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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00289-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00289-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2024 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar: «SEGUNDO: No condenar en costas» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 14 de agosto de 2024 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la Radicado: 05001-23-33-000-2021-00289-01 (6146-2024) Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez caducidad del medio de control y se inhibió para pronunciarse de fondo, por los motivos expuestos en esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JMC

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-00289-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00289-01 (6146-2024)
Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez
Demandado: Personería de Medellín

Temas: Caducidad del medio de control. Presupuesto de eficacia del acto
de insubsistencia de nombramiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 14 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, mediante la cual se declaró la caducidad del medio de
control.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 082 del 15 de febrero de 2020, por medio de
la cual el personero municipal de Medellín declaró insubsistente su nombramiento en
el empleo de personero delegado 17D.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
i) el reintegro al empleo que venía desempeñando o a uno superior, sin solución de
continuidad; ii) el pago de las sumas correspondientes a salarios, prestaciones

1
En adelante CPACA.

Radicado: 05001-23-33-000-2021-00289-01 (6146-2024)
Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

sociales legales y extralegales, primas, cesantías, vacaciones, bonificaciones y demás
emolumentos dejados de percibir inherentes al cargo; iii) el cumplimiento de la
sentencia de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA ; y iv) la condena en
costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

3.1. Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez fue nombrado personero delegado 17D, nivel
directivo, código 040, grado 17, a través de la Resolución 105 del 14 de marzo de
2008.

3.2. A través de la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020, el personero municipal de
Medellín declaró insubsistente su nombramiento.

3.3. La vacante «generada por la insubsistencia del personero delegado Germen Berardo
Gutiérrez Rodríguez no fue ocupada, violando la regulación del Decreto 1083 de 2015, art.
2.2.11.1.2., inc 2, para el caso de declaratoria de insubsistencia de empleados de libre
nombramiento y remoción».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como disposiciones violadas invocó los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 25, 29, 90, 121,
122, 125 y 209 de la Constitución Política; las leyes 136 de 1994, 489 de 1998, 909 de
2004 y 1551 de 2012; y los decretos 770 de 2005 y 1083 de 2015.

5. El concepto de violación se sustentó en los siguientes argumentos:

5.1. Con la expedición del acto administrativo demandado «se declara insubsistente a
Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez como personero delegado 17 D, no se hizo
nombramiento de la persona que lo reemplaza, hecho con el cual se habilita la declaratoria de
insubsistencia y, en consecuencia, se trunca la prestación del servicio público en perjuicio del
interés general» [sic]. Así las cosas, «se desconoció el componente reglado que impone el
inc 2 del artículo 2.2.11.1.2, Decreto 1083 de 2015 que garantiza el cumplimiento de los fines
estatales en las actuaciones de la administración pública, incurriendo en un vicio formal en su
expedición, al ser expedido de manera irregular, surgido de la improvisación, lo que manda su
declaratoria de nulidad por este cargo».

5.2. La Resolución 082 del 5 de febrero de 2020 se encuentra incursa en el «vicio
material» de desviación de poder, en tanto la autoridad nominadora lo expidió para
alcanzar finalidades diferentes de las establecidas en la Constitución, la ley y los
reglamentos o «expedirlo sin existencia de un hecho que habilite por conveniente el uso de
esa facultad discrecional». Lo anterior se evidenció en la «contradicción del acto con actos

2
Para mayor comprensión los hechos se sintetizarán de acuerdo con el material probatorio allegado.

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Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

o medidas posteriores (p.e tenía la certeza que hacía entrega del cargo 23 días después) i);
contradicción del acto con actos o medidas anteriores (p.e. con las buenas calificaciones en el
desempeño, con la confianza de representar al personero en reuniones con el Ministerio de
Justicia y en los 180 años de la Rama Judicial) ii); motivación excesiva (no aplica) iii); injusticia
manifiesta (el acto de insubsistencia sin tener un hecho que justificada su expedición) iv);
disparidad de tratamiento (p.e. personeros delegados de menor experiencia y estudios no
fueron declarados insubsistente)» [sic].

5.3. En ese orden, con la decisión de desvincularlo del servicio no tuvo como fin el
interés general ni el cumplimiento de fines estatales, en tanto, «no se hizo nombramiento
de la persona que lo reemplaza, no había programas ni proyectos; el personero […] estaba de
salida, sus funciones cesaban el 29 de febrero de 2020, -le restaban 23 días-. Dictó la
resolución por el mero hecho de desvincular al demandante».

1.2. Contestación de la demanda

6. La Personería de Medellín se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente:

6.1. El demandante ocupaba un empleo de libre nombramiento y remoción, por lo que,
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 909 de 2004, resultaba viable el retiro
del servicio a través de la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, sin
motivación alguna; sin embargo, contrario a lo expuesto en la demanda, esa decisión
se adoptó en atención a los fines fijados en el ordenamiento jurídico, esto es, con el
propósito de satisfacer el interés general «dirigido a la búsqueda del bien común o con el
fin de mejoramiento del servicio» [sic].

6.2. En el sub judice no se demostró que se hubiese desmejorado el servicio, en tanto,
mediante la Resolución 102 del 10 de febrero de 2020 se reubicó a un empleado de
libre nombramiento y remoción «en la unidad de UVCO- Disciplinarios- para la Unidad de
UGPDH -Penal a partir del 10 de febrero del 2020, funcionario que además de tener los
requisitos mínimos exigidos en el manual especifico de funciones y de competencias laborales
de la Personería de Medellín, era un profesional preparado y capacitado con experiencia
significativa para el desarrollo de las funciones, como se puede observar en la hoja de vida de
aquél obrante».

6.3. Si bien es cierto que las funciones desempeñadas por Germen Berardo Gutiérrez
Rodríguez fueron «valoradas en un 99%», esto no es suficiente para modificar la
naturaleza del empleo, puesto que, las condiciones profesionales y el correcto
desempeño de la función son las calidades mínimas que se esperan de cualquier
persona en el desempeño de un empleo público.

6.4. Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: i) caducidad de la
acción; ii) legalidad del acto administrativo demandado; iii) ineptitud de la demanda e
indebida acumulación de pretensiones; iv) inexistencia de violación de normas
superiores; v) «el cargo de personero delegado 17D es de libre nombramiento y

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Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

remoción»; vi) el acto demandado «no incurrió en desviación de poder»; vii) «no se
afectó la correcta prestación del servicio»; viii) «el buen desempeño en el cargo no
garantiza la permanencia indefinida en el mismo, ni es óbice para hacer uso de la
facultad discrecional»; ix) «infundabilidad de la acción incoada»; x) cobro de lo no
debido; xi) falta de causa para pedir; xii) prescripción; xiii) «temeridad y presunción
constitucional de mala fe del demandante»; xiv) presunción de buena fe de la entidad;
xv) compensación; y xvi) innominada o genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia proferida el 14 de agosto de 2024, declaró la caducidad del medio de control
y, como consecuencia, se inhibió para pronunciarse de fondo. Lo anterior con
fundamento en los siguientes argumentos:

7.1. La Resolución 082 del 5 de febrero de 2020, a través de la cual fue declarado
insubsistente el nombramiento del demandante, fue notificada el 6 de febrero de 2020.
Asimismo, el 27 de agosto de 2020 solicitó audiencia de conciliación, la cual se declaró
fallida el 3 de noviembre de 2020, con lo que se agotó el requisito de procedibilidad.

7.2. Ahora bien, «es de conocimiento la situación particular acaecida en el año 2020, en la
que, en ocasión de la pandemia, se hizo necesario la suspensión de términos por parte del
Consejo Superior de la Judicatura» [sic], por lo que, para efectos de verificar el fenómeno
de la caducidad se deberá tener en cuenta dichas suspensiones.

7.3. En ese orden, después de relacionar los periodos en los que fueron suspendidos
los términos concluyó que «los términos para acudir a la jurisdicción vencían el 14 de
diciembre de 2020, finalmente, la parte actora presentó la demanda, de forma extemporánea,
el 19 de diciembre de 2020».

7.4. Finalmente, de conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del
Código General del Proceso y el Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la
Judicatura, condenó en costas y agencias en derecho a la parte vencida.

1.4. El recurso de apelación

8. Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez solicitó que se revocara la sentencia proferida
por el tribunal y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda, con
sustento en los siguientes argumentos:

8.1. La decisión del tribunal de declarar la caducidad del medio de control desconoció
que «el término de vacancia judicial adicional que se genera con el tiempo de la semana santa
del año 2020 y el día de vacancia judicial que se da el día 17 de diciembre de 2020». «Es así,
como la semana santa sólo se tuvo en cuenta por el termino de suspensión de términos
impuesto por el Consejo Superior de la Judicatura por la pandemia del COVID-19, pero no

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Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

cómo vacancia judicial que por ley se debe dar y además debió tenerse en cuenta como
garantía laboral al trabajador aquí demandante, pues frente a la duda que se genera de la
misma, se le debió sumar adicionalmente el tiempo de vacancia judicial de la semana santa
de 2020» [sic].

8.2. Así las cosas, «esta vacancia judicial por semana santa y atendiendo de que igualmente
los jurisdicción de lo contencioso administrativo, se encontrarían cerrados por dicha
circunstancia de semana santa de 2020, junto con el día de vacancia judicial del 17 de
diciembre de 2020, sería el tiempo más que suficiente, para considerar que mi poderdante
tenía a su favor seis (6) días adicionales, por lo que al radicar la demanda el día 19 de
diciembre de 2020 se encontraba dentro del término de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y por ello no debió prosperar la caducidad que hoy se
determinó en la sentencia que se apela y de la cual espero sea revocada en su totalidad, para
que se analice su caso y se imparta justicia material y no simplemente formal».

8.3. Adicionalmente, la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020 no le fue notificada en
debida forma, pues la conclusión del a quo en el sentido de que «las partes aceptaran
que dicha notificación se dio el día 6 de febrero de 2020 […]” no era de recibo, en la medida
en que no podía dársele “[…] credibilidad a dicha manifestación sin que existiera prueba
documental alguna, que es la forma correcta como se acredita y se prueba ». Lo anterior
resulta importante, toda vez que, «la publicidad de los actos administrativos no es un
requisito para su existencia ni para su validez sino para que ellos puedan producir los efectos
a que están destinados».

8.4. En línea con lo anterior, «este proceso judicial no debió tramitarse o continuar bajo el
procedimiento que implica el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues
al no tenerse el acta o constancia de notificación, la magistrada ponente, debió adecuarlo al
medio de control de reparación directa». Por consiguiente, «si el acto administrativo que se
encuentra viciado en su publicidad no le produce efectos al destinatario, es conclusión obligada
que lo previsto en él, de todas maneras se ejecuta o se lleva a efecto, tal situación no puede
tenerse como la consecuencia de un acto administrativo, sino como el resultado de una
operación administrativa que será ilegal por consistir en la ejecución de un acto que aún no
puede producir sus efectos por haberse omitido la notificación o por haber sido ésta
indebidamente realizada».

8.5. En relación con la condena en costas, de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, no era improcedente su imposición, puesto que, no se evidenció
«por la parte procesal vencida, temeridad, mala fe y tampoco que se haya advertido una
conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal».

1.5. Tramite en segunda instancia

9. Por medio de auto del 12 de diciembre de 2024, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación y, al concluir que no había solicitud probatoria pendiente de
resolver, prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo establecido en el
numeral 5 del artículo 247 del CPACA

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1.6. El Ministerio Público

10. Elprocurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Se circunscriben a establecer:

11.1. ¿Si las pretensiones de la demanda presentada por Germen Berardo Gutiérrez
Rodríguez se corresponden con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho o el de reparación directa? y por tanto ¿si había lugar a adecuar dicho medio?
Y, en el evento de establecerse que cual es la fuente del daño,

11.2. ¿Si la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada en contra
de la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020 fue presentada de manera
extemporánea y, como consecuencia, se configuró el fenómeno jurídico de la
caducidad?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Medios de control en el CPACA

12. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
estableció los medios de control como mecanismos procesales a través de los cuales
quienes pretendan controlar la actuación administración puedan acudir a la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo. Estos se agruparon de acuerdo con la causa petendi
en la que se sustentan las pretensiones, así:

12.1. Nulidad por inconstitucionalidad, a través de la cual cualquier ciudadano podrá
solicitar que se declaré la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el
gobierno nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional, y de los
actos de carácter general que «por expresa disposición constitucional sean expedidos por
entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional» [artículo 135 del CPACA].

12.2. Control inmediato de legalidad, el cual le impone el deber a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo de adelantar un juicio de legalidad de las medidas de
carácter general que sean proferidas en el ejercicio de la función administrativa y como
desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción [artículo 136
del CPACA].

12.3. Nulidad, por medio del cual toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad
de los actos de contenido general, la cual procederá cuando «hayan sido expedidos con

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infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o
con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias de quien los profirió». Excepcionalmente, a través
de este medio de control se podrá pretender la nulidad de actos de contenido particular,
siempre que de esta no se desprenda el restablecimiento automático de un derecho
[artículo 137 del CPACA].

12.4. Nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual la persona que «se crea
lesionada en un derecho subjetivo» podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el derecho e, incluso,
se repare el daño. De igual forma, este será el medio de control si se pretende la
nulidad del acto administrativo general si con esta se persigue el restablecimiento del
derecho [artículo 138 del CPACA].

12.5. Nulidad electoral, por medio de la cual cualquier persona podrá pedir la nulidad de
los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como los de
nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden
[artículo 139 del CPACA].

12.6. Reparación directa, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la
Constitución Política, la persona interesada podrá demandar la reparación del daño
antijurídico producido por «un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una
expresa instrucción de la misma» [artículo 140 del CPACA].

12.7. Controversias contractuales, por medio del cual, cualquiera de las partes de un
contrato del Estado podrá pedir que «se declare su existencia o su nulidad, que se ordene
su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos
administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y
que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad
estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término
establecido por la ley» [artículo 141 del CPACA].

12.8. Repetición, en aquellos casos en los que el Estado «haya debido hacer un
reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad
respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado» [artículo 142 del CPACA].

12.9. Protección de los derechos e intereses colectivos, a través del cual cualquier
persona podrá pretender la protección de los derechos e intereses colectivos. En
aquellos casos en los que la vulneración provenga de una entidad pública podrá
demandarse inclusive cuando «la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un

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contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato» [artículo
144 del CPACA].

12.10. Reparación de los perjuicios causados a un grupo, con este, cualquier persona
«perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones
uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar
en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo».

13. Lo anterior permite evidenciar que el legislador clasificó los medios de control
teniendo en cuenta la actividad de la administración que se pretenda controlar, esto
es, si se trató de un acto jurídico, de una omisión, de un hecho o de una operación
administrativa; así como la pretensión consecuencial de dicho control, esto es, si se
demanda solo el control de legalidad en abstracto, el restablecimiento del derecho o
una indemnización.

14. En ese sentido se ha pronunciado esta Corporación al señalar que los medios de
control se clasifican en «acciones de impugnación (esto es, la de nulidad simple y la de
nulidad y restablecimiento del derecho) tienen por objeto que el juez declare la nulidad de
actos administrativos que infringen normas de carácter superior. En cambio, las acciones de
reclamación (como la de reparación directa, la de grupo y, en ciertos casos, la contractual) son
el mecanismo judicial para obtener la reparación del daño antijurídico causado por el hecho,
la omisión, la operación administrativa y la ocupación de inmuebles para trabajos públicos. La
acción contractual (medio de control) tiene tanto de acción de impugnación (nulidad) como de
acción de reparación (indemnización)3».

15. Así las cosas, es la fuente de la controversia lo que determina el medio de control
procedente para efectos de lograr las pretensiones de quien acude ante la jurisdicción,
por lo que si la fuente del daño o de la ilegalidad alegada se deriva de: i) un acto
jurídico, entendido este como aquel acto que contiene la voluntad de la administración
con la «intención firme de producir efectos jurídicos» se deberá acudir a través del medio
de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho4; y ii) un hecho, una
omisión, una operación administrativa el medio de control procedente será el de
reparación directa.

2.2.2. Presupuestos del acto administrativo

16. De conformidad con la Constitución Política, dentro de los fines esenciales del
Estado se encuentran los de «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,

3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Barcenas; sentencia
del 23 de abril de 2015, expediente con radicado 11001-03-15-000-2014-03055-00.
4
Entendida esta como el género dentro del cual se enmarcan los medios de control de «impugnación»
en los que se pretende la nulidad de un acto jurídico [acto administrativo, contrato o convenio estatal,
entre otros] y el consecuente restablecimiento del derecho o la indemnización.

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política, administrativa y cultural de la Nación5», asimismo, la función administrativa deberá
estar al servicio de los intereses generales y las autoridades deberán coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines estatales6.

17. En cumplimiento del mencionado mandato constitucional, se adelantan las
diferentes actuaciones administrativas, entendidas estas como las distintas decisiones
y operaciones materiales expedidas por las autoridades públicas para el cumplimiento
de los cometidos estatales, la adecuada prestación de los servicios públicos y la
efectividad de los derechos e intereses legalmente reconocidos a las personas.

18. Las actuaciones administrativas deben concluir necesariamente con una decisión
que bien puede ser expresa o tácita, en este último caso como consecuencia del
silencio administrativo positivo o negativo. En el primer evento, finalizan a través de un
acto administrativo que tiene como componente principal la voluntad de la
administración, en tanto que en el segundo se trata de una inferencia legal, por
sustitución de esa voluntad.

19. Ahora bien, el acto administrativo como un acto jurídico propio tiene elementos que
son de su esencia y de los cuales se desprenden los siguientes presupuestos: i) de la
existencia, el cual se refiere la expresión del designio o voluntad por parte de la
administración, el objeto o materia sobre la cual recae ese querer y la causa o motivo
que induce a la decisión de aquella; ii) de validez que se encuentra intrínsecamente
ligado al sometimiento del acto al ordenamiento jurídico, así como del cumplimiento de
las formalidades sustanciales que se exigen para su producción; y iii) la eficacia que
se compone de la publicidad del acto, la firmeza jurídica y la ausencia de la pérdida de
su fuerza ejecutoria.

20. Estos presupuestos del acto administrativo han sido explicados por la doctrina en
los siguientes términos «[…] En los actos administrativos se distinguen los presupuestos de
existencia, los presupuestos de validez y los presupuestos de eficacia final. Los presupuestos
de existencia son aquellas exigencias sin las cuales el acto no se configura como tal y por
ende no surge a la vida jurídica. Los presupuestos de validez son aquellas condiciones de un
acto existente que determinan que sea valorado positivamente por encontrarse ajustado al
ordenamiento o, con otras palabras, que si el acto es sometido a un juicio de validez no
permiten que le sobrevenga una valoración negativa. Los presupuestos de eficacia final son
aquellos requisitos indispensables para que el acto existente y válido produzca finalmente los
efectos que estaría llamado a producir […]7».

21. Lo anterior resulta relevante porque es la ausencia de los presupuestos de validez
lo que conllevaría a la declaratoria de nulidad del acto administrativo. Asimismo, si
faltan los presupuestos de existencia el acto será inexistente, mientras que el

5
Artículo 2 de la Constitución Política.
6
Artículo 209 de la Constitución Política.
7
SANTOFIMIO Gamboa, Jaime Orlando. Procedimientos Administrativos y Tecnología. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá DC. 2011. Pág. 58.

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incumplimiento de los presupuestos de eficacia conllevaría a que la decisión de la
administración no produciría efectos jurídicos.

22. Así las cosas, la existencia es diferente de la validez, lo que implica que, para que
el acto sea válido es necesario que exista, no obstante, el que este sea inválido no
tiene como consecuencia la inexistencia del acto, en tanto, existió y, como
consecuencia de los atributos de este8, produjo efectos jurídicos y es frente a estos
que el juez debe adelantar el control de legalidad.

2.2.3. Formas de dar a conocer las decisiones de la administración

23. De acuerdo con lo expuesto, para que los actos sean obligatorios, ejecutables u
oponibles, se debe cumplir con los presupuestos de la eficacia final, esto es, se debe
publicar, comunicar, notificar o ejecutar, según sea el caso. Es decir que, antes de
esto, la decisión de la administración no puede surtir efecto legal alguno, por lo que no
puede hacerse efectivo por quien lo profirió, excepto, cuando se asume su
conocimiento por conducta concluyente.

24. Lo anterior es un claro desarrollo del preámbulo y de los artículos 29 y 209 de la
Constitución Política, en donde el principio de publicidad, como principio funcional,
constituye un fin esencial del Estado, por cuanto no solo permite, como lo ha indicado
la jurisprudencia de las altas cortes9, enterar a la comunidad y mantenerla informada
sobre las acciones emprendidas por la administración, sino la de ofrecer ciertos
argumentos, fundamentos o razones objetivas que las motivan. De tal suerte que las
personas puedan participar en la conformación, ejercicio y control del poder político
[artículo 40 CP], y como consecuencia facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política y cultural de la nación.

25. Ahora bien, para determinar el procedimiento a través del cual se debe dar a
conocer la decisión de la administración se debe diferenciar entre los actos de
contenido general y aquellos de carácter particular, así:

25.1. Los actos de carácter general: la publicación es el medio a través del cual se deben
dar a conocer, por lo que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, no son
obligatorios mientras no se publiquen en el diario oficial10, pues solo de esta forma se
cumplirá con dicha exigencia, indispensable para que comience a regir o sea oponible
a los particulares. En aquellos casos en los que estas decisiones sean expedidas por
autoridades territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad11, se
podrán divulgar, mediante fijación de avisos, distribución de volantes, inserción en
otros medios, en la página electrónica o por bandos12.

8
Presunción de legalidad, ejecutoriedad, obligatoriedad y ejecutividad.
9
Sentencia C-640/02.
10
Artículo 119 de la Ley 489 de 1998.
11
Artículo 65 del CPACA.
12
Publicación hecha por medio de parlantes, ubicados en sitios de alta concurrencia pública, como por
ejemplo, centros comunales, iglesias, organizaciones sociales, etc.

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Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

25.2. Los actos de carácter particular: la notificación es la forma a través de la cual se
debe dar a conocer la decisión de manera personal al interesado o a su representante
legal o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por aquel. En este caso, la
autoridad tiene la obligación de entregarle al notificado copia íntegra, auténtica y
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y hora en que se surte esta,
en donde además se precisará los recursos que legalmente proceden, las autoridades
ante quienes puede interponerse y los plazos de que se dispone para ello, pues, de
faltar alguno de tales requisitos, no se tiene como válida la notificación.

25.2.1. Esta notificación personal puede ser sustituida por un medio electrónico, siempre
que el interesado indique un buzón de correo y acepte expresamente que se haga por
este medio

2.2.4. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

26. La caducidad es aquel fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del
principio de la seguridad jurídica, implica la extinción o pérdida del derecho a promover
acciones judiciales para reclamar los derechos individuales y subjetivos como
consecuencia del vencimiento del plazo establecido por la ley para su ejercicio. Este
presupuesto procesal se configura como una sanción y un límite temporal que, al
cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al aparato jurisdiccional del Estado
para presentar acciones y medios de control por ejercerlos de manera tardía13.

27. En reciente oportunidad, esta Subsección señaló que la razón de ser del fenómeno de
la caducidad «[…] radica en el principio de seguridad jurídica, el cual exige que los litigios sean
resueltos en un tiempo razonable. Por ello, el legislador establece plazos específicos para que
cualquier persona acuda a la jurisdicción y obtenga una decisión definitiva sobre sus
pretensiones. Esta medida busca evitar la prolongación indefinida de situaciones jurídicas
inciertas, garantizando el equilibrio y la estabilidad en el ordenamiento legal»14.

28. En consecuencia, la caducidad impone a los interesados la carga procesal de actuar
con diligencia y eficiencia en la defensa de sus derechos, exigiéndoles que interpongan
sus acciones dentro del plazo legalmente establecido. Esta exigencia responde no solo
a una necesidad de orden procesal, sino también se orienta a evitar la vulneración de
principios constitucionales como el debido proceso y la seguridad jurídica respecto de las
decisiones de la administración, que podrían verse afectadas por la incertidumbre
derivada de reclamos tardíos ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Además, se trata de una figura de orden público, lo que implica que sus efectos son de
obligatorio cumplimiento, no pueden ser modificados, renunciados ni suspendidos por
acuerdo entre las partes, ni tampoco por disposición del juez, por cuanto su finalidad

13
Así lo indicó este despacho en auto del 12 de diciembre de 2023, proferido dentro del proceso con
radicado 25000-23-42-000-2014-02789-01 (0983-2017).
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 6 de marzo de 2025, proferido dentro
del proceso con radicado 76001-23-33-000-2021-00856-01 (1626-2024).

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trasciende los intereses individuales y busca preservar el interés general y la correcta
regulación al acceso de la administración de justicia15.

29. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el literal
d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé que, salvo las excepciones señaladas
en otras disposiciones legales, la demanda deberá presentarse dentro de los 4 meses
siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación, según sea el caso,
del acto administrativo que se pretende declarar nulo, por lo cual, si se promueve luego
de ese término, operará la caducidad.

2.2.5. Cómputo del término de caducidad durante la vacancia judicial

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 16, «[e]n los
plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los
feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan
según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo
hasta el primer día hábil».

31. En igual sentido el inciso 7 del artículo 118 del Código General del Proceso17, en
relación con el cómputo de términos precisó:

«ARTÍCULO 118. CÓMPUTO DE TÉRMINOS. El término que se conceda en audiencia a quienes
estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario,
correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.

[…]

Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que
empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá
el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se
extenderá hasta el primer día hábil siguiente.» [Se resalta]

32. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones en cita, para
efectos del cómputo de los términos procesales durante la vacancia judicial, resulta
determinante si el término fue establecido en días, meses o años. En ese orden, si el
término se estableció en días se deberán descontar los días feriados, de vacancia
judicial o aquellos en los que, por diferentes circunstancias se presente un cese de
actividades de la Rama Judicial.

33. Sin embargo, en los casos en los que el término sea dado en meses o años,
únicamente tendrá efectos si el último día de la oportunidad procesal tiene lugar
durante un día feriado, de vacancia judicial o de cese de actividades del despacho o

15
En términos similares lo advirtió la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación en la
sentencia del 13 de junio de 2013, proferida en el proceso 07001-23-31-000-2001-01356-01(25712).
16
Régimen municipal y político.
17
En adelante CGP.

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de la Rama Judicial; caso en el cual se entenderá que el término finaliza el siguiente
día hábil, sin que haya lugar a descontarlos.

34. En esa línea se pronunció la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación
al señalar18:

«La Sala considera que, para contabilizar el término de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en los casos de vacancia judicial y cese de
actividades de la rama judicial, es necesario aplicar lo establecido en el inciso 8º del artículo
118 del Código General del Proceso y en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, los cuales
establecen que los términos no correrán en los casos en que el despacho judicial se
encuentre en vacancia o que, por cualquier circunstancia, permanezcan cerrados. No
obstante, si el término de caducidad se cumple dentro del interregno de las citadas
eventualidades, este operará inmediatamente desde el primer día hábil siguiente a la
reanudación de sus actividades.

Así las cosas, el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho sobre los Oficios 2168 y SG-012-001-0459-12 de 1º y 14 de junio de 2012
feneció el 13 y 21 de noviembre de la misma anualidad; se cumplió dentro del paro de la
Rama Judicial, por eso el plazo se extendió hasta el primer día hábil siguiente a la
reanudación de sus actividades.»

35. Lo anterior, permite concluir que el periodo de vacancia judicial no se tiene en
cuenta cuando el término es establecido en días [solo se computan los días hábiles],
mientras que, cuando este se establece en meses o años, cuando el plazo vence
durante dicho lapso este término se extenderá al primer día hábil siguiente «sin que
pueda entenderse como una reanudación del cómputo del término19».

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

36. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

36.1. Mediante la Resolución 105 del 14 de marzo de 2008 Germen Berardo Gutiérrez
Rodríguez fue nombrado personero delegado 17D de la Personería de Medellín,
asignado a la Unidad para Guarda y la Promoción de los Derechos Humanos [penal].
Empleo del que tomó posesión el 25 de marzo de esa anualidad.

36.2. A través de la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020, el personero municipal de
Medellín declaró insubsistente su nombramiento a partir del 6 de febrero de 2020.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del
15 de febrero de 2018, expediente: 08001-23-33-000-2012-00440-01(1625-16).
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del
25 de abril de 2019, expediente: 25000-23-42-000-2015-00279-01(3685-17).

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36.3. Informe de novedades de personal con fecha 6 de febrero de 2020, relacionada
con el demandante, en el que se indica como «motivo de desempleo: insubsistente». En
este, obra anotación de recibido de «Claudia Cardona. Febrero 13/2020».

36.4. Acta de recibo y entrega documental y de cargo con «fecha del documento: 11 de
febrero de 2020» suscrito por el demandante en el que se indicó que «el personero
delegado 17D saliente se permite hacer entrega del informe de gestión y acta de entrega del
cargo, en los términos contenidos en el Acuerdo 038 de 2002 del Archivo General de la Nación
sobre “inventario Único Documental” con todos los documentos y archivos debidamente
inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública».

36.5. Comunicación interna del 14 de febrero de 2020 con el asunto « entrega de puesto»
en el que el demandante relaciona los asuntos pendientes.

36.6. Mediante Resolución 202050025195 del 17 de abril de 2020 le fueron reconocidos
salarios y prestaciones sociales definitivas. En esta se indicó que estuvo vinculado a la
Personería de Medellín entre el 25 de marzo de 2008 y el 5 de febrero de 2020.
Asimismo, se dispuso un reintegro por cuanto le «fue reconocido diez (10) días de salario
básico (entre el 6 y el 15 de febrero), a los cuales no tenía derecho por encontrarse ya
desvinculado».

36.7. A través del correo electrónico el demandante indicó «con este correo le adjunto la
notificación de la resolución de liquidación definitiva de prestaciones No. 202050025195 del 17
de abril de 2020, así como la renuncia a términos para que se tome ejecutoria el acto
administrativo referido».

36.8. El 19 de mayo de 2020 el demandante solicitó a la Personería de Medellín copia
del acto de notificación de la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020, a través de la
cual fue declarado insubsistente su nombramiento.

36.9. En respuesta a la anterior petición la Unidad de Talento Humano de la Personería
de Medellín le remitió copia del acto demandado «en la cual consta la notificación
autógrafa realizada por usted a la decisión del despacho del señor personero».

36.10. El 27 de agosto de 2020 solicitó conciliación extrajudicial, con ocasión del referido
procedimiento se expidió acta del 3 de noviembre de esa anualidad, en la que consta
que en esa fecha se celebró audiencia en la que se «declaró fallida ante la imposibilidad
de llegar a un acuerdo al no existir ánimo conciliatorio entre las partes».

2.3.2. Análisis de la Sala

2.3.3. Naturaleza del acto de declaratoria de insubsistencia del nombramiento

37. Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez solicitó que se revocara la sentencia de
primera instancia a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la
caducidad del medio de control y, como consecuencia, se inhibió para pronunciarse

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de fondo. Lo anterior, porque la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020 no le fue
notificada en debida forma, con lo que se desconoció que «la publicidad de los actos
administrativos no es un requisito para su existencia ni para su validez sino para que ellos
puedan producir los efectos a que están destinados».

38. En ese sentido cuestionó que el a quo no readecuara el medio de control al de
reparación directa, al considerar que «si el acto administrativo que se encuentra viciado en
su publicidad no le produce efectos al destinatario, es conclusión obligada que lo previsto en
él, de todas maneras se ejecuta o se lleva a efecto, tal situación no puede tenerse como la
consecuencia de un acto administrativo, sino como el resultado de una operación
administrativa que será ilegal por consistir en la ejecución de un acto que aún no puede
producir sus efectos por haberse omitido la notificación o por haber sido ésta indebidamente
realizada» [sic].

39. Al respecto, se precisa que la insubsistencia es una causal autónoma de retiro del
servicio de quienes se vinculan a la función pública en empleos de libre nombramiento
y remoción, competencia «discrecional» que se efectúa «mediante acto no motivado20»;
no obstante, el ejercicio de esta potestad «[…] debe ser adecuada a los fines de la norma
que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa»21.

40. Ahora bien, con el fin de establecer si, como lo sostuvo el apelante, el acto frente al
cual se pretende el ejercicio de un control de legalidad no se puso en conocimiento en
debida forma y como consecuencia no «estaría llamado a producir» efectos jurídicos, se
precisa que uno de los atributos de los actos administrativos es el de la eficacia,
entendido este como «aquellos requisitos indispensables para que el acto existente y válido
produzca finalmente los efectos que estaría llamado a producir22».

41. En ese sentido, la eficacia del acto se gobierna por el principio de publicidad, según
el cual «las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática
y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante
las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley23». Esto resulta
importante, toda vez que, los actos no son ejecutables u oponibles mientras no sean
conocidos por sus destinatarios, es decir, en tanto no sean publicados, comunicados,
notificados24 o ejecutados. En esa línea esta Corporación ha señalado25:

«En este orden, el acto administrativo bien sea general o particular, existe desde el
momento mismo en que se profiere o expide, pero no produce efectos jurídicos, es decir,
carece de fuerza vinculante, mientras que no se publique, notifique o comunique. La
publicación no se constituye entonces, en un requisito de validez del acto administrativo,
sino en una condición para que la decisión de la Administración obligue y pueda ser

20
Artículo 41 de la Ley 909 de 2003.
21
Artículo 44 CPACA
22
SANTOFIMIO Gamboa, Jaime Orlando. Procedimientos Administrativos y Tecnología. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá DC. 2011. Pág. 58.
23
Artículo 3 del CPACA.
24
Excepto cuando se asume su conocimiento por conducta concluyente.
25
Sentencia del 21 de noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Expediente con radicado 44001-23-31-000-2002-00728-01 (0592-2005).

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oponible a los particulares. Se trata de una etapa posterior a la formación del acto y externa
al mismo.

Existen varias formas de publicidad del acto administrativo tales como la comunicación,
cuando se trata de dar a conocer las decisiones o respuestas que pongan fin a la actuación
administrativa iniciada por petición en interés general; la publicación, para dar a conocer los
actos administrativos generales o la decisión particular a terceros indeterminados no
intervinientes en la decisión administrativa, cuando los pueda afectar en forma directa e
inmediata; la ejecución, cuando se trata de decisiones que requieran cumplimiento
inmediato26.» [se resalta]

42. En relación con los actos mediante los cuales en ejercicio de la facultad discrecional
la administración declara insubsistente un nombramiento, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que se trata de un acto de ejecución «[…] toda vez que se
limita a materializar la decisión de la administración de separar a alguien de un determinado
cargo […]27», en otras palabras, es un acto administrativo que produce plenos efectos
jurídicos desde el momento mismo en que el empleado hace dejación efectiva del
cargo oficial o se retira definitivamente de la función pública, aunque medie un
instrumento jurídico de puesta en conocimiento de la decisión de desvinculación. En
igual sentido la Sala Plena precisó28:

«Cuando el acto administrativo se publica o notifica, según el caso, deberá indicarse en el
cuerpo del mismo si contra él proceden o no recursos de vía gubernativa; y en caso
afirmativo, cuáles y en qué oportunidad se deben formular. En cambio, frente a los actos
de insubsistencia dictados en ejercicio de la potestad discrecional de libre remoción,
que ni se publican ni se notifican, sino que simplemente se ejecutan, el código
administrativo proscribe los recursos en forma implícita al precisar que los procedimientos
administrativos regulados en la primera parte del mismo “tampoco se aplicarán para ejercer
la facultad de libre nombramiento y remoción”».

43. Lo expuesto es suficiente para concluir que no le asiste razón al demandante en
cuanto afirmó que la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020 no fue “notificada” en
debida forma, toda vez que, como se explicó se trataba de un acto administrativo de
aquellos en los que sus efectos jurídicos se producían a partir de su ejecución, por lo
que no dependía de las formalidades pretendidas por el exservidor. Así las cosas, el
acto demandado sí surtió efectos jurídicos porque según las pruebas aportadas al
expediente la voluntad de la administración contenida en este se materializó el 6 de
febrero de 2020, puesto que tal como se dispuso en esta, Germen Berardo Gutiérrez
Rodríguez prestó sus servicios en el empleo de personero delegado 17D de la
Personería de Medellín hasta el 5 de febrero de 2020.

2.3.4. En cuanto a la posibilidad de readecuar el medio de control al de
reparación directa

26
Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo. Quinta edición. Bogotá D.C.: Librería
ediciones del Profesional Ltda., 2009 p. 257 a 274.
27
Sentencia del 7 de marzo de 2019, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Expediente
con radicado 27000-12-33-000-2015-00136-01.
28
Sentencia del 3 de septiembre de 1996, Consejo de Estado, Sala Plena; consejero ponente: Carlos
Betancur Jaramillo.

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44. Como se indicó, el apelante cuestionó que el tribunal de primera instancia no
readecuara el medio de control al de reparación directa, al considerar que, en tanto, el
acto demandado se encontraba «viciado en su publicidad» debía entenderse que su
retiro del servicio fue consecuencia de una «operación administrativa […] ilegal por
consistir en la ejecución de un acto que aún no puede producir sus efectos por haberse omitido
la notificación o por haber sido ésta indebidamente realizada».

45. Como se explicó antes, no es cierto que la desvinculación del servicio del
demandante se diera como consecuencia de una operación administrativa, en tanto se
encuentra acreditado que el requisito de la eficacia final de la Resolución 082 del 5 de
febrero de 2020 se materializó con la ejecución de la decisión de la administración,
esto es a partir de la fecha en que el empleado se retira definitivamente de la función
pública, forma en la que, según la naturaleza del acto y el ordenamiento jurídico,
produjo plenos efectos. Es decir que, la relación legal y reglamentaria con ocasión de
la cual Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez prestó sus servicios finalizó como
consecuencia de la decisión adoptada por la administración en ejercicio de la facultad
de libre remoción, como consecuencia un acto administrativo que goza de los atributos
propios de estas decisiones, esto es, entre otros, el de la presunción de legalidad.

46. En ese orden, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial, las
pretensiones planteadas en el sub judice no pueden ser estudiadas a través del medio
de control de reparación directa, toda vez que, la fuente del daño alegado es un acto
jurídico [la resolución demandada] y no un hecho, una omisión o una operación
administrativa los cuales, de conformidad con el artículo 140 del CPACA, son los que
hacen procedente el medio de control de reparación directa. Es decir, en el asunto en
estudio, la fuente de lo pretendido se encuentra en la desvinculación del cargo
contenida en el acto administrativo de insubsistencia, en otras palabras, el daño es
consecuencia del retiro del servicio dispuesto en el acto administrativo, cuya legalidad
es demandable a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

47. En este punto, se destaca que la selección y procedencia del medio de control no
depende de la discrecionalidad o arbitrio del demandante, sino que es la fuente del
daño o ilegalidad en la que se fundamentan las pretensiones lo que determina la vía
procesal adecuada para «reparar los daños generados por la administración29».

48. Así las cosas, la respuesta al primer problema jurídico planteado en el sub judice
es negativa, toda vez que la desvinculación del demandante se dio como consecuencia
de un acto administrativo, por lo que el estudio de legalidad se debe adelantar con
base en las normas procesales que rigen el medio de control de nulidad y
restablecimiento derecho y resulta improcedente la readecuación al de reparación

29
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; consejero ponente: William Barrera Muñoz;
providencia del 24 de abril de 2026, expediente con radicado: 68001233100020110026400 (53575).

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directa, puesto que, se insiste, la fuente del daño no es un hecho, una omisión o una
operación administrativa.

2.3.5. En cuanto a la configuración del fenómeno de la caducidad frente al medio
de control de nulidad y restablecimiento de la Resolución 082 del 5 de febrero
de 2020

49. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la caducidad del medio de control al
encontrar que después de relacionar los periodos en los que fueron suspendidos los
términos procesales, la oportunidad que se tenía «para acudir a la jurisdicción vencían el
14 de diciembre de 2020, finalmente, la parte actora presentó la demanda, de forma
extemporánea, el 19 de diciembre de 2020».

50. Con el fin de resolver el segundo problema jurídico planteado, de conformidad con
lo expuesto, al tratarse de un acto de declaratoria de insubsistencia de un
nombramiento, el término de 4 meses para acudir a la jurisdicción a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho inició a partir de la ejecución del
acto.

51. Descendiendo al caso en estudio se advierte que a través de la Resolución 082 del
5 de febrero de 2020, el personero municipal de Medellín declaró insubsistente el
nombramiento de Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez en el empleo de personero
delegado 17D de la Personería de Medellín a partir del 6 de febrero de 2020, esto es,
que prestó sus servicios en el referido cargo hasta el 5 de febrero de 2020. Lo anterior
encuentra sustento en: i) las actas de «recibo y entrega documental y de cargo» y de
«entrega de puesto» y ii) la Resolución 202050025195 del 17 de abril de 2020 [párrafo
16.6.] en la que consta que le fueron pagados salarios hasta el 5 de febrero de 2020,
último día en el que prestó sus servicios en la Personería de Medellín. Así las cosas,
el término de 4 meses previsto en el artículo 164.2.d) del CPACA inició a computarse
a partir del 7 de febrero de 202030, día siguiente al que se ejecutó el acto demandado.

52. Para efectos de establecer el límite temporal que tenía el demandante para acudir
a la jurisdicción sin que se configurara la caducidad del medio de control se deberá
tener en cuenta el periodo durante el cual el Consejo Superior de la Judicatura
suspendió los términos judiciales con ocasión de la emergencia sanitaria declarada en
todo el territorio nacional31 por la «enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la
Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de impacto mundial»,
como se relaciona a continuación:

Acuerdo Término de suspensión Total suspensión

30
El término inició el 7 de febrero de 2020 porque el retiro del servicio se materializó el 6 de febrero de
2020, esto es, ese día se desvinculó del servicio.
31
Decreto 385 del 12 de marzo de 2020.

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Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

«Suspender los términos judiciales en todo el
PCSJA20-11517 del
país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de
15 de marzo de 2020
2020»
«Mantener las medidas de suspensión de
PCSJA20-11518 del
términos procesales en los juzgados, tribunales
16 de marzo de 2020
y Altas Cortes, entre el 16 y el 20 de marzo»
«Prorrogar la suspensión de términos
adoptada en los Acuerdos PCSJA2011517,
PCSJA20-11521 del
PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 de 2020,
19 de marzo de 2020
desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril del
año 2020»
«Prorrogar la suspensión de términos judiciales
PCSJA20-11526 del
en el territorio nacional, desde el 4 de abril
22 de marzo de 2020
hasta el 12 de abril de 2020»
«Prorrogar la suspensión de términos judiciales
PCSJA20-11532 del
en el territorio nacional, desde el 13 de abril Entre el 16 de marzo y el
11 de abril de 2020
hasta el 26 de abril de 2020» 30 de junio de 2020
«Prorrogar la suspensión de términos judiciales
PCSJA20-11546 del
en el territorio nacional, desde el 27 de abril
25 de abril de 2020
hasta el 10 de mayo de 2020»
«Prorrogar la suspensión de términos judiciales
PCSJA20-11549 del
en el territorio nacional, desde el 11 hasta el 24
7 de mayo de 2020
de mayo de 2020»
«Prorrogar la suspensión de términos judiciales
PCSJA20-11556 del
en el territorio nacional, desde el 25 de mayo
22 de mayo de 2020
hasta el 8 de junio de 2020 inclusive»
«Se prorroga la suspensión de términos
PCSJA20-11567 del
judiciales en el territorio nacional, desde el 9 de
5 de junio de 2020
junio hasta el 30 de junio de 2020 inclusive»
«La suspensión de términos judiciales y
PCSJA20-11567 del
administrativos en todo el país se levantará a
5 de junio de 2020
partir del 1 de julio de 2020»

53. Adicionalmente, en atención a las condiciones locales de salubridad en el territorio,
el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia estableció el cierre temporal de los
despachos judiciales así:

Acuerdo Término de suspensión
«Ordenar el cierre transitorio de los Despachos
Judiciales ubicados en la Comuna 10 – La
Candelaria de la ciudad de Medellín, entre el
CSJANTA20-80 del
13 al 26 de julio de 2020, ambas fechas
12 de julio de 2020
inclusive […] Así como, la suspensión de
términos judiciales en los Despachos ubicados
en éstas»
«Ordenar el cierre de las sedes judiciales de
los Municipios que integran el Área
Metropolitana del Valle de Aburra, Medellín,
CSJANTA20-87 del
Bello, ltagüí, Envigado, Sabaneta,
30 de julio de 2020
Copacabana, La Estrella, Caldas, Girardota y
Barbosa, durante los dos ciclos de cuarentena
definidos por la Gobernación de Antioquia, en

Radicado: 05001-23-33-000-2021-00289-01 (6146-2024)
Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

principio así:» entre el 31 de julio y el 3 de
agosto de 2020 y entre el 7 y el 10 de agosto
de 2020

54. Ahora, además de lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para efectos de verificar la incidencia de la suspensión de términos
relacionadas antes se deberá considerar lo dispuesto en el Decreto 564 de 2020 el cual
se expidió con el fin de superar la «incertidumbre e inseguridad jurídica para los jueces y
las partes en cuanto a la promoción de sus derechos, acciones o medios de control y el conteo
de los términos de prescripción y caducidad» causada por la suspensión de términos
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura que conllevaban a que los
«usuarios del sistema judicial no puedan realizar las actuaciones pertinentes para interrumpir
los términos de prescripción o hacer inoperante la caducidad para ejercer los derechos,
acciones, medios de control o presentar demandas, circunstancia que desconoce el derecho
de acceso a la administración de justicia». En este se dispuso:

«ARTÍCULO 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer
derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante
los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde
el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga
la reanudación de los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día
hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada
por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la
suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la
prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado
tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para
realizar oportunamente la actuación correspondiente.»

55. En ese sentido se encuentra que el término de caducidad para demandar la nulidad
de la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020 y el consecuente restablecimiento del
derecho, inició a computarse el 7 de febrero de 2020, sin embargo, se suspendió entre
el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, con ocasión de la suspensión de términos
judiciales declarada por el Consejo Superior de la Judicatura, asimismo con la solicitud
de conciliación presentada el 27 de agosto de esa anualidad. Con el fin de verificar la
oportunidad procesal se procederá a resumir las actuaciones pertinentes para efectos
de la configuración del fenómeno jurídico en estudio así:

Término transcurrido Término de
Actuación Fecha antes de la caducidad
suspensión transcurrido
Resolución 082 5 de febrero de 2020 - -
Ejecución del acto
6 de febrero de 2020 - -
administrativo
Inició cómputo de 4
7 de febrero de 2020 - -
meses

Radicado: 05001-23-33-000-2021-00289-01 (6146-2024)
Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

Fecha de vencimiento
8 de junio de 202032 - -
sin suspensión
Suspensión de
Entre el 16 de marzo y
términos judiciales en 1 mes y 8 días33 1 mes y 8 días
el 30 de julio de 2020
el territorio nacional
Solicitud de
conciliación 27 de agosto de 2020 1 mes y 26 días34 3 meses y 4 días
extrajudicial
Acta de conciliación 3 de noviembre de
• 3 meses y 4 días
fallida 2020
Fecha de vencimiento
30 de noviembre de
del término de 4 meses 4 meses
202035
caducidad
Presentación de la 19 de diciembre de
• -
demanda 2020

56. Lo anterior, permite concluir que el demandante tenía hasta el 30 de noviembre de
2020 para acudir a la jurisdicción a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin embargo, solo lo hizo el 19 de diciembre de 2020, por
lo que se configuró la caducidad del medio de control, como lo concluyó el tribunal.

57. De otra parte, esta Subsección encuentra pertinente precisar que para efectos del
cómputo del término de la caducidad entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020,
periodo durante el cual el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos
judiciales, se debe entender que por expresa disposición del artículo 1 del Decreto 564
de 2020, durante dicho periodo se suspendieron los términos de prescripción y
caducidad, los cuales solo se reanudaron una vez la mencionada Corporación levantó
la suspensión judicial. Con el fin de dar claridad a esto, se encuentra pertinente
transcribir algunos apartes de la motivación del decreto en cita:

«Que la suspensión de términos y la restricción de la atención presencial en los despachos
judiciales del país ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, restringe la facultad
de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia, por lo cual corresponde al
Gobierno nacional adoptar una respuesta legal temporal con el fin de cumplir con su deber
de garantizar el mencionado derecho fundamental mientras duren las condiciones que
llevaron a declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que en el ordenamiento vigente no existe una disposición legal que establezca que
la suspensión de términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la
Judicatura determine la suspensión de los términos de prescripción y caducidad para
garantizar los derechos de los usuarios que no han podido acceder a los despachos
judiciales como consecuencia de la suspensión de términos y de las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio decretadas por la enfermedad coronavirus COVID-19.

32
El 7 de junio era un domingo, por lo que el término se configuraría el siguiente día hábil.
33
Término transcurrido antes de la suspensión de términos a nivel nacional.
34
Término transcurrido antes de que se presentara la solicitud de conciliación extrajudicial.
35
Cuando se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial faltaban 26 días para completar el término
de 4 meses para que se configurara la caducidad. Los 26 días se cumplían el 29 de noviembre, sin
embargo, este era un domingo por lo que se entiende que la oportunidad procesal terminó el siguiente
día hábil.

Radicado: 05001-23-33-000-2021-00289-01 (6146-2024)
Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

[…]

Que, de acuerdo con lo anterior, los términos de prescripción y de caducidad previstos en
cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control
o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años, se encuentran suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta cuando
el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.»

58. Así las cosas, durante el lapso en el que se suspendieron los términos judiciales en
el territorio nacional se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto en cita y no las
disposiciones contenidas en la Ley 4 de 1913 y el Código General del Proceso, puesto
que su aplicación conllevaría a entender que la caducidad se configuró el día siguiente
al día en el que se levantó dicha suspensión, lo que, como lo señaló el legislador
extraordinario podría afectar el derecho al acceso a la administración de justicia de los
ciudadanos, dadas las condiciones que llevaron a declarar el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

59. No obstante, no sucede lo mismo con el cierre transitorio de los despachos judiciales
ordenada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia36, por cuanto, frente
a esta sí son aplicables las reglas procesales previstas en la Ley 4 de 1913 y el Código
General del Proceso, según las cuales, cuando el término se estableció en meses o
años, si el último día de este fuere feriado o de vacancia judicial o de cese de
actividades del despacho o de la Rama Judicial, se entenderá que el término finalizaría
el siguiente día hábil. Por lo que, para efectos del cómputo de la caducidad prevista en
el artículo 164.2.d) del CPACA, ese cierre judicial solo se tendría en cuenta si la
oportunidad procesal venciera durante ese periodo37, situación que no se presentó en
el sub judice, en tanto, el cierre de los despachos tuvo lugar entre el 13 y el 26 de julio,
entre el 31 de julio y el 3 de agosto y entre el 7 y el 10 de agosto de 2020 mientras que
la caducidad se configuró el 19 de diciembre de 2020.

60. Finalmente,el demandante cuestionó que el tribunal de primera instancia
desconociera que «el término de vacancia judicial adicional que se genera con el tiempo de
la semana santa del año 2020 y el día de vacancia judicial que se da el día 17 de diciembre de
2020». «Es así, como la semana santa sólo se tuvo en cuenta por el termino de suspensión
de términos impuesto por el Consejo Superior de la Judicatura por la pandemia del COVID-19,
pero no cómo vacancia judicial que por ley se debe dar y además debió tenerse en cuenta
como garantía laboral al trabajador aquí demandante, pues frente a la duda que se genera de

36
Porque a diferencia del periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020 no existe
una norma que establezca una excepción frente a la aplicación de las normas generales que
establecen la forma en la que se debe computar el término de caducidad.
37
«La Sala considera que, para contabilizar el término de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en los casos de vacancia judicial y cese de actividades de la rama judicial,
es necesario aplicar lo establecido en el inciso 8º del artículo 118 del Código General del Proceso y en
el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, los cuales establecen que los términos no correrán en los casos en
que el despacho judicial se encuentre en vacancia o que, por cualquier circunstancia, permanezcan
cerrados. No obstante, si el término de caducidad se cumple dentro del interregno de las citadas
eventualidades, este operará inmediatamente desde el primer día hábil siguiente a la reanudación de
sus actividades.» Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, auto del 15 de febrero de 2018, expediente: 08001-23-33-000-2012-00440-01(1625-16).

Radicado: 05001-23-33-000-2021-00289-01 (6146-2024)
Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

la misma, se le debió sumar adicionalmente el tiempo de vacancia judicial de la semana santa
de 2020» [sic].

61. Al respecto, como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, cuando el término se establece en años o meses, el periodo de vacancia
judicial solo incidirá en el cómputo si «su vencimiento ocurre en día inhábil [caso en el cual]
se extenderá hasta el primer día hábil siguiente». Así las cosas, el argumento del apelante
no tiene vocación de prosperidad, en tanto, procesalmente no es posible « sumarle los
días de semana tanta» y porque el término no finalizó durante ese periodo, es decir, no
tuvo incidencia en la configuración del fenómeno de la caducidad.

62. Adicionalmente, dada la situación de «grave calamidad pública» de «importancia
internacional» durante el año 2020, el gobierno nacional expidió el Decreto 564 de 2020
a través del cual, se insiste, suspendió los términos de caducidad «previstos en cualquier
norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial», esto con el fin de garantizar el debido proceso y el
derecho al acceso a la administración de justicia de los ciudadanos. Esa disposición
conllevó a que en el sub judice no se computara el periodo de vacancia judicial que
tiene lugar durante semana santa.

63. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que
verificados los supuestos fácticos y jurídicos se encuentra que se configuró la
caducidad del medio de control frente a la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020.

2.4. Costas

64. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

65. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

66. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma21.

Radicado: 05001-23-33-000-2021-00289-01 (6146-2024)
Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

67. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

68. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas impuestas en el trámite de
primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

69. La Sala encuentra que no era procedente readecuar el medio de control al de
reparación directa, puesto que la desvinculación de Germen Berardo Gutiérrez
Rodríguez se dio en cumplimiento de un acto administrativo. Asimismo, porque en
consideración a que el acto mediante el cual se declara insubsistente un nombramiento
es un acto de ejecución no requería de su notificación para que surtiera efectos
jurídicos.

70. Se configuró la caducidad del medio de control, porque el demandante podía acudir
a la jurisdicción a demandar la nulidad de la Resolución 082 del 5 de febrero de 2020
y, como consecuencia, obtener el restablecimiento del derecho, hasta el 30 de
noviembre de 2020; sin embargo, solo lo hizo hasta el 19 de diciembre de 2020.

71. Finalmente, en tanto, no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o
mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal, se revocará la condena impuesta en primera instancia. Por consiguiente, se
revocará el ordinal segundo y se confirmará en lo demás la sentencia de primera
instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2024
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar:

«SEGUNDO: No condenar en costas»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 14 de agosto de 2024 por
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la

Radicado: 05001-23-33-000-2021-00289-01 (6146-2024)
Demandante: Germen Berardo Gutiérrez Rodríguez

caducidad del medio de control y se inhibió para pronunciarse de fondo, por los motivos
expuestos en esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo
de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

JMC

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