Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04871-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Llamamiento a calificar servicios
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04871-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04871-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
15 de julio de 2021
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DISPONGA EL RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS – No requiere motivación expresa / BUEN DESEMPEÑO DEL SERVICIO – No es fuente de fuero de estabilidad laboral o de derecho al ascenso automático / DESVIACIÓN DE PODER – Inoperancia por falta de prueba
En el evento de que se estime que el llamamiento a calificar servicios se erige en una sanción, el interesado es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y que no cumplió el tiempo de servicio requerido, sino a otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura. Bajo esa óptica, se encuentra que, el recurrente alega que el retiro del servicio no obedeció al mejoramiento del servicio, pues no tuvo en cuenta su excelente trayectoria profesional, por lo que su desvinculación fue no solo sorpresiva sino injusta y vulneró sus derechos fundamentales. En efecto, como quedó analizado en apartes anteriores, cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo produjo. En este contexto se debe señalar que, más allá de la afirmación del libelista, no obran pruebas que permitan advertir que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al relevo jerárquico del mando. Es necesario destacar que el excelente desempeño de las funciones del demandante, situación que lo hizo merecedor de felicitaciones, condecoraciones, evaluaciones de desempeño militar sobresalientes y reconocimientos, tampoco le brinda un fuero de estabilidad adicional, que le impida ser retirado por la causal en mención, pues como se dijo, el cumplimiento de esta característica se entiende como connatural al ejercicio de la labor militar. Tampoco esa situación le hacía merecedor de un derecho de ascenso automático en el Ejército Nacional, en tanto este, según lo prevé el artículo 53 del Decreto 1790 de 2000, debía estar precedido del llamado a curso, una vez evaluada su trayectoria profesional, lo cual es discrecional. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia de 30 de octubre de 2014, radicación: 2013-001936-01. En cuanto a la prueba de la desviación de poder como causal de anulación del acto administrativo, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia de 23 de febrero de 2011, radicación: 0734-10. En lo que tiene que ver con la facultad discrecional para llamar a curso de ascenso, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia de 10 de noviembre de 2009, radicación: 0145-05.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1790 DE 2000 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS – Requisitos de procedencia / ASCENSO EN LA FUERZA PÚBLICA – Facultad discrecional de la administración / ESTRUCTURA PIRAMIDAL EN LA FUERZA PÚBLICA
La Sala reitera que, para la procedencia de la figura del llamamiento a calificar servicios respecto de los oficiales, solo se requiere el cumplimiento del tiempo de servicios para obtener la asignación de retiro y una recomendación previa de la Junta Asesora. Conforme a ello, no se encuentra una relación de causalidad entre los logros laborales del demandante y la decisión de retirarlo, en tanto que para esta era requisito, únicamente, verificar que era merecedor de la prestación social y la recomendación aludida. En tal medida y por virtud de dicha prerrogativa, la institución militar puede ascender a unos miembros de la fuerza y retirar a otros, por razones de necesidad y de conveniencia. Ello debido a que no le es posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de ser ascendidos, en tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos. También se insiste en que, por la estructura piramidal de las fuerzas militares, no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor militar o represente una persecución en contra del militar no escogido, tesis que ha sido pacífica por parte de esta Subsección.
CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo / CONDENA EN COSTAS – Parte vencida en el proceso
Se condenará en costas a la parte demandante y a favor de la entidad demandada, toda vez que resultó vencida en esta instancia, pues no prosperaron los argumentos del recurso de alzada y la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, presentó alegatos de conclusión en esta instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo acorde con lo regulado en el artículo 366 del Código General del Proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el criterio objetivo valorativo en la condena en costas a partir de la Ley 1437 de 2011, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación: 1291-14, C.P.: William Hernández Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-42-000-2017-04871-01(5174-19)
Actor: ÓSCAR JAVIER SUESCÚN ESPINEL
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-153-2021
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 21 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Oscar Javier Suescún Espinel en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (folios 113 a 115)
Que se declare la nulidad del numeral 36 de la Resolución 2989 del 11 de abril de 2014, mediante la cual el Ministerio de Defensa retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares e incluyó en forma temporal con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios a varios oficiales, entre ellos, al demandante.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada disponer el reintegro del señor Oscar Javier Suescún Espinel al Ejército Nacional al mismo grado del cual fue retirado o a otro de igual jerarquía.
Se conmine a la demandada al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento en que fue retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios y hasta que efectivamente sea reintegrado, con la correspondiente indexación.
Se reconozca para todos los efectos que no ha existido solución de continuidad en el servicio y que así se haga constar en la hoja de vida.
Se ordene a la entidad demandada llamar a curso de ascenso al señor Suescún Espinel de conformidad con la «calificación numérica y clasificación de lista probada a la fecha de su evaluación».
Se condene al Ejército Nacional al pago de daños materiales a título de indemnización integral a la luz del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de todos los perjuicios que se demuestren dentro del plenario.
Se reconozcan los daños morales causados al libelista y a su familia, tal y como lo aplica la Sección Tercera del Consejo de Estado, acorde con la nueva tasación en las sentencias de unificación.
Se ordene la compulsa de copias para las investigaciones disciplinarias correspondientes según lo previsto en la Ley 836 de 2003 en concordancia con el artículo 13 del Decreto 1799 de 2000 y Ley 1010 de 2006.
Se conmine a la demandada al pago de costas y que dé cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA.
Supuestos fácticos relevantes (folios 78 a 84)
El señor Oscar Javier Suescún Espinel ingresó el 15 de enero de 1996, a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova
Posteriormente, a través de Resolución 17326 del 2 de diciembre de 1996, fue ascendido al grado de subteniente y así sucesivamente hasta ostentar el de mayor.
Durante toda su carrera militar mantuvo una excelente formación académica y militar, su desempeño fue calificado como meritorio, con observancia de los valores, principios y en acatamiento de los cometidos otorgados por la Constitución y la ley, con «primacía sobre muchos de los oficiales compañeros de curso, siempre clasificado en listas uno y dos, máxima que puede otorgarse en el ejercicio integral del personal militar profesional» y obtuvo múltiples reconocimientos, conforme se observa en el extracto de hoja de vida.
El demandante no reporta ninguna clase de llamado de atención, sanción o investigación disciplinaria, fiscal o administrativa, condena de la justicia penal militar o de la penal ordinaria, solo le obran dos observaciones por falta de cortesía militar. En suma, no tiene inhabilidades o incompatibilidades, para ser ascendido al cargo de teniente coronel.
Cumplido el tiempo de mayor el señor Oscar Javier Suescún Espinel comenzó a reunir la documentación para ascender al grado inmediatamente superior, en la mencionada tarea se practicaron los exámenes médicos de rigor y cumplió así con todos los requisitos requeridos para tal fin, empero, no fue llamado al curso correspondiente.
Finalmente, mediante Resolución 2989 del 11 de abril de 2014, el Ministerio de Defensa Nacional retiró del servicio activo al señor mayor Suescún Espinel, en virtud de la facultad de llamamiento a calificar servicios. Acto administrativo que se basó en la recomendación dada por la Junta Asesora del mencionado ministerio. Dicho acto administrativo fue notificado el 25 de abril de la citada anualidad.
Con el mentado retiro se le negó el derecho que le asiste a la realización profesional de llegar al grado de teniente coronel, dado que todo oficial quiere alcanzar los máximos galardones que la ley le permite. Aunado a ello, en dicha resolución se advierte un manto inconstitucional, carente de motivación y con una flagrante desviación de poder, pues el ascenso militar debe propender por la excelencia, circunstancia que cumple a cabalidad el libelista.
Sumado a lo anterior, al ser desvinculado del Ejército Nacional con un tiempo de 19 años, 10 meses y 18 días de servicio, no se le permitió que para efectos de la asignación de retiro se le diera aplicación al artículo 15 del Decreto 4433 de 2004, que aumenta el monto de las partidas computables en dicha prestación cuando se cumplen 20 años.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 26 de febrero de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta de audiencia inicial se indicó que no se advertían excepciones previas que resolver. (Folio 245 y cd que obra a folio 244).
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] La presente controversia se contrae a determinar si el acto administrativo acusado está incurso en alguna de las causales que contempla la ley para su declaratoria. En caso afirmativo, si el señor OSCAR JAVIER SUESCUN (SIC) ESPINEL, tiene derecho o no, a que se le reintegre en el cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría y, de reintegrársele, si es procedente reconocerle y pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el periodo transcurrido, desde la fecha en que fue retirado del servicio hasta cuando fuere reintegrado. Así mismo si hay lugar al reconocimiento de perjuicios causados». (Folios 245 a 246 y CD que reposa a folio 244 del expediente).
SENTENCIA APELADA
(folios 289 a 293 vuelto)
El a quo profirió sentencia escrita el 21 de junio de 2019, por medio de la cual denegó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:
Inicialmente, el tribunal de primera instancia analizó el marco normativo que regula el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, para señalar que esta facultad que tenía el nominador no exigía motivación expresa, toda vez que conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, dicha facultad se constituía en un instrumento para el manejo del personal dentro de la línea jerárquica y piramidal propia de la Fuerza Pública, pues no todo miembro que ingresa a aquella, logra «llegar a la cumbre» por diferentes factores, tales como los institucionales y de servicio.
Efectuó el análisis del acervo probatorio aportado al plenario, y concluyó que la entidad demandada retiró del servicio al libelista, en consideración a que ya contaba con más de 18 años de servicio, como tiempo mínimo para acceder a la asignación de retiro conforme a los artículos 13 y 14 del Decreto 4433 de 2004, en esta medida, la administración observó el fundamento de hecho implícito en la norma. Aunado a ello, el nominador contó con el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares.
Al respecto, recalcó que el rendimiento académico y la excelente hoja de vida, no eran los únicos elementos determinantes para la permanencia en el servicio de un miembro de la institución, sino que se debían valorar otros factores, naturalmente relacionados con el servicio, máxime si se tenía en cuenta la naturaleza piramidal de entidades como el Ejército Nacional.
En este sentido, indicó que como el demandante reunía los requisitos para acceder a la asignación de retiro, bien podía ser desvinculado por llamamiento a calificar servicios, como en efecto ocurrió, sin que este hecho constituya ausencia de motivación, menos aun cuando no se evidenciaba que el nominador se hubiese apartado de las razones del servicio o de lo previsto en la norma que autorizaba el uso de la mentada facultad.
Finalmente puntualizó que a través de comunicación del 25 de abril de 2014 se le notificó personalmente al libelista el contenido de la Resolución 2989 del 11 de abril de dicha anualidad, que autorizó su retiro por llamamiento a calificar servicios. En ese orden, no se encontraban demostradas las causales de ilegalidad endilgadas en el libelo introductor.
RECURSO DE APELACIÓN
(folios 301 a 320)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada y se acceda a las pretensiones de la demanda. Para ello argumentó que con ocasión del acto administrativo del retiro se le vulneró el debido proceso, toda vez que aquel fue secreto, sesgado y no se le permitió el derecho de contradicción.
Al respecto, advirtió que, de la resolución enjuiciada, se desprende que el nominador no tuvo en cuenta la impecable trayectoria del señor Oscar Javier Suescún Espinel, pues al verificar su hoja de vida, solo se resaltan felicitaciones especiales y condecoraciones por su excelente desempeño laboral, dando importantes capturas en los operativos que estaban bajo su mando, aunado a ello, en el mentado acto, solo se transcribieron apartes de sentencias del Consejo de Estado respecto de la facultad del retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, y se omitió plasmar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que dieron origen a dicha decisión.
En este sentido, sostuvo que la resolución que lo desvinculó del Ejército debió ser motivada y justificar las razones por los cuales se decidió prescindir de sus servicios y no llamarlo a curso de ascenso, circunstancia que denota arbitrariedad y capricho. Para destacar su argumento citó apartes jurisprudenciales de las sentencias T-995 de 2007 y T-1168 de 2008, en las cuales se analiza el acatamiento de la proporcionalidad y razonabilidad, para el retiro del servicio en ejercicio de la «facultad discrecional».
Adicionalmente indicó que, si bien se ha aceptado que el acto de retiro no debe motivarse, sí es exigible que se encuentre sustentado en razones objetivas y hechos ciertos, situación que no se observa en el caso bajo estudio, habida cuenta de que se omitió explicar las razones que lo llevaron a prescindir de los servicios de un profesional que contaba con tan altos méritos en la institución, que demostró sus altas calidades humanas y profesionales en el ejercicio de sus funciones.
Agregó que el afectado también debió conocer los motivos por los cuales el Comité de Evaluación o la Junta Asesora decidió no llamarlo a curso de ascenso y se plasmen en dichos documentos los motivos que den cuenta de que se realizó un examen de fondo, completo y preciso para tomar la decisión, lo cual implica que se confronten las hojas de vida de los militares, las evaluaciones de desempeño, las pruebas relevantes que permitan determinar si existieron razones para su desvinculación, ejercicio que debe realizar igualmente el juez de instancia.
Arguyó que «la facultad discrecional» no es absoluta, pues debe atender el criterio de razonabilidad, sin embargo al a quo solo le bastó que la Junta Asesora diera el concepto, el cual no es suficiente para demostrar que fue por utilidad pública e interés general, el apartarlo de la institución castrense, en este sentido, el acto de retiro que acogió la señalada recomendación, se encuentra viciado de falsa motivación y una clara desviación de poder, en tanto no tuvo en cuenta el excelente desempeño militar del libelista a lo largo del servicio como oficial, como tampoco se buscó el mejoramiento del servicio. Por último, solicitó que no se le condene en costas, dado que no existió mala fe al acudir a esta jurisdicción. Agregó que conoció casos de otros militares que a partir de la reconsideración que presentaron fueron llamados a curso y hoy ostentan el grado de teniente coronel.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La entidad demandada (índice 12 SAMAI): afirmó que tal como lo señaló el juez de primera instancia, no se pudo comprobar que el retiro del servicio del demandante obedeció a una desviación de poder o que estuviese viciado de una falsa motivación. Además de ello, adujo que la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios no constituye una sanción o castigo, sino que es una figura que se convierte en un valioso instrumento de la administración pública para relevar jerárquicamente a sus miembros, por tanto, no es necesaria una motivación del acto que desvincula al miembro de la Fuerza Pública, tal como lo han considerado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. En este sentido, solicitó se confirme el fallo apelado.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal según la constancia secretarial visible a folio 335 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. En el presente caso, formulado por la parte demandante únicamente.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:
¿El acto de retiro del servicio del señor Oscar Javier Suescún Espinel por llamamiento a calificar servicios, se ajustó a las exigencias legales y jurisprudenciales fijadas para este tipo de decisiones dentro de las Fuerzas Militares o, por el contrario, la entidad demandada incurrió en la desviación de poder o falsa motivación que alega el demandante?
Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá la siguiente: el demandante no logró probar que el acto administrativo a través del cual fue retirado del servicio no hubiese sido adecuado a los fines que consagra el llamamiento a calificar servicios o que contenía finalidades ocultas, distintas a las previstas en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, por lo que la presunción de legalidad no fue desvirtuada, como se sustenta a continuación:
Del retiro del personal de las Fuerzas Militares
El marco general del retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar servicios, está consagrado en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, que al tenor literal previeron:
«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto. […]».
Por su parte, el artículo 100 ibidem señaló las causales de retiro en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO. El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación:
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir cuatro (4) años en el grado de General o Almirante, salvo lo dispuesto en la Ley 775 de 2002.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
7. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literal a) de este decreto.
8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo 104 de este decreto.
9. Por no superar el período de prueba; […]». (Subrayas fuera de texto).
Y el artículo 103, sobre el retiro discrecional preceptuó:
«ARTÍCULO 103. LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. <Artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro.» (Negrita fuera del texto)
Conforme a la normativa en cita, se observa que una de las causales para efectuar el retiro del personal de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, es el llamamiento a calificar servicios y la única exigencia que se requiere para disponer esta medida es que el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro. Aunado a ello, para el caso de los oficiales, se necesita el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
Retiro por llamamiento a calificar servicios
Al respecto ha considerado la Corte Constitucional que el retiro del personal uniformado de la Fuerza Pública por llamamiento a calificar servicios es una forma normal de retiro del servicio activo cuando se cumple el requisito de tiempo de servicio, para permitirle al uniformado ser beneficiario de la asignación de retiro.
La causal de retiro en comento, se constituye en un instrumento importante para la administración, que permite el relevo generacional dentro de la línea jerárquica dentro de actuación que supone el ascenso de algunos miembros y la separación del servicio de otros, de ahí la especial connotación que adquiere frente a otras formas de retiro laboral. Tal característica ha sido objeto de análisis de la jurisprudencia en varias oportunidades. En efecto, la Corte Constitucional sostuvo:
«[…] "calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio. […]» (Resaltado intencional).
Igualmente, el pronunciamiento contenido en la sentencia SU-091 de 2016 se refirió al tema de motivación en el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios para indicar que en este caso, aquella está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos, a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, regla que en la sentencia SU-217 de 2016, juzgó conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial. […]».
En esta última providencia la Corte Constitucional hizo énfasis en que la ley «[…] no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar […]», de manera que es claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la adopción de la decisión.
Por su parte el Consejo de Estado ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.
Por otro lado, frente a la motivación del acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicios, el Consejo de Estado ha considerado:
«[…] El retiro por llamamiento a calificar servicios se produce en ejercicio de una facultad discrecional, la cual por su naturaleza no requiere motivación, se presume ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre.
[…]
Insiste la Sala, es incuestionable que el Gobierno Nacional está autorizado por la Ley para retirar (por llamamiento a calificar servicios) a los oficiales, después de haber cumplido quince (15) o más años de servicio, facultad que, como ya se hizo precisión, se presume ejercida en beneficio del buen servicio público. […]»
En consecuencia, según el criterio del Consejo de Estado no debe motivarse expresamente el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales, dado que se presume expedido con la finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen servicio.
Ahora bien, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios, principalmente, el hecho de que es reconocida como una manera decorosa de culminación de servicios en la Fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro. En efecto, el buen cumplimiento de las funciones, ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo.
De igual forma, también se ha precisado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se permite que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía disfruten de la asignación de retiro.
Bajo dicho entendido, la causal de llamamiento a calificar no requiere motivación en consideración a que ella está dada expresamente por la ley y para que proceda solamente es necesario que el militar demuestre: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares.
Colofón, el acto administrativo mediante el cual se retira del servicio a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía con ocasión de la prerrogativa de llamamiento a calificar servicios, no debe motivarse, empero, cuando como en este caso, se advierten sus fundamentos, el juez debe analizar aquellos, con el fin de verificar si la administración atendió los límites legales y constitucionales.
De la falsa motivación
Conforme a los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que consagran los medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, los actos administrativos pueden ser impugnados, entre otras causales, por falsa motivación del acto.
En este sentido, el Consejo de Estado ha indicado que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo invalida, llamado falsa motivación.
Por ello, ha explicado que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento causal de la decisión, relacionado con los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición y, por lo tanto, el impugnador tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad.
Según lo precedente, el Consejo de Estado ha afirmado que la falsa motivación del acto ocurre cuando: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen, y iv) razones que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión.
En lo que se refiere al acto administrativo de llamamiento a calificar servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es procedente, que existe concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, según la normativa analizada en precedencia.
La desviación de poder
Las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas no gozan de autonomía, al contrario, es heterónomo, toda vez que la ley regula deberes y prohibiciones. Es decir, un variopinto de restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los fines públicos.
Por ello, el artículo 6.º de la Constitución Política prevé que los servidores públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
Bajo dicho entendido, cuando la conducta (activa u omisiva) es explícitamente contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en «ilícita» porque el sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir, los ilícitos típicos son las conductas o actos opuestos a una regla de derecho. Se entiende «ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como antijurídico o ilegal y no necesariamente como delictual. Sin embargo, también existen ilícitos atípicos. Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos atípicos, por así decirlo, invierten el sentido de una regla: prima facie existe una regla que permite la conducta en cuestión; sin embargo - y en razón de su oposición a algún principio o principios-, esa conducta se convierte, una vez considerados todos los factores, en ilícita. Esto es, abuso del derecho, el fraude a la ley y la desviación de poder […]».
Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.
Al respecto, el abuso o desviación de poder es creación jurisprudencial del Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje central del derecho administrativo es el control de la discrecionalidad. Al respecto, García de Enterría señala lo siguiente:
«[…] La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración es un tema clásico de la teoría del Derecho. Está en los orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada época ha ido dejando en él la huella de sus propias reflexiones teóricas, así como de las sucesivas experiencias prácticas y jurisprudenciales […]
[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de forma espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy mismo los poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez de los actos discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos de la Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la tendencia continúa […]».
Bajo dicho entendido, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y legalmente responde la norma. Lo anterior condujo a que el juez administrativo perfeccionara sus facultades con el examen constitucional, y que el control del exceso de poder, o la desviación de poder, se fortaleciera con los principios constitucionales.
Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder, el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado institucional o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo o una ley. En esos términos, al tratarse la conducta de un «ilícito atípico» provoca un daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e intereses colectivos. Una característica importante del citado daño, es el de ser indirecto o mediato.
Por su parte, esta Subsección ha efectuado el análisis sobre la desviación de poder desde esta misma óptica. Al respecto:
«[…] La desviación de poder ha sido comprendida por la jurisprudencia de esta Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse. […]». (Negrita fuera del texto original).
Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la existencia de un vicio de poder transita por llegar a la convicción de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración.
Sobre el particular, la Sección Segunda ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. […]».
De esta forma, dado que el acto administrativo de retiro del servicio del aquí demandante por llamamiento a calificar servicios se encuentra motivado (folios 218 a 219), la Subsección procederá a analizar aquellos y verificará si se advierte la falsa motivación o la desviación de poder que se endilga.
No se desvirtuó la presunción de legalidad del acto de retiro
De acuerdo con las precisiones normativas y jurisprudenciales de rango constitucional y legal expuestas, relativas al retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios y, a la luz del caso en estudio, se encuentra acreditado lo siguiente:
El señor Oscar Javier Suescún Espinel se vinculó como oficial al Ejército Nacional el 1.° de diciembre de 1996 y prestó sus servicios como oficial en la especialidad de combate por un total de 19 años, 7 meses y 11 días, según da cuenta el extracto de su hoja de vida. Fue desvinculado de la institución castrense cuando ostentaba el grado de mayor por la causal de llamamiento a calificar servicios. (Folios 220 a 224).
Acorde con el Acta 268 del 6 de agosto de 2013, expedida por el Comité de Evaluación del Ejército Nacional, «que trata de la evaluación de final del estudio por parte del Comité de Evaluación de los oficiales del grado de mayor, que han sido considerados para presentar exámenes de admisión para ingresar al curso CEM-CIM 2014 en el mes de diciembre de 2013», señaló:
«JORGE ELIECER SUÁREZ ORTIZ, Presidente del Comité Evaluador y los señores Oficiales evaluadores bajo la promesa de honor militar afirmaron que efectuaron el estudio del personal de Oficiales de Grado Mayor considerados para presentar exámenes de admisión para ingreso a curso CEM CIM 2014 en el mes de Diciembre de 2013 dándose que la información fue valorada, evaluada y revisada de forma veraz y oportuna, arrojando como resultado las siguientes consideraciones:
No.
GR
ARMA
APELLIDOS Y NOMBRES
C.C
UNIDAD
1
[…]
227
MY
IMI
SUESCUN (SIC) ESPINEL OSCAR JAVIER
79.838.754
RIME 2
[…]
OFICIALES QUE NO SE RECOMIENDA PRESENTAR EXÁMENES: 96
[…]
INTELIGENCIA MILITAR:
No.
GR
ARMA
APELLIDOS Y NOMBRES
C.C
1
[…]
5
MY
IMI
SUESCUN (SIC) ESPINEL OSCAR JAVIER
79.838.754
[…] (Folios 256 a 271 vuelto).
Según el Acta 09 del 20 de diciembre de 2013 signada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, conceptuó entre otros, lo siguiente:
«[…] Que el Decreto Ley 1790 de 2000 (modificado parcialmente por la Ley 1104 de 2006) en su artículo 99 indica que el retiro de las Fuerzas Militares, es la situación en la que los Oficiales y Suboficiales sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad.
Que el artículo 103 del Decreto Ley 1790 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 del 13 de diciembre de 2006), establece: “Llamamiento a calificar servicios. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro”, dicho retiro no es producto de una sanción disciplinaria sino la aplicación de la facultad ya mencionada.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en Servicio Activo que a la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto, sean retirados con dieciocho (18) o más años de servicio por Llamamiento a Calificar servicios, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro.
Que la atribución concedida por el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de las Fuerzas Militares, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según cometido que le es propio (Sentencia C-072/96).
Que para proceder a la recomendación correspondiente, es menester tener en cuenta aspectos especiales de índole institucional y legal, que irradia la carrera militar, necesarios para garantizar el cabal cumplimiento de las tareas constitucionales, entre ellos observar que el concepto de buen servicio no se ciñe solo a las calidades laborales del servicio, sino a circunstancias de conveniencia y oportunidad que corresponde sopesar al Nominador.
Que dada la rotación normal de toda Institución y en desarrollo de los anteriores parámetros, en pro del cumplimiento de la misión constitucional y legal que no es más que la defensa de la Soberanía, la Independencia, la integridad del Territorio Nacional y del Orden Constitucional, la fuerza cada año procede al estudio del personal de Oficiales que conforme al artículo 53 del Decreto Ley 1790 de 2000, cumple el tiempo mínimo en el grado como requisito para poder presentar exámenes de admisión para ingresar al Curso CEM-CIM, para lo cual se nombra a un Comité basado en los Estatutos y demás normas afines que determinan la manera, formalidad y procedimientos para la evaluación y clasificación del personal de Oficiales y Suboficiales.
Que nombrado el correspondiente Comité de Estudio para la evaluación respectiva del personal de Mayores aspirantes a presentar exámenes de admisión para ingresar al curso CEM-CIM, éste no lo recomendó, dado que al estudiar su historia laboral, se encontraron consideraciones que determinan que el desempeño, no llena las expectativas establecidas por el Comando de la Fuerza, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones de los cargos desempeñados por el personal militar en el grado de Teniente Coronel, teniendo en cuenta los registros que se encontraron en su folio de vida, los cuales fueron notificados en debida forma y eran susceptibles de recursos de acuerdo a la normatividad vigente.
No.
GRA
ARM
NOMBRES
IDENTI
1
[…]
38
MY
IMI
SUESCUN (SIC) ESPINEL OSCAR JAVIER
79.838.754
La Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, después de estudiar la propuesta sometida a su consideración por parte del señor General Comandante del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que los Oficiales que se relaciona (sic) anteriormente tiene (sic) derecho a la asignación de retiro conforme a lo establecido en los artículos 100 literal a) numeral 3) (modificado por el artículo 24 de la Ley 1104 de 2006) y artículo 103 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006) del Decreto 1790 de 2000, por unanimidad recomienda el retiro del servicio activo por Llamamiento a Calificar servicios delos (sic) Oficiales citados anteriormente. […]». (Folios 250 a 255).
Conforme con la Resolución 2989 del 11 de abril de 2014, el ministro de defensa retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares, en forma temporal con pase a reserva «por llamamiento a calificar servicios», entre otros, al señor Oscar Javier Suescún Espinel. De acuerdo a las siguientes consideraciones:
«[…] Que la honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2013, registrada en el acta No. 09, recomendó el retiro del Servicio Activo por Llamamiento a Calificar Servicios, de los señores Oficiales que se relacionan en el presente acto administrativo, por las razones que se exponen a continuación:
[…]
Que el Decreto Ley 1790 de 2000 (modificado parcialmente por la Ley 1104 de 2006) en su artículo 99 indica que el retiro de las Fuerzas Militares, es la situación en la que los Oficiales y Suboficiales sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad.
Que el artículo 103 del Decreto Ley 1790 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 del 13 de diciembre de 2006), establece: “Llamamiento a calificar servicios. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro”, dicho retiro no es producto de una sanción disciplinaria sino la aplicación de la facultad ya mencionada.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en Servicio Activo que a la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto, sean retirados con dieciocho (18) o más años de servicio por Llamamiento a Calificar servicios, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro.
[…]
Que dada la rotación normal de toda Institución y en desarrollo de los anteriores parámetros, en pro del cumplimiento de la misión constitucional y legal que no es más que la defensa de la Soberanía, la Independencia, la integridad del Territorio Nacional y del Orden Constitucional, la fuerza cada seis meses procede al estudio del personal de Oficiales que conforme al artículo 53 del Decreto ley 1790 de 2000, cumple el tiempo mínimo en el grado como requisito para poder ascender al grado inmediatamente superior, para lo cual se nombra un Comité basado en los Estatutos y demás normas afines que determinen la manera, formalidad y procedimientos para la evaluación y clasificación del personal de Oficiales y Suboficiales.
Que nombrado el correspondiente Comité de Estudio para la evaluación respectiva del personal de Mayores aspirantes a presentar exámenes de admisión para ingresar al curso… no llena las expectativas establecidas por el Comando de la Fuerza, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones de los cargos desempeñados por el personal militar en el grado de Teniente Coronel, teniendo en cuenta los registros que se encontraron en su folio de vida, los cuales fueron notificados en debida forma y eran susceptibles de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.
La Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, después de estudiar la propuesta sometida a su consideración por parte del señor General Comandante del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que los Oficiales que se relaciona (sic) anteriormente tiene (sic) derecho a la asignación de retiro conforme a lo establecido en los artículos 100 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006) del Decreto 1790 de 2000, por unanimidad recomienda el retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios delos (sic) Oficiales citados anteriormente”.
Que como quiera que el Decreto Ley 1790 de 2000, modifica las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, es pertinente tener en cuenta para el caso que nos ocupa, que el artículo 3° de la norma antes citada establece el escalafón de cargos, lo que permite constituir la base para determinar la planta de personal de las Fuerzas Militares con base en las necesidades del servicio de la Institución.
Que dicho escalafón organiza al personal que integra las Fuerzas Militares en orden de grado y antigüedad, estableciéndose así una de las características de la Institución como lo es la jerarquía, pues a través de ésta se establecen pautas para efectos de mando y régimen disciplinario, resaltando lo señalado por la sentencia C-445/11 de la siguiente manera: “Es palmario que entre los cargos superiores y más bajos de una escala jerárquica hay distinciones que justifican precisamente esta estructura piramidal; razones de índole académico, profesional y de experiencia en el campo motivan esta diferenciación. Al respecto, a manera de ilustración, se sostuvo en sentencia C-676 de 2001, reiterada en este sentido en la sentencia C-892 de 2003, que "existe una clara y directa relación entre el nivel de preparación de los miembros de la Fuerza Pública y el grado que ostentan en el escalafón correspondiente. Esta evidente correspondencia da cuenta de que los oficiales de la Policía o de las Fuerzas Militares no se encuentran en igualdad de condiciones a los soldados, agentes y suboficiales de una y otra fuerza. Antes bien, el hecho de ocupar ese lugar en la jerarquía castrense, denota -como se dijo- un nivel de preparación superior que le otorga ciertos derechos de mando y decisión, los cuales no podrían ser desconocidos sin atentar, en tal caso, contra el principio de igualdad constitucional.” (Negrillas por fuera del texto original).
Que por otra parte, el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas, así como la existencia de reconocimientos, condecoraciones y felicitaciones, corresponde al deber ser de todo militar, por ello, dichas situaciones no constituyen “fuero de estabilidad”. La carrera militar es dinámica, exigente y establece sus propias limitaciones, por cuanto no todos los subtenientes que egresan de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, pueden llegar al grado de General de la República, puesto que por organización, funcionalidad y ejercicio del mando, las plazas para cada rango se van reduciendo desde los grados inferiores hasta los grados superiores.
Que con fundamento constitucional, legal y funcional, es que se hace referencia a que se trata de una carrera piramidal y por esa misma circunstancia no todo el personal llega a los más altos rangos, aunque todos tengan una excelente trayectoria. Se trata entonces, de escoger entre los mejores “que son la mayoría”, los que más se ajusten a los perfiles definidos para los cargos que deben ocuparse de mando y dirección. Estas circunstancias permiten reiterar que el retiro por Llamamiento a Calificar Servicios, no constituye ninguna sanción, sino que es una forma de culminación de la carrera militar, por las razones ya aludidas.
Que si bien es cierto, los señores Oficiales que se relacionan en el presente acto administrativo, tuvieron condiciones y capacidades profesionales militares, que les permitieron alcanzar el grado actual, éstas conforme a la evaluación realizada por el Comité de Evaluación correspondiente, no permiten sostener la continuidad de los señores Oficiales en la Institución Castrense, aspecto que sustenta el mejoramiento continuo del servicio conforme a la Constitución y la Ley.
Que de conformidad con lo anteriormente indicado se considera procedente retirar del servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejercito Nacional, los Oficiales que se relacionan en el presente acto administrativo. […]». (Cursiva y negrilla conforme a la transcripción). (Folios 218 a 219).
Del extracto de la hoja de vida y diplomas allegados al plenario, se advierte que el oficial del Ejército Nacional demandante, obtuvo la siguiente formación académica: i) bachiller académico, diplomado en alta dirección en seguridad y prevención de riesgos y protección patrimonial; ii) 7 cursos, entre los que se destacan los de básico de inteligencia, contrainteligencia, analista y entrevistador, contraguerrilla rural, jefe de red y agente de control. (Folios 74 a 75 y 220 a 224).
Asimismo, le obran 3 condecoraciones:
medalla por tiempo de servicio;
medalla brigadier general Ricardo Charry Solano;
orden del mérito militar José María Córdova.
También se advierten en su hoja de vida 89 felicitaciones durante el ejercicio de la carrera militar, entre ellas, por el esfuerzo para mejorar la eficiencia de la unidad, mejoramiento de procesos, cumplimiento de funciones y responsabilidades inherentes al cargo, obtención de resultados operacionales, consagración al trabajo, capacidad de dinamismo, empleo de talento humano y recursos disponibles, sacrificio de propios intereses al servicio de la institución militar y del interés general, excelente trabajo, capacidad de trabajo en equipo y resultados en inspecciones comandos superiores. No le figuran sanciones disciplinarias ni investigaciones penales.
De igual forma, conforme con la Resolución 4878 del 3 de junio de 2014, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció asignación de retiro al señor Oscar Javier Suescún Espinel, a la luz de los artículos 13 y 14 del Decreto 4433 de 2004, en cuantía del 66% del sueldo de actividad correspondiente a su grado. (Folios 63 a 64).
De la relación probatoria que precede, la Sala encuentra que, como se vio, la motivación exigible para el llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicios para ser acreedor de la asignación de retiro, que se encuentran plenamente satisfechos en el expediente, pues según se desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado a las Fuerzas Militares durante 19 años, 7 meses y 11 días (y conforme al artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, se exigen 18 años, por esta causal).
En efecto, conforme con la Resolución 4878 del 3 de junio de 2014, le fue concedida la mentada prestación. Además de ello, su retiro como miembro del Ejercito Nacional en el grado de oficial contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
Al respecto, la Sala al revisar las consideraciones de la Resolución 2989 del 11 de abril de 2014, encontró que el Ministerio de Defensa Nacional dispuso el retiro del servicio del señor Suescún Espinel por llamamiento a calificar servicios con fundamento en lo siguiente: i) en que se trataba de una facultad consagrada en el Decreto 1790 de 2000; ii) que el mencionado oficial contaba con el tiempo de servicio requerido para el reconocimiento de la asignación de retiro; y, iii) en que la estructura piramidal del Ejército Nacional obligaba al cambio generacional.
Ahora bien, de conformidad con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, que se citó en el acto administrativo aquí enjuiciado, se recomendó retirar del servicio por llamamiento a calificar servicios al demandante conforme a que: «[…] se encontraron consideraciones que determinan que el desempeño, no llena las expectativas establecidas por el Comando de la Fuerza, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones de los cargos desempeñados por el personal militar, en el grado de Coronel, teniendo en cuenta los registros que se encontraron en el folio de vida, los cuales fueron notificados en debida forma y eran susceptibles de recursos de acuerdo con la normatividad vigente. […]».
La Subsección al verificar los folios de la hoja de vida del libelista, observa que el señor Oscar Javier Suescún Espinel no tiene ninguna anotación negativa durante su carrera militar, sin embargo, esta particularidad no enerva la legalidad del acto de retiro, teniendo en cuenta que la finalidad de la prerrogativa otorgada a la administración denominada «llamamiento a calificar servicios», como se analizó en precedencia, es el relevo de la línea jerárquica en las Fuerzas Militares, y el único presupuesto, conforme lo señaló la Corte Constitucional es «[…] haber cumplido un tiempo mínimo en la institución y tener derecho a la asignación de retiro […]».
En ese orden, se reitera que es necesario probar que en la expedición del acto se buscó una finalidad diferente, esto es, demostrar la desviación de poder, ello, dado que en el sub lite no se analiza la facultad discrecional del Gobierno Nacional que propende por el mejoramiento del servicio, sino que nos encontramos ante una potestad que busca precisamente el relevo generacional.
Al respecto, el Alto Tribunal Constitucional en la mentada sentencia SU-091 de 2016, efectuó la señalada distinción de la siguiente forma:
«[…] En síntesis, el retiro por llamamiento a calificar servicios es una herramienta con la que cuentan las instituciones de la Fuerza Pública para garantizar la renovación o el relevo del personal uniformado dentro de las escalas jerarquizadas propias de la institución y permitir con ello el ascenso y la promoción de otros funcionarios, régimen especial dispuesto por mandato constitucional y desarrollado en los Decretos Ley 1790 y 1791 de 2000 y las Leyes 857 de 2003 y 1104 de 2006. El presupuesto que da razón a la aplicación de esta causal tal y como se mencionó es haber cumplido un tiempo mínimo en la institución y tener derecho a la asignación de retiro HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/SU091-16.htm" \l "_ftn45" \o "" [45].
A diferencia de lo anterior, el retiro Discrecional en las Fuerzas Militares y el retiro por Voluntad del Gobierno Nacional o del Director General de la Policía Nacional han sido instituidas con la finalidad de velar por el mejoramiento del servicio frente a casos de corrupción o graves situaciones que afecten el desempeño de la función institucional, en aras de garantizar la seguridad ciudadana y la misma seguridad del Estado, sin que se requiera que el uniformado haya tenido un tiempo mínimo de servicio con el cual adquiera el derecho a una asignación de retiro. […]». (Subrayado y negrita de texto original).
Así, el llamamiento a calificar servicios constituye una garantía para el miembro de la Fuerza Pública que es desvinculado, para disfrutar de su asignación de retiro así como a continuar con sus derechos a la seguridad social, bienestar y recreación. En todo caso, al analizar el acto administrativo enjuiciado se observa que, si bien citó las razones emitidas por la Junta Asesora para el retiro del servicio del demandante, atendió la normativa aplicable, esto es, garantizar el relevo del personal uniformado y el derecho a la asignación de retiro del libelista.
Es de resaltar, que en el evento de que se estime que el llamamiento a calificar servicios se erige en una sanción, el interesado es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y que no cumplió el tiempo de servicio requerido, sino a otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura.
Bajo esa óptica, se encuentra que, el recurrente alega que el retiro del servicio no obedeció al mejoramiento del servicio, pues no tuvo en cuenta su excelente trayectoria profesional, por lo que su desvinculación fue no solo sorpresiva sino injusta y vulneró sus derechos fundamentales.
En efecto, como quedó analizado en apartes anteriores, cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo produjo.
En este contexto se debe señalar que, más allá de la afirmación del libelista, no obran pruebas que permitan advertir que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al relevo jerárquico del mando.
Es necesario destacar que el excelente desempeño de las funciones del demandante, situación que lo hizo merecedor de felicitaciones, condecoraciones, evaluaciones de desempeño militar sobresalientes y reconocimientos, tampoco le brinda un fuero de estabilidad adicional, que le impida ser retirado por la causal en mención, pues como se dijo, el cumplimiento de esta característica se entiende como connatural al ejercicio de la labor militar.
Tampoco esa situación le hacía merecedor de un derecho de ascenso automático en el Ejército Nacional, en tanto este, según lo prevé el artículo 53 del Decreto 1790 de 2000, debía estar precedido del llamado a curso, una vez evaluada su trayectoria profesional, lo cual es discrecional.
En efecto, la designación de los ascensos, tal como lo ha señalado esta Corporación, es fruto del ejercicio de la facultad discrecional y debe hacerse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo condiciones de mérito de los aspirantes, tales como aptitud hacia el servicio, calidades personales y profesionales para el desempeño del grado. Así se ha dicho:
«[…] En este orden de ideas, la selección al concurso previo al curso de capacitación para ascenso (en el caso de los Oficiales en el grado de Mayor), y al curso de ascenso a Coronel (en el caso de los Oficiales Tenientes Coroneles), concebida como ejercicio de una facultad discrecional, conferida por el Director General de la Policía Nacional a la Junta de Generales de la institución, con fundamento en el parágrafo 2 del artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, no agrega requisitos adicionales a la carrera policial no previstos en los Decretos 1791 y 1800 de 2000, en tanto que, de acuerdo con el artículo 21 del primero de los mencionados, constituye requisitos para ascenso de oficiales, el “Ser llamado a curso”, actuación que conlleva el ejercicio de una facultad discrecional dentro del procedimiento legalmente previsto para el ascenso de oficiales en servicio activo que cumplan con los requisitos establecidos dentro del orden jerárquico, de acuerdo con las vacantes existentes, conforme al decreto de planta y con sujeción a las precedencias de la clasificación que establece el decreto de evaluación del desempeño (Dec. 1800 de 2000). En otras palabras, la competencia atribuida por el Director General de la Policía Nacional, conforme el parágrafo 2 del artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, a la Junta de Generales, comprende el ejercicio de una facultad discrecional dentro del procedimiento administrativo previsto por el legislador y al que las autoridades encargadas de la selección deben acogerse plenamente, es decir, con plena observancia de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite, que para el caso concreto están previstas en los Decretos 1791 y 1800 de 2000. De acuerdo con lo señalado, no se trata entonces, como lo considera la parte actora, de la asignación de competencias que establezcan requisitos adicionales a los previstos en el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000 para ascender en la jerarquía del grado inmediatamente superior. Los ascensos de los oficiales de la Policía Nacional, no se conceden sino a quienes cumplan con los requisitos legales establecidos en el citado Decreto 1791 de 2000, requisitos que se evalúan de conformidad con la disponibilidad de vacantes, conforme al decreto de planta y con sujeción a las precedencias de la clasificación que establece el Decreto 1800 de 2000 sobre “evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional”. […]»
La Sala reitera, que para la procedencia de la figura del llamamiento a calificar servicios respecto de los oficiales, solo se requiere el cumplimiento del tiempo de servicios para obtener la asignación de retiro y una recomendación previa de la Junta Asesora. Conforme a ello, no se encuentra una relación de causalidad entre los logros laborales del demandante y la decisión de retirarlo, en tanto que para esta era requisito, únicamente, verificar que era merecedor de la prestación social y la recomendación aludida.
En tal medida y por virtud de dicha prerrogativa, la institución militar puede ascender a unos miembros de la fuerza y retirar a otros, por razones de necesidad y de conveniencia. Ello debido a que no le es posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de ser ascendidos, en tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos.
También se insiste en que, por la estructura piramidal de las fuerzas militares, no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor militar o represente una persecución en contra del militar no escogido, tesis que ha sido pacífica por parte de esta Subsección.
En efecto, en sentencia del 8 de octubre de 2020, esta Sección en un proceso con similares contornos a los aquí analizados, sostuvo:
«[…] En el presente caso, el demandante alega que el llamamiento a calificar servicios no buscó el mejoramiento del servicio, pues no tuvo en cuenta su excelente trayectoria profesional, por lo que su retiro fue no solo sorpresivo sino injusto.
Cabe precisar que aunque el mencionado Oficial demostró tener una excelente hoja de vida, múltiples condecoraciones, felicitaciones, evaluaciones de desempeño policial sobresalientes y, en general, una carrera militar brillante, ese buen desempeño en el servicio no le otorgaba una estabilidad absoluta, pues ello es fruto del deber connatural que tenía como servidor público.
Tampoco esa situación le hacía merecedor de un derecho de ascenso automático en la Policía Nacional, en tanto este, según lo dispone el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, debía estar precedido del llamado a curso, una vez evaluada su trayectoria profesional, lo cual es discrecional.
[…]
La Sala reitera que la figura del llamamiento a calificar servicios es discrecional y para su procedencia, respecto de los Tenientes Coroneles, solo se requiere el cumplimiento del tiempo de servicios para obtener la asignación de retiro y una recomendación previa de la Junta Asesora. Conforme a ello, no se encuentra una relación de causalidad entre los logros laborales del actor y la decisión de retirarlo, en tanto que para esta era requisito, únicamente, verificar que era merecedor de la prestación social y la recomendación aludida.
También se insiste en que, por la estructura piramidal de las fuerzas militares, no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor militar o represente una persecución en contra del militar no escogido.
Además, de lo expuesto se infiere que la desvinculación del actor no fue sorpresiva, pues él mismo solicitó su retiro del servicio, petición a la cual no se le dio trámite por haberse presentado ante el presidente de la República quien no tenía competencia para ello.
En estas condiciones, la Sala concluye que el demandante no logró demostrar el vicio de desviación de poder, en la medida que las pruebas no permiten develar que el acto contuviera motivaciones ocultas u otras distintas a las que autorizan la Ley 857 de 2003, por lo que su presunción de legalidad no fue desvirtuada. […]». (Resaltado intencional).
Por último, se observa que el demandante alude como prueba para demostrar los vicios del acto de retiro, que no fueron esgrimidas las razones de su desvinculación por parte del Comité de Evaluación o por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, argumento que no es de recibo para esta Sala, en la medida en que conforme al inciso 2.° del artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, para el ejercicio de la facultad del retiro por llamamiento a calificar servicios por parte del nominador, solo se requiere que se cumplan los dos requisitos: i) tener derecho a la asignación de retiro y, ii) concepto previo de la mentada Junta, sin que se exija que aquella contenga razonamientos más allá de lo previsto en la citada normativa, tal y como se estudió en precedencia.
En tal sentido, es necesario precisar que si existiera la obligación de ascender o de mantener a todos los miembros de las Fuerzas que cumplieran con los requisitos mínimos previstos en la ley, no sería entonces una prerrogativa del Ejecutivo y las necesidades del servicio, criterios estos que son, desde el punto de vista jurídico, los que se deben tener en cuenta para ello.
En tales condiciones tiene razón el Ministerio de Defensa cuando expresó que el acto administrativo acusado se encuentra debidamente motivado, en razón a que, se insiste, se tuvo en cuenta no solo el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, sino también la trayectoria laboral del demandante, en la medida en que acreditaba más de 18 años de servicios para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro.
Por último, frente a que otros oficiales a partir de la reconsideración presentada fueron llamados a curso y hoy ostentan el grado de tenientes coroneles, lo cierto que no fueron allegadas al plenario las hojas de vida correspondientes para efectos de realizar la comparación con el aquí demandante.
En conclusión: el señor Oscar Javier Suescún Espinel no demostró que la Resolución 2989 del 11 de abril de 2014, a través de la cual fue retirado del servicio, no hubiera sido adecuada a los fines de la norma que consagra el llamamiento a calificar servicios o que contenía finalidades ocultas, distintas a las previstas en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, por lo que la presunción de legalidad no fue desvirtuada.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 21 de junio de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación de la parte demandante.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Bajo el hilo argumentativo, se condenará en costas a la parte demandante y a favor de la entidad demandada, toda vez que resultó vencida en esta instancia, pues no prosperaron los argumentos del recurso de alzada y la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, presentó alegatos de conclusión en esta instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo acorde con lo regulado en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 21 de junio de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Oscar Javier Suescún Espinel contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA. Se destaca que la demanda fue presentada inicialmente el 13 de enero de 2015 (folio 118), sin embargo, dada la falta de competencia declarada por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá (folios 163 a 164), se remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 4 de octubre de 2017 (folio 165). Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015). Corte Constitucional. Sentencia SU-091 de 2016. Corte Constitucional, sentencia C-072 de 1995. Referencia: Expedientes acumulados D-1044, 1045 y 1046. Sentencia del 25 de febrero de 2016. Referencia: expedientes T- 4.862.375, T-4.938.030, T-4.943.399 y T-4.954.392. Sentencia del 28 de abril de 2016. Referencia: Expedientes T-5.173.085 y T-5.189.329 y T-5.189.400 (acumulados). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Radicado: 760012331000200501375 01 (0197-2013). Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2014. Radicación: 11001-03-15-000-2013-01936-01. En este sentido se pueden consultar la providencia del 19 de enero de 2017. Radicado: 05001-23-31-000-1999-02281-02 (4117-2014). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011. Radicación: 54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10). Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Radicación: 25000232400020080026501. Ibidem
Ejusdem. Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27. La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder. Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid, Marcial Pons, 4ed., 1998, pp. 31 y 36. Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009. Radicado: 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009). Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado: 170012331000200301412 02(0734-10).
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública». SU-091 de 2016. Así el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 prevé: «[…] Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, que sean retirados con dieciocho (18) o más años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así: […]». (Resaltado intencional). Ibidem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 10 de noviembre de 2009, radicación: 0145-2005. Al respecto consultar la sentencia de esta Sección fechada 9 de julio de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01(2334-17). Al respecto ver las sentencias del 27 de junio de 2018, radicado: 17001-23-33-000-2013-00602-01(0667-15), del 18 de julio de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2013-01832-01(1358-15), del 9 de julio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01(2334-17), entre otras. Radicado: 73001-23-33-000-2013-00721-02(0103-15). Modificatoria del Decreto 1091 de 2000. Corte Constitucional.
Sentencia del 9 de agosto de 2005, C-819/05.
«En la misma línea, la existencia de vacantes en la línea correspondiente determina el número de promociones al grado de que se habla, pues es probable que el número de aspirantes sea superior a las plazas disponibles según el decreto de planta respectivo. Sobre este particular, es pertinente tener en cuenta que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 1790 de 2000, la planta de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares será definida por el Gobierno Nacional, de acuerdo con un plan quinquenal diseñado sobre las necesidades del servicio, en el que se incluya el número de miembros por grado que requiera cada una de las fuerzas militares. En estas condiciones, es claro que el número de ascensos que corresponda a cada uno de los grados depende de la existencia de las vacantes en la planta de personal, según lo haya determinado el Gobierno Nacional en las condiciones previstas y de conformidad con el presupuesto que para el sostenimiento de dicha planta se haya incluido en la Ley Anual de Presupuesto. Por ello, entre las demás razones que han sido expuestas, no es factible admitir que todos los aspirantes a ascender al grado de Sargento Mayor, que cumplan con los requisitos objetivos de calificación, tengan el derecho al correspondiente ascenso, pues en este caso sería la cantidad de aspirantes la que definiría la planta de personal y no la resolución del Gobierno Nacional, como de manera clara lo estipula la norma. Por lo anterior, son las razones del servicio las que determinan, finalmente, qué porcentaje de los aspirantes a recibir el grado de Sargento Mayor o equivalente pueden efectivamente recibirlo.
[…]
Teniendo en cuenta que no todos los aspirantes a la promoción militar pueden ser ascendidos al grado de Sargento Mayor o equivalentes, esta Corporación reconoce que el Comando de la Fuerza es el encargado de seleccionar aquellos aspirantes que, luego de haber aprobado los requisitos objetivos exigidos por la legislación pertinente, pueden recibir el grado inmediatamente superior». Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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Radicado: 08001-23-33-000-2013-90330-01 (0839-2015)
Demandante: Jaime Enrique Socarras
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