del
artículo 2º del CPACA excluye expresamente la aplicación de las disposiciones de la
Parte Primera de ese código al ejercicio de la facultad de libre nombramiento y
remoción. Por tanto, la decisión de retirar a quien ocupa uno de estos empleos no está
sometida al procedimiento administrativo general previsto en dicha regulación.

141. En relación con la eficacia de esta clase de decisiones, la jurisprudencia de esta
Subsección ha precisado que los actos mediante los cuales la administración, en
ejercicio de la facultad discrecional, declara insubsistente un nombramiento son actos
de ejecución, en cuanto materializan la determinación de separar a una persona de
determinado empleo65. Por ello, producen efectos jurídicos a partir de su ejecución,
sin que estos dependan del cumplimiento de una formalidad de notificación o
comunicación al servidor.

142. Bajo esa premisa, la insubsistencia de la demandante se produjo de manera
tácita, como consecuencia del nombramiento y la posesión de otra persona en el
empleo que venía desempeñando. Así, dado que la señora Miriam Ayala de Jordán

62 Artículo 94.2 Dirigir la acción administrativa en el departamento, nombrando y separando sus agentes,
reformando o revocando los actos de éstos y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la
administración.
63 Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.
64 Derogado por el artículo 154 de la Ley 2220 de 2022.
65
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2026, radicado 05001-23-33-
000-2021-00289-01 (6146-2024).

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tomó posesión el 8 de noviembre de 2013, en esa fecha se materializó el retiro de la
demandante.

143. En ese contexto, la comunicación a la demandante tenía por finalidad poner en
su conocimiento la determinación adoptada, pero no constituía un presupuesto para
que el retiro produjera efectos jurídicos ni condicionaba el momento en que este se
materializó.

144. De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, el departamento del
Valle del Cauca dirigió a la demandante una comunicación fechada el 8 de noviembre
de 2013, mediante la cual le informó sobre el nombramiento de la señora Miriam Ayala
de Jordán en el empleo que aquella desempeñaba y le solicitó efectuar la
correspondiente entrega. La comunicación fue recibida en su dependencia mientras
se encontraba en vacaciones, circunstancia que explica que hubiera tenido
conocimiento personal de la decisión días después.

145. En esas condiciones, el hecho de que la demandante hubiera conocido la
determinación después de su expedición no vulneró sus garantías de audiencia y
defensa. Ello no alteró los efectos jurídicos derivados de la posesión de la nueva
funcionaria ni desplazó la modificación de la nómina a una fecha posterior. Tampoco
se acreditó que hubiera restringido materialmente su posibilidad de cuestionar la
legalidad del acto, como efectivamente lo hizo ante esta jurisdicción.

146. Por consiguiente, el conocimiento personal posterior de la decisión no afectó la
validez del nombramiento ni configuró la vulneración del debido proceso alegada. Por
tanto, este cargo de apelación tampoco está llamado a prosperar.

3.6.3. Desviación de poder en el ejercicio de la facultad discrecional de retiro

147. Finalmente, la demandante alegó que el gobernador del Valle del Cauca
incurrió en desviación de poder al disponer su retiro, pues, a su juicio, la facultad
discrecional se utilizó para favorecer a la señora Miriam Ayala de Jordán por razones
de amistad y afinidad política, y no con el propósito de garantizar el buen servicio.
Agregó que las pruebas demostraban su mayor experiencia y conocimiento de los
asuntos a cargo de la dependencia, así como la falta de preparación de quien la
reemplazó.

148. Al respecto, conviene recordar que el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 dispone
que los empleos de libre nombramiento y remoción corresponden, entre otros, a
aquellos de dirección, conducción y orientación institucional, cuya naturaleza implica
la adopción de políticas o directrices y exige un especial grado de confianza.

149. En esas condiciones, la vinculación a este tipo de empleos se realiza en
ejercicio de la facultad discrecional del nominador, quien selecciona a la persona que
considere idónea para el cargo. De igual forma, su retiro puede disponerse mediante
la declaratoria de insubsistencia, sin que resulte exigible la motivación del acto, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, el cual establece:

«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;

[…]» (Subraya la Sala)

150. Por su parte, el parágrafo 2 del referido artículo dispone que la competencia
para efectuar la remoción en los empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y se ejercerá mediante acto no motivado:

«Parágrafo 2o. (…) La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.»

151. En concordancia, esta Subsección66 ha señalado que la naturaleza de los
cargos de libre nombramiento y remoción, caracterizados por el especial grado de
confianza que exigen, habilita al nominador para disponer tanto su provisión como su
retiro de manera discrecional, sin que resulte exigible la exposición de las razones que
sustentan dicha decisión. Ello se explica en que la permanencia en este tipo de
empleos depende de la confianza que el nominador deposita en quien los desempeña,
de modo que su desvinculación no requiere motivación, en los términos previstos en
el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

152. Ahora bien, como se expuso en el marco jurídico, la desviación de poder se
configura cuando la autoridad ejerce una competencia formalmente atribuida para
alcanzar una finalidad distinta de aquella prevista por el ordenamiento. Por ello,
aunque la declaratoria de insubsistencia de un empleo de libre nombramiento y
remoción no requiere motivación, la parte que alega este vicio debe desvirtuar la
presunción de legalidad del acto y demostrar, mediante prueba directa o a través de
indicios graves, precisos y concordantes, que la decisión no estuvo orientada al buen
funcionamiento de la administración o el interés general, sino a un propósito personal,
político o de favorecimiento indebido.

153. Con fundamento en estas reglas, la Sala examinará de manera conjunta las
circunstancias y los elementos probatorios que la demandante invoca para demostrar
que su retiro no obedeció al buen servicio, sino a una finalidad personal, política o de
favorecimiento. Para ello, valorará en primer lugar el testimonio de Frances Milena
López Hernández, luego las hojas de vida de la demandante y de la nueva funcionaria
y, finalmente, los demás indicios señalados en el recurso.

154. En cuanto al testimonio de Frances Milena López Hernández, la Sala advierte

66
Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado 68001-23-33-000-2017-00193-
01 (0417-19).

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Demandado: Departamento del Valle del Cauca

que la declarante tenía conocimiento directo sobre el funcionamiento de la
dependencia, pues se desempeñó como secretaria y trabajó tanto con la demandante
como con la señora Miriam Ayala de Jordán. Desde esa posición, afirmó que la
primera conocía ampliamente los proyectos y asuntos a cargo de la oficina, mientras
que la señora Miriam Ayala de Jordán debió apoyarse inicialmente en el resto del
equipo para familiarizarse con ellos.

155. No obstante, ese relato debe valorarse teniendo en cuenta que la testigo solo
trabajó con la nueva directora durante aproximadamente un mes y medio. Por ello,
sus apreciaciones permiten acreditar que esta atravesó un periodo inicial de
adaptación, pero no demuestran, por sí solas, que careciera de idoneidad para ejercer
el empleo ni que su designación hubiera ocasionado una desmejora real y permanente
del servicio.

156. En relación con la supuesta finalidad personal o política del nombramiento, la
testigo indicó que escuchó a su superior referirse a la señora Miriam Ayala de Jordán
como su «amiga del alma». Sin embargo, las demás afirmaciones relacionadas con
afinidades políticas y con la existencia de desvinculaciones semejantes provenían de
comentarios o rumores respecto de los cuales no ofreció circunstancias concretas de
tiempo, modo o lugar. En consecuencia, aunque su declaración constituye un
elemento relevante para valorar el contexto en que se produjo el retiro, no acredita,
de manera directa ni mediante una inferencia suficientemente sólida, que la decisión
hubiera estado determinada por un propósito de favorecimiento personal o político.

157. De otro lado, frente a la idoneidad de la señora Miriam Ayala de Jordán, se tiene
que el Decreto 1120 del 7 de noviembre de 2013, mediante el cual fue nombrada en
el empleo de directora técnica y se produjo la insubsistencia tácita de la demandante,
fue expedido en ejercicio de la facultad discrecional del nominador y, en consecuencia,
se presume orientado a la satisfacción del interés general y al mejoramiento del
servicio. Así las cosas, como se expuso en antelación, correspondía a la parte
demandante aportar los medios probatorios necesarios para acreditar que la decisión
obedeció a una finalidad distinta67.

158. En ese contexto, se advierte que el empleo de directora técnica, código 009,
grado 02, exigía título profesional en cualquier disciplina, título de posgrado en áreas
relacionadas con las funciones del cargo y dos años de experiencia profesional
relacionada. La formación académica y la trayectoria laboral registradas por ambas
funcionarias se sintetizan a continuación:

67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 25000-23-42-

000-2017-02771-01 (3518-2023); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de septiembre de 2024,
radicado 25000-23-42-000-2020-00148-01 (1442-2023); Sección Segunda, Subsección b, sentencia del 7 de mayo
de 2026, radicado: 52001-23-33-000-2015-00632-01 (6526-2022).

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
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Aspecto Requisitos del Esperanza Cifuentes Miriam Ayala de
empleo Sánchez Jordán
Título Título Abogada. Título obtenido Abogada. Título
profesional profesional en en enero de 2004. Tarjeta obtenido en marzo de
cualquier profesional 139.394. 2001. Tarjeta
disciplina profesional 107.982.
Título de Posgrado en Especialista en Derecho de Especialista en Derecho
posgrado áreas Familia desde junio de Administrativo desde
relacionadas 2006. junio de 2002.
con las
funciones del
cargo
Experiencia en Dos años de Directora técnica de la Registró experiencia
la experiencia Gobernación del Valle del como asesora jurídica
administración profesional Cauca desde el 1.º de de la Asamblea
pública relacionada noviembre de 2006. Departamental del Valle
También fue encargada del Cauca, asistente del
como secretaria de Concejo Municipal de
despacho entre el 29 de Cali, abogada de la
marzo y el 9 de abril de Gobernación del Valle
2010. Previamente se del Cauca,
desempeñó como subsecretaria en el
asistente administrativa de municipio de Cali,
la Cámara de asesora jurídica de la
Representantes entre el 26 Asamblea
de abril de 2004 y el 31 de Departamental y
diciembre de 2005, y como asesora en el Hospital
técnica administrativa del Psiquiátrico
ICBF entre el 25 de marzo Universitario del Valle.
de 1987 y el 25 de marzo
de 1997.
Experiencia en No constituye La hoja de vida allegada no Registró experiencia
el sector un requisito registra experiencia como abogada litigante,
privado o autónomo, privada o independiente asesora comercial,
independiente pero puede ser adicional a la relacionada. directora de mercadeo,
valorada para revisora y secretaria de
establecer su gerencia, entre otros
trayectoria cargos en entidades
profesional privadas.
Tiempo total Dos años de La hoja de vida no contiene Declaró 36 años de
registrado experiencia un consolidado total. No experiencia: 13 años y 3
profesional obstante, para la fecha del meses como servidora
relacionada retiro llevaba pública, 13 años en el
aproximadamente siete sector privado y 10 años
años desempeñando el como trabajadora
empleo de directora independiente.
técnica, además de la
experiencia previa
registrada.
Cumplimiento Formación Cumplía los requisitos del Cumplía los requisitos
de los profesional, empleo y contaba con académicos y
requisitos posgrado experiencia directa en su registraba una
relacionado y desempeño. trayectoria profesional
dos años de ampliamente superior al
experiencia mínimo de dos años
profesional exigido para el empleo.
relacionada

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Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
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Tabla 1: Cuadro comparativo de las hojas de vida de las señoras Esperanza Cifuentes Sánchez y
Miriam Ayala de Jordán, de cara con los requisitos exigidos para el cargo de directora técnica, código
009, grado 0268.

159. De la comparación anterior se desprende que la demandante contaba con una
experiencia particularmente relevante, pues había desempeñado el empleo de
directora técnica durante aproximadamente siete años y, por ello, conocía los
programas, proyectos y dinámicas propias de la dependencia. Sin embargo, esa
circunstancia no permite concluir que la señora Miriam Ayala de Jordán careciera de
idoneidad, dado que era abogada, especialista en Derecho Administrativo y registraba
una extensa trayectoria en los sectores público, privado e independiente, que
superaba ampliamente el requisito mínimo de experiencia previsto para el cargo.

160. Adicionalmente, de conformidad con las certificaciones allegadas por la entidad
demandada, las funciones del empleo de directora técnica comprendían la dirección
de los estudios e investigaciones necesarios para la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos institucionales del
área, la promoción de estrategias de fortalecimiento de la gestión, la prestación de
asistencia técnica a los municipios y la formulación de planes de acción y
mejoramiento. Bajo ese marco, la eventual afectación del servicio derivada del
reemplazo no podía acreditarse únicamente mediante la comparación de las hojas de
vida ni a partir del mayor conocimiento que la demandante tenía de los asuntos de la
dependencia, sino que requería elementos de juicio que evidenciaran deficiencias
concretas en el ejercicio de esas funciones o en la gestión de la nueva directora. Esas
deficiencias no fueron demostradas en el proceso.

161. En esa medida, el hecho de que la demandante conociera con mayor
profundidad los asuntos de la dependencia se explica por los cerca de siete años
durante los cuales desempeñó el empleo. A su vez, que la señora Miriam Ayala de
Jordán hubiera acudido inicialmente al apoyo del equipo para familiarizarse con los
programas y proyectos a su cargo no permite concluir que careciera de capacidad
para ejercerlo ni que su designación hubiera afectado la prestación del servicio.

162. Además, la provisión de un empleo de libre nombramiento y remoción no exige
seleccionar a quien ostente la hoja de vida objetivamente superior, sino designar a
una persona que reúna los requisitos previstos para el cargo y cuente con la confianza
del nominador. Por tanto, al margen de lo hasta aquí expuesto, la comparación de los
perfiles profesionales no desvirtúa la idoneidad de la señora Miriam Ayala de Jordán
ni permite inferir, por sí sola, que su nombramiento hubiera obedecido a una finalidad
distinta del buen servicio.

163. Las demás circunstancias invocadas por la demandante tampoco permiten
inferir una finalidad desviada. En primer lugar, el hecho de que el Decreto 1120 del 7

68
La información se extrae de los extractos de hoja de vida allegados al plenario, visibles en el cuaderno 3, pp. 5
a 11 y 23 a 24.

31

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de noviembre de 2013 hubiera sido expedido dos días antes del inicio de la prohibición
prevista en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 no constituye, por sí mismo, un indicio
de ilegalidad. La norma estableció un límite temporal preciso y, como se concluyó, el
nombramiento y el consecuente retiro se materializaron antes de que comenzara a
regir. El ordenamiento no prevé una restricción adicional por la mayor o menor
cercanía de la decisión a esa fecha.

164. En esa misma línea, no resulta indicativo de desviación de poder que la
demandante se encontrara disfrutando de vacaciones cuando se declaró su
insubsistencia. Esa circunstancia explica que hubiera conocido personalmente la
decisión con posterioridad, pero no permite inferir que el nominador hubiera actuado
con un propósito personal, político o de favorecimiento.

165. En cuanto a la supuesta relación de amistad y afinidad política entre la señora
Miriam Ayala de Jordán y su superior, el testimonio de Frances Milena López
Hernández únicamente permite establecer que la declarante escuchó a la secretaria
general referirse a la señora Miriam Ayala de Jordán como su «amiga del alma». Sin
embargo, esa expresión aislada no demuestra que tal vínculo hubiera determinado el
nombramiento ni que el gobernador ejerciera su facultad con una finalidad distinta del
buen servicio. A su vez, las afirmaciones sobre afinidad política provinieron de
comentarios o rumores y no estuvieron respaldadas por elementos objetivos que
permitieran establecer la existencia de ese vínculo o su incidencia en la decisión.

166. Adicionalmente, obra prueba de que la demandante fue nuevamente nombrada
en la administración departamental y que, posteriormente, volvió a ocupar el empleo
de directora técnica durante la misma administración del gobernador de ese periodo.
Aunque esta circunstancia no descarta, por sí sola, la eventual configuración de una
desviación de poder, sí debilita la afirmación de que su retiro hubiera obedecido a un
propósito de persecución, exclusión personal o animadversión política.

167. En consecuencia, valoradas conjuntamente, las circunstancias invocadas no
constituyen indicios graves, precisos y concordantes que permitan inferir que el
nombramiento de la señora Miriam Ayala de Jordán y el consecuente retiro de la
demandante respondieron a una finalidad personal, política o de favorecimiento. Dado
que el ejercicio de la facultad discrecional se presume orientado al interés general y
al mejoramiento del servicio, correspondía a la parte actora demostrar que la decisión
persiguió un propósito distinto. Sin embargo, los elementos aportados no satisfacen
la carga probatoria prevista en el artículo 167 del CGP, por lo que no se desvirtuó la
presunción de legalidad del acto ni se acreditó la desviación de poder alegada.

3.6. Conclusión

168. Con fundamento en lo expuesto, el Decreto 1120 del 7 de noviembre de 2013,
mediante el cual se nombró a la señora Miriam Ayala de Jordán en el empleo de
directora técnica, código 009, grado 02, y se produjo la insubsistencia tácita de la
señora Esperanza Cifuentes Sánchez, se ajusta al ordenamiento jurídico. En efecto,

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el nombramiento y el consecuente retiro se materializaron el 8 de noviembre de 2013,
antes de que comenzara a regir la prohibición de modificar la nómina prevista en el
artículo 38 de la Ley 996 de 2005; el gobernador del Valle del Cauca tenía
competencia funcional y temporal para efectuar el reemplazo; el conocimiento
personal posterior de la decisión no vulneró las garantías de audiencia y defensa de
la demandante; y no se acreditó que el ejercicio de la facultad discrecional hubiera
obedecido a una finalidad personal, política o de favorecimiento, ni que hubiera
generado una desmejora en la prestación del servicio.

169. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.

3.7. Costas

170. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 69 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el 2 de julio de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

69 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

33

Radicación: 76001-23-33-000-2014-00927-01 (1524-2023)
Demandante: Esperanza Cifuentes Sánchez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

34

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