Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00330-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00330-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00330-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Tema: Declaratoria insubsistencia de empleo de libre nombramiento y
remoción, desviación de poder
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 5 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda instaurada
por Óscar Alfonso Peña Amaya contra el Servicio Nacional de Aprendizaje1.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Óscar Alfonso Peña Amaya presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se
declarara la nulidad de la Resolución 1822 del 17 de octubre de 2017, por medio de la
cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de subdirector de centro,
grado 2 del Centro Industrial de Diseño y la Manufactura de la Regional Santander del
Sena.
1
En lo sucesivo SENA
2
En adelante CPACA.
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
i) su reintegro al empleo que venía desempeñando o a uno de mayor jerarquía, con
retroactividad al 17 de octubre de 2017, fecha en que se le declaró insubsistente; ii) el
pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la declaratoria
de insubsistencia de su nombramiento, así como el de los aportes a seguridad social;
iii) la condena en costas a la entidad demandada y agencias en derecho; iv) el pago
de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daños y
perjuicios morales causados al demandante y a su núcleo familiar; y v) el cumplimiento
de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. ÓscarAlfonso Peña Amaya laboró en calidad de contratista entre el 29 de
diciembre de 2006 y el 29 de junio de 2012 con el Sena, regional Santander.
3.2. Con la Resolución 74 del 26 de junio de 2012 expedida por el subdirector del Centro
de Servicios Empresariales y Turísticos del Sena, regional Santander, fue nombrado
en provisionalidad como instructor grado 13 en esa dependencia, del cual tomó
posesión el 4 de julio de 2012.
3.3. El 24 de mayo de 2013, a través de la Resolución 749, el Sena declaró abierto el
proceso de selección para proveer, entre otros, el empleo de subdirector grado 002
del Centro Industrial de Diseño y la Manufactura de la regional Santander, el cual fue
llevado a cabo en forma conjunta con el Departamento Administrativo de la Función
Pública y en el que participó y fue designado con la Resolución 1927 del 12 de
noviembre 2013 y al día siguiente se posesionó [13 de noviembre de 2013]
3.4. El 30 de julio de 2014 le fue reconocida la prima técnica por evaluación del
desempeño mediante la Resolución 01602 del 30 de julio de 2014 expedida por el
director general del Sena, debido a que obtuvo un puntaje de 98.5 correspondiente al
período comprendido entre el 13 de noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2014.
3.5. Durante los 11 años en que estuvo vinculado con el Sena, a saber 5,5 en calidad
de contratista, 1.5 como instructor en provisionalidad y aproximadamente 4 en
condición de directivo en propiedad del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura,
se destacó por su profesionalismo, idoneidad y transparencia en virtud del buen
servicio, sin que a la fecha se registre sanción disciplinaria, penal o fiscal alguna, así
como tampoco llamados de atención o intervenciones administrativas.
3.6. A través de la Resolución 3018 del 24 de agosto de 2017 suscrita por el director
regional del Sena en Santander, se le reconoció un periodo de vacaciones para su
disfrute desde el 25 de septiembre y hasta el 13 de octubre de 2017.
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Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
3.7. El 13 de octubre de 2017, mientras aún se encontraba en periodo de vacaciones y
fuera de Bucaramanga, por ende separado de sus funciones como subdirector, se
publicó en el portal web del periódico «La Silla Vacía», el artículo denominado «[e]n el
Sena Santander le están recogiendo firmas a Vargas Lleras»3, sin que en este «menciona[ra]
su nombre ni h[iciera] referencia a que él haya permitido, avalado u obligado a contratistas del
Centro Industrial del Diseño y la manufactura del SENA de Floridablanca para que recogieran
firmas en favor de algún precandidato presidencial».
3.8. Ese día [13 de octubre de 2017], la Secretaría General del Sena le solicitó un
informe sobre aquellos hechos al director de la regional Santander del Sena y este a
su vez le solicitó un informe sobre los hechos señalados en la publicación a quien
estaba encargado en su empleo de subdirector. Este último manifestó que durante el
tiempo en que ejerció el cargo, no se realizó reunión política alguna en el centro y
ningún funcionario y/o contratista le presentó quejas relacionadas con la temática
abordada por el artículo indicado.
3.9. El 17 de octubre de 2017, cuando se reintegró de vacaciones y conoció acerca de
la publicación y el informe rendido por el director regional, intentó comunicarse vía
telefónica con la directora general del Sena, sin que le contestara las llamadas, razón
por la cual llamó a la secretaria general de la entidad, quien le manifestó que, por
encontrarse ocupada, en los próximos minutos le devolvería la llamada.
3.10. En efecto, cerca de las 11 am de ese día [17 de octubre de 2017] se comunicó vía
telefónica con la directora general del Sena, oportunidad en la que manifestó «su
preocupación por la situación en la cual lo involucraban y de la que e[ra] inocente, y más
teniendo en cuenta que estaba ausente (vacaciones). Seguidamente le solicitó una orientación
al respecto, ya que e[ra] una situación totalmente desconocida para él, en la medida en que
durante los 11 años que estuvo vinculado a la Entidad (como contratista, nombramiento
provisional y directivo) jamás promovió la participación política de ningún funcionario o
contratista hacia ningún candidato y que además sería un hecho incoherente en la medida en
que él ingresó al Sena como directivo por concurso de méritos, sin padrinos políticos, ante lo
cual la secretaria general de la entidad, le manif[estó] que producto de esas noticias el tema
est[aba] complicado y los sindicatos rompieron relaciones con la entidad por ese mismo
motivo. Nuevamente le expres[ó] que él no t[enía] nada que ver con el tema, que se encontraba
en vacaciones y que acababa de reintegrarse, a lo que ella respond[ió] que lo llama[ría] más
tarde».
3.11. Alas 8:10 p.m. recibió la llamada del coordinador del Grupo de Relaciones
Laborales adscrito a la Secretaría General del Sena, quien le informó que acababan
de declarar la insubsistencia de su nombramiento a través de la Resolución 1822 del
17 de octubre de 2017 por lo que se le retiró del servicio desde esa fecha. Este acto le
fue enviado por medio del correo electrónico institucional.
3.12. Una vez comunicada la decisión, revisó el correo y observó que el indicado
3
Publicado en el link: http://lasíllavacia.com/sillá-santandereana/en-elsena-santander-
leestanrecogiendo-firmas-vargas-lleras-62975
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Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
mensaje de datos le fue remitido a las 8:00 pm, por lo que «llam[ó] a la Secretaria General
del Sena y le manifestó su inconformismo con la decisión tomada por la directora general de
la entidad, le reiteró su posición en el sentido de que él no tuvo participación alguna en los
eventuales hechos denunciados a través de medios de comunicación y por los cuales lo
desvincularon sin ninguna prueba sobre esos hechos; le recordó también que se acababa de
reintegrar de sus vacaciones fuera de la ciudad y en consecuencia, era imposible que estuviera
incurso en esos hechos ocurridos en Bucaramanga, ante lo cual ella le contest[ó]: “...conozco
su trayectoria transparente en la entidad, pero es una decisión del alto gobierno, yo solo la
ejecuto, y se me sale de las manos...”».
3.13. El 28 de octubre de 2017, en la entrevista concedida a la revista «Semana» titulada
«[p]erdí la confianza», la directora general del Sena adujo que la insubsistencia del
nombramiento de 4 funcionarios obedeció a la «supuesta recolección de firmas a un
precandidato presidencial, por actos de corrupción y ser cuota política del anterior Director
General del Sena, Dr. Alfonso Prada, y con ello, demostró en esa entrevista, cuál e[ra] la
verdadera causa que motivó la desvinculación del demandante así como la de los demás
afectados en cada caso, con idéntico resultado: [l]a declaratoria de insubsistencia»
3.14. El 30 de octubre de 2017, la directora general de la entidad remitió a toda la
comunidad del Sena, vía correo electrónico, un «[m]ensaje desde el Despacho de la
Dirección General”, en el cual adjunt[ó] un link con la entrevista de la revista Semana,
institucionalizando así, cuáles fueron las verdaderas causas que conllevaron la declaratoria de
insubsistencia del demandante».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como disposiciones violadas4 invocó el preámbulo y los artículos 1, 2, 6, 13, 15, 25,
29, 53, 83 y 209 de la Constitución Política; 19 y 24 de la Ley 909 de 2004; 3, 44, 137
y 138 del CPACA; las leyes 119 de 1994 y 489 de 1998; los decretos 249 de 1995,
1972 de 2002 y 1227 de 2005; y la jurisprudencia de la Corte Constitucional5.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:
5.1. La entidad incurrió en la causal de nulidad de desviación de poder, comoquiera
que de la revisión de los hechos y el contexto previo, concomitante y posterior a la
expedición de la Resolución 1822 del 17 de octubre de 2017, por la cual se declaró
insubsistente su nombramiento, se evidenció «claramente que las motivaciones del acto
fueron muy distintas a las plasmadas en él, pues allí [indicó] únicamente como motivación del
acto, la potestad discrecional del nominador de la entidad, cuando en la realidad fueron otras
causales, (infundadas) como una supuesta participación en política que nunca existió, las que
llevaron a la Directora General del SENA a declarar la insubsistencia, sin tener en cuenta
razones y criterios objetivos, reales y sobre todo legales y jurisprudenciales, aplicables al caso
concreto, y que no son otros que el interés general, la óptima prestación del servicio, entre
4
La demanda puede consultarse en Samai, índice 2, «ED_68001233300020180033(.zip) NroActua 2»,
archivo 001
5
Al respecto citó: sentencias C-295 de 1995, C-734 de 2000, SU-917 de 2010, C-634 de 2011, C-461
de 2013, T-446 de 2013, T-442 de 2013 y T-094 de 2013.
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Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
otros».
5.2. El acto administrativo acusado se expidió con infracción de las normas
constitucionales y legales en que debía fundarse, entre ellas el artículo 29 superior
relativo al debido proceso, en la medida en que no se le permitió rendir descargos en
forma previa a la adopción de la decisión concerniente a la insubsistencia, pese a que
ocupó el primer lugar en la lista de elegibles para proveer el empleo de subdirector de
un centro industrial del Sena. En ese sentido, la administración omitió la motivación
debida y la garantía del derecho de defensa y contradicción, tal y como lo ha
considerado la Corte Constitucional en casos atinentes a empleados de libre
nombramiento y remoción, máxime cuando ingresó en virtud del principio del mérito.
5.3. Asimismo, el Sena no «registró ni dejó constancia en la hoja de vida, las razones, los
motivos, ni las causas que ocasionaron tal declaratoria, a la luz de lo previsto en el artículo 26
del Decreto Ley 2400 de 1968».
1.2. Contestación de la demanda
6. El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en lo
siguiente6:
6.1. Las pretensiones de la demanda carecen de fundamento legal, toda vez que no se
encuentran sustentadas en hechos claros, ciertos y probados, pues la insubsistencia
se declaró de conformidad con lo establecido los artículos 41, literal a), e inciso 2 del
parágrafo 2, y 47, numerales 1 y 2, 50, parágrafo, de la Ley 909 de 2004. Según estas
disposiciones, en los cargos de dirección, gerencia publica y libre remoción, el retiro
del servicio es discrecional y en el presente caso se efectuó con la Resolución 1822
del 17 de octubre de 2017 [acto acusado].
6.2. Contrario a lo expuesto por el demandante, el empleo de subdirector de centro G02
del Sena, cuyo nombramiento se declaró insubsistente, es del nivel directivo y de
gerencia pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 3696 de 2006
y, en tal virtud, de libre nombramiento y remoción por disposición del numeral 1,
artículo 47 de la Ley 909 de 2004.
6.3. En relación con la estabilidad de los cargos de libre nombramiento y remoción, la
Corte Constitucional señaló en la sentencia SU-556 de 2014 que la determinación de
esta naturaleza es un asunto sometido a reserva legal y el retiro conlleva el ejercicio
de la facultad discrecional del nominador, quien decide con base en consideraciones
intuitu personae, a quién le confía el desarrollo de ciertas labores y su límite temporal,
a través de un acto no motivado.
6
La contestación puede consultarse en Samai, en el Tribunal Administrativo de Santander:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=68001233300020180033
0006800123, índice 29.
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Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
6.4. La solicitud de reintegro es improcedente, comoquiera que en la actualidad se
encuentra vinculado en el Sena como profesional G10 del Centro Industrial del Diseño
y la Manufactura de la Regional Santander, y fue encargado como subdirector del
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente de la Regional Santander, «mientras
dura la situación administrativa de Miguel Andrés Pardo Cepeda».
6.5. Tampoco es procedente el reproche, según el cual, la entidad no tuvo en cuenta su
desempeño, pues «al demandante se le mantuvo en su cargo y se le dio aplicación a la
convocatoria 436 de 2017 que convocó a concurso abierto de méritos y cumplidas todas las
etapas del proceso de selección, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidió Ia Resolución
201821151305 del 17 de octubre de 2018, por la cual se conformó listas de elegibles para
proveer empleos de carrera de del SENA, incluyendo la correspondiente a Ia provisión del
empleo identificado con OPEC No. 62090, denominado [p]rofesional [g]rado 10, ubicado en el
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de la Regional Santander, donde el señor Óscar
Alfonso Peña Amaya ocupó el primer lugar».
6.6. Por las razones expuestas, formuló como excepciones las que denominó:
inexistencia de la obligación, buena fe y presunción de legalidad, cobro de lo no debido,
insuficiencia probatoria y genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 5 de septiembre de 2023
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida con
fundamento en los siguientes argumentos:
7.1. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso, el empleo de
subdirector grado 02 del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca
Sena Regional Santander, en el que fue designado el demandante desde el 13 de
noviembre de 2013, era de libre nombramiento y remoción de conformidad con la Ley
909 de 2004, artículos 5, numeral 2, 23, 47 y 49.
7.2. Si bien fue nombrado por meritocracia en virtud del proceso de selección al que se
dio apertura por el Sena por medio de la Resolución 749 de 2013, no ejercía un empleo
de carrera que le permitiera gozar del fuero de estabilidad, tal y como se señaló en el
acto administrativo de nombramiento, pues era del nivel directivo y de gerencia pública.
Por ende, según lo estipulado en los artículos 47 y 49 de la Ley 909 de 2004, su
provisión se hizo en virtud del principio del mérito, sin perjuicio del margen de
discrecionalidad característico en la designación de los cargos de libre nombramiento
y remoción.
7.3. En cuanto a la configuración de la causal de nulidad de desviación de poder,
precisó que, según las calificaciones de servicio y los testimonios, Óscar Alfonso Peña
Amaya se destacó por su excelente desempeño profesional. Sin embargo, estos
hechos no demostraron un desmejoramiento del servicio con ocasión de su retiro y,
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Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
aun menos conllevó a la convicción sobre la afirmación atinente a que la insubsistencia
de su nombramiento hubiese ocultado fines distintos de aquél.
7.4. Lo anterior, en atención a que, acreditar excelentes calidades y condiciones para
la eficiente prestación del servicio es obligación de todo servidor público, sin que el
buen desempeño conllevara un fuero de estabilidad ni desacreditara las aptitudes de
quien fue encargado para su reemplazo, así como tampoco desvirtuó la presunción
del mejoramiento del servicio que opera sobre el acto de insubsistencia, entendida en
un contexto amplio que abarca el análisis de las competencias, experiencia, estudios
y habilidades de los funcionarios saliente y entrante, así como también las relaciones
de confianza de estos con el nominador; cuestión última esencial para el buen
desempeño y manejo de la administración pública.
7.5. El hecho atinente a que en el año 2017, mientras permaneció en el cargo, gestionó
un presupuesto mayor que el subdirector del año 2018, según lo señalado en la
declaración de quien se desempeñó como técnico grado I del Centro de Diseño y
Manufactura del Sena en Floridablanca, no significó un desmejoramiento del servicio,
pues como lo expusieron en conjunto los testigos, en el primer año mencionado se
gestionó el presupuesto para la compra de equipos y mantenimiento, en tanto que, en
el segundo, no existió aquella necesidad.
7.6. En relación con la publicación realizada por «La Silla Vacía», el director regional del
Sena rindió un informe en el que no referenció al demandante y respecto del cual se
adelantó una investigación disciplinaria en contra de varias personas, entre ellos el
demandante, cuyo archivo obedeció a la falta de pruebas. Aun cuando aquella noticia
coincidió con la época en que se profirió el acto administrativo objeto de reproche, la
causa de la insubsistencia no fueron esos hechos, en atención a que fue expedido en
ejercicio de la facultad discrecional atribuida a la autoridad nominadora.
7.7. Así las cosas, no encontró que la decisión adoptada a través del acto por el cual
se pretendió la nulidad atentara contra la finalidad del buen servicio o que hubiese
obedecido a fines distintos, ya que las pruebas aportadas no demostraron que este se
debió a una razón distinta de la de nombrar en cargos de relevancia a personas de
confianza, con ocasión de la libertad de nombramiento y remoción; situación que no
permitió concluir que se haya efectuado con desvío de poder.
7.8. El cargo de infracción de las normas constitucionales y legales tampoco prosperó
en consideración a que no era obligatorio que el titular del acto demandado rindiera
descargos en forma previa a su expedición, con fundamento en el mismo argumento
concerniente a la facultad discrecional que no exigía la manifestación de los motivos
del retiro del empleo de libre nombramiento y remoción. Por ende, no se demostró la
vulneración del debido proceso.
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Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
1.4. El recurso de apelación
8. Óscar Alfonso Peña Amaya solicitó que se revocara la sentencia proferida por el
tribunal y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda, con sustento en
los siguientes argumentos7:
8.1. El tribunal omitió el análisis de la totalidad de las pruebas aportadas al expediente
e indebida valoración probatoria, toda vez que «se les dio una interpretación errónea».
8.2. En la decisión proferida en primera instancia se «establecieron 13 hechos como
probados y […] dejaron por fuera dos hechos de suma relevancia para el proceso, en lo
referente a las verdaderas razones que llevaron a la declaratoria de insubsistencia del
demandante, [esto es] los hechos 28 y 29 de la demanda […]», concernientes a la entrevista
a la directora de la entidad que originó el artículo «[p]erdí la confianza» publicado el 28
de octubre de 2017 en la revista «Semana», el cual fue remitido por correo electrónico
el 30 de octubre siguiente a toda la comunidad del Sena, con el asunto denominado
«[m]ensaje desde el Despacho de la Dirección General».
8.3. Con los anteriores medios de prueba se acreditaron las razones ocultas del acto
acusado, a saber «las peleas políticas que existieron entre el saliente director general del
Sena, Dr. Alfonso Prada y la directora que lo reemplazó, Dra. María Andrea Nieto, utilizando
esta última como excusa una publicación periodística sobre la supuesta corrupción y
participación obligada en política de algunos contratistas que prestaban sus servicios en
algunos centros de formación del Sena en Santander, entre ellos, el de Floridablanca».
8.4. De acuerdo con la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 17 de marzo de
20118, la desviación de poder es oculta, pues «se queda en la mente de quienes
intervinieron en la expedición del acto, y resulta velada por la indicación expresa del fin que
jurídicamente corresponde al acto, o por la presunción de éste cuando no se exterioriza, de
allí que para establecerla deba auscultarse en las intimidades del acto, lo cual dificulta su
verificación, sobre todo cuando la desviación es hacia intereses espurios, innobles, o
mezquinos, caso en el cual, solo los autores del acto son los que saben de sus propias
intenciones, lo que además de un problema de legalidad, entraña también un problema ético
y puede llegar incluso al campo penal o disciplinario».
8.5. En su criterio «también se logró probar la desmejora en el servicio público que presta el
Sena (formación profesional integral) en el centro de formación de Floridablanca en el cual el
demandante fungió como subdirector con excelentes resultados, desmejora que tiene como
causa el constante cambio de subdirectores nombrados posteriormente a la declaratoria de
insubsistencia del demandante, [pues] encargaron 3 subdirectores de octubre a diciembre de
2017, [así] como su falta de conocimiento, ya que varios de ellos trabajaban en el Sena en
Bogotá y no eran de este departamento», ni dominaban el sector económico que
representaba la correspondiente institución [calzado, marroquinería, joyería, etc.].
7
Samai, en el Tribunal Administrativo de Santander, índice 62
8
Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 17 de marzo de 2010, dentro del proceso con radicación 0500-12331-000-1999-03163-
01 (0580-2010). M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
8.6. De ahí que la reducción significativa de la asignación presupuestal, «alrededor del
50% menos entre 2017 y 2018» como consecuencia de la falta de planeación y ejecución
sí conllevó a la «notoria y probada desmejora en la calidad de la prestación de servicios de
formación profesional». Esto en la medida en que para la fecha de ingreso [13 de
noviembre de 2013] tuvo un presupuesto de $6.876.841,857 a $16.147.233,646 en el
2017, año en que fue declarado insubsistente. Contrario a ello, para el 2018 [año
siguiente a la desvinculación], «fue un poco más de $8.100.000; lo que represent[ó] una
reducción de más del 50% de un año a otro. Así se logró demostrar con prueba documental
que se solicitó directamente al Sena, en temas contables», sin que el a quo hiciera alusión
a ello.
8.7. Los
testimonios rendidos por Betty Cáceres y Javier Díaz no solo fueron
descontextualizados por el tribunal de instancia, sino que «se les dio un alcance que no
tienen, en el sentido que, según el a quo, esos testigos narraron que no hubo desmejora del
servicio con ocasión de su retiro, […] lo cual tuvo incidencia en los procesos de formación,
apoyo de sostenimiento y compra de equipos».
8.8. En consecuencia «sí está demostrado aceptado por la entidad demandada que estaba
cumpliendo con la misión institucional, los objetivos, las metas trazadas en cada vigencia, era
felicitado por la Directora General de la entidad, tenía excelente reconocimiento por su gestión
tanto de los empresarios del sector como al interior del centro de formación, gozaba de muy
buena relación laboral con sus superiores, y en resumen, estaba cumpliendo con excelencia
el fin establecido para la entidad, entonces ¿qué otro fin buscaba la Dirección general del Sena
al declararlo insubsistente?».
8.9. De acuerdo con el acto acusado, se establece entonces que «el motivo fue la
discrecionalidad, […] convertido en sinónimo de libertad hasta llegar en algunos casos al límite
de la arbitrariedad», en razón a que aun cuando estos actos no tienen por regla general
una motivación expresa, ello «no significa que no la tengan. […] La razón presunta es el
buen servicio y en este sentido, debe el demandante -que considera que ello no ha ocurrido-,
demostrar en el proceso que el fin perseguido por la administración difiere diametralmente de
la mejora en la prestación del servicio público a su cargo».
8.10. En cuanto a la vulneración al debido proceso, «el acto debió ser motivado y además
oído en descargos antes de tomar la decisión, pues para la honorable Corte Constitucional no
existe una discrecionalidad absoluta ni siquiera frente a los actos que desvinculan a los
funcionarios de libre nombramiento y remoción, y que para el presente caso, ni siquiera era de
[esa naturaleza sino de carrera], pues el ingreso del demandante al cargo de subdirector fue
a través de concurso de méritos […]». Asimismo, debido a que no se dejó constancia en
la hoja de vida de los motivos o causas de la declaratoria de insubsistencia.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas,
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. El Ministerio Público
10. Elprocurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia10.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
11. Se circunscribe a establecer: ¿si la Resolución 1822 del 17 de octubre de 2017, a
través de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de Óscar Alfonso Peña
Amaya está viciada de nulidad por desviación de poder por cuanto esta decisión no
tuvo como fin mejorar el servicio? y ¿si fue expedida con vulneración del debido
proceso, en tanto no se le permitió rendir descargos en forma previa a su expedición
ni se dejó constancia en la hoja de vida de las razones para la declaratoria de
insubsistencia?
2.2. Marco normativo. Aspectos generales de la función pública
2.2.1. Naturaleza jurídica de los empleos públicos
12. Elconstituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12511 que, por
regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con
excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
9
Tal y como se indicó en el auto del 15 de febrero de 2024. Índice 4 de Samai
10
Según se indicó en la constancia secretarial del 10 de abril de 2024, visible en el índice 8 de Samai
11 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley,
serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo
de carrera, su ascenso o remoción.
Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en
reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido».
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13. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención, el
legislador expidió las leyes 27 de 199212, 443 de 199813 y 909 de 200414, y en el
artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función pública
los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y iv) los
temporales.
14. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación
de los empleos públicos15 en la función pública goza de reserva legal, pues es del
resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con
unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de cada
entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere en el
ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si son
meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias exigidas para
su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una diferencia sustancial
entre los empleos que la conforman. De esta manera se establece la siguiente
clasificación:
15. i)De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del
talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública16, pues a través de este la
administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que están
a su cargo.
16. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio de
sus funciones. En efecto, históricamente17 este mecanismo respondió a la pugna que
se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la
administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad
12
«Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre
administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
13
«Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
14
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones».
15
El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el núcleo
básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de funciones, tareas
y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo,
con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado».
16
Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.
17
Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó la
carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten
servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la carrera
administrativa para acceder a la función pública.
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discrecional del nominador18; de manera que, para contrarrestar los excesos
burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los
procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del
trabajador para realizar una labor.
17. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:
«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración
pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al
servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de
carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de
selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación
alguna».
18. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través del
sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la estabilidad
del empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la confianza de que
solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en el desempeño del
empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus funciones observe y
cumpla la Constitución, la ley y el reglamento interno, no será removido de él19.
Además, la administración cuenta con la seguridad de que la función pública será
prestada acorde con los principios de eficiencia y eficacia.
19. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera está
determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto es,
implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.
20. ii) De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar
con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función
pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una
excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se encuentre
legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la discrecionalidad para
designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán ciertas funciones, toda
vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica una decisión política20, esto
es que la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una relación subjetiva
con el nominador quien demanda siempre de plena confianza de sus colaboradores21.
La provisión de dichos cargos responde a la facultad discrecional de la autoridad
nominadora, es decir, sin sujeción a ciertas formalidades para su designación.
21. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el de los
18
El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
19
Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
20
Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
21 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director de
establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar los
criterios que permitan identificar los cargos en mención, los cuales actualmente se
encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
22. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y remoción,
la Corte Constitucional22 en reiteradas oportunidades, ha señalado que el cargo a
ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener fundamento
legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera; ii) las funciones
a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u orientación institucional; iii)
las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de confianza, el cual deberá ser
superior al que se le puede exigir a cualquier otro servidor.
23. A propósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre nombramiento
y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas, los cuales se pueden
clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual se ejercen labores de
dirección, conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de
políticas o directrices, es decir, establece lineamientos institucionales de acción; y
b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan actividades profesionales de
asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, siempre que se encuentren adscritos
al servicio directo e inmediato de los altos funcionarios.
24. Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que «como base para determinar
cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer
término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede
contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para
producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar, debe
haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer excepciones
a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador no obedezca a
una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma naturaleza, los
empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la Constitución establece
y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la función misma, en su desarrollo
esencial, exija una confianza plena y total, o implique una decisión política. En estos casos el
cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las exigencias discrecionales del
nominador y estar sometida a su permanente vigilancia y evaluación»23.
25. iii) De período. Por mandato constitucional24 o legal25 son aquellos empleos que se
proveen por un lapso previamente establecido en el ordenamiento jurídico, en razón a
22
Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C- 161 de 2003, C-312 de 2003, C-553
de 2010, C-284 de 2011, C-814 de 2014, entre otras.
23
Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
24
“Artículo 125. […] PARÁGRAFO. <Artículo 125 […] Parágrafo. Adicionado por el artículo 6º del A.L.
01 de 2003 así: Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en
reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.
25
A manera de ejemplo ver los: artículos 12 de Decreto Ley 1210 de 1993; 21 de la Ley 143 de 1994;
15, 34, 44, 53,76 de la Ley 270 de 1996; 20 de la Ley 1797 de 2016, entre otros.
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su representación política o democrática o la independencia e imparcialidad que se
predica frente al ejercicio de sus funciones, esto es que a la administración se ingresa
para ejercer la función pública por determinado tiempo, como es el caso de los
contralores, los personeros, el fiscal general de la nación, el registrador nacional del
estado civil, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, el auditor
general de la nación, los rectores de universidades públicas, miembros de las
Comisiones Reguladoras, magistrados de altas corporaciones, gerentes o directores
de las empresas sociales del Estado, entre otros.
26. Según el periodo para el cual se vincularon con la administración estos se
subdividen en empleos de periodo institucional y empleos de periodo personal.
26.1. a) Los de periodo institucional son aquellos sobre los cuales se tiene certeza de
la fecha de iniciación y la de terminación de su periodo, bien porque tales fechas se
encuentren determinadas constitucional o legalmente, o bien porque dichas fechas
sean determinables a la luz de lo previsto en disposiciones de la misma índole. Dichos
cargos se vinculan con la administración como representantes políticos y democráticos
del constituyente primario26.
26.2. b) Los de periodo individual o personal se diferencian de los primeros, toda vez
que las fechas de iniciación y terminación no han sido definidas y tampoco son
determinables; no obstante, la fecha de finalización del empleo público se encuentra
dada por aquella en la que la persona toma posesión del empleo. Asimismo, este tipo
de cargos encuentra sustento en los principios de independencia e imparcialidad en
donde los procedimientos establecidos para la designación son variados27.
27. iv) Los temporales como una categoría de empleados que se vinculan con la
administración de forma excepcional para cumplir funciones que, por uno u otro motivo,
no realiza el personal de planta, bien porque no forma parte de las actividades
permanentes de la entidad, o también, porque por las necesidades del servicio lo
requiere, como en aquellos casos en los que por hechos excepcionales existe
sobrecarga laboral. Al respecto el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 previó:
«Artículo 21. Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica
la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos
de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las siguientes
condiciones:
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
26
Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 12 de marzo de 2012,
expediente 11001-03-06-000-2012-00022-00, M.P. William Zambrano Cetina.
27
Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 8 de octubre de 2020,
expediente 11001-03-06-000-2020-00158-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.
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c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos
excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior
a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la
institución.
2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal
para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.
3. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El ingreso a estos empleos se
efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de
carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas.
De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las
capacidades y competencias de los candidatos.
4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El nombramiento en los empleos temporales se
efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración, al
vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin
embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no
cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los mismos,
de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto
administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las
disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su financiación.
De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar por
las causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de la Ley
909 de 2004».
28. En esas condiciones, la naturaleza jurídica de los empleos públicos está
determinada por las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo o el
grado de confianza que ha de depositarse en el servidor público28, esto es que guarda
relación directa con el modo como se ha estructurado el empleo en la entidad y las
tareas oficiales que se le asignan29; de ahí que exista una diferencia sustancial entre
uno que se exhibe como de carrera y otro de periodo, no solo por las razones aquí
anotadas, sino por el límite en el tiempo para el ejercicio de sus labores; esto es así,
pues el primero exige continuidad y permanencia y las causales de retiro están
expresamente determinadas en la ley, es decir, se rigen por los principios de
especificidad o taxatividad, en tanto que los de periodo tienen una fecha cierta de inicio
y finalización prevista en la Constitución o la ley, o determinable en relación con la
fecha de su posesión, lo que hace que corresponda a un elemento objetivo del
empleo30 y conlleva a que este sea estable y perentorio, es decir, que no se extiende
más allá del lapso fijado para su culminación31.
28
Corte Constitucional, sentencia C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
29
Corte Constitucional, sentencia C-408 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
30
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2095 del 12 de marzo de 2012,
radicado 11001-03-06-000-2012-00022-00, C.P. William Zambrano Cetina.
31
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1860 del 6 de diciembre de 2007, C.P.
Gustavo Aponte Santos.
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2.2.2. Formas de provisión de los empleos
29. Ahora bien, el legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo público,
esto es, que las vacancias definitivas y temporales existentes en las respectivas
plantas de personal de las entidades y organismos del Estado deben proveerse a
través de las figuras definidas para el efecto.
30. i) Por nombramiento de carácter ordinario para los empleos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo disponen los artículos 23
de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 201532. En todo
caso, el servidor debe acreditar los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.
31. ii) En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que ocupan
empleos de carrera. En efecto, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, con las
modificaciones que le introdujo el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019 33, autoriza a
efectuar encargos en empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva,
mientras se surte el proceso de selección. Así las cosas, esta modalidad opera para
quienes a) se encuentren inscritos en el régimen de carrera, b) acrediten los requisitos
de ley para su ejercicio, c) posean aptitudes y habilidades propias del cargo a acceder,
d) no hayan sido sancionados en el último año de servicio; y e) hayan obtenido una
calificación sobresaliente en la última evaluación de desempeño.
32. En relación con este último requisito, la norma señala que, de no existir empleados
de carrera con evaluación sobresaliente, debe examinarse el personal de planta que
tenga las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio;
en todo caso, el empleado deberá reunir las condiciones y requisitos previstos en la
ley.
33. De esta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se constituye en
una medida o mecanismo para garantizar la protección de los derechos del personal
de carrera34.
34. iii) La provisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede cuando
no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de personal de las
entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores de carrera administrativa»35.
32
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
33
«Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras
disposiciones».
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado
11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado
11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
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35. Al efecto, el Decreto 1227 de 2005 dispuso que mientras se elabore la lista de
elegibles para el cargo vacante, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede
autorizar el nombramiento en provisionalidad. Esto señala la norma:
«Artículo 8. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de los
empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.
El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, salvo
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el concurso no se hubiere
culminado en el término previsto en el presente decreto, caso en el cual este se extenderá
hasta que se produzca el nombramiento en período de prueba.36
Parágrafo transitorio. [Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado por
el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de 2007]
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos y nombramiento
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración,
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del
servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el encargo o el nombramiento
provisional no podrán superar los seis (6) meses, término dentro del cual se deberá
convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional procederá de manera
excepcional cuando no haya personal que cumpla con los requisitos para ser encargado y
no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.
Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional
cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de
carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las originaron.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de libre
nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera. El
carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el
cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente
decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador».
36. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se surte
el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya naturaleza
es de carrera administrativa.
37. Esta forma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el ordenamiento
jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley 2400 de 1968, el
Decreto reglamentario 1950 de 1973, las leyes 61 de 1987, 27 de 1992, 443 de 1998,
909 de 2004, en las cuales se previó que ante la imposibilidad de proveer el cargo de
carrera administrativa a través del sistema del mérito, se garantizaría la continuidad en
la prestación del servicio público con personal vinculado en provisionalidad hasta
cuando se pueda realizar tal provisión con uno de carrera, pues no puede existir
solución de continuidad en el servicio por falta de personal.
36
El texto tachado fue declarado NULO mediante sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-
00215-01(9336-05), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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38. iv) Por nombramiento en período de prueba, la entidad nominadora, con sumo
respeto del orden de elegibilidad, y en consideración a las normas que informan la
carrera, designa de la lista de elegibles a las personas que superaron las etapas del
respectivo concurso de méritos, con el fin de que aquella pueda «evaluar los méritos en
relación con las condiciones de ingreso a la carrera judicial y con el desempeño de las
funciones»37 del empleado en su capacidad de adaptación, sus competencias,
habilidades y aptitudes para el ejercicio de la función pública. Una vez finalizado dicho
lapso, el servidor será inscrito en el registro público de carrera o en caso contrario se
declarará insubsistente su nombramiento.
39. v) Por nombramiento en propiedad se vincula con la administración a aquellas
personas que, además de cumplir con los requisitos generales y especiales para
desempeñar el cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que siendo
de libre nombramiento y remoción lo «desempeñe en propiedad»38.
2.2.3. Naturaleza del cargo de subdirector de Centro Regional del Sena
40. El Servicio Nacional de Aprendizaje es un establecimiento público del orden
nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía
administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo39. El cual cumple la función estatal de
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y
ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de
las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país40.
41. El presidente de la República expidió el Decreto 1426 de 1998, a través del cual « se
establece el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos públicos
del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA». En el artículo 2 señaló que el nivel directivo
comprende «los empleos a los cuales corresponde la dirección, formulación de políticas y la
adopción de planes, programas y proyectos para su ejecución a nivel de la Dirección General,
Regional y Seccional del SENA». Asimismo, dentro de la clasificación de este nivel
incluyó el de subdirector grado 2.
42. Las anteriores disposiciones se encuentran en consonancia con el artículo 5 de la
Ley 909 de 2003, mediante la cual el legislador precisó que son empleos de libre
nombramiento y remoción, entre otros, los «de dirección, conducción y orientación
institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices», dentro de los
cuales, en la administración central del nivel nacional se encuentran:
37
Corte Constitucional, sentencias C-295 de 2002 y T-488 de 2004.
38
Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2002,
expediente 1477. M.P. Susana Montes de Echeverri.
39
Artículo 1 de la Ley 119 de 1994.
40
Artículo 2 de la Ley 119 de 1994.
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
«Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación;
Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente Delegado e
Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario General y
Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de Academia Diplomática;
Director de Protocolo; Agregado Comercial; Director Administrativo, Financiero,
Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector Administrativo, Financiero,
Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director de Gestión; Jefes de Control
Interno y de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; Jefe de Oficina, Jefes de
Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador
Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto41.» (Se resalta)
43. Finalmente, el gobierno nacional profirió el Decreto 249 de 2004, a través del cual
se modificó la estructura del Sena y, entre otros aspectos, señaló que los Centros de
Formación Profesional Integral eran dependencias responsables de la prestación de
los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la promoción
y el desarrollo del sector empresario, la normalización y evaluación de competencias
laborales, en interacción con entes públicos y privados y en articulación con las
cadenas productivas y los sectores económicos42.
44. Asimismo, en el artículo 26 dispuso que los subdirectores de los mencionados
centros eran empleados de libre nombramiento y remoción y asignó la facultad
nominadora al director general del Sena. En ese orden dispuso:
«Artículo 26. Los Subdirectores de los Centros de Formación Profesional Integral del SENA
son funcionarios de libre remoción por parte del Director General del SENA. En todo
caso, su nombramiento deberá realizarse mediante un proceso de selección meritocrático,
sujeto a veeduría ciudadana. Para tal fin deberá realizarse una selección de por lo menos
tres (3) candidatos por cada Centro.»
45. Así las cosas, de acuerdo con el marco normativo expuesto, es claro que el cargo
de subdirector grado 2 del Centro de Formación Profesional Integral, desempeñado
por Óscar Alfonso Peña Amaya era un empleo de libre nombramiento y remoción,
frente al cual, el director general del Sena ostentaba la facultad nominadora.
2.2.3. Sobre la estabilidad laboral de los empleados de libre nombramiento y
remoción
46. La estabilidad laboral es aquella garantía de orden constitucional y legal por la cual
se logra la integración social de los empleados, se cumple con las exigencias
emanadas del principio de solidaridad social y la cláusula del estado social de derecho,
se protege a aquellos empleados susceptibles de ser discriminados en la relación
41
Artículo 5, literal a) de la Ley 909 de 2003.
42
Artículo 25 del Decreto 249 de 2004.
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
laboral y que se concreta en la seguridad de permanecer en el empleo, a menos que
exista una «justificación o [esté] relacionada con su condición»43.
47. Dicharegla fue incorporada en nuestro ordenamiento colombiano antes de la
expedición de la Constitución de 1991 y acorde con los focos de protección al
trabajador desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo44, entre los que
se encuentran los Convenios 158 de 198245, 159 de 198346 y la Recomendación 166
de 198247, entre otros, según los cuales la terminación de la relación laboral no debe
obedecer a prácticas clientelistas, ni ser producto de la arbitrariedad del empleador.
48. Posteriormente este principio, encontró sustento normativo en los artículos 1, 13,
25 y 53 de la Constitución Política, que resaltan la obligación constitucional del Estado
de adoptar medidas protectoras a favor de los empleados y especialmente de aquellos
grupos en condiciones de debilidad o vulnerabilidad.
49. Sin embargo, esta garantía constitucional no es absoluta y no se predica de aquellos
empleos de libre nombramiento y remoción, pues frente a estos se constituye una
excepción que se sustenta en la naturaleza de las funciones, pues, como se explicó
en líneas anteriores, exigen plena confianza o implican una decisión política. De otra
parte, con el propósito de que esta facultad discrecional que ostenta el nominador para
la provisión y desvinculación de estos cargos no se convierta en la regla general, la
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que para que un empleo
público sea de libre nombramiento y remoción debe: i) tener fundamento legal, es decir
que se encuentre como excepción a la regla general de carrera; ii) las funciones a
ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u orientación institucional; y iii)
las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de confianza, el cual deberá ser
superior al que se le puede exigir a cualquier otro servidor.
50. Al respecto esta Corporación ha señalado que « [l]a declaratoria de insubsistencia de
un empleado de libre nombramiento y remoción, como el demandante, es procedente de forma
inmotivada, sin procedimientos o condiciones, y goza de presunción de legalidad tal como lo
ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado48».
51. Asimismo, la Corte Constitucional, al estudiar la estabilidad laboral de quienes
ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, explicó que, por regla general, estos
servidores no ostentan estabilidad laboral49:
43
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-141 del 28 de marzo de 2016. M.P. Alejandro
Linares Cantillo; sentencia T-434 del 1° de octubre de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera; sentencia SU-
087 del 9 de marzo de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
44
En adelante OIT.
45
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo.
46
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas invalidas).
47
Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 1º de noviembre de 2007, Expediente No. 250002325000199902672 01 (4249-2004).
49
Corte Constitucional, sentencia SU-003 de 2018.
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
«Según el primer criterio, son de libre nombramiento y remoción los empleos “de dirección,
conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o
directrices” (literal a) o, como los denomina el literal siguiente, “los altos funcionarios del
Estado”. Esta categoría de servidores públicos, en los términos del artículo 5.2.a de la Ley
909 de 2004, integra a los empleos públicos de más alto nivel jerárquico al interior de la
Rama Ejecutiva del Poder Público y de los Órganos de Control, en la administración central
y descentralizada del nivel nacional, en la administración central y órganos de control del
nivel territorial, y en la administración descentralizada del nivel territorial. Dada esta
condición, les corresponde la dirección, conducción y orientación de las entidades estatales
de las que hacen parte. En atención a su alta calidad y elevadas responsabilidades, se trata
de los empleos públicos que exigen el máximo grado de confianza por parte de sus
nominadores y, por tanto, de discrecionalidad en cuanto a su nombramiento y remoción.»
52. Ahora bien, en relación con el retiro de estos empleados, el artículo 41 de la Ley
909 de 2003, dispuso:
«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se
produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado
no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera
administrativa;
c) [Literal INEXEQUIBLE]
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) [Literal condicionalmente exequible] Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o
vejez;
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) [Literal condicionalmente exequible] Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso
de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del
empleo, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo
adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
PARÁGRAFO 1o. [Parágrafo INEXEQUIBLE]
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de
conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá
efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.»
53. De la norma en cita se advierte que el legislador diferenció el retiro del servicio con
ocasión de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento cuando se trata de
empleados de libre nombramiento y remoción [literal a], por cuanto estableció como
excepción que esta facultad se efectuaba a través de un acto no motivado. Sin
embargo, su ejercicio, aunque es discrecional, debe adecuarse a «los fines de la norma,
del Estado y de la función administrativa, y ser proporcional a los hechos que le sirven de
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
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causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de manera
suficiente, concreta, cierta y concurrente al acto que origina el despido, sin acudir a razones
genéricas o abstractas que no expongan con claridad los hechos50».
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
54. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
54.1. El 10 de noviembre de 201751, el coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo
Mixto certificó que celebró con el Sena los siguientes contratos de prestación de
servicios:
Identificación Fecha de Fecha de Objeto
del contrato inicio terminación
348 del 09/04/07 11/06/07 «[…] atención a la formulación y seguimiento de
29/12/06 proyectos de la banca de oportunidades, acorde con
la cotización del 28 diciembre de 2006 la cual forma
parte integral de la presente orden del Centro de
Comercio y Servicios»
193 del 26/07/07 07/12/07 «[…] Impartir formación profesional en mercadeo
17/07/07 (474 horas), acorde con la cotización del 28 mayo de
2007 la cual forma parta integral de la presente
orden del Centro de Comercio y Servicios»
275 del 04/10/07 12/12/07 «[…] impartir formación profesional en mercadeo,
03/10/07 contable y financiera (210 horas), acorde con la
cotización del 28 junio de 2007 la cual forma parte
integral de la presente orden del centro de comercio
y servicios»
417 del 27/12/07 19/06/08 «[…] impartir formación profesional en el área de
27/12/07 técnica básica, servicio a la mesa (50 horas) a razón
de $17.115.00 para el programa de jóvenes en
acción, acorde con la cotización del 3 diciembre de
2007 la cual forma parte integral de la presente
orden del Centro de Comercio y Servicios»
82 del 06/03/08 15/12/08 «[…] impartir formación profesional en el área de
04/03/08 administrativa, mercadeo, mesa y bar 884 horas,
acorde con la cotización del 17 enero de 2008 la cual
forma parte integral de la presente orden del centro
de comercio y servicios»
85 del 26/02/09 14/12/09 «[p]restar los servicios profesionales de carácter
26/02/09 temporal como instructor para impartir formación
profesional integral en los programas de formación
complementaria y titulada en actividades
relacionadas con el proceso de formación en el área
de Emprendimiento que adelantará el Centro de
Servicios Empresariales y Turísticos del SENA
Regional Santander»
163 del 29/01/10 21/12/10 «[p]restar los servicios profesionales de carácter
29/01/10 temporal como instructor en la orientación de
proyectos en formación complementaria en el área
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado
68001-23-33-000-2017-00193-01
51
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folios 7 a 23
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
de emprendimiento, planes de negocio,
sensibilización de emprendimiento, emprenderismo,
sensibilización al fortalecimiento de empresas,
asesoramiento de mipymes que se adelantará [en]
el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del
SENA Regional Santander en los municipios de
Bucaramanga y su área metropolitana»
684 del 11/05/11 30/06/11 «[p]restar los servicios profesionales en forma
10/05/11 temporal para contribuir a fortalecer la capacidad de
gestión de la Regional Santander con el objeto de
gestionar el desarrollo de emprendimiento para la
creación y seguimiento de empresas del fondo
emprender y otras fuentes de financiación, así como
para asesorar y acompañar a los programas, planes
y proyectos del sector público, privado y personas
naturales e inactivas que [se] relacionan
directamente [con el] emprendimiento en cualquiera
de las etapas como: pre incubación, incubación,
establecimiento y consolidación con el de
incrementar la productividad y competitividad»
949 del 12/07/11 27/12/11 «[p]restar los servicios profesionales en forma
11/07/11 temporal para el diseño y gestión da estrategias
encaminadas al posicionamiento de programa
jóvenes rurales emprendedores, consecución de
alianzas y convenio para el apartamiento técnico,
financiero y comercial de la unidades productivas y
servir de enlace entre los emprendedores y [el]
sector productivo de la zona de influencia de los
Centro de formación de la Regional, así como el
diseño y aplicación de estrategias para el desarrollo
de y puesta en marcha de las unidades productivas
generadas en el programa»
519 del 06/02/12 29/06/12 «[p]restar los servicios personales de carácter
03/02/12 temporal para asesorar a la población de usuarios
de las unidades de emprendimiento del SENA en [la]
formulación de planes de negocio, el desarrollo de
proyectos de base tecnológica y puesta en marcha
por medio de diferentes fuentes de financia[ción]
que estimulen la creación y desarrollo de nuevas
empresas con carácter innovador, tecnológico de
clase mundial, en el marco del programa de
emprendimiento empresarial»
54.2. Resolución 74 del 26 de junio de 201252, mediante la cual el subdirector del Centro
de Servicios Empresariales y Turísticos nombró a Óscar Alfonso Peña Amaya como
instructor, empleo en el que se posesionó el 4 de julio de ese año53.
54.3. Resolución 749 del 24 de mayo de 201354, «[p]or el cual se ordena la apertura de un
proceso de selección meritocrático, público y abierto» expedido por la directora general del
Sena, en el que consideró:
«Que la estructura y la planta de personal del SENA estén determinadas por los Decretos:
249 de 2004 “Por el cual se modifica le estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, 250 de 2004 "Por el cual se adopta la modificación de la Planta de Personal del
52
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 23
53
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 24
54
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folios 26 a 28
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA” y 2989 de 2008 “Por el cual se aprueba la
modificación de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA”.
Que el artículo 47 de la Ley 909 de 2004 […] dispone: "1. Los cargos que conlleven ejercicio
de responsabilidad directiva en la administración pública de la Rama Ejecutiva de los
órdenes nacional y territorial tendrán los efectos de la presenta ley, el carácter de empleos
de gerencia pública. 2. Los cargos de gerencia pública son de libre nombramiento y
remoción. No obstante, en la provisión de tales empleos, sin perjuicio de las
facultades discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores deberán
sujetarse a las provisiones establecidas en el presenta título.
Que respecto a la provisión de los cargos de gerencia pública, el artículo 49 de la Ley 909
de 2004 establece: "1. Sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que
caracteriza a estos empleos, la competencia profesional es el criterio que prevalecerá en
el nombramiento de los gerentes públicos. 2. Para la designación del empleado se
tendrán en cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia para al desempeño
del empleo, y so podrá utilizar la aplicación de una o varias pruebas dirigidas evaluar
los conocimientos o aptitudes requeridas para el desempeño del empleo, la práctica
de una entrevista y una valoración de antecedentes de estudio y experiencia. 3. La
evaluación del candidato o de los candidatos propuestos por el nominador, podrá ser
realizada por un órgano técnico de la entidad conformado por directivos y consultores
externos, o, en su caso, podrá ser encomendado a una universidad pública o privada, o a
una empresa consultora externa especializada en selección de directivos".
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4567 de 2011, sin perjuicio de la
discrecionalidad propia de la naturaleza del empleo, se tendrán en cuenta la
transparencia en los procesos de vinculación de servidores, las competencias laborales, el
mérito y experiencia, las calidades personales y su capacidad en relación con las funciones
y responsabilidades del empleo.
Que entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Departamento Administrativo de
la Función Pública DAFP, se suscribió convenio interadministrativo con el objeto de que el
DAFP, apoye los procesos de Méritos para provisión de cargos de Gerencia Publica en el
SENA, en consecuencia, el proceso de selección meritocrático público y abierto para los
cargos mencionadas en esta resolución, será adelantado entre el SENA y el DAFP.
Que en la nomenclatura y planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
los cargos de Director Regional y Subdirector de Centro son del Nivel Directivo, por lo cual,
de conformidad con las normas anteriores, tienen el carácter de empleos de gerencia
pública, son de libre nombramiento y remoción y para su provisión se realiza
previamente concurso de méritos, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad
que caracteriza estos empleos.
Que en relación con los cargos de Director Regional, el numeral 13 del artículo 305 de la
Constitución Política de Colombia y el parágrafo del artículo 78 de la Lay 489 de 1998,
señalan que es atribución del Gobernador escoger de las ternas enviades por el jefe
nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del
orden nacional que operen en el Departamento.
Que de conformidad con el Decreto 1972 de 2002, el Director Regional de los
establecimientos públicos será escogido por el gobernador del departamento donde está
ubicada físicamente la Regional, de terna enviada por el representante legal del
establecimiento público respectivo, la cual deberá estar integrada por personas que cumplan
con los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Requisitos de la entidad y sean
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
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escogidos de conformidad con el proceso de selección público abierto que establece dicho
Decreto. […]»
En tal virtud, se declaró abierto el proceso meritocrático a partir del 27 de mayo de
2013, para conformar la terna de candidatos elegibles para el empleo de subdirector
centro grado 2 para cada uno de los Centros de Formación Profesional Integral, entre
ellos, el de la regional Santander.
54.4. Resolución 1927 del 12 de noviembre de 201355, por la cual la directora general
del Sena56 nombró a Óscar Alfonso Peña Amaya en el cargo de subdirector de centro
grado 02 para el Centro Industrial de Diseño y la Manufactura de la Regional Santander
en el cual se posesionó «[…] conforme al nombramiento ordinario» el 12 de noviembre de
201357. Para esos efectos, en la parte considerativa indicó:
«Que por disposición del artículo 26 del Decreto 249 del 28 de enero de 2004 “Los
subdirectores de los centros de formación profesional integral del Sena son funcionarios de
libre nombramiento y remoción por parte del Director General del Sena. En todo caso, su
nombramiento deberá realizarse mediante un proceso de selección meritocrático sujeto a
veeduría ciudadana. Para tal fin deberá realizarse una selección de por lo menos tres (3)
candidatos por cada Centro”
[…]
Que en el listado de candidatos elegibles conformado en el proceso meritocrático para la
Subdirección del Centro Industrial de Diseño y Manufactura de la Regional Santander, se
encontraba el doctor Óscar Alfonso Peña Amaya […]»
54.5. Resolución 1602 del 30 de julio de 201458 en virtud de la cual el director general
del Sena le otorgó prima técnica por evaluación de desempeño equivalente al 50% de
la asignación básica mensual del cargo. Para su reconocimiento citó los artículos 1 de
los decretos 1336 de 2003 y 1164 de 2012, respectivamente.
54.6. Documentos contentivos de la «evaluación del desempeño para la asignación y
conservación de prima técnica», con los cuales se evaluó a Óscar Alfonso Peña
Amaya, subdirector del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, por los siguientes
años:
Período a evaluar Calificación Folios
13/11/2013 – 30/06/2014 98% 34 y 35
01/07/2015 – 30/08/2015 98,5% 36 y 37
30/06/2015 – 30/06/2016 99% 38 y 39
30/06/2016 – 30/06/2017 98% 40 y 41
54.7. Certificados de antecedentes penal, disciplinario y fiscal59.
55
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 29
56
El acto de nombramiento fue suscrito por la directora general del Sena, empleo ocupado entonces
por Gina María Parody d´Echeona
57
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 30
58
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folios 32 y 33
59
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folios 42 a 44
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
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54.8. Reconocimientodel director del Instituto Municipal de Empleo y Fomento
Empresarial de Bucaramanga – IMEBU el 15 de diciembre de 2016, por la creación y
permanencia de aquella institución en Bucaramanga en aras del desarrollo
empresarial60.
54.9. Reconocimiento otorgado por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio
de Bucaramanga el 16 de diciembre de 2016, «por su compromiso, liderazgo y dedicación
al Programa en herramientas para el modelado de proyectos de construcción año 2016»61.
54.10. Resolución 3018 de 24 de agosto de 2017, expedida por el director regional del
Sena grado 8, en virtud del cual se le reconoció vacaciones por el período comprendido
entre el 4 de julio de 2015 y el 3 de julio de 2016, para disfrutarlas desde el 25 de
septiembre y hasta el 13 de octubre de 201762.
54.11. Tiquete de avión 2650291146335 emitido el 6 de octubre de 2017 63, con el
siguiente itinerario:
«[…]
Desde/hacia Vuelo Fecha Hora
Bucaramanga EF9119 12 OCT 05:50
Barranquilla
Barranquilla EF9143 16 OCT 20:00
Bucaramanga
[…]»
54.12. Publicación en el periódico digital «La Silla Vacía» del artículo «[e]n el Sena
Santander le están recogiendo firmas a Vargas Lleras» el 13 de octubre de 2017 a las 5:00
p.m.64, cuyo contenido es el siguiente:
«Luego de que La Silla comprobara con reportería en varias regiones
(http://lasillavacia.com/vargas-va-por-firmas-pero-cambio-radical-selas-recoge-62635) que,
a través de los congresistas, Cambio tiene su maquinaria encendida con miras a recolectar
las 380 mil firmas que Germán Vargas Lleras necesita para buscar la Presidencia, el turno
llegó para el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en Santander.
En esa entidad, que forma al año unos 350 mil estudiantes en ocho centros de educación
de las seis provincias del departamento, y que maneja un abultado presupuesto, que solo
en 2016 movió $69 mil millones en contratación directa, el personal lleva varios días en esa
tarea.
La Silla lo corroboró luego de llamar a 30 contratistas para preguntarles por si tenían las
planillas para respaldar la candidatura de Vargas Lleras a la Presidencia. Para obtener la
información hicimos dos tipos de llamadas. Primero nos comunicamos con 10 personas que
60
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 46
61
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 45
62
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 61
63
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 62
64
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folios 63 a 71. Asimismo el artículo puede
consultarse en el link: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/santanderes/en-el-sena-santander-le-
estan-recogiendo-firmas-a-vargas-lleras/
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
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escogimos al azar de una lista de funcionarios y nos presentamos como periodistas. De los
10 números a los que marcamos, cuatro estaban apagados o fuera de servicio, dos no
contestaron y en los restantes cuatro, una vez conocieron que éramos un medio de
comunicación, negaron haber recibido alguna directriz.
Luego, llamamos a 20 personas que también escogimos al azar de la lista de contratistas,
pero esta vez no nos presentamos como un medio sino que inmediatamente preguntamos
por el avance en la recolección de firmas.
Con este ejercicio los resultados cambiaron. De los 20 números, en cinco no contestaron y
en tres nos dijeron que no les habían entregado ninguna planilla, los 12 restantes no solo
nos reconocieron que estaban en la tarea sino que nos dieron un reporte de lo que llevaban
recogido.
En tres casos nos dijeron que ya habían entregado una parte de las firmas y que estaban
terminando, en los demás explicaron que estaban en el proceso pero que no había sido muy
fácil recogerlas todas. Todos coincidieron en que la meta era 100 firmas por cabeza.
“Yo estoy recogiendo las firmas con mi familia y con mis amigos, pero no se preocupe que
yo le tengo eso listo el fin de semana", dijo uno de los contratistas. Otro aseguró: “Ya el
enlace sabe que yo estoy en eso. Como siempre estoy 100 por ciento pendiente de
colaborar". Además, una de las personas que dijo no tener planilla, aseguró que la estaba
esperando, y pidió que se hiciera una anotación en su nombre, para que los “jefes supieran
que estaba pendiente*.
Lo que está pasando en el Sena con la precandidatura de Vargas Lleras no es nuevo. Esa
entidad, como lo contó La Silla, es un fortín que ha estado bajo la batuta del senador
Bernabé Celis desde 2010 cuando el conservador Alirio Villamizar lo perdió tras ser
condenado por su participación en el escándalo del 'carrusel de Notarías'.
Precisamente, el rumor de que en el Sena estaban pidiendo firmas para Vargas Lleras
empezó a correr desde finales de septiembre tras una fiesta de cumpleaños de Celis.
“Allá se repartieron unas planillas, y a los que no fueron se las empezaron a entregar en las
sedes de Cambio o aquí en el Sena. Yo he visto que en sobres cuando los contratistas
entregan las cuentas de cobro", aseguró un contratista que pidió la reserva de su nombre
porque teme que no le renueven el contrato si revela su identidad.
La Silla no logró corroborar si fue efectivamente en la fiesta de cumpleaños del Senador
donde inició la solicitud de la recolección o si en sobres entregaron planillas tras la radicación
de cuentas de cobro, pero en lo que sí coincidieron varias fuentes fue en que en las sedes
del Sena sí han asignado esa tarea.
Seis de los 12 contratistas que dijeron tener planillas para las firmas de Vargas Lleras
explicaron haberlas recibido en una sede de la institución, y otros dos aseguraron que se
las hicieron llegar vía correo electrónico.
"Es que aquí nadie denuncia porque tienen miedo de quedarse sin trabajo. Ellos tienen
familia y uno entiende, pero esto es indignante", le dijo a La Silla un sindicalista de Cossena
(uno de los sindicatos del Sena en Santander).
La recolección de firmas para Vargas Lleras ha dado tanto de qué hablar dentro del Sena,
que incluso ese sindicato emitió un comunicado en el que explícitamente señala a Bernabé
Celis de impartir órdenes para impulsar esa práctica en Floridablanca a través de Fredy
Martínez, una de sus cuotas
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
[…]
Además, Sindesena (el sindicato más grande del Sena en Santander) sacó otro comunicado
denunciando que en vísperas electorales a los instructores les cambiaron el formato de las
planillas de asistencia de los aprendices -ahora deben poner las direcciones, el número de
teléfono y la dirección de correo electrónico- y anexar esos formatos dentro de las cuentas
de cobro para que les paguen.
El director de la regional del Sena Santander, David Suárez, y quien, como contó La Silla
(http://lasillavacia.com/historia/la-ficha-decambio-que-manda-en-el-sena-56301), llegó a
ese cargo como cuota de Celis, nos aseguró que desconocía que algo así estuviera pasando
en su administración.
“Este es un centro de formación para la educación, el empleo y la innovación. No hay ningún
lineamiento diferente a ese. Con esta información que usted me entrega reuniré a mi equipo
de subdirectores para aclarar la situación”, explicó El senador Celis no contestó los
mensajes que le dejamos en su celular.
Entre tanto, los contratistas del Sena están corriendo contra el tiempo para recoger firmas y
darle un empujón en Santander a la candidatura de Vargas Lleras, mientras que en Bogotá
su partido asegura que renunció a toda la participación burocrática de la que se hizo
acreedor por estar en la Unidad Nacional».
54.13. Escrito con el asunto: «[s]olicitud informe»65 [sin fecha] del director regional de
Santander, David Hernando Suárez Gutiérrez dirigido a la secretaria general del Sena
«sobre los presuntos hechos ocurridos, lo autores […] y las acciones realizadas para prevenir
y denunciar este tipo de conductas […] señaladas en el artículo publicado en “La Silla Vacía”
sobre recolección de firmas en el SENA Regional Santander para un precandidato
presidencial». Al respecto indicó que no le constaba nada sobre el contenido de aquel y
procedió a correrle traslado de inmediato a Luis Alberto Manrique, quien se
desempeñaba como subdirector (e) del Sena en Floridablanca, comoquiera que el
titular se encontraba en vacaciones y agregó:
«[…] hoy me reuní con los subdirectores tanto de Bucaramanga, Alma Osorio, como de
Floridablanca, Oscar Peña, a quienes les manifesté que desde esta Dirección Regional
NUNCA he avalado, permitido, ni mucho menos promovido conductas, hechos, o
actuaciones como las denunciadas en algunos medios de comunicación sobre el tema
referido, toda vez que nuestra misión institucional, no es otra que apoyar la productividad,
impartir formación profesional integral, emprendimiento, empleo, innovación, y que si
conocían conductas de esta naturaleza debían denunciarse inmediatamente para que se
investigue y sancione a los responsables, quienes manifestaron que no están avalando,
permitiendo, ni promoviendo la recolección de firmas en la institución y que son respetuosos
de la misión institucional.
Adicionalmente, es importante recordar que antes de la publicación en la silla vacía, la Dra
Elsa Bohórquez el 28 de septiembre de 2017 habla solicitado verificar que si a los
instructores de Bucaramanga no se les estaba firmando la cuenta de cobro correspondiente
y se le estaba exigiendo 100 firmas por el candidato Vargas Lleras, todo a solicitud de la
contratista Deysi Astrid Aguillon, quien es apoyo a procesos administrativos de la
65
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folios 73 y 74
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
Subdirección del Sena Bucaramanga, situación que fue atendida con la respuesta de la
subdirectora el 11 de octubre y que fue enviada a secretaría general.
[…]
En atención a todo lo anterior y teniendo en cuenta las denuncias realizadas por algunos
medios de comunicación sobre este caso, remito formalmente, como es mi obligación legal,
a la oficina de control interno disciplinario todos los documentos relacionados para lo de su
competencia. […]» [Se resalta].
54.14. Mensaje de correo electrónico dirigido al director regional de Santander el 14 de
octubre de 201766, por el coordinador académico de programas especial del Centro
Industrial del Diseño y la Manufactura, en el que manifestó:
«Cordial saludo Dr. David
Atendiendo su solicitud le informo que en el tiempo que llevo encargado como Subdirector
del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, no se ha realizado ninguna reunión política
en el centro, no se han dado directrices al respecto y ningún funcionario me ha presentado
quejas al respecto […]».
54.15. Resolución 1822 de octubre 17 de 201867, a través de la cual la directora general
del Sena68 declaró insubsistente el nombramiento ordinario de Óscar Alfonso Peña
Amaya, en el empleo de subdirector grado 02 del Centro Industrial del Diseño y la
Manufactura de la regional Santander. Esta decisión se adoptó con sustento en las
siguientes consideraciones:
«Que en virtud de lo establecido en el inciso segundo del parágrafo 2º del artículo 41, en el
artículo 47 numerales 1º y 2º, en el parágrafo del artículo 60, en el literal a) del artículo 41
de la Ley 909 de 2004, en los cargos de dirección, gerencia pública y libre remoción, el retiro
del servicio es discrecional y se efectúa mediante acto administrativo no motivado.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3696 de 2006 y en el
artículo 47 - numeral 1 de la Ley 909 de 2004, el empleo de Subdirector de Centro G02 del
SENA es del nivel directivo y de gerencia pública.
Que en relación con la estabilidad en los cargos de libre nombramiento y remoción y
gerencia pública la Corte Constitucional ha señalado reiteradamente, como en la Sentencia
de Unificación 556 de 2014, que “la misma ley determina que los cargos de libre
nombramiento y remoción son aquellos a los que se le asignan funciones de dirección,
conducción y orientación institucional en la adopción de políticas y directrices, que impliquen
confianza. Los cargos de libre nombramiento y remoción implican una discrecionalidad del
nominador, ya que éste decide, con base en consideraciones intuito personae, a quién le
confía el desarrollo de ciertas labores públicas y hasta cuándo. El retiro de dichos cargos es
igualmente discrecional (…)”.
66
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 72
67
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 77
68
Empleo ejercido por María Andrea Nieto Romero
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
Que el parágrafo del artículo 50 de la Ley 909 de 2004 dispone que “Es deber de los
Gerentes Públicos cumplir los acuerdos de gestión, sin que esto afecte la discrecionalidad
para su retiro”.
Que la misma Ley 909 de 2004 señala en su artículo 41 (parágrafo segundo) que “La
competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y se efectuará mediante acto no motivado”.
Que el doctor Oscar Alfonso Peña Amaya, […] desempeña en titularidad el cargo de
Subdirector de Centro G02 del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de la Regional
Santander, en calidad de nombramiento ordinario […]”».
54.16. Oficio 2-2017-011611 del 17 de octubre de 2017, enviado a través de correo
electrónico, con el cual se puso en conocimiento del demandante la declaratoria de
insubsistencia de su nombramiento y en consecuencia su retiro a partir de la fecha [17
de octubre de 2017]69.
54.17. Resolución 1848 del 19 de octubre de 2017 70, por la cual la directora general
nombró en encargo a Iván Ernesto Rojas Guzmán como subdirector de centro grado
02 del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, regional Santander. Según el acta
132, se posesionó en esa fecha71. Luego se encargó del empleo a Albert Ferney
Giraldo Varón, con Resolución 1883 del 30 de octubre de 2017, cuya posesión ocurrió
ese día72.
54.18. Mensaje de correo electrónico remitido por María Andrea Nieto Romero en calidad
de directora general del Sena a Bety Sofía Cáceres Manrique el 30 de octubre de 2017
a las 7:34 a.m., con el asunto «[m]ensaje desde el Despacho de la Dirección General»73,
con el siguiente contenido:
«Querido equipo,
El viernes en la noche el noticiero CM& en su emisión de las 9:30 pm en la sección 1, 2, 3
y la ñapa, difundió una información equivocada. Afirmaron que las personas que están
contratadas en la entidad (2 en el SENA y 2 en Fonade) tienen salarios que superan los
límites establecidos por la ley. El día de ayer, de manera falsa difundieron una supuesta
renuncia mía que nunca ha sucedido, utilizando los canales de redes de la entidad.
He recibido presiones indignantes desde el día que declaré insubsistente al Director Jurídico
de la entidad, quien además también estuvo encargado de la Dirección Administrativa y
Financiera.
La razón de esta decisión fue fundamentada en la pérdida de la confianza en vista de que
he encontrado presuntas irregularidades en la contratación de más 39 obras/sedes del
SENA. Lo que más me afana es que en la vigencia 2015 y 2016, tiempo en el cual, que se
adjudicaron estas obras, todo parece indicar que no se tuvieron en cuenta los gastos de
69
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 75
70
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 78
71
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folio 79
72
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folios 80 y 81
73
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folios 87 y 88
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
sostenibilidad para los próximos años. Al ir encontrando esto y otros temas, he recibido
presiones para que no ahonde en mis investigaciones y decisiones.
Quiero aclarar que no he renunciado y que trabajaré en la entidad hasta que me lo indique
el Señor Presidente de la República. Quiero decirles que estoy en total disposición a trabajar
por esta sin que prime ningún ego de mi parte o una agenda paralela de algún interés
particular. Estoy absolutamente en contra de usar los recursos de la entidad de manera
fraudulenta y en ese sentido quiero aclarar que el valor de los contratos que procedo a
explicar, están directamente relacionado[s] con metas y resultados palpables y que estos
honorarios están plena y legalmente justificados:
1. Andrés Bautista. Ha trabajado en la modernización del Fondo Emprender. Logros:
reducción de la atención de 36 a 4 meses para el emprendedor. Reducción del costo
administrativo del Fondo en Fonade pasando del 22% al 8%, implicando un ahorro
significativo de recursos. Incremento del presupuesto del Fondo, gracias a la liquidación de
uno de los convenios y al manejo adecuado de los rendimientos financieros. El trabajo
articulado con el equipo nacional y regional de emprendimiento ha permitido todos estos
logros y ahorros. Además, en su contrato se le permite asesorar el despacho siendo una de
mis personas de confianza.
2. María Eugenia Pérez. Una profesional con una amplia experiencia en metodologías de
mejoramiento de las habilidades blandas. Hemos sensibilizado a más de 400 personas
claves en la entidad, para lograr la creación de la competencia transversal de Autogestión
del Ser Humano como Herramienta de Competitividad. Ustedes comprenden que una de las
grandes necesidades de la formación era una competencia en este sentido que
complemente la parte técnica. Los avances desde junio han sido muy importantes y
esperamos terminar de formar a los primeros 50 instructores antes del mes de diciembre.
Feliz Lunes. […]».
54.19. Artículo de prensa titulado «[p]erdí la confianza: directora del Sena» publicado por la
revista Semana el 2 de noviembre de 201774, en el que al referirse sobre la declaratoria
de insubsistencia de María Andrea Nieto como directora del Sena porque «[…] perdió la
confianza del Gobierno al no recurrir a canales institucionales para señalar cualquier dificultad,
problema o molestia que hubiera identificado en el ejercicio de sus responsabilidades y en las
relaciones con sus funcionarios”». Sobre el particular entrevistó a María Andrea Nieto y
en relación con el demandante, se indicó:
«Semana: Esta semana diferentes medios de comunicación, entre ellos el periodista Julio
Sánchez Cristo, han especulado sobre el poder que tiene Alfonso Prada en el SENA, en
especial se ha dicho que hay cuotas de él en la entidad ¿eso es verdad?
María Andrea Nieto: Alfonso Prada estuvo 31 meses como director del SENA y si por
cuotas se entiende la gente que contrató durante su administración, la respuesta es sí.
Semana: En las especulaciones se han mencionado cuatro nombres, hablemos de cada
uno de ellos. ¿Quién es Juan Pablo Arenas?
M.A.N: Era el director Jurídico de la Entidad, nombrado por Alfonso Prada, a quien declaré
insubsistente hace tres semanas. Entre sus responsabilidades estaba establecer los
lineamientos para toda la contratación de la Entidad.
Semana: ¿Por qué decidió sacarlo?
74
Índice 1 del aplicativo Samai. Documento: 01Demanda, folios 82 a 86. El artículo puede ser
consultado en el link: https://www.semana.com/directora-del-sena-maria-andrea-nieto-es-declarada-
insubsistente/545774/
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
M.A.N: Porque encontré que se adjudicaron 39 obras entre el 2015 y 2016 por $280 mil
millones para nuevas sedes del SENA sin los estudios de financiación necesarios para
garantizar la sostenibilidad. En el cuatrienio anterior solamente se construyeron seis sedes.
[…]
Semana: ¿Y quién es Carlos Mauricio Corredor?
M.A.N: Era el Jefe nacional de la oficina de Sistemas, nombrado durante la administración
Prada y encargado del contrato para la prestación de servicios TIC en todo el país, por $500
mil millones, cuyo proceso contractual se encuentra demandado. Además de haber
dificultado el acceso a la información, el señor Corredor era responsable de la operación de
sistemas de la entidad y solicitó una adición al mismo contrato por $26 mil millones para la
realización de la reubicación del centro de datos de la entidad, adición que no aprobé y
demostré que era innecesaria, realizando esa tarea por solo $800 millones. También lo
declaré insubsistente hace tres semanas.
Semana: ¿Quién es David Suárez?
M.A.N: Era el Director de la regional Santander hasta hace dos semanas. Los medios de
comunicación denunciaron su presunta participación en la recolección de firmas para un
precandidato presidencial. Estos cargos son de libre nombramiento y remoción y se
fundamentan en la confianza.
Semana: ¿Quién es Óscar Peña?
M.A.N: Era el subdirector del centro de formación de Floridablanca, Santander,
también fue declarado insubsistente hace dos semanas.
[…]» [Se resalta].
54.20. En la audiencia de pruebas se recibieron los siguientes testimonios:
54.20.1. Betty Sofía Cáceres Manrique fue asistente de la Subdirección del Centro
Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca mientras laboró el demandante
y apoyó los procesos de gestión presupuestal y de talento humano. Las asignaciones
presupuestales de este centro de formación aproximadamente fueron de 15 mil
millones en 2017, y de 8 mil millones en 2018. Esto en atención a que en la subdirección
de Óscar Alfonso en el año 2017 se hizo una gestión para la adquisición de unos
equipos para modernización de ambientes de formación e innovación, razón probable
de que en el año 2018 disminuyó la asignación de recursos. Sin embargo, respecto de
los del año 2017 sí se tuvo que hacer la devolución porque la asignación se hizo en
agosto y al subdirector lo declararon insubsistente en octubre; por ende, el nuevo
subdirector dio la orden de que se centralizaran los recursos porque no se alcanzaban
a ejecutar y quedaban procesos grandes que requerían mayor tiempo. Los recursos
que tuvieron mayor afectación en la ejecución presupuestal correspondían a la compra
de maquinaria de equipos, por lo que para el año 2017, el área especializada del centro
de formación [diseño y manufactura industrial] sí tuvo incidencia en la asignación de
los recursos. Para el año 2018, no volvieron a asignarlos y hubo disminución en otros
rubros; circunstancia que también dependía de la gestión a cargo de los subdirectores
de centro ante la dirección general.
Luego de la declaratoria de insubsistencia de Óscar Alfonso nombraron subdirectora
en encargo a Patricia Rodríguez y a Juan Manuel Castillo, en propiedad. El cambio de
los subdirectores puede incidir en la ejecución de los recursos por la gestión que ellos
realizan ante las entidades.
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
54.20.2. Javier Díaz Díaz trabajó como ingeniero de sistemas en carrera administrativa
del Sena, en el Centro de Formación de Floridablanca durante todo el período en que
el demandante ejerció la subdirección [4 años], hizo parte del equipo gestor y tenía las
funciones de coordinación de la institución, por ende orientadas a temas misionales y
de gestión de recursos, sin que tuviera clara la relación entre la asignación de los
recursos y la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de subdirector. Fue parte
del equipo señalado hasta diciembre de 2017 y evidenció que con el cambio de
administración los recursos fueron devueltos a la dirección general, por lo que no se
pudo comprar la maquinaria pesada. En su criterio, la calidad de la prestación del
servicio después de la insubsistencia desmejoró desde el ámbito de la ejecución
presupuestal, así como en otros sectores tales como la compra de equipos para
tecnoparque, sin que pudiera especificar otra.
54.20.3. David Hernando Suárez Gutiérrez, abogado asesor, quien se desempeñó
como director regional del Centro de Formación de Floridablanca en virtud de un
proceso de selección con base en el criterio del mérito, destacó que Óscar Alfonso
Peña desarrolló sus funciones de manera eficiente, en tanto era muy trabajador y
metódico. En octubre de 2017, se publicó un artículo de «La Silla Vacía» en el que se
refirió a la recolección de firmas para Vargas Lleras como presidente, por lo que, debido
a su empleo le fue solicitado un informe sobre al respecto y posterior a este, se declaró
la insubsistencia de su nombramiento. En algunos sectores productivos en los que
trabajó el demandante, tales como calzado, cuero, marroquinería, confecciones, se
exaltó su labor en todo momento y nunca tuvo llamados de atención ni procesos
disciplinarios.
En lo concerniente a la relación entre el artículo periodístico y el retiro del demandante,
sostuvo que fue de orden cronológico, a saber: primero, la publicación a la que también
se hizo referencia en Noticias Uno; segundo, el informe a solicitud de la Dirección
general del Sena sobre los hechos aducidos y, tercero, la declaratoria de
insubsistencia. Pese a que Óscar Alfonso Peña se encontraba en vacaciones para esa
fecha, por la gravedad del asunto fue informado y existió un diálogo entre ambos. Una
vez el demandante se reincorporó al ejercicio de sus funciones, revisaron qué estaba
sucediendo en el centro de formación y en todo caso, manifestó acogerse a lo señalado
al informe rendido por escrito rendido a la Dirección Regional del Sena, pues ocurrió
hace 7 años. Frente a una pregunta de la parte demandante sobre la reunión con Óscar
Alfonso Peña Amaya luego de la finalización del período de vacaciones, sostuvo: «la
verdad no recuerdo muy bien, esa reunión sucedió hace 7 años, el resultado de ese informe
fue enviado a la dirección general del Sena, por supuesto que nos preocupó esa situación y
máxime cuando él estaba de vacaciones, y él era un buen funcionario y desarrolló su función
con compromiso, hay que tener en cuenta una situación y es que en ese momento no estaba
en elecciones y no tenía una prohibición de absolutamente nada; creo que lo que se menciona
en ese escrito de La Silla Vacía, es que estaban en una pre de recolección de firmas, pero
realmente no había ninguna prohibición legal porque Óscar estaba de vacaciones».
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
Asimismo, con posterioridad a la declaratoria de insubsistencia, la directora nacional
del Sena envió un correo a todos los funcionarios a nivel nacional y «d[io] a entender que
la declaratoria de insubsistencia se deb[ió] a la publicación de «La Silla Vacía» y esta hablaba
de la recolección de firmas del candidato Germán Vargas Lleras». En relación con estos
hechos se inició un proceso disciplinario ante la Procuraduría, el cual se archivó por
falta de pruebas.
En la pregunta realizada por la entidad, concerniente a si tuvo conocimiento directo
sobre las razones en que se fundamentó la insubsistencia a través del acto
administrativo acusado, manifestó «no, porque es una facultad discrecional».
54.21. En virtud de la prueba decretada a solicitud de la parte demandante, en relación
con la petición de información presentada por Óscar Alfonso Peña Amaya ante el Sena
el 9 de abril de 2018 con radicado 1-2019-001990, solicitó:
«1. Presupuesto asignado al Centro industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca,
para la vigencia 2013 a 2018 por los siguientes rubros: contratación de Instructores,
servicios Personales Indirectos, Gastos Bienestar alumnos, servicios personales - Gastos
Bienestar Alumnos, Materiales de formación y Apoyos de sostenimiento, por cada uno de
los programas que maneja el Centro referido.
2. Presupuesto asignado en Apertura al Centro industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca, en las vigencias 2013 a 2018.
3. Relación del Presupuesto de apertura asignado al Centro industrial del Diseño y la
Manufactura de Floridablanca, presupuesto final al cierre de vigencia, si se centralizó
presupuesto durante la vigencia 2017, indicar la justificación de la centralización.
4. Presupuesto asignado al Centro industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca,
después de apertura en la vigencia 2017 y destinación de los recursos asignados.
5. Comparación del presupuesto asignado Centro industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca, en las vigencias 2017 y 2018, indicando las diferencias porcentuales por
rubro.
6. Contratos Celebrados por los rubros mencionados en los que se indique duración, valor
mensual, Valor Total, objeto del Contrato, número del Contrato y contratista, para las
vigencias 2017 y 2018.
7. Relación de contratos celebrados por el Centro industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca en la vigencia 2018 (servicios personales, bienes y servicios, y demás) a la
fecha indicando objeto, duración y valor.
8. Relación de contratistas nuevos para el Centro de Formación Industrial del Diseño y la
Manufactura para la vigencia 2018, indicando número de contrato, objeto, valor mensual,
valor total y duración del contrato.
9. Relación de personas que no fueron contratadas en la vigencia 2018 en el Centro de
Formación Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca y que venían prestando
sus servicios al Centro por 2 o más años consecutivos.
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
10. Relación de personas contratadas para el área de bienestar al aprendiz en el Centro de
Formación Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca, indicando si es nuevo o
prestaba antes sus servicios al Centro de Formación.
11. Relación de reservas constituidas para la vigencia 2018, indicando valor, tipo de
contratación, tiempo de ejecución del contrato y justificación de la reserva.
12. Relación de contratación, plan de compras y plan anual de adquisiciones, según lo
incluido en el aplicativo Plan de Acción 2018 (por favor incluir pantallazos) […]».
54.22. Al respecto, la subdirectora (e) del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
allegó el Oficio 2-2018-00456 del 23 de abril de 2018, por el cual adjuntó la información
requerida por el demandante, la cual se resume a continuación:
En primer lugar, la ejecución presupuestal durante los años 2013 a 2017, en los que el
demandante ejerció como subdirector del señalado centro de formación profesional y,
la del año 2018, posterior a su retiro, según se resume a continuación:
Durante el ejercicio del empleo de subdirector de centro, grado 2 por parte del demandante
Año fiscal Apropiación % Ejecución % Ejecución
(ene - dic) vigente Compromiso presupuestal Pagos de pagos
2013 $4.839.712.934 $4.831.987.241 99,84 $4.751.958.406 99,84
2014 $6.708.897.869 $6.708.850.900 100 $6.632.987.443 98,87
2015 $6.899.717.049 $6.899.131.215 99,99 $6.899.131.215 99,93
2016 $8.789.640.926 $8.786.068.403 99,96 $8.785.034.224 99,95
2017 $9.514.203.583 $9.490.485.837 99,75 $9.489.821.892 99,74
Posterior a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del demandante
2018 (abril) $7.075.492.264 $5.252.297.982 74,23 $1.433.488.382 20,26
54.23. En relación con la comparación de los presupuestos de los años 2017 y 2018,
discriminado por rubro se informó:
«[…]
Rubro Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Diferencia
porcentual
Contratación de instructores $ 149.577.737,00 $ 149.555.175,00 -0,02%
Viáticos y gastos de viaje al interior
$ 27.121.578,00 $ 3.738.879,00 -86,21%
formación profesional
Materiales para formación profesional $ 37.502.414,00 $ 44.866.553,00 19,64%
Viáticos y gastos de viaje sindicales $ 3.000.000,00 $ 0,00 -100,00%
Otras comunicaciones y transporte $ 9.045.000,00 $ 0,00 -100,00%
Tutores virtuales $ 208.458.954,00 $ 0,00 -100,00%
Otros gastos asociados a la nómina $ 7.834.029,00 $ 9.417.205,00 20,21%
Contratación de instructores $ 1.916.078.884,00 $ 1.161.826.737,00 -39,36%
Gastos bienestar alumnos $ 201.659.844,00 $ 185.220.000,00 -8,15%
Viáticos y gastos de viaje al interior área
$ 37.131.682,00 $ 28.122.023,00 -24,26%
administrativa
Viáticos y gastos de viaje al interior
$ 78.234.000,00 $ 77.943.186,00 -0,37%
formación profesional
Otros materiales y suministros $ 4.030.000,00 $ 10.000.000,00 148,14%
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
Materiales para formación profesional $ 94.170.000,00 $ 0,00 -100,00%
Servicios personales - gastos bienestar
$ 192.749.894,00 $ 198.530.000,00 3,00%
aprendices
Otros gastos por impresos y
$ 17.583.700,00 $ 22.000.000,00 25,12%
publicaciones
Mantenimiento de maquinaria, equipo,
$ 107.401.000,00 $ 67.401.000,00 -37,24%
transporte y software
Giras técnicas $ 17.253.000,00 $ 19.920.000,00 15,46%
Servicios personales indirectos $ 775.526.245,00 $ 560.428.900,00 -27,74%
Contratación de instructores $ 4.364.983,00 -100,00%
Materiales para formación profesional $ 214.951.117,00 $ 186.695.600,00 -13,15%
Monitores $ 35.940.000,00 $ 24.023.000,00 -33,16%
Servicios personales indirectos $ 5.564.208,00 $ 0,00 -100,00%
Equipo de construcción $ 111.279.036,00 $ 0,00 -100,00%
Apoyos de sostenimiento - alumnos $ 2.004.597.436,00 $ 354.605.592,00 -82,31%
Contratación de instructores $ 1.375.796.610,00 $ 1.424.972.600,00 3,57%
Giras técnicas $ 136.988.140,00 $ 126.290.020,00 -7,81%
Compra de elementos de protección y
$ 89.308.797,00 $ 92.501.000,00 3,57%
dotación - aprendices
Materiales para formación profesional $ 653.446.239,00 $ 668.091.600,00 2,24%
Compra de elementos de protección y
$ 34.425.173,00 $ 36.743.350,00 6,73%
dotación - aprendices
Apoyos de sostenimiento - alumnos $ 193.097.673,00 $ 192.566.007,00 -0,28%
Mantenimiento de maquinaria, equipo,
$ 48.581.893,00 $ 20.000.000,00 -58,83%
transporte y software
Materiales para formación profesional $ 483.250.000,00 $ 161.650.000,00 -66,55%
Viáticos y gastos de viaje al interior
$ 92.311.404,00 $ 54.043.290,00 -41,46%
formación profesional
Viáticos y gastos de viaje al interior área
$ 637.552,00 -100,00%
administrativa
Divulgación de actividades de gestión
$ 1.783.380,00 $ 2.600.000,00 45,79%
institucional
Viáticos y gastos de viaje al interior
$ 12.929.446,00 $ 11.135.586,00 -13,87%
formación profesional
Servicios personales indirectos $ 186.273.333,00 $ 231.492.500,00 24,28%
Mobiliario y enseres $ 74.340.000,00 $ 0,00 -100,00%
Equipo de comunicaciones $ 1.600.000,00 $ 0,00 -100,00%
Otras compras de equipos $ 34.999.685,00 $ 0,00 -100,00%
Mobiliario y enseres $ 78.905.000,00 $ 0,00 -100,00%
Mantenimiento de maquinaria, equipo,
$ 104.507.744,00 $ 180.575.000,00 72,79%
transporte y software
Servicios personales indirectos $ 1.006.756.643,00 $ 994.885.000,00 -1,18%
Materiales para formación profesional $ 220.500.167,00 $ 367.606.000,00 66,71%
Maquinaria industrial $ 42.245.000,00 $ 17.800.000,00 -57,86%
Otros gastos por impresos y
$ 6.000.000,00 $ 0,00 -100,00%
publicaciones
Divulgación de actividades de gestión
$ 106.677.505,00 $ 45.000.000,00 -57,82%
institucional
Viáticos y gastos de viaje al interior
$ 88.021.680,00 $ 77.435.300,00 -12,03%
formación profesional
Otras compras de equipos $ 3.775.549.573,00 $ 147.491.000,00 -96,09%
Gastos bienestar alumnos $ 138.305.847,00 $ 62.500.000,00 -54,81%
Equipo de sistemas $ 63.658.816,00 $ 0,00 -100,00%
Mantenimiento de bienes inmuebles $ 126.162.731,00 $ 51.288.593,00 -59,35%
Adecuaciones y construcciones $ 10.700.000,00 $ 27.900.000,00 160,75%
Otros servicios públicos $ 8.710.000,00 100,00%
Gastos bienestar alumnos $ 130.000.000,00 100,00%
Mantenimiento de maquinaria, equipo,
$ 200.000.000,00 100,00%
transporte y software
Monitores $ 7.000.000,00 100,00%
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO $ 15.448.814.772,00 $ 8.444.570.696,00 -45,34%
[…]»
54.24. En relación con el presupuesto de apertura para la vigencia fiscal asignado al
Centro industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca de 2017, así como los
recursos centralizados y la justificación, se indicó:
«[…]
Descripción Presupuesto inicial Presupuesto Presupuesto Apropiación vigente Justificación de
adicionado centralizado presupuesto
centralizado
Saldo que por
Contratación de
$ 150.009.750,00 $ 0,00 $ 432.013,00 $ 149.577.737,00 el monto no se
instructores
ejecutó
Viáticos y gastos
de viaje al
interior $ 3.750.244,00 $ 23.371.334,00 $ 0,00 $ 27.121.578,00
formación
profesional
Servicios Dirección
personales $ 36.800.000,00 $ 0,00 $ 36.800.000,00 $ 0,00 General solicitó
indirectos centralización
Materiales para
formación $ 37.502.438,00 $ 0,00 $ 24,00 $ 37.502.414,00
profesional
Viáticos y gastos Valor no
de viaje $ 0,00 $ 5.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 3.000.000,00 ejecutado en la
sindicales vigencia
Otros Saldo que por
comunicaciones $ 10.000.000,00 $ 0,00 $ 955.000,00 $ 9.045.000,00 el monto no se
y transporte ejecutó
Valor no
Tutores virtuales $ 210.998.000,00 $ 684.616,00 $ 3.223.662,00 $ 208.458.954,00 ejecutado en la
vigencia
Otros gastos Valor no
asociados a la $ 6.515.000,00 $ 2.400.000,00 $ 1.080.971,00 $ 7.834.029,00 ejecutado en la
nomina vigencia
Valor no
Contratación de
$ 1.348.395.000,00 $ 590.857.711,00 $ 23.173.827,00 $ 1.916.078.884,00 ejecutado en la
instructores
vigencia
Solicitud de
Gastos
traslado a otro
bienestar $ 148.374.000,00 $ 63.288.604,00 $ 10.002.760,00 $ 201.659.844,00
centro de
alumnos
formación
Viáticos y gastos
de viaje al
$ 23.516.000,00 $ 13.615.682,00 $ 0,00 $ 37.131.682,00
interior área
administrativa
Viáticos y gastos
Solicitud de
de viaje al
traslado a otro
interior $ 78.234.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 78.234.000,00
rubro para su
formación
ejecución
profesional
Otros materiales
$ 0,00 $ 4.030.000,00 $ 0,00 $ 4.030.000,00
y suministros
Materiales para
formación $ 29.519.000,00 $ 64.651.000,00 $ 0,00 $ 94.170.000,00
profesional
Servicios saldo que por
personales - el monto no se
$ 192.808.000,00 $ 0,00 $ 58.106,00 $ 192.749.894,00
gastos bienestar ejecutó por el
aprendices Centro
Otros gastos por
impresos y $ 7.584.000,00 $ 10.000.000,00 $ 300,00 $ 17.583.700,00
publicaciones
Mantenimiento
de maquinaria,
equipo, $ 10.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 0,00 $ 50.000.000,00
transporte y
software
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
Giras técnicas $ 17.253.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.253.000,00
Servicios
personales $ 694.570.000,00 $ 80.956.245,00 $ 0,00 $ 775.526.245,00
indirectos
Contratación de
$ 0,00 $ 4.364.983,00 $ 0,00 $ 4.364.983,00
instructores
saldo que por
Materiales para
el monto no se
formación $ 224.538.000,00 $ 0,00 $ 9.586.883,00 $ 214.951.117,00
ejecutó por el
profesional
Centro
Monitores $ 35.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940.000,00
Mantenimiento valor
de maquinaria, trasladado a la
equipo, $ 67.401.000,00 $ 0,00 $ 10.000.000,00 $ 57.401.000,00 Regional para
transporte y contrato
software conjunto
Servicios saldo que por
personales $ 0,00 $ 9.035.955,00 $ 3.471.747,00 $ 5.564.208,00 el monto no se
indirectos ejecutó
Se solicitó
Centralizar
porque se
Equipo de
$ 0,00 $ 583.000.000,00 $ 471.720.964,00 $ 111.279.036,00 alcanzó a
construcción
ejecutar por
cambio de
Subdirector
saldo que por
Apoyos de
el monto no se
sostenimiento - $ 2.031.901.400,00 $ 1.106.575,00 $ 28.410.539,00 $ 2.004.597.436,00
ejecutó por el
alumnos
Centro
los recursos se
Contratación de
$ 1.370.071.400,00 $ 14.190.692,00 $ 8.465.482,00 $ 1.375.796.610,00 asignaron a
instructores
última hora
saldo en rubro
Giras técnicas $ 81.855.600,00 $ 60.788.000,00 $ 5.655.460,00 $ 136.988.140,00 (recurso no
ejecutado)
Compra de
elementos de
protección y $ 89.314.300,00 $ 0,00 $ 5.503,00 $ 89.308.797,00 saldo en rubro
dotación -
aprendices
traslado a la
Regional para
Materiales para
contrato
formación $ 685.035.700,00 $ 28.410.539,00 $ 60.000.000,00 $ 653.446.239,00
conjunto de
profesional
combustibles
para formación.
Compra de
elementos de
protección y $ 0,00 $ 34.425.173,00 $ 0,00 $ 34.425.173,00
dotación -
aprendices
Apoyos de
sostenimiento - $ 162.297.520,00 $ 38.389.419,00 $ 7.589.266,00 $ 193.097.673,00 saldo en rubro
alumnos
Mantenimiento
de maquinaria,
equipo, $ 48.581.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.581.893,00
transporte y
software
Materiales para
formación $ 180.185.034,00 $ 303.064.966,00 $ 0,00 $ 483.250.000,00
profesional
Viáticos y gastos Traslado a la
de viaje al Regional para
interior $ 84.800.026,00 $ 17.311.378,00 $ 9.800.000,00 $ 92.311.404,00 adicionar
formación contrato de
profesional tiquetes
Viáticos y gastos
de viaje al
$ 0,00 $ 639.175,00 $ 1.623,00 $ 637.552,00 saldo en rubro
interior área
administrativa
Divulgación de
actividades de
$ 0,00 $ 1.800.000,00 $ 16.620,00 $ 1.783.380,00 saldo en rubro
gestión
institucional
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
Viáticos y gastos
de viaje al
interior $ 1.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 70.554,00 $ 12.929.446,00 saldo en rubro
formación
profesional
Servicios
personales $ 124.200.000,00 $ 64.105.842,00 $ 2.032.509,00 $ 186.273.333,00 saldo en rubro
indirectos
Se solicitó
Centralizar
porque se
Equipo de
$ 0,00 $ 52.132.080,00 $ 52.132.080,00 $ 0,00 alcanzó a
sistemas
ejecutar por
cambio de
Subdirector
Se solicitó
Centralizar
porque se
Mobiliario y
$ 0,00 $ 338.238.474,00 $ 263.898.474,00 $ 74.340.000,00 alcanzó a
enseres
ejecutar por
cambio de
Subdirector
Equipo de
$ 0,00 $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 1.600.000,00
comunicaciones
Se solicitó
Centralizar
porque se
Otras compras
$ 0,00 $ 57.489.212,00 $ 22.489.527,00 $ 34.999.685,00 alcanzó a
de equipos
ejecutar por
cambio de
Subdirector
Se solicitó
Centralizar
porque se
Mobiliario y
$ 0,00 $ 106.500.000,00 $ 27.595.000,00 $ 78.905.000,00 alcanzó a
enseres
ejecutar por
cambio de
Subdirector
Mantenimiento
de maquinaria, traslado de
equipo, $ 115.000.000,00 $ 2.026.214,00 $ 12.518.470,00 $ 104.507.744,00 Rubro para su
transporte y ejecución
software
Servicios traslado de
personales $ 1.206.482.613,00 $ 0,00 $ 199.725.970,00 $ 1.006.756.643,00 Rubro para su
indirectos ejecución
Otros traslado de
comunicaciones $ 10.000.000,00 $ 0,00 $ 10.000.000,00 $ 0,00 Rubro para su
y transporte ejecución
Materiales para
formación $ 220.843.737,00 $ 0,00 $ 343.570,00 $ 220.500.167,00 saldo en rubro
profesional
Maquinaria
$ 45.000.000,00 $ 0,00 $ 2.755.000,00 $ 42.245.000,00 saldo en rubro
industrial
Otros gastos por
impresos y $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000,00
publicaciones
Divulgación de
actividades de
$ 35.000.000,00 $ 77.051.955,00 $ 5.374.450,00 $ 106.677.505,00 saldo en rubro
gestión
institucional
Viáticos y gastos
de viaje al
interior $ 8.051.534,00 $ 82.944.446,00 $ 2.974.300,00 $ 88.021.680,00 saldo en rubro
formación
profesional
Se solicitó
Centralizar
porque se
Otras compras
$ 460.104.729,00 $ 4.619.941.539,00 $ 1.304.496.695,00 $ 3.775.549.573,00 alcanzó a
de equipos
ejecutar por
cambio de
Subdirector
Gastos traslado de
bienestar $ 0,00 $ 163.305.847,85 $ 25.000.000,85 $ 138.305.847,00 Rubro para su
alumnos ejecución
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
se solicitó
Equipo de
$ 0,00 $ 1.025.394.440,00 $ 961.735.624,00 $ 63.658.816,00 traslado de
sistemas
rubro
Software $ 0,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 0,00
Mantenimiento
de bienes $ 0,00 $ 126.162.731,00 $ 0,00 $ 126.162.731,00
inmuebles
Adecuaciones y
$ 0,00 $ 10.700.000,00 $ 0,00 $ 10.700.000,00
construcciones
$10.299.932.918 $8.745.474.828 $3.596.592.974 $15.448.814.772
[…]»
54.25. Asimismo, se allegó la lista de los contratos discriminados por rubro para las
vigencias fiscales de los años 2017 (197) y 2018 (243), y frente a este último año, la
relación de los «contratistas no contratados» (54), de los contratos relacionados con el
bienestar de los aprendices (8) y de aquellos de compraventa y suministro para la
compra de equipos, maquinaria y herramientas de ciencia, innovación y tecnología
para dotar nuevos tecno-parques y tecno-academias del Sena.
54.26. Certificación suscrita el 28 de abril de 2023 por la jefe de la Oficina de Control
Interno Disciplinario, por el cual informó que Óscar Alfonso Peña Amaya no registraba
sanción disciplinaria alguna, y de acuerdo con el certificado de antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación tampoco sanciones ni
inhabilidades vigentes.
54.27. Actos de nombramiento de Celia Patricia Rodríguez Martínez como subdirectora
de centro grado 2 del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de la regional
Santander, así:
Resolución Situación administrativa Acta de posesión
1869 del 12/10/11 Encargo durante la comisión de servicios 14 del 13/10/2011
en el exterior de José Antonio Forero López
2067 del 24/10/12 Encargo durante el período de vacaciones 6 del 24/10/2012
de José Antonio Forero López
2478 del 29/12/17 Encargo por el término de 3 meses 149 del 02/01/2018
495 del 23/03/18 Prórroga por el término de 3 meses
1048 del 28/06/18 Encargo por el término de 3 meses 111 del 28/06/2018
1673 del 27/09/18 Encargo por el término de 3 meses 196 del 28/09/2018
2.3.2. Análisis de la Sala
55. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, en
consideración a que el empleo en el que fue designado el demandante era de libre
nombramiento y remoción, de conformidad con la Ley 909 de 2004, artículos 5, numeral
2, 23, 47 y 49, sin que se configurara la causal de desviación de poder, comoquiera
que aun cuando según las calificaciones de servicio y los testimonios, se destacó por
su excelente desempeño profesional, no demostró un desmejoramiento del servicio
con ocasión de su retiro ni conllevó a la convicción sobre la afirmación atinente a que
la insubsistencia de su nombramiento hubiese ocultado fines distintos de aquél.
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
56. El demandante solicitó que se revocara la decisión adoptada en primera instancia,
al considerar que en esa providencia no fueron valorados en su integridad los
elementos de prueba aportados al proceso. En primer lugar, porque su empleo no era
de libre nombramiento y remoción sino de carrera, en atención a que «el ingreso al cargo
de subdirector fue a través de concurso de méritos», razón por la cual el acto debió ser
motivado y además oído en descargos antes de tomar la decisión.
57. Frente a este primer argumento de la apelación, la Subsección establece que, como
se expuso en forma previa, el cargo de subdirector grado 2 del Centro de Formación
Profesional Integral desempeñado por Óscar Alfonso Peña Amaya era un empleo de
libre nombramiento y remoción, tal y como quedó expuesto en forma expresa en la
Resolución 749 del 24 de mayo de 2013 que dio apertura al proceso de selección
meritocrático de acuerdo con lo señalado en el artículo 26 del Decreto 249 del 28 de
enero de 2004, en consonancia con los artículos 5 y 47, numeral 2, de la Ley 909 de
2004.
58. Asimismo, su nombramiento fue de carácter ordinario, como se evidenció de la
Resolución 1927 del 12 de noviembre de 2013 y el acta de posesión. Ciertamente el
director general del Sena ostentaba la facultad nominadora y la declaratoria de
insubsistencia procedía de forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones, razón
por la cual no debía agotarse la diligencia de descargos, y en tal sentido, no existió la
vulneración del debido proceso.
59. Lo anterior en atención a que la especial confianza del nominador en el servidor
público de libre nombramiento y remoción es lo que justifica su permanencia en el cargo
y habilita al nominador para disponer su retiro de manera discrecional, sin que sea
necesario u obligatorio expresar los motivos que lo llevan a adoptar tal decisión, en
tanto se presume que es emitida en aras de mejorar el servicio público, tal como lo ha
sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado75 y la Corte Constitucional76.
59.1. Ahora bien, el demandante alegó que de acuerdo con los medios de prueba
aportados al proceso se acreditaron las razones ocultas del acto acusado y que fueron
evidenciados en los dos artículos de prensa, a saber: i) aquel publicado por «La Silla
Vacía» el 13 de octubre de 2017, concerniente a «las peleas políticas que existieron entre
el saliente director general del Sena, Dr. Alfonso Prada y la directora que lo reemplazó, Dra.
María Andrea Nieto, utilizando esta última como excusa una publicación periodística sobre la
supuesta corrupción y participación obligada en política de algunos contratistas que prestaban
sus servicios en algunos centros de formación del Sena en Santander, entre ellos, el de
Floridablanca»; y ii) la entrevista a la directora de la entidad que originó el artículo «[p]erdí
la confianza» publicado el 28 de octubre de 2017 en la revista «Semana», el cual fue
remitido por correo electrónico el 30 de octubre siguiente a toda la comunidad del
Sena, con el asunto denominado «[m]ensaje desde el Despacho de la Dirección General».
75
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de febrero de 2023, radicación
2019-01708-01 (2994-2022)
76
Sentencia C-553 de 2010, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
60. En cuanto al primero de aquellos, la Sala encuentra que en efecto, como lo señaló
el tribunal de instancia, tanto en el artículo titulado «[e]n el Sena Santander le están
recogiendo firmas a Vargas Lleras» publicado el 13 de octubre de 2017 en el periódico
digital «La Silla Vacía», como en el informe rendido por el director regional de Santander,
David Hernando Suárez Gutiérrez, no se hizo referencia alguna al demandante, más
allá de la reunión que sobre el particular existió con los subdirectores de los centros de
formación profesional de Bucaramanga y Floridablanca, a la que también hizo
referencia en el testimonio rendido dentro del sub lite y respecto del cual remitió copia
a la oficina de control interno disciplinario, sin que a la fecha existiera sanción alguna,
de acuerdo con lo expuesto por el jefe de esa oficina en la certificación del 28 de abril
de 2023.
61. Si bien en la apelación indicó que la entrevista concedida por la directora general
del Sena el 28 de octubre de 2017 y remitida a toda la comunidad del Sena el 30 de
octubre siguiente, la Subsección evidenció que la publicación a la que hizo alusión
tanto en la demanda como en la publicación [hecho 28] ocurrió el 2 de noviembre de
201777 y la declaratoria de insubsistencia acaeció el 17 de octubre de 2017.
62. De este modo, no puede existir una relación de causalidad lógica entre los hechos
indicativos de la supuesta desviación de poder -el artículo de prensa titulado «[p]erdí la
confianza: directora del Sena», puesto que este es posterior, máxime cuando en esta
se refirió fue a la pérdida de confianza del gobierno frente a aquella directiva y no frente
al demandante, a quien solo se le mencionó para señalar que «[e]ra el subdirector del
centro de formación de Floridablanca, Santander, también declarado insubsistente hace dos
semanas».
63. Valga la pena precisar que la introducción del artículo fue acerca de las
especulaciones «sobre el poder que tiene Alfonso Prada en el SENA y […] la gente que
contrató durante su administración»; sin embargo, se evidenció del acto de nombramiento
[Resolución 1927 del 12 de noviembre de 2013] que este fue expedido por la entonces
directora general del Sena, Gina María Parody d´Echeona, razón por la cual tampoco
encuentra asidero el argumento concerniente a que la insubsistencia obedeció a «las
peleas políticas que existieron entre el saliente director general del Sena, Dr. Alfonso Prada y
la directora que lo reemplazó, Dra. María Andrea Nieto, utilizando esta última como excusa una
publicación periodística sobre la supuesta corrupción y participación obligada en política de
algunos contratistas que prestaban sus servicios en algunos centros de formación del Sena en
Santander, entre ellos, el de Floridablanca».
64. En igual sentido, el correo electrónico al que se refirió en el hecho 29 de la demanda
remitido por la directora general del Sena, «en el cual adjunt[ó] un link con la entrevista de
la revista Semana, institucionalizando así, cuáles fueron las verdaderas causas que
conllevaron la declaratoria de insubsistencia del demandante», la Sala de decisión observó
77
El artículo puede ser consultado en el link: https://www.semana.com/directora-del-sena-maria-
andrea-nieto-es-declarada-insubsistente/545774/
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que su contenido se relacionó con una noticia atinente a los salarios de dos personas
de la entidad cuyo monto excedía el límite legal a la que se hizo mención de forma
expresa, de manera que tampoco se acreditó lo afirmado por el demandante.
65. En su criterio «también se logró probar la desmejora en el servicio público que presta el
Sena (formación profesional integral) en el centro de formación de Floridablanca en el cual el
demandante fungió como subdirector con excelentes resultados» en razón del constante
cambio de subdirectores nombrados posteriormente a la declaratoria de
insubsistencia, pues «encargaron 3 subdirectores de octubre a diciembre de 2017, [así]
como su falta de conocimiento, ya que varios de ellos trabajaban en el Sena en Bogotá y no
eran de este departamento ni dominaban el sector económico que representaba la
correspondiente institución [calzado, marroquinería, joyería, etc.]».
66. La Sala estima que aun cuando se aportaron los actos en virtud de los cuales se
nombró a Celia Patricia Rodríguez Martínez en encargo de José Antonio Forero López
y luego por virtud de la vacancia definitiva del empleo, no es suficiente para concluir
que el cambio de personal es una consecuencia necesaria del mal desempeño de
quien lo ocupa. Esto debido a que en el presente caso ocurrieron en el marco
vacancias temporales generadas por situaciones administrativas de quien ostentaba
el cargo en propiedad y del proceso de designación destinado a proveer la vacante
definitiva causada por la desvinculación del demandante, esta última, teniendo en
cuenta que las normas que regulan la materia prevén la posibilidad de que se realicen
designaciones temporales, como sucede con la figura del encargo que tiene como
límite temporal el término de 3 meses, prorrogable por tres 3 meses más78.
67. En esa misma línea sostuvo el apelante, que la reducción significativa de la
asignación presupuestal, «alrededor del 50% menos entre 2017 y 2018» como
consecuencia de la falta de planeación y ejecución sí conllevó a la «notoria y probada
desmejora en la calidad de la prestación de servicios de formación profesional». Esto en la
medida en que para la fecha de ingreso [13 de noviembre de 2013] tuvo un
presupuesto de $6.876.841,857 a $16.147.233,646 en el 2017, año en que fue
declarado insubsistente. Contrario a ello, para el 2018 [año siguiente a la
desvinculación], «fue un poco más de $8.100.000; lo que represent[ó] una reducción de más
del 50% de un año a otro. Así se logró demostrar con prueba documental que se solicitó
directamente al Sena, en temas contables», sin que el a quo hiciera alusión a ello, como
tampoco analizó los testimonios rendidos en el proceso.
68. Sobre el particular, se observó que los testimonios de Betty Sofía Cáceres Manrique
y Javier Díaz Díaz coincidieron en señalar que la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento de Óscar Alfonso Peña Amaya conllevó una desmejora del servicio,
comoquiera que existió una disminución considerable de la asignación presupuestal
entre 2017 y 2018.
69. Al respecto, la Subsección evidenció que de acuerdo con el Manual Específico de
78
Artículo 24 de la Ley 909 de 2004.
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Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal
del Sena79, dentro de las funciones del empleo de subdirector grado 2 de los centros
de formación profesional, se encuentra la atinente a «[a]probar la ejecución presupuestal
del centro garantizando una administración eficiente de los flujos de ingresos y gastos de
acuerdo con lo presupuestado, logrando la implementación de lo planeado».
70. De ahí que su labor está limitada a la aprobación de la ejecución de los recursos
que ya se encuentran asegurados desde la etapa de planeación del presupuesto, en
la que se incorporan los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias
técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación,
de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes, según el principio
de planificación del sistema presupuestal y el mandato de programación integral
establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto80.
71. Así las cosas, la gestión del subdirector de centro grado 2, de acuerdo con la labor
asignada por el manual de funciones de la entidad no se puede medir por la
apropiación presupuestal sino por la ejecución, pues esa es su responsabilidad.
72. En ese escenario, la Subsección encontró que al proceso se allegó la relación de
la ejecución presupuestal por las vigencias fiscales de los años 2013 a 2017 [enero
a diciembre], en los que el demandante ejerció como subdirector y cuyo porcentaje
de ejecución presupuestal fue en promedio del 99,9; e igualmente se allegó la del
2018 con un porcentaje del 72,23%; sin embargo, este último fue el reporte a abril
de 201881, cuando todavía no se había cerrado el año fiscal, circunstancia que
ocurrió el 31 de diciembre de cada año82, por ende esa prueba documental tampoco
desvirtuó la presunción de los fines de mejoramiento del servicio respecto del acto
demandado.
73. En consecuencia, se concluye que Óscar Alfonso Peña Amaya no probó que la
autoridad nominadora actuara con desviación de poder o alejada de las atribuciones
que le otorga la ley para el ejercicio de la facultad discrecional.
74. Así las cosas, la Sala encuentra que no se acreditó la desviación del poder ni la
infracción de las normas en que debía fundarse la Resolución 1822 del 17 de octubre
de 2017, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de Óscar
Alfonso Peña Amaya en el cargo de subdirector del Centro Industrial de Diseño y la
Manufactura de la Regional Santander del Sena, pues obedeció a la facultad
discrecional del nominador, como elemento esencial del empleo de libre nombramiento
79
Resolución 1458 del 30 de agosto de 2017
80
Decreto 111 de 1996, artículos 13 y 17
81
Debido a que el oficio en virtud del cual se allegó la información es del 23 de abril de 2018.
82
Decreto 111 de 1996
«Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año
fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán
sin excepción (L. 38/89, art. 10)».
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Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
y remoción derivado de la naturaleza misma del cargo previsto en la ley. Por
consiguiente se conformará la sentencia de primera instancia, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
75. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
76. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
77. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma21.
78. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
79. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará la decisión del tribunal de condenar en costas y
se abstendrá de condena en costas en esta instancia.
80. La Sala encuentra que no se acreditó la desviación del poder ni la infracción de las
normas en que debía fundarse la Resolución 1822 del 17 de octubre de 2017, por
medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de Óscar Alfonso Peña
Amaya en el cargo de subdirector del Centro Industrial de Diseño y la Manufactura de
la Regional Santander del Sena, pues obedeció a la facultad discrecional del
nominador, como elemento esencial del empleo de libre nombramiento y remoción
derivado de la naturaleza misma del cargo previsto en la ley.
81. En esas condiciones, se confirmará parcialmente la sentencia del 5 de septiembre
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00330-02 (0039-2024)
Demandante: Óscar Alfonso Peña Amaya
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda instaurada por Óscar Alfonso Peña Amaya
en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.
82. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. – Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 5 de septiembre
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander que condenó en costas al
demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
En su lugar, no se condena.
Segundo. – Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 5 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, por los motivos expuestos en esta
providencia
Tercero. - Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-
01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
JNFG
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