Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00529-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00529-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00529-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Veintitrés (23) de Abril de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado : 25000-23-42-000-2019-00529-01 (3129-2025)1
Demandante : Edgar Gallo Carrero
Demandado : Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Insubsistencia – cargo de libre nombramiento y remoción
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “F”, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones2
1. Edgar Gallo Carrero, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio
de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de la Resolución No. 13928 del
Veintiuno (21) de septiembre de Dos mil Dieciocho (2018), expedida por el Registrador
Nacional del Estado Civil, mediante la cual, declaró insubsistente su nombramiento, en
el cargo Asesor 1020-04, empleo de libre nombramiento y remoción.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió: i) Indemnización por daños
materiales (lucro cesante), correspondientes a salarios y prestaciones dejados de
recibir, desde su desvinculación hasta la fecha en que habría cumplido los requisitos
para pensionarse. ii) Indemnización por daños morales, estimados en 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. iii) Que las sumas a pagar sean indexadas al
momento del pago. iv) Que se realicen los ajustes conforme a la Ley 1437 de 2011. v)
1 Expediente híbrido.
2 Expediente físico folio 1
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Número interno: 3129-2025
Demandante: Edgar Gallo Carrero
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil
Que se dé cumplimiento a la sentencia según la misma ley. vi) Que la entidad
demandada sea condenada al pago de costas y agencias en derecho.
3. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes3.
4. Indicó que, trabajó en la Registraduría Nacional del Estado Civil, durante
aproximadamente 10 años, desde el año 1999, desempeñándose en distintos cargos,
siendo el último el de asesor 1020-04 en el Consejo Nacional Electoral, cargo de libre
nombramiento y remoción. Aunque fue nombrado formalmente en el año 2014, ya venía
ejerciendo esas funciones desde el año 2013.
5. Refirió que, el Veintisiete (27) de septiembre de Dos mil Dieciocho (2018), se le
notificó la Resolución 13928 de 2018, mediante la cual, se declaró la insubsistencia de
su nombramiento ordinario, efectuado a través de la Resolución No. 1727 de febrero
Doce (12) de Dos mil Veinticuatro (2014).
6. Resaltó que, mantuvo una trayectoria laboral intachable, sin sanciones ni
investigaciones, durante su tiempo en la organización electoral.
7. Aseveró que, para el momento de su retiro en el año 2018, había cumplido
adecuadamente sus funciones, incluso elaborando informes importantes como el Plan
Operativo Anual, lo que evidencia su desempeño responsable y compromiso en el cargo.
8. Mencionó que, se encontraba próximo a pensionarse por vejez, tras cerca de 10
años de servicio, esperando retirarse de manera tranquila, luego de haber cumplido con
su labor.
9. Sin embargo, su desvinculación mediante la declaratoria de insubsistencia fue
sorpresiva, generándole afectaciones emocionales como tristeza y desazón, al
considerar que, fue una decisión injusta, después de su dedicación.
10. Alegó que, no obstante estar en el denominado estatus de pre – pensión,
solamente respecto de la edad, toda vez que, el tiempo de servicio estaba cumplido, era
consciente de la naturaleza de su cargo de libre nombramiento y remoción, y por ello no
hubiera tenido inconveniente en retirarse de habérselo requerido, incluso tampoco
hubiera visto con malos ojos que, la declaratoria de insubsistencia apelando a la
potestad de libre remoción; sin embargo, no ha podido contener su profundo pesar, por
3 Expediente físico folio 2-6
3
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Demandante: Edgar Gallo Carrero
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil
haber sido sujeto de enlodamiento y poner entre dicho su ética y moralidad, con la
motivación del acto administrativo objeto de demanda.
1.2. Normas violadas y concepto de violación4
11. Como norma viola se cita el Decreto 2400 de 1986, artículo 26, razón por la cual,
el actor alega que, el acto administrativo acusado contiene un vicio sustancial por falsa
motivación, toda vez que, la norma no exige motivación para ejercer la facultad de libre
nombramiento y remoción, sin embargo, en el acto administrativo sometido a control de
legalidad, se expusieron motivos que no están probados dentro de la actuación
administrativa.
12. Así, sostiene que, el único antecedente fue la comunicación de fecha Diecinueve
(19) de septiembre del Dos mil Dieciocho (2018), a través de la cual, se solicita el
ejercicio de la facultad prevista en el Decreto 2400 de 1968 y, se hace referencia de
manera general, a la naturaleza del cargo y que por ende, resultaba procedente el
ejercicio de dicha facultad, más no se señaló en ningún momento, que se motivara la
decisión y mucho menos se señaló que, el motivo era la desconfianza originada en la
actuación del funcionario, como se expuso en la Resolución 13928 del 2018.
1.3. Contestación de la demanda5
13. El A-quo, por medio de auto adiado Primero (1) de abril de Dos mil Veinticuatro
(2024), resolvió tener por no contestada la demanda. Providencia contra la cual, no se
interpuso recurso alguno, por tanto, dicha decisión quedó ejecutoriada.
1.4. Sentencia de primera instancia6
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “F”,
el Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), profirió sentencia, en el
sentido de negar las súplicas de la demanda, sin imponer condena en costas, al considerar
que:
15. Resaltó que, las certificaciones expedidas por el coordinador de registro y control
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de fecha Cuatro (4) de abril del Dos mil
Veinticuatro (2024), dan cuenta que, el accionante presentó sus servicios al Consejo
Nacional Electoral de manera interrumpida, desde el Veintinueve (29) de septiembre de
Mil novecientos noventa y nueve (1999), donde ejerció diferentes cargos como: Asesor
4 Expediente físico folios 6-8
5 Expediente físico folio 106
6 Expediente físico folio 188-194
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Demandante: Edgar Gallo Carrero
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil
1020- 04 y profesional especializado 3010-08, con nombramientos de tipo provisional
supernumerario, así como de libre nombramiento y remoción.
16. En lo que respecta a la última vinculación del actor, encontró que, se produjo por
medio de la Resolución No. 1727 del Doce (12) de febrero del Dos Mil Catorce (2014),
en la que se indicó que, a partir del Trece (13) de febrero del Dos Mil Catorce (2014), en
libre nombramiento y remoción, se nombraba en la planta del Consejo Nacional
Electoral, al señor Gallego Carreño Edgar, denominación - asesor código 102004.
17. Luego de analizar las funciones propias del dicho empleo, la hoja de vida del
accionante y trascribir el contenido literal del acto administrativo demandado, concluyó
que, no advertía que la declaratoria de insubsistencia se encontrara falsamente
motivada, como quiera que, la entidad demandada expuso argumentos que propenden
por el mejoramiento del servicio, bajo los planteamientos que se predican de una
vinculación del libre nombramiento y remoción, es decir, la existencia o inexistencia de
la confianza, sin que en dicho sustento pueda concluirse que, existió algún tipo de
acusación o reproche con el actuar del señor Gallo Guerrero.
18. Afirma que, la entidad accionada no incurrió en una actuar caprichoso al momento
de disponer la insubsistencia del actor, como quiera que, propendió por el mejoramiento
del servicio, al señalar que, aquel funcionario que ejercería actividades de dirección
designara de forma libre, tal y como la forma de vinculación permite, a las personas de
su entera confianza.
19. Por otra parte, en lo que respecta al argumento de prepensionado y, con
fundamento en la sentencia SU-003 de 2016, consideró que, no resultaba aplicable el
criterio de estabilidad reforzada para aquellos empleados de libre nombramiento y
remoción, pues, aún si flexibilizara dicha posición, es claro, desde el escrito de la
demanda que, el actor, para la fecha de la insubsistencia, contaba con el cumplimiento
del requisito de tiempo de servicio, y estaba a la espera de cumplir la edad necesaria
para obtener su derecho pensional, aspecto que desdibuja que, la decisión de la
administración impidiera de alguna forma su acceso al derecho pensional.
20. Finalmente, en lo que toca al excelente desempeño del accionante, resaltó que,
ello es la obligación que se predica en todas aquellas personas que ostentan cualquier
tipo de vinculación con la administración.
1.5. Recurso de apelación
21. El apoderado judicial de la parte demandante7, formuló recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, y pide se revoque, por cuanto estimó que, la
7 Expediente físico folio 264-266
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Demandante: Edgar Gallo Carrero
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decisión no estudió ni analizó la causal de falsa motivación, pues, considera que, se
centró en la naturaleza del empleo desempeñado por el actor, para determinar la
legalidad del acto acusado.
22. Recordó que, en ningún momento se puso en entredicho la naturaleza del acto
administrativo, ni mucho menos que, implica un lazo de confianza entre el empleador y
el empleado; por el contrario, precisamente la falsa motivación se presentó, porque
alegaron una pérdida de confianza que no existió ni se probó.
23. Considera que, es errada la interpretación del A-quo, porque desde la demanda
dejó claro que, el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia de un
nombramiento del libre nombramiento y remoción que no requería ser motivado, pero al
momento en que se expresa una motivación, la misma debe de estar probada.
24. Alega que, se eludió el estudio de la causal de nulidad, pues, correspondía al
Tribunal verificar si, efectivamente se encontraba o no probada esa pérdida de confianza
expuesta en el acto administrativo, para luego, determinar si existía o no la falsa
motivación.
25. Disiente de la motivación por medio de la cual, el tribunal sostiene que, el acto
administrativo era legal y que buscó el mejoramiento del servicio, por tanto, no se
acreditaba la causal de nulidad.
26. Lo anterior, por cuanto considera que, si el acto demandado de insubsistencia
careciera de motivación, en ese supuesto se estaría frente a una presunción de mejora
del servicio.
27. Insiste que, una cosa es la ausencia de confianza y, otra la pérdida de confianza,
en ese orden, resalta que, la motivación del acto administrativo se ubicó en la pérdida
de la confianza y no en la ausencia, pero no cualquier pérdida de confianza, sino en
aquella pérdida como consecuencia de una actuación irregular o fraudulenta, porque así
lo refiere la jurisprudencia consignada en la motivación.
1.6. Trámite de segunda instancia
28. Por auto de Dieciséis (16) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante de
acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
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Expediente digital – Samai – índice - 004
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Demandante: Edgar Gallo Carrero
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29. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.
30. La parte demandada presentó escrito por medio del cual, se pronuncia frente al
recurso de apelación.9
31. Considera que el acto administrativo objeto de la controversia, fue expedido en
cumplimiento del principio de legalidad, tal como se demostró en la etapa procesal
correspondiente.
32. El cargo de Asesor 1020-04 es de libre nombramiento y remoción, es decir, está
sujeto al ejercicio de la facultad discrecional; adicionando que, el buen desempeño en
el cargo no garantiza la permanencia indefinida en el mismo.
33. No se configura la falsa motivación en la expedición del acto administrativo objeto
de controversia, debido a que, no hay prueba siquiera sumaria de que la Resolución No
13928 de 2018 fuera expedida con intereses ajenos al interés público de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
34. En el presente caso, se configura la ausencia de calidad de prepensionado por la
parte demandante, debido a que, al momento de la declaratoria de insubsistencia del
señor Gallo tenía el número mínimo de semanas de cotización y estaba próximo a
cumplir los 62 años.
35. Por lo anterior, solicita Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el
Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F y de esta manera, proceda a
negar todas y cada una de las pretensiones esgrimidas por el demandante.
1.6.1. Concepto Ministerio Público.
36. El señor agente del Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
37. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
9
Expediente digital – Samai – índice - 006
10 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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Demandante: Edgar Gallo Carrero
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General del Proceso11, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
38. Corresponde a la Sala determinar: ¿La parte demandante le asiste razón jurídica
o no, para reclamar la ilegalidad del acto administrativo que declaró insubsistente su
nombramiento, en el empleo de libre nombramiento y remoción, de Asesor 1020-04 de
la planta del Consejo Nacional Electoral, en tanto, considera se expidió con falsa
motivación; o si, por el contrario, la Resolución No. 13928 de septiembre Veintiuno (21)
de Dos Mil Dieciocho (2018), se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, dado que,
la parte actora no logró desvirtuar su presunción de legalidad?
39. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo de los empleos de libre nombramiento y remoción, 2.4. Hechos
probados y 2.5. Caso concreto.
2.3. Marco normativo de los empleos de libre nombramiento y remoción.
40. La Constitución Política de 1991, en el artículo 123 define que, los servidores
públicos son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores
del Estado, los cuales ejercerán sus funciones de acuerdo con lo previsto en la
Constitución, la ley y el reglamento.
41. Además, el canon constitucional en el artículo 125, prevé la siguiente clasificación
de los servidores públicos “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley”.
42. Por su parte, el artículo 23 de la Ley 909 de 200412, regula el empleo público,
señalando que, “los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin
perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. Los empleos de libre
nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento
11 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.
12 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y otras
disposiciones».
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Número interno: 3129-2025
Demandante: Edgar Gallo Carrero
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de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta
ley (…)”.
43. En relación con los cargos de libre nombramiento y remoción, el artículo 5° de la
citada Ley 909 de 2004, los clasifica como aquellos cargos que corresponden a
dirección, conducción y orientación cuya función implica la adopción de políticas o
directrices de especial confianza con funciones de asesoría institucional adscritos a las
oficinas de los secretarios de despachos, directores de departamentos administrativos
y gerentes en los departamentos, distritos especiales y municipios y distritos de
categoría especial y primera.
44. La vinculación al empleo de libre nombramiento y remoción se efectúa por
facultad discrecional del nominador de seleccionar a quien tenga las condiciones de
idoneidad para ejercer el cargo y el retiro, a su vez, debe preceder de razones objetivas
dirigidas al interés general, sin que sea necesario que el acto de insubsistencia contenga
una motivación conforme lo dispone el artículo 41 (inciso 2º del parágrafo segundo) de
la Ley 909 de 2004 consagra que «La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado ».
45. Esta Subsección en sentencia del 19 de febrero de 202113, se ha referido a que
el acto de insubsistencia del empleado de libre nombramiento y remoción no requiere
de motivación, precisando:
«(…) de acuerdo con la norma, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la
discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad,
en otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que
implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder
jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por
ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión
que mejor convenga a la comunidad14.
En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la
discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado15 como límites para el ejercicio
de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de
la norma que la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de
causa.
Por su parte, el artículo 44 del C.P.A.C.A. establece que, en la medida en que el contenido de
una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser “adecuada” a los fines
de la norma que la autoriza, y “proporcional” a los hechos que le sirven de causa; lo anterior
supone que debe existir una razón o medida entre la realidad de hecho y el derecho que
supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la
discrecionalidad tiene como medida la “razonabilidad”.
Así las cosas, los límites de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción están
dados en que la decisión debe adecuarse a los fines de la norma, del Estado y de la función
13 Radicado: 250002342000201301223 02.
14 Así lo expresó la Sala, entre otras, en la sentencia de 20 de agosto de 2015, Expediente No.
250002325000201000254-01, No. INTERNO: 1847-2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
15 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-372 de 2012.
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administrativa, y ser proporcional a los hechos que le sirven de causa, de lo cual deberá
dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de manera suficiente, concreta, cierta y
concurrente al acto que origina el despido16, sin acudir a razones genéricas o abstractas que
no expongan con claridad los hechos».
46. En conclusión, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional y facultado
por la ley podrá remover al empleado de libre nombramiento y remoción, dado que, goza
de la potestad para disponer de su retiro con el fin de lograr el mejoramiento del servicio
oficial.
2.3.1. La naturaleza jurídica del cargo de Asesor de la planta del Consejo Nacional
Electoral.
47. El artículo 125 de la Constitución Política dispone que «Los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular,
los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley.»
48. El Decreto Ley 1011 de 2000, «Por el cual se establece la nomenclatura y
clasificación de los empleos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan
otras disposiciones», consagró en los artículos 3º, 4º, y 6º, la clasificación de los empleos
en la institución, entre los que se encuentran los del nivel asesor, que corresponden a
aquellos empleos, cuyo ejercicio implica especial confianza, y tienen asignadas
funciones de asesoría para la determinación de políticas institucionales y aquellos cuyas
funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar en materia de gestión, a los
directivos de la entidad.
49. Mediante el Decreto Ley 1012 de 2000, «Por el cual se establece la planta de
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones »,
estableció en la parte de personal – Consejo Nacional Electoral, despacho del
presidente, el cargo de asesor, código 1020-04 y, el Decreto Ley 1014 de 200017, indica
que, el empleo de asesor es de libre nombramiento remoción.
50. Mediante el Decreto Ley 1014 de 2000, se reglamenta la carrera administrativa
especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan normas que regulan la
gerencia pública18, norma que fue dictada al amparo de la nueva Carta Política, y en
16 Artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968.
17 “Por el cual se establece la planta de personal de la Registraduría Nacional de Estado Civil y se dictan normas que
regulen la Gerencia Pública”
18 Los Decretos Leyes 1011, 1012 y 1014 de 2000, fueron expedidos en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 8º
del artículo 1º de la Ley 573 de 2000. En el citado numeral, se dispuso que el ejecutivo quedaba facultado para
“Modificar la estructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil y su régimen de funciones y competencias
internas…y, modificar y dictar las normas sobre el régimen de carrera administrativa específico, el de inhabilidades e
incompatibilidades de los servidores de la organización electoral, previsto en el Decreto 3492 de noviembre 21 de
1986”.
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virtud de un criterio democrático, participativo y pluralista, propende porque el ingreso a
la carrera especial de dicho organismo estuviera precedido por el mérito, y no en virtud
de la filiación política, como se hacía antiguamente, cuando se preveía que, el
nombramiento de funcionarios del partido político opuesto al del registrador nacional del
Estado civil, garantizaba imparcialidad en el desempeño de sus funciones electorales.
En él se determinó como regla general, la carrera administrativa19 y excepcionalmente
consagró que, algunos cargos dentro de la entidad fuesen de libre nombramiento y
remoción, incluido en el literal b) número 1, artículo 3, el de asesor.
51. El criterio que siguió el Gobierno nacional, para clasificar específicamente el
empleo de asesor en dicha categoría, está contenido en el propio literal b) del citado
artículo 3°, cuando señala que, serán de libre nombramiento y remoción «Los empleos
de cualquier nivel jerárquico cuyo ejercicio implica confianza, que tengan asignadas
funciones de asesoría institucional, asistencial o de apoyo y estén adscritos a los
despachos del Registrador Nacional del Estado Civil, de la Secretaría General de la
Registraduría, del Presidente del Consejo Nacional Electoral y de los Consejeros
Electorales.»
52. Conforme a lo anterior, se estableció la carrera administrativa como regla general
para los cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, excepcionalmente
consagró que, algunos empleos por su naturaleza y funciones debían ser de libre
nombramiento y remoción, entre los cuales incluyó el de asesor.
53. Posteriormente, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 de
2003, por medio del cual, se modificó el artículo 266 de la Constitución Política, y en el
que, se dispuso que, el ingreso para los cargos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, debía realizarse mediante concurso de méritos, sin embargo, previó que, el retiro
de ciertos empleados podía ser flexible, en atención a las necesidades del servicio, y
frente a los cargos de responsabilidad administrativa y electoral, estos son de libre
nombramiento y remoción20.
54. Con respecto a ello, se destacó lo siguiente:
«La Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a
una carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de
méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. En
todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre
remoción, de conformidad con la ley.» (Negrillas de la Sala)
19 Artículo 2°, inciso 3° del Decreto Ley 1014 de 2000 estableció que el ingreso, permanencia y ascenso en los
empleados de carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se haría considerando exclusivamente el mérito.
20 Artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 2003
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55. Así las cosas, a partir de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2003, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, posee un régimen especial de carrera
administrativa, caracterizada por el ingreso mediante el sistema de mérito, y la remoción
para los empleados de responsabilidad administrativa y electoral, de manera flexible;
esta característica, para esta clase de cargos respecto a su remoción, fue ampliamente
explicada por la Corte Constitucional mediante sentencia C – 230 A de 2008 que al
respecto consideró:
«(…) En efecto, mediante el concurso se busca una calificación del mérito estrechamente
vinculada a patrones objetivos, sin que puedan emplearse criterios o factores subjetivos de
valoración, para evitar, de tal modo, que el resultado final quede a la disposición o al capricho
del nominador, quien, en consecuencia, no podrá desconocerlo ni alegar que es
inconveniente proceder a efectuar un determinado nombramiento. Mantener la exigencia de
una aprobación posterior al concurso y a los resultados en él obtenidos desconoce que la
propia Constitución estableció ese mecanismo para asegurar que el ingreso a la
Registraduría se base en el mérito, introduce una etapa que, fuera de ser extraña al sistema
de selección, propicia una ulterior e inadmisible valoración no exenta de consideraciones
subjetivas y, por lo tanto, deja los resultados a merced de una entidad distinta de la
Registraduría que, se repite, es la institución constitucionalmente facultada para adelantar
el concurso y para designar su propio personal conforme al sistema de carrera administrativa
especial que la Carta prevé. Téngase en cuenta, además, que como se consignó en otros
apartes de esta providencia, el Constituyente al instaurar un sistema de carrera especial y
el consiguiente ingreso mediante concurso a la Registraduría Nacional del Estado Civil tuvo
el propósito de sustraer a la entidad de influencias partidistas y que, en ese contexto, la
aprobación de los nombramientos por un órgano de composición eminentemente política
como el Consejo Nacional Electoral resulta todavía más extraña al nuevo marco
constitucional surgido del Acto Legislativo No. 01 de 2003. Ahora bien, el artículo 266 de la
Constitución adicionalmente indica que “los cargos de responsabilidad administrativa o
electoral serán de libre remoción, de conformidad con la ley”, de donde surge que se trata
de cargos que pertenecen a la carrera administrativa especial “a la cual se ingresará
exclusivamente por concurso de méritos especial”, pues, tratándose de ellos, el
Constituyente sólo aludió a la libre remoción, pero no al libre nombramiento. En otros
términos, respecto de los cargos de responsabilidad administrativa o electoral el régimen
especial constitucionalmente previsto para la Registraduría Nacional del Estado Civil
combina el ingreso mediante concurso de méritos y la libre remoción. La libre remoción es
garantía de la confianza que el Registrador Nacional deposite en quienes, habiendo
ingresado en virtud del concurso de méritos, desempeñen los cargos de mayor
responsabilidad y, de acuerdo con la Constitución, es competencia del legislador precisar
cuáles son esos cargos de responsabilidad administrativa o electoral que, aun cuando
pertenecen a la carrera, quedan sujetos a la libre remoción, dado que ésta procede “de
conformidad con la ley”. (Subraya fuera de texto) Desde luego, para la regulación de la
carrera administrativa especial de la Registraduría el legislador está asistido por su potestad
de configuración y, dentro de los parámetros constitucionalmente dispuestos y en atención
a la naturaleza, a las funciones propias de la Registraduría y a sus fines institucionales, el
legislador, conforme lo disponen los artículos 125 y 266 de la Carta, debe clasificar con
carácter general los cargos como de carrera, definir los que corresponden a cargos de
responsabilidad administrativa o electoral y por excepción, si así lo considera necesario,
determinar como de libre nombramiento y remoción algunos empleos que naturalmente no
impliquen responsabilidad administrativa o electoral.
Finalmente, el Congreso de la
República en el artículo 6 de la Ley 1350 de 2009, estableció la existencia de cargos de libre
nombramiento y remoción al interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre los
que abarcó al Delegado Departamental; sin embargo dicha disposición fue condicionada por
la Corte Constitucional mediante sentencia C – 553 de 2010, cuando dispuso que «los
cargos de autoridad administrativa o electoral allí regulados son de libre remoción y no de
libre nombramiento, por lo cual deberán ser provistos exclusivamente por concurso público
de méritos (…)».
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56. En desarrollo del citado acto legislativo, el Congreso de la República en el artículo
6 de la Ley 1350 de 2009, estableció la existencia de cargos de libre nombramiento y
remoción al interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre los que incluyó:
«b) Los empleos adscritos a los Despachos del Presidente y Magistrados del Consejo
Nacional Electoral y del Registrador Nacional del Estado Civil.»
2.4. Hechos probados21
57. El señor Edgar Gallo Carreño, además, de desempeñar otros cargos en el
Registraduría Nacional del Estado Civil22, para el caso concreto es importante resaltar
que mediante la Resolución No. 1727 del Doce (12) de febrero de Dos Mil Catorce
201423, fue nombrado por el Registrador Nacional del Estado Civil, en el ejercicio de sus
atribuciones legales, en especial la que le confiere el numeral 8 del artículo 26 del
Decreto 2241 de 1986 y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el numeral 5
del artículo 24 del Decreto 1010 y literal b) del artículo 6 de la Ley 1350 de 2009, en el
cargo de Asesor 1029-04 en la planta del Consejo Nacional Electoral en la dependencia
de la presidencia, cargo del cual tomó posesión el Trece (13) de febrero de Dos Mil
Catorce (2014).
58. El empleo antes mencionado, fue desempeñado por el actor, entre el Trece (13)
de febrero de Dos Mil Catorce (2014) al Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil
Dieciocho (2018)24.
59. Mediante la Resolución No. 13928 del Veintiuno (21) de septiembre de Dos Mil
Dieciocho (2018), se resolvió declarar insubsistente el nombramiento del servidor
público Edgar Gallo Carreño25, decisión que le fue notificada el Veintisiete (27) de
septiembre de 2018, por tanto, sus servicios los prestó hasta el 26 de dicho mes y
anualidad, tal como lo certifica el coordinador de registro y control de la Registraduría
Nacional del Estado Civil26.
60. La Resolución 6053 de diciembre de 2000, señala las funciones generales del
cargo Asesor 1020-0427.
21
Para la solución del caso concreto se atenderán los precedentes de subsección adoptados en casos de similitud
fáctica, entre los que se puede resaltar la sentencia la sentencia proferida por H. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero
Banguera, sentencia del seis (6) de junio de dos mil veinticinco, 2025), radicado : 08001-23-33-000-2022-00439-01
(0463-2025)
22 Expediente físico folio 116
23 Expediente físico – tomo III del CD visible a folio 75.
24 Expediente físico folio 116
25 Expediente físico – memoria USB
26 Ibidem
27
Expediente físico – folio 122
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61. Según certificado médico, suscrito por profesional de la medicina en psiquiatría –
psicoterapia, hace constar que, el demandante, para el mes de enero de 2019,
presentaba cuadro clínico de cinco meses evolución, trastorno del estado del ánimo,
ideas de muerte, anhedonia y ansiedad secundaria a su despedido laboral, por cual, fue
diagnosticado con una reacción de estrés agudo y un trastorno depresivo mayor, recibe
manejo psicoterapéutico, médico y farmacológico28.
62. Finalmente, se resalta que, reposa en el expediente copia de la hoja de vida del
señor Edgar Gallo Carrerño, la cual da cuenta de su formación académica y experiencia,
así como, los diversos actos administrativos de nombramiento29.
2.5. Caso concreto
2.5.1. Cuestión previa
De la competencia del Registrador Nacional del Estado Civil para proferir el acto
administrativo de insubsistencia objeto de control de legalidad.
63. Resulta importante precisar de cara a la estructura del Estado que, la
organización electoral, está compuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y
el Consejo de Nacional Electoral, las cuales actualmente gozan de independencia y
autonomía.
64. No obstante, aun cuando el cargo de Asesor 1029-04 pertenece a la planta del
Consejo Nacional Electoral, nótese que, tanto el nombramiento del actor como la
declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, fue suscrita por el Registrador
Nacional del Estado Civil.
65. Lo anterior, tiene su génesis en el tiempo que se efectuó el nombramiento del
demandante en el cargo de Asesor 1029-04, esto es, el Doce (12) de febrero de Dos Mil
Catorce (2014), y la declaratoria de insubsistencia de dicho nombramiento, mediante la
Resolución No. 13928 del Veintiuno (21) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018),
toda vez que, para dicha data, bajo los postulados del numeral 8 del artículo 26 del
Decreto 2241 de 1986, el Registrador Nacional del Estado Civil tenía la facultad
nominadora, la cual, a la luz de lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 del Decreto
1010, no podía delegarse.
28 Expediente físico – memoria USB, anexos, certificación médica.
29 Expediente físico – CD visible a folio 75.
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66. Seguidamente, el literal b) del artículo 6 de la Ley 1350 de 2009, precisó que «Los
empleos de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán
el carácter de empleos del Sistema de Carrera Especial de la Registraduría Nacional,
con excepción de los siguientes empleos de libre nombramiento y remoción: (...) b) Los
empleos adscritos a los Despachos del Presidente y Magistrados del Consejo Nacional
Electoral y del Registrador Nacional del Estado Civil;»
67. De lo anterior, se colige que, los empleos adscritos al Consejo Nacional Electoral
pertenecían a la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que
explica la razón por la cual, tanto el acto de nombramiento del actor como el de la
insubsistencia, fue suscrito por el Registrador Nacional del Estado Civil.
68. A través de la Ley 1955 de 2019 «Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad», en su artículo 335
se dispuso sobre la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral, de que trata
el artículo 256 de la Constitución, en el sentido de revestir al presidente de la República,
de facultades extraordinarias para que adoptara la estructura y organización del Consejo
Nacional Electoral.
69. De igual forma, se dispuso en el parágrafo 1 del artículo antes mencionado que,
«En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde al Consejo Nacional
Electoral a través de su presidente, nombrar a los servidores públicos de acuerdo con
la estructura y organización dispuesta para el efecto, (...)» y, el parágrafo 2, también
resaltó «El régimen laboral para sus servidores será el establecido en la Ley 1350 de
2009. El presidente del Consejo estará facultado para nombrar a los empleados del
Consejo y para celebrar los contratos en cumplimiento de sus funciones.»
70. En cumplimento de lo anterior, se expidió el Decreto 2086 de 2019 (noviembre
19) «Por el cual se crea la planta de personal del Consejo Nacional Electoral.», en su
artículo primero, dispuso:
«ARTÍCULO 1. Creación de empleos. Crear los siguientes empleos en la
planta de personal del Consejo Nacional:
cargo de Asesor 1029-04.»
71. Finalmente, indica el artículo 6: (…) Hasta tanto se produzca la incorporación de
los servidores a la planta del Consejo continuarán vinculados a la planta de la
Registraduría, cumpliendo las funciones a ellos asignadas y devengado la remuneración
que vienen percibiendo.
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72. Con lo expuesto, se dejan claras las razones por las cuales, el Registrador
Nacional del Estado Civil, antes de la expedición del Decreto 2086 de 2019, era quien
tenía la facultad nominadora sobre el cargo de Asesor 1029-04, adscrito a la planta del
Consejo Nacional Electoral, por tanto, era el competente para proferir el acto
administrativo objeto de control de legalidad.
2.5.2. Solución de la litis.
73. De cara a los antecedentes expuestos, es claro para la Sala que, no hace parte
del debate, la naturaleza del cargo de Asesor 1029-04, sobre el cual, se efectuó la
declaratoria de insubsistencia, pues, los extremos de la litis coinciden que es de libre
nombramiento y remoción, aspecto que, además se corrobora con el marco normativo
expuesta en la presente providencia.
74. En ese orden, se debe resaltar que, el centro de la litis consiste en establecer si,
la entidad accionada, con la expedición de la Resolución 13928 de Veintiuno (21) de
septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), incurrió en falsa motivación, al incluir en dicha
decisión, la causal de pérdida de confianza, a la luz de lo establecido en la sentencia de
la Corte Constitucional T-317/13.
75. En vista de lo anterior, la Sala procederá a analizar el contenido de la Resolución
No. 13928 del Veintiuno (21) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), acto
administrativo censurado, a fin de validar si, la decisión adoptada estuvo precedida de
una falsa argumentación, veamos:
«CONSIDERANDO
Que, mediante Resolución No. 1727 del 12 de febrero de 2014, se resolvió nombrar en un
empleo de Libre Nombramiento y Remoción al servidor público EDGAR GALLO
CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13837537, como ASESOR 1020-
04 Planta del Consejo Nacional Electoral, tomando posesión del cargo el 13 de febrero de
2014.
Que, el 29 de agosto de 2018, el Congreso de la República realizó la elección de los
nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2018-2022.
Que, mediante oficio [de] fecha 19 de septiembre de 2018, suscrito por el Presidente del
Consejo Nacional Electoral Heriberto Sanabria Astudillo, solicita:
“Que, el señor ÉDGAR GALLO CARREÑO (…) fue nombrado en un empleo de libre
nombramiento y remoción desempeñando el cargo de Asesor 1020 04Planta del
Consejo Nacional Electoral.
Que, mediante elección en sesión del Congreso de la República en plena de fecha
veintinueve (29) de agosto de 2018, fueron elegidos 9 Magistrados que conforman
el Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2018-2022.
Que, las funciones que desempeña el cargo de Asesor 1020-04, son de manejo y
confianza absoluta del Despacho de la Presidencia del Consejo Nacional Electoral.
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Que, el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, establece que:
Artículo 26. El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del
servicio civil que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente
libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo,
debería dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la
respectiva hoja de vida. (…)”.
En tal sentido se solicita el retiro del funcionario Édgar Gallo Carreño, Asesor 1020-
04.
(…)”
Sobre la desvinculación de un servidor público de la Registraduría Nacional en un empleo
de libre nombramiento y remoción por pérdida de confianza, la Corte Constitucional
mediante sentencia T-317/13 Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señaló:
“2.1. (SIC) DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO
Y REMOCIÓN POR PÉRDIDA DE CONFIANZA.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la facultad discrecional que tiene la
administración para desvincular funcionarios de libre nombramiento y remoción no
es sinónimo de arbitrariedad ni indica que pueden adoptarse decisiones sin
fundamento alguno, toda vez que dicha potestad exige, de un lado, que la decisión
responda a los fines de la norma que otorga la facultad y, del otro, la proporcionalidad
entre los hechos respecto de los cuales se pronuncia la administración y la
consecuencia jurídica que se genera.
En efecto, esta Corporación ha señalado:
“Encontramos, pues, en la discrecionalidad, dos elementos; uno, la adecuación de
la decisión a los fines de la norma que autoriza la facultad discrecional, y otro, la
proporcionalidad con los hechos que sirvieron de causa. La adecuación es la
correspondencia, en este caso, del contenido jurídico discrecional con la finalidad de
la norma originante, en otras palabras, la armonía del medio con el fin; el fin jurídico
siempre exige medios idóneos y coherentes con él. Por su parte, la proporcionalidad
es con los hechos que le sirven de causa a la decisión, y no es otra cosa que la
acción del hecho causal sobre el efecto jurídico; de ahí que cobre sentido la
afirmación de Kelsen, para quien la decisión en derecho asigna determinados
efectos jurídicos a los supuestos de hecho. De todo lo anterior se desprende que
la discrecionalidad no implica arbitrariedad al estar basada en los principios
de racionalidad y razonabilidad”. (Negrilla fuera de texto)
De otra parte, con relación a la facultad discrecional que tiene la administración para
desvincular a funcionarios que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción en
los que se exige una especial confianza, el Consejo de Estado ha señalado en
reiteradas ocasiones lo siguiente:
“Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en manifestar que las
facultades discrecionales no son omnímodas, sino que tienen que estar
encaminadas a la buena prestación del servicio público, por lo cual cabe estudiar el
vicio de ilegalidad del acto demandado frente al cargo del uso indebido que hace el
nominador de tal potestad. Así mismo, ha insistido la jurisprudencia que cuando se
trate de cargos que implican una especial responsabilidad y dignidad, como era el
caso de la demandante, las exigencias para ejercer la potestad discrecional se
tornan más amplias.
(...) Por ello resulta como una medida acorde con el buen servicio el retiro de la
funcionaria que se encuentre en tales circunstancias. Y el anterior razonamiento se
hace más exigente para los funcionarios que ocupan cargos de alta jerarquía en una
institución, pues es sabido que la alta dignidad de un empleo implica compromisos
mayores y riesgos de los cuales no pueden sustraerse dichos servidores estatales,
debido, precisamente, a que su desempeño se torna de conocimiento público y que
cualquier actuación puede dar lugar a situaciones incómodas para el organismo y
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para el nominador, en este caso el Alcalde, a quien no se le puede pedir una
conducta distinta que actuar en aras del interés general.
Detentar la investidura de un alto cargo impone al funcionario ceder su interés
particular ante cualquier situación en que se vea comprometido el interés
público, ya que la pulcritud en el desempeño de estos empleos debe ser mayor
que la que deben acusar los demás funcionarios, como se dijo anteriormente.”.
(Negrilla fuera del texto).
En ese contexto, la misma Corporación ha señalado frente a la destitución de
empleados de libre nombramiento y remoción por razones de pérdida de confianza,
lo siguiente: “(…) la situación en la que se encuentran los empleados que gozan de
fuero de relativa estabilidad laboral, no es igual a la de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción, pues respecto de estos se predica un grado de confianza
que no se requiere en aquellos. La finalidad que se persigue con la autorización
de removerlos libremente es razonable, pues consiste en asegurar la
permanencia de la confianza que supone el ejercicio del cargo”. (Negrilla fuera
de texto).
En similar sentido, manifestó:
“La Sala encuentra que convergen en un todo y evidencian que, efectivamente,
como lo dice el a quo, para el nominador dicho proceder de la accionante ocasionó
la pérdida de la confianza en ella. Y esta circunstancia, como se destaca en la
sentencia, según lo ha reiterado esta Corporación, constituye razón de buen
servicio para declarar la insubsistencia del nombramiento de un empleado
público, pues para lograr la buena prestación del mismo, se requiere que quien
tiene a su cargo la dirección del equipo de gobierno, tenga en cada uno de sus
colaboradores absoluta confianza y credibilidad en su comportamiento, pues
sólo así se puede lograr la armonía necesaria para cumplir los objetivos y
cometidos de la administración, cuestión que debe ser prevalente para
quienes son responsables de conducir o dirigir los organismos e instituciones
oficiales. Y no puede tacharse de ilegal el decreto de remoción porque el Secretario
de Transporte y Tránsito no le diera a la conducta de la libelista la transcendencia
que el nominador le otorgó, porque se trata de criterios netamente subjetivos, y los
expresados por el nominador, no desbordan los parámetros jurisprudenciales que
sobre el ejercicio de la facultad discrecional de remoción ha trazado esta
Corporación. Por ende, se constituyen en soporte válido de una determinación como
la demandada”.
Así las cosas, tal como se ha expuesto en las secciones anteriores, siendo la
confianza un factor determinante a la hora de vincular funcionarios en cargos de libre
nombramiento y remoción, su pérdida constituye una razón justificada para que la
administración dé por terminada la relación laboral con el empleado público y de esta
forma garantice tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción del interés
público. En ese entendido, cuando la decisión de insubsistencia es consecuencia de
actuaciones del servidor que contribuyeron a que su nominador perdiera la confianza
en él, el acto no puede catalogarse como arbitrario o dictado con desviación de
poder.
Que, por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
Artículo primero: A partir de la fecha, declarar insubsistente el nombramiento del
SERVIDOR ÉDGAR GALLO CARREÑO (…) del cargo de ASESOR 1020-04
empleo de Libre Nombramiento y Remoción de la Planta del Consejo Nacional
Electoral.
Artículo segundo: Contra la presente resolución no procede recurso alguno». (Negrillas del
texto original).
76. Del contenido del acto administrativo demandado, la Sala observa las
circunstancias de hecho y de derecho que, llevaron al Registrador Nacional del Estado
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Civil a declarar la insubsistencia del nombramiento del actor en el cargo de Asesor 1020-
04, dentro de lo cual, se advierte que, como referente jurisprudencial, se acudió a la
sentencia T-317/13, por medio de la cual, la Corte Constitucional analizó la
desvinculación de funcionario de libre nombramiento y remoción por pérdida de
confianza, de ahí que, sostiene el recurrente que pese a ser un acto administrativo que
no requería motivación, fue motivado bajo la pérdida de confianza.
77. En ese orden, considera la parte actora que, la entidad demandada incurrió en
falsa motivación, en razón a que, no demostró la pérdida de confianza, pues precisa
que, en los términos de la RAE ello hace referencia a algo que se poseía pero que se
perdió, razón por la cual, insiste que, si ese fue el motivo de la insubsistencia, debía
probarse, lo cual a su sentir no sucedió.
78. Así las cosas, es oportuno traer a colación lo que acerca de la motivación de los
actos administrativos, la Corte Constitucional ha considerado30:
«La motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denomina "los
considerandos" del acto, es una declaratoria de cuáles son las circunstancias de
hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o
presupuestos del acto; constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica
con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad. De
la motivación sólo puede prescindirse en los actos tácitos, pues allí no hay siquiera
una manifestación de voluntad; salvo en ese caso, ella es tan necesaria en los actos
escritos como en los actos verbales.»
79. Ahora, en lo que respecta a la causal de falsa motivación, esta Corporación31 ha
señalado los siguientes escenarios: «i) se presenta inexistencia de fundamentos de
hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los
supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error
o por razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de
hecho o de derecho un alcance que no tienen, y iv) razones que sirven de fundamento
al acto no justifiquen la decisión.»
80. De igual forma, resulta ilustrativo, el precedente de la Subsección A, en el que
diferenció la falsa y la falta de motivación, como causales de nulidad de los actos
administrativos, al considerar32:
«En contraposición a la debida motivación del acto administrativo aparecen las
figuras de la falta de motivación y falsa motivación. La primera hace referencia a
la inexistencia absoluta de las condiciones de hecho y de derecho que sirven
de fundamento a la decisión administrativa, mientras que la segunda supone
30 Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero
31 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de
2016. Radicación: 25000232400020080026501.
32 Sentencia del 17 de marzo de 2016 radicación número: 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12) M.P. Gabriel
Valbuena Hernández
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un yerro en la escogencia o determinación de dichas condiciones. Para
establecer si se incurre en esta causal de nulidad del acto administrativo, se hace
necesario examinar los antecedentes fácticos y jurídicos del mismo, para
llegar a concluir que existe una incongruencia entre los motivos invocados
por el funcionario y la decisión final. Así, habrá falsa motivación cuando al
analizar el acto administrativo se evidencia la divergencia entre la realidad fáctica
y/o jurídica con los motivos esgrimidos en el acto administrativo.» (negritas fuera de
texto)
81. Atendiendo los criterios jurisprudenciales expuestos, la Sala no observa que la
entidad, al expedir el acto administrativo objeto de control de legalidad, incurriera en la
falsa motivación que alega el recurrente.
82. Lo anterior, en razón a que, el hecho de aludir en el acto enjuiciado a la falta de
confianza, no conlleva automáticamente a una falsa motivación bajo las consideraciones
del recurrente, pues, la insubsistencia analizada, encuentra su principal sustento en el
contenido del oficio adiado Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018),
relacionado en la Resolución No. 13928 del Veintiuno (21) de Septiembre de Dos Mil
Dieciocho (2018), donde expresamente se expuso «Que mediante elección en sesión
del Congreso de la República en plena de fecha 29 de agosto de 2018, fueron elegidos
9 magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2018-2022.
83. Así las cosas, se debe tener en consideración que el cargo de Asesor, 1020-04
implica el máximo grado de confianza, pues se recuerda que sus funciones generales,
a la luz de lo establecido en la Resolución 6053 de diciembre de 2000, son:33
«1.Asesorar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normas y
optimización de procedimientos, que permitan el eficiente cumplimiento de las
funciones la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo a lo señalado en la
Constitución, la Ley, los Decretos y reglamentos.
2.Atender de manera personal y con absoluta responsabilidad y confianza, los asuntos
de carácter confidencial que le sean asignados por su jefe inmediato.
3.Asistir, aconsejar y asesorar en materia de gestión al Registrador Nacional, los
Consejeros Electorales, al secretario general y al personal Directivo de la Institución.
4.Realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol
y autoevaluación. Art. 5°, literal e, Decreto 2145/99.
5.Absolver consultas y emitir conceptos en los asuntos encomendados.
6.Allegar la información y documentación necesaria, para una adecuada toma de
decisiones.
7.Asesorar y participar en las investigaciones y estudios a él confiados.
33
Expediente físico – folio 122
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8.Asistir y participar en representación del jefe inmediato en reuniones, consejos,
comisiones, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea autorizado o delegado
para el efecto.
9.Celebrar las audiencias y las reuniones a que haya lugar, conforme a las
disposiciones o instrucciones correspondientes.
10.Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad
requeridas.
11.Asesorar en la compilación y difusión de las normas, reglamentos y procedimientos
que rigen los procesos a su cargo y organizar el sistema de información, que permita
su consulta en una forma ágil, oportuna y eficaz.
12.Participar en los procesos de dirección, control y el cumplimiento de los objetivos
institucionales en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
13.Responder por el inventario de elementos devolutivos asignados.
14.Además de las anteriores funciones, deberá cumplir con las actividades y
responsabilidades especificas indicadas en la resolución de creación del grupo de
trabajo, donde sea asignado.
15.Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Registrador
Nacional, las que reciba por delegación y aquellas inherentes al nivel, la naturaleza de
la dependencia y del cargo. (sic).»
84. A partir de lo anterior, queda demostrado que, el cargo de Asesor 1020-04 está
adscrito al despacho del presidente del Consejo Nacional Electoral, cuyo ejercicio
implica el máximo nivel de confianza, pues en sus funciones nótese que podía asistir y
participar en representación del jefe inmediato, de ahí que, se justifica la decisión de
insubsistencia del actor, en atención a la nueva conformación del CNE, con los 9
magistrados elegidos para conformar el CNE para el periodo 2018-2020, pues se trata
de un cargo con especial relevancia, en el cual es necesario contar con una persona de
la entera confianza del nominador, no solo por las funciones, sino porque su indebido
ejercicio, puede comportar responsabilidad para el nominador.
85. Ahora, resalta la Sala que, la tesis del recurrente busca que se revoque la
decisión del A-quo, porque a su sentir la pérdida de confianza que se expuso en el acto
acusado se enmarcó bajo los supuestos fácticos analizados por la Corte Constitucional
en la sentencia T-317/13.
86. No obstante, dicha tesis no tiene vocación de prosperidad, pues, tal como lo
indicó el Tribunal, si bien la sentencia de tutela, se profirió en el marco de un proceso
donde se analizaba el presunto actuar irregular por parte de la accionante, no es de
recibo extender de manera rígida los hechos analizados en la acción constitucional al
caso bajo análisis, pues el precedente utilizado no es la razón o principio jurídico
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esencial que motivó la decisión de la insubsistencia, sino el ejercicio de la facultad que
tiene el nominador en los términos del Decreto 2400 de 1968.
87. De igual forma, tampoco le asiste razón a la parte apelante, cuando indica que,
se debe acreditar la pérdida de confianza, pues, bajo su interpretación, dicha pérdida
hace alusión a que había una confianza pero se perdió, tesis que no es del todo de
recibo, porque se insiste que, la insubsistencia tiene su origen en el ejercicio de la
facultad antes mencionada de cara a la nueva conformación del CNE para el periodo
2018-2022, lo cual, entre dicha elección (28 de agosto de 2018) y la insubsistencia del
nombramiento del actor (21 de septiembre de 2018), trascurrieron escasamente 23 días,
por lo que, no se puede pretender en tan poco tiempo, construir la confianza en el
máximo nivel que exige el cargo en mención, para con ello sostener que, se perdió algo
que no alcanzó a existir.
88. En tal razón, se advierte que, la pérdida de confianza no se debe a un actuar
desleal del actor, sino al ejercicio de la facultad discrecional que el legislador les ha
proporcionado a los nominadores frente a los cargos de libre nombramiento y remoción,
la cual se presume, estar inspirada siempre en el mejoramiento del servicio.
89. Así las cosas, es dable colegir que, la parte actora no logró demostrar que, el acto
demandado haya sido expedido con inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho
o que sean contrarios a la realidad y, por el contrario, se identifica que, el acto acusado
fue expedido con fundamento en la Ley, que permite al nominador expedir actos
discrecionales para la remoción de empleados de libre nombramiento y remoción.
90. Atendiendo los criterios normativos y jurisprudenciales expuestos, la Sala no
observa que, la entidad demandada desbordó los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que inspiran el ejercicio de la facultad discrecional del Registrador
Nacional del Estado Civil, por manera tal que, el retiro del señor Edgar Gallo Carrero,
obedeció a la libre remoción, decisión que, por lo demás, resultó atemperada al
precedente constitucional y al de esta Corporación. Por lo tanto, el cargo formulado no
tiene vocación de prosperidad.
91. En estos términos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
2.6 Condena en costas
92. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
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Número interno: 3129-2025
Demandante: Edgar Gallo Carrero
Demandado: Registraduría Nacional de Estado Civil
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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