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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00543-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00543-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00543-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Trece (13) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 08001-23-33-000-2020-00543-02 (1532-2026)1
Demandante : Daimi Lindo Solano
Demandada : Universidad del Atlántico
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Insubsistencia – cargo de libre nombramiento y remoción
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por el
Tribunal Administrativo del Atlántico2, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda3

1.1. Pretensiones

1. La señora Daimi Lindo Solano, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 000419 del Dieciocho
(18) de diciembre de Dos mil Diecinueve (2019), expedida por el rector de la Universidad
del Atlántico, mediante la cual, declaró insubsistente su nombramiento, en el cargo de
jefe del Departamento de Gestión de Bienes y Suministros, adscrito a la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera, empleo de libre nombramiento y remoción.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro a un cargo igual
o superior al que desempeñaba, sin solución de continuidad en la prestación del servicio;
ii) el pago de los salarios y prestaciones -conforme a los incrementos legales, indexación
e intereses moratorios- frente al cargo que desempeñaba, desde la fecha de retiro del

1
Expediente digital.
2 La Sala estuvo integrada por los magistrados Lilia Yaneth Álvarez Quiroz (ponente), Carmen Rosa Lorduy González y Judith
Romero Ibarra.
3
SAMAI- Tribunal de origen- Documento no asociado a cuaderno- Archivo “01DemandaAnexos”- Documento: “DEMANDA N Y R
DAIMI LINDO VS U ATLANTICO.pdf”.

2

Número interno: 1532-2026
Demandante: Daimi Lindo Solano
Demandado: Universidad del Atlántico

servicio hasta su reintegro; iii) el pago de cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, por concepto de perjuicio moral; y iv) el pago del 30% de la « suma total bruta de
todos los emolumentos que sean reconocidos », a título de daño emergente, por concepto del

valor de los honorarios profesionales del abogado que la representa, en este medio de
control.

3. Finalmente, solicitó que, la Universidad del Atlántico sea condenada en costas.

4. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes.

5. Indicó que, trabajó en la Universidad del Atlántico, desde el Treinta (30) de
diciembre de Dos Mil Quince (2015), siendo su último cargo el de jefe del Departamento
de Gestión de Bienes y Suministros, cargo de libre nombramiento y remoción.

6. Refirió que, el Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), le fue
comunicado el acto administrativo, por medio del cual, se declaró la insubsistencia de su
nombramiento.

7. Precisó que, durante el año Dos Mil Diecinueve (2019), se desarrollaron
manifestaciones estudiantiles al interior de la Universidad del Atlántico, dirigidas en contra
de la administración del entonces rector, Carlos Prasca Muñoz, en el marco de las cuales,
se presentaban ataques a la infraestructura y al cuerpo directivo de la institución.

8. Narró que, a raíz de las manifestaciones estudiantiles, en octubre de Dos Mil
Diecinueve (2019), la Universidad entró en crisis académica y administrativa, producto de
los bloqueos en las sedes de la institución y de la consecuente paralización en las
actividades misionales; situación que condujo, a que, el rector Carlos Prasca Muñoz,
presentara la renuncia el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019)4, con
motivo de la presión sobre la autoridad universitaria.

9. Señaló que, ante la renuncia del señor Prasca Muñoz, el señor Jorge Luis Restrepo
Piedrahita, fue encargado como rector, hasta el Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), cuya designación posteriormente se prorrogó.

10. Afirmó que, con posterioridad a la designación del señor Restrepo Piedrahita como
rector encargado, las protestas se intensificaron generando jornadas violentas de
movilización, al punto que, el servidor encargado solo ingresó a las instalaciones hasta el

4
Sostuvo que, según la Resolución No. 10 del Primero (1) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), el Consejo Superior de la
Universidad del Atlántico, aceptó la renuncia y dispuso que se haría efectiva, a partir del Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), una vez, el rector Carlos Prasca Muñoz, regresara de vacaciones.

3

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Demandante: Daimi Lindo Solano
Demandado: Universidad del Atlántico

Treinta (30) de enero de Dos Mil Veinte (2020), cuando se levantó la toma sobre el plantel,
periodo dentro del cual permanecieron cerradas las oficinas de la universidad.

11. Expuso que, así como demás personal administrativo de la Universidad, no pudo
ingresar a las sedes de la universidad desde el Veinticuatro (24) de octubre de Dos Mil
Diecinueve (2019)- fecha de inicio de la toma de las sedes universitarias-; sin embargo,
acató las órdenes dispuestas por el rector y acudió a la sede norte de la Caja de
Compensación Familiar CAJACOPI Atlántico, pese a no disponer de la información que se
hallaba en su despacho.

12. Afirmó que, el empleado designado con posterioridad en el cargo que ocupaba,
no cuenta con la experiencia y preparación académica de la que dispone la demandante.
Además, en la hoja de vida de la accionante no se consignaron las razones que,
antecedieron a la decisión adoptada por el rector encargado y, se desconocen los
motivos que, condujeron a su retiro del servicio, pues, ejerció el empleo con
responsabilidad y buen desempeño, sin haber sido objeto de llamados de atención y/o
sanciones disciplinarias.

13. Finalmente, indicó que, con la expedición del acto administrativo enjuiciado, la
Universidad del Atlántico, causó a la demandante daños, derivados del estrés y congoja,
que le provocó el retiro del servicio.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

14. Como normas violadas citó los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 53 y 209 de la
Constitución Política.

15. Frente al concepto de violación señaló que, si bien, los empleos de libre
nombramiento y remoción, no confieren a quien los ocupa un fuero de estabilidad
absoluta, la autoridad nominadora- con el pretexto de mejorar el servicio- no puede
abusar del poder discrecional que le asiste, bajo el ejercicio de actos arbitrarios,
concretados en el retiro de los empleados.

16. Precisó que, la verdadera motivación del acto demandado, radicó en « las presiones
de terceros que de forma violenta atacaron la institucionalidad en la Universidad del Atlántico y exigieron
la salida de mi mandante y 14 compañeros suyos por ser miembros del equipo de trabajo del anterior
rector», sin que resultara admisible el retiro del servicio de la demandante, quien, cumplía

a cabalidad las funciones que le asignaban y era una servidora de condiciones
excepcionales.

4

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Demandante: Daimi Lindo Solano
Demandado: Universidad del Atlántico

17. Afirmó que, el acto acusado adolece de falsa motivación, pues, se desconocen
las razones que sustentaron la declaratoria de insubsistencia, toda vez que, al margen
de lo establecido por el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, no se incorporaron dichas
circunstancias en el acto respectivo.

18. Sobre este punto, indicó que, aunque frente a los cargos de libre nombramiento
y remoción debe primar el factor de confianza, dicho aspecto no puede invocarse para
perjudicar a quienes ocupan tales empleos, comoquiera que, incluso la pérdida de
confianza está antecedida por hechos objetivamente demostrables, lo cual no existió,
puesto que, el rector encargado no llamó la atención de la demandante, no fue objeto
de evaluación de desempeño y, conforme lo indicado por el rector encargado en una
entrevista ante medios de comunicación, el retiro de la servidora, se encubrió bajo una
falsa evaluación de perfiles y hojas de vida.

19. Señaló que, el acto enjuiciado se encuentra incurso en la causal de nulidad de
desviación de poder, comoquiera que, el verdadero motivo del retiro del servicio, radicó
en «[…] la presión violenta ejercida por los tomistas, quienes presentaron un pliego de peticiones en el
cual exigían, entre otras, que los servidores que hacían parte del equipo de trabajo del anterior rector
(Carlos Prasca Muñoz) fueran desvinculados de inmediato, luego mal puede alegarse ahora que el cambio
obedeció a la mejora del servicio […]» [sic]; decisión que, no consultó el interés general, pues,

en el marco de una crisis institucional, no resultaba razonable disponer del personal,
antes de reabrir la institución.

1.3. Contestación de la demanda5

20. La Universidad del Atlántico, a través de apoderado judicial, contestó la demanda,
acto procesal en que se opuso a las pretensiones de la demanda y, formuló la excepción
de «prescripción».

21. Al respecto estableció que, la actuación desplegada no quebrantó el ordenamiento
jurídico, toda vez que, el retiro del servicio de la demandante obedeció al ejercicio de la
potestad discrecional, el cual, se enmarcó en el margen legal que regula esta atribución y
que, es pasible de ejecutarse en relación con el cargo de libre nombramiento y remoción,
como aquel que ocupaba la demandante.

22. Precisó que, el control judicial de los actos administrativos que declaran la
insubsistencia de servidores, no es estricto, como ocurre en el escenario de los empleos
de carrera administrativa, toda vez que, la vinculación a este tipo de cargos repara en el

5
SAMAI- Tribunal de origen- Índice No. 00015- Archivo “11ContestacionAugustoMoron14Sep2021.pdf”.

5

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Demandado: Universidad del Atlántico

elemento de confianza, lo cual se alineó con el fundamento en que se sustentó la decisión
del rector encargado, conforme lo ha determinado la jurisprudencia6.

23. Respecto de la causal de nulidad de falsa motivación, señaló que no se configuró,
pues, en el asunto no se desvirtuaron los motivos que son inherentes a este tipo de
decisiones, que, están relacionados con la confianza y mejoramiento del servicio. Además,
precisó que, en gracia de discusión, el acto administrativo que dispone la declaratoria de
insubsistencia, no requiere motivación.

24. Frente a la desviación de poder, indicó que, existía un vacío probatorio y, por lo
tanto, no se había demostrado, que la desvinculación atendiera a la presunta presión que
ejercieron movimientos estudiantiles del ente universitario, que, exigían la renuncia del
entonces rector de la Universidad del Atlántico- Carlos Prasca Muñoz- y del personal
directivo de la institución, sin que estuviese llamado a prosperar dicho cargo de nulidad.

25. En cuanto a la expedición irregular del acto, estableció que, la demandante no
determinó argumentativamente el procedimiento administrativo que se transgredió o
vulneró. Además, sostuvo que, de considerarse la transgresión del artículo 269 del Decreto
2400 de 1968, esta norma no regula las situaciones asociadas a empleos de libre
nombramiento y remoción.

26. Expuso que, el retiro del servicio de la demandante en ejercicio de la declaratoria
de insubsistencia, no está determinado por que incurriera en una falta u omitiera las
funciones que le correspondían, pues, como ocurrió, la permanencia de la demandante en
el cargo estaba determinada por el apoyo que recibiera del rector respectivo.

27. Finalmente, previa prevención de no aceptar como ciertos los hechos expuestos por
la demandante, indicó que, en el presente asunto transcurrió el término legal para que
operara el término prescriptivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

1.4. Sentencia de primera instancia7

28. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del Trece (13) de
noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), negó las súplicas de la demanda, sin imponer
condena en costas, para lo cual dispuso:

6
Al respecto citó las sentencias de la Corte Constitucional: C- 514 de 1994, C-443 de 1997, C-429 de 2001, T-132 de 2007, T-494
de 2010, T-496 de 2010, C-317 de 2013, C-618 de 2015,
7
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00027.

6

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Demandante: Daimi Lindo Solano
Demandado: Universidad del Atlántico

«PRIMERO: Declárase probada la excepción de mérito de inexistencia de la obligación, y de
consecuencia DENÍEGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Notificar personalmente a los sujetos procesales, la presente decisión.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, Archivar el expediente, previas las anotaciones
correspondientes en el sistema informático SAMAI.

CUARTO: Sin costas.» [sic]

29. A partir del material probatorio, sostuvo que, la declaratoria de insubsistencia se
enmarcó en los fines que la normatividad aplicable, estableció para su ejercicio frente a
los cargos de libre nombramiento y remoción, sin que resultaran acreditados los cargos
de nulidad propuestos por la parte demandante.

30. Afirmó que, la separación del cargo de la demandante coincidió con un cambio
de postura institucional de la universidad, así como, de sus directivos, ante la renuncia
del entonces rector, aspecto que no se controvirtió en punto a los reproches establecidos
en la demanda, por lo cual, emerge con claridad que, la declaratoria de insubsistencia
se fundamentó en la confianza y en el mejoramiento del servicio.

31. Precisó que, el argumento de mejora del servicio no se desvirtuaba a partir del cierre
de la institución para la fecha en la que la demandante fue declarada insubsistente, pues,
esta circunstancia no podía suponer la omisión en la adopción de «las decisiones
administrativas pertinentes que propendieran por la eficacia y la mejora en la calidad en la prestación de los
servicios del ente universitario», máxime, si se consideraba la crisis que afectaba a la
Universidad.

32. Indicó que, la vinculación de una persona con inferior experiencia y preparación
académica en el cargo que ocupaba la demandante, no constituye un hecho con la
suficiencia para derruir la presunción de legalidad del acto, comoquiera que, ese hecho no
es suficiente para desvirtuar la idoneidad de quien fue designado y, además le
correspondía a la demandante, demostrar que, quien fue nombrado en el cargo «no cumplía
con los requisitos mínimos establecidos por la institución universitaria […] aspecto que […] no fue objeto de
reproche en la demanda […]».

33. Afirmó que, el desempeño eficiente en el cargo, constituye una obligación
consustancial a la labor de la función pública y por sí mismo, no puede desprenderse de
ello que, ante la correcta prestación en el servicio, no hubiese lugar a una mejora- objetiva-
en el servicio, pues, se parte de la presunción legal conforme a la cual, con la declaratoria
de insubsistencia, hubo lugar a dicha mejora, sin que resultara demostrado lo contrario.

34. Finalmente, señaló que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo

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Demandante: Daimi Lindo Solano
Demandado: Universidad del Atlántico

365 del Código General del Proceso, no se acreditó que se hubiesen causado costas
procesales, ni conductas temerarias por parte de la demandante.

1.5. Recurso de apelación8

35. El apoderado judicial de la parte demandante interpuso, recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, con arreglo al cual solicitó se revoque el fallo
impugnado, al estimar que, la decisión carece de un análisis probatorio suficiente, y, se
alejó del precedente jurisprudencial9 que rige la desvinculación de los servidores
públicos, que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción.

36. Sostuvo que, el Tribunal incurrió en un error en la valoración probatoria al suponer
que la mejora en el servicio se presumía, ante el cambio de rector de la universidad
demandada. En tal sentido, sostuvo que, no podía considerarse que, por el hecho del
cambio de rector, las decisiones que este adoptara, sin importar la calidad de los nuevos
empleados designados, condujeran a la mejora del servicio.

37. Así las cosas, precisó que, la demandada en el traslado evadió su
pronunciamiento frente a hechos como la razón que motivó la declaratoria de
insubsistencia de la demandante, además, propuso afirmaciones y negaciones
indefinidas, frente a las cuales, no se manifestaron ni aportaron pruebas que
controviertan lo afirmado en el escrito de la demanda.

38. Señaló que, la sentencia de primera instancia no se pronunció frente a los
argumentos en que se fundamentó el concepto de violación, pues, la decisión habría
prescindido del análisis relacionado con las presuntas presiones que, ejercieron «tomistas
para declarar insubsistencias». Además, señaló que la providencia se abstuvo de analizar
«[…] las pruebas allegadas, de los indicios, de los hechos notorios, de las afirmaciones y negaciones
indefinidas […]».

39. Afirmó que, el análisis adecuado de los hechos, sugiere que, la universidad
atravesó una coyuntura, ante los escenarios de violencia que se presentaron contra los
servidores de la entidad y teniendo en cuenta, las circunstancias en que se presentó el
cierre de los planteles educativos. Anotó que, tales hechos, a su vez, derivaron en la
interrupción de los servicios prestados por la demandante, situaciones que, a su juicio,
no negó ni afirmó la demandada.

8
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00030.
9 Al respecto citó la sentencia del 7 de diciembre de 2011, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el asunto con radicado No. 25000-23-25-000-2002-10685-01(0873-09).

8

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Demandante: Daimi Lindo Solano
Demandado: Universidad del Atlántico

40. Sostuvo que, no se analizó el hecho referente a que, el nombramiento de la
demandante fue declarado insubsistente, sin que el rector encargado contara con los
documentos que integraban la hoja de vida, a raíz del cierre de las instalaciones de la
entidad, además, sin el respaldo de las evaluaciones de desempeño.

41. Precisó que, el tribunal prescindió en su análisis de un « un mensaje de publicado por
el OBSERVATORIO CARIBE DE ESTUDIANTES -OCE- en la red social Twitter […]» [sic], el
Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), en que manifestaron la
continuidad en las manifestaciones hasta tanto, fuesen retirados del servicio demás
colaboradores del ex rector Carlos Prasca; medio de prueba, en línea del cual, la
declaratoria de insubsistencia estaría motivada por las presiones que ejercían los
manifestantes sobre el rector encargado.

42. Asimismo, indicó que, con la declaratoria de insubsistencia de la demandante no
se buscaba la mejora del servicio, pues, la Universidad del Atlántico continuó cerrada
Cuarenta y Dos (42) días, después de la declaratoria de insubsistencia y, durante los
Noventa y Ocho (98) días de la toma de las instalaciones ningún servidor del área
administrativa tuvo acceso a sus puestos de trabajo.

43. Señaló que, el cargo correspondiente a la desviación de poder está debidamente
acreditado, porque, la demandante cumplía con los requisitos para ocupar el mismo, y,
aunado a ello, la demandada no aportó prueba que determinara su retiro del servicio
como una medida necesaria para el mejoramiento del servicio. Además, quien declaró
la insubsistencia fue desvinculado a los pocos meses de su designación, en la medida
en que- según adujo- no mejoró la situación de la universidad.

44. Indicó que, los motivos que fundamentaron la declaratoria de insubsistencia,
fueron diferentes a los que en apariencia presentó la Universidad para librarse de una
condena, teniendo en cuenta que, la circunstancia que motivó la decisión de retirar del
servicio a la demandante, radicó en la irregularidad administrativa generada por quienes
se oponían al rector de turno y, se justificaba en complacer a los manifestantes. Así,
estableció que estas circunstancias son constitutivas de desviación de poder, pues, el
fin verdaderamente perseguido se alejó del mejoramiento del servicio, circunstancia que,
conduce a la inversión de la carga de la prueba, por lo que, a quien le correspondía
acreditar si el servicio mejoró o no, era a la entidad demandada.

45. Señaló que, la señora Mary Luz Stevenson del Vecchio, Vicerrectora
Administrativa y Financiera, en la oportunidad en que fue indagada frente a la mejora
del servicio, generada a partir del retiro de la demandante y sus compañeros, precisó
que, la Universidad no disponía de un instrumento de medición que permitiera –
objetivamente- conocer si se presentaban mejoras en las áreas en que hubo cambios.

9

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Demandante: Daimi Lindo Solano
Demandado: Universidad del Atlántico

46. A su vez, sostuvo que, el rector encargado de la institución no dejó constancia de
los motivos que fundamentaron la declaratoria de insubsistencia, por cuanto, las
circunstancias que verdaderamente antecedieron al retiro del servicio evidenciarían
desviación de poder y falsa motivación.

47. Expuso que, los cargos de falsa motivación y desviación de poder, merecen un
análisis juicioso y crítico, pues, la situación que atravesaba la Universidad para la época
de la declaratoria de insubsistencia, motivó el retiro del servicio de la demandante,
siendo víctima de las presiones de los estudiantes que se tomaron las instalaciones,
resultando inaceptable que, las vías de hecho determinaran la permanencia de los
servidores públicos en sus cargos en la institución universitaria.

48. Precisó que, el Tribunal ignoró que la declaratoria de insubsistencia no se redujo
al nombramiento de la ahora demandante, considerando que, comprendió a Quince (15)
servidores de la Universidad, situación en la que no reparó la decisión de primera
instancia, pese a la existencia de medios probatorios que permitían determinar las
circunstancias que antecedieron a la decisión en mención.

49. Además, reprochó que, el Tribunal no analizó el cargo referente a la falsa
motivación y violación del derecho de defensa, ante la falta de anotación del motivo que
suscitó la insubsistencia en la hoja de vida de la demandante.

50. Con fundamento en los anteriores reparos, solicitó que, se revoque la decisión de
primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

1.6. Trámite de segunda instancia

51. Por auto de Dieciséis (16) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)10, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante de
acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1.6.1. Concepto Ministerio Público11.

52. La Procuradora Segunda Delegada de Intervención ante el Consejo de Estado,
rindió concepto, en que solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, pues,
no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto que declaró insubsistente el
nombramiento, comoquiera que, la alteración del orden institucional que se demostró no

10
Expediente digital – Samai – índice – 00004.
11
Expediente digital – Samai – índice – 00011.

10

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Demandado: Universidad del Atlántico

permite concluir que, la decisión obedeciera a motivos distintos de aquellos que justifican
el ejercicio de la facultad discrecional.

53. A su vez, expuso que, frente a la afirmación de la demandante, según la cual, su
desvinculación guardó asocio con las presiones ejercidas por movimientos estudiantiles
y con el contexto de conflictividad que atravesaba la institución, no existen medios de
prueba que permitan establecer un nexo causal directo entre dichos acontecimientos y
la expedición del acto demandado.

54. Con respecto a los argumentos establecidos en el recurso de apelación, los
cuales, calificaban como hechos notorios la crisis institucional, las protestas
estudiantiles, la ocupación de las instalaciones universitarias y la renuncia del rector,
manifestó que tales circunstancias, no eximían a la parte demandante de la carga de
acreditar el supuesto fáctico que determinaba la desviación de poder, pues, aun cuando
estos hechos pueden hallarse exentos de prueba, esto no autoriza a presumir la
existencia de una finalidad ilegítima por parte de la administración, por lo que, era
indispensable demostrar que la declaratoria fue consecuencia de las presiones ejercidas
sobre las directivas de la institución y no, del ejercicio legítimo de la potestad
discrecional.

55. Con base en lo anterior, no advirtió que, el Tribunal haya incurrido en errores en
la valoración probatoria, ni que obren elementos de prueba que permitan concluir que la
declaratoria de insubsistencia obedeció a una finalidad distinta del mejoramiento del
servicio, máxime si se tiene en cuenta que, la demandante edificó su argumentación en
inferencias y deducciones que, si bien encuentran sustento en el contexto de
conflictividad, carecen de la entidad, para desvirtuar la presunción de legalidad que
ampara la actuación administrativa.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

56. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo12, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código

12
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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Demandado: Universidad del Atlántico

General del Proceso13, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

57. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

57.1. ¿La Resolución No. 000419 del Dieciocho (18) de diciembre de Dos mil
Diecinueve (2019), expedida por el rector de la Universidad del Atlántico,
mediante la cual, declaró insubsistente el nombramiento de la señora Daimi
Lindo Solano, en el empleo de libre nombramiento y remoción,
correspondiente a «jefe del Departamento de Gestión de Bienes y
Suministros», se expidió con falsa motivación y desviación de poder; o, por el
contrario, se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico?

57.2. ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, erró en la valoración probatoria
realizada en la sentencia el Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veintiséis
(2026), comoquiera que, los medios de convicción que integran el expediente,
acreditarían las causales de nulidad propuestas por la parte demandante?

58. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco jurídico aplicable, 2.4. Hechos probados y 2.5. Caso concreto.

2.3. Marco jurídico aplicable.

2.3.1. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, en los empleos de
libre nombramiento y remoción.

59. La Constitución Política de 1991, en el artículo 123 define que, los servidores
públicos son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores
del Estado, los cuales, ejercerán sus funciones de acuerdo con lo previsto en la
Constitución, la ley y el reglamento.

60. Además, el canon constitucional en el artículo 125, prevé la siguiente clasificación

13
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.

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de los servidores públicos «los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley».

61. Por su parte, el artículo 23 de la Ley 909 de 200414, regula el empleo público,
señalando que, «los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin
perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. Los empleos de libre
nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento
de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta
ley (…)».

62. En relación con los cargos de libre nombramiento y remoción, el artículo 5° de la
citada Ley 909 de 2004, los clasifica como aquellos cargos que corresponden a
dirección, conducción y orientación cuya función implica la adopción de políticas o
directrices de especial confianza con funciones de asesoría institucional adscritos a las
oficinas de los secretarios de despachos, directores de departamentos administrativos
y gerentes en los departamentos, distritos especiales y municipios y distritos de
categoría especial y primera.

63. La vinculación al empleo de libre nombramiento y remoción se efectúa por
facultad discrecional del nominador de seleccionar a quien tenga las condiciones de
idoneidad para ejercer el cargo y el retiro, a su vez, debe preceder de razones objetivas
dirigidas al interés general, sin que sea necesario que el acto de insubsistencia contenga
una motivación conforme lo dispone el artículo 41 (inciso 2º del parágrafo segundo) de
la Ley 909 de 2004, el cual consagra que «La competencia para efectuar la remoción en empleos
de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado ».

64. Esta Sala de Subsección en sentencia del 19 de febrero de 202115, sostuvo que
el acto de insubsistencia del empleado de libre nombramiento y remoción no requiere
de motivación, precisando:

«(…) de acuerdo con la norma, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad
de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad, en otras palabras, la
discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los
atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia
para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de
los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad 16.

En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la
discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad
y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado17 como límites para el ejercicio de dicha facultad, los

14
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y otras disposiciones».
15
Radicado: 250002342000201301223 02.
16
Así lo expresó la Sala, entre otras, en la sentencia de 20 de agosto de 2015, Expediente No. 250002325000201000254-01, No.
INTERNO: 1847-2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
17
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-372 de 2012.

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siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la
discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la
autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Por su parte, el artículo 44 del C.P.A.C.A. establece que, en la medida en que el contenido de una
decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser “adecuada” a los fines de la
norma que la autoriza, y “proporcional” a los hechos que le sirven de causa; lo anterior supone que
debe existir una razón o medida entre la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad de
los hechos y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como
medida la “razonabilidad”.

Así las cosas, los límites de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción están dados
en que la decisión debe adecuarse a los fines de la norma, del Estado y de la función administrativa,
y ser proporcional a los hechos que le sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la
hoja de vida del funcionario de manera suficiente, concreta, cierta y concurrente al acto que origina
el despido18, sin acudir a razones genéricas o abstractas que no expongan con claridad los
hechos».

65. En conclusión, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional y facultado
por la ley podrá remover al empleado de libre nombramiento y remoción, dado que, goza
de la potestad para disponer de su retiro con el fin de lograr el mejoramiento del servicio
oficial.

2.3.2. La autonomía de las universidades públicas frente a su organización
interna y en la administración de su personal.

66. La Constitución Política en el artículo 69 establece que, las universidades, en
ejercicio de la autonomía, podrán darse sus directivas y regirse por sus estatutos, de
acuerdo con la ley, además, encomienda al legislador definir un régimen especial.

67. La disposición constitucional en mención, fue desarrollada a través de la Ley 30
de 199219, norma que, en sus artículos 28 y 29 establece que, en sede de la autonomía
universitaria, las universidades disponen entre otras prerrogativas, como «darse y modificar
sus estatutos», «designar sus autoridades académicas y administrativas », «crear, organizar, y
desarrollar programas académicos», «definir y organizar labores formativas, académicas, docentes,

científicas y culturales», «seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos ».

68. La presente Sala de Subsección20, acudiendo a los criterios de la Corte
Constitucional, ha determinado que, la condición de entes autónomos de las
universidades, deriva en que, estas instituciones no integren la estructura de la
administración ni de ninguna de las ramas del poder público, particularmente de la Rama
Ejecutiva, por lo cual, «no pueden ser sometidas a los regímenes propios de dichas entidades ni a
sus mecanismos de tutela administrativa». Así, se ha determinado que por mandato
constitucional, las universidades pueden dictar sus propias reglas de organización y

18
Artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968.
19
Por medio de la ley se organizó el servicio público de la Educación Superior.
20
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 7 de mayo de 2026. Radicado interno No. 6526-2022. CP
Elizabeth Becerra Cornejo.

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funcionamiento, tal que, solo es posible acudir al derecho supletivo, cuandoquiera que
no exista regulación interna y, siempre que este aspecto se encuentre previsto por el
régimen propio21.

69. Así pues, las universidades oficiales, en el marco de la autonomía universitaria,
disponen- por regla general- de la potestad en la gestión de sus asuntos, como ocurre
con la administración de su personal, pues, la dimensión administrativa de dichos entes,
abarca la facultad para definir su organización interna y por ende, para adoptar
decisiones frente a su planta de personal, conforme su régimen propio 22. Sin embargo,
dichas prerrogativas derivadas de la autonomía, aun cuando son amplias, están sujetas
a los límites previstos en la Constitución, la ley y sus estatutos.

2.4. Hechos probados

70. Con base en los medios de prueba recaudados, se encuentran acreditados los
siguientes hechos, que, resultan relevantes para resolver el problema jurídico:

70.1. Según acta No. 6257 del Cuatro (4) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016)23, la
señora Daimi Lindo Solano, se posesionó en el cargo de jefe de Departamento
de Gestión de Bienes y Suministros de la Universidad del Atlántico, conforme
a la designación realizada mediante la Resolución Rectoral No. 004192 del
Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Quince (2015)24; cargo que ejerció hasta
el Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), de acuerdo con
lo establecido en el certificado emitido por el Jefe del Departamento de
Gestión del Talento Humano de la entidad, que data del Dos (2) de julio de
Dos Mil Veinte (2020)25.

70.2. Mediante la Resolución Superior No. 000010 del Primero (1) de noviembre de
Dos Mil Diecinueve (2019)26, el Consejo Superior de la Universidad del
Atlántico aceptó la renuncia que presentó el señor Carlos Javier Prasca
Muñoz, al cargo de rector de dicha institución de educación superior, con
fecha de efectividad a partir del Diecisiete (17) de diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), fecha en que terminarían las vacaciones que le fueron

21
Ibidem. La sentencia previamente citada, a efectos de arribar a la presente conclusión, citó la sentencia del 16 de octubre de
2016, proferida en el asunto con radicado No. 11001-03-28-000-2015-00019-00 y la sentencia del 15 de septiembre de 2016
proferida en el asunto con radicado No. 11001-03-28-000-2016-00014-00, por la Sección Quinta de la corporación.
22
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 7 de mayo de 2026. Radicado interno No. 6526-2022. CP
Elizabeth Becerra Cornejo.
23
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “Acta de posesión DAIMI LINDO.pdf”.
24
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “HOJA DE VIDA DAIMI LINDO.pdf”. Folio No. 29.
25
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “certificación laboral DAIMI LINDO.pdf”.
26
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “CARLOS PRASCA RENUNCIA RESOLUCION.pdf”.

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concedidas.

Por medio de este acto administrativo, se encargó como rector al señor Jorge
Luis Restrepo Pimienta, para que ejerciera el cargo durante el periodo en que
el servidor disfrutaba de las vacaciones.

70.3. Mediante la Resolución No. 000011 del Veintisiete (27) de noviembre de Dos
Mil Diecinueve (2019)27, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico,
encargó como rector al señor Jorge Luis Restrepo Pimienta, para que
ejerciera el cargo, hasta la designación del rector en propiedad, teniendo en
cuenta la vacancia definitiva que se generó a partir del Diecisiete (17) de
diciembre de dicho año. El señor Restrepo Pimienta, se posesionó en esta
última fecha, según el acta No. 0000652728.

70.4. A través de la Resolución No. RDP 000419 del Dieciocho (18) de diciembre
de Dos Mil Diecinueve (2019)29, el rector encargado de la Universidad del
Atlántico, señor Jorge Luis Restrepo Pimienta, declaró la insubsistencia del
nombramiento de la señora Daimi Lindo Solano, frente al cargo de jefe de
departamento de Gestión de Bienes y Suministros, a partir del Dieciocho (18)
de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), bajo el ejercicio de la facultad
prevista en el artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 648 de 2017.

70.5. Al amparo del Acuerdo Superior No. 003 del Doce (12) de febrero de Dos Mil
Siete (2007)30, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, determinó
la planta de personal de dicha institución, señalando en relación con el
Departamento de Gestión de Bienes, que existiría un cargo, denominado « jefe
de departamento».

70.6. Según el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la
Universidad del Atlántico31, en la institución existe un cargo, que hace parte
del nivel directivo, denominado Jefe de Departamento, que corresponde a la
dependencia del Departamento de Gestión de Bienes y se identifica bajo el
código No. 027.

70.7. Por medio de la Resolución No. 000984 del Veintitrés (23) de noviembre de

27
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “JORGE RESTREPO RESOLUCION NOMBRAMIENTO.pdf”.
28
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “JORGE RESTREPO ACTA DE POSECION.pdf”.
29
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “COMUNICACION ACTO DESTITUCION .pdf”.
30
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “Planta de Personal Adminsitrativo U ATLANTICO.pdf”.
31
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “Manual de funciones jefe-bienes.pdf”.

16

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Dos Mil Siete (2007)32, la rectora encargada de la Universidad del Atlántico,
adoptó el Manual Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y
Competencias laborales de la institución, instrumento vigente al momento del
nombramiento33. Se destaca de este medio de prueba, que, el empleo
denominado «jefe de departamento de gestión de bienes», identificado con código
No. 027, correspondía al nivel profesional.

70.8. Obra la hoja de vida de la señora Daimi Lindo Solano34, cuyo contenido
determina que, con corte al Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Quince
(2015), la señora Daimi Lindo Solano, era abogada y especialista en derecho
administrativo, además, en ella se relaciona la experiencia laboral desde abril
del año Dos Mil Doce (2012).

70.9. A través del oficio [sin fecha e identificación]35, por medio del cual, la jefe del
departamento de Gestión del Talento Humano de la Universidad del Atlántico
respondió la petición de información y documentos presentada por la señora
Lindo Solano, se establecieron los siguientes aspectos:

i) No existían evaluaciones de desempeño en relación con los servicios
prestados por la demandante, en el cargo previamente identificado,
comoquiera que, el cargo que ocupaba era de libre nombramiento y
remoción y, en los estatutos internos no se establecían mecanismos de
evaluación frente a estos cargos.

ii) La carpeta que contiene la hoja de vida de la demandante, desde su
posesión como jefe de departamento de Gestión Bienes, hasta su
fecha de retiro, se hallaba en la Oficina de Gestión del Talento Humano,
en la institución.

iii) Durante el periodo comprendido entre el Veinticuatro (24) de octubre y
Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), el jefe de
talento humano no tuvo acceso a la hoja de vida física de la accionante,
sin embargo, la universidad dispone de sistemas de información que
contenía la información del personal de planta e incluso la Oficina de
Informática habilitó accesos remotos, para que en ese periodo

32
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “Manual de funciones jefe-bienes.pdf”.
33
Según lo establecido en el siguiente medio probatorio: SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo
“015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”- Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “RESPUESTA 1
DERECHO DE PETICION DAIMI LINDO .pdf”.
34
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “Resolución 000984 de 2007 MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO (1).pdf”.
35
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “RESPUESTA 1 DERECHO DE PETICION DAIMI LINDO .pdf”.

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continuara la prestación de los servicios y en el Sistema de Información
de Gestión del Empleo Público- SIGEP, reposa la información de la ex
servidora.

iv) En el periodo previamente identificado, el señor Jorge Luis Restrepo
Pimienta, como rector encargado, no pudo ingresar a las instalaciones
de la institución de educación superior, no obstante, prestó sus
servicios como le era exigible.

v) Finalmente, sostuvo que, en el periodo comprendido entre el
Veinticuatro (24) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019) y el Treinta
(30) de enero de Dos Mil Veinte (2020), « ante la toma realizada por los
estudiantes de la Universidad del Atlántico, se inició un periodo de anormalidad en el
desarrollo de las actividades académicas y administrativas […] en el cual se
suspendieron por completo las actividades académicas. Sin embargo, en cuanto a
las actividades administrativas las mismas no fueron suspendidas, es importante
aclarar que el señor JORGE LUIS RESTREPO PIMIENTA, en su condición de rector
encargado, muchas veces atendió sus funciones debajo de un árbol a lado del Edificio
de la rectoría de la sede Norte de la Universidad durante el periodo enunciado como
ya se manifestó antes, así como también desde las oficinas de la sede de nuestra
caja de compensación familiar CAJACOPI -sede prado- y la sede de la calle 43 de la
Universidad del Atlántico, junto a los demás empleados administrativos ».

70.10. Mediante Oficio del Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Veinte (2020)36,
expedido por la Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad del
Atlántico, se señaló que:

i) En el periodo en que la demandante prestó sus servicios a la institución
no presentó llamados de atención;

ii) Según el literal g) del artículo 26 del Estatuto General de la universidad,
el rector es la única autoridad con la facultad de nombramiento y
remoción, frente al personal docente y administrativo de la entidad;

iii) La Universidad no contaba con un instrumento de medición que
permitiera en condiciones objetivas, conocer si se presentaron mejoras
en la prestación del servicio, a partir del Diecinueve (19) de diciembre
de Dos Mil Diecinueve (2019).

iv) En el tiempo en que la demandante se desempeñó como jefe del

36
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “Respuesta a Petición no se mejoró servicio.pdf”.

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Departamento de Gestión de Bienes y Suministros de la Universidad
del Atlántico, «mostró un buen comportamiento, responsabilidad, entrega,
dedicación y cumplimiento sus funciones inherentes al cargo ».

70.11. Obra captura de pantalla de lo que, al parecer es «tweet», del usuario «OCE
Atlantico» [sic], de fecha Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve
(2019)37, en el que se observa el siguiente mensaje:

«zonacero.com/generales/barr… Pero todavía faltan Alvaro Gonzalez, Danilo
Hernández, Zaylaya Torres Salazar, y el resto de praskistas que siguen
incrustados en la @udeatlantico. El paro sigue, hasta que salgan de la institución.
No le tiemble la mano señor rector. @ExtraNoticiasCo […]» [sic]

70.12. Se allegó un audio, cuya duración es de 04:03 minutos, denominado « Audio
declaración de RECTOR»38, que, al parecer correspondería a una versión rendida

en medios de comunicación por parte del señor Jorge Luis Restrepo Pimienta,
en el cual señaló que, la Universidad del Atlántico convocaba a los estudiantes
que desarrollaban las manifestaciones en la sede norte de la institución, para
realizar la entrega del plantel. Sostuvo además, que, desmentía que, tras la
declaratoria de la insubsistencia de diversos nombramientos, hubiesen
presiones de los estudiantes que se tomaron el plantel, pues, la Universidad
requería un proceso de transformación y, el retiro del servicio de los
empleados estuvo antecedido por la evaluación de hojas de vida, perfiles y
resultados, en aras de encontrar las competencias necesarias.

2.5. Caso concreto

2.5.1. Cuestión previa: La apreciación de medios de prueba incorporados al
expediente.

71. Antes de realizar el análisis sustancial respectivo, en punto de los medios de convicción
cuya ausencia valorativa reprochó la parte demandante en el recurso de alzada, la Sala
encuentra que, respecto del medio de prueba correspondiente a la grabación
denominada «Audio declaración de RECTOR»39, si bien correspondería a una versión rendida
en medios de comunicación por parte del señor Jorge Luis Restrepo Pimienta, durante
el periodo en que fungió como rector encargado, no está determinadas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se originó el medio de prueba. Por tal

37
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “TWTER DE OPOSITORES U ATLANTICO .pdf”. El medio probatorio se repite en el
documento “Audio RECTOR.mp3”.
38
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “Audio declaracion de RECTOR.mp3”.
39
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “Audio declaracion de RECTOR.mp3”.

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motivo, aun cuando el medio de prueba, estará sujeto a valoración junto con los demás
elementos que integran el acervo probatorio, se restará fuerza persuasiva a la
información que emerge de este y, su análisis estará sujeto a la información que se
derive del acervo probatorio.

72. Por otra parte, se encuentra en el expediente la captura de pantalla de lo que al
parecer es «tweet» del usuario «OCE Atlantico» [sic], respecto de una publicación que se
habría realizado en la red social «Twitter», el Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019). Frente a este medio de convicción, la Sala debe señalar, que, se
apreciará de acuerdo con las reglas que se predican de la prueba documental, bajo lo
establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional40 y en el precedente de esta
Sala de Subsección41, cuya eficacia probatoria estará sujeta a la evaluación bajo las
reglas de la sana crítica y, en correspondencia con demás medios de convicción que
obren en el expediente, lo cual, exige concretamente, verificar la coherencia del
contenido, su correspondencia con demás elementos de prueba y, la ausencia de
indicios que permitan inferir alteraciones en la información, de ahí que, su capacidad
suasoria dependa de su concordancia con el acervo probatorio y, conforme permitan
reconstruir los hechos objeto de discusión.

73. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, en punto de los medios de
prueba previamente identificados, se procederá con el análisis de los reparos concretos
formulados por la demandante.

2.5.2. Decisión de los reparos concretos propuestos por el apelante.

74. La parte demandante reprochó en el recurso de alzada, que, la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, carece de un análisis probatorio
suficiente, pues destacó que, los medios de convicción permitían establecer que el acto
enjuiciado incurrió en las causales de falsa motivación y desviación de poder, por
cuanto, en su criterio con la declaratoria de insubsistencia, no se demostró la mejora en
el servicio, que el retiro de la demandante estuvo precedido por una etapa de crisis
institucional o que atendió a la presión de los estudiantes que protestaron fomentando
el retiro del ex rector de la institución. Además, agregó que no se puso en evidencia que
la decisión de retiro del servicio, se adoptara sin que el rector encargado contara con los
insumos documentales como la hoja de vida de la demandante.

40
Al respecto se destacan las sentencias T-467 de 2022, T-186 de 2003 y A-2387 de 2023, en los cuales se estableció que las
impresiones de mensajes de datos o capturas de pantalla, no corresponden a indicios, como otrora lo sostuvo la Corte Constitucional
en las Sentencias T-043 de 2020 y T-232 de 2022, pues, deben apreciarse conforme a las reglas de la prueba documental, sin
pretermitir que, su fuerza demostrativa depende de la verificación de su autenticidad y, de su correspondencia frente a la información
que provean otros medios de prueba.
41
Al respecto se destacan las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 27 de
marzo de 2026, radicado No. 25000-23-42-000-2021-01015-01 (4967-2024); Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 23 de
febrero de 2026, radicado No. 23001-23-33-000-2016-00593-01; Sección Quinta, Sentencia de 19 de febrero de 2026, radicado No.
08001-23-33-000-2024-00011-01.

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75. En primer lugar, se debe señalar que, no hace parte del debate, la naturaleza del
cargo del nivel directivo, denominado «jefe de Departamento de Gestión de Bienes y
Suministros», código No. 027 de la Universidad del Atlántico, sobre el cual, se efectuó la

declaratoria de insubsistencia, pues, los extremos procesales coinciden en que es de
libre nombramiento y remoción, situación que, fue confirmada por la jefe del
departamento de gestión del Talento Humano42 de la entidad demandada.

76. Por otra parte, frente las circunstancias que antecedieron a la declaratoria de
insubsistencia de la demandante, el material probatorio incorporado en primera
instancia, permite advertir que, previo a la expedición de la Resolución No. RDP 000419
del Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), mediante la cual, se
declaró insubsistente el nombramiento de la demandante, el señor Carlos Javier Prasca
Muñoz, renunció al cargo de rector de la Universidad del Atlántico y fue encargado el
señor Jorge Luis Restrepo Pimienta, primero, hasta el Diecisiete (17) de diciembre de
Dos Mil Diecinueve (2019) y, con posterioridad, hasta tanto se designase un rector en
propiedad.

77. Ahora, bajo el mando rectoral del señor Jorge Luis Restrepo Pimienta, el
Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), se declaró la insubsistencia
del nombramiento de la señora Daimi Lindo Solano, en el cargo de jefe de departamento
de Gestión de Bienes y Suministros, el cual ejercía desde el año Dos Mil Quince (2015),
posesión para la cual acreditó la profesión de abogada y el título de especialista en
derecho administrativo. Valga anotar que el acto administrativo, en sus considerandos,
identificó el cargo en mención e invocó la causal prevista en el artículo 2.2.11.1.2 del
Decreto 648 de 201743.

78. Frente al contexto que antecedió a la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento de la señora Lindo Solano, la Sala encuentra demostrado que, en el
periodo comprendido, entre el Veinticuatro (24) de octubre y el Dieciocho (18) de
diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), se desarrolló una toma de las instalaciones de
la Universidad del Atlántico en Barranquilla, lo cual, condujo a la suspensión de las
actividades académicas y administrativas en la sede norte de la institución, precisando
que dicha situación no se extendió, frente a las instalaciones ubicadas en la «sede prado»
de la caja de compensación familiar y en la «sede de la calle 43», en las que operaban
actividades administrativas.

42
SAMAI- Tribunal de origen- Consecutivo No. 00015- Archivo “015AlDespachoPor_Incorpora_Expediente202000543z.zip”-
Carpeta “01DemandaAnexos”- Documento “RESPUESTA 1 DERECHO DE PETICION DAIMI LINDO .pdf”.
43
El artículo en mención dispone: «Artículo 2.2.11.1.2. De la declaratoria de insubsistencia. En cualquier momento podrá
declararse insubsistente un nombramiento ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el
nominador de nombrar y remover libremente sus empleados.

En los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento
de quien lo desempeña.»

21

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Demandante: Daimi Lindo Solano
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79. El periodo de actividades de manifestación, se extendió hasta el Treinta (30) de
enero de Dos Mil Veinte (2020), lo cual, derivó en que el rector encargado ejerciera sus
atribuciones en zonas aledañas a la «sede Norte»; interregno en que, si bien el área de
talento humano no disponía de la hoja de vida física que reposaba en las oficinas cuyo
acceso estaba suspendido, sí contaba con el documento bajo los sistemas de
información de la Universidad, considerando a su vez, otros sistemas de consulta
pública en que esta obraba.

80. Finalmente, a partir de las circunstancias demostradas bajo la valoración
probatoria que antecede, se advierte que, la Universidad del Atlántico atravesó por una
crisis institucional, entre los años Dos Mil Diecinueve (2019) y Dos Mil Veinte (2020),
cuyo origen radicó en inconformidades que existían por parte del estamento estudiantil,
según lo determinan los medios de prueba44.

81. A partir del análisis probatorio previamente desarrollado, no se advierte que,
frente a la Resolución No. 000419 del Dieciocho (18) de diciembre de Dos mil Diecinueve
(2019), expedida por el rector encargado de la Universidad del Atlántico, señor Jorge
Luis Restrepo Pimienta, se configure la causal de nulidad de desviación de poder. Lo
anterior, comoquiera que de su análisis no es posible extraer que la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento de la señora Lindo Solano, hubiese atendido a la
presión ejercida por los estudiantes que se tomaron la «sede norte» de la Universidad del
Atlántico en Barranquilla.

82. Así, se debe recordar, tal como lo ha sostenido la presente Sala de Subsección
en precedencia45, que, el vicio de desviación de poder «[…] ocurre cuando la intención del
empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés general y del contenido de las normas que
autorizan proferirlo. De este modo, se afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su
propósito siempre ha de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general». Circunstancia,

que no se configura, a partir de los medios de prueba que obran en el expediente,
comoquiera que, no se demostró que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento
de la señora Lindo Solano, hubiese atendido a una circunstancia diferente al
mejoramiento del servicio.

83. Bajo el alcance de la desviación de poder, se destaca que, para efectos de la
demostración de la presente causal de nulidad, es preciso que la actividad probatoria
demuestre, que el propósito perseguido con el acto administrativo no radicaba en el
buen servicio, lo cual impone «[…] acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide el acto,

44
Al respecto se destaca que, los medios de prueba en su unidad permiten advertir la existencia y el origen de la crisis,
correspondiendo con dicha información, el contenido de la captura de pantalla del presunto «tweet», publicado por el usuario «OCE
Atlantico» [sic], en fecha del Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019).
45
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 19 de marzo de 2026. Radicado No. 25000-23-42-000-2019-
00973-01 (3940-2021).

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como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en especial (iii) el fin torcido o
espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión cuestionada, distinto al señalado por la ley
para el caso concreto»46.

84. En línea del alcance de la causal de nulidad en cita, para el caso concreto, la
parte demandante si bien demostró que la Resolución No. 000419 del Dieciocho (18) de
diciembre de Dos mil Diecinueve (2019), que declaró la insubsistencia del
nombramiento, fue expedida por quien, entonces ostentaba la calidad de rector
encargado de la Universidad del Atlántico, en ejercicio de las atribuciones que le
asistían, bajo el ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción, no demostró
que, el fin espurio que habría perseguido la autoridad nominadora al adoptar la decisión
que condujo a su retiro del servicio, por lo tanto, carece de vocación de prosperidad la
causal alegada.

85. Tampoco se encuentra demostrado que, el ejercicio de la facultad de libre
nombramiento y remoción, que ejecutó el señor Jorge Luis Restrepo Pimienta, como
rector encargado, estuviese indefectiblemente guiada, en favor de los designios o
peticiones de los estudiantes universitarios, que inconformes con la administración
universitaria, decidieron desarrollar actos de manifestación en los planteles. Habida
cuenta que, el único medio de prueba, que con menor fuerza demostrativa concurre al
proceso, como lo es la captura de pantalla del presunto «tweet», publicado por el usuario
«OCE Atlantico» [sic] el Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), se
reduce a demostrar la inconformidad que existía en el estamento estudiantil, frente a la
administración universitaria en cabeza del exrector, Carlos Prasca Muñoz, sin establecer
ningún aspecto en concreto frente a la demandante.

86. Ahora bien, refiere el apelante que, el tribunal asumió que, el cambio de rector
conduciría a la mejora en el servicio- sin que resultara demostrado- y, que, la declaratoria
de insubsistencia se adoptó sin que, el rector encargado tuviese bajo su custodia los
documentos que integraban la hoja de vida de la demandante, ni con respaldo en las
evaluaciones de desempeño, que se realizaron a la señora Lindo Solano.

87. Frente a dichos reparos, se debe recordar que, en sentencia del Diez (10) de abril
de Dos Mil Veinticinco (2025)47, cuya tesis fue reiterada en la sentencia del Diecinueve
(19) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)48, esta Subsección precisó que «[…] la especial
confianza del nominador en el servidor público de libre nombramiento y remoción es lo que justifica su
permanencia en el cargo y habilita al nominador para disponer su retiro de manera discrecional, sin que
sea necesario u obligatorio expresar los motivos que lo llevan a adoptar tal decisión, en tanto se presume

46
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-24-000-2013-
00328-00; postura reiterada por la Subsección B de la Sección Segunda en sentencia del 19 de marzo de 2026.
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, radicado No. 68001-23-33-000-2018-
00330-02 (0039-2024).
48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de marzo de 2026, radicado No. 25000-23-42-000-2019-
00973-01 (3940-2021).

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que es emitida en aras de mejorar el servicio público, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del
Consejo de Estado49 y la Corte Constitucional50».

88. En lo que corresponde a la afirmación del apelante, según la cual, se reprocha la
ausencia de anotación de los motivos que determinaron el retiro del servicio, se debe
señalar que, dicha circunstancia51, por sí misma, no invalida el acto administrativo objeto
de control, pues la inscripción en mención, a que alude concretamente el artículo 26 del
Decreto 2400 de 196852, no constituye un requisito previo e indispensable para declarar
la insubsistencia, en la medida en que simplemente corresponde a un acto posterior
que, no integra el contenido del acto en mención.

89. En línea con lo anterior, no le asiste razón a la parte demandante en lo que toca,
al punto alegado del vacío probatorio que reprocha frente a la mejora en el servicio,
puesto que, es consustancial a la permanencia en los cargos de libre nombramiento y
remoción, el factor de confianza, el cual incluso figura como elemento habilitante para
disponer su retiro de forma discrecional, sin que sea necesario expresar las
circunstancias que motivan dicha decisión. Al respecto, se debe señalar que, la
afirmación de la parte demandante, según la cual, la administración debía demostrar en
el presente asunto, que, tras la decisión adoptada en la Resolución No. 000419 del
Dieciocho (18) de diciembre de Dos mil Diecinueve (2019), el servicio mejoró en la
institución, no es de recibo para esta Sala, menos si la demandante, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, no cumplió con la carga de
probar los vicios advertidos en el acto demandado.

90. En este punto, se debe señalar que, la afirmación correspondiente a que, el rector
encargado, dispuso la declaratoria de insubsistencia, sin disponer de la hoja de vida
física y evaluaciones de la demandante, atendiendo al cierre de las instalaciones de la
entidad, no se corresponden, con el contenido de los medios de prueba que obran en el
expediente, específicamente, con el oficio suscrito por la jefe del departamento de
Gestión del Talento Humano de la Universidad del Atlántico53.

49
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de febrero de 2023, radicación 2019-01708-01 (2994-2022).
50
Sentencia C-553 de 2010, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
51
Así lo estableció la presente Sala de Subsección en sentencia de 7 de mayo de 2026, proferida en el asunto con radicado No.
52001-23-33-000-2015-00632-01 (6526-2022).
52
Al respecto, el presente artículo establece: «ARTÍCULO 26. El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del
servicio civil, que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por la autoridad nominadora, sin
motivar la providencia. Sin embargo, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que no lo ocasionaron en la respectiva
hoja de vida.

Los nombramientos de empleados de carrera sólo podrán ser declarados insubsistentes por los motivos y mediante los
procedimientos establecidos en la ley o reglamento que regule la respectiva carrera. La declaración de insubsistencia conlleva la
pérdida de los derechos del funcionario de carrera.»
53 Al respecto, el medio de prueba estableció: « El suscrito efectivamente no tuvo acceso a la hoja de vida física de la señora Daimi
Lindo durante ese periodo, sin embargo es importante señalar que la universidad cuenta con sistemas de información y bases de
datos con la información del personal de planta administrativos y docentes, para lo cual la Oficina de Informática otorgo accesos
remotos al personal autorizado por este departamento, incluso para ingresar a sus computadores de manera remota y así continuar
funcionando administrativamente, tal como efectivamente sucedió, en virtud a que nunca se dejó de cancelar salarios ni prestaciones
sociales de los empleados. Tal información siempre estuvo al alcance y conocimiento del señor rector JORGE LUIS RESTREPO
PIMIENTA durante el periodo enunciado.

24

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91. Sobre el particular, si bien durante el periodo comprendido entre el Veinticuatro
(24) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019) y el Treinta (30) de enero de Dos Mil
Veinte (2020), la oficina en que se hallaban resguardados dichos documentos se
encontraba cerrada, se estableció que, la institución disponía de sistemas de
información para acceder a dichos documentos e incluso, la Oficina de Informática
habilitó el acceso remoto, para su consulta e incluso, la información correspondiente a
la demandante reposaba en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público -
SIGEP.

92. Frente al reparo presentado por el apelante, asociado al buen desempeño del
servicio por parte de la señora Lindo Solano y, a la inexistencia de mecanismos de
evaluación de desempeño, en criterio de la Sala, dichos aspectos no tienen vocación
para limitar el ejercicio de la atribución discrecional de libre nombramiento y remoción,
que le asistía al rector encargado de la Universidad del Atlántico. Al respecto, el
cumplimiento a cabalidad de las atribuciones que integraban el ámbito funcional de la
demandante, respecto del cargo que ejercía, no predeterminaban su inamovilidad frente
al empleo.

93. Por otra parte, llama la atención de la Sala que, a lo largo del recurso de alzada,
la apelante afirmó que, comoquiera que la demandada no controvirtió probatoriamente
los hechos de la demanda, habría operado el presupuesto de veracidad en su contra,
correspondiendo a la Universidad demandada demostrar aspectos, tales como la mejora
del servicio, invirtiéndose así la carga probatoria.

94. Sobre este aspecto, se debe recordar que, en materia de controversias asociadas a la
insubsistencia frente a empleos de libre nombramiento y remoción, el ejercicio de la
facultad de remoción por parte de la autoridad nominadora, encuentra por instrumento
el acto administrativo, el cual a su vez goza de presunción de legalidad, conforme a su
naturaleza de acto administrativo constituyendo, por lo tanto, una carga del interesado,
desvirtuar dicha presunción, «para lo cual deberá demostrar que el acto administrativo fue expedido
con fines distintos al buen servicio»54.

95. En relación con la carga probatoria expuesta en precedencia, no se evidencia, que, a
efectos de soportar las causales de nulidad invocadas por la demandante, circunscritas
en la desviación de poder y falsa motivación, la parte demandante hubiese desplegado
la actividad probatoria requerida, sin que, resulte procedente – como lo pretende la

Aunado a lo anterior, al colocar el nombre de Daimi Lindo Solano en el buscador de Google, se puede acceder a la información en
el SIGEP, (https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M1444509 6237-4/view), en la cual se puede verificar
fácilmente su formación académica, experiencia laboral, Datos de contacto, la escala salarial, la cual para el caso en concreto
correspondía a Jefe de Departamento de Universidad grado 06 tal y como se manifiesta en la certificación laboral. »
54
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 18 de marzo de 2026, radicado No. 25000-23-42-000-2019-
00973-01 (3940-2021); sentencia del 26 de abril de 2012, proceso con radicado 11001-03-25-000-2009-00013-00.

25

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demandante- la inversión de aquellas cargas que, atañen a la controversia de los actos
expedidos en punto del control de legalidad del acto que declara la insubsistencia y, que
le correspondían.

96. De acuerdo con lo expuesto en precedencia, se encuentra que, el análisis
probatorio realizado por el tribunal de origen no adoleció de los yerros que expuso la
parte demandante en el recurso de apelación, comoquiera que, con base en los medios
de convicción que obraban en el plenario, no se demostró que, sobre la Resolución No.
000419 del Dieciocho (18) de diciembre de Dos mil Diecinueve (2019), expedida por el
rector de la Universidad del Atlántico, se configuraran las causales de nulidad de falsa
motivación y desviación de poder, invocadas por la parte actora.

97. Siendo así las cosas, la Sala constata que, la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que dispuso la declaratoria
de insubsistencia, pues, los medios de prueba que integran el acervo probatorio, no
permiten concluir que, el acto demandado haya sido expedido con inexistencia de
fundamentos de hecho y de derecho o que sean contrarios a la realidad y, por el
contrario, se identifica que, el acto acusado fue expedido con fundamento en las
atribuciones legales, que permiten al nominador expedir actos discrecionales para la
remoción de empleados de libre nombramiento y remoción, por lo cual, se confirmará la
sentencia de primera instancia.

2.6. Condena en costas

98. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por tanto, no se impondrá condena
en costas en esta instancia.

2.7. Conclusión

99. La Sala confirmará en su integridad la sentencia de primera instancia, comoquiera
que, la parte demandante no acreditó que la Resolución No. 000419 del Dieciocho (18)
de diciembre de Dos mil Diecinueve (2019), expedida por el rector de la Universidad del
Atlántico, a través de la cual se declaró la insubsistencia en su nombramiento, adoleciera
de las causales de falsa motivación y desviación de poder.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

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Demandante: Daimi Lindo Solano
Demandado: Universidad del Atlántico

Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el Trece (13) de noviembre de Dos Mil
Veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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