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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00259-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00259-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal primero de la sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones para, en su lugar: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de acto no susceptible de control judicial, respecto de las Actas Nro. 005 del 19 de julio de 2012, 003 del 23 de julio de 2012, 007 del 31 de julio de 2012 y 002 del 5 de febrero de 2013, proferidas por las Juntas Asesoras del Ministerio de Defensa Nacional, por haberse presentado la demanda contra actos de trámite o preparatorios. Segundo. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones. 29 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 08001-23-33-000-2015-00259-01 (5153-2024) Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00259-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00259-01 (5153-2024)
Demandante: Hans Aguirre Ayala
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Tema: Naturaleza jurídica de las actas de las Juntas Asesoras del
Ministerio de Defensa Nacional. Marco normativo aplicable a la
carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y
agentes de la Policía Nacional. Retiro por llamamiento a calificar
servicios. CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Hans Aguirre Ayala instauró demanda contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial del acto administrativo complejo conformado por:

i) El Acta Nro. 005 del 19 de julio de 2012, por medio de la cual la Junta de
Evaluación y Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional no lo
recomendó para realizar el curso de capacitación para ascenso del
segundo semestre de ese año.

ii) El Acta Nro. 003 del 23 de julio de 2012, mediante la cual la Junta de
Generales de la Policía Nacional no lo recomendó para realizar el curso
de capacitación para ascenso del segundo semestre de ese año.

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iii) El Acta Nro. 007 del 31 de julio de 2012, por medio de la cual la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional no lo
recomendó para realizar el curso de capacitación para ascenso del
segundo semestre de ese año.

iv) El Acta Nro. 002 del 5 de febrero de 2013, mediante la cual la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional
recomendó su desvinculación por llamamiento a calificar servicios.

v) El Decreto 0837 del 24 de abril de 2013, por medio del cual el Gobierno
nacional lo retiró del servicio activo de la Policía Nacional, por llamamiento
a calificar servicios.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro y que se le reconozcan
y paguen todos los salarios, primas, subsidios y demás emolumentos dejados de
percibir desde la fecha en que se efectuó el retiro, con la inclusión de todas las
prestaciones legales y extralegales a las que tenga derecho, a título de
indemnización.

Que, para todos los efectos legales, se declare que no hubo solución de continuidad
en los servicios prestados; que se ascienda al grado que sus compañeros de curso
obtuvieron; y que se ordene que los dineros reconocidos se cancelen a título de
condena, razón por la cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no
podrá efectuar ningún descuento por concepto de asignación pagada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que tenía el grado de teniente coronel en la Policía nacional y que las Juntas de
Evaluación y Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional y la Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional, realizadas el 19, 23 y 31 de julio de 2012 se decidió
no recomendarlo para ser ascendido.

Que elevó una solicitud de reconsideración ante el ministro de defensa y el director
general de la Policía Nacional, quienes le respondieron en forma negativa y
acogieron la decisión adoptada por las juntas.

Que mediante Acta Nro. 002 del 5 de febrero de 2013, la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional recomendó su retiro por
llamamiento a calificar servicios.

Que por medio del Decreto 0837 del 24 de abril de 2013, el Gobierno nacional lo
retiró del servicio activo de la Policía Nacional, por llamamiento a calificar servicios.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 2, 6, 13, 29, 53, 83, 216, 218 y 220
de la Constitución Política; los artículos 1 y 2 de la Ley 857 de 2003; la Ley 1015 de
2006; los artículos 20, 21, 22, 28 y 29 del Decreto 1791 de 2000; los Decretos 1512

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y 1791 de 2000; y los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 18, 22, 42, 43, 45, 47, 50 y 53
del Decreto 1800 de 2000.

En el concepto de violación indicó que los actos demandados están viciados de
falsa motivación, desviación de poder, falta de requisitos legales en su formación e
infracción de normas de superior jerarquía. Que también hubo falta de competencia
de los funcionarios intervinientes y que se desconoció el derecho de audiencia y
defensa.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se presentó, originalmente, ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca quien, en auto del 19 de diciembre de 2014, declaró la falta de
competencia y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico 1,
el cual la admitió en providencia del 26 de agosto de 2016 2.

La entidad demandada se opuso a las pretensiones. Indicó que la desvinculación
se dio en aplicación de las facultades especiales conferidas por el ordenamiento
legal, las cuales estaban reguladas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 857 de 2003.
Que se cumplió con los requisitos exigidos por la normativa aplicable, esto es, contar
con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y la
verificación de que el accionante sí tuviera derecho a devengar la asignación de
retiro. Propuso como excepciones la de inexistencia de vicios de nulidad e
innominada o genérica 3.

Por auto del 17 de julio de 2020, decidió impartírsele al proceso el trámite de
sentencia anticipada 4. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se dictó
sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del veintidós (22) de
julio de dos mil veintidós (2022), negó las pretensiones tras indicar que no logró
acreditarse que la intención de los actos de retiro fuera una diferente a la de procurar
el beneficio de la institución policial. Que los excelentes años de servicio prestados
a la Policía no era un argumento suficiente para lograr la nulidad de los actos
acusados, en el entendido que la obligación de los servidores públicos es prestar,
de forma eficiente y óptima, sus funciones. Que el buen desempeño tampoco le
garantizaba estabilidad en el puesto, sino que se constituía en un presupuesto
natural del ejercicio del cargo.

Que existe una presunción legal, en el sentido que los actos de llamamiento a
calificar servicios se suponen emitidos en aras del buen servicio, los cuales no
requieren motivarse, toda vez que la motivación de estos está prevista en la ley.
Que se comprobó que el acto demandado se realizó conforme a las leyes

1 Véanse los folios 100-101 PDF, del archivo «08001233300020150025900_T1_3», visible a índice 11 de
SAMAI del Tribunal.
2 Véanse los folios 117-118 PDF, ibid.
3 Véanse los folios 139-157 PDF, ibid.
4 Véase el folio 185.

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preexistentes, que se efectuó de acuerdo con el debido proceso y que el accionante
tenía derecho al reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro.

Que como el demandante corría con la carga de la prueba de demostrar que los
actos demandados se inspiraron en razones ajenas o distintas al querer del
legislador, debían negarse las pretensiones de la demanda porque el llamamiento
a calificar servicios se efectuó conforme a las normas que regulan esa clase de
retiro, en aplicación de la facultad discrecional que se le otorgó al director general
de la Policía Nacional 5.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que si bien
el retiro por llamamiento a calificar servicios es una figura legalmente constituida,
podía interpretarse como una manera en la que coartaron su posibilidad de
concursar para ser promovido al grado inmediatamente superior, tal y como se
evidenció, ya que pese a contar con cursos, estudios y ascensos previos, no fue
tenido en cuenta para ascender.

Que los miembros de las Juntas Evaluadoras debían tener un amplio criterio de
objetividad al momento de decidir la suerte de quienes califican, pues les
correspondía realizar un juicio de valor totalmente imparcial, en el que apreciaran
los estudios realizados, así como el comportamiento personal y laboral de la
persona. Que su caso daba cuenta de una excelente trayectoria en la institución y
en la sociedad, lo cual no fue puesto en consideración al momento de estimar si
debía seguir o no en servicio activo.

Que la entidad demandada se escudó en la figura del tiempo transcurrido y en la
necesidad de renovar el personal para tomar la decisión de retirarlo, lo cual denotó
una decisión injusta que no se acompasó con la realidad porque no hubo claridad
en la determinación, al no valorarse sus cualidades personales e intelectuales.

Que, con el fin de evitar arbitrariedades al tomar la decisión de retiro de un miembro
policial, esta debía relacionarse con el deficiente desempeño del agente, el
incumplimiento de sus funciones, la observancia de conductas reprochables y, en
general, la presentación de un servicio irregular. Que su caso es todo lo contrario,
pues en su hoja de vida solo se visualizan exaltaciones y felicitaciones del buen
proceder en cumplimiento de sus funciones, lo que evidencia la poca razonabilidad
y proporción que existió para justificar tal decisión, pues si bien es cierto que no
todos pueden ser comandantes generales de la Policía Nacional, también es cierto
y justo que sus años de esfuerzo, sacrificio y dedicación debieron verse mejor
compensados 6.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 23 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin

5 Véanse los folios 186-203.
6 Véanse los folios 496-516.

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necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 7. Las partes guardaron silencio y
el Ministerio Público no presentó concepto.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar, en primer lugar, si los actos
administrativos demandados son susceptibles de control judicial. De serlo, deberá
analizarse, en segundo lugar, si están viciados o no de nulidad, porque se
expidieron con falsa motivación, desviación de poder, falta de requisitos legales en
su formación e infracción de normas de superior jerarquía.

Naturaleza jurídica de los actos acusados: del acto administrativo complejo

El acto administrativo complejo es conceptualizado como aquel en el que concurren
declaraciones de dos organismos pertenecientes a la misma entidad o, a entidades
diferentes, para conformar la voluntad de la Administración 8, y se fusionan en unidad
de contenido y de fines 9, por lo que presentan una relación de interdependencia que
implica que ninguna de ellas puede subsistir separada e individualmente 10. En otras
palabras:

«[…] siguiendo la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación sobre el tema, los actos administrativos
complejos son aquellos que se forman por la concurrencia de una serie de actos
que no tienen existencia jurídica separada e independiente y que provienen de
diversas voluntades y autoridades, generándose así una unidad de contenido y
de fin, de tal suerte que las diversas voluntades concurren para formar un acto
único»11.

Así, la noción de acto administrativo complejo excluye aquellas situaciones en las
que una misma autoridad profiere varias disposiciones dentro de una misma
actuación administrativa procesal, como instrumentos necesarios y concatenados
dentro del trámite 12. Por ende, no puede confundirse un acto administrativo
complejo con un acto de trámite o preparatorio, pues este último difiere, en cuanto
a su naturaleza, del primero, dado que adolece de la característica de unidad de
finalidad, objeto y contenido, así como de la relación de interdependencia y aún de
la capacidad de modificar, crear o extinguir una situación jurídica.

Establecida la diferencia entre los actos de trámite y los actos administrativos
complejos, resulta pertinente precisar cuál es la naturaleza de las actas de las

7 Véase a índice 4 de SAMAI.
8 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de enero de 1996. Rad. 3416. C.P. Ernesto Rafael

Ariza Muñoz.
9 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 1° de agosto de 2002. Rad. 11001-03-24-000-2000-06674-

01(6674).
10 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 18 de octubre de 2012. Rad. 05001-23-15-000-2000-

01421-01.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de febrero de 2012. Rad.

11001-03-26-000-2010-0036-01(IJ). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
12 Ibid.

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Juntas Asesoras del Ministerio de Defensa Nacional, la cual está regulada en el
Decreto 1512 de 2000, que en su artículo 60 preceptúa así:

«Artículo 60. Recomendaciones de las Juntas Asesoras. Las conclusiones de
las Juntas se consignarán en forma de recomendaciones, que no podrán ser
modificadas sino por el Ministro de Defensa Nacional. En los demás casos, las
modificaciones deberán ser autorizadas por la respectiva Junta Asesora».

De acuerdo con lo anterior, dichas actas contienen, únicamente, recomendaciones
de las Juntas Asesoras, las cuales no podrán modificarse sino por el Ministerio de
Defensa Nacional o por la respectiva Junta. Es decir, por sí mismas carecen del
carácter vinculante de los actos que crean, modifican o extinguen directa o
indirectamente situaciones jurídicas, lo que determina que no sean susceptibles de
control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque se
trata de conceptos que permiten que la Administración adopte la decisión de retiro
en el marco de las funciones que le asignó el artículo 57 del Decreto 1512 de 2000,
que preceptúa:

«[…] Artículo 57. Funciones de las Juntas Asesoras. Son funciones comunes
de las Juntas Asesoras las siguientes:

[…]

3. Aprobar o modificar las clasificaciones de los Oficiales y recomendar al
Gobierno, por intermedio del Ministro de Defensa Nacional los ascensos,
llamamientos al servicio y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional, así como recomendar los nombres de los Oficiales
Superiores que deban asistir a los cursos reglamentarios, de acuerdo con las
normas legales sobre la materia».

Por consiguiente, las actas de la Junta Asesora hacen parte del:

«[…] supuesto de hecho a partir del cual la autoridad nominadora con
fundamento en la facultad discrecional tiene la posibilidad de elegir la
consecuencia jurídica, es decir, de adoptar la decisión de retiro o no, pero
ambas declaraciones no conforman una unidad de contenido que tengan entre
sí una relación de interdependencia que les permita llegar a perfeccionarse
como acto administrativo, pues sería viable la existencia jurídica separada e
independiente dado que puede darse el concepto sin la decisión de retiro»13.

Así las cosas, las Actas Nro. 005 del 19 de julio de 2012, 003 del 23 de julio de
2012, 007 del 31 de julio de 2012 y 002 del 5 de febrero de 2013 proferidas por las
Juntas Asesoras, no conforman un acto administrativo complejo con el Decreto 0837
del 24 de abril de 2013, por cuanto las recomendaciones allí contenidas tan solo se
corresponden a un acto preparatorio para la expedición del acto administrativo de
llamamiento a calificar servicios, razón por la que no son objeto de control judicial y,
por ello, la Sala declarará de oficio la excepción de acto no susceptible de control
judicial, respecto de las Actas Nro. 005 del 19 de julio de 2012, 003 del 23 de julio
de 2012, 007 del 31 de julio de 2012 y 002 del 5 de febrero de 2013, proferidas por
las Juntas Asesoras del Ministerio de Defensa Nacional, por haberse presentado la
demanda contra actos de trámite o preparatorios. No obstante, ello no quiere decir

13 Ibid.

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que no sea viable examinar su contenido con la finalidad de analizar la presunción
de legalidad del decreto que retiró del servicio al actor.

Pese a lo anterior, se precisa que habrá eventos en los que para los efectos de las
pretensiones dichas actas pueden tornarse en actos administrativos definitivos
porque causan el perjuicio deprecado por el accionante como, por ejemplo, cuando
el miembro de la fuerza pública no es llamado al curso de ascenso y lo que se
pretende con la demanda, es precisamente el ascenso de grado, tal y como se
resolvió en las sentencias con radicados 25000232500020011216101 (0794-2007)
y 19001233300020170048801 (2368-2022), proferidas por esta Sección.

Marco normativo aplicable a la carrera del personal de oficiales, nivel
ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional

El Congreso de la República profirió la Ley 578 de 2000, por medio de la cual se
confirió al presidente facultades extraordinarias para, entre otras, expedir las
normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. De
conformidad con esas facultades extraordinarias para legislar, se expidió el Decreto
Ley 1791 de 2000 que, en su artículo 1, reglamentó el régimen especial de la carrera
profesional de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional.

El anterior decreto, en su Capítulo VI, regula, entre otras situaciones, la de retiro, al
siguiente tenor:

«ARTÍCULO 54. RETIRO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Es la situación
por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de
prestar servicio.

El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel
ejecutivo, suboficiales y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá
delegarse en el Director General de la Policía Nacional.

El retiro de los oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, excepto
cuando se trate de Oficiales Generales y en los demás grados en los casos
de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, no
superar la escala de medición del Decreto de evaluación del desempeño o
muerte.

ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes
causales:

1. Por solicitud propia.

2. Por llamamiento a calificar servicios.

[…]

ARTÍCULO 57. RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR
SERVICIOS. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El personal de oficiales,
suboficiales y agentes de la Policía Nacional sólo podrá ser retirado por
llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido quince (15) años
de servicio. El personal del Nivel Ejecutivo solo podrá ser retirado por
llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido veinte (20) años
de servicio» (negrillas y tachas originales).

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En igual sentido, la Ley 857 de 2003, por medio de la cual se dictaron nuevas
normas para regular el retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional, preceptúa:

«Artículo 1º. Retiro. El retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el grado,
cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el
Gobierno Nacional. El ejercicio de esta facultad, podrá ser delegada en el
Ministro de Defensa Nacional hasta el grado de Teniente Coronel.

El retiro de los Suboficiales se efectuará a través de resolución expedida por el
Director General de la Policía Nacional.

El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto
cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los
demás grados, en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y
permanente, gran invalidez, cuando no supere la escala de medición del decreto
de evaluación del desempeño y en caso de muerte.

Artículo 2º. Causales de retiro. Además de las causales contempladas en el
Decreto-ley 1791 de 2000, el retiro para los Oficiales y los Suboficiales de la
Policía Nacional, procederá en los siguientes eventos:

4. Por llamamiento a calificar servicios.

5. Por voluntad del Gobierno Nacional en el caso de los Oficiales, o del Director
General de la Policía Nacional, en el caso de los Suboficiales.

6. Por incapacidad académica.

Artículo 3º. Retiro por llamamiento a calificar servicios. El personal de Oficiales
y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a
calificar servicios, sólo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la
asignación de retiro».

Dichas normas no imponen a la Administración el deber de motivar o justificar,
expresamente, las razones por las cuales determina el retiro por llamamiento a
calificar servicios, por lo que dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o
abuso en la medida en que su trámite está reglado.

Sobre el punto, la jurisprudencia ha reiterado que realizar cuestionamientos
basados en opiniones subjetivas o personales derivadas del malestar que genera la
orden de desacuartelamiento, no tiene la virtud de generar fuero de estabilidad
laboral o limitar la potestad discrecional que el legislador otorgó al ejecutivo en aras
de procurar el mejor servicio público o, incluso, controlar el ascenso de los
uniformados a grados superiores, a los que evidentemente no pueden acceder
todos los miembros por lo limitado de sus cupos y las exigencias excepcionales
requeridas, las cuales, sin lugar a dudas, deben valorarse según los criterios
(discrecionales y autónomos) de sus mandos 14.

14 En similar sentido: sentencias del 29 de junio de 2006, expediente 76001-23-31-000-2000- 00032-01(03132-

05), C. P. Tarsicio Cáceres Toro; 5 de julio de 2007, expediente 25000-23-25-000-2000-08973-01 (9020-05), C.
P. Alejandro Ordóñez Maldonado; 1° de marzo de 2012, expediente 05001-23-31-000-2002-00428-01 (0871-
11), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; 21 de noviembre de 2013, expediente 76001-23-31-000-2005-
01375-01 (0197-13), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e); 11 de agosto de 2015, expediente 11001-03-15-

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La Corte Constitucional ha indicado que la causal de retiro en comento se constituye
en un instrumento importante para la Administración, en la medida que permite el
relevo generacional dentro de la línea jerárquica que supone el ascenso de algunos
miembros y la separación del servicio de otros, de ahí la especial connotación que
adquiere frente a otras formas de desvinculación laboral. Igualmente, sostuvo que
«calificar servicios» es una:

«[…] acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien
conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no
significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso
instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud
se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción
de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la
normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente
de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas
de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la
destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder
jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades
deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las
necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y
medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y
evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es
propio»15.

Adicionalmente, en la Sentencia SU-091 de 2016, la Corte se refirió a la motivación
del acto de desvinculación por llamamiento a calificar servicios, indicando que
aquella está dada expresamente por la ley y procede cuando se configuran los
siguientes requisitos, a saber: i) tener un tiempo mínimo de servicios y ii) ser
acreedor de la asignación de retiro, regla que en la Sentencia SU-217 de 2016 se
juzgó como conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros
de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y
sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del
retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino
una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial […]»16.

En esta sentencia, la Corte hizo énfasis en que la «[…] la ley no impone un estándar
de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se
configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar, de manera
decorosa y con derecho a una asignación de retiro, a un oficial»17; por lo que es
claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la
adopción de la decisión.

Igualmente, en la Sentencia SU-237 de 2019, la Corte sostuvo que es una facultad
legítima del Gobierno nacional «[…] destinada a permitir la renovación del personal
de la Policía Nacional y justificada en las necesidades del servicio, la conveniencia
de la Institución y las vacantes disponibles, razón por la cual esta no puede ser
ejercida con una finalidad diferente al mejoramiento del servicio, por ejemplo, como
mecanismo de sanción dentro de las fuerzas militares o de policía»18.

000-2013-01431-00 (AC), C. P. Jorge Octavio Ramírez (e); 4 de mayo de 2017, expediente 25000-23-42-000-
2013-00111-01 (0318-14), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; entre otras.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-072 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-217 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 Ibid.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-237 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Por su parte, el Consejo de Estado ha señalado que el llamamiento a calificar
servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización
depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución
institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas,
facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el
nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el
contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.

En lo que respecta a la motivación de este acto administrativo, se ha considerado
que «[…] se produce en ejercicio de una facultad discrecional, la cual por su
naturaleza no requiere motivación, se presume ejercida en aras del buen servicio y
quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo
la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre»19.

Igualmente, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios,
principalmente, el hecho que es reconocido como una manera decorosa de
culminación de servicios en la fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente
desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que
así ordene el retiro, dado que el buen cumplimiento de las funciones se entiende
como connatural al ejercicio de la labor y, por ello, no genera fuero e inamovilidad
en el empleo 20.

Se ha precisado, además, que el retiro por llamamiento a calificar servicios no es
una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se permite que los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de Policía disfruten de la asignación
de retiro21. Así, la Corte Constitucional trazó las siguientes subreglas en la Sentencia
SU-237 de 2019:

«[…] (i) el llamamiento a calificar servicios no debe contener necesariamente
una motivación expresa porque su fundamentación deriva de la ley, constituida
por los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la existencia de una
recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de Defensa
Nacional para la Policía Nacional; (ii) el buen desempeño del cargo no se
traduce en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales
de la Fuerza Pública para acudir a dicha figura de retiro; y (iii) los actos
administrativos que deriven del llamamiento pueden ser objeto de control
judicial ante el juez de lo contencioso. Sin embargo, en estos casos, los
demandantes tienen la carga probatoria de demostrar que los mismos son
producto de una acción discriminatoria o fraudulenta. Estas reglas armonizan el
criterio del mérito en el ascenso con las necesidades del servicio, las exigencias
de renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y vacantes
disponibles»22.

Así las cosas, si bien no debe motivarse el acto administrativo mediante el cual se
retira del servicio a los miembros de las fuerzas militares y de Policía con ocasión
de la prerrogativa de llamamiento a calificar servicios, ello no impide que el juez
analice sus fundamentos, porque debe verificarse si la administración atendió los
límites legales y constitucionales.

19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2014. Rad. 11001-03-

15-000-2013-01936-01(AC). C.P. Alfonso Vargas Rincón.
20 En este sentido, puede consultarse la providencia del 19 de enero de 2017. Exp. 4117-2014.
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011. Exp. 1065-10.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU-237 de 2019. Op. cit.

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Resolución al caso concreto

Se encuentra acreditado, según el extracto de hoja de vida, que el último grado
desempeñado por el actor fue el de teniente coronel y que estuvo vinculado a la
Policía Nacional por un periodo de 25 años, 1 mes y 11 días 23.

En Acta Nro. 005 del 19 de julio de 2012, la Junta de Evaluación y Clasificación para
Oficiales de la Policía Nacional no lo recomendó para realizar el curso de
capacitación para ascenso del segundo semestre de esa calenda 24; lo cual se
ratificó en las Actas Nro. 003 del 23 de julio de 2012 y 007 del 31 de julio de 2012
de las Juntas de Generales de la Policía Nacional y Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional, respectivamente 25.

Luego, mediante Acta Nro. 002 del 5 de febrero de 2013, la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional recomendó su retiro por
llamamiento a calificar servicios, con los siguientes argumentos:

«[…] Se somete a consideración de la Junta Asesora el retiro por llamamiento
a calificar servicios del señor Teniente Coronel HANS AGUIRRE AYALA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.496.838, quien ingresó a la Policía
Nacional el 26.ENE.1988 y actualmente se encuentra adscrito a la Dirección
Nacional de Escuelas y luego de establecer que acumula un tiempo de servicio
de 24 años, 02 meses y 28 días, tiempo que lo hace acreedor a una asignación
mensual de retiro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto
4433 de 2004, los integrantes de la Junta Asesora aprueban por unanimidad,
recomendar el retiro del mencionado Oficial, por la causal de llamamiento a
calificar servicios»26.

Con base en dicha recomendación, por Decreto 0837 del 24 de abril de 2013, el
Gobierno nacional retiró del servicio activo de la Policía Nacional al demandante,
por llamamiento a calificar servicios 27.

De la anterior relación probatoria, se encuentra que la motivación exigible para el
llamamiento a calificar servicios estuvo dada por el cumplimiento de los requisitos
de contar con un tiempo mínimo de servicio a fin de ser acreedor de la asignación
de retiro, lo cual se encuentra plenamente satisfecho en el expediente pues, según
se desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado a la Policía
Nacional por más de 25 años y, conforme con el artículo 25 del Decreto 4433 de
2004, se exigen 20 años para acceder a tal prestación. Además, su desvinculación
como miembro de la Policía Nacional, en el grado de teniente coronel, contó con el
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional.

Se evidenció que las anteriores consideraciones quedaron plasmadas en el Decreto
0837 del 24 de abril de 2013 y, si bien en el expediente no existe copia del acto
administrativo que reconoció la asignación de retiro, en ningún momento, dentro del

23 Véase el folio 159 PDF, del archivo «08001233300020150025900_T1_2», visible a índice 11 de SAMAI del

Tribunal.
24 Véanse los folios 33-37 PDF, del archivo «08001233300020150025900_T1_3», visible a índice 11 de SAMAI

del Tribunal.
25 Véanse los folios 41-49 PDF, ibid.
26 Véanse los folios 14-30 PDF, ibid.
27 Véanse los folios 8-13 PDF, ibid.

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trámite del proceso, el demandante adujo que dicha prestación no le hubiese sido
reconocida.

Por otro lado, en el recurso de apelación se afirmó que, aunque el retiro por
llamamiento a calificar servicios es una figura legalmente consagrada, podía usarse
para coartar la posibilidad de promover a alguien al grado inmediatamente superior,
como se evidenció en su caso, lo cual denota que el acto demandado se expidió
con desviación de poder.

La Sala recuerda, que el llamamiento a calificar servicios consiste en el relevo de la
línea jerárquica en las fuerzas armadas, motivo por el cual, conforme lo señaló la
Corte Constitucional, «[…] no impone un estándar de razonabilidad y
proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales
objetivas para que se pueda proceder a retirar»28.

En este caso, se encuentra que la causa de desvinculación fue el cumplimiento de
los requisitos para el retiro conforme la disposición legal vigente. Además, dicho
vicio debía probarse, pues no era suficiente con que el accionante mencionara, por
su simple parecer o especulación, que existieron otros motivos, diferentes al buen
servicio, para que la Administración tomara la decisión de retirarlo por esta causal
legal.

Por ello, se reitera que es necesario probar que en la expedición del acto se tuvieron
finalidades ocultas, esto es, demostrar la desviación de poder, dado que en el
asunto no se analiza la facultad discrecional del Gobierno nacional que propende
por el mejoramiento del servicio, sino que nos encontramos ante una potestad que
busca precisamente el relevo generacional. Es decir, en el evento que se estime
que el llamamiento a calificar servicios fue ilegal, el interesado es quien tiene la
carga de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y
que no cumplió con el tiempo de servicio requerido, sino que se debió a otras
condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura.

Más allá de la afirmación del demandante, no obran pruebas que permitan advertir
que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en ley y la
jurisprudencia o que la intención del separación del cargo fue ajena al relevo
jerárquico del mando, máxime cuando se probó que tenía derecho al reconocimiento
y pago de una asignación mensual de retiro, y que medió el concepto previo de la
Junta Asesora, por lo que no se requería otra motivación para que la Administración
quedara facultada para proceder de esa forma.

Respecto al argumento que las Juntas Evaluadoras deben tener un amplio criterio
de objetividad al momento de decidir la suerte de quienes califican, porque su caso
dio cuenta de una excelente trayectoria en la institución y en la sociedad, se
recuerda que el óptimo desempeño de las funciones del accionante, situación que
lo hizo merecedor de felicitaciones, condecoraciones y reconocimientos, no le
brindaba un fuero de estabilidad que impidiera que fuera retirado por la causal en
mención pues, como se dijo, el cumplimiento de esta característica se entiende
como connatural al ejercicio de la labor policial.

28 Corte Constitucional. Sentencia SU-217 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Por otro lado, la Sala puntualiza que el retiro por llamamiento a calificar servicios es
una causal objetiva que solo exige la comprobación de que el oficial o suboficial
cumplió los requisitos para hacerse acreedor de la asignación de retiro, así como la
comprobación que existió concepto previo de la Junta. Por ende, dicha decisión no
exige que se aprecien circunstancias como el deficiente desempeño del agente, el
incumplimiento de sus funciones, la observancia de conductas reprochables o la
presentación de un servicio irregular, en la medida que su materialización no
depende de ello.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad del Decreto 0837 del 24 de
abril de 2013, por medio del cual el Gobierno nacional retiró del servicio activo de la
Policía Nacional, por llamamiento a calificar servicios, resulta claro que deberá
confirmarse la sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 29 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal primero de la sentencia proferida
el veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones para, en su lugar:

DECLARAR probada, de oficio, la excepción de acto no susceptible de
control judicial, respecto de las Actas Nro. 005 del 19 de julio de 2012, 003
del 23 de julio de 2012, 007 del 31 de julio de 2012 y 002 del 5 de febrero de
2013, proferidas por las Juntas Asesoras del Ministerio de Defensa Nacional,
por haberse presentado la demanda contra actos de trámite o preparatorios.

Segundo. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el veintidós (22)
de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.

29 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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Radicado: 08001-23-33-000-2015-00259-01 (5153-2024)

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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