República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00973-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00973-01 (3940-2021)
Demandante: Marisol Palacio Cepeda
Demandada: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho
Tema: Insubsistencia de nombramiento de empleada de libre nombramiento y
remoción. Subtema 1: facultad discrecional. Subtema 2: desviación de poder.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la señora Marisol Palacio Cepeda contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, el 22 de abril de 2021, que negó las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Marisol Palacio Cepeda solicitó la nulidad de la resolución por la cual el
entonces ministro de justicia y del derecho declaró la insubsistencia de su
nombramiento en el cargo de director técnico código 0100, grado 23, pues estimó que
se incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse y desviación de poder
en ejercicio de la facultad discrecional. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que no se demostró que el acto administrativo censurado fue contrario al
ordenamiento jurídico que le permitía al nominador de manera discrecional decidir
sobre la desvinculación de un servidor de libre nombramiento y remoción, como ella,
ni se comprobó que haya sido expedido con una finalidad contraria a derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00973-01 (3940-2021)
Demandante: Marisol Palacio Cepeda
Demandada: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Marisol Palacio Cepeda, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 7 de marzo de 20181,
contra la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. La señora Marisol Palacio Cepeda solicitó que se declarara la nulidad de la
Resolución 603 del 15 de agosto de 2017, a través de la cual el ministro de justicia y
del derecho declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de director
técnico código 0100, grado 23, de la Dirección de Política Contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Despacho del Viceministro de Política Criminal y Justicia
Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho.
3. A título de restablecimiento del derecho, la señora Marisol Palacio Cepeda pidió
su reintegro al mencionado empleo o a otro de igual o superior categoría, sin solución
de continuidad; el pago indexado de todos los emolumentos laborales dejados de
recibir desde el 16 de agosto de 2017 (fecha de su retiro); y el reconocimiento de los
perjuicios materiales, por daño moral, a la vida en relación y por afectación de
derechos y bienes constitucional y convencionalmente protegidos; lo anterior con los
respectivos intereses y las costas procesales.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
i) La señora Marisol Palacio Cepeda fue nombrada en el cargo de director técnico
código 0100, grado 23, de la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades
Relacionadas del Despacho del Viceministro de Política Criminal y Justicia
Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Resolución 873 del 9
de noviembre de 2016.
ii) Desde diciembre de 2016 tuvo discrepancias con el entonces secretario general
de la aludida cartera, por «el irregular manejo presupuestal de los recursos del Fondo
de Lucha para las Drogas por parte de éste». En enero de 2017 dicho servidor, junto
con directora administrativa y financiera le pidieron verbalmente a la demandante que
«desviara» $ 2.000’000.000, «de los destinados para el plan de acción de la Dirección
de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas (Plan Anual de
Adquisiciones), con el objetivo de contratar personas para otras dependencias
1 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03.ACTA IND DE
REPARTO FLS 125-133 y 01.DEMANDA DE MARISOL PALACIO CONTRA MINISTERIO DE JUSTICIA FLS 1-
24.
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Demandante: Marisol Palacio Cepeda
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diferentes a la misión de esa Dirección, entre ellas, a 30 personas como archivadores
en el Área de Gestión Documental», es decir, para contrataciones que no guardaban
relación con la temática de drogas.
iii) Pese a que les explicó las razones por las cuales consideraba inconveniente
para la cartera, por incurrir posiblemente en un peculado por destinación oficial
diferente, los citados servidores le expresaron que «se trataba de una orden irrefutable
del Ministro Londoño, que no causaba perjuicio alguno a la entidad» y que esa suma
«se reintegraría a la Dirección de Política Contra las Drogas, porque se pediría una
adición presupuestal que la beneficiaría, y que mientras tanto algunos Proyectos
podrían quedar desfinanciados, etc.».
iv) La anterior situación la señora Marisol Palacio Cepeda la puso en conocimiento
del asesor del viceministro de manera verbal y, a petición de él, le envió un proyecto
de carta en la que esgrimía «los argumentos jurídicos, presupuestales y de
compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, que defendían la
especificidad de los recursos de Fondo Lucha Contra las Drogas, dirigida al secretario
general ALVARO GÓMEZ TRUJILLO, para hacerla firmar del viceministro Dr.
CARLOS MEDINA». No obstante, nunca se hizo firmar por este último.
v) El 10 de marzo de 2017 Marisol Palacio Cepeda, el viceministro, su asesor y el
secretario general se reunieron con el propósito de pedirle explicación a este último
sobre la solicitud de los $ 2.000’000.000 para una destinación oficial diferente; a lo
que respondió que era el ordenador del gasto, por lo que el viceministro le solicitó que
hablara con el ministro.
vi) La señora Marisol Palacio Cepeda advirtió que, según los reportes periódicos
que recibió del coordinador financiero sobre el manejo de los recursos asignados al
fondo de lucha contra las drogas, habían variaciones significativas en sus
destinaciones, respecto de lo que había sido programado por la Dirección de Política
Contra las Drogas y Actividades Relacionadas, según el plan anual de adquisiciones,
las cuales se evidenciaban particularmente entre el 5 y 20 de enero de 2017, sin que
ella tuviera injerencia alguna.
vii) En atención a un requerimiento por correo electrónico que ella realizó el 18 de
enero de 2017 al secretario general sobre los certificados de disponibilidad
presupuestal, este el día siguiente contestó parcialmente por el mismo medio;
respuesta de la que evidenció «el gran número de contratos que estaban bajo
supervisión del secretario general, ALVARO GÓMEZ TRUJILLO, con cargo a recursos
del Fondo de Lucha Contra las Drogas, el cual la demandante era la Directora» y que
«los valores de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos a esa fecha
llegaba a $9.441’336.400, dejando un remanente de $2.102’526.600 para contratación
y convenios».
viii) El secretario general reconoció, en el Memorando núm. 17-0000908-SEG-4000
del 27 de enero 2017, que dispuso «de manera arbitraria» de los $ 2.000’000.000 y
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«respondió a la demandante con imprecisiones y contradicciones, para justificar sus
acciones relacionadas con el uso “en mayor proporción de los recursos del Fondo para
la Lucha contra las Drogas”, solicitándole no responderle para evitar que ese episodio
se convirtiera en un cruce de comunicaciones».
ix) En Memorando MEM17-0001552-DCD-3300 del 10 de febrero de 2017, la
señora Marisol Palacio Cepeda dio respuesta al secretario general, en el que le reiteró
«su posición a través de precisiones técnicas muy puntuales sobre la utilización de los
recursos del Fondo de Lucha contra las Drogas, para el proceso de contratación de
servicios profesionales por contrato de prestación de servicios». En la misma fecha
envió correo electrónico a Martha Isabel Gutiérrez Segura, por el cual le pidió «mirar
la parte jurídica frente al contrato que firmó el MJD».
x) Por correo electrónico del 21 de febrero de 2017, la demandante solicitó al
secretario general el acta del comité directivo del día 20 anterior (en el que él presentó
la ejecución presupuestal del 2017), con el fin de comparar los datos que este
manejaba con los de la dirección a su cargo, lo que reiteró el 7 de marzo de 2017, al
no obtener respuesta.
xi) En mayo de 2017, ante su presión, el secretario general empezó a liberar parte
de los recursos del aludido fondo, que se habían destinado en enero del mismo año
para la contratación en otras dependencias. Luego, ella le envió el Memorando 17-
0006369-DCD-3300 del 14 de agosto de 2017 al secretario general «sobre el
cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones de 2017, desarrollo de convenios,
cumplimiento de compromisos de pagos ya pactados en los convenios y Ley de
Garantías».
xii) Por lo anterior, los altos funcionarios del ministerio demostraron lo inapropiado
que era la estadía de la actora y el 14 de agosto de 2017, «minutos más tarde al envío
del correo arriba mencionado, el secretario general ÁLVARO GÓMEZ TRUJILLO, le
pidió a la demandante MARISOL PALACIO CEPEDA, que, por orden del ministro de
Justicia, presentara su renuncia y que se marchara en forma inmediata del Ministerio»,
por lo que ella se dirigió a su despacho, pero no se encontraba.
xiii) El 16 de agosto de 2017, a las 15:23, la señora Marisol Palacio Cepeda
presentó escrito de renuncia motivada al empleo ante el ministro Enrique Gil Botero,
«acompañándolo con un escrito sobre su gestión exitosa en el ejercicio del cargo pero
indicando inconvenientes tenidos con el secretario general, ALVARO GÓMEZ
TRUJILLO y con la subdirectora estratégica y de análisis, Martha Paredes, al advertir
irregularidades e inconsistencias en el manejo de los recursos del Fondo de Lucha
Contra las Drogas». Ese mismo día a las 15:40 fue notificada de la Resolución 603 de
2017, por la cual se declaró insubsistente su nombramiento.
xiv) La demandante, como directora de políticas contras las drogas y actividades
relacionadas, obtuvo un puntaje de 10 sobre 10 en la auditoría realizada al plan de
acción 2017. En su reemplazo fue nombrado el entonces asesor del viceministro de
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justicia.
xv) Como consecuencia de lo anterior, la señora Marisol Palacio Cepeda indicó que
«recibió daños y perjuicios inmateriales por su angustia, aflicción, dolor, impotencia e
injusticia de la que fue objeto, perder los beneficios del crédito de vivienda que tenía
aprobado por parte del Fondo Nacional del Ahorro, y su derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas».
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 54, 83, 90, 122, 123,
125 y 209.
La Ley 446 de 1998, artículos 7, 16, 30, 55 y 56.
La Ley 909 de 2004, artículo 41, literal d).
Los Decretos 2400, 3135 y 3148 de 1968, 1048 de 1969, 1045 y 1942 de 1978,
174 y 230 de 1975 y 1790 de 2000.
La Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley
16 de 1972.
El Protocolo de San Salvador, adicional a la anterior Convención, aprobado por
la Ley 319 de 1996.
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado a través de
la Ley 74 de 1968.
La Convención de Viena, aprobada por la Ley 32 de 1985.
6. Al explicar el concepto de violación, la señora Marisol Palacio Cepeda adujo
desviación de poder y que su retiro no se fundó en necesidades del servicio, con lo
que se vulneró el principio de estabilidad en el empleo, conforme al sistema
interamericano de derechos humanos, y los derechos a la dignidad e igualdad.
7. Respecto de la desviación de poder, afirmó que el acto administrativo
demandado estuvo precedido de su escrito de renuncia motivada, el cual le fue
solicitado por el secretario general del ministerio demandado, «convertido en enemigo
de la demandante, ante la advertencia que ella le hizo por los reportes periódicos que
recibió sobre el manejo financiero de los recursos asignados al Fondo de Lucha Contra
las Drogas, donde habían variaciones significativas en sus destinaciones, respecto de
lo que había sido planeado y programado por la Dirección de Política Contra las
Drogas y Actividades Relacionadas según el Plan Anual de Adquisiciones».
8. Expresó que, por lo anterior, su insubsistencia fue una decisión adoptada con
ostensible abuso de la facultad discrecional absoluta, porque, en lugar de aceptar su
renuncia inicial, tan solo siete minutos después de ser presentada, se procedió a
declararla insubsistente, lo que vicia el acto acusado al haber sido expedido en uso
arbitrario del poder, por lo que no estuvo fundado en razones del buen servicio.
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9. Por otra parte, sostuvo que la resolución censurada violó el artículo 53 de la
Constitución Política, por cuanto la facultad de disponer de su retiro no fue
discrecional, dado que, además de no haber desmejora en el buen servicio durante el
ejercicio de su empleo, fue resultado de una retaliación del secretario general del
ministerio, a quien constantemente se le cuestionó sus malos manejos financieros
frente a los recursos asignados al Fondo para la Lucha contra las Drogas, donde
habían variaciones significativas en sus destinaciones, respecto de lo que había sido
planeado por la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas,
según el plan anual de adquisiciones.
10. Indicó que ella demostró compromiso con la entidad, al punto de enfrentarse
con el secretario general y la subdirectora Martha Paredes, con tal de evitar la
malversación de fondos, lo cual generó inicialmente que se le pidiera la renuncia, la
que, presentada con motivación, llevó a que el ministro declarara la insubsistencia de
su nombramiento; actuación con la que se quebranta el artículo 7.° del Protocolo de
San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobado
por la Ley 319 de 1996, que prevé la estabilidad en el empleo y el derecho a la
readmisión cuando el despido haya sido injustificado o arbitrario.
11. Señaló que, lo anterior, toda vez que se prefirió su retiro por insubsistencia con
abuso de poder «para acallar sus voces de protesta ante una irregularidad que
ameritaba una investigación exhaustiva, máxime cuando los recursos se estaban
destinando para fomentar y adoptar una planta paralela de personal ilegal, a través de
contratos de prestación de servicios, siendo por tanto ineficaz el retiro», por lo que
debe garantizársele una protección especial, conforme al artículo 7°, literal d, de la
mencionada Ley 319 de 1996, en aplicación del control directo de convencionalidad.
12. Sobre el control de convencionalidad, manifestó que debe darse prevalencia a
la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 26) y a su protocolo
adicional (artículos 4 y 7), que consagran los principios de progresividad y de no
regresividad de la legislación, y de estabilidad en el empleo; y en su caso, tenía
derecho a una estabilidad, al querer contribuir al buen desarrollo de la función pública
y a los fines del Ministerio de Justicia y del Derecho, por lo que su desvinculación
resulta ineficaz.
2.2. Contestación de la demanda
13. La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de apoderada, se
opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que el entonces ministro Jorge
Eduardo Londoño Ulloa gozaba de plenas facultades, como nominador de los
funcionarios adscritos a su despacho, para designar a la demandante, por
considerarla para él persona de plena confianza y manejo; por lo tanto, al siguiente
ministro, Enrique de Jesús Gil Botero, designado el 9 de marzo de 2017, también tenía
el legítimo poder discrecional conferido por el artículo 41 de la Ley 909 de 2009, para
declarar la insubsistencia de algunos funcionarios y conformar su equipo de trabajo
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con personas de su entera confianza y manejo.
14. Arguyó que la resolución censurada tiene presunción de legalidad, al haber sido
expedida con fundamento en los artículos 5 y 41 de la Ley 909 de 2004, por tratarse
la accionante de una empleada de libre nombramiento y remoción. Por ende, las
consideraciones de la señora Marisol Palacio Cepeda, en el sentido de que, una vez
nombrada para el desempeño de su cargo, no podía ser retirada por razón de su buen
desempeño, eran claramente improcedentes; lo contrario conllevaría transformar la
naturaleza de los altos cargos gerenciales de las entidades públicas.
15. Concluyó que la actora, al no estar amparada por los derechos que confiere la
carrera administrativa ni por algún otro fuero de estabilidad, se encontraba bajo el
imperio de la potestad discrecional de libre nombramiento y remoción y, en
consecuencia, en una situación de confianza distinta de la que se advierte en los
demás niveles de la administración.
16. Añadió que no existió relación causal entre la renuncia que presentó la
accionante y el acto de insubsistencia, ya que física y materialmente no era posible
que el ministro aceptara la primera, toda vez que fue presentada el 16 de agosto de
2017 ante la dependencia de gestión humana a las 3:23 p. m., con copia ante el
despacho del ministro a las 3:34 p. m., es decir, con posterioridad a la expedición del
acto administrativo atacado.
17. Señaló que, aunque el acto de insubsistencia se le notificó personalmente a la
actora minutos después de radicar su renuncia, «ello obedeció a su ingeniosa
artimaña de no querer firmar de inmediato cuando se le puso de presente el acto
administrativo, manifestándole al funcionario encargado de hacer la notificación que
debía ir a otra dependencia de urgencia y que la esperara para proceder a firmar»,
por lo que la demandante procedió a radicar su carta de renuncia y una vez regresó a
su oficina sí suscribió el acto de notificación, cuando pasaron escasos seis minutos;
situación de la que el coordinador de gestión humana dejó constancia ante dos
testigos. Por ende, no existe nexo causal entre la renuncia y la declaratoria de
insubsistencia.
18. Agregó que desde enero de 2017 la actora asumió atribuciones de fiscalización
respecto de la destinación del presupuesto asignado a su dirección, pero omitió
informar de las supuestas irregularidades detectadas al ministro Londoño Ulloa, pese
a haber sido quien la nombró como persona de su confianza y manejo, así como
tampoco puso en conocimiento de los órganos de control interno de la entidad tales
supuestos hallazgos, por lo que resultaba incomprensible su conducta y conveniente
solo para ella en sus afirmaciones de supuesta persecución; «por el contrario, sus
reiterados requerimientos se tornaron en oposición a las medidas que adoptaba la
administración en procura de mejora en la prestación del buen servicio y cumplimiento
de los objetivos de la entidad».
19. Indicó que la afirmación de la demandante, en el sentido de que medió petición
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de su renuncia por parte del secretario general, carece de prueba y, en tal sentido,
resultaba infundado señalar que el acto administrativo demandado tuviera algún nexo
causal con aquella supuesta petición de renuncia. En todo caso, la insinuación de la
renuncia constituye un mecanismo protocolario encaminado a evitar la expedición de
un acto de insubsistencia.
20. Concluyó que la demandante no comprobó que existiera una estrecha filiación
política, un vínculo de amistad, consanguinidad o afinidad o una dependencia entre el
secretario general del ministerio y el director de la entidad, que hubiere podido influir
en la decisión censurada; además, el nominador tuvo conocimiento de la carta de
renuncia cuando ya había expedido el acto administrativo demandado, y los malos
entendidos fueron con el secretario general, mas no con el ministro de justicia y del
derecho2.
2.3. Sentencia de primera instancia
21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en la sentencia del 22 de abril de 2021, negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la parte accionante3.
22. Consideró que la jurisprudencia constitucional ha sido clara y reiterada en
señalar que la estabilidad de los empleados vinculados en cargos de libre
nombramiento y remoción es precaria, pues la misma Constitución admitía la
existencia de cargos que no son de carrera administrativa, respecto de los cuales el
nominador podía nombrar y remover libremente a quienes los ocupan.
23. Sostuvo que, al apreciar las pruebas testimoniales junto con las documentales
recaudadas dentro del proceso, la demandante ejerció de manera óptima el cargo de
director técnico, código 0100, grado 23, de la Dirección de Política Contra las Drogas
y Actividades Relacionadas del Despacho del Viceministro de Política Criminal y
Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho; no obstante, la eficiente
prestación del servicio por parte de la demandante no le brindaba una estabilidad
laboral especial, comoquiera que se trataba de un empleo de libre nombramiento y
remoción y la ejecución eficiente de las labores asignadas era una obligación que le
asistía como servidora pública.
24. Adujo que de las pruebas también se pudo observar que, a pesar de que la
demandante afirma que el señor Álvaro Gómez Trujillo, desvió los recursos del Fondo
para la Lucha contra las Drogas, para celebrar contratos de prestación de servicios,
lo cierto era que, según lo certificado por la entidad, dicho fondo era una cuenta
clasificada presupuestalmente como gastos de funcionamiento y el uso de sus
recursos no requería viabilidad técnica; prueba documental que no fue tachada de
falsa por la demandante y, por lo tanto, tiene pleno valor probatorio.
2 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 04.CONTESTACION
DDA FLS 134-233.
3 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 40. Sentencia.
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25. Afirmó que si bien los contratos núm. 446, 447, 451, 453, 454, 455, 456, 469,
471 y 474 del 2016 fueron celebrados con dineros del fondo, ello no implicó una
desviación de recursos, máxime cuando no se observaba que la actora hubiera
presentado queja alguna, que pudiera provocar una persecución en su contra. De
igual modo, tampoco se demostró el nexo que tuvo la situación suscitada entre ella y
el secretario general de la entidad con la declaratoria de insubsistencia, pues, además
de no estar probada la desviación de recursos, la decisión de su desvinculación no
correspondía a ese servidor.
26. Arguyó que no se podía pasar desapercibido que durante el tiempo en que la
demandante estuvo vinculada hubo cambio de ministro, «por lo que bien podía el jefe
entrante de esa cartera, vincular una persona de confianza en el cargo que ejercía».
Igualmente, la renuncia por ella presentada no surtió efectos porque el acto de
insubsistencia se le notificó seis minutos después de radicada. Por todo lo anterior, no
encontró demostrada la desviación de poder.
27. Frente al control de convencionalidad, explicó que como la insubsistencia no
obedeció a una desviación de poder, no podría hablarse de que la señora Palacio
Cepeda fue retirada de manera injustificada, para que proceda la reincorporación
pretendida. De igual modo, si bien la demandante no señaló cuál es la norma interna
que desconoce aquella contenida en el Protocolo de San Salvador, su reproche va
dirigido al ejercicio de la facultad discrecional prevista en los artículos 41 de la Ley 909
de 2004 y 44 de la Ley 1437 de 2011, pero esta se justifica en el cumplimiento de los
fines de la administración pública, en tanto que permitía a la autoridad determinar la
conveniencia de la permanencia en un cargo de confianza con observancia de los
límites constitucionales y legales.
28. Concluyó que la facultad discrecional está prevista en el ordenamiento jurídico
colombiano y su alcance ha sido desarrollado jurisprudencialmente tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado, sin que se encuentre proscrita por la
norma de carácter internacional citada por la demandante.
2.4. Recurso de apelación
29. La señora Marisol Palacio Cepeda, mediante su apoderada, interpuso recurso
de apelación4 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se accediera
a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:
30. Señaló que, contrario a lo considerado por el tribunal, hay pruebas que dan
cuenta del nexo causal entre la petición de renuncia del secretario general del
ministerio demandado y el retiro del servicio de la actora, por los reportes periódicos
que recibió sobre el manejo financiero de los recursos asignados al Fondo para la
4 Sama Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital,
42CorreoRecursoApelacionDdte.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00973-01 (3940-2021)
Demandante: Marisol Palacio Cepeda
Demandada: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho
Lucha contra las Drogas, en el que habían variaciones significativas en sus
destinaciones, respecto de lo que planeado y programado por la Dirección de Política
Contra las Drogas y Actividades Relacionadas. Por ende, la señora Palacio Cepeda
«se había convertido en la piedra en el zapato para el secretario general Álvaro Gómez
Trujillo, porque le obstaculizaba a éste, cometer libremente, actos de corrupción».
31. Relacionó las pruebas documentales que estimó no valoró el tribunal de
primera instancia, tales como la solicitud de información sobre la utilización de fondos
y los Memorandos MEM17-0000908-SEG-4000 y MEM17-0001552-DCD-3300 del
secretario general, que comprobaban la animadversión de este contra la demandante.
Igualmente, no se analizó que durante su permanencia la señora Palacio Cepeda tuvo
especial vigilancia y cuidado para que se cumpliera la específica destinación de los
recursos asignados a la dirección a su cargo, que no fue de buen recibo por parte del
señor Álvaro Gómez Trujillo —lo que se evidenciaba en el constante cruce de
comunicaciones—, quien finalmente le pidió la renuncia, pero al verla motivada, logró
su insubsistencia y no le permitió más su ingreso.
32. Sostuvo que tampoco se analizó los documentos que corroboran su excelencia,
el cumplimiento con los objetivos trazados por la señora Marisol Palacio Cepeda al
«10 %» (porcentaje máximo), su actuación diligente durante su gestión respecto de
probables actos de corrupción por el manejo indebido de recursos del Fondo para la
Lucha contra las Drogas, frente a lo cual la Contraloría General de la Republica realizó
visita el primer semestre de 2018, pero tampoco fue valorado por el tribunal.
33. Señaló que el tribunal erró al estimar que el Fondo para la Lucha contra las
Drogas constituye una cuenta clasificada presupuestalmente como de gastos de
funcionamiento, sustentado en contratos de 2016, cuando la accionante estaba recién
nombrada, a pesar de que la Contraloría, en su visita, advirtió contratación por casi
3.800 millones de pesos con los recursos de ese fondo en contratos que no guardaban
conexidad con sus finalidades específicas para la lucha antidrogas. No obstante, el
ministerio accionado ocultó esta información.
34. Añadió que esa información le fue comunicada en abril de 2021 por la
Contraloría, al indicarle sobre «los resultados de hallazgo con incidencia disciplinaria
en relación con el manejo dado a los recursos del Fondo de Lucha contra las Drogas,
que viabilizan posibles actos de corrupción». De igual modo, reprochó que el tribunal
haya desestimado el argumento de la demanda acerca de la desviación de los
recursos del Fondo para la Lucha contra las Drogas, al avalar que sirvieran como
gastos de funcionamiento de la entidad, por lo que se «requería mayor despliegue
probatorio dentro del proceso, por lo que se echa de menos, la aplicación del artículo
213 del C.P.A.C.A. relacionado con el decreto de pruebas de oficio».
35. Expresó que el tribunal tampoco analizó que se produjo desmejoramiento del
servicio con ocasión de su salida abrupta y arbitraria, porque su gestión fue impecable,
lo cual cambió posteriormente, tal como lo detectó la Contraloría en su visita realizada
después de su desvinculación, por lo que «no se tuvo en cuenta nada distinto al criterio
según el cual por regla general de la experiencia cuando se da un cambio de Ministro
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del Despacho, es frecuente que se produzcan cambios en los cargos de confianza, al
margen del desempeño de funcionarios escogidos en administración anterior».
36. Concluyó que de los testimonios no cabía duda de que entre ella y el secretario
general existieron discrepancias, al ser coincidentes acerca del abuso de poder, que
afectó sicológicamente a la demandante, al punto que se les prohibió mencionarla
después de su retiro y a ella no se le permitió más su ingreso a las instalaciones de la
entidad, por lo que no pudo hacer entrega del inventario en forma personal, lo que le
generó grandes traumas, pese a haber sido una excelente funcionaria, ejemplo de
honestidad y compañerismo. Por ende, su retiro no se fundó en necesidades del
servicio, sino por retaliación del secretario general del ministerio, a quien le cuestionó
en repetidas ocasiones los malos manejos financieros sobre los recursos del Fondo
para la Lucha contra las Drogas.
37. Por lo anterior, pidió que se garantizara la protección especial a la que tiene
derecho por haber sido despedida ilegal, injusta y arbitrariamente, en el sentido de
ordenar su «readmisión en el empleo», conforme al artículo 7, literal d, de la Ley 319
de 1996, aprobatoria del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención
Americana de Derechos Humanos, que prevalece en el orden interno de conformidad
con el artículo 93 de la Constitución Política, en aplicación del denominado control
directo de convencionalidad, dado que las normas legales internas son altamente
desfavorables, pues el retiro del servicio obedeció a un capricho, una ilegalidad y una
injusticia.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
38. Mediante auto del 7 de abril de 20225, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
39. Comoquiera que en el recurso de apelación la señora Marisol Palacio Cepeda
solicitó como prueba los informes de visita de la Contraloría General de la República,
sin que se hubiese emitido pronunciamiento en la precitada providencia, a través de
proveído del 16 de febrero de 20266, se saneó el proceso y se negó dicha petición
probatoria, al no cumplir con la carga argumentativa exigida, en tanto resultaba
deficiente respecto de los supuestos de hecho previstos en el artículo 212 del CPACA.
40. Sobre el particular, se precisó que los avances propios de una investigación
administrativa (como la realizada por la Contraloría General de la República) no
constituían, por sí mismos, hechos sobrevinientes. Así mismo, se advirtió que la
solicitud de pruebas de oficio no podía ser un mecanismo para subsanar omisiones
probatorias de las partes.
5 Samai, índice 4.
6 Samai, índice 11.
11
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
41. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
42. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 7 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
43. ¿Se encuentra acreditada la desviación de poder respecto del acto
administrativo por el cual se declaró la insubsistencia del nombramiento de la
demandante en el cargo de director técnico código 0100, grado 23, del Ministerio de
Justicia y del Derecho, que imponga dar aplicación a las normas de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que ordenan la estabilidad en el empleo ante una
desvinculación arbitraria e injusta?
44. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
los empleos de libre nombramiento y remoción, (ii) la facultad discrecional para retirar
a los empleados de libre nombramiento y remoción y (iii) la desviación de poder. A
partir de las anteriores consideraciones (iv) se destacarán los hechos probados
relevantes y (v) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico
planteado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Los empleos de libre nombramiento y remoción
45. El artículo 125 de la Carta Política prescribe que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, con excepción de los cargos de elección popular,
de libre nombramiento y remoción, de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. Esa misma disposición regula la designación por concurso público,
7 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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cuando el sistema de nombramiento no se provea como de libre nombramiento y
remoción.
46. Así mismo, el artículo 5.° de la Ley 909 de 2004 estableció que los empleos en
los organismos y entidades de la administración pública son de carrera, con
excepción, entre otros, de los clasificados como de libre nombramiento y remoción,
que correspondan a uno de los siguientes criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la
adopción de políticas o directrices así:
En la Administración Central del Nivel Nacional:
Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación;
Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente Delegado e
Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario
General y Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de Academia
Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial; Director Administrativo,
Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector
Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director
de Gestión; Jefes de Control Interno y de Control Interno Disciplinario o quien haga
sus veces; Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa
o de Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán
de Puerto.
[…]
47. Visto lo anterior, se tiene que la legislación previó una excepción al sistema de
la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un
proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos
con funciones de manejo y dirección institucional, para lo cual se requiere el más alto
grado de confianza para su desempeño.
48. Así las cosas, resulta razonable que para la provisión de empleos que impliquen
tal condición, no se requiera superar un proceso de selección por méritos, toda vez
que el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se
predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación
institucional.
49. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para considerar
que un empleo es de libre nombramiento y remoción deben concurrir tres requisitos:
(i) que tenga fundamento legal, esto es, que se encuentre expresamente previsto
como excepción a la carrera; (ii) que las funciones asignadas sean de dirección,
conducción, manejo u orientación institucional; y (iii) que tales funciones demanden
un nivel de confianza superior al exigible a cualquier otro servidor8.
8 Corte Constitucional, sentencia C-514 de 1994.
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50. De igual manera, dentro de los empleos de libre nombramiento y remoción,
además de los casos expresamente previstos en la Constitución (ministros, directores
de departamento administrativo, procurador, contralor, fiscal general, entre otros), la
Ley 909 de 2004 incluyó a los directores administrativo, financiero, administrativo y
financiero, técnico u operativo.
51. Como se observa, para el desempeño de los cargos de libre nombramiento y
remoción, la confianza juega un rol preponderante, lo que le permite al nominador
disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los
motivos que lo conducen a adoptar una u otra decisión, como lo han dispuesto, por
ejemplo, los artículos 26 del Decreto 2400 de 1968, 107 del Decreto 1950 de 1973, 41
(parágrafo 2.°, inciso 2.°) de la Ley 909 de 2004 y 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de
2015.
52. El Consejo de Estado, por su parte, ha reiterado que, si bien los empleos de
libre nombramiento y remoción otorgan al nominador una facultad discrecional para la
designación y remoción, ello no significa que la administración pueda actuar de
manera arbitraria, pues la discrecionalidad debe ejercerse siempre orientada al buen
servicio y bajo control judicial en caso de alegarse desviación de poder9.
53. En conclusión, los empleos de libre nombramiento y remoción constituyen una
categoría excepcional que busca garantizar la confianza y unidad de acción
administrativa, pero cuyo alcance debe interpretarse de acuerdo con los parámetros
fijados por la Constitución y la ley.
3.3.2. La facultad discrecional para retirar a los empleados de libre
nombramiento y remoción
54. El ordenamiento jurídico —artículos 26 del Decreto 2400 de 1968, 41 de la Ley
909 de 2004 y 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015, entre otras— reconoce que en
ciertos casos la administración cuenta con un margen de discrecionalidad para la
provisión y remoción de empleos de libre nombramiento y remoción. Esta facultad, sin
embargo, no es absoluta, sino que se encuentra limitada por los principios
constitucionales de la función pública y por el control judicial de legalidad10.
55. La potestad discrecional es una herramienta jurídica necesaria en ciertas
situaciones para obtener mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines de
la administración pública. Entonces, la discrecionalidad «surge cuando el
ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar en un
supuesto dado lo que sea de interés público»11.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2017, proceso con radicado
73001-23-33-000-2013-00447-01.
10 Constitución Política, artículos 2, 6, 123 y 209.
11 García de Enterría, Eduardo. Democracia, Jueces y Control de la Administración, 5ª edición, 2000, p. 143.
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56. La existencia de facultades discrecionales no es incompatible con la vigencia
de un Estado Social y Constitucional siempre que se ejerzan como un poder en
derecho, cuya regla y medida es la razonabilidad. En ese sentido, la Corte
Constitucional ha indicado que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier
momento a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción no contraría la
Constitución, pues la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una
relación subjetiva con el nominador, quien requiere siempre plena confianza de sus
colaboradores12.
57. La Corte Constitucional ha sostenido que la discrecionalidad debe entenderse
como la posibilidad que tiene el nominador de actuar dentro de un ámbito de opciones
igualmente válidas, pero siempre conforme a los fines de la Constitución y la ley, en
procura del interés general13. En tal sentido, la discrecionalidad se diferencia de la
arbitrariedad, puesto que mientras la primera se encuentra delimitada por parámetros
jurídicos, la segunda desconoce cualquier límite normativo y se traduce en un uso
abusivo del poder14.
58. El Consejo de Estado, por su parte, ha precisado que el ejercicio de la facultad
discrecional en materia de insubsistencia de empleos de libre nombramiento y
remoción goza de presunción de legalidad, lo cual implica que corresponde al
demandante desvirtuarla, para lo cual deberá demostrar que el acto administrativo fue
expedido con fines distintos al buen servicio15.
59. En este punto cobra relevancia la figura de la desviación de poder, definida
como la expedición de un acto administrativo con una finalidad diferente a la prevista
en la norma que lo autoriza, como se explicará en el apartado siguiente16. El Consejo
de Estado ha reiterado que la desviación de poder constituye una causal autónoma
de nulidad del acto administrativo, y que su acreditación puede hacerse mediante
prueba directa o por medio de indicios graves, precisos y concordantes17, como lo
establece el artículo 13718 de la Ley 1437 de 2011.
12 En este sentido, en la sentencia C-443 de 1997, la Corte Constitucional señaló: «la estabilidad “entendida como
la certidumbre que debe asistir al empleado en el sentido de que, mientras de su parte haya observancia de las
condiciones fijadas por la ley en relación con su desempeño, no será removido del empleo”, es plena para los
empleos de carrera pero restringida o precaria para los de libre nombramiento y remoción, “pues para éstos la
vinculación, permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta
discrecionalidad para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por
desviación de poder. [...] frente a la estabilidad existen variadas caracterizaciones: desde la estabilidad impropia
(pago de indemnización) y la estabilidad “precaria” (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción que
pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta (reintegro
derivado de considerar nulo el despido), luego no siempre el derecho al trabajo se confunde con la estabilidad
absoluta».
13 Corte Constitucional, sentencia C-031 de 1995.
14 Corte Constitucional, sentencia C-525 de 1995.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de abril de 2012, proceso con radicado 11001-03-25-
000-2009-00013-00.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de febrero de 2014, proceso con radicado 11001-03-25-
000-2009-00014-00.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2002, proceso con radicado
11001-03-25-000-1999-00528-01.
18 «Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».
15
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60. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que, aunque el
nominador no está obligado a motivar la insubsistencia de un cargo de libre
nombramiento y remoción, ello no significa que el acto se sustraiga del control
judicial19. En efecto, el juez contencioso-administrativo está habilitado para verificar, a
partir de las pruebas allegadas al proceso, si la medida obedeció a una finalidad
legítima de buen servicio o si, por el contrario, fue el resultado de consideraciones
extrañas a la administración, como retaliaciones políticas, persecuciones personales
o acuerdos burocráticos.
61. De esta forma, la discrecionalidad en materia de insubsistencia se encuentra
limitada por los principios de legalidad, igualdad, moralidad administrativa y finalidad
pública, de manera que su uso indebido compromete la validez del acto administrativo
y habilita al juez para declarar su nulidad.
3.3.3. La desviación de poder
62. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que
hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el
propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador,
quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en los artículos 2
constitucional y 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general20.
63. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo 21. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina22 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público» 23.
64. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de abril de 2009, expediente 05001-23-
31-000-2001-02422-01.
20 Ibidem.
21 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto
administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
22 Younes Moreno, Diego, Curso de Derecho Administrativo.
23 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los
siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
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especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»24.
65. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»25.
66. La jurisprudencia ha admitido que la desviación de poder puede acreditarse no
solo mediante prueba directa, sino también a través de indicios graves, precisos y
concordantes, que permitan al juez inferir razonablemente la finalidad desviada del
acto26. La Corte Constitucional, en armonía con este criterio, ha resaltado que la
facultad discrecional de la administración no es ilimitada y que el juez contencioso-
administrativo está llamado a controlar su ejercicio y anular aquellos actos que, pese
a su presunción de legalidad, se expidieron con fines contrarios al interés general27.
67. En consecuencia, aunque los actos de insubsistencia en cargos de libre
nombramiento y remoción no requieren motivación, no por ello quedan exentos del
control judicial, pues el juez puede determinar, a partir del acervo probatorio, si la
medida fue consecuencia del buen servicio o si respondió a propósitos distintos que
configuran la desviación de poder.
3.4. Hechos probados
68. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
69. Según documentos que integran la carpeta laboral de la señora Marisol Palacio
Cepeda, ella tiene títulos de abogada, especialista en Docencia Universitaria y en
Cooperación Internacional y Desarrollo y magíster en Sistema Penal y Problemas
24 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-
24-000-2013-00328-00. En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, expediente 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia que indicaba
que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención
de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda, Subsección B,
proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2002, proceso con radicado
11001-03-25-000-1999-00528-01.
27 Corte Constitucional, sentencia C-031 de 1995.
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Sociales28.
70. Por medio de la Resolución 873 del 9 de noviembre de 2016, el entonces
ministro de justicia y del derecho Jorge Eduardo Londoño Ulloa nombró a la señora
Marisol Palacio Cepeda en el empleo de director técnico, código 0100, grado 23, de
la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Despacho
del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia
y del Derecho29; empleo del que tomó posesión el día 10 del mismo mes30.
71. Por correo electrónico enviado el 18 de enero de 2017, Marisol Palacio Cepeda
solicitó al secretario general del Ministerio de Justicia y del Derecho información
relacionada con los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) que a esa fecha
se habían expedido y que afectaban los recursos del fondo de lucha contra las drogas,
con indicación de su cuantía, así como los contratos que se amparaban en aquellos y
quiénes ejercían supervisión31; frente a lo cual obtuvo respuesta por el mismo medio
el 19 de enero de 2017, en el que se indicó que se enviaban tres archivos con la
información requerida32.
72. La señora Marisol Palacio Cepeda, con Memorando MEM17-0000763-DCD-
3300 del 20 de enero de 2017, dirigido al secretario general del ministerio demandado,
le expuso su preocupación acerca de unas variaciones significativas en la destinación
de los recursos asignados al Fondo para la Lucha contra las Drogas, particularmente
desde el 5 de enero de 2017, sin que ella tuviera injerencia sobre lo sucedido y advirtió
que, de su comunicación del pasado 18 de enero de 2017, la suma de los CDP
expedidos a la fecha llegaba a $ 9.441.336.400, lo que dejaba un remanente de
$ 2.102.526.600 para contratación y convenios33.
73. El secretario general del ministerio accionado, a través del Memorando MEM
17-0000908-SEG-4000 del 27 de enero de 201734, respondió el relacionado en el
párrafo anterior, en el que concluyó:
1. La ordenación del gasto conforme a lo definido en el decreto 2897 de 2011,
compete al señor Ministro o su delegado, para el caso actual como delegado el
suscrito. La ordenación del gasto implica desde la autorización y suscripción de
solicitudes de CDP, suscripción de los contratos y hasta la liquidación de los
respectivos contratos.
2. En el cuadro anexo, está la información relacionada con la utilización del
presupuesto 2017, haciéndole claridad que como aún existen recursos sin
comprometer, es decir, sobre los cuales se está adelantado el proceso
precontractual, la cifra exacta de número de contratistas no se la podría facilitar
sino hasta tanto suceda el 100% del trámite contractual, que espero suceda antes
28 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_04CONTESTACIONDDA(.PDF), pp. 36 a 142.
29 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), p. 11.
30 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_04CONTESTACIONDDA(.PDF), p. 148.
31 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), pp. 25 y 26.
32 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), pp. 27 y 28.
33 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), pp. 29 y 30.
34 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), pp. 36 a 39.
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del 3 de febrero, fecha en la cual se la enviaré.
3. Es muy importante manifestarle, como se ha hecho en otras ocasiones que los
recursos del Fondo para la Lucha contra las Drogas, que se han comprometido
para financiar contratación de prestación de servicios, están permitiendo cumplir
con el fortalecimiento y promoción del sistema de justicia, así como la lucha
antidrogas, conforme a lo previsto en el decreto mencionado en la conclusión
número 1.
4. Las cifras mencionadas en los cuadros anexos, han sido tomadas de los informes
de contratación que se construyen a partir de la información generada por el
sistema SIIF.
74. Mediante Memorando MEM17-0001552-DCD-3300 del 10 de febrero de 2017,
la señora Marisol Palacio Cepeda respondió el anterior, en el que le expresó que entre
el 2014 y el 2017 el porcentaje de utilización del presupuesto asignado para cada
vigencia respecto del Fondo para la Lucha contra las Drogas y su uso para la
contratación de servicios profesionales se incrementó, «marcando una tendencia con
una inclinación bastante prolongada», por lo que manifestó su preocupación35.
75. A través de correo electrónico del 21 de febrero de 2017, la señora Marisol
Palacio Cepeda solicitó al secretario general del ministerio demandado el acta del
comité directivo del día 20 anterior para revisión, incluir su observación frente al cuadro
de presupuesto correspondiente a la dirección de drogas y enviar el informe y la
presentación completa36. Requerimiento que fue atendido por medio de correo de la
misma fecha, en el que la coordinadora del grupo de gestión administrativa, financiera
y contable le remitió la presentación de la ejecución presupuestal del 201737.
76. El 7 de marzo de 2017, vía correo electrónico, la demandante reiteró el anterior,
porque en la presentación del presupuesto no se incluyó la parte pertinente a la
dirección de política de drogas, lo cual se solicitó por comunicación interna tan pronto
se terminó el comité directivo, lo cual era de su interés para poder aprobar el acta en
el siguiente comité38.
77. Con Memorando 17-0006369-DCD-3300 del 14 de agosto de 2017, la señora
Palacio Cepeda solicitó al secretario general del ministerio accionado información
sobre el cumplimiento del plan anual de adquisiciones de 2017, desarrollo de
convenios, cumplimiento de compromisos de pagos pactados en los convenios y ley
de garantías, dado que ese plan debió ser modificado en varias oportunidades para
acatar los compromisos contractuales adquiridos por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, por lo que también le pidió directrices sobre el proceso contractual de
prestación de servicios, el proceso de alistamiento de carpetas contractuales y
formatos de estudios previos para evitar reprocesos en la validación de la información
que se suministraría al grupo contractual39.
35 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), pp. 40 a 43.
36 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), p. 47.
37 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), p. 49.
38 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), p. 50.
39 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), pp. 72 a 77.
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78. A través de la Resolución 603 del 15 de agosto de 201740, el entonces ministro
de justicia y del derecho Enrique Gil Botero declaró insubsistente el nombramiento de
la señora Marisol Palacio Cepeda; la cual le fue comunicada por oficio OFI17-
0027449-SGH-4005 del 15 de agosto de 201741, por parte del secretario general, que
contiene firma de recibido de la accionante con fecha del 16 de agosto de 2017 a las
3:40 p. m.
79. Por medio de escrito con fecha del 15 de agosto de 2017 la señora Marisol
Palacio Cepeda presentó renuncia al cargo que desempeñaba, dirigida al ministro de
justicia y del derecho, «de conformidad con la solicitud verbal hecha por el Dr. Álvaro
Gómez Trujillo el día 14 de agosto de 2017 y reiterada ese mismo día en horas de la
tarde vía telefónica, mediante el cual me informa que debía dejar el cargo» 42; el cual
tiene dos firmas manuscritas de recibido del 16 de agosto de 2017, una a las 3:23 p.
m. y otra a las 3:34 p. m., sin que se identifiquen los cargos de las personas firmantes.
80. En escrito del 18 de agosto de 2017, radicado EXT17-0033738, la señora
Marisol Palacio Cepeda dirige solicitud al secretario general en el sentido de que le
autorizara la entrega del cargo que desempeñaba a quien fue designado en su
reemplazo, ya que presentó renuncia, pero después le fue notificado el acto de
insubsistencia, documento que firmó «sin mayor atención»43.
81. Por conducto del oficio MJD-OFI21-0007158-GGC-4000 del 5 de marzo de
202144, el Ministerio de Justicia y del Derecho envió con destino al presente proceso
los contratos suscritos por esa cartera de octubre de diciembre de 2016. Igualmente,
se informó que no se encontró documento concerniente a la desviación de recursos
del plan de acción de la dirección de política de drogas y actividades relacionadas
para contratar personal de otras dependencias; y tampoco acta que se dejara
constancia acerca de una reunión en la que se discutiera la inconveniencia para el
Ministerio de acceder a contratación de otras dependencias, ni que se tratara de un
peculado por destinación oficial diferente o que desfinanciara los programas y
proyectos de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas y
se aclaró que:
Es necesario aclarar que dichos contratos, según reposa en el expediente de cada uno
de ellos, se financiaron con recursos del Fondo Lucha Contra las Drogas, la cual
constituye una cuenta clasificada presupuestalmente como de Gastos de
Funcionamiento, por lo que la misma, no requiere de viabilidad técnica a partir de
proyectos de inversión, como si ocurre con las cuentas y recursos de inversión del
presupuesto.
82. Se recibieron los testimonios de las siguientes personas (los tres primeros
40 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_04CONTESTACIONDDA(.PDF), p. 34.
41 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_04CONTESTACIONDDA(.PDF), pp. 32 y 33.
42 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), p. 12.
43 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), p. 24.
44 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_20RESPUESTAREQUERI(.pdf).
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solicitados por la parte demandante y los restantes por la entidad accionada)45, de
cuyas declaraciones se destaca lo siguiente:
• Gladys Elena Pozueco Agreda: afirmó que conoció a Marisol Palacio Cepeda
en el 2016 cuando fue designada en la Dirección de Política contra las Drogas
y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho porque ella
asesoraba en esa época a esa dependencia, quien tuvo una muy buena
relación con el equipo de trabajo y que en su desempeño se ciñó a los planes
y requerimientos de esa cartera; obtuvo una buena calificación por parte de la
oficina de control interno —según lo mencionó quien recibía el resultado de la
calificación y la misma actora, pero la testigo no participaba en los informes que
se rendían a esa oficina—.
Que supo de que a la señora Palacio Cepeda le pidieron la renuncia y, luego,
fue declarada insubsistente; situación frente a la cual la testigo y otros
contratistas enviaron una carta de apoyo al ministro para que se reevaluara esa
determinación; sin embargo, nunca conocieron los motivos de su
desvinculación.
La testigo aseguró que como constantemente destacaba el trabajo de la
accionante, el nuevo director le prohibió hablar más de ella y con posterioridad
no le renovaron su contrato —trabajó hasta diciembre de 2017—. Expresó que
«hubo una fuerte arbitrariedad y sobre todo una injusticia bastante grande en
la salida no solo de la doctora Marisol si no [sic] de quienes firmamos esa
carta».
• Luisa Elvira Narváez Merlano: manifestó ser amiga de la señora Marisol Palacio
Cepeda desde hacía diez años y trabajó en el segundo semestre del 2017 como
contratista de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades
Relacionadas, donde sus labores concernían a asuntos técnicos, y «vi como
allanaron la oficina de ella como si fuera una delincuente realmente, sellaron
todo, eso pusieron cosas de sellamiento, cerraron su oficina»; no le permitieron
sacar sus cosas y el asesor lo hizo por ella.
Que después de eso escuchó que «la habían echado y eso, yo no conozco los
términos, pero que ya no era más la directora», por lo que también participó en
la suscripción de una carta en la que pidió con otros compañeros explicaciones
acerca de su salida; posteriormente, los reunieron en el auditorio con ese
propósito y estuvo presente el viceministro Carlos Medina y varios jefes.
Que sintió que tomaron represalias contra los que firmaron la carta porque a
muchos, además, no les renovaron los contratos de prestación de servicios
para el siguiente año (2018) ni los dejaban ingresar a las instalaciones y no
podían nombrar a la demandante —situación que ella asumió que era por el
45 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOCONSEJODE(.MSG), 34. AUDIENCIA DE PRUEBAS 2019-
973.mp4.
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desacuerdo frente a la salida de la demandante, porque a quienes no
suscribieron esa carta sí les renovaron sus vínculos contractuales—.
Dijo que «luego, también, me enteré de que, como yo soy amiga de ella, y ella
parece ser que todo fue porque ella no estuvo de acuerdo con el manejo de
unos dineros por parte del secretario de la entidad, con que unos recursos de
la entidad de ahí de la política de drogas, ella no estuvo de acuerdo que se
usaran para otros temas». Que ella vio como sufrió económica y
sicológicamente la demandante por su salida del ministerio.
• Clara Inés Bayona Peña: conoció a la señora Marisol Palacio Cepeda, cuando
fue su jefe en el ministerio demandado y desde esa época establecieron lazos
de amistad, y estuvo vinculada al ministerio demandado hasta el 31 de
diciembre de 2017, cuando se le terminó el contrato de prestación de servicios.
Aseveró que a la demandante la sacaron de manera cruel, al punto que no le
dieron espacio para rendir informe alguno. Que esta situación afectó a Marisol
Palacio emocionalmente, ya que cuando la sacaron lloró mucho; y se enteró de
que luego se enfermó.
Aseguró que ella suponía que la presionaban para que hiciera lo que los demás
directores le decían, según lo que oía o veía, ya que observaba que «hablaban
con ella a la oficina Álvaro Gómez Trujillo más que todo, entraban a la oficina y
hablaban y como ella no le hacía caso él salía de muy mal genio y se iba» y
«en el momento en que el doctor salía, la doctora salía furiosa, me decía no
quiero saber nada y se encerraba».
• Lelis Francisco Forero Sánchez, funcionario del Ministerio de Justicia y del
Derecho desde el 2011 y a partir del 2017 coordinador del grupo de gestión
humana en dicha entidad. Indicó que, en calidad de jefe de talento humano de
la secretaría general, realizó el trámite de elaboración y notificación del acto
administrativo de insubsistencia de la señora Marisol Palacio Cepeda.
Que él mismo acompañó al entonces secretario general Álvaro Gómez Trujillo
a comunicarle a ella dicho acto el mismo día en que se expidió, el 15 de agosto
de 2017, pero en el momento en que fueron a la dirección que regentaba la
actora, ella no se encontraba y no pudieron comunicarlo, por lo que el día 16
siguiente se acercó en horas de la mañana a esa dependencia y tampoco la
halló; y sobre las tres de la tarde le informaron que estaba en su oficina y él fue
personalmente para comunicarle el acto, pero ella le pidió que la esperara y
salió de su oficina por unos minutos y cuando regresó lo recibió y firmó el oficio.
Que «después de que yo salgo es que me entero que en el transcurso que me
puso a esperar ella se dirige al grupo de gestión documental a radicar la
renuncia, acto seguido lo que nosotros hacemos y por instrucción de la
secretaría general es dejar una constancia de ese ejercicio, de ese momento y
las horas en que yo hice presencia para la comunicación del acto
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administrativo».
Señaló que el procedimiento para ese tipo de actos administrativos era que se
elaboraba y una vez suscrito por el jefe de la entidad y numerado por parte de
la secretaría general, se subía al aplicativo de gestión documental del momento
para la comunicación, se imprimía y era suscrita por el secretario general, para
hacer la entrega material del acto administrativo al respectivo funcionario.
Luego de esa comunicación, el funcionario debía efectuar la tramitación del paz
y salvo, que quedaba incluida la entrega del cargo, la evaluación del
desempeño, los acuerdos de gestión y la entrega al jefe inmediato o a la
persona que lo iba a reemplazar. La oficina de sistemas intervenía en la entrega
de archivos y equipos de cómputo.
Afirmó que en el caso de la señora Marisol Palacio no se hizo ningún tipo de
sellamiento de oficina ni él participó en algo así, ni conoce que se le hubiese
desalojado de su oficina de inmediato o prohibido el ingreso. Nunca escuchó
acerca de una situación de animadversión entre el secretario general y algún
otro director de la entidad, o en particular con la señora Marisol Palacio, o de
ella con otro funcionario.
• Luz Mary Molina Bejarano: era secretaria ejecutiva de la Secretaría General del
Ministerio de Justicia y del Derecho, vinculada desde el 1.° de marzo de 2012;
y fue secretaria de la demandante Marisol Palacio Cepeda, cuando fue
directora de política contra las drogas y actividades relacionadas, quien ingresó
en noviembre de 2016 y se retiró casi a mediados del 2017. Adujo que lo único
que se acordaba de la señora Marisol Palacio es que ella tenía sus diferencias
con el secretario general por temas presupuestales, pero no sabía con
exactitud cuáles; diferencias que se suscitaron recién llegó la señora Marisol
Palacio, pues sabía que tenían muchas reuniones y ella le enviaba correos al
secretario general, pero no tenía más conocimiento.
Dijo que ella se enteró de la insubsistencia de la señora Marisol Palacio al día
siguiente en que fue comunicada de la decisión; y que personal del despacho
del ministro no le permitió más el ingreso —pero por comentarios de sus
compañeros, mas no porque existiera un documento oficial— y cerraron su
oficina bajo llave hasta cuando hicieron un acta de entrega; por instrucción del
secretario general Álvaro Gómez Trujillo nadie podía entrar a esa oficina, para
realizar un inventario de lo que ella dejó.
• María Cristina Gutiérrez Martínez: aseveró ser abogada del grupo de extinción
de dominio del Ministerio de Justicia y el Derecho; para la época de los hechos
de la demanda trabajaba en la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas de esa cartera y ella firmó, como testigo con quien
era la secretaria de esa dirección, una constancia al doctor Lelis Francisco
acerca de que cuando este fue a comunicarle el acto administrativo de
insubsistencia la señora Marisol Palacio, lo puso a esperar unos minutos y
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cuando regresó sí le recibió la notificación a dicho funcionario, interregno
durante el cual ella fue a radicar una renuncia en el despacho del ministro y el
doctor Lelis Francisco se enteró apenas subió a despacho.
Arguyó que ella sabía que para esa época de la insubsistencia de la señora
Marisol Palacio hubo cambio de Gobierno. Que a la mayoría de los directivos
se les pidió las renuncias protocolarias y que ella no la presentó. Así mismo, no
tenía conocimiento de que le hubieran impedido el ingreso a la oficina que era
de la señora Marisol Palacio, luego de su insubsistencia. Que era muy difícil
saber si hubo diferencias entre el secretario general y la exdirectora Marisol
Palacio, porque las reuniones se celebraban en su oficina o en la del secretario
general, mientras que los demás empleados tenían sus puestos de trabajo
afuera.
3.5. Caso concreto.
83. La señora Marisol Palacio Cepeda controvierte la legalidad de la Resolución 603
del 15 de agosto de 2017, que declaró insubsistente su nombramiento en el empleo de
director técnico código 0100, grado 23, de la Dirección de Política Contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo cual en el
recurso de apelación, en síntesis, insiste en que tal decisión obedeció a una retaliación
derivada de los requerimientos que ella realizó al entonces secretario general de esa
cartera acerca del manejo financiero de los recursos asignados al Fondo para la Lucha
contra las Drogas, porque, en su sentir, se destinaron a la contratación por servicios
profesionales, con desconocimiento de lo programado por esa dirección, lo que generó
que tal funcionario le pidiera la renuncia, pero al verla motivada, logró su insubsistencia.
84. Sea lo primero precisar que no se encuentra en discusión que el cargo de
director técnico código 0100, grado 23, de la Dirección de Política Contra las Drogas y
Actividades Relacionadas del Despacho del Viceministro de Política Criminal y Justicia
Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, del cual la señora Palacio Cepeda
fue desvinculada, corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción, de
conformidad con lo previsto en el artículo 5.° de la Ley 909 de 2004; lo que implica que
la administración podía declarar su insubsistencia sin motivación expresa, en ejercicio
de la facultad discrecional.
85. Aunque la discrecionalidad en la insubsistencia no exige motivación, no por ello
queda exenta de control judicial. Tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, el juez
contencioso-administrativo puede anular el acto cuando se demuestra que la decisión
obedeció a fines distintos del servicio público, es decir, cuando se configura la causal
de desviación de poder.
86. En el asunto bajo examen la demandante reprocha que el tribunal no valoró los
memorandos y las comunicaciones que dan cuenta de que ella estuvo vigilante en que
se cumpliera por parte del secretario general con la destinación de los recursos
asignados a la dirección que tenía a su cargo, en particular respecto del Fondo para la
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Lucha contra las Drogas; para quien no fue de buen recibo, al punto que le pidió la
renuncia al empleo que ejercía y, luego de su desvinculación, le prohibió su ingreso a
las instalaciones de la entidad, por lo que no pudo hacer de manera personal la entrega
de los asuntos y elementos bajo su responsabilidad.
87. Ahora bien, resulta importante precisar que tanto el acto de nombramiento como
el de su desvinculación fueron emitidos por quienes en su momento fungían en
condición de ministros de justicia y del derecho; el primero — la Resolución 873 del 9
de noviembre de 2016— fue suscrita por Jorge Eduardo Londoño Ulloa; mientras que
el segundo — Resolución 603 del 15 de agosto de 2017—, por Enrique Gil Botero; este
último en atención a la facultad conferida por el numeral 13 del artículo 6.° del Decreto
2897 de 201146, quien desempeñó ese cargo del 9 de marzo de 2017 al 7 de agosto
de 201847.
88. De igual manera, cabe anotar que, de conformidad con el artículo 5.° del Decreto
2897 de 201148, la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas,
que estaba a cargo de la señora Marisol Palacio Cepeda, está adscrita al Despacho
del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, que es independiente de
la Secretaría General. Esta última tenía dentro de sus funciones la de dirigir la ejecución
de los programas y actividades relacionados con los asuntos financieros y contables,
la ejecución del plan de contratación de la cartera y «Hacer seguimiento a la correcta
ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas fiscales, presupuestales y
contables, de los recursos asignados al Ministerio directamente o a sus fondos»
(artículo 22).
89. Entre los fondos referidos en la anterior disposición normativa se encuentra el
Fondo para la Lucha contra las Drogas, que tiene por objeto promover y financiar los
planes y programas que se adelantan en materia de fortalecimiento y promoción del
sistema de justicia y la lucha antidrogas (artículo 27 del Decreto 2897 de 2011), cuya
administración y la ordenación del gasto competen al ministro de justicia y del derecho
o su delegado; que en el presente asunto, según se desprende del Memorando MEM
17-0000908-SEG-4000 del 27 de enero de 2017 suscrito por el entonces secretario
general, esta función se hallaba delegada en él para la época en la que la señora
Marisol Palacio Cepeda se desempeñó como directora técnica código 0100, grado 23,
de la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas.
90. Por su parte, por ser relevante para la resolución del caso, la Sala resalta que,
entre las funciones de la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades
Relacionadas, el artículo 19 del Decreto 2897 de 2011 preveía las siguientes:
46 «Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho. El Ministro de Justicia y del Derecho,
además de las señaladas por la Constitución Política y en el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, cumplirá las
siguientes:
[…]
Dirigir la administración de personal conforme a las normas sobre la materia».
47 Hecho de público conocimiento (notorio), que conforme al artículo 167 del CGP, no requiere prueba.
48 «Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del
Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho», vigente para la época de los hechos a
los que se contrae la demanda.
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1. Proponer los lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas en materia
de lucha contra las drogas y actividades conexas y relacionadas en coordinación con
las instancias correspondientes.
[…]
4. Proponer los lineamientos para la formulación de la política de lucha contra las drogas
relacionada con los componentes de reducción de la oferta, reducción de la demanda,
gestión internacional y fortalecimiento jurídico.
5. Orientar la elaboración de propuestas para la prevención de la producción, tráfico y
consumo de drogas ilícitas, financiamiento del terrorismo, y demás actividades
relacionadas, así como la administración de bienes incautados y en extinción de
dominio y demás actividades relacionadas.
6. Promover el cumplimiento de políticas y planes de lucha contra las drogas y orientar
propuestas para su debida ejecución.
[…]
8. Evaluar en forma permanente y adelantar el seguimiento de la ejecución de los
compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas con el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
[…]
10. Realizar seguimiento y evaluar el cumplimiento y ejecución de los planes de cada
uno de los ejes de la política de lucha contra las drogas en coordinación con el
Departamento Nacional de Planeación.
[…]
91. En el asunto examinado, se evidencian memorandos y comunicaciones
enviados entre la señora Marisol Palacio Cepeda y el entonces secretario general
Álvaro Gómez Trujillo, en los meses de enero, febrero, marzo y agosto de 2017, en los
que la primera requería información y explicaciones a este acerca de los CDP que
fueron expedidos y afectaron los recursos del Fondo para la Lucha contra las Drogas,
las cuantías, los contratos de servicios profesionales y sus supervisores, las
variaciones en la destinación de los recursos; así mismo, sobre el presupuesto en el
que se incluyera a su dirección, el cumplimiento del plan anual de adquisiciones de
2017 y lineamientos atinentes a los procesos contractuales de prestación de
servicios49.
92. Frente a tales requerimientos, el secretario general emitió memorandos o
correos electrónicos, según el medio utilizado por la demandante, en los que dio
respuesta, consideradas por ella en su mayoría parciales, por lo que sus solicitudes
fueron en ocasiones reiterativas. En lo que atañe a los recursos del Fondo para la
Lucha contra las Drogas, el aludido funcionario, en el Memorando MEM 17-0000908-
SEG-4000 del 27 de enero de 2017 —que alegó la recurrente no fue valorado por el
tribunal—, le precisó que aquellos se habían comprometido para financiar contratación
49 Estos dos últimos aspectos pedidos en Memorando 17-0006369-DCD-3300 del 14 de agosto de 2017.
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de prestación de servicios que servían para el fortalecimiento y promoción del sistema
de justicia, así como la lucha antidrogas, conforme al Decreto 2897 de 2011.
93. Ahora bien, como se dejó anotado en líneas anteriores, algunas de las funciones
de la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas concernían a
promover el cumplimiento de políticas y planes de lucha contra las drogas, mientras
que la administración y ordenación del gasto en lo referente al Fondo para la Lucha
Contra las Drogas estaba en cabeza del funcionario delegado por el correspondiente
ministro, que en el caso concreto fue el secretario general de la cartera, situación
advertida en el Memorando MEM 17-0000908-SEG-4000 del 27 de enero de 2017, por
él suscrito, sin que hubiese sido cuestionada por la demandante.
94. Por ende, pese al seguimiento que la señora Palacio Cepeda pretendió realizar
sobre el manejo de los recursos de ese fondo, sin que exista prueba de que ella puso
esa situación en conocimiento del viceministro de Política Criminal y Justicia
Restaurativa —como su jefe inmediato— ni del director de la entidad, no se advierte
que el posible malestar que su actuación generó en el secretario general, como ella lo
alegó, haya sido determinante en su desvinculación.
95. Comoquiera que la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades
Relacionadas constituía una dependencia adscrita al Despacho del Viceministro de
Política Criminal y Justicia Restaurativa, las diferencias que pudieron surgir entre la
señora Marisol Palacio Cepeda y el entonces secretario general, si bien pudieron
implicar un ambiente laboral tenso entre estos dos servidores, por sí solas no son
indicativas de que hubiesen contribuido en la decisión adoptada por el ministro de
declarar insubsistente el nombramiento de la demandante, máxime cuando no existe
elemento probatorio que compruebe relaciones estrechas entre tal funcionario y la
autoridad que emitió el acto acusado.
96. Adicionalmente, no se puede desconocer el hecho de que, si bien la facultad
nominadora respecto del empleo de la señora Marisol Palacio Cepeda como directora
técnica de la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas recaía
en el ministro de justicia y del derecho, lo cierto es que su jefe inmediato era el
viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, despacho del que dependía, y
de quien tampoco se advierte intervención alguna en las desavenencias que pudieron
surgir con el secretario general de esa cartera, por lo que, se insiste, no está
comprobado que esta situación particular entre funcionarios de diferentes
dependencias tuviera la entidad suficiente de influir en la decisión adoptada por el
ministro.
97. Tampoco puede resultar desapercibido que la desvinculación de la accionante
de la entidad fue coincidente con el cambio de jefe del Ministerio de Justicia y del
Derecho, toda vez que, como se mencionó anteriormente, la señora Marisol Palacio
Cepeda fue designada por el entonces ministro Jorge Eduardo Londoño Ulloa, mientras
el acto de insubsistencia de su nombramiento fue suscrito el 15 de agosto de 2017 por
el ministro siguiente, Enrique Gil Botero, quien asumió ese empleo el 9 de marzo de
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2017, hecho que permite deducir que en su salida fue determinante el cambio de titular
de la cartera ministerial, a quien el legislador le confiere el ejercicio de la facultad
discrecional respecto de quienes desempeñan los cargos de libre nombramiento y
remoción, la cual va a atada al alto grado de confianza que aquel tenga frente a sus
colaboradores.
98. Sobre este último punto, en sentencia del 10 de abril de 202550, esta Subsección
reiteró que «la especial confianza del nominador en el servidor público de libre
nombramiento y remoción es lo que justifica su permanencia en el cargo y habilita al
nominador para disponer su retiro de manera discrecional, sin que sea necesario u
obligatorio expresar los motivos que lo llevan a adoptar tal decisión, en tanto se
presume que es emitida en aras de mejorar el servicio público, tal como lo ha sostenido
la jurisprudencia del Consejo de Estado51 y la Corte Constitucional52».
99. Por otra parte, en lo relacionado con la afirmación acerca de que la alegada
animadversión del secretario general con la señora Marisol Palacio, dada su insistente
preocupación frente a la destinación de los recursos del Fondo para la Lucha contra
las Drogas, conllevó que este le pidiera la renuncia y que finalmente fuera
desvinculada; de las pruebas obrantes en el expediente no es dable determinar con
certeza que dicho funcionario haya procedido en ese sentido, máxime cuando siquiera
era su superior jerárquico dentro de la entidad demandada, ni se observa previo a su
insubsistencia, más allá de las comunicaciones oficiales existentes entre ellos, un
hecho indicativo de presión o acoso que haya ejercido aquel sobre ella.
100. Además, de los testimonios recibidos, a ninguno le constó de manera directa
alguna situación de persecución de la que haya sido objeto la demandante por parte
del secretario general o de cualquier otro funcionario de la entidad; tanto es así que las
testigos que afirmaron que a la demandante le pidieron la renuncia, manifestaron
conocer de ese hecho por haberlo escuchado de otros; mientras que la testigo Clara
Inés Bayona Peña adujo que infería que a la demandante la presionaban porque en
ocasiones salía el señor Álvaro Gómez Trujillo disgustado de reunión y, luego, la actora
también expresaba molestia; por lo que tales aseveraciones solo constituyen
suposiciones de las testigos, que no permiten entrever una situación de tensión que
haya tenido la entidad suficiente de influir en la decisión de retiro.
101. Ahora bien, aunque en el expediente obra escrito de renuncia dirigido por la
demandante al ministro de justicia y del derecho, en la que manifestó que la presentaba
a solicitud verbal del secretario general Álvaro Gómez Trujillo realizada el 14 de agosto
de 2017, tampoco se evidencia prueba que dé cuenta de esa petición, pese a que, se
insiste, este tampoco era su superior jerárquico; además, dicha dimisión fue radicada
el 16 de agosto del mismo año minutos antes de que fuera comunicada del acto
administrativo de insubsistencia.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado
68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024).
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de febrero de 2023, radicación 2019-
01708-01 (2994-2022).
52 Sentencia C-553 de 2010, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00973-01 (3940-2021)
Demandante: Marisol Palacio Cepeda
Demandada: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho
102. Al respecto, cabe traer a colación lo señalado por los testigos Lelis Francisco
Forero Sánchez y María Cristina Gutiérrez Martínez, en el sentido de que el primero,
quien estuvo a cargo de la comunicación del acto de insubsistencia de la accionante,
el día 16 de agosto de 2017 se dirigió a su oficina con tal propósito, pero esta se negó
a recibirlo de inmediato y lo puso a esperar, mientras ella fue al despacho del ministro
para radicar la aludida dimisión; de ahí que los horarios de recibido de esta (3:23 y 3:34
p. m.) y de la comunicación de la resolución de retiro (3:40 p. m.) tengan diferencia en
unos pocos minutos, sin que esté corroborado que esa renuncia haya sido
determinante en la declaratoria de insubsistencia.
103. Por ende, carece de asidero probatorio la afirmación de la accionante acerca de
que dicha decisión tuvo como razón que su dimisión fuera motivada, puesto que, dada
la poca diferencia entre la hora de su radicación y la de comunicación del acto, además
de la fecha de este último, adicional al trámite de expedición de ese tipo de resoluciones
explicado por el testigo Lelis Francisco Forero Sánchez, quien para la época de los
hechos era el coordinador del grupo de gestión humana, se colige que la emisión de la
Resolución 603 del 15 de agosto de 2017 suscitó primero, por lo que tampoco pudo
ser esa renuncia motivada determinante en su insubsistencia.
104. Por lo expuesto, el nexo causal que alegó la señora Marisol Palacio entre los
requerimientos que ella realizó al secretario general sobre el manejo financiero de los
recursos del Fondo para la Lucha contra las Drogas y su insubsistencia no tienen
soporte probatorio, en armonía con los niveles jerárquicos existentes dentro de la
entidad, toda vez que el aludido funcionario no era su superior y tampoco se evidencia
trazabilidad alguna acerca de que esa situación haya escalado ante quienes sí lo eran,
esto es, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa o el jefe de la
entidad, ni ante los respectivos órganos de control interno o disciplinario del ministerio.
105. Por consiguiente, a pesar de que la demandante reprocha que el tribunal estimó
de manera errónea que el Fondo para la Lucha contra las Drogas era una cuenta
clasificada como de gastos de funcionamiento, cuando sus recursos tenían otras
finalidades específicas para la lucha antidrogas, lo cierto es que esta no es la instancia
competente para juzgar la destinación de los recursos que integraban ese fondo y cuya
ordenación del gasto estuvo a cargo del secretario general, por cuanto para tal fin,
como ella misma lo puso en conocimiento una vez desvinculada de la entidad, fue
materia de vigilancia por parte de la Contraloría General de la República; situación que,
como se anotó, no es indicativa de que haya tenido influencia en la insubsistencia,
cuanto más, si tal queja la presentó con posterioridad a su retiro.
106. Por otro lado, en lo relacionado con el argumento del desmejoramiento del
servicio con ocasión de su salida abrupta de la entidad y a que su gestión mientras
desempeñó el empleo fue excelente, la Sala reitera que la idoneidad para el ejercicio
de un cargo y el buen desempeño de las funciones no otorgan a su titular por sí solos
fuero de estabilidad, pues comporta un deber de todo servidor público el cumplimiento
diligente, eficiente e imparcial de la función pública encomendada. Sobre el particular,
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00973-01 (3940-2021)
Demandante: Marisol Palacio Cepeda
Demandada: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho
esta corporación53 ha explicado:
Tratándose de decisiones discrecionales como la acusada, el registro en la hoja de
vida del actor de unas calificaciones superiores en el desempeño de las funciones
constitucional y legalmente asignadas no generan por sí solas fuero alguno de
estabilidad ni pueden limitar la potestad discrecional que el ordenamiento le concede
al nominador, pues ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad para el ejercicio
de un cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan por sí solos a su titular
prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo normal es el cumplimiento del deber
por parte del funcionario.
[…]
En el caso concreto, […] se observa que, no obstante advertirse un buen desempeño
en sus funciones debe decirse, de una parte, que ello no otorga per se, inamovilidad
en el cargo público, y de otra, que no se observan elementos de juicio que permitieran
inferir a la Sala que la administración obró con desviación del poder en la expedición
del acto con detrimento del mejoramiento del servicio.
107. Por lo tanto, el hecho de que la accionante no hubiese tenido tacha alguna
respecto de la gestión por ella realizada, al punto que en visita realizada por la
correspondiente oficina de control interno de la entidad se le haya otorgado una
excelente calificación54, no le otorgaba un fuero de estabilidad en el empleo, dada su
naturaleza de libre nombramiento y remoción.
108. En lo atinente a lo afirmado por algunos testigos acerca de que con posterioridad
al retiro de la demandante se le prohibió su ingreso a la entidad, además de que no
fueron coincidentes en la forma cómo se procedió al respecto, por cuanto algunos
dijeron que la oficina fue sellada y otros que nunca se establecieron sellos o se conoció
esa circunstancia, lo cierto es que tal situación se afirma como un hecho sucedido
después de la desvinculación de la actora, sin que sea indicativo que con anterioridad
se habían presentado escenarios de presión que conllevaran su insubsistencia del
cargo que ejercía.
109. Por último, en lo relacionado con la aplicación de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos55, que estima la demandante debe prevalecer en la
resolución del caso, se aclara que la norma invocada concierne al derecho de
reparación por despido injustificado que cause perjuicio al trabajador; no obstante,
como está demostrado en el proceso, no se evidencia arbitrariedad en la decisión
adoptada por el director de la entidad de declarar insubsistente el nombramiento de la
accionante, por cuanto, más allá de que hubiese sido adoptada en ejercicio de la
53 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01 (357-12).
54 Samai, índice 2, ED_ACTUACIONE_02ANEXOSDELADEMA(.PDF), pp. 83 a 108.
55 En particular del literal d) del artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, suscrito en San
Salvador el 17 de noviembre de 1988, aprobado por la Ley 319 de 1996, según el cual «En casos de despido
injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera
otra prestación prevista por la legislación nacional».
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potestad discrecional, lo cierto es que frente a los hechos alegados por la demandante
que estimó fueron los que conllevaron esa determinación, no se comprobó su
causalidad con la insubsistencia.
110. Por lo expuesto, la señora Marisol Palacio Cepeda no demostró que el ministro
de justicia y del derecho, como autoridad nominadora, actuara con desviación de
poder o alejado de las atribuciones legales para el ejercicio de la facultad discrecional,
dada la naturaleza del empleo ejercido por ella.
3.6. Conclusión
111. La Subsección concluye que la Resolución 603 del 15 de agosto de 2017,
mediante la cual el ministro de justicia y del derecho declaró la insubsistencia del
nombramiento de Marisol Palacio Cepeda como directora técnica código 0100, grado
23, de la Dirección de Política Contra las Drogas y Actividades Relacionadas, no
adolece de desviación de poder, toda vez que en el proceso no se aportaron las
pruebas suficientes que permitieran desvirtuar la presunción de legalidad que ampara
el acto acusado.
3.7. Costas
112. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario56 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
56 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00973-01 (3940-2021)
Demandante: Marisol Palacio Cepeda
Demandada: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 22 de abril de 2021, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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