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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2022-00439-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2022-00439-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda formulada por el señor Boris de Jesús Polo Padrón en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 19 Número interno: 0463-2025 Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2022-00439-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 08001-23-33-000-2022-00439-01 (0463-2025)
Demandante : Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado : Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 2080 de 2021
Tema : Insubsistencia – cargo de libre nombramiento y remoción
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 15 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección “C”, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones1

Boris de Jesús Polo Padrón, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio
de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de la Resolución No. 0035 del 30 de
enero de 2020, expedida por los delegados departamentales del Registrador Nacional
del Atlántico, mediante la cual lo declaró insubsistente del cargo de registrador especial
de la ciudad de Barranquilla, grado 0065-003.

A título de restablecimiento del derecho pidió (i) ser reincorporado en el cargo de
Registrador Especial de la ciudad de Barranquilla, grado 0065-003, hasta tanto se provea
mediante concurso de mérito; pagar los salarios, prestaciones sociales y emolumentos
dejados de percibir desde el 30 de enero de 2020, con la respectiva indexación, hasta la
fecha que se produzca su pago; (ii) que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA; y (iii) se condene a la demandada a pagar las
costas y agencias en derecho causadas.

1
Folios 1 a 12 archivo 001 digital

2

Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

Indicó que, fue nombrado Registrador Especial de Barranquilla mediante resolución del
11 de agosto de 2010, se posesionó el 1° de septiembre de ese año y que su desempeño
fue calificado como sobresaliente, con evaluaciones entre 96 y 100 puntos sobre 100.

Mencionó que según lo previsto en la Ley 1350 de 2009 y la sentencia C-553/2010, los
Registradores Especiales tienen estabilidad laboral, y solo pueden ser desvinculados por
causas específicas como renuncia, destitución por proceso disciplinario, concurso de
méritos, muerte u otras estipuladas en la ley.

Señaló que, el 16 de noviembre de 2016, el Dr. Polo Padrón fue capturado por orden
judicial, pero fue liberado el 22 de noviembre al no encontrarse pruebas en su contra.
Que, al día siguiente, se le abrió una investigación disciplinaria y fue suspendido
provisionalmente, pero esta decisión fue revocada en enero de 2017 por falta de mérito.

Aseveró que, desde noviembre de 2016, enfrentó múltiples procesos disciplinarios y
suspensiones que lo mantuvieron fuera de su cargo y sin salario durante 22 meses.
Finalmente, fue reintegrado al comprobarse la inexistencia de los hechos imputados.

Aduce una persecución laboral sistemática, con el objetivo de removerlo de su cargo, lo
que afectó gravemente su salud mental y física, obligándolo a recibir atención psicológica
y posteriormente presentando problemas cardíacos graves.

Refirió que, el 30 de enero de 2020 fue despedido sin justa causa bajo el argumento de
"falta de confianza", a pesar de su historial sobresaliente y nula relación laboral con uno
de los delegados que firmó su insubsistencia, y que, poco después, el 13 de febrero de
ese mismo año, fue hospitalizado y sometido a una cirugía de corazón abierto debido a
una isquemia aguda, lo que requirió largas incapacidades médicas.

Reprocha que, las razones subyacentes a la declaratoria de insubsistencia del cargo no
obedecen a una verdadera pérdida de confianza, sino que responden a la satisfacción de
intereses político-burocráticos promovidos por el actual Registrador Nacional, Alexander
Vega Rocha, ya que narra que, este funcionario habría utilizado su posición de autoridad
para instruir a los delegados departamentales a fin de declarar insubsistentes a
determinados servidores y proceder a la designación de nuevos funcionarios, en
cumplimiento de compromisos políticos previamente adquiridos, sin consideración alguna
por la estabilidad laboral, el mérito, la trayectoria o las condiciones particulares de los
empleados afectados, como ocurre en el presente caso.

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Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

Que diversos medios de comunicación han documentado y denunciado públicamente la
existencia de estos propósitos político-burocráticos, evidenciando que, desde la llegada
del actual Registrador Nacional, se ha producido el retiro masivo de más de 400
funcionarios en todo el país, sin que se haya valorado su pertenencia a la carrera
administrativa, sus calificaciones de desempeño, experiencia ni formación técnica, en
contravención de los principios que rigen el empleo público y la función administrativa, lo
cual deja ver una desviación de poder en el acto administrativo demandado.

Dijo que el 17 de febrero (sic), presentó solicitud de reconsideración de la resolución
mediante la cual fue declarado insubsistente, obteniendo respuesta el 17 de marzo (sic),
en la que se le negó la posibilidad de reintegro.

Expuso que, al momento del despido, contaba con 59 años y 5 meses, que no había
completado las 1.300 semanas de cotización para acceder a su pensión de vejez a pesar
de encontrarse afiliado al régimen de prima media y que también tenía dos (2) periodos
de vacaciones pendientes de disfrutar, ya que, a pesar de tener resolución, fue revocada
con el fin de materializar la declaratoria de insubsistencia en la fecha prevista por la
entidad.

Finalmente manifestó que, celebró audiencia de conciliación ante la Procuraduría 173
delegada para Conciliación Administrativa el 6 de agosto de 2020, pero se declaró fallida
ante la falta de ánimo conciliatorio de la entidad convocada.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 5°, 13,
29, 93, 229 de la Constitución Política; los artículos 2, 3, 36, 37, 38, 42, 44, 60, 65, 66,
67, 68, 72, 74, 79, 155 numeral 1°, 136 a 139, 206 y ss. del C.P.A.C.A; la Ley 1350 de
2009 y el artículo 8º del Decreto 806 de 2020.

El actor alega que, el acto administrativo acusado contiene un vicio sustancial por falsa
motivación, teniendo en cuenta, que a pesar de existir en la actuación administrativa
pruebas acerca de la particular situación del demandante, la demandada, las ignoró de
plano, como el desconocimiento de normas legales y la jurisprudencia constitucional.

También sostuvo que, el acto acusado carece de motivación o justificación de alguna
naturaleza, ni sustentación razonable y proporcional, con argumentos falaces y sin tener
en cuenta la situación personal, familiar y de salud, así como la estabilidad laboral
reforzada. Que le vulneró el derecho al debido proceso y constituye una violación a la

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Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

presunción de inocencia, ya que las personas nombradas en provisionalidad, tienen
derecho a conocer los motivos por los cuales se les desvincula del servicio.

2. Contestación de la demanda2

La Registraduría Nacional del Estado Civil contestó la demanda, y se opuso a las
pretensiones por cuanto expuso que, la desvinculación del demandante se hizo de forma
plenamente legítima y legal, ya que éste, no detentó un cargo de carrera, por lo que la
remoción es discrecional, libre y emancipada es válida, por lo tanto, la motivación, basada
en la ausencia de confianza, se enmarca, dentro del marco legal, aclarando, que ni
siquiera, tenía que motivarse.

Insistió que, el demandante no ostenta la calidad de inscrito en carrera administrativa, ni
ha solicitado su inscripción en la misma, dado que su designación se realizó en ejercicio
de la facultad discrecional, sin que mediara nombramiento en provisionalidad ni en
período de prueba, como ocurre en los empleos de carrera. Asimismo, sus evaluaciones
no se efectuaron conforme a los parámetros propios de la carrera administrativa, sino en
virtud de acuerdos de gestión.

Respecto de los cargos de nulidad por falsa motivación y desviación de poder, se afirma
que, los hechos relacionados con la captura del demandante son ajenos a la entidad
demandada y, por el contrario, dieron lugar a la apertura de una investigación
disciplinaria. Sin embargo, tales circunstancias no influyeron en la motivación del acto
administrativo de insubsistencia, el cual se presume legal y se fundamenta
exclusivamente en la facultad discrecional de los nominadores.

Finalmente, en cuanto a la alegación de que no se valoró la condición de prepensionable
del demandante ni su estado de salud, se indica que las enfermedades alegadas
surgieron con posterioridad a su desvinculación y que el actor únicamente cuenta con
782 semanas cotizadas, por lo que no reúne los requisitos para ser considerado con esa
calidad y, formuló como única excepción de mérito, la que denominó “el acto demandado
es plenamente legítimo y legal”.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico, el 15 de noviembre de 2014 profirió sentencia y negó
las súplicas de la demanda (sin imponer condena en costas) al considerar que3:

2
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00001, incorpora expediente digitalizado.
3
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 0021.

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Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

En lo que atañe a la declaratoria de insubsistencia, la administración no estaba obligada
a expresar reparos específicos respecto al demandante, dado que, para cargos de libre
nombramiento y remoción, que requieren alta confianza, la facultad discrecional es
amplia y está respaldada por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional. Los reportes periodísticos aportados carecen de valor probatorio
suficiente para demostrar desviación de poder o motivaciones políticas en la
desvinculación. Por tanto, las razones alegadas por el demandante no evidencian
criterios subjetivos o ilegítimos que vulneren el cumplimiento de los deberes públicos.
Finalmente, aunque el demandante haya sido calificado favorablemente, ello no limita la
potestad discrecional para la remoción en cargos de libre nombramiento, que puede
efectuarse sin necesidad de motivación.

Por otra parte, frente al desconocimiento del fuero de estabilidad laboral reforzada por ser
prepensionado, señaló que el demandante solo contaba con 782 semanas de cotización, lo
que implica que le faltaban más de 3 años de cotizaciones, para poder considerarse con
esa calidad y que, aun así, los empleados de libre y nombramiento y remoción no están
amparados por esa figura.

4. Recurso de apelación

El apoderado judicial de la parte demandante4 formuló recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, y pide se revoque por cuanto estimó que la decisión
desconoce la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto al debido proceso
en materia de remoción del cargo de los registradores especiales.

Luego de transcribir algunos apartes de la sentencia C-553 del 10 de junio de 2010 de la
Corte Constitucional, concluyó:

« En virtud de la exequibilidad condicionada del ordinal a) de la Ley 1350 de 2009 por la
Sentencia C-553 de 2010, el cargo de registrador especial es de (i) libre remoción pero no de
libre nombramiento, por tanto (ii) no corresponde a los empleos cobijados bajo la categoría
de empleos de libre nombramiento y remoción, lo cual significa que (iii) el nombramiento debe
proveerse mediante concurso de méritos, condición que no se verificó en el presente asunto
pues (iv) el acto de desvinculación no ocurrió por haberse operado dicho concurso de méritos,
y (v) en correspondencia con la orientación jurisprudencial de la Corte Constitucional, al
tratarse de un cargo de libre remoción pero no de libre nombramiento debía motivarse
fundadamente, circunstancia que no se evidenció en el acto administrativo de desvinculación.
Razones por las cuales, en consecuencia, debe declararse la nulidad de dicho acto y
restablecer los derechos vulnerados de conformidad con la demanda.»

5. Trámite de segunda instancia

Por auto de 4 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación

4
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 0024.

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Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5° del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo5, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso6, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si al actor le asiste razón jurídica o no para reclamar la
ilegalidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente del empleo de libre
nombramiento y remoción que ejercía de Registrador Especial de la ciudad de
Barranquilla, por desconocimiento del precedente jurisprudencial7 de la Corte
Constitucional por parte del Tribunal de primera instancia.

Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.3.
Marco normativo de los empleos de libre nombramiento y remoción, 2.4. Hechos
probados y 2.5. Caso concreto.

2.3. Marco normativo de los empleos de libre nombramiento y remoción.

La Constitución Política de 1991, en el artículo 123 define que, los servidores públicos
son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado, los cuales ejercerán sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución,
la ley y el reglamento.

5
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en
un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
6
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.
7
Sentencia C-533 del 23 de junio de 2010.

7

Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

Además, el canon constitucional en el artículo 125, prevé la siguiente clasificación de los
servidores públicos “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley”.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 909 de 20048, regula el empleo público, señalando
que, “los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que
dispongan las normas sobre las carreras especiales. Los empleos de libre nombramiento y remoción serán
provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño
del empleo y el procedimiento establecido en esta ley (…) ”.

En relación con los cargos de libre nombramiento y remoción, el artículo 5° de la citada
Ley 909 de 2004, los clasifica como aquellos cargos que corresponden a dirección,
conducción y orientación cuya función implica la adopción de políticas o directrices de
especial confianza con funciones de asesoría institucional adscritos a las oficinas de los
secretarios de despachos, directores de departamentos administrativos y gerentes en los
departamentos, distritos especiales y municipios y distritos de categoría especial y
primera.

La vinculación al empleo de libre nombramiento y remoción se efectúa por facultad
discrecional del nominador de seleccionar a quien tenga las condiciones de idoneidad
para ejercer el cargo y el retiro, a su vez, debe preceder de razones objetivas dirigidas al
interés general, sin que sea necesario que el acto de insubsistencia contenga una
motivación conforme lo dispone el artículo 41 (inciso 2º del parágrafo segundo) de la Ley
909 de 2004 consagra que “La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado ”.

Esta Subsección en sentencia del 19 de febrero de 20219, se ha referido a que el acto de
insubsistencia del empleado de libre nombramiento y remoción no requiere de
motivación, precisando:

“(…) de acuerdo con la norma, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere
motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de
insubsistencia es la razonabilidad, en otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a
derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de
la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los
elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad10.

En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la discrecionalidad debe ser
ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha
identificado11 como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango
constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines
de la norma que la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

8
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y otras disposiciones».
9
Radicado: 250002342000201301223 02.
10
Así lo expresó la Sala, entre otras, en la sentencia de 20 de agosto de 2015, Expediente No. 250002325000201000254-01, No.
INTERNO: 1847-2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
11
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-372 de 2012.

8

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Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

Por su parte, el artículo 44 del C.P.A.C.A. establece que, en la medida en que el contenido de una decisión de carácter
general o particular sea discrecional, debe ser “adecuada” a los fines de la norma que la autoriza, y “proporcional” a
los hechos que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón o medida entre la realidad de hecho
y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la
discrecionalidad tiene como medida la “razonabilidad”.

Así las cosas, los límites de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción están dados en que la decisión
debe adecuarse a los fines de la norma, del Estado y de la función administrativa, y ser proporcional a los hechos que
le sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de manera suficiente,
concreta, cierta y concurrente al acto que origina el despido12, sin acudir a razones genéricas o abstractas que no
expongan con claridad los hechos”.

En conclusión, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional y facultado por la ley,
podrá remover al empleado de libre nombramiento y remoción, dado que, goza de la
potestad para disponer de su retiro con el fin de lograr el mejoramiento del servicio oficial.

2.3.1. La naturaleza jurídica del cargo de Registrador Especial 0065-03 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 62 de la Ley 96 de
1985, el Gobierno Nacional dictó el Decreto Ley 3492 de 1986, "por el cual se expiden
normas sobre la Carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras
disposiciones". Éste, en su artículo 6°13 dispuso que el empleo de Registrador Especial,
es de libre nombramiento y remoción.

A su turno, la Ley 443 de 199814, relacionó en su artículo 4º la existencia de regímenes
especiales de carrera para varias entidades oficiales, entre ellas la Registraduría
Nacional del Estado Civil, señalando que las normas legales que contienen estos
sistemas particulares continuarán vigentes.

Posteriormente, el Decreto Ley 1011 de 2000, “Por el cual se establece la nomenclatura
y clasificación de los empleos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan
otras disposiciones”, consagró en los artículos 3º, 4º, y 6º, la clasificación de los empleos
en la institución, entre los que se encuentran los del nivel Directivo, que corresponden a
aquellos que desempeñan funciones de dirección general, de formulación de políticas y
adopción de planes, programas y proyectos, nivel en el que se halla el empleo de
Registrador Especial 0065 03, 0065 02 y 0065 01.

Mediante el Decreto Ley 1012 de 2000, “Por el cual se establece la planta de personal
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones”, estableció
para Departamento del Atlántico el cargo de Registrador Especial 0065 03 y, el Decreto
Ley 1014 de 200015, indica que el empleo de Registrador Especial es de libre

12
Artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968.
13
ARTÍCULO 6° Los empleos de la Planta de Personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil son de Carrera, con excepción
de los siguientes, los cuales son de libre nombramiento y remoción: […] i) Los de Registrador Distrital y Especial. […]
14
“Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.
15
“Por el cual se establece la planta de personal de la Registraduría Nacional de Estado Civil y se dictan normas que regulen la
Gerencia Pública”

9

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Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

nombramiento remoción.

Mediante el Decreto Ley 1014 de 2000, se reglamenta la carrera administrativa especial
en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan normas que regulan la gerencia
pública16, norma que fue dictada al amparo de la nueva Carta Política, y en virtud de un
criterio democrático, participativo y pluralista, propende porque el ingreso a la carrera
especial de dicho organismo estuviera precedido por el mérito, y no en virtud de la filiación
política, como se hacía antiguamente, cuando se preveía que el nombramiento de
funcionarios del partido político opuesto al del registrador nacional del Estado civil
garantizaba imparcialidad en el desempeño de sus funciones electorales. En él se
determinó como regla general la carrera administrativa17 y excepcionalmente consagró
que algunos cargos dentro de la entidad fuesen de libre nombramiento y remoción,
incluido en el numeral 8.° del literal a) de su artículo 3.°, el de registrador distrital y
especial.

El criterio que siguió el Gobierno nacional para clasificar específicamente el empleo de
registrador especial en dicha categoría, está contenido en el propio literal a) del citado
artículo 3° cuando señala que serán de libre nombramiento y remoción «a) Aquellos, que
en adelante se indican, cuyo ejercicio comporta la adopción de políticas o realización de
funciones de dirección, conducción u orientación institucionales…»

Conforme a lo anterior, se estableció la carrera administrativa como regla general para
los cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, excepcionalmente consagró
que algunos empleos por su naturaleza y funciones debían ser de libre nombramiento y
remoción, entre los cuales incluyó el Registrador Distrital y Especial.

Posteriormente, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 de 2003, por
medio del cual se modificó el artículo 266 de la Constitución Política, y en el que se
dispuso que el ingreso para los cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil debía
realizarse mediante concurso de méritos, sin embargo, previó que el retiro de ciertos
empleados podía ser flexible, en atención a las necesidades del servicio, y frente a los
cargos de responsabilidad administrativa y electoral, estos son de libre nombramiento y
remoción18.

Con respecto a ello, se destacó lo siguiente:

16
Los Decretos Leyes 1011, 1012 y 1014 de 2000, fueron expedidos en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 1º de
la Ley 573 de 2000. En el citado numeral, se dispuso que el ejecutivo quedaba facultado para “Modificar la estructura de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y su régimen de funciones y competencias internas…y, modificar y dictar las normas sobre el
régimen de carrera administrativa específico, el de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores de la organización electoral,
previsto en el Decreto 3492 de noviembre 21 de 1986”.
17
Artículo 2°, inciso 3° del Decreto Ley 1014 de 2000 estableció que el ingreso, permanencia y ascenso en los empleados de carrera
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se haría considerando exclusivamente el mérito.
18 Artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 2003

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Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

“La Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una
carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos
y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso,
los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de
conformidad con la ley”. (Negrillas de la Sala)

Así las cosas, a partir de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2003, la Registraduría
Nacional del Estado Civil posee un régimen especial de carrera administrativa,
caracterizada por el ingreso mediante el sistema de mérito y la remoción para los
empleados de responsabilidad administrativa y electoral, de manera flexible; esta
peculiaridad para esta clase de cargos respecto a su remoción, fue ampliamente
explicada por la Corte Constitucional mediante sentencia C – 230 A de 2008 que al
respecto consideró:

“(…) En efecto, mediante el concurso se busca una calificación del mérito estrechamente
vinculada a patrones objetivos, sin que puedan emplearse criterios o factores subjetivos de
valoración, para evitar, de tal modo, que el resultado final quede a la disposición o al capricho
del nominador, quien, en consecuencia, no podrá desconocerlo ni alegar que es
inconveniente proceder a efectuar un determinado nombramiento. Mantener la exigencia de
una aprobación posterior al concurso y a los resultados en él obtenidos desconoce que la
propia Constitución estableció ese mecanismo para asegurar que el ingreso a la Registraduría
se base en el mérito, introduce una etapa que, fuera de ser extraña al sistema de selección,
propicia una ulterior e inadmisible valoración no exenta de consideraciones subjetivas y, por
lo tanto, deja los resultados a merced de una entidad distinta de la Registraduría que, se
repite, es la institución constitucionalmente facultada para adelantar el concurso y para
designar su propio personal conforme al sistema de carrera administrativa especial que la
Carta prevé. Téngase en cuenta, además, que como se consignó en otros apartes de esta
providencia, el Constituyente al instaurar un sistema de carrera especial y el consiguiente
ingreso mediante concurso a la Registraduría Nacional del Estado Civil tuvo el propósito de
sustraer a la entidad de influencias partidistas y que, en ese contexto, la aprobación de los
nombramientos por un órgano de composición eminentemente política como el Consejo
Nacional Electoral resulta todavía más extraña al nuevo marco constitucional surgido del Acto
Legislativo No. 01 de 2003. Ahora bien, el artículo 266 de la Constitución adicionalmente
indica que “los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción,
de conformidad con la ley”, de donde surge que se trata de cargos que pertenecen a la carrera
administrativa especial “a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos
especial”, pues, tratándose de ellos, el Constituyente sólo aludió a la libre remoción, pero no
al libre nombramiento. En otros términos, respecto de los cargos de responsabilidad
administrativa o electoral el régimen especial constitucionalmente previsto para la
Registraduría Nacional del Estado Civil combina el ingreso mediante concurso de méritos y
la libre remoción. La libre remoción es garantía de la confianza que el Registrador Nacional
deposite en quienes, habiendo ingresado en virtud del concurso de méritos, desempeñen los
cargos de mayor responsabilidad y, de acuerdo con la Constitución, es competencia del
legislador precisar cuáles son esos cargos de responsabilidad administrativa o electoral que,
aun cuando pertenecen a la carrera, quedan sujetos a la libre remoción, dado que ésta
procede “de conformidad con la ley”. (Subraya fuera de texto) Desde luego, para la regulación
de la carrera administrativa especial de la Registraduría el legislador está asistido por su
potestad de configuración y, dentro de los parámetros constitucionalmente dispuestos y en
atención a la naturaleza, a las funciones propias de la Registraduría y a sus fines
institucionales, el legislador, conforme lo disponen los artículos 125 y 266 de la Carta, debe
clasificar con carácter general los cargos como de carrera, definir los que corresponden a
cargos de responsabilidad administrativa o electoral y por excepción, si así lo considera
necesario, determinar como de libre nombramiento y remoción algunos empleos que
naturalmente no impliquen responsabilidad administrativa o electoral.

Finalmente, el
Congreso de la República en el artículo 6 de la Ley 1350 de 2009, estableció la existencia de
cargos de libre nombramiento y remoción al interior de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, entre los que abarcó al Delegado Departamental; sin embargo dicha disposición fue
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C – 553 de 2010, cuando
dispuso que «los cargos de autoridad administrativa o electoral allí regulados son de libre
remoción y no de libre nombramiento, por lo cual deberán ser provistos exclusivamente por
concurso público de méritos (…)”.

11

Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

Finalmente, en desarrollo del citado acto legislativo el Congreso de la República en el
artículo 6 de la Ley 1350 de 200919, estableció la existencia de cargos de libre
nombramiento y remoción al interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre
los que incluyó al Registrador Especial; sin embargo, dicha disposición fue condicionada
por la Corte Constitucional mediante sentencia C–553 de 2010, cuando dispuso «los
cargos de autoridad administrativa o electoral allí regulados son de libre remoción y no
de libre nombramiento, por lo cual deberán ser provistos exclusivamente por concurso
público de méritos».

2.5. Hechos probados

2.5.1. Mediante Resolución No. 176 del 11 de agosto de 201020, los Delegados del
Registrador Nacional del Estado Civil en el Atlántico21, nombran en la planta de personal
de la Delegación del Atlántico al señor Boris de Jesús Polo Padrón en el cargo de
Registrador Especial 0065-003 de la Registraduría Especial del Estado Civil de
Barranquilla, a partir del 12 de agosto de 2010.

El nombramiento fue aprobado a través de Resolución No. 9794 del 23 de agosto de
2010, suscrita por el Registrador Nacional del Estado Civil y, con acta del 1 de septiembre
de esa misma anualidad, el actor tomó posesión del cargo de registrador especial 0065-
03, de la Registraduría Especial del Estado Civil de Barranquilla22.

2.5.2. Resolución No. 0035 del 30 de enero de 2020, “Por la cual se declara insubsistente
el nombramiento del servidor público Dr. BORIS DE JESUS POLO PADRÓN”23, a partir
del 30 de enero de 2020, manifestando la discrecionalidad del nominador para el retiro
de servidores que desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción.

19
ARTÍCULO 6o. NATURALEZA DE LOS EMPLEOS. Los empleos de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado
Civil tendrán el carácter de empleos del Sistema de Carrera Especial de la Registraduría Nacional, con excepción de los siguientes
empleos de libre nombramiento y remoción:
a) Los cargos de responsabilidad administrativa o electoral que conforme con su ejercicio comportan la adopción de políticas o
realización de funciones de dirección, conducción, asesoría y orientación institucionales:
– Secretario General.
– Secretario Privado.
– Registrador Delegado.
– Gerente.
– Director General.
– Jefe de Oficina.
– Delegado Departamental.
– Registrador Distrital.
– Registrador Especial.
– Asesores.
20
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00001.
21
Ibídem.
22
Ibídem.
23
Ibídem.

12

Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

2.5.3 Memorando del 30 de enero de 2020, suscrito por los Delegados Departamentales
del Atlántico, en el que se comunica al señor Boris de Jesús Polo Padrón el acto
administrativo de insubsistencia.

2.5.4. Solicitud de reconsideración de decisión de insubsistencia, presentada por el
demandante, en los que destaca sus calificaciones de servicios satisfactorias y la
protección especial de estabilidad laboral a quienes están próximos a consolidar su
estatus pensional.

2.5.5. Respuesta negativa a la petición de reconsideración, signada por el señor Julio
Cesar Novoa, en calidad de Delegado Departamental del Atlántico, de fecha 17 de marzo
de 2020.

2.5.5. Evaluaciones de desempeño para los periodos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, en
los que el demandante fue calificado de manera sobresaliente y reconocimientos por el
desempeño de sus funciones, otorgados por lo Delegados del Registrador Nacional de
Estado Civil24.

2.5.6. Audiencia celebrada del 17 de noviembre de 2016, en el Juzgado Doce (12) Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, en la cual se impartió
legalidad a la captura del demandante y otros indiciados y, en audiencia del 18 de
noviembre de 2016, se avaló la imputación realizada por los delitos de tráfico de
migrantes agravado, en concurso con falsedad ideológica en documento público y
prevaricato por acción. El 22 de noviembre de 2016, se abstuvo de imponer medida
privativa de la libertad, en contra del demandante.

2.5.7. Auto del 13 de enero de 2017, el cual da cuenta que, mediante decisión del 23 de
noviembre de 2016, el Operador Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, decretó la suspensión provisional, en contra de los investigados BORIS DE JESÚS
POLO PADRÓN, CARLOS ARTURO GONZÁLEZ TORRES y RAÚL RUÍZ ESCOBAR. Al
resolver la consulta de suspensión provisional de este, la Viceprocuradora General de la
Nación revocó la suspensión provisional antes señalada y ordenó el reintegro de los
investigados.

2.5.8 Con auto del 18 de julio de 2017, la Procuradora Regional del Atlántico ordenó el
reintegro del demandante al cargo de Registrador Especial de Barranquilla.

24
Ibídem

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Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

2.5.9 Mediante auto del 18 de julio de 2018, la Operadora Disciplinaria de la Delegación
del Atlántico, resolvió suspender provisionalmente, por el término de tres (3) meses, a los
funcionarios BORIS DE JESÚS POLO PADRÓN, CARLOS ARTURO GONZÁLEZ
TORRES y RAÚL RUÍZ ESCOBAR, razón por la cual, se profirió la Resolución No. 0437
del 19 de julio de 2018. No obstante, la operadora disciplinaria en mención, comunicó
que se había revocado la suspensión provisional, por lo que mediante Resolución No.
0538 del 22 de agosto de 2018, los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil
en el Atlántico, ordenaron el reintegro de los referidos funcionarios.

2.5.10 Según epicrisis de la Clínica del Caribe, el demandante fue atendido el 13 de
febrero de 2020 y valorado por isquemia miocárdica.

2.5.11 Historia laboral consolidada expedida por el Fondo de Pensiones Provenir del 7
de abril de 2020, el cual da cuenta que el demandante tenía 782 semanas cotizadas en
pensión para la fecha de expedición.

2.6. Caso concreto

El señor Boris de Jesús Polo Padrón acude en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho para solicitar la nulidad de la Resolución No. 0035 del 30 de enero de 2020,
expedida por los Delegados Departamentales del Registrador Nacional en el Atlántico,
por la cual fue declarado insubsistente del cargo de Registrador Especial de la ciudad
de Barranquilla, grado 0065-003, y por consiguiente, solicita el restablecimiento de su
derecho a continuar en ese mismo cargo, hasta tanto se provea mediante concurso de
mérito y, el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados
de percibir desde el 30 de enero de 2020, indexados hasta que se haga efectivo el pago.

El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda, al considerar
que, el actor desempeñó un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que no
requería motivación para su retiro y que, además, no le permite alcanzar una estabilidad
laboral reforzada para evitar su desvinculación.

Contra la anterior decisión la parte demandante formuló alzada, alegando
desconocimiento la regla jurisprudencial de la sentencia C-553 del 23 de junio de 2010
de la Corte Constitucional, en la que, según su interpretación, se requiere una carga
justificadora de motivación para su remoción, a fin de no vulnerar el derecho fundamental
al debido proceso.

En la sentencia C-553 del 23 de junio de 2010, la Corte Constitucional, indica:

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Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

«Las reglas expuestas son aplicables, mutatis mutandis al régimen especial de carrera
administrativa de la RNEC. En efecto, la Constitución ha reconocido un régimen exceptivo para la
desvinculación de los servidores que ejercen empleos de autoridad administrativa o electoral,
quienes son de carrera pero podrán ser removidos libremente. Además, confió al legislador la
regulación de ese particular, sin que al momento se haya expedido tal normatividad. Por ende, la
Corte exhortará en esta sentencia al Congreso para que adopte la legislación que, en desarrollo del
artículo 266 C.P. regule las condiciones para la libre remoción de los servidores públicos de la RNEC
que ejercen cargos de autoridad administrativa o electoral, según los presupuestos señalados en
esta sentencia, que apuntan, entre otros asuntos, a que tal desvinculación debe ser compatible con
la índole de carrera administrativa de tales empleos, lo que obliga a que el acto de retiro deba
contener criterios de motivación.

La consecuencia necesaria de las premisas expuestas es que, mientras la citada regulación es
promulgada por el Congreso, el Registrador Nacional del Estado Civil conserva la facultad para
ejercer la libre remoción de los servidores públicos que ejerzan cargos de responsabilidad
administrativa o electoral, puesto que esa competencia se deriva del artículo 266 C.P. y es reiterada
en la norma objeto de análisis. Sin embargo, es necesario advertir que tal facultad, según se ha
expuesto, debe ser compatible con la pertenencia a la carrera administrativa especial de la RNEC
que la Constitución ha conferido a dichos cargos, lo que implica que el acto de desvinculación, a
pesar de recaer en la órbita funcional del Registrador Nacional, debe hacer explícita su motivación.
Además, como sucede con todas las expresiones del poder público, dicho acto de desvinculación
del empleo no puede llevarse a cabo de modo irrazonable o arbitrario, sino que en todo caso debe
ser compatible con la garantía de los derechos constitucionales de que son titulares los servidores
públicos y con el cumplimiento de los fines del Estado; sin que pueda tornarse en vehículo que
ampare la desviación de poder, las prácticas clientelistas o, en general, toda forma de ejercicio
ilegítimo o carente de sustento de la potestad de remoción.

24. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que el efecto ineludible de esta sentencia es que los
empleos enumerados en la disposición analizada deben proveerse por concurso público de méritos,
según las condiciones previstas en los capítulos IV y V de la Ley 1350/09. El Registrador Nacional
del Estado Civil, en caso de designar en provisionalidad dichos cargos, lo hará en la forma de que
trata el literal c) del artículo 20 de la Ley 1350/09. Este nombramiento estará vigente, como máximo,
por el periodo previsto en dicha disposición, término durante el cual la RNEC abrirá el concurso
público de méritos y proveerá definitivamente los empleos de Secretario General, Secretario Privado,
Registrador Delegado, Gerente, Director General, Jefe de Oficina, Delegado Departamental,
Registrador Distrital, Registrador Especial y Asesores, conforme con las mencionadas reglas de la
carrera administrativa especial de dicha entidad.»

Ahora, en virtud de la modificación constitucional introducida al artículo 266 de la
Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 de 2003, el cargo de Registrador
Especial adquirió una naturaleza mixta, en cuanto su acceso debe realizarse mediante
un proceso de selección basado en méritos, mientras que su remoción se efectúa
libremente, siempre y cuando se respeten y garanticen los derechos constitucionales que
asisten a todo servidor público.

El Acto Legislativo 01 de 2003 consignó de forma expresa: “La Registraduría Nacional
estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una carrera administrativa
especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el
retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso, los cargos
de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de conformidad con
la ley.”

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Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

Atendiendo a la anterior disposición, la Ley 1350 de 200925 en su artículo 6°, dispuso una
regla según la cual, los empleos que conforman la planta de personal de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, integran el Sistema de Carrera Especial de dicha entidad, con
excepción de los cargos de libre nombramiento y remoción, entre los cuales se encuentra
el de Registrador Especial, ejercido por el actor. La constitucionalidad de esta disposición
fue condicionada por la Corte Constitucional en la sentencia C-553 de 2010, señalando
que los cargos de autoridad administrativa o electoral regulados en este régimen son de
libre remoción, pero no de libre nombramiento, por lo que, deben ser provistos
exclusivamente mediante concurso público de méritos.

En punto a la referida sentencia de la Corte Constitucional, cuyo contenido alega la parte
demandante la desatención, esta Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado26, ha indicado:

«Sobre el particular, se advierte que el alto Tribunal Constitucional en sentencia C-553 de
2010, exhortó al Congreso para que en desarrollo del artículo 266 de la Constitución Política
regule las condiciones para la libre remoción de los servidores públicos de la Registraduría
Nacional del Estado que ejercen cargos de autoridad administrativa o electoral, y a su vez
destacó que mientras la respectiva ley es promulgada por el Congreso, el Registrador
Nacional del Estado Civil conservaba la facultad para ejercer la libre remoción de los
servidores públicos que ejerzan cargos de responsabilidad administrativa o electoral, puesto
que dicha competencia se deriva del citado artículo constitucional.

En tal sentido, como a la fecha no existe regulación por parte del Congreso de la República
en tal aspecto, es claro que el Registrador Nacional del Estado Civil en virtud del artículo 266
de la Carta Política, cuenta con la facultad de ejercer la libre remoción de aquellos servidores
que ejercen cargos de responsabilidad administrativa o electoral como lo es el de Delegado
Departamental, mediante acto motivado.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la finalidad que se persigue con la autorización de
la libre remoción respecto de los empleos que comportan responsabilidad administrativa o
electoral, tiene por objeto asegurar la permanencia de la confianza que supone el ejercicio
del cargo, por lo que dicha facultad de libre remoción implica cierto margen en la órbita
funcional del Registrador Nacional, para decidir por aquellos funcionarios con quienes puede
enaltecer la prestación del servicio y los fines encomendados a la entidad electoral.»

En vista de lo anterior, la Sala procederá a analizar del contenido de la Resolución No.
0035 del 30 de enero de 2020, acto administrativo censurado, a fin de validar si la decisión
adoptada estuvo precedida de argumentación explícita, que contempla lo siguiente:

“(…) Que, mediante Resolución No. 176 de agosto 11 de 2010 se resolvió nombrar con
carácter ordinario en la Planta de Personal de la Delegación Departamental de Atlántico de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Dr. BORIS DE JESUS POLO PADRON identificado
con la cédula de ciudadanía No. 73265405, para desempeñar el cargo de REGISTRADOR
ESPECIL 0065-03 (Barranquilla), empleo de Libre Nombramiento y Remoción del Nivel
Directivo de la Delegación, tomando posesión del cargo el 1 de septiembre de 2010.

Que, el literal a) del artículo 6° de la Ley 1350 de 2009 “Por medio de la cual se reglamenta la
Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan
normas que regulan la Gerencia Pública”, establece:

25
“Por medio de la cual se reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan
normas que regulen la Gerencia Pública”
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2024, C.P. Cesar Palomino Cortés. Expediente
20001-23-33-000-2020-00701-02 (4752-2023)

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Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

“ARTÍCULO 6o. NATURALEZA DE LOS EMPLEOS. Los empleos de la planta de
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán el carácter de empleos
del Sistema de Carrera Especial de la Registraduría Nacional, con excepción de los
siguientes empleos de libre nombramiento y remoción:

a) Los cargos de responsabilidad administrativa o electoral que conforme con su
ejercicio comportan la adopción de políticas o realización de funciones de dirección,
conducción, asesoría y orientación institucionales:

(…) – Registrador Especial. (…)”

Así mismo, la Ley 1350 del 6 de agosto de 2009, dispone que los cargos que conllevan
ejercicio de responsabilidad directiva tienen el carácter de empleos de gerencia pública, y son
de libre nombramiento y remoción conforme lo establece el Artículo 61, así:

"(...) ARTÍCULO 61. EMPLEOS DE NATURALEZA GERENCIAL.
1. Los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la
Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán, a efectos de la presente ley, el
carácter de empleos de Gerencia Pública. Estos cargos son los pertenecientes
al nivel directivo de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado
Civil diferente al de Registrador Nacional del Estado Civil.
2. Los cargos de Gerencia Pública son de libre nombramiento y remoción. No
obstante, en la provisión de tales empleos, sin perjuicio de las facultades
discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores deberán sujetarse a
las previsiones establecidas en el presente Título. (.. )"

Que, en relación con la discrecionalidad del nominador para el retiro de servidores públicos
que desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción, la Corte Constitucional
mediante Sentencia T-317/13 Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señaló:

"(…) De otra parte, con relación a la facultad discrecional que tiene la
administración para desvincular a funcionarios que ocupan cargos de libre
nombramiento y remoción en los que se exige una especial confianza, el Consejo
de Estado ha señalado en reiteradas ocasiones2lo siguiente:

"Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en manifestar que las
facultades discrecionales no son omnímodas, sino que tienen que estar
encaminadas a la buena prestación del servicio público, por lo cual cabe estudiar
el vicio de ilegalidad del acto demandado frente al cargo del uso indebido que
hace el nominador de tal potestad. Así mismo, ha insistido la jurisprudencia que
cuando se trate de cargos que implican una especial responsabilidad y dignidad,
como era el caso de la demandante, las exigencias para ejercer la potestad
discrecional se tornan más amplias.

"(...) la situación en la que se encuentran los empleados que gozan de fuero de
relativa estabilidad laboral, no es igual a la de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción, pues respecto de estos se predica un grado de
confianza que no se requiere en aquellos. La finalidad que se persigue con la
autorización de removerlos libremente es razonable, pues consiste en asegurar
la permanencia de la confianza que supone el ejercicio del cargo".3 (Negrilla y
subrayas fuera de texto).

En similar sentido, manifestó: "(...) según lo ha reiterado esta Corporación, constituye razón
de buen servicio para declarar la insubsistencia del nombramiento de un empleado público,
pues para lograr la buena prestación del mismo, se requiere que quien tiene a su cargo la
dirección del equipo de gobierno, tenga en cada uno de sus colaboradores absoluta
confianza y credibilidad en su comportamiento, pues sólo así se puede lograr la armonía
necesaria para cumplir los objetivos y cometidos de la administración, cuestión que debe
ser prevalente para quienes son responsables de conducir o dirigir los organismos e
instituciones oficiales. (...)". (negritas fuera de texto)

Del contenido del acto administrativo demandado, la Sala observa que, contrario a lo
manifestado por el demandante, este sí se encuentra motivado, al exponer como primer
aspecto, que el cargo de Registrador Especial comporta el ejercicio de responsabilidad
directiva según el artículo 6° de la Ley 1350 de 2009; en segundo lugar, que dicho empleo

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Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

al corresponder a aquellos de gerencia pública es considerado un cargo de libre
nombramiento y remoción conforme lo prevé el artículo 61 ídem; y, en tercer lugar, porque
esta normativa no ha sido declarada inexequible, razones suficientes para colegir que el
nominador sí motivó el retiro del servicio del demandante, diferente es que tal decisión
no la comparta.

Así, el numeral 2° del artículo 61 de la legislación analizada establece que, los cargos de
Gerencia Pública son de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, para la asignación
de estos, quienes eligen deben cumplir con las disposiciones contenidas en este título.
En otras palabras, el nombramiento debe realizarse mediante un proceso basado en el
mérito, mientras que el retiro mantiene la característica de libre remoción. Por lo tanto,
dado que, el cargo de Registrador Especial es un empleo de gerencia pública, su
separación del cargo debe estar justificada desde la perspectiva del ejercicio de la
facultad funcional del designante.

La Corte Constitucional, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 4 del
artículo 241 de la Constitución Política, al no haberse pronunciado sobre la exequibilidad
del artículo 61 de la Ley 1350 de 2009, mantiene vigente la aplicabilidad y los efectos
jurídicos de dicha disposición.

Vale la pena resaltar que, a pesar de que la designación del señor Polo Padrón en calidad
de Registrador Especial de la ciudad de Barranquilla, grado 0065-003, obedeció a un
nombramiento ordinario y no como resultado de un concurso de méritos, da cuenta que
su vinculación fue discrecional y de allí que su insubsistencia pueda hacerse de la misma
manera.

Por lo demás, el hecho de que un empleado de libre nombramiento y remoción cumpla
sus funciones de manera idónea, competente y responsable, y mantenga una buena
conducta, no implica por sí mismo que la administración esté obligada a mantenerlo en
el cargo de forma indefinida. Sostener lo contrario implicaría otorgar un tipo de estabilidad
especial que no corresponde a funcionarios bajo esta modalidad. Asimismo, el buen
desempeño del cargo, responde a la obligación fundamental de todo servidor público de
respetar la Constitución y la Ley desde el momento en que asume su función.

De lo expuesto, es claro que los actos de desvinculación del servicio de una persona que
ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción, no exige motivación27, toda vez que,
la declaratoria de insubsistencia hace parte de la facultad discrecional del nominador.

27
Corte Constitucional sentencia T-222 del 10 de marzo de 2005, MP Dra. Clara Inés Vargas Hernández; y de la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, sentencia del 27 de enero de 2011, radicado interno 2124-07, CP Dr. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.

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Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil

Atendiendo los criterios jurisprudenciales expuestos, la Sala no observa que la entidad
demandada desbordó los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que inspiran el
ejercicio de la facultad discrecional del Registrador Nacional del Estado Civil, por manera
tal que el retiro del señor Boris de Jesús Polo Padrón, obedeció a la libre remoción,
decisión que, por lo demás, resultó altamente motivada y atemperada al precedente
constitucional y al de esta Corporación.

2.7 Condena en costas

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del criterio
que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de la
condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.

En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en el proceso,
no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se evidencia
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, por lo que no
se impondrá condena en costas.

III. DECISIÓN

Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia 15 de noviembre de
2024 del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las súplicas de la demanda y no
impondrá condena en costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la Ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2024, por medio
de la cual, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda
formulada por el señor Boris de Jesús Polo Padrón en contra de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

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Número interno: 0463-2025
Demandante: Boris de Jesús Polo Padrón
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente en comisión Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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