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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05622-00

Fecha
19 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05622-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por Fabricio Cabrera Ortiz contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud y/o recurso contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin6. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05622-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 19 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05622-00
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia mediante la
cual la autoridad judicial accionada revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó
las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Fabricio Cabrera Ortiz
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 18 de octubre de 2024, Fabricio Cabrera Ortiz, por medio de
apoderado, presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción) y
honra con ocasión de la Sentencia de 10 de marzo de 2022, proferida dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-
2015-00275-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERA: DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia de fecha 10 de marzo de
2022, que revoco la sentencia proferida el día 6 de septiembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05622-00
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración Emita la ORDEN
de una nueva sentencia que CONFIRME la sentencia proferida el día 6 de
septiembre de 2018 por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, y se restablezcan todos los derechos vulnerados, la
reparación de los derechos fundamentales de mi poderdante el Señor Brigadier
General FABRICIO CABRERA ORTIZ.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración se restablezca el
derecho de mi poderdante el Señor Brigadier General FABRICIO CABRERA ORTIZ,
ordenando su reintegro sin solución de continuidad al Ejército Nacional al cargo
y grado que venía desempeñando y que tenía hasta la fecha de su retiro del
servicio activo y que se reconozcan los ascensos correspondientes, conforme a
los reglamentos internos, desde el momento de su desvinculación y hasta que
se efectúe el reintegro.

CUARTO: Que se condene a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, a pagar
al señor Brigadier General FABRICIO CABRERA ORTIZ o a quien represente sus
derechos, todos los dineros que se le dejaron de cancelar, desde la fecha de
su retiro y hasta la fecha de su reintegro, por concepto de salarios, prestaciones,
bonificaciones, primas y demás emolumentos a que tenía derecho como oficial
en servicio activo, teniendo en cuenta para ello el reconocimiento de los
ascensos correspondientes, conforme a los reglamentos internos, desde el
momento de su no ascenso y posterior desvinculación y hasta que se efectúe
el reintegro, sin que haya lugar a realizar ningún tipo de descuento por
concepto de los dineros recibidos a título de asignación de retiro. Pido que
dichas sumas comprendan el valor de los aumentos salariales decretados con
posterioridad a su retiro y que sus valores sean pagados en los términos
establecidos en el artículo 192 del CPACA.

QUINTO: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
establecido por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: Que se condene a la parte demandada.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) El 16 de enero de 2015, Fabricio Cabrera Ortiz presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejercito Nacional. El señor Cabrera Ortiz solicitó la
nulidad del Decreto 646 de 28 de marzo de 2014, mediante el cual la
entidad accionada lo retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares –
Ejercito Nacional, en forma temporal con pase a la reserva por llamamiento
a calificar servicios.

5. 2) La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante Sentencia de 6 de septiembre de 2018,
accedió a las pretensiones de la demanda, al determinar que la decisión
de retiro del acto administrativo no fue proporcional a los hechos que se
encontraban reflejados y probados en el expediente, pues el señor Cabrera
Ortiz demostró que prestó un excelente servicio durante todo el tiempo en
que se desempeñó como Brigadier General y se dejó en evidencia que la
entidad intentó disfrazar su retiro con la figura de llamamiento a calificar

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05622-00
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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servicio, al aducir que no cumplió con sus funciones y obligaciones en dicho
grado.

6. Señaló que si lo que pretendía la administración era retirar del servicio
activo al señor Cabrera Ortiz con fundamento en afirmaciones respecto a
irregularidades en la prestación del servicio, debió utilizar el proceso
disciplinario para poder llegar esa conclusión, sin embargo, al no iniciar el
proceso se vulneró el derecho a la defensa de la parte actora. Aclaró que
se configuró una falsa motivación en el acto administrativo de retiro, porque
este se fundó en posibles faltas disciplinarias y omisiones administrativas en
las que aparentemente incurrió el señor Cabrera Ortiz en el desempeño de
sus funciones mientras ejercía su cargo en la entidad enjuiciada, dando un
alcance diferente al objeto del llamamiento a calificar servicios.

7. 3) Inconforme con dicha decisión, la parte demandada presentó
recurso de apelación en el que argumentó que el Decreto 646 de 28 de
marzo de 2014 fue expedido con fundamento en los artículos 88, 100 y 103
del Decreto 1790 de 2000, disposiciones que permiten el retiro por
llamamiento a calificar servicios cuando el miembro de la Fuerza Pública
cumple los requisitos para ser beneficiario de la asignación de retiro, como
en efecto ocurrió en el presente proceso. Respecto a la afirmación sobre
que debió iniciar un proceso disciplinario recalcó que sería imposible acudir
a dicha figura cuando preexistiera una situación problemática en la que se
encontraba inmerso el personal llamado a retiro, pues se ataría a la entidad
a motivar el acto administrativo, lo cual no es propio del llamamiento a
calificar servicios. Añadió que no existió vulneración del derecho de defensa
porque el retiro del servicio no fue producto de una sanción, sino que se trató
de un acto discrecional debidamente fundamentado en el cumplimiento
de requisitos legales, y las observaciones sobre los deberes funcionales del
demandante no desvirtuaron la legitimidad de las exigencias que fueron
cumplidas conforme con la ley.

8. 4) Mediante Sentencia de 10 de marzo de 2022, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones. Señaló que una de las
causales para efectuar el retiro del personal de las Fuerzas Militares era el
llamamiento a calificar servicios y, la única exigencia que se requiere para
disponer esta medida, era que el oficial o suboficial haya cumplido los
requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro, además para
acudir a esta causal no se necesitaba motivación en consideración a que
ella estaba dada expresamente por la ley. Encontró que el acto se ajustó a
la motivación que exigían los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000,
para sustentar el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios de la
parte actora.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05622-00
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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9. Advirtió que aunque en el acto administrativo enjuiciado se
esgrimieron razones respecto de falencias en el desempeño del cargo, las
cuales no fueron probadas en el plenario, el acto de retiro sí atendió la
normativa aplicable de garantizar el relevo del personal uniformado y el
derecho a la asignación de retiro. Afirmó que, contrario a lo dispuesto por el
tribunal, no se vislumbró en el Decreto 646 de 28 de marzo de 2014 que la
entidad nominadora haya utilizado la causal de retiro por voluntad del
gobierno regulada en el artículo 104 del Decreto 1790 de 2000, y no la de
llamamiento a calificar servicios, para desvincular al señor Cabrera Ortiz.

10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado pasó por alto
que el Decreto 646 de 28 de marzo de 2014, mediante el cual se ordenó el
retiro del Brigadier General Fabricio Cabrera Ortiz, por llamamiento a
calificar servicios, se encontraba viciado de nulidad ya que su motivación
no fue el relevo normal que hace la Institución militar, sino unas presuntas
irregularidades denominadas incumplimiento de sus deberes funcionales,
que no se investigaron ni probaron en el trámite de segunda instancia.
Manifestó que mediante el recurso de apelación se indujo a error al juez de
segunda instancia, pues, no se presentaron pruebas que demostraran la
corrección de todas las irregularidades que contenía el acto administrativo
de retiro, principalmente las relacionadas con la expresión incumplimiento
de sus deberes funcionales.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B, allegó copia integra del expediente No. 2500-23-42-000-2015-
00278-00, pero guardó silencio respecto a la acción de tutela.

12. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, pese haber sido
notificados en debida forma3, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2 Mediante Auto de 22 de octubre de 2024, (1) se admitió la acción de tutela y se tuvo como demandado la

Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y (3) se vinculó a la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional,
como terceros con interés en el asunto.
3 Índice 00007 del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05622-00
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

13. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de inmediatez, por los motivos que pasan a explicarse.

14. La Corte Constitucional4 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma. Aunado a ello, en
relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.

15. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.

16. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 20145, estableció, como regla general, que
el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia objeto de
reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte Constitucional,
sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá evaluarse este
requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.

17. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.

18. En el presente caso, resulta claro que la solicitud de amparo está
orientada a que se deje sin efectos la Sentencia de 10 de marzo de 2022

4 Sentencia SU-018 de 2018.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia

jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05622-00
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2500-23-
42-000-2015-00278-01, por lo que, al revisar el expediente de dicho proceso,
la Sala logró acreditar que la providencia enjuiciada fue notificada el 31 de
marzo de 2022.

19. Así las cosas, se tiene que, entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada (31 de marzo de 2022) y la presentación de la acción
de tutela (18 de octubre de 2024) transcurrieron poco más de 2 años y 6
meses, por lo que el plazo que dejó correr la parte actora para acudir ante
el juez de tutela con el propósito de solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales, de cara a la decisión de segunda instancia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no resultó ser
razonable.

20. Adicionalmente, la Sala no pasa por alto que la parte actora alegó
(se trascribe):

“EN CUANTO AL REQUISITO DE INMEDIATEZ, es importante informar al CONSEJO
DE ESTADO, Las circunstancias: que existieron como fueron caso fortuito y fuerza
mayor, toda vez que al demandante señor FABRICIO CABRERA ORTIZ, le
sucedieron varias acontecimientos graves como fue la muerte de su hija
(Q.E.P.D.) ANDREA CABRERA MARTINEZ el día 4 de febrero de 2018 le echaron
éxtasis en el licor y le termina produciendo la muerte, situación que aún lo tiene
muy afectado psicológicamente, en ese mismo año 2018 le descubrieron un
cáncer muy agresivo de próstata al demandante del cual tuvieron que operar
de emergencia, en año 2019 le hicieron 40 radioterapias tratamiento que duró
hasta el año 2022 con bloqueadores hormonales este tratamiento le produjo
depresión, dolor de articulaciones, principio de osteoporosis, después tuvo
desprendimiento de retina del cual fue operado tres veces aún se encuentra
en recuperación, anexare certificado de defunción de la hija ANDREA
CABRERA MARTINEZ, historias clínicas que demuestran todas las enfermedades.

Por ultimo le otorgo poder al abogado HOLLMAN IBAÑEZ PARRA, el día 30 de
septiembre del año 2022 para que invocara acción de tutela contra el fallo
judicial proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección A, de fecha 10 de marzo de 2022, pero dice el demandante señor
FABRICIO CABRERA ORTIZ que el abogado no dio cumplimiento al mandato y
al poder que le otorgo para que radicara la acción de tutela, por esos motivos
anteriormente relatados de fuerza mayor y caso fortuito e incumplimiento del
profesional del derecho no se invocó la acción de tutela”,

21. Sobre el particular, se advierte que, pese a las diferentes
circunstancias alegadas por la parte actora y la historia clínica aportada
que da cuenta de ciertas enfermedades, lo cierto es que con ello no
demostró una situación de debilidad o que le impidiera acudir
oportunamente ante el juez de tutela con el fin de cuestionar la providencia
por medio de la cual la autoridad judicial accionada revocó la decisión de
primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05622-00
Demandante: Fabricio Cabrera Ortiz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

2.2. Conclusión

22. Tras corroborar que no se superó el requisito de inmediatez, la Sala se
abstendrá de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad y
declarará la improcedencia de la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Fabricio Cabrera Ortiz contra la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud y/o recurso contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin6.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

6 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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