República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2020-00418-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2020-00418-01 (2432-2022)
Demandante: Gilberto Echeverri García
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Tema: insubsistencia de registrador especial. Subtema 1: naturaleza del cargo de
registrador especial. Subtema 2: motivación del acto de retiro del servicio.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 10 de diciembre de 2021, por el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Cuarta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas.
1. Síntesis del caso
El señor Gilberto Echeverri García pidió que se declare la nulidad de la Resolución
0039 del 28 de febrero de 2020 mediante la cual la Registraduría Nacional del
Estado Civil declaró insubsistente su nombramiento. Asimismo, solicitó su reintegro
al cargo de registrador especial 0065-02 y el reconocimiento de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir.
El Tribunal Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de imponer condena en costas. Inconforme con esta decisión, el
demandante interpuso recurso de apelación.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la
sentencia de primera instancia, pues el demandante no logró desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara el acto demandado.
Radicación: 63001-23-33-000-2020-00418-01 (2432-2022)
Demandante: Gilberto Echeverri García
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Gilberto Echeverri García, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho el 11 de diciembre de 20202, contra la Registraduría Nacional del
Estado Civil, con las siguientes pretensiones:
2. Se declare la nulidad de la Resolución 0039 del 28 de febrero de 2020,
mediante la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil declaró insubsistente el
nombramiento del señor Gilberto Echeverri García.
3. A título de restablecimiento del derecho, la parte demandante solicitó ordenar
el reintegro del señor Gilberto Echeverri García al cargo de registrador especial
0065-02, o a uno de igual o superior categoría, así como el reconocimiento y pago
de los salarios, primas, bonificaciones y demás prestaciones sociales dejadas de
percibir desde la notificación de la Resolución 0039 del 28 de febrero de 2020 y
hasta que se haga efectivo su reintegro. Finalmente, pidió condenar en costas a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:
5. El señor Gilberto Echeverri García fue designado como registrador especial
0065-02 mediante la Resolución 0111 del 19 de septiembre de 2001, expedida por
el registrador delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dicha decisión
fue confirmada mediante la Resolución 3508 del 3 de octubre de 2001, en
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 33 y en el numeral 9 del
artículo 26 del Código Electoral.
6. Al momento de su vinculación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
señor Gilberto Echeverri García tenía más de 39 años. Según la demanda, se
encontraba en una etapa productiva de su vida laboral y, en virtud de las comisiones
dispuestas por sus superiores, se desempeñó en distintos lugares del país.
7. El señor Gilberto Echeverri García ocupó el cargo de registrador especial
0065-02 por más de 18 años, sin que durante ese lapso hubiera recibido llamados
de atención por su desempeño laboral. Por el contrario, según afirmó, ejerció sus
funciones con eficiencia, rectitud y eficacia, y se destacó por sus capacidades
personales e intelectuales.
1 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_63001233300020200041(.zip) NroActua 2, 63001233300020200041800,
001DemandaGilbertoEcheverriGarcia.pdf y 020Subsanación, 020.1Correo1, Memorial subsanando demanda
Gulberto Ech.pdf, páginas 1 a 16 del archivo digital.
2 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_63001233300020200041(.zip) NroActua 2, 63001233300020200041800,
013CorreoOficinaJudicialRepartoTAQ.pdf y 014ActaIndividualRepartoTAQ.pdf.
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Demandante: Gilberto Echeverri García
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
8. En el marco de sus funciones, el señor Gilberto Echeverri García afirmó haber
liderado más de cinco procesos electorales presidenciales, además de elecciones
de senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, asambleas,
concejos y juntas administradoras locales. También señaló que desempeñó
adecuadamente las funciones relacionadas con el registro civil y la cedulación de
los ciudadanos, con honestidad y transparencia. Agregó que obtuvo títulos
académicos, cursó programas de actualización y ejerció como catedrático de la
Universidad La Gran Colombia, seccional Armenia, entre los años 2003 y 2009,
labor que abandonó para dedicarse a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
9. A través de Resolución 0039 del 28 de febrero de 2020, la Registraduría
Nacional del Estado Civil declaró insubsistente el nombramiento del señor Gilberto
Echeverri García.
10. Posteriormente, el señor Gilberto Echeverri García radicó petición de
revocatoria directa de la Resolución 0039 del 28 de febrero de 2020. La
Registraduría Nacional del Estado Civil resolvió la solicitud el 19 de agosto de 2020
y la negó, con fundamento en que el Tribunal Administrativo del Quindío ya se había
pronunciado, en sede de tutela, sobre una acción constitucional sustentada en los
mismos supuestos fácticos.
11. Finalmente, el señor Gilberto Echeverri García presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Delegada para Asuntos
Administrativos. La audiencia se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2020 y fue
declarada fallida por ausencia de ánimo conciliatorio de la entidad convocada.
12. El demandante afirmó que su estado de salud se ha deteriorado y que, en la
actualidad, padece diabetes mellitus, estrés e hipertensión arterial. También indicó
que asume el pago de medicina prepagada, cuyo valor asciende anualmente a
$5.900.000.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
13. En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:
i) Constitución Política: artículos 2, 6, 25, 29, 125 y 166;
ii) Acto Legislativo 01 del 3 de julio de 2003; y
iii) Legales: Decreto-Ley 1011 del 2000, Decreto Ley 1012 del 2000, Decreto-
Ley 1014 del 2000, Ley 1350 de 2009, Ley 1450 de 2011, Ley 1134 del 4 de
mayo de 2007.
14. En el concepto de violación, la parte actora indicó que se desconocieron las
obligaciones relativas a la protección del trabajo, como derecho fundamental, en
tanto los empleados públicos tienen el derecho a exigirle al Estado que sus
nombramientos y remociones observen la normativa que rige la función pública. De
ahí se desprende que, en el caso particular, se advierten irregularidades y
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Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
desviaciones, en la medida en que la autoridad nominadora no sujetó las
atribuciones a las disposiciones legales.
15. Por lo tanto, comoquiera que el señor Gilberto Echeverri García gozaba de
una inmovilidad relativa por el cargo de carrera administrativa que desempeñó en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la administración gozaba de una
competencia reglada. En ese escenario, para poder desvincularlo del servicio
público, debía actuar conforme a la normativa, a partir del procedimiento dispuesto
en la ley, el cual debía culminar con la expedición de un acto administrativo
motivado. El citado acto debió provenir de un trámite previo de descargos y de la
emisión de un concepto por parte de la comisión de personal, lo que no ocurrió en
el asunto de la referencia.
16. En razón de lo anterior, se desconoció el debido proceso que emana del
artículo 29 de la Constitución Política, puesto que la expedición del acto
administrativo acusado pasó por alto el justo equilibrio entre los derechos del
funcionario y los intereses de la administración, al declararse insubsistente a un
empleado de carrera administrativa. Igualmente, se desatendieron los talentos, las
virtudes y la idoneidad del demandante, y se irrespetó la estabilidad en el empleo,
pese a existir una regulación relacionada con las prohibiciones.
17. Seguidamente, se dejó de tener en cuenta el Régimen Especial de Carrera
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el artículo 125 de la Constitución
Política y el hecho de que la entidad goza de un régimen de carrera de orden
constitucional, que está regulado en el artículo 266 de la Carta Política, el cual fue
modificado por el Acto Legislativo 01 del 2003. Por este motivo, los empleos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil quedaron regulados en el Decreto-Ley 1011
del 2000, dentro del cual se establece como cargo del nivel técnico el de registrador
municipal, código 4035, grado 05 y también en el Decreto-Ley 1012 del 2000.
18. En línea con esto, el Decreto-Ley 1014 del 2000 reglamentó la carrera
administrativa de la entidad e implementó el mérito como factor para ingreso al
servicio. También previó cuáles serían los cargos de libre nombramiento y remoción,
dentro de los cuales no se encuentra el que desempeñaba el demandante.
19. Destacó que el Acto Legislativo 01 del 2003 introdujo una nueva modalidad
de retiro en los empleos de responsabilidad administrativa o electoral, de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual generó una mezcla de ingreso por
mérito y retiro flexible, en los términos en que lo dispuso la Corte Constitucional en
la sentencia C-230 del 2008. Asimismo, se expidió la Ley 1350 del 2009, que
tampoco enlistó el cargo desempeñado por el demandante dentro de los empleos
de libre nombramiento y remoción, porque no realizaba funciones de dirección,
conducción, asesoría y orientación, ni adoptaba políticas en ese sentido.
20. De conformidad con lo anterior, el citado cargo goza de la naturaleza de ser
un empleo de nivel técnico, en el marco de la carrera administrativa, en los términos
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Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
del Decreto-Ley 1011 del 2000 y la Ley 1350 del 2009 que previó, en su artículo 20,
las clases de nombramiento en la entidad. Puntualmente, destacó que la
provisionalidad, de índole discrecional, es excepcional y procede en los cargos de
carrera hasta por un término de 6 meses. Lo anterior le prohíbe a la entidad proveer
un empleo definitivamente a través de concurso de méritos, el cual debía
adelantarse dentro de los 24 meses siguientes, plazo que se amplió hasta el 6 de
agosto de 2012 por virtud de la Ley 1450 de 2011.
21. De la forma en que se ha expuesto, se requería que la decisión se motivara,
a pesar de que el cargo era provisional, como lo ha dispuesto la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, frente a los empleos de esa
naturaleza, al interior de la entidad, provistos con posterioridad a la vigencia de la
Ley 909 de 2004. En este orden, no basta cumplir con el término, para justificar la
desvinculación. Todos estos motivos permiten establecer que se configuró una
desviación de poder, un abuso por parte de los registradores departamentales y la
causal de falta de motivación en el acto de retiro del servicio.
2.1. Contestación de la demanda
2.2.1. Registraduría Nacional del Estado Civil3.
22. La entidad afirmó que el demandante fue designado en el cargo de
registrador especial, segundo de mayor jerarquía en el nivel territorial, en el período
indicado. No obstante, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar
que el actor no detentó un cargo de carrera administrativa, razón por la cual la
motivación del acto administrativo demandado resultó idónea y no habría lugar a
declarar su nulidad.
23. En particular, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han considerado
que los cargos directivos y gerenciales, como es el caso del registrador especial, no
son de carrera administrativa, sino de libre nombramiento y remoción. En
consecuencia, para efectos del retiro, la motivación se deriva de la pérdida de
confianza en la persona y es razón suficiente y razonable para declarar la
insubsistencia del nombramiento, sin que existan antecedentes que justifiquen la
necesidad de contar con una motivación extensa. De esta forma, históricamente la
entidad ha vencido en los procesos relacionados con la desvinculación de
delegados departamentales y de registradores especiales.
24. Para soportar lo anterior, sostuvo que la propia Ley 1350 del 2009 dispone
que los nombramientos en provisionalidad en la Registraduría Nacional del Estado
Civil, respecto de los cargos de carrera, son igualmente discrecionales y la facultad
de retiro flexible se desprende del contenido del literal c) del artículo 29 de la ley
ibidem. Así, para los cargos generales o de responsabilidades administrativas, el
3 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_63001233300020200041(.zip) NroActua2, 63001233300020200041800,
035ContestacionDda, 035.1Registraduría, CONTESTACIÒN DEMANDA MP DR JUAN CARLOS BOTINA
630012333000-2020-00418-00 GILBERTO ECHEVERRI VS RNEC.pdf.
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mérito será el criterio de selección, sin perjuicio de las facultades discrecionales que
emanan del artículo 61 ibidem.
25. De este modo, el señor Gilberto Echeverri García ejerció un cargo de libre
nombramiento y remoción y la resolución demandada estuvo debidamente
motivada, ya que el actor nunca se posesionó en período de prueba propio de la
carrera administrativa, ni se inscribió en esta. Tampoco pidió que se implementara
dicha inscripción, y la calificación no se efectuó conforme a la figura que rige el
sistema de carrera: los acuerdos de gestión, que difieren de la evaluación de
desempeño. Al efecto, expresó que el hecho de que se haya surtido una selección
por meritocracia no convertía el cargo en provisional o de carrera administrativa,
según lo establecen los artículos 63 de la Ley 1350 de 2009 y 49 de la Ley 909 de
2004, y lo ratificó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 2 de febrero de 20174.
26. Así las cosas, en estos particulares escenarios, tanto el constituyente como
el legislador previeron el principio y derecho fundamental a la igualdad, lo que daba
lugar a reiterar la postura sostenida por el Consejo de Estado, relativa a que no
procede la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia, por
estar debidamente motivado. En ese sentido, la discrecionalidad es legal y legítima
y, tanto el nombramiento como la remoción, gozan de esa facultad, en tratándose
de los cargos directivos y gerenciales, como el de registrador especial.
27. Bajo este entendido, en estos últimos se predica el elemento de la confianza,
lo que habilita la declaratoria de insubsistencia y resulta de obligatorio cumplimiento
lo dispuesto en la sentencia SU-003 de 2018 de la Corte Constitucional, que ratifica
que los cargos directivos son de libre nombramiento y remoción y torna innecesario
llevar a cabo una investigación en contra del funcionario que será retirado.
28. En igual sentido, no es cierto que la designación haya respondido a motivos
políticos y tendría que probarse que no operó la presunción de intuitu personae5 que
se predica respecto de cargos que manejan personal, dineros, registros civiles y la
organización y dirección de las elecciones. De acuerdo con lo anterior, la
insubsistencia objeto de debate es legal y constitucional, y no existió
desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad, bajo la óptica de la
razonabilidad, la proporcionalidad y la equivalencia.
29. Puso de presente que no le consta si el demandante recibió llamados de
atención, ni si el cargo se ejerció con rectitud, eficiencia y eficacia. Tampoco le
constan las patologías que aduce el actor, si debido a estas pidió traslado, cambio
de cargo, o le impidieron el buen desempeño, la capacitación y labor ejercida como
catedrático, ni los pagos realizados por el plan alternativo en salud. Bajo este
entendido, no se le vulneró su derecho al trabajo, puesto que la entidad no lo declaró
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2
de febrero de 2017, exp. 81001233100020110001901.
5 En atención a la persona.
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inhabilitado para tal fin, aunado a que, si hubiera sido ilegal el acto enjuiciado, la
Procuraduría General de la Nación hubiera exhortado al comité de conciliación de
la entidad para que conciliara lo pertinente y modificara su postura.
30. También mencionó que se cumplieron los presupuestos contenidos en la
sentencia C-553 de 2010 de la Corte Constitucional, en tanto existió una motivación
veraz y completa. No obstante, el demandante interpreta que la alta corporación en
cita desnaturalizó los cargos directivos y los equiparó a los provisionales o de
carrera, cuando en el caso concreto está demostrada la motivación, acorde con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, como es el caso de la sentencia de
unificación 003 de 2018.
31. En todo caso, la citada sentencia C-553 resulta un fallo inocuo, porque solo
analizó una norma y dejó vigentes los artículos 20, 61, 62, 63 y 64 de la Ley 1350
de 2009, los decretos 1010 a 1014 del 2000, y las disposiciones relacionadas con
la gerencia pública, previstas en la Ley 909 de 2004, que aluden a la
discrecionalidad propia de los cargos directivos, dentro de los cuales se enmarca el
registrador especial.
32. De la forma en que se ha expuesto, consideró que estos aspectos eran
relevantes, sumados al hecho de que, en virtud del artículo 187 del CPACA, debían
declararse configuradas todas las excepciones que estuvieran probadas, así no
hubieran sido presentadas por las partes. En gracia de discusión expresó que, si se
afirmaba que el cargo de registrador especial era de carrera administrativa,
equivalente a un provisional, este también sería discrecional, al interior de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al gozar con un término límite de
nombramiento dispuesto en el literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 del 2009.
33. Por todos los motivos expuestos, pidió que se negaran las pretensiones de
la demanda, ante la legalidad del acto acusado, el cual contó con una debida
motivación, pese a que esta no era requerida.
2.2.2. Sandra Milena Henao Henao, en su condición de registradora especial
de Armenia, nombrada en el cargo que desempeñaba el demandante6.
34. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda al expresar que el cargo
de registrador especial es de libre nombramiento y remoción y no de carrera, como
ocurre con las plazas gerenciales de la entidad. Por tanto, la motivación de un acto
administrativo que declara la insubsistencia, en este escenario, no exige motivación,
pues responde a la discrecionalidad y no opera el retiro flexible o la inmovilidad
relativa.
35. De este modo, tampoco era necesario tener como antecedente un proceso
disciplinario en el que se probara la existencia de irregularidades, puesto que resulta
6 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_63001233300020200041(.zip) NroActua 2, 63001233300020200041800,
035ContestacionDda, 035.2Vinculada, CONTESTACION DEMANDA .pdf.
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aplicable el inciso final del artículo 15 del Acto Legislativo 01 del 3 de julio de 2003,
que reformó el artículo 266 Superior y prevé la naturaleza de los cargos de
responsabilidad electoral o administrativa, como de libre nombramiento y remoción.
36. En igual sentido, consideró que el demandante incumplió la carga
argumentativa requerida para demostrar que la expedición de la Resolución núm.
0039 del 28 de febrero de 2020 quebrantó las garantías enunciadas, en particular,
no sustentó los motivos que condujeron a una violación del debido proceso, lo cual
impide tener por demostrada la infracción a la legalidad. También destacó que la
Ley 1134 del 2007 no tenía relación con el tema discutido, y que el actor citó
sentencias dictadas en sede constitucional, sin explicar si constituyen doctrina
probable, antecedentes, precedentes o decisiones de unificación.
37. En línea con lo anterior, puso de presente que no le constan las razones
políticas que supuestamente motivaron el retiro del señor Gilberto Echeverri García,
y que la ilegalidad invocada no tiene mérito de prosperar porque el artículo 125 de
la Constitución Política justifica que los cargos de libre nombramiento y remoción no
son de carrera; los artículos 25 y 26 del Decreto-Ley 2400 de 1968 facultan para
retirar del servicio a empleados públicos por varias causas, entre estas la
insubsistencia; los artículos 105 y 107 del Decreto 1950 de 1973 prevén que el retiro
del servicio puede tener origen en la declaratoria de insubsistencia, por tratarse de
un empleo de libre nombramiento y remoción, que no exige motivación; el artículo
41 de la Ley 909 de 2004 dispone que se trata de una facultad discrecional; y el
artículo 61 de la Ley 1350 de 2009 establece lo relacionado con los cargos de
naturaleza gerencial.
38. Por lo tanto, existen múltiples antecedentes en los que se ha dejado sentado
que no se requiere motivación, en tratándose de declaratorias de insubsistencia de
cargos de delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
en tanto carecen de fuero de estabilidad, y reúnen determinadas características;
entre estas, que ejercen funciones directivas y que se requiere la confianza en el
manejo de las responsabilidades. Esto lo sustentó a partir de diversas decisiones
de la Corte Constitucional de las que destacó que ni la condición de prepensionados
les permitía gozar de un fuero de estabilidad. En virtud de lo anterior, pidió que se
despacharan desfavorablemente las súplicas de la demanda.
2.2. Sentencia anticipada de primera instancia
39. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío dictó
sentencia anticipada7 el 10 de diciembre de 2021, en la que negó las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, en los siguientes términos:
7 El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Quindío profirió auto el 17 de junio de 2021 en el
que dispuso que el asunto reunía las condiciones dispuestas en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el
artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, para impartirle el trámite de sentencia anticipada. Lo anterior, toda vez que
no se surtió audiencia inicial, no existían excepciones previas por resolver ni había pruebas por decretar, toda
vez que las aportadas eran únicamente documentales. En este orden, se incorporaron como pruebas los
documentos allegados por el demandante y las demandadas, en los términos del artículo 173 del CGP, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.
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Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme la presente sentencia archíveses el expediente, una vez
realizadas las correspondientes anotaciones en el software de gestión.
40. En sustento, precisó que el señor Gilberto Echeverri García fue nombrado
registrador especial de Armenia, mediante la Resolución 111 del 19 de septiembre
de 2001 y esto fue aprobado a través de la Resolución 3508 del 3 de octubre
siguiente. De esta situación es posible establecer que fue nombrado en propiedad,
como se afirmó en la demanda. No obstante, en la Resolución 039 del 28 de febrero
de 2020, enjuiciada en este asunto, se le declaró insubsistente con fundamento en
que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción.
41. Al respecto, el Tribunal precisó, con el ánimo de aclarar el cargo ejercido por
el demandante, que la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con el
sistema especial de carrera administrativa, regulado en el Decreto 1014 del 2000,
cuyo artículo 3 prevé que el cargo de registrador distrital y especial, que ocupó el
actor, es de libre nombramiento y remoción.
42. Precisó que esta norma fue derogada por la Ley 1350 del 2009, que en su
artículo 6 consignó que los empleados de planta de la entidad demandada son de
carrera administrativa, con excepción del registrador especial, que es de libre
nombramiento y remoción. Lo anterior, dado que los cargos exceptuados conllevan
la adopción de políticas, o la realización de funciones de dirección, conducción,
orientación y asesoría de carácter institucional.
43. En estos términos, pese a que en la Resolución 3508 del 2001 se indicó que
el nombramiento del actor era en propiedad, el cargo que ostentó en realidad
correspondió con aquellos que gozan de la naturaleza de ser de libre nombramiento
y remoción, con sustento en el artículo 125 de la Constitución Política. Así, de
acuerdo con esta última disposición, los servidores del Estado se incorporan, por
regla general, mediante el sistema de méritos y permanecen en el empleo siempre
que no incurran en las causales de retiro específicas previstas por el legislador.
44. No obstante, el propio artículo 125 Superior también dispone que los
directores y los responsables de las instituciones pueden rodearse de personas con
quienes tengan un vínculo de confianza, con el fin de concretar y dirigir las políticas
de índole administrativa y las estrategias del director de la entidad para el desarrollo
idóneo de la misión institucional. Vistas así las cosas, el manejo de esta clase de
personas es flexible, esto es, de libre nombramiento y remoción.
45. En este orden de ideas, la naturaleza de los citados cargos está
caracterizada por la discrecionalidad del presidente, director, responsable o gerente
de la entidad, amparado en la normativa constitucional. Ahora bien, en sintonía con
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Demandante: Gilberto Echeverri García
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esto, el retiro de los empleados de libre nombramiento y remoción, como el
demandante, no está sujeto a una estabilidad, pues la calidad del empleo es distinta
a la de carrera. Por ende, es factible que exista un acto de retiro sin motivación,
mediante un acto discrecional, como lo afirmó, por ejemplo, la Corte Constitucional
en la sentencia C-734 del 2000.
46. Asimismo, en línea con lo expuesto, el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973
le confiere al nominador la potestad discrecional de terminar la relación laboral, sin
que sea necesario motivar el acto administrativo de retiro. Ello implica, como se
afirmó, que la facultad se ejerza sin necesidad de motivación, por cuanto el vínculo
no otorga estabilidad, salvo que exista una limitación legal que tiene que ser
alegada y probada, lo que no ocurrió en el caso concreto.
47. En consecuencia, el estudio de las pruebas permite establecer que el actor
ejercía un cargo de libre nombramiento y remoción, que no corresponde a la carrera
administrativa, y no otorga estabilidad, como lo dispuso recientemente el Consejo
de Estado en sentencia del 3 de diciembre de 20208. Por ende, la Registraduría
Nacional del Estado Civil no estaba obligada a motivar el acto cuya nulidad se
pretende en este trámite, porque con este no se afectaron los derechos
fundamentales, aunado a que la facultad está respaldada en la naturaleza del
cargo. Finalmente, en la demanda no se alegaron vicios distintos a la falta de
motivación del acto, que, como se indicó, no era necesaria.
48. El Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la demandada, porque no se
demostró su causación9.
2.3. Recurso de apelación
49. El apoderado del demandante pidió revocar la sentencia de primera instancia,
con fundamento en las siguientes razones:
50. El acto administrativo demandado es ilegal, por cuanto no está debidamente
motivado, ya que de su contenido se desprende la ausencia de proporcionalidad y
razonabilidad en la adopción de la decisión de declarar insubsistente al señor
Gilberto Echeverri García. En este sentido, lo ordenado goza de un carácter político
y no jurídico, con lo cual se violaron los derechos constitucionales y legales, no solo
del demandante, sino de todos los registradores que estuvieron en las mismas
situaciones.
51. De este modo, el acto enjuiciado se amparó en una interpretación equívoca
de la norma, al omitirse por completo la motivación. Puntualmente, se dejaron de
consignar las razones que condujeron a la insubsistencia, lo que de plano desvirtúa
su presunción de legalidad, al inobservarse el contenido del artículo 125 de la
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3
de diciembre de 2020, exp. 25000-23-42-000-2012-00322-03(2121-16).
9 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_63001233300020200041(.zip) NroActua 2, 63001233300020200041800,
043Sentencia1Inst.pdf.
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Radicación: 63001-23-33-000-2020-00418-01 (2432-2022)
Demandante: Gilberto Echeverri García
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Constitución Política y el régimen de carrera administrativa al que pertenecía el
demandante en la entidad, conforme al artículo 130 ibidem.
52. Así las cosas, es claro que la Registraduría Nacional del Estado Civil goza
de un sistema especial de carrera administrativa, según lo establece el artículo 266
de la Carta Política, por lo cual debe considerarse que, aunque el señor Gilberto
Echeverri García cuenta con un nombramiento provisional, en los términos del literal
c) del artículo 20 de la Ley 1350 del 2009, la entidad nunca convocó a un concurso
de méritos para proveer el cargo de forma definitiva. De ahí se desprende la
necesidad de tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1014 del 2000, que regula
la carrera administrativa especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
cuya finalidad es privilegiar el mérito y no la filiación política de los servidores que
ocupen los cargos.
53. Por lo tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un sistema
de carrera de orden legal y constitucional, según lo dispone el artículo 266 de la
Carta, razón por la cual el Gobierno nacional expidió el Decreto-Ley 3492 de 1996,
motivado en las facultades extraordinarias conferidas a través del artículo 62 de la
Ley 96 de 1985, en el que reglamentó el Régimen de Carrera Administrativa.
Puntualmente, el artículo 6 de esta disposición se refiere a los empleados de la
planta de personal.
54. En ese sentido, es claro que el libre nombramiento y remoción implica la
confianza del registrador nacional en quienes ingresaron por concurso de méritos y
desempeñan cargos que implican alto nivel de responsabilidad electoral o
administrativa. Así pues, pese a pertenecer a la carrera, están sujetos a la libre
remoción que procede según la ley, en los términos de los artículos 125 y 266 de la
Carta Política, y estos cargos deben estar debidamente clasificados.
55. Aplicado lo anterior al caso puntual, pese a que el señor Gilberto Echeverri
García ocupaba un cargo de responsabilidad electoral o administrativa y goza de un
sistema mixto, esto es, que para el ingreso se debía acudir al concurso, pero para
el retiro a la facultad de libre remoción, esto último solo resulta válido ante la pérdida
de confianza por parte del superior jerárquico, siempre que se pueda nombrar a su
reemplazo de una lista de personas que hayan concursado y superado las
correspondientes etapas de este concurso. No obstante, ello no era posible en el
particular porque la entidad demandada nunca llevó a cabo concurso para proveer
el cargo, por ende, gozaba del privilegio de ser un nombramiento en provisionalidad
que solo podía terminarse con ocasión de un proceso disciplinario.
56. Por consiguiente, el acto demandado transgredió el artículo 29
Constitucional, lo que condujo a una violación del debido proceso y a un irrespeto
de los derechos de carrera especial, toda vez que la persona que reemplazó al
señor Gilberto Echeverri García no ingresó por un concurso de méritos, ni contaba
con la experiencia requerida para ocupar el cargo, sumado a la falta de motivación
del acto demandado, que conduce a su nulidad. Dicho en otras palabras, el cargo
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Radicación: 63001-23-33-000-2020-00418-01 (2432-2022)
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de registrador especial 0065-02, ejercido por el demandante, es de naturaleza
gerencial y pertenece al nivel directivo de la carrera administrativa de la entidad
demandada, lo cual caracteriza que su ingreso se efectúe a través de concurso
público de méritos y no bajo la óptica del libre nombramiento y remoción.
57. Al respecto, agregó que la Corte Constitucional fue cuidadosa en estudiar la
expresión libre nombramiento y remoción para el caso puntual de los cargos del
sistema de carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Consideró que, en
ese escenario, el nominador tenía la obligación de motivar el acto de retiro, con el
fin de evitar que la libre remoción comprendiera un ejercicio ilegítimo, en contravía
de las garantías de los servidores públicos y los fines del Estado. De ahí se
desprendía que se desvirtuó la legalidad del acto demandado, y procedía su nulidad,
por existir infracción de las normas en que debía fundarse y ausencia total de
motivación.
58. Expresó que, una vez acogida la pretensión de nulidad del acto, procedía
ordenar el correspondiente restablecimiento del derecho, consistente en ordenar
que el señor Gilberto Echeverri García sea reintegrado al cargo, en las mismas
condiciones, que se le paguen todos los sueldos, prestaciones y emolumentos
dejados de percibir, sin que se entienda que hubo solución de continuidad, con el
consecuente ajuste en virtud de los artículos 187 y 195 del CPACA.
59. En concreto, en el proceso se demostró que el actor ejerció el cargo de
registrador especial 0065-02, nombrado a través de la Resolución 0111 del 19 de
septiembre de 2001; que mediante Resolución 0039 del 28 de febrero de 2020 su
nombramiento se declaró insubsistente; que ocupó el citado cargo por más de 18
años, sin obtener llamados de atención, y con un desempeño con rectitud, eficiencia
y eficacia; que no ha sido sancionado en proceso disciplinario y que, a través del
Acto Legislativo 01 de 2003, se estableció el mecanismo para proveer los cargos de
carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
60. Igualmente, se probó que, a través del acto cuestionado, se violaron los
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la dignidad humana, a la
salud, a la seguridad social, a la confianza legítima y al mínimo vital, toda vez que
no se motivó el acto de retiro. Por lo anterior, es posible concluir que desde el plano
sustancial están dados los motivos para que prosperen las pretensiones de la
demanda10.
2.4. Trámite procesal en segunda instancia
61. Mediante auto del 22 de septiembre de 2022, el magistrado sustanciador
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Al no existir
solicitud probatoria, se prescindió del período para correr traslado a las partes, en
aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El representante
10 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_63001233300020200041(.zip) NroActua 2, 63001233300020200041800,
045RecursoApelacion, SUSTENTACION APELACION.pdf.
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del Ministerio Público ante esta Corporación no rindió concepto de fondo en
segunda instancia.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
62. El presente asunto es competencia de esta corporación, de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
63. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:
64. ¿El cargo de registrador especial, desempeñado por el demandante, estaba
sujeto a las reglas de estabilidad propias de los empleos de carrera administrativa
de la Registraduría Nacional del Estado Civil?
65. En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿la Resolución 0039 del 28
de febrero de 2020, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento,
debía estar motivada en los términos exigidos para el retiro de los empleados de
carrera o de quienes ocupan cargos en provisionalidad?
66. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: i) fundamento constitucional del régimen especial de carrera de la
Registraduría Nacional del Estado Civil; ii) la jurisprudencia constitucional sobre el
régimen especial: la carrera, el ingreso y la libre remoción; iii) hechos probados; y
iv) en el análisis del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos formulados.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. El fundamento constitucional: el artículo 266 de la Constitución Política
67. El artículo 266 de la Constitución Política, luego de su modificación por el
artículo 15 del Acto Legislativo 1 de 2003, establece que la Registraduría Nacional
del Estado Civil estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una
carrera administrativa especial, a la cual se ingresará exclusivamente por concurso
de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del
servicio. En su inciso final agrega que los cargos de responsabilidad administrativa
o electoral serán de libre remoción, de conformidad con la ley.
68. Esta reforma constitucional respondió, como lo destacó la Corte Constitucional
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Radicación: 63001-23-33-000-2020-00418-01 (2432-2022)
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en la sentencia SU-425 de 2025, a una intención precisa y claramente identificable
en los antecedentes legislativos del Acto Legislativo 1 de 2003. Antes de ella, la
imparcialidad de los funcionarios de la Registraduría se procuraba garantizar
mediante un equilibrio en la filiación partidista de sus servidores, de manera que en
la entidad coexistieran miembros pertenecientes a distintas corrientes políticas. Con
la modificación introducida por el constituyente derivado, se quiso liberar a la entidad
de toda influencia partidista o de militancia política en la provisión de sus cargos, de
modo que se lograra una conformación eminentemente técnica en sus funcionarios.
3.3.2. El desarrollo legal
A. Antes del Acto Legislativo 01 de 2003
69. Antes de la reforma constitucional de 2003, la Registraduría Nacional del Estado
Civil contó con regímenes especiales de carrera de origen legal que, si bien
reconocían el mérito como criterio de ingreso, consagraban al mismo tiempo la libre
remoción de ciertos cargos sin las restricciones que la Constitución hoy impone.
70. En efecto, el Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por el artículo 62 de la Ley 96 de 1985, expidió el Decreto Ley 3492 de
1986, por el cual se estableció, en su artículo 6.°, que los empleos de la planta de
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil son de carrera, con excepción
de los indicados en la misma norma, entre los que se encontraban los delegados
del registrador nacional.
71. Posteriormente, la Ley 443 de 1998 reconoció expresamente la existencia de
regímenes especiales de carrera para la Registraduría, disponiendo que las normas
que los consagraban continuarían vigentes (art. 4).
72. En desarrollo de ese marco, el presidente de la República expidió, mediante las
facultades otorgadas por la Ley 573 de 2000, los decretos leyes 1011, 1012 y 1014
de ese mismo año.
73. El Decreto Ley 1011 estableció la nomenclatura y clasificación de los empleos
de la entidad y ubicó el cargo de registrador especial en el nivel directivo. El Decreto
Ley 1012 determinó la planta de personal de la sede central. Por su parte, el Decreto
1014 reglamentó la carrera administrativa especial de la entidad, estableció como
regla general dicha carrera pero clasificó excepcionalmente, entre otros cargos, al
de Registrador especial como de libre nombramiento y remoción, en razón de que
su ejercicio comportaba la adopción de políticas o la realización de funciones de
dirección, conducción u orientación institucionales, según lo dispuesto en el literal
a) de su artículo 3.
74. En este régimen anterior a la reforma constitucional de 2003, el cargo de
registrador especial era, en sentido estricto, de libre nombramiento y remoción. Ello
significaba que la discrecionalidad del nominador operaba en ambos extremos de
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la relación laboral, tanto para la designación como para el retiro. El concurso de
méritos era ajeno a esta categoría de empleos, por lo que la decisión del registrador
nacional era criterio determinante tanto para acceder al cargo como para ser
removido de él.
B. Después del Acto Legislativo 01 de 2003. La Ley 1350 de 2009
75. Con la expedición del Acto Legislativo 1 de 2003, el constituyente derivado
modificó el artículo 266 de la Constitución e introdujo un cambio estructural en el
régimen de la Registraduría, que ya no podía fundarse en la sola decisión del
legislador ordinario, sino que quedó anclado directamente en la Carta. La
transformación más significativa consistió en sustraer el ingreso a los cargos de la
entidad de la esfera de la discrecionalidad del nominador, para someterlo en su
lugar al concurso de méritos como única vía posible de acceso.
76. En cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 266 de la
Carta, el Congreso de la República expidió la Ley 1350 de 2009, «por medio de la
cual se reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional
del Estado Civil y se dictan normas que regulen la Gerencia Pública». Esta ley
desarrolló el régimen especial de carrera que la Constitución había reservado para
la entidad electoral, aunque, como se verá, no lo hizo de manera plenamente
coherente con los mandatos constitucionales, lo que generó la intervención de la
Corte Constitucional a través del control de constitucionalidad.
77. En sus artículos 1° y 2°, la Ley 1350 fijó como objeto de la regulación el
mejoramiento de la eficiencia de la función pública a cargo de la Registraduría, y
estableció como principios rectores los de igualdad, mérito, moralidad, eficacia,
economía, imparcialidad, transparencia, autonomía, independencia, celeridad y
publicidad, señalando que el ingreso a los cargos de carrera y los ascensos se
realizarán con base en el mérito, las calidades personales y la capacidad profesional
del personal. El artículo 3° delimitó su campo de aplicación a todos los servidores
públicos de la entidad, mientras que el artículo 8° precisa que el servidor público de
la Registraduría ingresa a la Carrera Especial una vez superado con calificación
satisfactoria el período de prueba.
78. El artículo 6° de la ley es el núcleo normativo de mayor relevancia para el asunto
bajo examen. En él se establece que los empleos de la planta de personal de la
Registraduría tendrán el carácter de empleos del Sistema de Carrera Especial, con
excepción de los empleos de libre nombramiento y remoción. Dentro de esa
excepción, el literal a) enlistó los cargos de responsabilidad administrativa o
electoral que, conforme con su ejercicio, comportan la adopción de políticas o la
realización de funciones de dirección, conducción, asesoría y orientación
institucionales, relacionando entre ellos expresamente el de Registrador especial.
Sin embargo, este literal fue objeto de control de constitucionalidad como se
expondrá más adelante.
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3.3.3. La jurisprudencia constitucional sobre el régimen especial: la carrera, el
ingreso y la libre remoción
79. La arquitectura normativa descrita —el artículo 266 de la Constitución y la Ley
1350 de 2009— ha sido objeto de análisis por la Corte Constitucional, tanto en sede
de constitucionalidad como de tutela, pronunciamientos que de forma paulatina han
precisado aspectos relevantes del contenido, alcance y los límites del régimen
especial de la Registraduría.
A. La sentencia C-230A de 2008: los cargos de la Registraduría son de carrera
especial y deben proveerse por concurso
80. La primera definición jurisprudencial de fondo sobre el régimen de los
funcionarios de la Registraduría, a la luz del artículo 266 reformado, provino de la
sentencia C-230A de 200811, mediante la cual la Corte Constitucional estudió una
demanda de inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Decreto 2241 de
1986 (Código Electoral). Al examinar el numeral 8.° del artículo 26 de esa norma —
que le otorgaba al registrador nacional del estado civil la función de nombrar a los
registradores especiales, entre otros funcionarios—, la Corte estableció que dicha
norma era exequible, pero exclusivamente bajo un entendimiento preciso e
ineludible, esto es, que los cargos a cuyo nombramiento se refiere son de carrera
administrativa especial, de conformidad con el inciso tercero del artículo 266 de la
Constitución, y que el registrador nacional debía convocar, antes del 31 de
diciembre de 2008, a un concurso de méritos para proveerlos.
81. En las consideraciones de esa decisión, la Corte señaló que el concurso de
méritos es el mecanismo idóneo para elegir a los funcionarios de la Registraduría,
pues garantiza una calificación basada en criterios objetivos y no en factores
subjetivos que puedan dejar el resultado al arbitrio del nominador. Precisó, además,
que para la regulación de la carrera administrativa especial, el legislador debía
clasificar con carácter general los cargos como de carrera, definir los que
corresponden a cargos de responsabilidad administrativa o electoral y, solo por
excepción y si así lo consideraba necesario, determinar como de libre nombramiento
y remoción algunos empleos que naturalmente no implicaran responsabilidad
administrativa o electoral.
82. La Corte constató, así mismo, que el Código Electoral no había incorporado las
reformas adoptadas por el Acto Legislativo No. 1 de 2003, lo que hacía imperativo
proferir una nueva regulación que definiera las modalidades de vinculación, la
clasificación de los distintos servidores públicos, la determinación de los cargos con
responsabilidad administrativa y electoral, el régimen de ingreso, la carrera
administrativa especial y el retiro, entre otros aspectos esenciales. Por ello, y como
se recogería posteriormente en la SU-425 de 2025, la Corte exhortó al Congreso
para que expidiera la ley reglamentaria correspondiente.
11 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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B. La sentencia C-553 de 2010: el régimen mixto y el imperativo de motivación
83. La segunda decisión de constitucionalidad sobre el régimen de los delegados
departamentales fue adoptada en la sentencia C-553 de 201012, que estudió la
demanda presentada contra el literal a) del artículo 6° de la Ley 1350 de 2009. La
actora cuestionaba que dicha norma calificara los cargos de responsabilidad
administrativa y electoral —incluido el de registrador especial— como empleos de
libre nombramiento y remoción, cuando en su criterio el artículo 266 de la
Constitución, tras la reforma de 2003, obligaba a que todos los cargos de la
Registraduría fueran proveídos mediante el sistema de carrera administrativa
especial.
84. La Corte encontró que la norma acusada desconocía el mandato constitucional,
en la medida en que calificar estos cargos como de libre nombramiento y remoción
desconocía la obligación constitucional de proveerlos mediante concurso público de
méritos. La Corte señaló que el contenido de la norma acusada se apartaba del
«modelo mixto, expresamente contemplado por la Carta», que «contempla el
acceso por concurso de méritos y la libre remoción», y que en esa medida
desconocía abiertamente el artículo 266 C.P. luego de su modificación por el Acto
Legislativo 1° de 2003. A partir de ese análisis, precisó que estos cargos integran la
carrera administrativa especial de la Registraduría bajo un sistema que no
corresponde ni al esquema tradicional de libre nombramiento y remoción ni a la
carrera administrativa ordinaria: el ingreso se realiza mediante concurso de méritos,
pero la permanencia queda sujeta a una mayor discrecionalidad del nominador en
atención a las funciones que dichos cargos desempeñan.
85. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del literal a)
del artículo 6° de la Ley 1350 de 2009, «en el entendido que los cargos de autoridad
administrativa o electoral allí regulados son de libre remoción y no de libre
nombramiento, por lo cual deberán ser provistos exclusivamente por concurso
público de méritos». Esta fórmula, que diferencia con nitidez la libre remoción del
libre nombramiento, es el corazón del régimen constitucional aplicable, por ejemplo,
a los delegados departamentales, y el parámetro ineludible para juzgar la legalidad
de los actos que pretendan desvincularlos.
86. Pero la sentencia C-553 de 2010 fue más allá de la definición de la naturaleza
del cargo. También abordó con precisión el problema de la motivación de los actos
de retiro, ante la constatación de una omisión legislativa absoluta sobre esta
materia. La Corte recordó el exhorto formulado en la C-230A de 2008; señaló la
necesidad de expedir una normativa que regulara la libre remoción de estos
empleados, y estableció que, mientras el legislador no profiriera esa regulación, el
registrador nacional conservaba la facultad de ejercer la libre remoción. Sin
embargo, fue enfática en advertir que tal facultad «debe ser compatible con la
pertenencia a la carrera administrativa especial de la RNEC que la Constitución ha
conferido a dichos cargos, lo que implica que el acto de desvinculación, a pesar de
12 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicación: 63001-23-33-000-2020-00418-01 (2432-2022)
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recaer en la órbita funcional del Registrador Nacional, debe hacer explícita su
motivación».
87. Añadió que el acto de desvinculación «no puede llevarse a cabo de modo
irrazonable o arbitrario, sino que en todo caso debe ser compatible con la garantía
de los derechos constitucionales de que son titulares los servidores públicos y con
el cumplimiento de los fines del Estado; sin que pueda tornarse en vehículo que
ampare la desviación de poder, las prácticas clientelistas o, en general, toda forma
de ejercicio ilegítimo o carente de sustento de la potestad de remoción».
88. El fundamento de esa exigencia radica en que la pertenencia de un empleo a
un sistema de carrera administrativa, derivada de su ingreso mediante concurso
público de méritos, implica necesariamente la motivación del acto de retiro,
obligación que se extiende incluso a los casos en que el ordenamiento jurídico
confiere al nominador un determinado grado de discrecionalidad. Ello porque la
potestad discrecional no es incompatible con el deber general, propio de un Estado
democrático, de que la administración motive sus actuaciones como presupuesto
para la vigencia del derecho al debido proceso.
C. La sentencia T-627 de 2016: la concreción operativa del estándar de
motivación
89. Si la sentencia C-553 de 2010 estableció el principio general del deber de
motivación en los actos de retiro de los delegados departamentales, la sentencia T-
627 de 201613 lo dotó de contenido específico, al resolver el caso de la señora
Patricia Eugenia Jiménez Massa, quien se desempeñaba como delegada
departamental de Bolívar y cuyo nombramiento fue declarado insubsistente sin que
la Registraduría expresara razón alguna distinta de la invocación genérica de sus
facultades discrecionales.
90. La Corte amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
a la contradicción de la accionante, y al hacerlo fijó con precisión el contenido
mínimo exigible en la motivación de estos actos. Señaló que no basta invocar de
manera general las razones de derecho normativas —es decir, la mera cita de la
norma que atribuye la facultad de remover—, sino que es indispensable exponer los
motivos formales, materiales y fácticos que justificaron la separación del cargo. En
términos de la propia Corte, la motivación de las resoluciones administrativas de
desvinculación consiste en «exponer de manera exacta cuál es el fundamento
jurídico y fáctico», pues «solo mediante un acto administrativo en el que consten las
circunstancias concretas de hecho y de derecho por las cuales se decide remover
a un determinado funcionario es posible declarar la insubsistencia del cargo»14.
91. La Corte subrayó que el acto de retiro debe precisar si la desvinculación
13 M.P. María Victoria Calle Correa.
14 En tal sentido se reiteró lo dicho por la misma Corte en la sentencia T-1256 de 2008, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
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obedeció a razones del servicio prestado o a la provisión definitiva del cargo
mediante un nuevo nombramiento en propiedad, pues la ciudadana tiene derecho
a conocer de manera puntual cuáles fueron las razones de interés general que
afectaron el servicio y motivaron la decisión, como garantía mínima derivada del
derecho al debido proceso y del principio de publicidad.
92. La sentencia T-627 de 2016 también precisó que aunque el retiro de los
funcionarios con responsabilidad administrativa o electoral lleva implícito el ejercicio
de una facultad discrecional del nominador —pues por disposición constitucional el
cargo es de libre remoción—, esa facultad «no supone la libertad de la
administración para actuar prescindiendo de la necesidad de justificar la realidad de
la actuación concreta»15. En ese orden de ideas, indicó que la discrecionalidad en
términos absolutos puede confundirse con la arbitrariedad y el capricho del
funcionario, mientras que la discrecionalidad en el marco del ordenamiento jurídico
exige apreciar las circunstancias de hecho, la oportunidad y conveniencia que
rodean la toma de la decisión, dentro de las finalidades inherentes a la función
pública y en proporción con los hechos que le sirven de causa.
93. Por lo tanto, destacó que la utilidad práctica de la motivación, por una parte,
permite a la administración demostrar que actuó dentro de los fines del servicio; y
por la otra, habilita al funcionario para controvertir el acto ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, garantizando que el juez natural pueda ejercer un
control jurídico real y efectivo sobre la determinación.
D. La sentencia SU-425 de 2025: unificación jurisprudencial
94. Finalmente, debe considerarse la sentencia SU-425 de 202516, a través de la
cual la Sala Plena de la Corte Constitucional sintetizó la línea jurisprudencial antes
descrita, al resolver la acción de tutela contra la providencia proferida el 27 de junio
de 2024 por esta Subsección, dentro del proceso de la referencia17, respecto de la
cual consideró que incurrió en tres defectos, a saber:
95. Defecto fáctico por haber concluido que el cargo desempeñado por el
demandante no hacía parte de la carrera administrativa especial, pese a que el actor
había accedido a él mediante un concurso de méritos convocado en cumplimiento
de la sentencia C-230A de 2008, como lo reconocía la propia resolución acusada,
96. Defecto sustantivo, por desatención de las sentencias C-230A de 2008 y C-553
de 2010, en especial en cuanto al alcance del literal a) del artículo 6° de la Ley 1350
de 2009, respecto a la pertenencia de los delegados departamentales a la carrera
administrativa de la Registraduría y la motivación que debe desarrollarse para la
desvinculación.
15 Citó la sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
16 M.P. Natalia Ángel Cabo.
17 Dicha providencia en su momento revocó el fallo de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones
de la demanda.
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Radicación: 63001-23-33-000-2020-00418-01 (2432-2022)
Demandante: Gilberto Echeverri García
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
97. Defecto procedimental, porque no se realizó un pronunciamiento sobre la
pretensión de nulidad de la resolución que nombró al reemplazo del actor —la
Resolución No. 1080 del 4 de febrero de 2020—, que era una pretensión autónoma
con cargos específicos e independientes, cuyo análisis era indispensable para
resolver el problema jurídico planteado en su integridad.
98. Con fundamento en esa constatación, la Sala Plena ordenó a la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado dictar una sentencia de reemplazo,
fijando para ello los siguientes lineamientos:
150. La desvinculación de los delegados departamentales debe estar debidamente
motivada, es decir, debe exponer los motivos formales, materiales y fácticos que
sustenten la decisión de retiro, tales como la provisión definitiva del cargo mediante
concurso de méritos, la imposición de sanciones disciplinarias u otra razón particular
relacionada con el servicio que se presta o que debería prestar el funcionario
específico, entre otras circunstancias objetivas que habilitan el retiro de un servidor
que hace parte de una carrera especial. Así, la motivación no se limitará a la mera
inclusión formal de cualquier argumento en el texto de la providencia. La motivación
debe exponer, de manera clara, detallada y precisa, los fundamentos específicos
que adopta la administración para retirar al funcionario.
• Los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil
hacen parte de la carrera administrativa especial de la entidad en virtud de lo
establecido por la sentencia C-553 de 2010 y, en esa medida, se rigen por los
principios de igualdad, mérito y estabilidad que gobiernan este régimen.
• Deberá emitirse un pronunciamiento sobre la Resolución N.° 1080 del 4 de febrero
de 2020, mediante la cual se nombró al señor César Enrique Acuña Vergara en el
cargo de delegado departamental 0020-04 en la Delegación Departamental del
Cesar. El análisis de esta pretensión deberá tener en cuenta que, bajo el régimen
mixto de la carrera administrativa especial de la Registraduría, los cargos con
responsabilidad electoral y administrativa deben proveerse, por regla general, por
concurso de méritos, aunque sujetos a libre remoción en los términos precisados
por la jurisprudencia constitucional.
99. La Corte también instó al Consejo de Estado para que en lo sucesivo observe
estos lineamientos al examinar la legalidad de las decisiones de desvinculación de
los funcionarios de responsabilidad administrativa y electoral de la Registraduría, y
reiteró el exhorto al Congreso de la República para que adopte la regulación
específica sobre la libre remoción de estos empleados, tomando en cuenta el deber
de motivación consolidado por la jurisprudencia constitucional a lo largo de casi dos
décadas.
3.3.4. Síntesis del marco jurídico aplicable al caso concreto
100. De lo expuesto se desprende que el cargo de registrador especial se encuentra
comprendido entre los empleos de responsabilidad administrativa o electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Por esta razón, aunque la sentencia SU-
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425 de 2025 se ocupó específicamente del retiro de un delegado departamental,
sus consideraciones resultan relevantes para el presente asunto, pues ambos
empleos fueron incluidos por el legislador dentro de esa misma categoría. No
obstante, la aplicación de sus lineamientos exige atender las condiciones
normativas y fácticas en las que se produjo la vinculación de cada servidor.
101. Antes del Acto Legislativo 1 de 2003, el cargo de registrador especial estaba
sometido a un régimen de libre nombramiento y remoción. En efecto, el Decreto Ley
1014 de 2000 lo exceptuó de la carrera administrativa especial debido a la
naturaleza directiva de sus funciones, de modo que la discrecionalidad del
nominador comprendía tanto su provisión como el retiro del servidor que lo
desempeñara.
102. Este régimen fue modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, que estableció
el concurso público de méritos como mecanismo exclusivo de ingreso a la carrera
especial de la Registraduría y conservó la libre remoción respecto de los cargos de
responsabilidad administrativa o electoral. A partir de esta reforma y de las
sentencias C-230A de 2008 y C-553 de 2010, dichos empleos quedaron sujetos a
un régimen mixto, caracterizado por el acceso mediante concurso y la posibilidad
de retiro flexible, en los términos fijados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia
constitucional.
103. Sin embargo, la modificación constitucional no incorporó automáticamente a la
carrera especial a quienes habían sido designados directamente antes de su
vigencia ni transformó sus nombramientos en vinculaciones originadas en el mérito.
La adquisición de derechos de carrera supone haber superado el correspondiente
concurso público, el período de prueba y las demás etapas previstas por el
ordenamiento. Por tanto, esa condición no puede derivarse únicamente de la
denominación utilizada en el acto de nombramiento, del tiempo durante el cual se
ejerció el empleo o del adecuado desempeño de las funciones.
104. En ese contexto, la exigencia de motivación expresa, clara, detallada y
suficiente desarrollada en las sentencias C-553 de 2010, T-627 de 2016 y SU-425
de 2025 tiene como presupuesto la pertenencia del servidor a la carrera
administrativa especial, derivada de su ingreso mediante concurso público de
méritos. La motivación reforzada protege, precisamente, el mérito acreditado y la
estabilidad relativa de quien accedió al empleo conforme al modelo constitucional
introducido en 2003, sin eliminar la facultad de libre remoción reconocida al
nominador.
105. Esa circunstancia permite diferenciar el presente asunto del examinado en la
sentencia SU-425 de 2025. En aquel caso, el servidor ingresó al cargo de delegado
departamental mediante el concurso público convocado en cumplimiento de la
sentencia C-230A de 2008, por lo que pertenecía a la carrera especial y estaba
amparado por los principios de mérito y estabilidad relativa. En cambio, el señor
Gilberto Echeverri García fue designado como registrador especial en 2001,
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mediante un nombramiento directo efectuado bajo el régimen anterior a la reforma
constitucional, sin que se encuentre acreditado que posteriormente hubiera
superado un concurso público o adquirido derechos de carrera.
106. Por consiguiente, los lineamientos fijados en la sentencia SU-425 de 2025 no
pueden trasladarse automáticamente al presente asunto, pues su razón decisoria
parte de un presupuesto fáctico que aquí no se configura: el ingreso previo por
concurso de méritos. La sola circunstancia de que ambos servidores ocuparan
empleos de responsabilidad administrativa o electoral no hace equiparables sus
situaciones jurídicas ni permite reconocer al demandante las garantías de
permanencia propias de quien pertenece a la carrera administrativa especial.
107. Lo anterior no significa que la facultad de libre remoción pueda ejercerse
arbitrariamente o con desconocimiento de los fines de la función administrativa. La
decisión continúa sometida al control judicial respecto de su finalidad, razonabilidad
y proporcionalidad, y puede ser anulada cuando se demuestre que estuvo afectada
por falsa motivación, desviación de poder o móviles ajenos al buen servicio. No
obstante, al actor no le resulta aplicable el estándar reforzado de motivación definido
para quienes ingresaron por mérito, sino el régimen correspondiente a la vinculación
bajo la cual fue nombrado y permaneció en el empleo. Además, como se explicará
en el caso concreto no se acreditaron móviles políticos, desviación de poder ni fines
distintos al buen servicio.
108. Así, aunque la Sala tendrá en cuenta las consideraciones de la sentencia SU-
425 de 2025, también reconocerá la diferencia determinante existente entre los dos
asuntos. Dicho pronunciamiento descartó que los servidores que ingresaron por
concurso a cargos de responsabilidad administrativa o electoral puedan ser tratados
como empleados de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, no extendió
automáticamente los derechos de carrera a quienes fueron nombrados
directamente antes de la reforma constitucional ni prescindió de la necesidad de
verificar, en cada caso, la forma y el régimen jurídico bajo los cuales se produjo la
vinculación.
3.4. Hechos probados
109. Al proceso se allegó la Resolución 0111 del 19 de septiembre de 2001, expedida
por el delegado del registrador nacional del Estado Civil, mediante la cual se designó
al señor Gilberto Echeverri García como registrador especial 2065-10 de Armenia,
a partir del 1º de octubre de 2001. Dicho nombramiento fue aprobado por el
registrador nacional del Estado Civil mediante la Resolución 3508 del 3 de octubre
de 200118.
110. En estos actos administrativos no se precisó la modalidad del nombramiento del
señor Echeverri García. En efecto, la Resolución 0111 de 2001 solo indicó que el
cargo se encontraba vacante y que debía ser provisto por una persona que reuniera
18 011Anexo10GilbertoEcheverri.pdf
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las calidades exigidas por la ley.
111. Por Resolución 0039 de 28 de febrero de 2020, expedida por el delegado
departamental del Quindío, se declaró insubsistente el nombramiento del señor
Gilberto Echeverri García en el cargo de Registrador Especial 0065-0219. La
decisión se fundamentó en el literal a) del artículo 6 de la Ley 1350 de 200920 y en
el artículo 61 de la misma normativa21, así como en la sentencia T-317 de 201322.
Esta determinación fue comunicada mediante el memorando DDQ-0049 del 28 de
febrero de 202023.
112. Finalmente, se acreditó que, mediante la Resolución 0045 del 6 de marzo de
2020, la señora Sandra Milena Henao Henao fue nombrada en el cargo de
registradora especial 0065-02 de Armenia, por el término de tres meses, contado a
partir de la fecha de posesión24.
3.5. Caso concreto
113. El señor Gilberto Echeverri García solicitó la nulidad de la Resolución 0039 del
28 de febrero de 2020, mediante la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil
declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de registrador especial 0065-02
de Armenia.
114. El Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el cargo desempeñado por el actor era de libre nombramiento y
remoción y que, por esa razón, la entidad no estaba obligada a motivar el acto de
insubsistencia.
115. En el recurso de apelación, la parte demandante insistió en que el acto acusado
es ilegal por falta de motivación. En su criterio, la decisión de retiro desconoció el
régimen especial de carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues no expuso las razones que
justificaban la declaratoria de insubsistencia.
19 005ANEXO4GilbertoEcheverri.pdf
20 Artículo 6o. Naturaleza de los empleos. Los empleos de la planta de personal de la Registraduría Nacional
del Estado Civil tendrán el carácter de empleos del Sistema de Carrera Especial de la Registraduría Nacional,
con excepción de los siguientes empleos de libre nombramiento y remoción: a) los cargos de responsabilidad
administrativa o electoral que conforme con su ejercicio comportan la adopción de políticas o realización de
funciones de dirección, conducción, asesoría y orientación institucionales:(…) Registrador Especial...
21 Artículo 61. Empleos de naturaleza gerencial. 1. Los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad
directiva en la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán, a efectos de la presente ley, el carácter de
empleos de Gerencia Pública. Estos cargos son los pertenecientes al nivel directivo de la planta de personal de
la Registraduría Nacional del Estado Civil diferente al de Registrador Nacional del Estado Civil 2. Los cargos de
Gerencia Pública son de libre nombramiento y remoción. No obstante, en la provisión de tales empleos, sin
perjuicio de las facultades discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores deberán sujetarse a las
previsiones establecidas en el presente título.
22 Particularmente en lo que tiene que ver con los argumentos sobre la desvinculación de funcionario de libre
nombramiento y remoción por perdida de confianza, momento en el cual el acto de desvinculación no puede
calificarse como arbitrario o dictado con desviación de poder.
23 011Anexo10GilbertoEcheverri.pdf
24 011Anexo10GilbertoEcheverri.pdf
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116. Además, sostuvo que, aunque el actor ocupaba un cargo de responsabilidad
electoral o administrativa, su vinculación debía entenderse amparada por las reglas
propias del sistema especial de carrera, en tanto la entidad no había convocado
concurso de méritos para proveer el empleo de manera definitiva. Por ello,
consideró que el retiro solo podía producirse mediante un acto motivado.
117. Finalmente, alegó que la decisión vulneró el debido proceso, porque la
persona que reemplazó al demandante no ingresó por concurso de méritos ni
acreditó, según la parte actora, la experiencia requerida para desempeñar el cargo.
118. Bajo estas consideraciones, procede la Sala a resolver los problemas
jurídicos propuestos:
119. Como se expuso en el marco normativo, la Registraduría Nacional del Estado
Civil cuenta con un régimen especial de carrera administrativa, en el cual el ingreso
debe efectuarse, por regla general, mediante concurso público de méritos. Ese
régimen prevé un tratamiento particular para los cargos de responsabilidad
administrativa o electoral, cuya provisión está sometida al mérito, pero respecto de
los cuales opera la figura de la libre remoción.
120. Dentro de esa categoría se encuentra el cargo de registrador especial. En
efecto, el literal a) del artículo 6º de la Ley 1350 de 2009 lo incluyó entre los empleos
de responsabilidad administrativa o electoral que comportan funciones de dirección,
conducción, asesoría u orientación institucional. No obstante, como lo precisó la
Corte Constitucional en la sentencia C-553 de 2010, estos cargos no son de libre
nombramiento en sentido estricto, sino de libre remoción, por lo que deben
proveerse mediante concurso público de méritos.
121. Ahora bien, para establecer las garantías que amparaban al demandante no
basta considerar la naturaleza actual del empleo. También es necesario examinar
el momento, el régimen jurídico y la modalidad bajo los cuales se produjo su
vinculación, pues la estabilidad relativa propia de la carrera administrativa especial
tiene como presupuesto el ingreso mediante concurso de méritos.
122. En el presente asunto se encuentra acreditado que el señor Gilberto
Echeverri García fue nombrado mediante la Resolución 0111 del 19 de septiembre
de 2001, expedida por el delegado del Registrador Nacional del Estado Civil, en el
cargo de registrador especial 2065-10 de Armenia, a partir del 1º de octubre de
2001, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto
1011 de 2000.
123. Posteriormente, mediante la Resolución 3508 del 3 de octubre de 2001, el
Registrador Nacional del Estado Civil aprobó aquella designación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2241 de 1986.
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124. La vinculación del demandante se produjo, entonces, antes de la expedición
del Acto Legislativo 1 de 2003 y sin que mediara un concurso público de méritos.
Para ese momento, el Decreto Ley 1014 de 2000 exceptuaba de la carrera
administrativa especial el cargo de registrador especial, debido a que su ejercicio
comportaba funciones de dirección, conducción u orientación institucional. En
consecuencia, la discrecionalidad del nominador comprendía tanto la designación
como el retiro de quien ocupara el empleo.
125. El Acto Legislativo 1 de 2003 modificó posteriormente ese régimen y
estableció el concurso de méritos como mecanismo exclusivo de ingreso a la carrera
especial de la Registraduría. Sin embargo, dicha reforma no incorporó
automáticamente a la carrera a quienes habían sido nombrados directamente con
anterioridad a su vigencia ni convirtió esas designaciones en vinculaciones
originadas en el mérito.
126. En efecto, la adquisición de derechos de carrera exige la superación del
correspondiente concurso, del período de prueba y de las demás etapas previstas
por el ordenamiento jurídico. En el expediente no se acreditó que el señor Gilberto
Echeverri García hubiera participado posteriormente en un concurso para proveer
el empleo de registrador especial, que hubiera superado un período de prueba o
que hubiera sido inscrito en la carrera administrativa especial.
127. Por tanto, aunque el cargo de registrador especial quedó sometido, después
de la reforma constitucional, al régimen mixto de ingreso por mérito y libre remoción,
de los actos mediante los cuales se produjo la vinculación del actor no se desprende
que este hubiera adquirido derechos de carrera ni la estabilidad relativa reconocida
a quienes accedieron al empleo mediante concurso público.
128. Aunque la sentencia SU-425 de 2025 examinó el retiro de un servidor que
desempeñaba un cargo de responsabilidad administrativa o electoral en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, las circunstancias de ese asunto no son
equiparables a las del presente proceso.
129. En aquel asunto, el demandante ingresó al cargo de delegado departamental
mediante concurso público de méritos adelantado después de la reforma
constitucional de 2003. Por tanto, pertenecía a la carrera administrativa especial y
gozaba de la estabilidad relativa que justificaba exigir una motivación expresa,
concreta y suficiente para su retiro.
130. En cambio, el señor Gilberto Echeverri García fue nombrado directamente
como registrador especial en 2001, bajo el régimen anterior al Acto Legislativo 1 de
2003, sin que se acreditara que posteriormente hubiera ingresado por concurso o
adquirido derechos de carrera. Por ello, no se configura el presupuesto fáctico que
sustentó la aplicación del estándar reforzado de motivación en la sentencia SU-425
de 2025.
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131. Además, en el asunto examinado por la Corte Constitucional se había
demandado de manera autónoma el acto mediante el cual se nombró al reemplazo
del funcionario retirado, mientras que en este proceso únicamente se cuestionó la
resolución de insubsistencia. En consecuencia, aunque la Sala tendrá en cuenta los
lineamientos de la sentencia SU-425 de 2025, la solución adoptada en ese
antecedente no puede trasladarse automáticamente al presente caso.
132. Así, aunque respecto del demandante no era exigible el estándar reforzado
de motivación aplicable a quienes ingresaron a la carrera especial mediante
concurso público de méritos; ello no significa que la facultad de libre remoción
pudiera ejercerse de manera arbitraria, pues la decisión debía respetar los principios
de razonabilidad y proporcionalidad y perseguir los fines propios del buen servicio.
133. Bajo ese parámetro, se encuentra acreditado que, mediante la Resolución
0039 del 28 de febrero de 2020, la Registraduría Nacional del Estado Civil declaró
insubsistente el nombramiento del señor Gilberto Echeverri García en el cargo de
registrador especial 0065-02 de Armenia, adscrito a la planta de personal de la
Delegación Departamental del Quindío.
134. Como fundamento de la decisión, la entidad reprodujo el literal a) del artículo
6º y el artículo 61 de la Ley 1350 de 2009, relativos a los cargos de responsabilidad
administrativa o electoral y a los empleos de naturaleza gerencial. Asimismo, invocó
la jurisprudencia constitucional sobre los límites de las facultades discrecionales y
la relación de confianza que caracteriza el ejercicio de los cargos directivos.
135. En las consideraciones de dicho acto administrativo se consignó:
Que, el literal a) del artículo 6° de la Ley 1350 de 2009 “Por medio de la cual se
reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del
Estado Civil y se dictan normas que regulen la Gerencia Pública”, establece:
“ARTÍCULO 6o. NATURALEZA DE LOS EMPLEOS. Los empleos de la planta
de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán el carácter de
empleos del Sistema de Carrera Especial de la Registraduría Nacional, con
excepción de los siguientes empleos de libre nombramiento y remoción:
a) Los cargos de responsabilidad administrativa o electoral que conforme con
su ejercicio comportan la adopción de políticas o realización de funciones de
dirección, conducción, asesoría y orientación institucionales:
(…) Registrador Especial. (…)”.
Así mismo, la Ley 1350 del 6 de agosto de 2009, dispone que los cargos que
conllevan ejercicio de responsabilidad directiva tienen el carácter de empleos de
gerencia pública, y son de libre nombramiento y remoción conforme lo establece el
Artículo 61, así:
“(…) ARTÍCULO 61. EMPLEOS DE NATURALEZA GERENCIAL.
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Los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la
Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán, a efectos de la presente ley, el
carácter de empleos de Gerencia Pública. Estos cargos son los pertenecientes
al nivel directivo de la planta de personal de la Registraduría Nacional del
Estado Civil diferente al de Registrador Nacional del Estado Civil.
Los cargos de Gerencia Pública son de libre nombramiento y remoción. No
obstante, en la provisión de tales empleos, sin perjuicio de las facultades
discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores deberán sujetarse
a las previsiones establecidas en el presente Título. (…)”
Que, en relación con la discrecionalidad del nominador para el retiro de servidores
públicos que desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción, la Corte
Constitucional mediante Sentencia T-317/13 Magistrado Ponente: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, señaló:
«[…] Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en manifestar que
las facultades discrecionales no son omnímodas, sino que tienen que estar
encaminadas a la buena prestación del servicio público […]
[…] La situación en la que se encuentran los empleados que gozan de fuero de
relativa estabilidad laboral, no es igual a la de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción, pues respecto de estos se predica un grado de
confianza que no se requiere en aquellos. La finalidad que se persigue con la
autorización de remociones libremente es razonable, pues consiste en asegurar
la permanencia de la confianza que supone el ejercicio del cargo. […]»
136. La Sala advierte que la resolución acusada reprodujo la expresión «libre
nombramiento y remoción» contenida en los artículos 6º y 61 de la Ley 1350 de
2009. Sin embargo, dicha referencia debe entenderse de conformidad con el
condicionamiento efectuado en la sentencia C-553 de 2010, según el cual los cargos
de responsabilidad administrativa o electoral son de libre remoción, pero no de libre
nombramiento, pues su provisión debe efectuarse mediante concurso público de
méritos.
137. No obstante, esa circunstancia no conduce a la nulidad del acto en el caso
concreto. La controversia recae sobre el retiro del demandante, ámbito respecto del
cual la Constitución reconoce la libre remoción. Además, como se expuso antes,
está acreditado que su vinculación no provino de un concurso ni le otorgó derechos
de carrera. Por ello, la decisión no estaba sometida al estándar reforzado de
motivación exigible respecto de quienes ingresaron a la entidad mediante concurso
público.
138. En todo caso, la Registraduría identificó las disposiciones que sustentaban la
naturaleza directiva y de responsabilidad administrativa o electoral del cargo, así
como el fundamento jurisprudencial de la facultad de retiro. Cosa distinta es que el
actor no comparta la interpretación adoptada por la entidad respecto de su situación
particular y del alcance de la libre remoción.
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139. Tampoco resulta suficiente, para invalidar la decisión, que el actor hubiera
desempeñado el cargo durante más de 18 años, que no registrara sanciones
disciplinarias o que hubiera cumplido eficientemente sus funciones. Tales
circunstancias dan cuenta del cumplimiento de sus deberes como servidor público,
pero no transforman la modalidad de su vinculación ni sustituyen los requisitos
constitucionales y legales para adquirir derechos de carrera25.
140. Recuérdese que el adecuado cumplimiento de las funciones constituye una
obligación inherente a todo servidor público y no desvirtúa, por sí mismo, la facultad
discrecional del nominador para disponer el retiro de quienes ocupan empleos de
libre nombramiento y remoción26.
141. En cuanto a la persona designada para reemplazar al demandante, se
acreditó que, mediante la Resolución 0045 del 6 de marzo de 2020, el delegado del
Registrador Nacional del Estado Civil nombró a la señora Sandra Milena Henao
Henao como registradora especial 0065-02 de Armenia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley 1350 de 2009 y en los artículos 4º y 5º
del Decreto 1011 de 2000.
142. El recurrente sostuvo que la persona designada no ingresó mediante
concurso de méritos ni acreditó la experiencia requerida para desempeñar el cargo.
Sin embargo, esa afirmación no fue acompañada de elementos probatorios que
permitieran verificar el incumplimiento de los requisitos exigidos para el empleo.
143. Además, la Resolución 0045 del 6 de marzo de 2020 no fue objeto de una
pretensión autónoma de nulidad en este proceso. Por ello, la Sala no puede emitir
un pronunciamiento sobre su legalidad. Dicho nombramiento únicamente tendría
incidencia en el control del acto acusado si se hubiera demostrado que la
insubsistencia obedeció a una finalidad distinta del buen servicio o constituyó un
ejercicio desviado de la facultad de libre remoción, circunstancias que no se
acreditaron.
144. En consecuencia, la Sala no advierte que la Registraduría Nacional del
Estado Civil hubiera desbordado los límites de razonabilidad y proporcionalidad que
orientan el ejercicio de la facultad de libre remoción. La parte actora tampoco
demostró que la decisión obedeciera a móviles políticos, desviación de poder, falsa
motivación o fines distintos del buen servicio.
145. Por lo anterior, los argumentos del recurso de apelación no están llamados a
prosperar. En esas condiciones, se confirmará la sentencia de primera instancia,
que negó las pretensiones de la demanda.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2025, radicado 08001-23-
33-000-2022-00439-01 (0463-2025); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de mayo de 2026,
radicado 52001-23-33-000-2015-00632-01 (6526-2022).
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2025, radicado 08001-23-
33-000-2022-00439-01 (0463-2025).
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3.6. Conclusión
146. De este modo, la Sala concluye que el señor Gilberto Echeverri García no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 0039 del 28 de febrero de
2020, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de
registrador especial 0065-02 de Armenia.
147. Aunque los cargos de responsabilidad administrativa o electoral pertenecen al
régimen especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil y deben proveerse
mediante concurso público de méritos, el demandante fue nombrado directamente
en 2001, antes de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 1 de
2003, y no acreditó que posteriormente hubiera adquirido derechos de carrera. Por
esa razón, no le resultaba aplicable el estándar reforzado de motivación exigido en
la sentencia SU-425 de 2025 a quienes ingresaron al empleo mediante concurso.
148. Asimismo, la parte actora no demostró que la administración hubiera ejercido la
facultad de libre remoción con desviación de poder, falsa motivación,
desconocimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad o con una
finalidad distinta del buen servicio. En consecuencia, se confirmará la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
3.7. Costas
149. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 27 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 63001-23-33-000-2020-00418-01 (2432-2022)
Demandante: Gilberto Echeverri García
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, el 10 de diciembre de 2021,
que negó las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
Esta providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase,
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión
Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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