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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05675-01

Retiro por llamamiento a calificar servicios: no requiere motivación

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05675-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 12 de abril de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Albeiro Castellanos Moreno contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo. Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05675-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

22 de julio de 2021

RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS- No requiere motivación / BUEN DESEMPEÑO - No enerva la facultad discrecional / LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS- Requisitos / FALSA MOTIVACIÓN – Causales de configuración

[D]adas las particularidades del llamamiento a calificar servicios, principalmente, el hecho de que es reconocida como una manera decorosa de culminación de servicios en la Fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro. En efecto, el buen cumplimiento de las funciones, ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo . De igual forma, también se ha precisado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se permite que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía disfruten de la asignación de retiro .Bajo esa óptica, la causal de llamamiento a calificar no requiere motivación en consideración a que ella está dada expresamente por la ley y para que proceda solamente es necesario que el militar demuestre: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional. (…) [L]a falsa motivación del acto ocurre cuando: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen, y iv) razones que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión. En lo que se refiere al acto administrativo de llamamiento a calificar servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es procedente, que existe concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, según la normativa analizada en precedencia. NOTA DE RELATORIA: En cuanto al llamamiento a calificar servicios, ver: Corte Constitucional, sentencia C-072 de 1995, Ref. D-1044, 1045 y 1046. Frente al mismo tema, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 21 de noviembre de 2013, Rad. 760012331000200501375 01 (0197-2013). Frente a cuando se configura la falsa motivación de un acto administrativo, ver: C. de E, Sección Primera, Sentencia del 14 de abril de 2016, Rad. 25000232400020080026501.

FUENTE FORMAL: LEY 857 2003 - ARTÍCULO 1 / LEY 857 2003 – ARTÍCULO 55 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138

RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS / DESVIACIÓN DE PODER DEL ACTO DE RETIRO / CARGA DE LA PRUEBA

[E]n este caso la definición de la existencia de un vicio de poder transita por llegar a la convicción de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración. (…) [L]a Sala encuentra que, (…), la motivación exigible para el llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicios para ser acreedor de la asignación de retiro, que se encuentran plenamente satisfechos en el expediente, pues según se desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado a la Policía Nacional por más de 20 años (y conforme al artículo 1.° del Decreto 1157 de 2014, se exigen 15 años, por esta causal) oo, en su defecto, 18 años que prevé el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004. Además de ello, su retiro como miembro de la Policía Nacional en el grado de oficial contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional. (…) [E]l llamamiento a calificar servicios constituye una garantía para el miembro de la Fuerza Pública que es desvinculado, para disfrutar de su asignación de retiro así como a continuar con sus derechos a la seguridad social, bienestar y recreación. Se destaca que, al analizar el acto administrativo enjuiciado, aquel atendió la normativa aplicable, esto es, garantizar el relevo del personal uniformado y el derecho a la asignación de retiro del libelista. (…) En efecto, como quedó analizado en apartes anteriores, cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo produjo. En este contexto se debe señalar que, más allá de la afirmación del libelista, no obran pruebas que permitan advertir que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al relevo jerárquico del mando. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la diferencia entre el llamamiento a calificar servicios y el retiro discrecional, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016. En relación con la carga de acreditar la desviación de poder, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 23 de febrero de 2011; Rad.170012331000200301412 02(0734-10). Sobre la desviación de poder, ver: C. de E, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009, Rad. 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 6 / DECRETO 1157 DE 2014 - ARTÍCULO 1 / LEY 857 DE 2003 - ARTÍCULO 1 / LEY 857 DE 2003 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 1791 DE 2000 / DECRETO 4433 DE 2004 - ARTÍCULO 24

RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS / EL BUEN DESEMPEÑO NO EXIME DE SER LLAMADO A CALIFICAR SERVICIOS / DESIGNACIÓN DE ASCENSO – Facultad discrecional

[La Sala reitera, que para la procedencia de la figura del llamamiento a calificar servicios respecto de los oficiales, solo se requiere el cumplimiento del tiempo de servicios para obtener la asignación de retiro y una recomendación previa de la Junta Asesora. Conforme a ello, no se encuentra una relación de causalidad entre los logros laborales del demandante y la decisión de retirarlo, en tanto que para esta era requisito, únicamente, verificar que era merecedor de la prestación social y la recomendación aludida. En tal medida y por virtud de dicha prerrogativa, la institución policial puede ascender a unos miembros y retirar a otros, por razones de necesidad y de conveniencia. Ello debido a que no le es posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de ser ascendidos, en tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos. También se insiste en que, por la estructura piramidal de la Poliía Nacional, no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor policial o represente una persecución en contra del personal no escogido, tesis que ha sido pacífica por parte de esta Subsección. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la facultad discrecional de ascenso de miembros de la Policía Nacional, ver: C. de E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 10 de noviembre de 2009, Rad. 0145-2005. En relación a la conservación de la estructura piramidal de la Policía Nacional y la decisión de ascenso, ver: C. de E, Sentencia del 27 de junio de 2018, Rad. 17001-23-33-000-2013-00602-01(0667-15)

FUENTE FORMAL: DECRETO 1791 DE 2000 - ARTÍCULO 21

CONDENA EN COSTAS - Criterio objetivo valorativo

[E]sta Subsección sentó posición en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas (…). [L]a condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público. Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad. En el caso de marras, el a quo condenó en costas a la parte demandante, por considerar que fue vencida en el proceso a la luz de lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011 en concordancia con lo regulado en el artículo 365 del CGP, en virtud a que se denegaron las pretensiones (folio 378). Al respecto, resulta claro que contrario a lo aludido por el libelista las costas sí se causaron, dado que en primera instancia no prosperaron las súplicas de la demanda, encaminadas al reintegro y llamamiento a curso de teniente coronel. Aunado a ello, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional debió acudir a una defensa a través de apoderado para contestar la demanda, asistir a las audiencias del proceso y presentar alegatos, aspectos que, bajo el criterio objetivo valorativo enunciado, hacen necesaria la condena en costas en su contra, por cuanto dicho supuesto se enmarca en el previsto por el artículo 365, numeral 1.° del CGP , esto es, incurrió en gastos y la defensa técnica asignada para este asunto. Conforme a lo anterior, y contrario a lo reseñado por lo demandante no es necesario para su causación que se demuestre la mala fe o conducta temeraria, toda vez que se debe advertir que existió una parte vencida y que la contraparte incurrió en gastos procesales para la respectiva condena, como ocurrió en el sub lite. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la condena en constas en vigencia del CPACA, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2019, Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2016-05675-01(1476-19)

Actor: ALBEIRO CASTELLANOS MORENO

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: Retiro del servicio. Llamamiento a calificar servicios. Improcedente reintegro. No se demostró la falsa motivación o desviación de poder del acto de retiro.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-157-2021

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Albeiro Castellanos Moreno, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (folios 4 y 5)

Que se declare la nulidad de la Resolución 5185 de junio 13 de 2016, mediante la cual el Ministerio de Defensa retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares e incluyó en forma temporal con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios al demandante, sin cumplir en su integridad con el fallo del Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que ordenó el reintegro al servicio activo del oficial Albeiro Castellanos Moreno, providencia que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada disponer el reintegro del señor Castellanos Moreno al mismo grado del cual fue retirado o a otro de igual jerarquía, o que por lo menos se le permita como a sus compañeros de curso, en sus mismas condiciones, realizar los estudios superiores para obtener el ascenso al grado que ostentan aquellos y con la antigüedad que le corresponde.

Que se le otorgue la oportunidad de agotar todos los requisitos de ley, teniendo en cuenta que el demandante no ha obtenido el nivel y estatus de los compañeros de curso y que la Policía Nacional atienda al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Se conmine a la demandada al pago de todos los sueldos, sobresueldos, primas, bonificaciones, y demás emolumentos dejados de percibir por el libelista, como consecuencia «de la negativa de la institución de no permitirle su ascenso al grado de teniente coronel, como sí lo tuvieron sus compañeros, así como también por su llamamiento a calificar servicios».

Que para todos los efectos legales, relacionados con prestaciones sociales y tiempo de servicio, se considere que no ha existido solución de continuidad.

Que se condene a la Policía Nacional al pago de 100 salarios mínimos legales vigentes a título de perjuicios morales, debido al sufrimiento y aflicción que le ha causado ver truncadas sus aspiraciones de ascenso dentro de la institución.

Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del CPACA.

Supuestos fácticos relevantes (folios 1 a 4)

El señor Albeiro Castellanos Moreno, ingresó a la Escuela de Policía General Santander, en el año de 1993 y se graduó como oficial de la Policía Nacional en el año de 1995 en grado de subteniente, y así sucesivamente hasta ostentar el de capitán.

El demandante fue retirado del servicio activo mediante Decreto 4722 del 6 de diciembre de 2007, el cual se produjo por voluntad del Gobierno Nacional.

En virtud de lo anterior, el señor Castellanos Moreno interpuso demanda a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Policía Nacional, con el fin de que fuera reintegrado al servicio activo en la mencionada institución.

El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín a través de sentencia del 8 de octubre de 2010, ordenó el reintegro al servicio activo del señor Albeiro Castellanos Moreno, así como el pago de lo dejado de devengar desde la fecha del retiro hasta que se hiciera efectivo el reintegro, entre otras, en el ordinal cuarto declaró que para todos los efectos, no existió solución de continuidad.

La anterior decisión fue confirmada en su integridad por la sentencia dictada el 4 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Décima de Decisión.

Mediante Decreto 2569 del 10 de diciembre de 2012, proferido por el director general de la Policía Nacional, el oficial Castellanos Moreno fue reintegrado a la institución policial en el grado de capitán.

Posterior a ello, el demandante fue ascendido a mayor mediante Decreto 1129 del 31 de mayo de 2013. No obstante, los compañeros del demandante quienes son curso 067 de oficiales de la Policía Nacional, al cual pertenece el libelista, ascendieron al grado de teniente coronel mediante Decreto 2774 del 29 noviembre de 2013.

A través de petición del 25 de julio de 2014 el oficial Castellanos Moreno solicitó ante el director general de la Policía Nacional que se le llamara a concurso y curso con el fin de obtener el grado de teniente coronel para que se le igualara o nivelara con los compañeros de su curso o promoción.

La Dirección de Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional mediante Oficio S-2014-002897 ADEHU-GRUAS-1.10, resolvió de forma negativa la petición, al considerar que el oficial Castellanos Moreno no cumplía con la totalidad de requisitos trazados en las normas especiales que rigen el proceso de ascensos del personal al interior de la Policía Nacional.

Debido a esta negativa, el libelista interpuso acción de tutela el 22 de septiembre de 2014, la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, mediante fallo del 6 de octubre de 2014, quien tuteló los derechos a la igualdad y al debido proceso, y en consecuencia, ordenó a la Policía Nacional verificara si el accionante cumplía con los demás requisitos para ser llamado a curso teniendo en cuenta el tiempo que se mantuvo fuera del servicio.

Mediante Acta 010 del 8 de julio de 2015, la Junta de Evaluación y Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional, acordó no recomendar la selección del mayor Castellanos Moreno para que realizara el concurso previo al curso de ascenso. Concepto que fue acogido a través de Acta 001 del 9 de julio de 2015, por parte de la Junta de Generales de la Policía Nacional.

De igual forma, a través del Acta 016 del 14 de julio de 2015, la Junta Asesora del Ministerio Defensa Nacional para la Policía Nacional, acordó por unanimidad no recomendar el nombre del aquí demandante para realizar el concurso previo al curso de capacitación para el ascenso.

Frente a la anterior decisión, el oficial Castellanos Moreno mediante escrito fechado 24 de agosto de 2015, solicitó la revisión y reconsideración, la cual fue desatada por medio de Oficio S-2015-310809 ADEHU GRUAS 1.10, del 20 de octubre de 2015, en el cual se confirmó la decisión adoptada en el Acta 016 del 14 de julio de 2015.

El 22 de junio de 2016 el señor Albeiro Castellanos Moreno fue notificado de su retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios, según el Decreto 5185 del 13 de junio de 2016.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 1.º de marzo de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«La entidad demandada no propuso excepciones previas.

Ahora, sobre las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, señaladas por el numeral 6.° del artículo 180 del CPACA, no se encuentra acreditada su configuración en el plenario, por lo que no prosperan como excepciones previas.». (Folio 322 y CD visible a folio 320 del plenario).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«El litigio se contrae a determinar, según los presupuestos fácticos que se prueben y las normas aplicables al caso, si la Resolución 5185 del 13 de junio de 2016, proferida por el Ministerio de Defensa Nacional, estaba ajustada al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, se encuentra viciada de nulidad y por tanto, el demandante tiene derecho a ser reintegrado al servicio y ascendido al grado de teniente coronel de la Policía Nacional, con el respectivo reconocimiento y pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el retiro hasta el reintegro efectivo.». (Folios 322 y 323 y CD que reposa a folio 320 del expediente).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

SENTENCIA APELADA
(Folios 354 a 379)

El a quo profirió sentencia escrita el 12 de abril de 2018, por medio de la cual denegó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:

Inicialmente, el tribunal de primera instancia analizó el marco normativo que regula el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, para señalar que esta facultad constituía una potestad discrecional legítima de Gobierno Nacional, con el fin de permitir la renovación del personal de la Fuerza Pública, que por su naturaleza, no requería motivación alguna, en virtud a que se presumía ejercida en aras del buen servicio, empero, se diferenciaba de otras formas del retiro, en cuanto a que se encontraba sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos de orden objetivo a saber: i) que el oficial haya cumplido el tiempo de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro y; ii) que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional haya dado su concepto previo favorable.

Al respecto, indicó que el demandante argumentó que durante su vinculación en la institución cumplió a cabalidad con el servicio prestado sin ser susceptible de sanciones disciplinarias, no obstante, dichas circunstancias no generaban por sí solas una estabilidad o privilegio de permanencia en el cargo, pues lo normal es el cumplimiento de los deberes por parte del funcionario, tal y como lo había reiterado el Consejo de Estado en frecuente jurisprudencia.

Bajo esa intelección, advirtió que el demandante no probó el cargo endilgado a la demandada de desviación de poder, habida cuenta de que no existía en el plenario prueba alguna que acreditara que su retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios, no cumplió con el fin de mejoramiento del buen servicio, teniendo en cuenta que esta facultad atendía a la naturaleza piramidal de la Policía Nacional, que dada su visión y misión, debía propender por el relevo generacional dentro de la línea jerárquica, motivo por el cual, no todos los oficiales con excelente desempeño logran ascender.

Asimismo, hizo énfasis en que el retiro del servicio activo del demandante tuvo en cuenta el procedimiento fijado para ello, pues en el plenario reposaba copia del Acta 008 del 11 de abril de 2016 y la Resolución 7221 del 28 de septiembre 2016, actos administrativos en los cuales se recomendó el retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios al señor Albeiro Castellanos Moreno, en esta medida, no existía violación al debido proceso, ni tampoco se configuró discriminación o persecución laboral, como lo afirmaba el libelista en el libelo introductor.

En consonancia con lo anterior, el a quo señaló que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto de retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios. Finalmente, condenó en costas al demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 389 a 396)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada y se acceda a las pretensiones de la demanda. Para ello, efectuó un recuento de los fundamentos fácticos en los cuales se sustentó el presente medio de control, y a su vez, destacó las diversas actuaciones y trámites surtidos en aras de lograr el ascenso y reintegro solicitados en el caso bajo estudio.

Al respecto recalcó que, el despacho de primera instancia, no efectuó un análisis de fondo de las circunstancias por las cuales se consideró que existía un incumplimiento a la sentencia que ordenó el reintegro del libelista al servicio activo. Agregó, que si bien, el acto administrativo enjuiciado goza de presunción de legalidad y tiene de igual manera respaldo constitucional en virtud de la sentencia SU-091 de 2016, también es cierto, que por parte de la entidad demandada se incumplió con la orden de ascenderlo al mismo grado al cual fueron promovidos sus compañeros de curso.

Bajo esa óptica, manifestó que en esta instancia, se debían estudiar de forma detallada los pormenores que originaron este medio de control, y en consecuencia, se declare que la Policía Nacional no dio cumplimiento íntegro a los fallos emitidos por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordenaron el reintegro al servicio activo del oficial Albeiro Castellanos Moreno, pues omitieron su ascenso al grado de teniente coronel, situación que sí ocurrió con sus compañeros de curso.

De otra parte, en relación con la condena en costas señaló que debía observarse lo regulado por el artículo 365 del CGP y por consiguiente, si bien pudieron haberse causado, no se probó su ocurrencia durante el trámite procesal por parte de la entidad demandada, debido a que no basta su sola enunciación y solicitud, toda vez que era necesario que se demostrara su ocurrencia y causación.

Por último, solicitó que se tengan en cuenta los principios de favorabilidad y pro homine al momento de dictar la sentencia de segunda instancia, con la finalidad de prevenir afectaciones a derechos fundamentales al libelista, a quien de manera ilegal la Policía Nacional, prescindió de ascenderlo al grado que correspondía.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La entidad demandada (folios 420 a 430): destacó que la actuación realizada por parte de la Policía Nacional se acompasa con lo expuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en lo atinente al llamamiento a calificar servicios del señor Castellanos Moreno y por ende, actuó en consonancia con lo fijado por la Constitución Política y las normas vigentes aplicables, como lo son la Ley 857 de 2003, el Decreto 1157 de 2014, así como lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-091 de 2016.

De igual manera, puntualizó que el llamamiento a calificar servicios no requiere de una motivación expresa, aunado a ello, existió una recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de Defensa Nacional en la cual, se dictaminó no ascender al demandante, actuación que fue convalidada y confirmada posteriormente. En este sentido, peticionó se confirme la sentencia de primera instancia.

La parte demandante (folios 431 a 438): reprodujo los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según constancia secretarial visible a folio 439 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la respectiva alzada. En el presente caso solo presentó la impugnación vertical la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:

¿El acto de retiro del servicio del señor Albeiro Castellanos Moreno por llamamiento a calificar servicios, se ajustó a las exigencias legales y jurisprudenciales fijadas para este tipo de decisiones dentro de la Policía Nacional o, por el contrario, la entidad demandada incurrió en la desviación de poder o falsa motivación que alega el demandante?
¿Procedía la condena en costas de primera instancia impuesta al demandante?

Primer problema jurídico

¿El acto de retiro del servicio del señor Albeiro Castellanos Moreno por llamamiento a calificar servicios, se ajustó a las exigencias legales y jurisprudenciales fijadas para este tipo de decisiones dentro de la Policía Nacional o, por el contrario, la entidad demandada incurrió en la desviación de poder o falsa motivación que alega el demandante?

Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá la siguiente: el demandante no logró probar que el acto administrativo a través del cual fue retirado del servicio no hubiera sido adecuado a los fines que consagra el llamamiento a calificar servicios o que contenía finalidades ocultas, distintas a las previstas en los artículos artículos 1.º y 3.º de la Ley 857 de 2003, que modificó el Decreto 1791 de 2000, por lo que la presunción de legalidad no fue desvirtuada, como se sustenta a continuación:

Del retiro del personal de la Policía Nacional

El artículo 1.º de la Ley 857 2003, previó lo siguiente:

«Artículo 1.º Retiro. El retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el Gobierno Nacional. El ejercicio de esta facultad, podrá ser delegada en el Ministro de Defensa Nacional hasta el grado de Teniente Coronel.

El retiro de los Suboficiales se efectuará a través de resolución expedida por el Director General de la Policía Nacional.

El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los demás grados, en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, cuando no supere la escala de medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte.».

Dentro de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 2000, modificado por el artículo 2.º por la Ley 857 de 2003, se encuentra el «llamamiento a calificar servicios». Consagra la norma lo siguiente:

Artículo 55. Causales de retiro. El retiro se produce por las siguientes causales:

1. Por solicitud propia.
2. Por llamamiento a calificar servicios.
3. Por disminución de la capacidad sicofísica.
4. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.
5. Por destitución.
6. Por voluntad y del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo y los agentes.
7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del Desempeño Policial.
8. Por incapacidad académica.
9. Por desaparecimiento.
10. Por muerte. (Se destaca).

A su vez, el artículo 3.º de la aludida ley señaló: «El personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, sólo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro». (Resaltado de la Sala).

Conforme a la normativa en cita, se observa que una de las causales para efectuar el retiro del personal de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, es el llamamiento a calificar servicios y la única exigencia que se requiere para disponer esta medida es que el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro. Aunado a ello, para el caso de los oficiales, se necesita el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
Retiro por llamamiento a calificar servicios

Al respecto ha considerado la Corte Constitucional que el retiro del personal uniformado de la Fuerza Pública por llamamiento a calificar servicios es una forma normal de retiro del servicio activo cuando se cumple el requisito de tiempo de servicio, para permitirle al uniformado ser beneficiario de la asignación de retiro.

La causal de retiro en comento, se constituye en un instrumento importante para la administración, que permite el relevo generacional dentro de la línea jerárquica que supone el ascenso de algunos miembros y la separación del servicio de otros, de ahí la especial connotación que adquiere frente a otras formas de retiro laboral. Tal característica ha sido objeto de análisis de la jurisprudencia en varias oportunidades. En efecto, la Corte Constitucional sostuvo:

«[…] "calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio. […]» (Resaltado intencional).

Igualmente, el pronunciamiento contenido en la sentencia SU-091 de 2016 se refirió al tema de motivación en el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios para indicar que en este caso, aquella está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos, a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, regla que en la sentencia SU-217 de 2016, juzgó conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial. […]».

En esta última providencia la Corte Constitucional hizo énfasis en que la ley «[…] no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar […]», de manera que es claro que no es exigible que el nominador exponga razones adicionales para la adopción de la decisión.

Por su parte el Consejo de Estado ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, cuya materialización depende de las necesidades del servicio, atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal, en desarrollo de la cual el nominador tiene libertad para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.

Por otro lado, frente a la motivación del acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicios, el Consejo de Estado ha considerado:

«[…] El retiro por llamamiento a calificar servicios se produce en ejercicio de una facultad discrecional, la cual por su naturaleza no requiere motivación, se presume ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre.
[…]

Insiste la Sala, es incuestionable que el Gobierno Nacional está autorizado por la Ley para retirar (por llamamiento a calificar servicios) a los oficiales, después de haber cumplido quince (15) o más años de servicio, facultad que, como ya se hizo precisión, se presume ejercida en beneficio del buen servicio público. […]»

En consecuencia, según el criterio del Consejo de Estado no debe motivarse expresamente el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales, dado que se presume expedido con la finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen servicio.

Ahora bien, dadas las particularidades del llamamiento a calificar servicios, principalmente, el hecho de que es reconocida como una manera decorosa de culminación de servicios en la Fuerza, esta jurisdicción sostuvo que un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro. En efecto, el buen cumplimiento de las funciones, ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo.

De igual forma, también se ha precisado que el retiro por llamamiento a calificar servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por el cual se permite que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía disfruten de la asignación de retiro.

Bajo esa óptica, la causal de llamamiento a calificar no requiere motivación en consideración a que ella está dada expresamente por la ley y para que proceda solamente es necesario que el militar demuestre: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro, además del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional.

Colofón, el acto administrativo mediante el cual se retira del servicio a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía con ocasión de la prerrogativa de llamamiento a calificar servicios, no debe motivarse, empero, cuando como en este caso, se advierten sus fundamentos, el juez debe analizar aquellos, con el fin de verificar si la administración atendió los límites legales y constitucionales.

De la falsa motivación

Conforme a los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que consagran los medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, los actos administrativos pueden ser impugnados, entre otras causales, por falsa motivación del acto.

En este sentido, el Consejo de Estado ha indicado que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo invalida, llamado falsa motivación.

Por ello, ha explicado que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento causal de la decisión, relacionado con los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición y, por lo tanto, el impugnador tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad.

Según lo precedente, el Consejo de Estado ha afirmado que la falsa motivación del acto ocurre cuando: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen, y iv) razones que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión.

En lo que se refiere al acto administrativo de llamamiento a calificar servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es procedente, que existe concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, según la normativa analizada en precedencia.

La desviación de poder

Las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas no gozan de autonomía, al contrario, es heterónomo, toda vez que la ley regula deberes y prohibiciones. Es decir, un variopinto de restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los fines públicos.

Por ello, el artículo 6.º de la Constitución Política prevé que los servidores públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Bajo dicho entendido, cuando la conducta (activa u omisiva) es explícitamente contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en «ilícita» porque el sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir, los ilícitos típicos son las conductas o actos opuestos a una regla de derecho. Se entiende «ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como antijurídico o ilegal y no necesariamente como delictual. Sin embargo, también existen ilícitos atípicos. Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos atípicos, por así decirlo, invierten el sentido de una regla: prima facie existe una regla que permite la conducta en cuestión; sin embargo - y en razón de su oposición a algún principio o principios-, esa conducta se convierte, una vez considerados todos los factores, en ilícita. Esto es, abuso del derecho, el fraude a la ley y la desviación de poder […]».

Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder es creación jurisprudencial del Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje central del derecho administrativo es el control de la discrecionalidad. Al respecto, García de Enterría señala lo siguiente:

«[…] La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración es un tema clásico de la teoría del Derecho. Está en los orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada época ha ido dejando en él la huella de sus propias reflexiones teóricas, así como de las sucesivas experiencias prácticas y jurisprudenciales […]

[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de forma espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy mismo los poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez de los actos discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos de la Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la tendencia continúa […]».

Bajo esta intelección, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y legalmente responde la norma. Lo anterior condujo a que el juez administrativo perfeccionara sus facultades con el examen constitucional, y que el control del exceso de poder, o la desviación de poder, se fortaleciera con los principios constitucionales.

Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder, el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado institucional o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo o una ley. En esos términos, al tratarse la conducta de un «ilícito atípico» provoca un daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e intereses colectivos. Una característica importante del citado daño, es el de ser indirecto o mediato.

Por su parte, esta Subsección ha efectuado el análisis sobre la desviación de poder desde esta misma óptica. Al respecto:

«[…] La desviación de poder ha sido comprendida por la jurisprudencia de esta Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse. […]». (Negrita fuera del texto original).

Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la existencia de un vicio de poder transita por llegar a la convicción de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración.

Sobre el particular, la Sección Segunda ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. […]».

De esta forma, dado que el acto administrativo de retiro del servicio del aquí demandante por llamamiento a calificar servicios se encuentra motivado (folios 158 a 162), la Subsección procederá a analizar aquellos y verificará si se advierte la falsa motivación o la desviación de poder que se endilga.

No se desvirtuó la presunción de legalidad del acto de retiro

De acuerdo con las precisiones normativas y jurisprudenciales de rango constitucional y legal expuestas, relativas al retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios y, a la luz del caso en estudio, se encuentra acreditado lo siguiente:

El señor Albeiro Castellanos Moreno se vinculó como oficial a la Policía Nacional el 5 de noviembre de 1995 y prestó sus servicios por más de 20 años, según da cuenta el extracto de su hoja de vida. (Folios 181 a 186).

La Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional mediante Acta 007 del 18 de septiembre de 2008, señaló lo siguiente

«II. Cumplimiento Fallo de Tutela de Fecha 27 de agosto de 2008, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Accionante: CT. ® ALBEIRO CASTELLANOS MORENO
[…]

Una vez leída la notificación del fallo de tutela, se procede a dar cumplimiento al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que en el artículo 218 de la Constitución Política, el Constituyente estableció que la Ley determinará el régimen de carrera, prestacional y disciplinario aplicable al personal uniformado de la Policía Nacional.

Que el cumplimiento al mandato Constitucional antes referenciado, se materializó por el Legislador mediante el Decreto 1791 de 2000 […] y la Ley 857 de 2003 […].

Que en artículo 4 de la Ley 857 de 2003, se establece como una de las causales del retiro del servicio activo de la Policía Nacional “El retiro por voluntad del Gobierno o del Director General de la Policía Nacional”, norma legal que se transcribe a continuación:
[…]

Que en cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales, el día 30 de octubre de 2007, se reunió la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, y una vez evaluada de fondo la trayectoria profesional del señor capitán ALBEIRO CASTELLANOS MORENO, […] mediante Acta No. 007 de la misma fecha, recomendó al Gobierno Nacional, el retiro del servicio activo, del citado Oficial, por la causal de “voluntad del Gobierno” por razones del servicio, en forma discrecional y por votación unánime de los miembros que la integran.» (Negrillas y mayúsculas del texto original). (Folios 53 a 60).

Al ser retirado del servicio activo por la causal denominada «voluntad del Gobierno Nacional», el libelista acudió a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual correspondió por reparto al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, el cual, en sentencia del 8 de octubre de 2010: i) declaró la nulidad del Decreto 4722 del 6 de diciembre de 2007 que retiró del servicio activo al señor Albeiro Castellanos Moreno; ii) a título de restablecimiento del derecho ordenó a la Policía Nacional su reintegro a un cargo equivalente o superior al que desempeñaba al momento de su desvinculación, con el pago de todos los salarios dejados de percibir y; iii) declaró que no existió solución de continuidad en la prestación de los servicios. (Folios 72 a 88).

El fallo anterior, fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Décima de Decisión, por medio de sentencia del 4 de mayo de 2012. (Folios 62 a 71).

En efecto, a través del Decreto 2569 del 10 de diciembre de 2012, el Ministerio de Defensa Nacional dio cumplimiento a la mentada decisión y ordenó el reintegro al servicio activo al libelista. (Folio 107).

A su turno, por medio de Resolución 1129 del 31 de mayo de 2013 se ascendió al señor Albeiro Castellanos Moreno al grado de mayor de la Policía Nacional. (Folios 108 a 109).

El día 25 de julio de 2014 el demandante solicitó ante el director general de la Policía Nacional que se diera cumplimiento integral al fallo de reintegro expedido por el Juzgado Quince Administrativo de Medellín y se le llamara a concurso y curso con el fin de obtener el grado de teniente coronel, respetándose su antigüedad en el grado y escalafón, para que nivelara con sus compañeros de curso o promoción quienes accedieron al grado de Teniente coronel, conforme al Decreto 2774 del 29 de noviembre de 2013. (Folios 110 a 112).

Mediante Oficio del 14 de agosto No. S-2014 – 002897 ADEHU –GRUAS -1.10, suscrito por la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, se señaló:

«[…] Conforme a su petición me permito informar que la Policía Nacional cumplió cabalmente la sentencia preferida el 08 de octubre de 2010 del Juzgado Quince Administrativo del municipio de Medellín confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 8 de octubre de 2010, en tal sentido dispuso el reintegro del señor Capitán ALBEIRO CATELLANOS MORENO, mediante resolución (sic) No 2569 del 10 de diciembre de 2012, posteriormente y previo el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 20 y 21 del Decreto Ley 1791-2000, la Policía Nacional promovió en el grado de mayor a su prohijado con fecha fiscal 01-06-2013, por lo tanto su petición resulta inviable jurídicamente en el entendido que su representado no cumple con el tiempo mínimo de grado, tal como se establece la norma transcrita a continuación.». (Folios 113-114).

Posteriormente, mediante fallo de tutela del 6 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, tuteló los derechos a la igualdad y al debido proceso del señor Castellanos Moreno y ordenó a la Policía Nacional que iniciara las gestiones para determinar si cumplía con los demás requisitos para ser llamado a curso, teniendo en cuenta el tiempo que se mantuvo fuera del servicio. (Folios 129 a 142).

El director de Talento Humano (E) de la entidad demandada por medio de Oficio S-2014072866/DITAH-ADEHU-1.10 del 15 de octubre de 2014, en cumplimiento de la anterior decisión, informó:

«No obstante en el fallo sub judice, se considera que “la Policía Nacional ha dado un alcance errado al restablecimiento del derecho, decretado por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín”, posición que no comparte la institución, pues como se dijo en precedencia, el tiempo que permaneció retirado de la institución, si (sic) fue tenido en cuenta para contar con el requisito de tener el tiempo mínimo en el grado, en el que fue reintegrado sin solución de continuidad, permitiéndole previo cumplimiento de las demás condiciones y requisitos, ascender al grado de Mayor.

Pese a lo expuesto en acatamiento íntegro de la signada providencia le informo que para determinar si cumple con los demás requisitos para ser llamado a curso, se procederá a presentar su nombre ante las respectivas juntas, para efectos de la Evaluación de la Trayectoria Profesional, prevista en el Artículo 22 del Decreto Ley 1791 de 2000 y concordantes, requisito indispensable a través del cual se determina el personal de Mayores, que podrá adelantar el curso de capacitación para ascenso al grado de Teniente Coronel, de acuerdo con los reglamentos internos de la institución, y que está dirigido generalmente a quienes están próximos a cumplir el tiempo mínimo de permanencia en el grado, es decir cinco (5) años.

En similar forma, el procedimiento antes descrito, una vez agotado en sus diferentes etapas, establecerá si se recomienda o no su nombre, para participar en el concurso previo al curso de capacitación reglamentario para ascenso, de acuerdo con las normas legales sobre la materia, el mismo que en su momento fue aplicado a los compañeros del Curso 067 de Oficiales y que determinó quienes (sic) de ellos, cumplían los requisitos para tales fines.

Por lo tanto, una vez el mando institucional disponga la fecha para la realización del procedimiento de Evaluación de su Trayectoria Profesional, le será comunicada en forma oportuna.». (Folios 143 a 144).

En efecto, mediante Oficio 2015213989/DITAH-GRUAS-1.10 del 24 de julio de 2015, signado por el director de Talento Humano de la Policía Nacional, se comunicó al señor Albeiro Castellanos Moreno que:

«La Junta de Evaluación y Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional, en sesión celebrada en día 08 de julio de 2015 (Acta No. 010/15), de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000 y artículos 1° y 3° de la Resolución 06088 del 14 de diciembre de 2006, previa evaluación de su trayectoria profesional, acordó por unanimidad NO RECOMENDAR SU SELECCIÓN ante la Junta de Generales de la Policía Nacional para que realice el concurso previo al curso de capacitación para ascenso “ACADEMIA SUPERIOR DE POLICÍA”.

La Junta de Generales de la Policía Nacional, en sesión celebrada el 09 de julio de 2015 (Acta No. 001/2015), de acuerdo con lo previsto en la resolución (sic) No. 3593 de 2001 artículo 1° decidió por unanimidad NO SELECCIONAR SU NOMBRE para que presente el concurso previo al curso de capacitación para ascenso “ACADEMIA SUPERIOR DE POLICÍA”.

La Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2015 (Acta 016/2015), de conformidad con lo establecido en el decreto (sic) 1512 de 2000, artículo 57 numeral 3° Acordó por unanimidad NO RECOMENDAR su nombre para realizar el concurso previo al curso de capacitación para ascenso “ACADEMIA SUPERIOR DE POLICÍA”.». (Mayúsculas acorde con la transcripción). (Folio 145).

En virtud de lo anterior, el libelista elevó petición ante el director de la Policía Nacional el 22 de agosto de 2015, tendiente a que se revisaran y reconsideraran las decisiones plasmadas en las Actas: i) 010 del 8 de julio de 2015; ii) 001 del 9 de julio de 2015 y; iii) 016 del 14 de julio de 2015. Ello, en atención a su excelente hoja de vida, vocación de servicio y trayectoria profesional. (Folio 146 anverso y reverso).

Al respecto, por medio de Oficio S-2015-268679/ADEHU-GURAS-1.10 del 9 de septiembre de 2015, signado por el secretario de la Junta de Evaluación y Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional, le informó que la petición sería tratada en la siguiente sesión de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, conforme lo regulado en el artículo 60 del Decreto 1512 de 2000. (Folios 148 a 149).

Posteriormente, a través del Oficio S-2015-310809/ADEHU-GRUAS-1.10 del 20 de octubre de 2015, el director de Talento Humano de la Policía Nacional informó al demandante que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional decidió confirmar la decisión adoptada en el Acta 016 del 14 de julio de 2015, y en consecuencia se ratificaba en no recomendarlo para realizar el curso de ascenso. (Folios 164 a 165).

Conforme con la Resolución 5185 del 13 de junio de 2016, el ministro de defensa retiró del servicio activo «por llamamiento a calificar servicios» al señor Albeiro Castellanos Moreno. De acuerdo con las siguientes consideraciones:

«[…] Que en sesión celebrada el 11 de abril de 2016, protocolizada mediante Acta […] la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional recomendó al Gobierno Nacional el retiro del servicio activo del señor Mayor CASTELLANOS MORENO ALBEIRO, por la causal denominada “Llamamiento a Calificar Servicios” y expuso lo siguiente:
[…]

Que la causal denominada llamamiento a calificar servicios se encuentra contemplada en los artículos 2 numeral 4°y artículo 3 de la Ley 857 de 2003, siendo la misma procedente en el evento que el Oficial o Suboficial cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro. […]

Así las cosas, la exigencia de haberse cumplido como mínimo dicho tiempo de servicio activo dentro de la institución-circunstancia que de suyo (sic) no conlleva al retiro del servidor, antes que ir en contra del mismo, constituye una limitante a la libre disposición del superior y a favor de aquel, en la medida que en tratándose del retiro por llamamiento a calificar servicios, otorga la certidumbre de que el nominador no podrá hacer uso de la precitada facultad sino después de transcurrido dicho lapso de tiempo al servicio de la institución, período que le asegura al retirado, como mínimo, un porcentaje equivalente de las partidas computables pertinentes, asegurándose esta situación administrativa a lo que en el régimen laboral privado equivale a pensión de jubilación.

Aunado a lo anterior, las disposiciones mencionadas facultan al Nominador de la Policía Nacional, para decidir el llamamiento a calificar servicios a los uniformados que cumplen con el requisito de tiempo de servicio que garantiza el acceso a una asignación de retiro, puesto que solo se está dando aplicación a una norma positiva que prevé la situación específica del retiro del servicio por el cumplimiento del lapso en servicio activo, preestablecido por la ley.

Así mismo, el llamamiento a calificar servicios se concreta como una medida esencial en instituciones de estructura piramidal y jerarquizada, como lo es la Policía Nacional, situación que también se encuentra justificada en el hecho de que todos los miembros de la institución están sujetos a la planta de personal que establece el Gobierno Nacional y a la renovación, conforme a los cargos que se determinen en cada grado, donde según el caso, se debe dar por terminado el desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros.
[…]

En el mismo sentido resulta pertinente mencionar que el escalafón de cargos organiza al personal que integra la Policía Nacional en orden de grado y antigüedad, estableciéndose así una de las características de la Institución como lo es la jerarquía, pues a través de ésta, se regulan pautas para efectos de mando, régimen disciplinario y su ubicación laboral en las unidades de la entidad; al respecto cabe resaltar que la sentencia C-445/11 indica: […].

Por otra parte, el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas, así como la existencia de reconocimientos, condecoraciones y felicitaciones, corresponde al deber ser de todo policía, por ello dichas situaciones no se constituyen en “fuero de estabilidad”. Lo anterior, teniendo en cuenta que la carrera policial es dinámica, exigente y establece sus propias limitaciones, por cuanto no todos los Subtenientes que egresan de la Escuela de Cadetes, pueden llegar al grado de Generales de la República, ni todos los Patrulleros pueden llegar a Comisarios, puesto que por organización, funcionalidad y ejercicio del mando, las plazas para cada rango se van reduciendo desde los grados inferiores, hasta los grados superiores.

Concomitante con lo expuesto, el espíritu de la estructura piramidal lleva implícita la necesidad de un relevo en la línea jerárquica de cuya virtud se pone término al desempeño de unos oficiales para permitir el ascenso de otros. Sobre el particular las Altas Cortes han considerado que el no llamamiento a curso de unos señores oficiales es una dinámica normal dentro de las entidades que conforman la fuerza (sic) pública (sic), toda vez que las vacantes para Mayores, Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales son limitadas como quiera que esto se encuentra directamente relacionado con la disponibilidad que anualmente asigna el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el decreto de planta Global.

De otro lado, ante los pronunciamientos efectuados por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional el señor Oficial, solicitó la reconsideración de la decisión adoptada, requerimiento que fue resuelto en el Acta No. 020 del 10 de septiembre de 2015, comunicada mediante Oficio No. S-2015-310809/ADEHU-GRUAS-1.10 del 20 de octubre de 2015, en la cual se le hizo saber que la decisión de este cuerpo colegiado fue la de CONFIRMAR las conclusiones adoptadas mediante Acta No. 016 del 14 de Julio de 2015 y en consecuencia el pronunciamiento goza de plena validez.

En virtud de lo precedente, se concluye que el retiro por Llamamiento a Calificar Servicios no constituye sanción alguna, más bien es una forma de culminación normal y no deshonrosa de la carrera policial, por las razones ya expuestas.

Es por lo anterior que por votación unánime de los integrantes de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, se considera viable recomendar el retiro por Llamamiento a Calificar Servicios del señor Mayor ALBEIRO CASTELLANOS MORENO, […].”

Con fundamento en lo expuesto se colige que el señor Oficial al no haber superado la Evaluación de la Trayectoria Policial y en consecuencia tener conceptos desfavorables para su promoción al grado inmediatamente superior, no le es posible continuar ascendiendo en la escala policial y en consecuencia permanecer en actividad, desnaturaliza la estructura y posición piramidal de la Policía Nacional, así mismo, altera la jerarquía, antigüedad y el ejercicio del mando, pilares fundamentales de la Institución, tal y como se desprende del contenido de los artículos 2, 4, 5 y 28 del Decreto Ley 1791 de 2000, más aún si se tiene en cuenta que estas características se encuentran íntimamente ligadas al cumplimiento de las órdenes que imparten en el desarrollo de su función por cuanto la antigüedad se tiene en cuenta a partir del último ascenso.

En el caso particular del señor Mayor ALBEIRO CASTELLANOS MORENO, vale la pena indicar que éste dada su trayectoria profesional ha ocupado cargos en los cuales ha ejecutado tareas de liderazgo, supervisión, control y direccionamiento del personal bajo sus órdenes en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y Directrices Gubernamentales, puesto que tales circunstancias conllevan a que ostentándose una posición de garante propia del “ejercicio del mando”, se atribuye un rol preponderante al oficial dentro de la Institución, el cual se verá afectado por la imposibilidad de ascenso.

Aunado a lo anterior, al no poder proseguir (sic) ascendiendo en su carrera profesional y de continuar en la Institución, se desconoce el Llamamiento General de Política Institucional denominado Direccionamiento en el Ejercicio del Mando, el cual es baluarte fundamental de la disciplina de la Policía Nacional; lo anterior teniendo en cuenta que el uniformado no podrá imponer al personal con menos tiempo de servicio en la institución pero con mayor grado, medios preventivos para encausar la disciplina generando con esto como se ha indicado en líneas precedentes alteración en el normal desarrollo de la finalidad y los conceptos fundamentales bajo los cuales ha sido prevista y encausada la jerarquía.

Así las cosas, al no poder trascender la carrera del señor oficial por existir una imposibilidad legal para integrar un escalafón complementario de conformidad con lo regulado en el artículo 4° del Decreto Ley 1791 de 2000, resulta ser el retiro por llamamiento a calificar servicios una herramienta útil en la administración para la renovación de la estructura piramidal de la Policía Nacional que garantizará la posibilidad de ascenso dentro de líneas jerárquicas en la Oficialidad, permitiendo que el personal que ya cumple con los requisitos para acceder a la asignación de retiro, de paso a una nueva generación de Oficiales que continúen el legado de servicio a la comunidad y el cumplimiento de la misión institucional encomendada en el artículo 218 Superior. […]». (Cursiva conforme a la transcripción). (Folios 158 a 162).

El anterior acto administrativo fue notificado al interesado el 22 de junio de 2016. (Folio 167).

Del extracto de la hoja de vida, se advierte que el oficial de la Policía Nacional demandante obtuvo la siguiente formación académica: i) bachiller académico, tecnólogo en criminalística y profesional en criminalística; ii) 5 cursos, entre los que se destacan los de gestión servicio de policía, fundamentos básicos de contabilidad y dinámica de cuenta y contabilidad básica; iii) 11 seminarios de los que se resaltan los de gestión gerencial, habilidades pedagógicas, programación neurolingüística, sistema acusatorio y función policial, policía de tránsito y; iv) 4 simposios de criminalística internacional de investigación policial. (Folios 181 a 186).

Asimismo, le obran 19 condecoraciones, de las cuales se destacan:

honorífica en 6 oportunidades;
honor méritos servicios especiales;
mérito cívico;
servicios distinguidos;
orden al mérito cívico;
orden al mérito de servidor público;
concejos municipales;
Asamblea Departamental del Tolima;
promoción a la seguridad y respeto por la vida en Medellín.

También se advierten en su hoja de vida 62 felicitaciones durante el ejercicio de la carrera policial, sin que se discriminen. Le figura una amonestación escrita en el año 2008. No se advierten sanciones ni investigaciones penales.

De la relación probatoria que precede, la Sala encuentra que, como se vio, la motivación exigible para el llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de los requisitos de tener un tiempo mínimo de servicios para ser acreedor de la asignación de retiro, que se encuentran plenamente satisfechos en el expediente, pues según se desprende de su hoja de vida, el demandante estuvo vinculado a la Policía Nacional por más de 20 años (y conforme al artículo 1.° del Decreto 1157 de 2014, se exigen 15 años, por esta causal) oo, en su defecto, 18 años que prevé el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004.

Además de ello, su retiro como miembro de la Policía Nacional en el grado de oficial contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.

Al respecto, la Sala al revisar las consideraciones de la Resolución 5185 del 13 de junio de 2016, encontró que el Ministerio de Defensa Nacional dispuso el retiro del servicio del señor Albeiro Castellanos Moreno por llamamiento a calificar servicios con fundamento en lo siguiente: i) en que es una facultad consagrada en el Decreto 1791 de 2000 y explicó en qué consiste; ii) en que el mencionado oficial cumplió los 15 años requeridos para el reconocimiento de la asignación de retiro; y, iii) en que la estructura piramidal de la Policía Nacional obligaba al cambio generacional.

Por lo anterior, el Ministerio se ajustó a la motivación que exigen los artículos 1.º y 3.º de la Ley 857 de 2003, que modificó el Decreto 1791 de 2000, para sustentar el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios del demandante. Se observa, además, que tales fundamentos resultan ciertos, puesto que consta en su hoja de vida que acreditó más de 20 años de servicio, tiempo superior a los 15 años que exige el artículo 1.° del Decreto 1157 de 2014, o, en su defecto, 18 años que prevé el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, para el reconocimiento de la asignación de retiro para los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo.

Al respecto, se recalca que la finalidad de la prerrogativa otorgada a la administración denominada «llamamiento a calificar servicios», como se analizó en precedencia, es el relevo de la línea jerárquica en la Fuerza Pública, y el único presupuesto, conforme lo señaló la Corte Constitucional es «[…] haber cumplido un tiempo mínimo en la institución y tener derecho a la asignación de retiro […]».

En ese orden, se reitera que es necesario probar que en la expedición del acto se tuvieron finalidades ocultas, esto es, demostrar la desviación de poder, ello, dado que en el sub lite no se analiza la facultad discrecional del Gobierno Nacional que propende por el mejoramiento del servicio, sino que nos encontramos ante una potestad que busca precisamente el relevo generacional.

Al respecto, el Alto Tribunal Constitucional en la mentada sentencia SU-091 de 2016, efectuó la señalada distinción de la siguiente forma:

«[…] En síntesis, el retiro por llamamiento a calificar servicios es una herramienta con la que cuentan las instituciones de la Fuerza Pública para garantizar la renovación o el relevo del personal uniformado dentro de las escalas jerarquizadas propias de la institución y permitir con ello el ascenso y la promoción de otros funcionarios, régimen especial dispuesto por mandato constitucional y desarrollado en los Decretos Ley 1790 y 1791 de 2000 y las Leyes 857 de 2003 y 1104 de 2006. El presupuesto que da razón a la aplicación de esta causal tal y como se mencionó es haber cumplido un tiempo mínimo en la institución y tener derecho a la asignación de retiro HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/SU091-16.htm" \l "_ftn45" \o "" [45].

A diferencia de lo anterior, el retiro Discrecional en las Fuerzas Militares y el retiro por Voluntad del Gobierno Nacional o del Director General de la Policía Nacional han sido instituidas con la finalidad de velar por el mejoramiento del servicio frente a casos de corrupción o graves situaciones que afecten el desempeño de la función institucional, en aras de garantizar la seguridad ciudadana y la misma seguridad del Estado, sin que se requiera que el uniformado haya tenido un tiempo mínimo de servicio con el cual adquiera el derecho a una asignación de retiro. […]». (Subrayado y negrita de texto original).

Así, el llamamiento a calificar servicios constituye una garantía para el miembro de la Fuerza Pública que es desvinculado, para disfrutar de su asignación de retiro así como a continuar con sus derechos a la seguridad social, bienestar y recreación. Se destaca que, al analizar el acto administrativo enjuiciado, aquel atendió la normativa aplicable, esto es, garantizar el relevo del personal uniformado y el derecho a la asignación de retiro del libelista.

Es de resaltar, que en el evento de que se estime que el llamamiento a calificar servicios se erige en una sanción, el interesado es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y que no cumplió el tiempo de servicio requerido, sino a otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura.

En efecto, como quedó analizado en apartes anteriores, cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo produjo.

En este contexto se debe señalar que, más allá de la afirmación del libelista, no obran pruebas que permitan advertir que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al relevo jerárquico del mando.

Es necesario destacar que el excelente desempeño de las funciones del demandante, situación que lo hizo merecedor de felicitaciones, condecoraciones, evaluaciones de desempeño policial sobresalientes y reconocimientos, tampoco le brinda un fuero de estabilidad adicional, que impida ser retirado por la causal en mención, pues como se dijo, el cumplimiento de esta característica se entiende como connatural al ejercicio de la labor policial.

Tampoco esa situación le hacía merecedor de un derecho de ascenso automático en la Policía Nacional, en tanto este, según lo prevé el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, debía estar precedido del llamado a curso, una vez evaluada su trayectoria profesional, lo cual es discrecional.

En efecto, la designación de los ascensos, tal como lo ha señalado esta Corporación, es fruto del ejercicio de la facultad discrecional y debe hacerse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo condiciones de mérito de los aspirantes, tales como aptitud hacia el servicio, calidades personales y profesionales para el desempeño del grado. Así se ha dicho:

«[…] En este orden de ideas, la selección al concurso previo al curso de capacitación para ascenso (en el caso de los Oficiales en el grado de Mayor), y al curso de ascenso a Coronel (en el caso de los Oficiales Tenientes Coroneles), concebida como ejercicio de una facultad discrecional, conferida por el Director General de la Policía Nacional a la Junta de Generales de la institución, con fundamento en el parágrafo 2 del artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, no agrega requisitos adicionales a la carrera policial no previstos en los Decretos 1791 y 1800 de 2000, en tanto que, de acuerdo con el artículo 21 del primero de los mencionados, constituye requisitos para ascenso de oficiales, el “Ser llamado a curso”, actuación que conlleva el ejercicio de una facultad discrecional dentro del procedimiento legalmente previsto para el ascenso de oficiales en servicio activo que cumplan con los requisitos establecidos dentro del orden jerárquico, de acuerdo con las vacantes existentes, conforme al decreto de planta y con sujeción a las precedencias de la clasificación que establece el decreto de evaluación del desempeño (Dec. 1800 de 2000). En otras palabras, la competencia atribuida por el Director General de la Policía Nacional, conforme el parágrafo 2 del artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, a la Junta de Generales, comprende el ejercicio de una facultad discrecional dentro del procedimiento administrativo previsto por el legislador y al que las autoridades encargadas de la selección deben acogerse plenamente, es decir, con plena observancia de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite, que para el caso concreto están previstas en los Decretos 1791 y 1800 de 2000. De acuerdo con lo señalado, no se trata entonces, como lo considera la parte actora, de la asignación de competencias que establezcan requisitos adicionales a los previstos en el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000 para ascender en la jerarquía del grado inmediatamente superior. Los ascensos de los oficiales de la Policía Nacional, no se conceden sino a quienes cumplan con los requisitos legales establecidos en el citado Decreto 1791 de 2000, requisitos que se evalúan de conformidad con la disponibilidad de vacantes, conforme al decreto de planta y con sujeción a las precedencias de la clasificación que establece el Decreto 1800 de 2000 sobre “evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional”. […]»

La Sala reitera, que para la procedencia de la figura del llamamiento a calificar servicios respecto de los oficiales, solo se requiere el cumplimiento del tiempo de servicios para obtener la asignación de retiro y una recomendación previa de la Junta Asesora. Conforme a ello, no se encuentra una relación de causalidad entre los logros laborales del demandante y la decisión de retirarlo, en tanto que para esta era requisito, únicamente, verificar que era merecedor de la prestación social y la recomendación aludida.

En tal medida y por virtud de dicha prerrogativa, la institución policial puede ascender a unos miembros y retirar a otros, por razones de necesidad y de conveniencia. Ello debido a que no le es posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de ser ascendidos, en tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos.

También se insiste en que, por la estructura piramidal de la Policía Nacional, no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor policial o represente una persecución en contra del personal no escogido, tesis que ha sido pacífica por parte de esta Subsección.

En efecto, en sentencia del 8 de octubre de 2020, esta Sección en un proceso con similares contornos a los aquí analizados, sostuvo:

«[…] En el presente caso, el demandante alega que el llamamiento a calificar servicios no buscó el mejoramiento del servicio, pues no tuvo en cuenta su excelente trayectoria profesional, por lo que su retiro fue no solo sorpresivo sino injusto.

Cabe precisar que aunque el mencionado Oficial demostró tener una excelente hoja de vida, múltiples condecoraciones, felicitaciones, evaluaciones de desempeño policial sobresalientes y, en general, una carrera militar brillante, ese buen desempeño en el servicio no le otorgaba una estabilidad absoluta, pues ello es fruto del deber connatural que tenía como servidor público.

Tampoco esa situación le hacía merecedor de un derecho de ascenso automático en la Policía Nacional, en tanto este, según lo dispone el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, debía estar precedido del llamado a curso, una vez evaluada su trayectoria profesional, lo cual es discrecional.
[…]

La Sala reitera que la figura del llamamiento a calificar servicios es discrecional y para su procedencia, respecto de los Tenientes Coroneles, solo se requiere el cumplimiento del tiempo de servicios para obtener la asignación de retiro y una recomendación previa de la Junta Asesora. Conforme a ello, no se encuentra una relación de causalidad entre los logros laborales del actor y la decisión de retirarlo, en tanto que para esta era requisito, únicamente, verificar que era merecedor de la prestación social y la recomendación aludida.

También se insiste en que, por la estructura piramidal de las fuerzas militares, no todos sus miembros tienen la opción de acceder a los mayores grados y, por ello, la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor militar o represente una persecución en contra del militar no escogido.

Además, de lo expuesto se infiere que la desvinculación del actor no fue sorpresiva, pues él mismo solicitó su retiro del servicio, petición a la cual no se le dio trámite por haberse presentado ante el presidente de la República quien no tenía competencia para ello.

En estas condiciones, la Sala concluye que el demandante no logró demostrar el vicio de desviación de poder, en la medida que las pruebas no permiten develar que el acto contuviera motivaciones ocultas u otras distintas a las que autorizan la Ley 857 de 2003, por lo que su presunción de legalidad no fue desvirtuada. […]». (Resaltado intencional).

Por último, se observa que el demandante pretende demostrar los vicios del acto de retiro, en el sentido de que no se dio cumplimiento a la sentencia proferida por el 8 de octubre de 2010 por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, que ordenó a la Policía Nacional su reintegro a un cargo equivalente o superior al que desempeñaba; fallo que fue confirmado el 4 de mayo de 2012, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Décima de Decisión.

Al respecto, esta Sala resalta que, lo que atañe al presente proceso es el análisis de del acto administrativo por medio del cual se retiró del servicio al demandante, esto es, si aquel se adecuó a los fines que consagra la normativa aplicable, más no, el cumplimiento de un acto de ejecución de unas sentencias proferidas por esta Jurisdicción.

Empero, en gracia de discusión, se tiene que en efecto, a través del Decreto 2569 del 10 de diciembre de 2012, el Ministerio de Defensa Nacional dio cumplimiento a las señaladas decisiones y ordenó el reintegro al servicio activo del libelista. De igual forma, por medio de Resolución 1129 del 31 de mayo de 2013 se ascendió al señor Albeiro Castellanos Moreno al grado de mayor de la Policía Nacional. (Folios 107 a 109). En consecuencia, sí cumplió con la orden judicial de reintegro.

La discusión que plantea el demandante en este aspecto, es que debió ser llamado a curso de ascenso para teniente coronel conforme ocurrió con sus compañeros, por lo que advierte la Sala que otorga un alcance más allá de la orden judicial, habida cuenta de que el reintegro ordenado se cumplió (fue ascendido a mayor), circunstancia que no implica que en virtud de las mentadas sentencias deba ser promocionado per saecula saeculorum hasta ostentar el más alto grado en dicha institución como lo es mayor general.

En esta medida, la entidad demandada no tiene la obligación de llamarlo directamente a curso de ascenso de teniente coronel, pues la orden judicial mencionada no decretó aquello, y para tal fin se debe observar el cumplimiento de todos los requisitos regulados en el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, los cuales no cumple, toda vez que la Junta Asesora decidió por unanimidad no llamarlo de acuerdo a la normativa aplicable que se analizó en precedencia.

Además de ello, de la situación probada en el plenario, es dable concluir que sí fue reintegrado sin solución de continuidad, pues fue ascendido en el año 2013 a mayor, y si se contabilizan los 5 años en dicho grado, significaría que solo hasta el año 2018 tendría derecho a ser llamado para curso de teniente coronel, sin embargo, en 2015 se emitió el concepto por parte de las respectivas Juntas, lo cual en aplicación de las reglas de la sana crítica significa que sí fue tenido en cuenta el tiempo entre 2007 y 2012 que estuvo separado del cargo, esto es, su reintegro se dio sin solución de continuidad.

En conclusión: el señor Albeiro Castellanos Moreno no demostró que la Resolución 5185 del 13 de junio de 2016, a través de la cual fue retirado del servicio no hubiera sido adecuada a los fines de la norma que consagra el llamamiento a calificar servicios o que contenía finalidades ocultas, distintas a las previstas en los artículos artículos 1.º y 3.º de la Ley 857 de 2003, que modificó el Decreto 1791 de 2000, por lo que la presunción de legalidad no fue desvirtuada.

Segundo problema jurídico

¿Procedía la condena en costas de primera instancia impuesta al demandante?

Frente a este interrogante la Subsección tendrá como tesis que sí hay lugar a la aludida condena en primera instancia en contra del libelista, tal como se sustenta a continuación:

De la condena en costas

Al respecto esta Subsección sentó posición en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

«El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público.

Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad.

En el caso de marras, el a quo condenó en costas a la parte demandante, por considerar que fue vencida en el proceso a la luz de lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011 en concordancia con lo regulado en el artículo 365 del CGP, en virtud a que se denegaron las pretensiones (folio 378).

Al respecto, resulta claro que contrario a lo aludido por el libelista las costas sí se causaron, dado que en primera instancia no prosperaron las súplicas de la demanda, encaminadas al reintegro y llamamiento a curso de teniente coronel.

Aunado a ello, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional debió acudir a una defensa a través de apoderado para contestar la demanda, asistir a las audiencias del proceso y presentar alegatos, aspectos que, bajo el criterio objetivo valorativo enunciado, hacen necesaria la condena en costas en su contra, por cuanto dicho supuesto se enmarca en el previsto por el artículo 365, numeral 1.° del CGP, esto es, incurrió en gastos y la defensa técnica asignada para este asunto.

Conforme a lo anterior, y contrario a lo reseñado por lo demandante no es necesario para su causación que se demuestre la mala fe o conducta temeraria, toda vez que se debe advertir que existió una parte vencida y que la contraparte incurrió en gastos procesales para la respectiva condena, como ocurrió en el sub lite.

En conclusión: sí resultaba procedente la condena en costas en primera instancia en contra del señor Albeiro Castellanos Moreno, en tanto resultó vencido en el presente caso, y la entidad demandada debió acudir a la defensa técnica durante el curso del proceso, lo cual se ajusta al criterio objetivo valorativo requerido para su imposición, luego de verificar que tal circunstancia se encuentra prevista en el artículo 365, numeral 1.° del CGP.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada, habida cuenta de que no prosperaron los argumentos del recurso de apelación de la parte demandante.

De la condena en costas de segunda instancia

Bajo el hilo argumentativo desarrollado en el segundo problema jurídico, se condenará en costas a la parte demandante y a favor de la entidad demandada, toda vez que resultó vencida en esta instancia, pues no prosperaron los argumentos del recurso de alzada y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional presentó alegatos de conclusión en esta instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo acorde con lo regulado en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 12 de abril de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Albeiro Castellanos Moreno contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA. Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
«Por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto 1791 de 2000 y se dictan otras disposiciones». Corte Constitucional. Sentencia SU-091 de 2016. Corte Constitucional, sentencia C-072 de 1995. Referencia: Expedientes acumulados D-1044, 1045 y 1046. Sentencia del 25 de febrero de 2016. Referencia: expedientes T- 4.862.375, T-4.938.030, T-4.943.399 y T-4.954.392. Sentencia del 28 de abril de 2016. Referencia: Expedientes T-5.173.085 y T-5.189.329 y T-5.189.400 (acumulados). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Radicado: 760012331000200501375 01 (0197-2013). Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2014. Radicación: 11001-03-15-000-2013-01936-01. En este sentido se pueden consultar la providencia del 19 de enero de 2017. Radicado: 05001-23-31-000-1999-02281-02 (4117-2014). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de mayo de 2011. Radicación: 54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10). Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Radicación: 25000232400020080026501. Ibidem
Ejusdem. Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27. La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder. Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid, Marcial Pons, 4ed., 1998, pp. 31 y 36. Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009. Radicado: 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009). Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado: 170012331000200301412 02(0734-10).
«Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública». Se resalta que este normativa es la citada en e acto administrativo del retiro del servicio. SU-091 de 2016. Ibidem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 10 de noviembre de 2009, radicación: 0145-2005. Al respecto consultar la sentencia de esta Sección fechada 9 de julio de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01(2334-17). Al respecto ver las sentencias del 27 de junio de 2018, radicado: 17001-23-33-000-2013-00602-01(0667-15), del 18 de julio de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2013-01832-01(1358-15), del 9 de julio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01(2334-17), entre otras. Radicado: 73001-23-33-000-2013-00721-02(0103-15). Modificatoria del Decreto 1091 de 2000. Según artículo 21 del Decreto 1790 de 2000. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»
«ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS.

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […]».

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-90330-01 (0839-2015)
Demandante: Jaime Enrique Socarras

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