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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00275-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00275-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Fabricio Cabrera Ortiz contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. En su lugar: Segundo: Denegar las pretensiones de la demanda. Tercero: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo. Cuarto: Aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada Angélica María Vélez González identificada con cédula de ciudadanía 52.852.174 y portadora de la tarjeta profesional 158.365 del Consejo Superior de la 27 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]» 28 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Radicado: 25000-23-42-000-2015-00275-01 (1979-2019) Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz Judicatura como apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, según documento visible en índice 23 de SAMAI. Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-00275-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

10 de marzo de 2022

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00275-01 (1979-2019)
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000234200020150027501 (1979-2019)
Demandantes: FABRICIO CABRERA ORTIZ
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, EJÉRCITO
NACIONAL

Tema: Retiro del servicio. Llamamiento a calificar servicios.
Reintegro. No se demostró la falsa motivación o
desviación de poder del acto de retiro.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-043-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la entidad
demandada y coadyuvado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, contra la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Fabricio Cabrera Ortiz en nombre propio y en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo
138 de la Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 13 a 16)

1. Declarar la nulidad del Decreto 646 del 28 de marzo de 2014, mediante el
cual el Ministerio de Defensa retiró del servicio activo de las Fuerzas
Militares e incluyó en forma temporal con pase a la reserva por
llamamiento a calificar servicios al demandante.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad
demandada disponer el reintegro sin solución de continuidad del señor
Fabricio Cabrera Ortiz al Ejército Nacional al mismo cargo y grado que

1«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.

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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

ostentaba al momento de su desvinculación, asimismo, se ordenen los
ascensos correspondientes, acorde con los reglamentos internos, a partir
del retiro activo y hasta el momento en que se le restituya al servicio.

3. Conminar a la parte pasiva al pago de todos los salarios, prestaciones,
bonificaciones, primas y demás emolumentos dejados de percibir desde
el momento en que fue retirado del servicio por llamamiento a calificar
servicios y hasta que efectivamente sea reintegrado, teniendo en cuenta
para ello el reconocimiento de los ascensos correspondientes de
conformidad con los reglamentos internos, e indexación, sin que haya
lugar a efectuar descuento alguno de los dineros percibidos por concepto
de asignación de retiro.

4. Ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional pagar al
señor Fabricio Cabrera Ortiz los siguientes perjuicios: i) daño emergente
por valor de $60.000.000 correspondientes a los gastos en que debió
incurrir por su retiro; ii) perjuicios inmateriales: a) morales en la suma
equivalente a 100 smmlv, ocasionados por la aflicción a la que se vio
sometido por la decisión de la administración que interrumpió su proyecto
de vida que había trazado desde hace más de 34 años, b) daño en la vida
en relación calculado en 500 smmlv, toda vez que su desvinculación
afectó su buen nombre y el de su familia, por cuanto en el acto
administrativo demandado se efectuaron imputaciones lesivas y falsas y;
c) perjuicios morales objetivados en la suma de 500 smmlv.

5. Condenar a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en
los términos del artículo 192 del CPACA y condenarla en costas.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 16 a 26)

1. El señor Fabricio Cabrera Ortiz se desempeñó como oficial del Ejército
Nacional por más de 34 años y cuenta con un folio de vida sin una «sola
tacha», con innumerables felicitaciones y reconocimientos a su
excepcional desempeño laboral durante toda su carrera militar,
específicamente para ascender al grado de brigadier general ocupó el
primer puesto en orden de antigüedad dentro del escalafón de oficiales en
curso.

2. En el lapso comprendido entre el 29 de noviembre de 2010 y el 25 de
octubre de 2012 se desempeñó como comandante de la Décima
Segunda Brigada del Ejército Nacional con sede en el Departamento del
Caquetá, en el cual obtuvo resultados operaciones y administrativos
sobresalientes que fueron objeto de varias exaltaciones.

3. En virtud de lo anterior, fue trasladado a la Jefatura de Aviación del
Ejército Nacional el cual ejerció desde el 26 de octubre de 2012 hasta el
31 de diciembre de 2013, y no como inexplicablemente se señaló en su
folio de vida. Durante los 14 meses que ocupó dicho cargo con ocasión
de su excelente servicio obtuvo la medalla «Orden al Mérito Militar José
María Córdova», que acorde con el Decreto 4444 de 2010, ocupa el
segundo lugar en importancia.

4. Al existir un plan de relevos debidamente determinado desde el 6 de
noviembre de 2014, el cual fue confirmado por medio del Decreto 116 de
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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

la citada anualidad, en el que se previó que el brigadier general Fabricio
Cabrera Ortiz asumiría como comandante de la Primera División del
Ejército Nacional, por lo que antes de desempeñar dicho empleo, se le
concedieron 15 días de vacaciones.

5. La anterior situación cobra relevancia para demostrar la falsa motivación y
la desviación de poder, en razón a que justo en el momento en que se
encontraba en goce de su periodo vacacional, se organizó una inspección
informal a la Jefatura de Aviación por parte de la entidad demandada, la
cual obtuvo como resultado normal, circunstancia que evidentemente
contradice lo señalado en el Decreto 646 del 28 de marzo de 2014 y deja
en evidencia que su retiro obedeció a la voluntad de la administración de
«castigar» al demandante por haber denunciado incumplimientos por
parte de «empresas afines al Gobierno Nacional».

6. Por su parte, el ministro defensa expidió el acto administrativo de retiro
por llamamiento a calificar servicios el cual fue anunciado ante los medios
de comunicación, sin que mediara comunicación al libelista o se le
hubiese iniciado algún tipo de investigación disciplinaria, administrativa o
penal que le permitiera ejercer su derecho fundamental al debido
proceso, y sin que se le diera cumplimiento al Decreto 116 del 28 de
enero de 2014 que lo nombró como comandante de la Primera División,
lo que afectó el buen nombre, honra y honor del interesado y de su
familia.

7. El mismo día en que se produce la «intempestiva, arbitraria e ilegal»
desvinculación de la institución castrense al señor Fabricio Cabrera Ortiz
por el supuesto incumplimiento de sus deberes funcionales, se le dio la
orden de tomar el periodo de vacaciones por 60 días correspondientes a
tiempo no disfrutado desde el año 2006.

8. El demandante elevó petición el 6 de marzo de 2014 ante la parte pasiva,
con el fin de que se le notificara y entregara copia del acto de retiro, para
poder ejercer su derecho de defensa, contradicción y acceso a la
administración de justicia, frente a las graves imputaciones realizadas en
su contra a través de medios de comunicación.

9. La administración dio respuesta por medio de Oficio 2145620411341:MD-
CGFM-EJC-JEDEH-DIPER-OF-1.5 del 24 de abril de 2014, esto es, 54
días después de haberse presentado la solicitud y suscrito por autoridad
diferente a la cual fue dirigida, en el que se informó que un mes antes de
la expedición del acto administrativo mediante el cual se le retiró del
servicio, el presidente de la República había ordenado su desvinculación
por la causal de llamamiento a calificar servicios.

10. A pesar de las irregularidades relacionadas con la comunicación del
Decreto 646 del 28 de marzo de 2014, la entidad demandada solo le
entregó copia del acto en comento el 10 de abril de la mencionada
anualidad, esto es, 2 meses después del lesivo comunicado a la prensa.

11. El mentado decreto vulneró el derecho de defensa que le asiste al
libelista y dejó en evidencia la inadecuada utilización de la facultad de
retiro por llamamiento a calificar servicios, habida cuenta de que se le
imputó un supuesto incumplimiento de sus deberes y se le «sancionó con
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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

una desvinculación deshonrosa», sin que para ello se hubiere iniciado un
proceso que le permitiera ejercer su defensa, lo que permite vislumbrar
que fue expedido como una retaliación a las denuncias por él
presentadas ante sus superiores en la contratación con las empresas
HELICENTRO y SIKORSKY.

12. Es por esa razón que el demandante decidió presentar petición el 21 de
mayo de 2014, tendiente a que se le otorgara información en relación con
el proceso de contratación de las mencionadas empresas, al cual se le
dio repuesta parcial a través del Oficio 005169/MDN-CGFM-CE-DAVAA-
CDO del 13 de mayo de 2014 y complementado por medio de los Oficios
20144500472753MDN-CGFM-CE-JEAVE-AYU-99999 y 20144500515273
MDN-CGFM-CE-JEAVE-AYU-99999, los cuales dejan en evidencia la
inexistencia de los argumentos esgrimidos en el acto demandado.

13. De esta forma, se demostró que se faltó a la verdad pues contario a lo
señalado por la parte pasiva en el acto objeto del presente medio de
control, se advierte que la inspección que tuvo objeto mientras
coincidencialmente el demandante no se encontraba en la base militar, da
cuenta de que obtuvo una evaluación de 80 sobre 100 puntos y por tal
motivo se felicitó al demandante.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por los sujetos procesales se convierten en una eficiente guía
para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación
de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de
partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la
sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 27 de junio de 2017.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

«Se precisa que la entidad accionada contestó la demanda a través de memorial
de 5 de septiembre de 2016 (folios 101 a 132) y propuso como excepción la de
«LEGALIDAD DEL ACTO DEFINITIVO DEMANDADO».

Así las cosas, y atendiendo que la excepción propuesta por la demandada no
corresponde a una excepción previa de las enlistadas en el artículo 100 del
Código General del Proceso y tampoco se refieren a las excepciones
contempladas en el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el

2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

(2015).

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Despacho las resolverá en el estudio del fondo del asunto.». (Folio 148 y CD
que reposa a folio 176 del expediente).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«De los hechos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, así
como las pruebas obrantes en el proceso, se tiene como situación fáctica la
siguiente:

El demandante por una parte solicita la declaratoria de la nulidad parcial (sic) del
Decreto No. 646 de 28 de marzo de 2014, expedido por el Ministro de Defensa
Nacional, mediante el cual se ordena el retiro del servicio activo al entonces
brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz. Por otra parte solicita el reintegro sin
solución de continuidad como miembro del Ejército Nacional.

Por su parte, la accionada considera que «… a través del mencionado acto
administrativo contempló la decisión de fondo totalmente ajustada a derecho y
tuvo origen en los aspectos especiales de índole institucional que irradia la
carrera militar, necesarios para garantizar el cabal cumplimiento de las tareas
institucionales, entre ellos observar que el concepto de buen servicio no se ciñe
solo a las calidades laborales del servicio, sino a circunstancias de convivencia y
oportunidad que corresponde sopesar al nominador».

En atención a las alegaciones esgrimidas por las partes en la demanda y la
contestación de la misma, se procede a fijar el litigio, para cuyo efecto se explica
que el problema jurídico se contrae a determinar si el acto acusado adolece de
algún vicio de nulidad, o si por el contrario el acto administrativo se ajusta a
derecho.». (Folios 245 a 246 y CD que reposa a folio 244 del expediente).

Se notificó la decisión en estrados y las partes manifestaron estar de
acuerdo.

SENTENCIA APELADA
(Folios 302 a 319)

El a quo profirió sentencia escrita el 6 de septiembre de 2018, por medio de
la cual accedió a las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Inicialmente, el tribunal de primera instancia analizó el marco normativo que
regula el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, para señalar
que esta facultad que tenía el nominador no exigía motivación expresa, toda
vez que conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, se constituía en un instrumento para el manejo del personal
dentro de la línea jerárquica propia de la Fuerza Pública, empero, podía ser
objeto de control de legalidad cuando el militar considerara que se
encontraba viciado de nulidad por persecución laboral, desviación de poder,
falsa motivación o por infracción de las normas en que debía fundarse.

Efectuó el análisis del acervo probatorio aportado al plenario, y concluyó que
de la lectura del acto acusado se desprendía que el motivo para retirar del

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servicio al demandante se debió a que se encontraron debilidades en la
etapa de planeación, manejo de documentación contractual, seguimiento y
control al proceso de archivo y a la ejecución de los contratos revisado, sin
embargo, en el expediente no se observaba ningún soporte de lo afirmado,
como tampoco que se le hubiere iniciado algún proceso administrativo o
disciplinario siguiendo las etapas exigidas en estos casos.

Sobre el punto arguyó que las pruebas documentales y testimoniales daban
cuenta de la contradicción en las decisiones del Ejército Nacional, pues de
una parte, en varias oportunidades exaltó la labor y desempeño del
demandante, y por otra, en el acto administrativo que lo retiró del servicio,
esgrimió faltas en la prestación del servicio en el grado de brigadier general
el cual ejerció durante 3 años.

En este sentido, sostuvo que lo plasmado en el Decreto 646 del 28 de marzo
de 2014 por parte de la administración en ejercicio de la facultad
discrecional, no era proporcional a los hechos reflejados y probados en el
expediente, habida cuenta de que el demandante demostró que sus servicios
prestados fueron excelentes y dejó entrever que con la expedición de dicho
acto se intentó disfrazar su retiro con la figura de llamamiento a calificar
servicios, al aducir que aquel no cumplió con sus funciones y obligaciones.

Al respecto recalcó que, si la pretensión era desvincular al oficial con
fundamento en afirmaciones relacionadas con irregularidades en el ejercicio
del cargo, debió acudir a un proceso disciplinario y satisfacer todas las
etapas que lo rigen para llegar a esta conclusión, situación que no ocurrió en
el sub lite y que configuró la causal de falsa motivación.

En relación con el cargo de expedición del acto con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, el a quo consideró que se encontraba
probado, toda vez no aplicó el procedimiento correspondiente para dar
claridad a las presuntas fallas o errores en las que supuestamente incurrió el
libelista, que le permitieran aportar pruebas, oponerse, desvirtuar los medios
probatorios en su contra y aportar las que le favorecieran, esto es, respetar
su derecho constitucional a la defensa.

En lo atinente a la causal de nulidad de desviación de poder el tribunal de
primera instancia aludió que se demostró, habida cuenta de que el motivo del
acto de retiro no fue el relevo institucional sino la inobservancia de sus
deberes funcionales, por lo que se demuestra que la desvinculación no se
fundamentó en la consagrada en el artículo 103 del Decreto 1791 de 2000, lo
que a postre permite concluir que se trató de la causal denominada «por
voluntad del gobierno» regulada en el artículo 104 de la disposición en
comento.

Bajo esa óptica, indicó que se desvirtuó la presunción de legalidad del acto
demandado, razón por la cual el Ejército Nacional debía reintegrar sin
solución de continuidad al oficial Fabricio Cabrera Ortiz al grado que venía
desempeñando y pagar a su favor los salarios, prestaciones sociales y
demás emolumentos dejados de percibir desde el retiro del servicio activo
hasta su vinculación.

Por otra parte, señaló que debía suspenderse de inmediato el pago de la
asignación de retiro y cancelar las diferencias entre lo que debió devengar
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como brigadier general activo y lo efectivamente reconocido conforme con la
mencionada prestación, sumas que debían ser debidamente actualizadas.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume así: i) declaró la nulidad del
Decreto 646 del 28 de marzo de 2014; ii) a título de restablecimiento del
derecho ordenó al Ejército Nacional reintegrar al señor Fabricio Cabrera Ortiz
sin solución de continuidad para todos los efectos legales, a un cargo
equivalente al que venía desempeñando al momento de su retiro; iii) conminó
a la entidad demandada pagar al demandante la diferencia entre lo
reconocido por concepto de asignación de retiro y lo que efectivamente debió
devengar por salarios, prestaciones sociales emolumentos y demás haberes
causados y dejados de percibir desde el 28 de marzo de 2014 y hasta que se
produzca el reintegro, previas las deducciones de ley a que hubiere lugar
debidamente indexadas; iv) se debía suspender de forma inmediata el pago
por concepto de asignación de retiro y; v) se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN
(folios 328 a 360)

La entidad demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada y se nieguen las
pretensiones de la demanda. Para ello argumentó que el acto administrativo
que aquí se demanda fue expedido con fundamento en los artículos 99, 100
y 103 del Decreto 1790 de 2000, disposiciones que permiten el retiro por
llamamiento a calificar servicios cuando el miembro de la Fuerza Pública
satisface los requisitos para ser beneficiario de la asignación de retiro, como
en efecto ocurrió en el presente proceso, dado que el demandante contaba
con más de 34 años de vinculación como oficial del Ejército Nacional.

Citó apartes de la sentencia SU-091 de 2016 proferida por la Corte
Constitucional con el fin de destacar que la vida militar exige una reducción
del personal por múltiples razones, dentro de ellas, se encuentra la
organización piramidal, según la cual, no todos pueden ascender, por lo que
se autoriza por virtud de la ley el relevo generacional de acuerdo a las
necesidades de la administración y mantener la estructura jerarquizada,
jurisprudencia que es de observancia obligatoria por parte de las autoridades
judiciales.

Igualmente, realizó una sinopsis de la sentencia de primera instancia y
sostuvo que si bien el comunicado a la opinión pública del 18 de febrero de
2014 en el cual se informó la desvinculación de ciertos miembros dado el
resultado inferior obtenido en las inspecciones administrativas, ello debe
entenderse como un «acto de tipo político» en el cual se manifiesta en forma
general algunas situaciones que aquejaban al Ejército Nacional, sin que
pueda entenderse vulneración al buen nombre del libelista, aunado a ello,
dicha prueba «no determina la voluntad de la administración» de retirar al
militar por llamamiento a calificar servicios.

Al respecto recalcó que, si se atendiera lo indicado por el tribunal de
instancia en cuanto a que debió iniciar las investigaciones disciplinarias o
penales, sería imposible para la entidad demandada acudir a dicha figura
cuando preexistiera una situación problemática en la que se encontrara

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inmerso el personal llamado a retiro, pues se ataría al nominador a motivar el
acto administrativo, lo cual no es propio de la figura en comento.

Advirtió que en la sentencia recurrida se exigen pruebas documentales de las
investigaciones que se llevaron a cabo en contra del demandante, empero,
no todas las anotaciones u observaciones requieren llevar a cabo aquellas,
de allí que no se le retira por voluntad del gobierno sino por llamamiento a
calificar servicios. Agregó que tener una excelente hoja de vida y el haber
sido felicitado en varias oportunidades no era obligatorio que se ascendiera a
mayor general, en virtud de la organización piramidal.

Aludió que, si bien en el acto enjuiciado se realizaron manifestaciones de
inconformidad en relación con la labor realizada por el brigadier general
Fabricio Cabrera Ortiz, ello no fue el sustento legal, «pues de lo contario
jamás podría la administración manifestar su inconformismo so pena de
quedar excluida la posibilidad del uso de esta figura», dado que conforme se
probó, la desvinculación obedeció al relevo generacional.

De otro lado, arguyó que no existió vulneración al derecho de defensa,
porque el retiro del servicio no es producto de una sanción, toda vez que no
median formas propias de un proceso penal o disciplinario, sino que deviene
de un acto discrecional válidamente justificado en el cumplimiento de unos
requisitos legales y los señalamientos respecto de los deberes funcionales
del demandante no deslegitiman la existencia las exigencias que se
colmaron legalmente.

Adicionalmente esgrimió que el declarante Manuel Gerardo Guzmán
Cardozo aparte de que se evidencia su falta de objetividad y por ende
parcialidad, dado que también se encontraba incurso en el informe
periodístico del 18 de febrero de 2014 en que se menciona su nombre,
realizó afirmaciones que no se encuentran demostradas en el plenario, como
por ejemplo que el libelista supuestamente sancionó a un contratista lo cual
no aconteció, circunstancia que lo convierte en un testigo de oídas y por
tanto inconducente para demostrar la supuesta desviación de poder que se
alega en el libelo introductor y que observó el a quo.

Añadió que en todo caso, el fallo apelado desconoció el precedente
jurisprudencial constitucional fijado en las sentencias SU-556 de 2014 y C-
053 de 2015, al ordenar el pago de todos los salarios y prestaciones dejados
de percibir por parte del señor Fabricio Cabrera Ortiz, pues es claro que solo
se deben reconocer entre 6 y 24 meses, decisiones de unificación de
carácter vinculante y que fueron inobservadas. Resaltó que dicha tesis ha
sido avalada también por el Consejo de Estado en múltiples providencias.

Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado3
(folios 380 a 400)

Esgrimió que el a quo omitió pronunciarse respecto de la tacha del testigo
Manuel Gerardo Guzmán Cardoso, realizada en los alegatos de conclusión
de primera instancia, al advertirse que se encontraba incurso en situaciones

3Se destaca que mediante auto del 13 de octubre de 2020, el despacho ponente aceptó la
«coadyuvancia» de la ANDJE al recurso de apelación instaurado por la entidad demandada
en el proceso de la referencia, conforme se observa en el índice 14 de la plataforma SAMAI.

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que afectaron su credibilidad e imparcialidad, deficiencias derivadas de la
amistad cercana que tenía con el demandante, así como el interés directo en
relación con las resultas del proceso, toda vez que adelanta un proceso en
contra del Ejército Nacional el cual cursa en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el que también se pretende anular el acto de retiro.

Igualmente denotó que ni las calidades profesionales y personales del
demandante pueden implicar a favor de aquel un fuero de estabilidad
definida, aunado a ello, no se tuvo en cuenta que a los miembros de la
Fuerza Pública en el grado de general no se les lleva un folio de vida
precisamente porque están sujetos a la posibilidad de un retiro por la causal
de llamamiento a calificar servicios, acto de retiro que no debe ser motivado,
por tanto para su control judicial se debe demostrar de manera fehaciente
que su desvinculación tuvo fines discriminatorios o fraudulentos.

En esta línea sostuvo que si bien el libelista ejerció de buen modo las
funciones a él encargadas, dicha situación es diferente a la apreciación que
tiene el nominador respecto de su perfil para que ocupe un cargo de
confianza con un alto grado de responsabilidad al que este podía aspirar al
ser ascendido, situaciones que no fueron analizadas en el fallo recurrido.

Conforme a lo anterior, concluyó que la ratio decidendi de la sentencia del 6
de septiembre de 2018 no cumplió con los requisitos de razonabilidad que le
son exigibles a los jueces dentro de un Estado Social de Derecho, pues se
hace necesario que se dé una interpretación completa y sistemática a los
medios de prueba obrantes en el plenario y que dan cuenta de que con el
Decreto 646 del 28 de marzo de 2014 no se buscó sancionar o denigrar al
libelista o su carrera militar, sino que ante la coyuntura que enfrentaba la
institución se hacía indispensable un relevo en la cúpula militar, situación que
se compagina con la naturaleza y esencia de la figura del llamamiento a
calificar servicios.

Añadió que el a quo incurrió en defecto fáctico al realizar una interpretación
fragmentada y asistemática del comunicado de prensa del 18 de febrero de
2018, del Decreto 646 del 28 de marzo de 2014 y de la declaración rendida
por el señor Guzmán Cardoso, «fallas que le llevaron a concluir, de manera
errónea», que se estaba frente a un acto administrativo que adoleció de falsa
motivación y desviación de poder, cuando en realidad se estuvo ante un
llamamiento a calificar servicios que justificó su decisión, por lo que llegó a
conclusiones que desconocieron un criterio de razonabilidad y por ende
trasgredieron la garantía de la sana crítica que le asiste a los operadores
judiciales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante (índice 18 SAMAI): puntualizó que la discusión
jurídica sobre la legalidad del acto administrativo no pretende desconocer las
facultades del presidente de la República en materia de retiros y ascensos de
oficiales de las Fuerzas Militares o controvertir la estructura piramidal de las
instituciones castrenses, ni mucho menos, buscar una especie de fuero de
estabilidad derivado su buen desempeño como militar, sino que lo
cuestionable es la manera en cómo fueron utilizadas dichas competencias
discrecionales en materia de retiro de oficiales en grado de general por parte
del Gobierno Nacional, las cuales bajo ninguna circunstancia pueden ser
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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

consideradas como una patente de corso para desarrollar actuaciones
arbitrarias que vulneren los derechos fundamentales de las personas o para
desconocer las reglas previstas en la ley para ejercerlas.

Al respecto, adujo que la administración manifestó formalmente que
desvinculaba al demandante de Ejército Nacional por la causal de
llamamiento a calificar servicios, empero, procedió a motivar de manera
expresa su acto, basándose en el supuesto incumplimiento de sus deberes
funcionales por parte de aquel, circunstancia que demuestra claramente que
la facultad utilizada para retirar del servicio al oficial no fue la consagrada en
el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000, y por el contrario, se trató de una
utilización de la causal de retiro por voluntad del gobierno regulada en el
artículo 104 ibidem.

Aunado a lo anterior, advirtió que se encuentra plenamente probado en el
expediente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
administrativo, habida cuenta de que la administración no aplicó el
procedimiento que corresponde para dar lugar a la causal consagrada en el
artículo 104 del Decreto 1790 de 2000 y con ello vulneró, a su vez, el
derecho de defensa y contradicción, dejando en evidencia la existencia de
otro vicio del Decreto 646 del 28 de marzo de 2014.

De igual forma, se evidencia en el plenario que durante desempeño del señor
Fabricio Cabrera Ortiz como jefe de la Jefatura de Aviación del Ejército
Nacional nunca incumplió con sus funciones ni generó con sus actuaciones
perjuicio alguno para la institución como lo sostuvo la entidad demandada en
el acto administrativo aquí demandado, tampoco es cierto que obtuvo
resultados insatisfactorios en su desempeño, tal y como se infiere de la
revista de inspección informal realizada por parte de la Inspección de la parte
pasiva que fue calificada con el grado de normal, lo cual evidentemente
contradice lo afirmado por el ministro de Defensa Nacional, en el sentido de
que existían irregularidades al interior de la jefatura que aquel dirigía.

La entidad demandada (índice 19 SAMAI): reprodujo los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (índice 20 SAMAI):
reiteró los argumentos esbozados en su intervención e instó a que dada la
omisión del tribunal de primera instancia en relación con el pronunciamiento
expreso de los argumentos expuestos por la entidad demandada, como fue
la tacha interpuesta en contra del único testimonio incorporado al proceso, al
cual se dio plena validez, evidencia que el fallo apelado incumplió con el
requisito de motivación que cobijan a las decisiones judiciales, motivo por el
cual se debe revocar la sentencia.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según la
constancia secretarial visible a folio 415 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. En el presente caso solo fue
interpuesto por la entidad demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales
se resumen en la siguiente pregunta:

¿El acto de retiro del servicio del señor Fabricio Cabrera Ortiz por
llamamiento a calificar servicios, se ajustó a las exigencias legales y
jurisprudenciales fijadas para este tipo de decisiones dentro de las Fuerzas
Militares o, por el contrario, la entidad demandada incurrió en desviación de
poder o falsa motivación que alega el demandante?

Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá la
siguiente: el demandante no logró probar que el acto administrativo a través
del cual fue retirado del servicio no hubiese sido adecuado a los fines que
consagra el llamamiento a calificar servicios o que contenía finalidades
ocultas, distintas a las previstas en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto
1790 de 2000, por lo que la presunción de legalidad no fue desvirtuada,
como se sustenta a continuación:

 Del retiro del personal de las Fuerzas Militares

El marco general del retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares por
llamamiento a calificar servicios, está consagrado en los artículos 99, 100 y
103 del Decreto 1790 de 2000, que al tenor literal previeron:

«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la
que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de
autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El
retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o
Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados
incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá
delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.

Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se
trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa
justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de
abandono del servicio.

El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación,
llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto. […]».

Por su parte, el artículo 100 ibidem señaló las causales de retiro en los
siguientes términos:

«ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO. El retiro del servicio activo para el
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según
su forma y causales, como se indica a continuación:

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a) Retiro temporal con pase a la reserva:
1. Por solicitud propia.
2. Por cumplir cuatro (4) años en el grado de General o Almirante, salvo lo
dispuesto en la Ley 775 de 2002.
3. Por llamamiento a calificar servicios.
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.
6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo
previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
7. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literal a) de
este decreto.
8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo 104 de este decreto.
9. Por no superar el período de prueba; […]». (Subrayas fuera de texto).

Y el artículo 103, sobre el retiro discrecional preceptuó:

«ARTÍCULO 103. LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. <Artículo
modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006. El nuevo texto es el
siguiente:> Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser
retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los
requisitos para tener derecho a la asignación de retiro.» (Negrita fuera del
texto)

Conforme a la normativa en cita, se observa que una de las causales para
efectuar el retiro del personal de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, es el llamamiento a calificar servicios y la única exigencia que se
requiere para disponer esta medida es que el oficial o suboficial haya
cumplido los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro.
Aunado a ello, para el caso de los oficiales, se necesita el concepto previo de
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

 Retiro por llamamiento a calificar servicios

Al respecto ha considerado la Corte Constitucional que el retiro del personal
uniformado de la Fuerza Pública por llamamiento a calificar servicios es una
forma normal de retiro del servicio activo cuando se cumple el requisito de
tiempo de servicio, para permitirle al uniformado ser beneficiario de la
asignación de retiro4.

La causal de retiro en comento, se constituye en un instrumento importante
para la administración, que permite el relevo generacional dentro de la línea
jerárquica dentro de actuación que supone el ascenso de algunos miembros
y la separación del servicio de otros, de ahí la especial connotación que
adquiere frente a otras formas de retiro laboral. Tal característica ha sido
objeto de análisis de la jurisprudencia en varias oportunidades. En efecto, la
Corte Constitucional5 sostuvo:

«[…] "calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad
discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial
en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o
desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea

4 Corte Constitucional. Sentencia SU-091 de 2016.
5 Corte Constitucional, sentencia C-072 de 1995. Referencia: Expedientes acumulados D-

1044, 1045 y 1046.

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jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el
ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una
facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos
armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de
ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son
puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución
hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y
conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes
suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con
agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de
policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y
según el cometido que les es propio. […]» (Resaltado intencional).

Igualmente, el pronunciamiento contenido en la sentencia SU-091 de 20166
se refirió al tema de motivación en el acto de retiro por llamamiento a calificar
servicios para indicar que en este caso, aquella está dada expresamente por
la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos, a
saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la
asignación de retiro, regla que en la sentencia SU-217 de 20167, juzgó
conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros de
mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y
sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del
retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino
una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial. […]».

En esta última providencia la Corte Constitucional hizo énfasis en que la ley
«[…] no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas
decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda
proceder a retirar […]», de manera que es claro que no es exigible que el
nominador exponga razones adicionales para la adopción de la decisión.

Por su parte el Consejo de Estado8 ha sostenido que el llamamiento a
calificar servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya
materialización depende de las necesidades del servicio, atiende a un
concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea
jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del
personal, en desarrollo de la cual el nominador tiene libertad para apreciar,
valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro
de las varias posibilidades.

Por otro lado, frente a la motivación del acto administrativo de retiro por
llamamiento a calificar servicios, el Consejo de Estado9 ha considerado:

«[…] El retiro por llamamiento a calificar servicios se produce en ejercicio de una
facultad discrecional, la cual por su naturaleza no requiere motivación, se
presume ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su
expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación
de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre.

6 Sentencia del 25 de febrero de 2016. Referencia: expedientes T- 4.862.375, T-4.938.030,

T-4.943.399 y T-4.954.392.
7 Sentencia del 28 de abril de 2016. Referencia: Expedientes T-5.173.085 y T-5.189.329 y T-

5.189.400 (acumulados).
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre de

2013. Radicado: 760012331000200501375 01 (0197-2013).
9 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2014. Radicación: 11001-

03-15-000-2013-01936-01.

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[…]

Insiste la Sala, es incuestionable que el Gobierno Nacional está autorizado por la
Ley para retirar (por llamamiento a calificar servicios) a los oficiales, después de
haber cumplido quince (15) o más años de servicio, facultad que, como ya se
hizo precisión, se presume ejercida en beneficio del buen servicio público. […]»

En consecuencia, según el criterio del Consejo de Estado no debe motivarse
expresamente el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a
calificar servicios de los oficiales y suboficiales, dado que se presume
expedido con la finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen
servicio.

Ahora bien, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios,
principalmente, el hecho de que es reconocida como una manera decorosa
de culminación de servicios en la Fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un
excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto
administrativo que así ordene el retiro. En efecto, el buen cumplimiento de
las funciones, ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor y por
ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo10.

De igual forma, también se ha precisado que el retiro por llamamiento a
calificar servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento
por el cual se permite que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares
y de Policía disfruten de la asignación de retiro11.

Bajo dicho entendido, la causal de llamamiento a calificar no requiere
motivación en consideración a que ella está dada expresamente por la ley y
para que proceda solamente es necesario que el militar demuestre: (i) tener
un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro,
además del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para las Fuerzas Militares.

Colofón, el acto administrativo mediante el cual se retira del servicio a los
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía con ocasión de la prerrogativa
de llamamiento a calificar servicios, no debe motivarse, empero, cuando
como en este caso, se advierten sus fundamentos, el juez debe analizar
aquellos, con el fin de verificar si la administración atendió los límites legales
y constitucionales.

 De la falsa motivación

Conforme a los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que consagran los medios de
control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, los actos
administrativos pueden ser impugnados, entre otras causales, por falsa
motivación del acto.

10 En este sentido se pueden consultar la providencia del 19 de enero de 2017. Radicado:

05001-23-31-000-1999-02281-02 (4117-2014).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011.

Radicación: 54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10).

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En este sentido, el Consejo de Estado12 ha indicado que los motivos de un
acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal
punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el
acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están
distorsionadas, se presenta un vicio que lo invalida, llamado falsa motivación.

Por ello, ha explicado13 que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento
causal de la decisión, relacionado con los antecedentes de hecho y derecho
que facultan su expedición y, por lo tanto, el impugnador tiene la carga de
demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la
realidad.

Según lo precedente, el Consejo de Estado14 ha afirmado que la falsa
motivación del acto ocurre cuando: i) se presenta inexistencia de
fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son
contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o
simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de
derecho un alcance que no tienen, y iv) razones que sirven de fundamento al
acto no justifiquen la decisión.

En lo que se refiere al acto administrativo de llamamiento a calificar servicios,
según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar
retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y,
cuando es procedente, que exista concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional, según la normativa analizada en
precedencia.

 La desviación de poder

Las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones
administrativas no gozan de autonomía, al contrario, es heterónomo, toda
vez que la ley regula deberes y prohibiciones. Es decir, un variopinto de
restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los
fines públicos.

Por ello, el artículo 6.º de la Constitución Política prevé que los servidores
públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes,
lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores
públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las
leyes, los reglamentos, etc.

Bajo dicho entendido, cuando la conducta (activa u omisiva) es
explícitamente contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en
«ilícita» porque el sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir,
los ilícitos típicos son las conductas o actos opuestos a una regla de
derecho. Se entiende «ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como

12 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Radicación:
25000232400020080026501.
13 Ibidem
14 Ejusdem.

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antijurídico o ilegal y no necesariamente como delictual. Sin embargo,
también existen ilícitos atípicos. Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos
atípicos, por así decirlo, invierten el sentido de una regla: prima facie existe una
regla que permite la conducta en cuestión; sin embargo - y en razón de su oposición
a algún principio o principios-, esa conducta se convierte, una vez considerados
todos los factores, en ilícita. Esto es, abuso del derecho, el fraude a la ley y la
desviación de poder […]»15.

Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien
ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien
puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades
legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le
corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses
públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar
la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder16 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del
derecho público y con el fin de someter los actos administrativos
discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que
precisamente el eje central del derecho administrativo es el control de la
discrecionalidad. Al respecto, García de Enterría señala lo siguiente:

«[…] La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales
de la Administración es un tema clásico de la teoría del Derecho. Está en los
orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada época ha ido dejando en él la
huella de sus propias reflexiones teóricas, así como de las sucesivas
experiencias prácticas y jurisprudenciales […]

[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de
forma espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho
Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su
control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy mismo
los poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez de los
actos discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos de la
Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la
tendencia continúa […]»17.

Bajo dicho entendido, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas
de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se
ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la
administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada
para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y
legalmente responde la norma. Lo anterior condujo a que el juez
administrativo perfeccionara sus facultades con el examen constitucional, y
que el control del exceso de poder, o la desviación de poder, se fortaleciera
con los principios constitucionales.

Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder,
el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado
institucional o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo

15 Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27.
16 La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder.
17 Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid,

Marcial Pons, 4ed., 1998, pp. 31 y 36.

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o una ley18. En esos términos, al tratarse la conducta de un «ilícito atípico»
provoca un daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e
intereses colectivos. Una característica importante del citado daño, es el de
ser indirecto o mediato.

Por su parte, esta Subsección19 ha efectuado el análisis sobre la desviación
de poder desde esta misma óptica. Al respecto:

«[…] La desviación de poder ha sido comprendida por la jurisprudencia de esta
Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el
entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que
hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y
del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la
presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las
normas a las que debe someterse. […]». (Negrita fuera del texto original).

Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la
existencia de un vicio de poder transita por llegar a la convicción de la
voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos,
cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el
mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado
consistente en acreditar suficientemente su configuración.

Sobre el particular, la Sección Segunda ha sostenido lo siguiente: «[…]
demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción
plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen
servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. […]»20.

De esta forma, dado que el acto administrativo de retiro del servicio del aquí
demandante por llamamiento a calificar servicios se encuentra motivado
(folios 2 a 4), la Subsección procederá a analizar aquellos y verificará si se
advierte la falsa motivación o la desviación de poder que se endilga.

 No se desvirtuó la presunción de legalidad del acto de retiro

De acuerdo con las precisiones normativas y jurisprudenciales de rango
constitucional y legal expuestas, relativas al retiro del servicio por
llamamiento a calificar servicios y, a la luz del caso en estudio, se encuentra
acreditado lo siguiente:

Documentales

 De conformidad con la constancia del 15 de agosto de 2017, signada
por el oficial de Sección Atención al Usuario DIPER que reposa a folio
234, se indicó que el oficial Fabricio Cabrera Ortiz ingresó al Ejército
Nacional el 5 de febrero de 1979 y fue retirado del servicio a través de

18 Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de

2009. Radicado: 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009).
20 Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado: 170012331000200301412 02(0734-
10).

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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

Decreto 646 de 28 de marzo de 2014, por lo que prestó sus servicios
por un lapso de 35 años, 4 meses y 23 días.

 Del extracto de la hoja de vida, se advierte que el oficial del Ejército
Nacional demandante ingresó i) como alumno oficial Diper el 22 de
febrero de 1979 hasta el 31 de mayo de 1982 y; ii) oficial Diper desde
el 31 de mayo de 1982 hasta el 28 de marzo de 2014, para un tiempo
total de 35 años, 4 meses y 23 días. Fue retirado el 28 de marzo de
2014 mediante Decreto 646 por llamamiento a calificar servicios,
cuando ostentaba el grado de brigadier general.

De igual forma, se advierte que obtuvo la siguiente formación
académica: i) bachiller académico, 2 seminarios en proceso toma de
decisiones y régimen jurídico administración de personal; ii) 1
diplomado en alta gerencia y; iii) 22 cursos, entre los cuales se
destacan los de derechos humanos y derecho internacional
humanitario, lancero, operaciones conjuntas, altos estudios militares,
combate fluvial, instructor de equitación, excel, inglés y operaciones
antinarcóticos. (Folios 227 a 233).

 Asimismo, le obran 26 condecoraciones nacionales, de las cuales se
destacan:

i) Medalla servicios distinguidos en orden público;
ii) Medalla Guardia Presidencial;
iii) Orden del mérito militar Antonio Nariño;
iv) Medalla por tiempo de servicio;
v) Orden del mérito militar José María Córdoba;
vi) Medalla fe en la causa;
vii) Medalla Batalla de Ayacucho;
viii) Orden de Boyacá y;
ix) Medalla al Orden Militar;

 También se observan en su hoja de vida 233 felicitaciones durante el
ejercicio de la carrera militar. No le figuran sanciones ni
investigaciones penales y se advierten dos sanciones correctivas en
los años 1984 y 1990.

 Conforme con la Revista de Inspección a la Jefatura de Aviación del
Ejército Nacional, efectuada entre el 13 de enero y el 3 de febrero de
2014, se otorgó una evaluación de 80% -normal-. Se resalta que en el
ítem de hallazgos con incidencia disciplinaria, administrativa o penal,
se señaló: «NO». (CD pruebas 11)

 Por medio de Decreto 116 de 28 de enero de 2014, proferido por el
ministro de Defensa Nacional se trasladó, entre otros, al señor
Cabrera Ortiz al Comando de la Primera División, como comandante
«a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo»
(CD pruebas 9).

 Comunicado de la opinión pública de 18 de febrero de 2014, a través
del cual el Ministerio de Defensa Nacional, informó entre otras
situaciones, lo siguiente:

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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

«Tercero. Dado que se conoció que había personas que por sus funciones
debían haber tomado medidas administrativas, gerenciales y de control
respecto de lo que estaba ocurriendo, y no actuaron con la contundencia
necesaria, así como personas que obtuvieron resultado inferior a lo normal
en las inspecciones administrativas respectivas en los últimos meses, y
dados los cambios saldrán del servicio activo los siguientes oficiales:

Mayor General Manuel Guzmán Cardozo
Brigadier General Fabricio Cabrera Ortiz. […]». (Minuto 1.52 a 2:20 del
cd visible a folio 176 y folios 178 a 179).

 Según el Radiograma del 18 de febrero de 2014, proferido por el jefe
de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, donde se informa que
(CD f.9):

«20145550140693/MDN-CGFM-C-CEJEM-JEDEH-DIPER-AL-X
SIGUIENDO INSTRUCCIONES SEÑOR GENERAL COMANDANTE
EJÉRCITO X SE AUTORIZA BG. FABRICIO CABRERA ORTIZ CC.
79262129 ORGÁNICO JEAVE DISFRUTE 60 DÍAS VACACIONES X 30
DÍAS LAPSO PENDIENTE AÑO 2006 PARTIR (sic) 19-FEB-2014 HASTA
20-MAR-2014 X 30 DÍAS LAPSO PENDIENTE 2007 PARTIR 21-MAR-
2014 HASTA 19-ABR-2014 INCLUSIVE X PRIMA DE VACACIONES FUE
PRESUPUESTADA ACUERDO PROGRAMACIÓN SECCIÓN NÓMINA X
ANOTACIÓN DEBE QUEDAR REGISTRADA BASE DE DATOS DIPER
[…]». (CD pruebas 9). (Negrillas, mayúsculas y subrayas conforme a
la transcripción).

 El Decreto 646 del 28 de marzo de 2014, signado por el ministro de
Defensa da cuenta del retiro en forma temporal con pase a reserva
«por llamamiento a calificar servicios», al señor Fabricio Cabrera Ortiz
(folios 2 a 4). De acuerdo con las siguientes consideraciones:

«[…] Que respecto del personal de oficiales de grado General dado su rol
especializado dentro de la misma institución castrense, le es exigible un
asesoramiento técnico y ejecutivo que no se agota con el rol simplemente
militar o la calidad de uniformado dentro de las Fuerzas Militares, el cual
demanda un grado de responsabilidad mayor en el ejercicio de los
diferentes cargos de la institución, aspecto relevante para estructurar la
legitimación de las Fuerzas Militares. De manera que la legitimidad de la
relevancia del rol profesional que cumplen los oficiales de más jerarquía del
cuerpo castrense y la preservación de los intereses de seguridad de la
sociedad, acompañado siempre de la debida subordinación a la estructura
jerárquica del mando.

Que en este orden de ideas, la permanencia del personal uniformado de las
Fuerzas Militares en los más altos grados, como lo son, los grados de
oficiales generales y de insignia, no depende solamente de una hoja de
vida en donde no se advierta la existencia de antecedentes penales o
disciplinarios en contra, ni de la revisión de conceptos obtenidos con
anterioridad al retiro de su desempeño por la sencilla razón que a los
oficiales clasificados en esta categoría de generales, se les excluye
expresamente de las normas de evaluación y clasificación, artículo 1 del
Decreto Ley 1799 de 2000, en virtud al grado de confianza que se (sic)
debe existir entre el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares quien
dirige y dispone de ellas, directamente o por conducto del Ministerio de
Defensa Nacional.

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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

Que es está (sic), la razón para que la relación entre el personal de
Oficiales de las Fuerzas Militares, en la jerarquía de oficiales generales y
de insignia, y el Estado, exista una relación especial de sujeción, aún
mucho más exigente para el resto de los servidores públicos, dado el
mayor grado de confianza que debe primar para con quienes desempeñen
funciones desde un rol militar y otro profesional, subordinadas en todo caso
a decisiones institucionales que además de estar siempre orientadas al
cumplimiento de los fines del Estado, buscan igualmente generar como se
indicó una necesaria legitimación social; una hipótesis contraria, deteriora
el campo de acción de las decisiones de política militar y defensa nacional.

Que el señor Brigadier General FABRICIO CABRERA ORTIZ, se
desempeñó en el cargo de Jefe de Aviación del Ejército Nacional, conforme
a la designación efectuada mediante Decreto No. 2188 del 26 de octubre
de 2012, dependencia del Comando del Ejército, cuyo objeto principal es
generar la implementación de las políticas y lineamientos estratégicos para
la gestión de planeamiento logístico de aviación y la adquisición de bienes
y servicios, con el fin de fortalecer la capacidad operacional de las unidades
de aviación, de acuerdo con los lineamientos del Comando Superior.

Que de acuerdo a las políticas del Comando de la Fuerza, se realizaron
varias actividades con el fin de verificar el funcionamiento y desarrollo de
las mismas en la Jefatura de Aviación, donde se encontraron debilidades
en la etapa de planeación, manejo de documentación contractual, control y
seguimiento y control de la ejecución de los contratos revisados, en donde
se evidencian hallazgos con incidencia disciplinaria, administrativa y penal.
Ausencia total dentro de los procesos de cronogramas de trabajo
impidiendo realizar el control adecuado de la ejecución, las actas de
recepción no son elaboradas como corresponde, se encontraron sin fechas
y firmas incompletas, los porcentajes del promedio recibido a satisfacción
contra el incumplimiento de las normas contractuales fue de sólo un 53%,
quebrantando los lineamientos establecidos por el Comando Superior,
frente a los cuales, los resultados obtenidos no fueron óptimos y no alcanzó
los estándares de eficacia y efectividad que le eran propios, lo que afectó
de manera grave la imagen institucional.

Que el personal de oficiales de las Fuerzas Militares en especial el personal
de Oficiales Generales, cumplen además de un rol militar, un rol
profesional, que como antes se mencionó, se traduce en asesoramiento
especializado desde una perspectiva técnica y ejecutiva, sin dejar de lado
el elemento de subordinación, que en últimas apunta al ejercicio de
funciones de alcance general con un alto grado de incidencia en materia
operacional y administrativa, siendo claro que cualquier afectación en su
normal desempeño, genera consecuencias en sus actuaciones
administrativas que en últimas afectan en la legitimidad social de la
Institución.

Que el artículo 99 del Decreto Ley 1790 de 2000, determina que el retiro de
las Fuerzas Militares, es la situación en la que los Oficiales y Suboficiales,
sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan
en la obligación de prestar servicios en actividad.

Que la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios es una facultad
consagrada en el Decreto 1790 de 2000, artículo 103, según la cual los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados
por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos
para tener derecho a la asignación de retiro.

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Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 4433 de
2004, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, en servicio activo
que a la entrada en vigencia del citado decreto, que sean retirados con
dieciocho (18) o más de servicio por llamamiento a calificar servicios,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una
asignación mensual de retiro.

Que el Señor Brigadier General del Ejército Nacional FABRICIO CABRERA
ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.262.129, acredita un
tiempo de servicio en la institución castrense superior a 34 años.

Que la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, corresponde a
una facultad que se ejerce en pro del servicio por conveniencia del mismo y
de la administración pública.

Que conforme a lo aquí indicado, el ordenamiento jurídico prevé unos
procedimientos y causales para disponer el retiro de personal de Oficiales
en servicio activo de las Fuerzas Militares, dispositivos legítimos y así
definidos por la jurisprudencia constitucional, dado que se trata de un
mecanismo democrático que permite la participación de otras personas en
los grados superiores, a través del ascenso y promoción, para el logro de la
renovación permanente de los cuadros directivos de las Fuerzas Militares
pues el retiro por medio del llamamiento a calificar servicios, no se le
asignan los efectos propios del retiro genérico laboral sancionatorio, como
la destitución, teniendo en cuenta que incluso puede volver a ser llamado a
servicio activo. Por el contrario, se trata de un procedimiento que le permite
al Gobierno Nacional, reestructurar el poder jerárquico de mando y
conducción de la Fuerza Pública, disponer de atribuciones jurídicas
suficientes para sustituir a los mandos, con celeridad, cuando así las
necesidades y conveniencias lo recomienden.

Que esta facultad que se le otorga al Gobierno Nacional, se fundamenta en
que la designación de aquellas personas que ostentan altas dignidades
tanto en la esfera puramente administrativa, como en la relativa a la
defensa de la soberanía nacional, deben estar desprovistas de
imposiciones que aten a la primera autoridad civil y militar del Estado en la
que la toma de decisiones para el cumplimiento cabal de sus deberes y
responsabilidades, además del grado de confianza que debe existir entre el
Presidente de la República y sus colaboradores inmediatos.

Que sobre esta base, cobra relevancia los antecedentes jurisprudenciales,
los cuales han definido, la causal de llamamiento a calificar servicios, como
una causal normal de la situación administrativa laboral de un uniformado
dentro de la Institución Castrense.

Que para el ejercicio de la facultad de llamamiento a calificar servicios,
según el Estatuto Especial de Carrera, se requiere que el servidor público
cumpla con los requisitos para tener derecho a una asignación de retiro,
circunstancia que se encuentra acreditada en el caso del señor Brigadier
General FABRICIO CABRERA ORTIZ.

Que en criterio del Gobierno Nacional, apoyado por el mando Institucional,
se considera necesario ejercer la facultad de llamamiento a calificar
servicios, respecto al citado señor Oficial, quien pertenece a la jerarquía de
Oficiales Generales, de quien si bien, como ya se precisó, el estatuto
especial de evaluación y clasificación no permite su aplicación, el retiro por

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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

esa facultad, esta (sic) soportado en la necesidad de legitimar las
decisiones institucionales del mando, sobre la base de los resultados
gerenciales alcanzados en el desempeño del cargo, a partir de que adquirió
la jerarquía de oficial general, en donde se observan falencias en el
asesoramiento especializado desde una perspectiva técnica y ejecutiva,
que afectan la legitimidad social de la Institución. […]». (Mayúsculas
conforme con la transcripción).

 El anterior acto administrativo fue notificado personalmente el 10 de
abril de 2014 (folio 5).

 A su turno, por medio de Oficio 0005169/MDN-CGFM-CE-DAVAAA-
CDO de 13 de mayo de 2014, signado por el comandante de la
División de Aviación Asalto Aéreo de la entidad demandada, se dio
respuesta al derecho de petición de fecha 06 de mayo de 2014
invocado por el libelista, escrito en que solicitó información de su
desempeño como jefe de la Jefatura de Aviación del Ejército, entre el
mes de noviembre de 2012 y el mes de diciembre de 2013, en el cual
se adujo:

«Toda petición escrita debe dirigirse a la autoridad competente […] en mi
calidad de Comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército
no ostento la facultad de responder las conductas contenidas en los
Numerales 4, 5, y 6 parcialmente, las cuales son competencia de la
JEFATURA, y en el numeral 8 del Comando del Ejército Nacional, por lo
que en cumplimiento de dicho marco normativo las mismas fueron
remitidas a tales entidades, […].

Por tanto, frente a los argumentos propios de la DIVISIÓN, referidos a la
pregunta No. 1 vale la pena mencionar que la Brigada No. 32 de Aviación,
junto con sus Batallones eran los encargados del planteamiento de la
compra de repuestos y mantenimiento para las diferentes aeronaves, cuya
necesidad era consolidada en los Estudios Previos y demás documentos
de los procesos de Contratación por parte de los comités Técnicos
Estructuradores en cabeza del Gerente de Proyecto, quienes a su vez eran
nombrados por el Ordenador del Gasto de la JEFATURA, competente
contractual encargado de autorizar su respectiva adquisición previa
recomendación del Comité de Adquisiciones,
[…]

Igualmente en cuanto a la pregunta No. 3, es del caso señalar que el
indicador de aislamiento refleja conjuntamente la gestión de los procesos
de mantenimiento, abastecimiento y adquisiciones […] En consecuencia en
el periodo de noviembre de 2012 a diciembre de 2013, dicho indicador
promedió un 67%, con una desviación estándar del 3% lo cual indica muy
poca dispersión de datos. De mismo modo, se presentó un incremento en
el aislamiento de un 6.8% con una tendencia positiva, situación que da
lugar a afirmar que las políticas y gestión de la JEFATURA en el tiempo
señalado tuvieron un mejoramiento progresivo y constante. […]». (CD
pruebas 10). (Mayúsculas del texto original).

 A través de Oficio 20144500472753:MDN-CGFM-CE-JEAVE-AYU-
99999 de 21 de mayo de 2014, suscrito por el jefe de la Jefatura de
Aviación del Ejército, donde se da respuesta al derecho de petición y
se indica que:

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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

«El número de contratos gestionados es el siguiente:
Noviembre y Diciembre 2012: 103 contratos;
Vigencia 2013: 314 contratos.

De igual manera se informa que a fecha de 12 de diciembre de 2013 se
realizó a la Jefatura Financiera y Presupuestal la solicitud de reintegro de
apropiación por valor de trescientos noventa y tres millones doscientos
cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cuatro
centavos ($393.253.253.64), valor correspondiente a sobrantes de los
procesos de contratación de la vigencia que para esa fecha no eran
susceptibles ni viables de ser ejecutados. […]». De igual forma, se
otorgó información respecto de las responsabilidades de los
gerentes del proyecto y los supervisores bajo la normativa que los
rige. (CD pruebas 10).

Testimoniales

Por solicitud de la parte demandante se decretó en audiencia inicial (folio
350) y se recepcionó la declaración del señor Manuel Gerardo Guzmán
Cardoso, en los siguientes términos:

«Preguntado: ¿Qué relación tiene usted con el señor Fabricio Cabrera Ortiz,
demandante en este proceso y diga si tiene algún grado de amistad, familiaridad
o consanguinidad con el testigo? Contestó: No tengo ningún grado de
consanguinidad con él, simplemente lo conocí a lo largo de la carrera militar,
porque es un oficial que en dos oportunidades trabajamos los dos (sic), cuando
él era capitán del Ejército y yo era mayor, y posteriormente cuando me
desempeñé como segundo comandante del Ejército, él era el jefe de la Jefatura
de Aviación del Ejército, […]. Preguntado: ¿Cómo conoció al señor Fabricio
Cabrera? Contestó: Lo conocí como le dije anteriormente, cuando él era capitán
de la Escuela Militar de Cadetes, él se desempeñaba como comandante de una
compañía de cadetes y yo era el jefe de personal de la Escuela militar en esa
época, estamos hablando si no estoy mal, año 1994, desde allá lo conozco al
señor Oficial Fabricio Cabrera y siempre hicimos una buena amistad, es un
Oficial sobresaliente y posteriormente como le digo, trabajé con él en el año
2013, cuando él se desempeñaba como jefe de la Jefatura de Aviación del
Ejército. Preguntado: ¿Dígale al despacho si sabe las razones del retiro del
servicio del señor Fabricio Cabrera Ortiz? Contestó: Sé que a él lo retiraron en
una rueda de prensa del día 16 de febrero de 2014, pero yo quisiera hacer como
un recuento de hace atrás, un poquito, dejar como claro las circunstancias de
retiro de señor Fabricio Cabrera, en agosto del año 2013, se presentó el cambio
de la cúpula militar, en este mes, fue nombrado como comandante del Ejército,
el señor General Juan Pablo Rodríguez Barragán, actual comandante general de
las Fuerzas Militares, para esa fecha yo me desempeñaba como segundo
comandante del Ejército, él llegó y aproximadamente un mes después ordenó
hacer una serie de revistas a varias jefaturas del ejército que fueron la Jefatura
de Aviación, cuyo comandante era el señor general para la época Fabricio
Cabrera Ortiz, la Jefatura de Derechos Humanos que era el general Diego Yesid
Sánchez y la Jefatura de Acción Integral cuyo comandante en ese momento era
el general Jaime Reyes Retón, yo pienso que en ese momento el recién
nombrado comandante del Ejército no quería trabajar con estos generales y se
me hace a mí, que desde un comienzo el señor general Rodríguez, debió haber
sido muy sincero con ellos y haberles dicho no quiero trabajar con ustedes, o
cambiarlos de cargo o retirarlos porque tienen la facultad de hacerlo. Sin
embargo, ordenó unas revistas a la inspección del Ejército, solo con la intención
de que esa revista sacara el inferior a lo normal, sin embargo, cuando hicieron la
revista y la inspección a la Oficina de Aviación, el general Fabricio Cabrera fue

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felicitado por la Inspección del Ejército, por la revista, o sea, él fue el único que
sacó, digamos normal en esa revista y fue nombrado como comandante de la
Primera División del Ejército, cuyo cargo nunca recibió, digamos ese es como el
antecedente. Posteriormente, el señor general Rodríguez, me llamó a mi como
segundo comandante del Ejército a su oficina y me dijo que al general Fabricio
Cabrera había que darlo de baja, yo dije, pero ¿por qué? si Fabricio es un oficial
excelente y acaban de pasar revista a la Jefatura de Aviación, lo felicitaron en
esa revista, y dijo no, ahí hay una serie de anomalías que se han venido
presentando con un contratista y le dije, cuál contratista es, y me dijo, uno de
apellido Jaramillo, ese señor es un contratista de mucho tiempo del Ministerio de
Defensa y viene siendo contratista desde que el actual Presidente de la
República, se desempeñaba como Ministro de Defensa Nacional, son amigos, y
el señor General Fabricio, sancionó a este contratista, por no cumplir con el
término de la contratación, o sea él se fue por la línea recta, pese a que en
varias oportunidades se manifestó que se había pasado del tiempo para cumplir
con el contrato y entonces no le quedó más opción que sancionarlo y le colocó
una multa, pienso yo que eso no le gustó al mando que hayan tocado a este
contratista y a partir de ahí se convirtió Fabricio Cabrera como una piedra en el
zapato en la Jefatura de Aviación.

Preguntado: ¿Tiene algún documento que demuestre que esa situación ocurrió,
que lo sancionó? Contestó: Sí señor, eso debe estar en el expediente, o sino yo
lo hago llegar, porque el señor General Fabricio Cabrera, después del General
Rodríguez, le dijo hágame un informe de toda la contratación que se ha hecho
con el señor Jaramillo y ahí salieron las multas que le colocaron y le dije al
General Rodríguez, no vaya a ser injusto con Fabricio Cabrera, por favor
escúchelo y después de un mes de estarle rogando que escuchara a Fabricio,
pese a que le hizo un informe muy completo, lo escuchó a finales de diciembre
del año 2013, fuimos al Cantón Norte, allí lo escuchó, le explicó y para mi modo
de ver, el General Rodríguez, quedó satisfecho con la explicación que le dio de
la contratación al comandante del Ejército, sin embargo, el comandante del
Ejército tenía otra intención con él, que pasó posteriormente, estamos hablando
del mes de diciembre de 2013; en el mes de febrero, el 8 de febrero, la Revista
Semana publicó un artículo de Andrómeda, de aquel caso de las chuzadas, que
a mi modo de ver, el comandante del Ejército, el General Rodríguez, no se supo
defender, entonces quedamos, el Ejército (sic), muy mal ante la opinión pública
al interior de las Fuerzas Militares, y ese escándalo de Andrómeda, perjudicaba
de una u otra forma, incluso al mismo Ministro de Defensa de la época, al doctor
Luis Carlos Pinzón, eso no gustó.

Desafortunadamente 8 días después, salió en la Revisa Semana un nuevo
artículo que hablaba de unas interceptaciones hechas a un Coronel que estaba
detenido en la Policía Militar número 13, a Robinson González del Río, en esas
interceptaciones nombraron a varios generales del Ejército, donde decían que el
coronel Robinson González, que estaba detenido, hablaba con un tercero, para
decir que él conocía de varios generales, para ayudar a hacer contratos,
nombraban en esas interceptaciones al actual comandante de las Fuerzas
Militares, al general Rodríguez, al actual comandante del Ejército, el general
Mejía, un mayor general, jefe de la Jefatura de Ingenieros, Suarez Ferreira, al
general Fabricio Cabrera y al general Salazar, actual jefe de Estado Mayor
Conjunto de la Fuerzas Militares. Para mí, ese escándalo fue aprovechado por el
mando para sacar a estos oficiales, ese día, cuando salió ese escándalo, el
señor ministro de la Defensa dio la orden de reunirnos el día domingo, el mismo
domingo en que salió la revista, en la oficina de la viceministra Diana Quintero,
allí nos reunimos, todos estos oficiales que los nombraban, a excepción del
general Rodríguez, que era el comandante del Ejército que no asistió, ahí de 8
de la mañana a 5 de la tarde, se pudo desvirtuar punto por punto, de lo que
sacaba de la revisa Semana, ¿cuál fue la conclusión de esta reunión? Primero,

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que la inspección del Ejército debía iniciar una investigación, porque había salido
un escándalo, pero estaban desvirtuados todos los puntos, ahí quedó y se le
manifestó a la viceministra Diana Quintero, al viceministro general Pérez,
secretario general del Ministerio de Defensa, que era el doctor Neira y todos los
generales que estaban ahí, pero posteriormente del día domingo, el día martes,
cuando nos damos cuenta que sale una rueda de prensa retirando a unos
señores generales del Ejército, donde se encuentra el señor general Fabricio
Cabrera, cuando ya estaba nombrado como comandante de División y todo, o
sea se retira sin ningún tipo de investigación, sin absolutamente nada, por un
escándalo que supuestamente que hasta hoy no fue cierto, digamos ese es
como el resumen.

Preguntado (parte demandante): ¿En su calidad de comandante del Ejército
Nacional y jefe directo del brigadier Fabricio Cabrera Ortiz, podría describir al
despacho, cómo calificaría usted el desempeño del general y explicar las
razones de su respuesta? Contestó: El general Fabricio Ortiz durante su
desempeño como jefe de la Jefatura de Aviación del Ejército, yo podría decir que
fue excelente, realmente es un oficial muy acucioso, responsable, que no tuvo
ningún tipo de observación, por el contrario, se me hace que fue una persona
que fue en línea recta y tan así que hubo una revista de revisión del Ejército,
donde sacó una calificación normal y fue felicitado y sus subalternos y todo
hablan muy bien de él en su momento. Preguntado: ¿Conoce usted general
alguna situación de la que se pueda derivar un tratamiento no adecuado o
vulneratorio de la defensa del debido proceso del general antes o después de las
circunstancias que rodearon el retiro? Contestó: yo lo explique hace poco, pero
sí, me reitero.

Preguntado (entidad demandada) ¿Salió usted al igual que el señor Fabricio
Cabrera Ortiz, mediante el comunicado de prensa del 18 de febrero de 2014?
Contestó: sí señora, salí de ahí en ese mismo comunicado. Preguntado:
¿Actualmente presentó usted una demanda en contra del Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, con respecto a ese llamamiento o ese retiro discrecional?
Contestó: Sí señora, porque fui llamado a calificar servicios 4 meses después,
con un argumento totalmente diferente al de la rueda de prensa. Preguntado:
¿Teniendo de presente que usted conoce la rueda de prensa, podría
identificarnos o dar a conocer al despacho, cuál es la motivación que tiene la
rueda de prensa, para la salida suya y de los demás brigadieres generales, entre
ellos el aquí demandante Fabricio Cabrera Ortiz? Contestó: La mía ninguna,
porque digamos a mí digamos la revista Semana no me nombra en ninguna
parte ni anterior ni posteriormente, ponerme a explicar seria meterme en otro
tema y con respecto al general Fabricio Cabrera, digamos que fue el único oficial
que salió de todos los nombrados de la Revista Semana y salió nombrado en
esa revista Semana, el general Rodríguez Barragán, actual comandante general
de las Fuerzas Militares, general Mejía, actual comandante del Ejército, el
general Salazar, actual jefe de Estado Conjunto, el general Suarez Ferreira, que
fue mejorado de cargo y el general Fabricio Cabrera, así que realmente el único
que salió de ahí de todos los nombrados fue Fabricio Cabrera de forma injusta.
Preguntado: Replanteo la pregunta yo no hablo de la revisa Semana, estoy
hablando del comunicado de prensa que usted ha mencionado en varias
oportunidades del 18 de febrero de 2014, en el cual aparece usted en la lista
junto a otros 3 brigadieres generales y que usted hace rato argumentó conocer y
en el cual usted manifiesta que se toma la decisión por una situación de medidas
administrativas, ¿conoce usted el fondo de ese asunto y que usted también
aparece en esa lista junto con el demandante? Contestó: Sí, ahí no hubo
ninguna investigación, o sea no hubo ninguna investigación para sacar a esos
generales de ahí, no hubo ninguna justificación fuera de lo que dijo el ministro en
la rueda de prensa, ni hubo investigación ni hubo absolutamente nada con
respecto a ellos. […]. Preguntado: ¿Me podría decir quien califica el desempeño

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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

de los generales en las Fuerzas Militares? Contestó: El mando, o sea, el jefe de
Estado Mayor Conjunto, el segundo comandante del Ejército y el comandante
del Ejército y quiero decirles que en ese momento estaba recién salido, el señor
general Mantilla que era el comandante del Ejército y con quien trabajó el
general Fabricio Cabrera, o sea el general Rodríguez llevaba solamente un mes
en el cargo para evaluar el desempeño del general en el estado mayor.
Preguntado: ¿Usted como segundo comandante hizo parte de ese mando que
calificó el desempeño del brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz? Contestó: Sí
y vuelvo y lo repito para mí fue un desempeño excelente en todo momento
Preguntado: ¿Dónde se plasma esa calificación? Contestó: Para los generales
no se plasma, no se les lleva folio de vida, por consiguiente no queda plasmado
en ningún documento. Preguntado: ¿Pero usted al estar presente en la salida
del brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz, qué documento quedó consignado
en la salida de ellos? Contestó: Uno evalúa a un general con las revistas y acá
hubo una revista de inspección por parte de un general y en el que el general
Fabricio Cabrera fue felicitado, entonces eso debe estar allá, ese resultado de
esa revista de inspección.». (Minuto 4:21 al minuto 25:00 del cd visible a
folio 188 del plenario).

De la relación probatoria que precede, la Sala encuentra que, como se vio, la
motivación exigible para el llamamiento a calificar servicios está dada por el
cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicios para
ser acreedor de la asignación de retiro, que se encuentran plenamente
satisfechos en el expediente, pues según se desprende de su hoja de vida,
el demandante estuvo vinculado a las Fuerzas Militares durante 35 años, 4
meses y 23 días. Lo cual denota la acreditación del tiempo de servicios
conforme al artículo 14 del Decreto 4433 de 200421, en el cual se exigen 18
años, por esta causal.

Sobre el punto, se hace necesario resaltar que acorde con lo regulado en el
inciso 2.°, del artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, el retiro de los oficiales
en el grado de general no requiere el concepto previo de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.

Al respecto, la Sala al revisar las consideraciones del Decreto 646 del 28 de
marzo de 2014, encontró que el Ministerio de Defensa Nacional dispuso el
retiro del servicio del señor Fabricio Cabrera Ortiz por llamamiento a calificar
servicios con fundamento en lo siguiente: i) en que se trataba de una
facultad consagrada en el Decreto 1790 de 2000; ii) que el mencionado
oficial contaba con el tiempo de servicio requerido para el reconocimiento de
la asignación de retiro; iii) en que la estructura piramidal del Ejército Nacional
obligaba al cambio generacional y; iv) la detección de «falencias en el
asesoramiento especializado desde una perspectiva técnica y ejecutiva »
cuando se desempeñó como general.

Por lo anterior, el Ministerio se ajustó a la motivación que exigen los artículos
99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, para sustentar el retiro del servicio
por llamamiento a calificar servicios del demandante. Se observa, además,
que tales fundamentos resultan ciertos, puesto que consta en su hoja de vida
que acreditó más de 35 años de servicio, tiempo superior a los 18 años que
prevé el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, para el reconocimiento de la
asignación de retiro para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares

21«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública».

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00275-01 (1979-2019)
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

en servicio activo.

De otro lado, al efectuar una valoración conjunta de las motivaciones
realizadas en el acto de retiro, se encuentra que en aquel el Ministerio de
Defensa esgrimió:

«[…] Que de acuerdo a las políticas del Comando de la Fuerza, se realizaron
varias actividades con el fin de verificar el funcionamiento y desarrollo de
las mismas en la Jefatura de Aviación, donde se encontraron debilidades en
la etapa de planeación, manejo de documentación contractual, control y
seguimiento y control de la ejecución de los contratos revisados, en donde
se evidencian hallazgos con incidencia disciplinaria, administrativa y penal.
Ausencia total dentro de los procesos de cronogramas de trabajo impidiendo
realizar el control adecuado de la ejecución, las actas de recepción no son
elaboradas como corresponde, se encontraron sin fechas y firmas incompletas,
los porcentajes del promedio recibido a satisfacción contra el incumplimiento de
las normas contractuales fue de sólo un 53%, quebrantando los lineamientos
establecidos por el Comando Superior, frente a los cuales, los resultados
obtenidos no fueron óptimos y no alcanzó los estándares de eficacia y
efectividad que le eran propios, lo que afectó de manera grave la imagen
institucional.

Que el personal de oficiales de las Fuerzas Militares en especial el personal de
Oficiales Generales, cumplen además de un rol militar, un rol profesional, que
como antes se mencionó, se traduce en asesoramiento especializado desde una
perspectiva técnica y ejecutiva, sin dejar de lado el elemento de subordinación,
que en últimas apunta al ejercicio de funciones de alcance general con un alto
grado de incidencia en materia operacional y administrativa, siendo claro que
cualquier afectación en su normal desempeño, genera consecuencias en sus
actuaciones administrativas que en últimas afectan en la legitimidad social
de la Institución.
[…]

Que en criterio del Gobierno Nacional, apoyado por el mando Institucional, se
considera necesario ejercer la facultad de llamamiento a calificar servicios,
respecto al citado señor Oficial, quien pertenece a la jerarquía de Oficiales
Generales, de quien si bien, como ya se precisó, el estatuto especial de
evaluación y clasificación no permite su aplicación, el retiro por esa facultad, esta
(sic) soportado en la necesidad de legitimar las decisiones institucionales del
mando, sobre la base de los resultados gerenciales alcanzados en el
desempeño del cargo, a partir de que adquirió la jerarquía de oficial general,
en donde se observan falencias en el asesoramiento especializado desde
una perspectiva técnica y ejecutiva, que afectan la legitimidad social de la
Institución. […]». (Negrita intencional).

Ahora, al realizar la verificación de las pruebas allegadas al plenario, esto es,
i) los folios de la hoja de vida del demandante (folios 227 a 233); ii) Revista
de Inspección llevada a cabo en la Jefatura de Aviación del Ejército Nacional,
que era dirigida por el demandante al momento del retiro que se calificó con
80 puntos -normal- (CD pruebas 11), y; iii) Oficio 0005169/MDN-CGFM-CE-
DAVAAA-CDO de 13 de mayo de 2014, en el cual se informa que entre
noviembre de 2012 a diciembre de 2013, la gestión de la Jefatura de
Aviación dirigida en dicho lapso por el libelista en el cual se afirmó « situación
que da lugar a afirmar que las políticas y gestión de la JEFATURA en el tiempo
señalado tuvieron un mejoramiento progresivo y constante», permiten advertir que
dicha circunstancia no tiene la facultad enervar la legalidad del Decreto 646
del 28 de marzo de 2014.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00275-01 (1979-2019)
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

Lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la prerrogativa otorgada a
la administración denominada «llamamiento a calificar servicios», como se
analizó en precedencia, es el relevo de la línea jerárquica en las Fuerzas
Militares, y el único presupuesto, conforme lo señaló la Corte Constitucional22
es «[…] haber cumplido un tiempo mínimo en la institución y tener derecho a la
asignación de retiro23 […]».

En ese orden, se reitera que es necesario probar que en la expedición del
acto se buscó una finalidad diferente, esto es, demostrar la desviación de
poder, dado que en el sub lite no se analiza la facultad discrecional del
Gobierno Nacional que propende por el mejoramiento del servicio, sino que
nos encontramos ante una potestad que busca precisamente el relevo
generacional.

Al respecto, el Alto Tribunal Constitucional en la mentada sentencia SU-091
de 2016, efectuó la señalada distinción de la siguiente forma:

«[…] En síntesis, el retiro por llamamiento a calificar servicios es una
herramienta con la que cuentan las instituciones de la Fuerza Pública para
garantizar la renovación o el relevo del personal uniformado dentro de las
escalas jerarquizadas propias de la institución y permitir con ello el
ascenso y la promoción de otros funcionarios, régimen especial dispuesto
por mandato constitucional y desarrollado en los Decretos Ley 1790 y 1791 de
2000 y las Leyes 857 de 2003 y 1104 de 2006. El presupuesto que da razón a la
aplicación de esta causal tal y como se mencionó es haber cumplido un tiempo
mínimo en la institución y tener derecho a la asignación de retiro[45].

A diferencia de lo anterior, el retiro Discrecional en las Fuerzas Militares y el
retiro por Voluntad del Gobierno Nacional o del Director General de la
Policía Nacional han sido instituidas con la finalidad de velar por el
mejoramiento del servicio frente a casos de corrupción o graves situaciones que
afecten el desempeño de la función institucional, en aras de garantizar la
seguridad ciudadana y la misma seguridad del Estado, sin que se requiera que
el uniformado haya tenido un tiempo mínimo de servicio con el cual adquiera el
derecho a una asignación de retiro. […]». (Subrayado y negrita de texto
original).

Así, el llamamiento a calificar servicios constituye una garantía para el
miembro de la Fuerza Pública que es desvinculado, para disfrutar de su
asignación de retiro así como a continuar con sus derechos a la seguridad
social, bienestar y recreación24. En todo caso, al analizar el acto
administrativo enjuiciado, se observa que si bien se esgrimieron razones

22SU-091 de 2016.
23 Así el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 prevé: «[…] Asignación de retiro para el
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia del presente Decreto, que sean retirados con dieciocho (18) o más años de
servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o
por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad
psicofísica, o por incapacidad profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean
retirados o separados en forma absoluta después de veinte (20) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así: […]».
(Resaltado intencional).
24 Ibidem.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00275-01 (1979-2019)
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

respecto de falencias en el desempeño del cargo, las cuales no fueron
demostradas dentro del plenario, se advierte que el acto de retiro atendió la
normativa aplicable, esto es, garantizar el relevo del personal uniformado y el
derecho a la asignación de retiro del libelista25.

En esta línea, se hace necesario destacar que el presunto incumplimiento de
sus deberes funcionales, como se analizó en precedencia, no fue la única
razón plasmada en el acto de retiro para desvincular al demandante, pues de
igual forma, se procedió a corroborar que cumpliera con el lapso requerido
para ser beneficiario de la asignación de retiro, y en todo caso, no se
observan en el plenario las demás revistas de inspección llevadas a cabo en
la jefatura durante el tiempo en que fue dirigido por el demandante o cuando
se desempeñó como brigadier general u otras pruebas que permitan
demostrar de manera fehaciente que toda su labor fue satisfactoria.

Conforme a lo anterior y contrario a lo afirmado por el a quo, no se vislumbra
en el Decreto 646 del 28 de marzo de 2014, que la entidad nominadora haya
utilizado la causal de retiro por voluntad del gobierno regulada en el artículo
104 del Decreto 1790 de 2000, y no la de llamamiento a calificar servicios,
para desvincular al demandante, toda vez que se analizaron los requisitos
exigidos para la procedencia de ésta última facultad, pues de haberse
acudido a la primera, no se habría analizado el tiempo mínimo de servicio
prestado, situación que claramente las diferencia, tal como lo ha explicado la
Corte Constitucional.

De otra parte, no es factible aceptar la tesis aludida por el a quo de que
existió una clara contradicción en las decisiones tomadas por la parte pasiva,
toda vez que, de un lado exaltaba su desempeño en el cargo y de otro,
señaló que no cumplió con sus deberes funcionales, dado que si bien se
demostró que entre los años 2012 a 2013 recibió condecoraciones y
felicitaciones en el grado de general (folios 228 vuelto a 229), ello no es
óbice para que el nominador pueda acudir a la figura de llamamiento a
calificar servicios, que propende, se insiste, por el relevo en la línea
jerárquica en las Fuerzas Militares.

Es de resaltar, que el interesado es quien tiene la carga de la prueba de
demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y que
no cumplió el tiempo de servicio requerido, sino a otras condiciones
particulares que desconocen la finalidad de dicha figura.

Con el fin de demostrar este vicio de nulidad, se decretó y practicó el
testimonio del señor Manuel Gerardo Guzmán Cardozo a solicitud del
demandante quien fue jefe del oficial y manifestó tener una buena amistad
con el libelista. En este punto se advierte que, tanto la entidad demandada
en su escrito de apelación como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado en intervención, manifestaron que el a quo omitió analizar la tacha del
testigo referido.

25 En igual sentido se pronunció esta Subsección al analizar un caso de contornos similares
al aquí expuesto: sentencia del 15 de julio de 2021, radicado: 25000234200020170487101
(5174-2019).

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00275-01 (1979-2019)
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

Al respecto, se observa que el artículo 211 del Código General del Proceso,
en relación con esta figura jurídica dispone:

«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos
o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda.
El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las
circunstancias de cada caso. […]». (Negrillas fuera del texto original).

De esta forma, la tacha es un cuestionamiento que se realiza respecto del
declarante, bien por sus calidades personales, por sus relaciones afectivas o
convencionales con las partes, de modo que su declaración pueda estar
influenciada por elementos ajenos a su simple percepción, lo que lo torna en
«sospechoso».

Son entonces los fundamentos de la tacha: i) la inhabilidad del testigo, ii) las
relaciones afectivas o comerciales, iii) la preparación previa al interrogatorio,
iv) la conducta del testigo durante el interrogatorio, v) el seguimiento de
libretos, vi) la inconsonancia entre las calidades del testigo y su lenguaje y;
vii) la incongruencia entre los hechos narrados.

En línea con lo expuesto, es dable señalar que la manifestación que se
realice en relación con la duda en la imparcialidad del testigo, no genera de
entrada la necesidad de enjuiciar la admisibilidad o no de la prueba, sino que
obliga a examinar con mayor rigor la declaración para verificar que sea
consistente y objetiva.

Sobre el punto, se observa que durante el trámite de la audiencia de pruebas
en la cual se practicó el testimonio del señor Manuel Gerardo Guzmán
Cardozo, la apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
no manifestó de forma clara que tachaba el testigo, sino que procedió a
realizarle unos cuestionamientos al deponente con el fin de verificar si
también había sido desvinculado de la institución militar por llamamiento a
calificar servicios, si fue nombrado en el comunicado de prensa y si cursaba
en la jurisdicción medio de control en contra del acto administrativo que lo
retiró (cd visible a folio 188), a lo cual la respuesta fue positiva.

En este sentido, no es de recibo la afirmación realizada en el recurso de
alzada, en cuanto a que el tribunal de primera instancia haya desatendido tal
duda, en todo caso, se insiste que la tacha no excluye de plano la prueba en
comento, sino que se hace necesario escudriñar sus afirmaciones de manera
estricta y confrontarlas con el material probatorio restante.

Ahora bien, al analizar el dicho del deponente se puede colegir que al
margen de que este hubiera expuesto elementos tendientes a ilustrar las
diferencias que existían entre el general Juan Pablo Rodríguez Barragán en
su calidad de comandante del Ejército, y el demandante, lo cierto es que sus
dichos no conllevan al convencimiento de que el retiro del servicio por
llamamiento a calificar servicios no tuvo como finalidad el relevo
generacional, y que por el contrario, fue producto de situaciones particulares

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adversas a sus intereses, por lo que la decisión de su retiro se debió en su
criterio a una situación como la que pretende demostrar.

Particularmente, en la declaración del testigo, quien afirmó ser jefe y amigo
del libelista, manifestó que estaba convencido de que el nuevo comandante
del Ejército Nacional no quería trabajar con el general Fabricio Cabrera Ortiz
y que por ello ordenó la inspección con el único objetivo de que no la
aprobara, afirmación que es totalmente subjetiva y que no se pudo probar en
el curso del proceso.

Igual examen merece su dicho cuando sostuvo que el comandante general
Rodríguez Barragán le indicó que había que desvincular al libelista, pues
sancionó a un contratista que era amigo del presidente de la República, dado
que esta versión no fue apoyada con la prueba documental pertinente, en
gracia de discusión, se observa que en el acto administrativo de retiro no se
esgrimió ningún argumento al respecto, y en todo caso, el comandante del
Ejército no suscribió el Decreto 646 de 2014 que desvinculó al interesado de
la institución castrense.

De otro lado, arguyó que el nominador aprovechó la coyuntura generada por
el escándalo que exhibió la Revista Semana en el cual se nombró a varios
altos oficiales, entre ellos, al libelista, para desvincular a ciertos mandos o
relevarlos, al respecto, se tiene que es un criterio netamente subjetivo del
testigo, pues no se demostró el nexo causal entre lo informado por el medio
periodístico y su salida del servicio activo.

En este aspecto, se resalta que si bien en el comunicado de prensa del 18 de
febrero de 2014, el Ministerio de Defensa Nacional, informó entre otras
situaciones, que: «Tercero. Dado que se conoció que había personas que por sus
funciones debían haber tomado medidas administrativas, gerenciales y de control
respecto de lo que estaba ocurriendo, y no actuaron con la contundencia necesaria,
así como personas que obtuvieron resultado inferior a lo normal en las inspecciones
administrativas respectivas en los últimos meses, y dados los cambios saldrán del
servicio activo los siguientes oficiales: […]», lo cierto es que en dicho documento
no se esgrimió de manera concreta que el brigadier general no había
actuado de forma contundente frente al escándalo presentado, ni que por
dicha circunstancia era dado de baja, en todo caso, en el acto administrativo
demandado se advirtió que la decisión se tomaba por el incumplimiento de
sus deberes en el ejercicio del cargo, el relevo en el nivel jerárquico y la
observancia del tiempo para ser beneficiario de la asignación de retiro.

En suma, las aserciones del deponente no pueden considerarse como un
elemento que conlleve propiamente a desvirtuar la presunción de legalidad
del acto que retiró del cargo al señor Cabrera Ortiz por llamamiento a calificar
servicios, en este sentido no se encuentra demostrada la desviación de
poder deprecada por la parte activa dentro del sub lite.

Ello se afirma porque la modalidad de retiro en mención, al ostentar un
carácter de discrecional, para su procedencia solo requiere que se acredite el
tiempo de servicios para obtener la asignación de retiro, luego no se
encuentra una relación de causalidad entre los supuestos actos de
persecución por parte del comandante del Ejército Nacional o por el informe
presentado en los medios de comunicación, y la decisión de retirarlo, en
tanto que era viable tan solo al verificar que el demandante era merecedor de

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la prestación aludida.

En efecto, como quedó analizado en apartes anteriores, cuando se alega la
desviación de poder respecto de un acto administrativo por el supuesto
torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del
agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos
suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede
claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el
motivo que lo produjo.

En este contexto se debe señalar que, más allá de la afirmación del libelista,
no obran pruebas que permitan advertir que la finalidad del acto
demandando fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia o que la
intención del retiro fue ajena al relevo jerárquico del mando.

Es necesario destacar que el excelente desempeño de las funciones del
demandante, situación que lo hizo merecedor de felicitaciones,
condecoraciones y reconocimientos, tampoco le brinda un fuero de
estabilidad adicional, que le impida ser retirado por la causal en mención,
pues como se dijo, el cumplimiento de esta característica se entiende como
connatural al ejercicio de la labor militar.

Por último, en relación con el argumento esbozado por el a quo en cuanto a
que se le vulneraron sus derechos de defensa y contradicción al haberse
plasmado en el acto de retiro que se encontraron inconsistencias que
permitían iniciar las acciones legales pertinentes, lo cierto es que no se
vulneró su derecho de defensa en la medida en que para la expedición del
acto demandado hubo ceñimiento al debido proceso que conllevaba la
materialización de la causal del llamamiento y la confrontación de los
requisitos para acceder a la asignación de retiro, al igual que se le notificó al
demandante la decisión y es esa la verificación que se debe realizar porque
en todo caso, las circunstancias invocadas de los trámites para iniciar
investigaciones, no son del resorte del acto de desvinculación bajo la causal
en mención, son externos o ajenos al contenido del objeto de la legalidad en
esta jurisdicción, pues si bien en aquel se esgrimieron ciertas
inconformidades respecto de su desempeño, su retiro del servicio obedeció a
la observancia de las exigencias normativas para la procedencia de la
desvinculación por la tan mentada facultad, como causa legal de ello,
invocada en el acto.

Se destaca que la desvinculación del libelista a través del acto demandado,
no fue producto de una sanción, sino que deviene de un acto discrecional
que el legislador previó como causal de retiro el cual se demostró que está
válidamente justificado en el cumplimiento de unos requisitos legales y los
señalamientos respecto de los deberes funcionales del demandante que no
deslegitiman la existencia las exigencias que se colmaron legalmente.

La Sala reitera que, para la procedencia de la figura del llamamiento a
calificar servicios respecto de los oficiales en grado de general, solo se
requiere el cumplimiento del tiempo de servicios para obtener la asignación
de retiro, conforme a ello, no se encuentra una relación de causalidad entre
los logros laborales del demandante y la decisión de retirarlo, en tanto que
para esta era requisito, únicamente, verificar que era merecedor de la
prestación social.
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Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

En consecuencia, en el presente caso no se demostraron los vicios de
ilegalidad invocadas en contra del acto administrativo demandado mediante
el cual se ordenó el retiro del servicio del demandante, contrario a lo
considerado por el tribunal de primera instancia.

En conclusión: el señor Fabricio Cabrera Ortiz no demostró que el Decreto
646 del 28 de marzo de 2014, a través de la cual fue retirado del servicio, no
hubiera sido adecuado a los fines de la norma que consagra el llamamiento a
calificar servicios o que contenía finalidades ocultas, distintas a las previstas
en los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, por lo que la
presunción de legalidad no fue desvirtuada.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia proferida el 6 de
septiembre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, habida cuenta de que prosperan los
argumentos del recurso de apelación presentado por la entidad demandada y
coadyuvado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas de segunda instancia

Esta subsección26 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –
CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

26 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante:

María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00275-01 (1979-2019)
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por
éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP27, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público28.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas a la parte demandante en ambas instancias, en la medida que
conforme el ordinal 4.º del artículo 365 del CGP, resulta vencida en el
proceso y se revocará en forma total la sentencia apelada. Las costas serán
liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2018, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió el señor Fabricio Cabrera Ortiz contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional.

En su lugar:

Segundo: Denegar las pretensiones de la demanda.

Tercero: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante y
a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Cuarto: Aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada Angélica
María Vélez González identificada con cédula de ciudadanía 52.852.174 y
portadora de la tarjeta profesional 158.365 del Consejo Superior de la

27 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de

manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]»
28 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés

público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»

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35
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00275-01 (1979-2019)
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz

Judicatura como apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, según documento visible en índice 23 de SAMAI.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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