Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01659-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Llamamiento a calificar servicios: procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01659-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01659-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
5 de agosto de 2021
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS – Procedencia / LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS – Ejercicio de la facultad discrecional
Procede el retiro por llamamiento a calificar servicios de los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional cuando el respectivo servidor público ha cumplido con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la asignación de retiro. Además, para el caso de los Oficiales, se requiere concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, por ordenarlo así el artículo 1º de la ley citada. El llamamiento a calificar servicios implica el ejercicio de una facultad discrecional que ejerce el Gobierno Nacional para facilitar el relevo en la línea de jerarquía de las instituciones militares, de modo que permite el ascenso de algunos de sus miembros y conlleva también el retiro de otros, pero sin que este se pueda equiparar a una sanción. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la motivación del acto de retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia de 19 de julio de 2019, radicación: 0165-17. En cuanto a la anulación del acto administrativo por falsa motivación, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia de 8 de septiembre de 2017, radicación: 3555-14. Sobre la desviación de poder, ver:
FUENTE FORMAL: LEY 857 DE 2003 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 88 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS – Requisitos / FALSA MOTIVACIÓN – Inoperancia
El demandante alega en el recurso de apelación que el decreto que lo retiró está viciado de nulidad por falsa motivación, pues la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional expuso conceptos desfavorables para recomendar su retiro. Pues bien, la Sala, al revisar las consideraciones del Decreto 0698 del 16 de abril de 2015, encontró que el Ministerio de Defensa Nacional indicó (i) que la causa del retiro del demandante fue el llamamiento a calificar servicios; y (ii) que dicha forma de cese en el servicio activo no significa una sanción, ni una exclusión infamante o deshonrosa, sino, por el contrario, un instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica. Por lo anterior, el Ministerio se ajustó a la motivación que exigen los artículos 1.º y 3.º de la Ley 857 de 2003, que modificó el Decreto 1791 de 2000, para sustentar el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios del demandante, y observa además que tales fundamentos resultan ciertos, puesto que consta en su hoja de vida que acreditó más de 20 años de servicio, tiempo superior a los 15 años que exigidos para el reconocimiento de la asignación de retiro para los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo. De acuerdo con lo expuesto, es claro que en la expedición del acto administrativo se acataron los presupuestos legales, en la medida que, previo a emitirlo, se verificó la acreditación de los requisitos referidos, única motivación que exigen las normas.
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS / BUEN DESEMPEÑO DEL CARGO – No concede fuero de estabilidad / ESTRUCTURA PIRAMIDAL EN LA FUERZA PÚBLICA – Efecto / DESVIACIÓN DE PODER – Inoperancia
En el presente caso, el demandante alega que en el momento de tomar la decisión de retirarlo de la institución por llamamiento a calificar servicios no se tuvo en cuenta su excelente trayectoria y las múltiples condecoraciones y felicitaciones de que fue objeto. En lo que se refiere a este aspecto, si bien es cierto que de la hoja de vida del demandante se puede concluir que en servicio activo tuvo un desempeño tal que le hizo merecedor de múltiples felicitaciones y condecoraciones, tal particularidad no enerva la legalidad del acto administrativo ni es un motivo que limite el ejercicio de la facultad discrecional de retirarlo por llamamiento a calificar servicios, puesto que esta no representa una sanción por un mal comportamiento, sino una herramienta válida que permite el relevo en la línea de jerarquía de la fuerza pública. En tal medida, y por virtud de dicha prerrogativa, la institución policial puede ascender a unos miembros de la fuerza y retirar a otros, por razones de necesidad y de conveniencia, con independencia de la excelente hoja de vida del oficial. Ello, debido a que no le es posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de serlo, en tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos. La decisión, entonces, debe atender situaciones que no se enmarcan solo en el buen desempeño y debe estar fundada en los requisitos legales, según se expuso. Además, como lo ha reiterado esta corporación, el buen desempeño en el servicio no otorga una estabilidad absoluta y no limita la facultad discrecional, pues el cabal cumplimiento de las funciones es connatural al ejercicio de la labor. De esta manera, el demandante no puede pretender que por su desempeño y formación lo ampare una expectativa legítima de ser ascendido y no ser retirado del servicio, en razón a que la decisión no depende en todo de tales ítems.
CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo / CONDENA EN COSTAS – Parte vencida en el proceso
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes. Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia. Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte actora, tendiendo en cuenta que el recurso de apelación se resolvió de manera desfavorable y que la entidad demanda actuó en esta instancia, presentado alegatos de conclusión. NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la condena en costas para los procesos tramitados por la Ley 1437 de 2011, ver: C de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación: 1291-14, C.P.: William Hernández Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-42-000-2016-01659-01(3825-19)
Actor: JAIRO ERWIN TORRES RONDÓN
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Jairo Erwin Torres Rondón, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad i) del acto administrativo complejo conformado por las Actas 001 del 1.° de febrero de 2013, de la Junta de Evaluación y Clasificación para la Policía Nacional; 001 del 12 de febrero de 2013, de la Junta de Generales de la Policía Nacional; 003 del 13 de marzo de 2013, de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional; 008 del 8 de agosto de 2013, de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en cuanto no recomendaron su nombre para realizar el curso de capacitación para ascenso; y 002 del 13 de enero de 2015, de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, por la cual se recomendó al Gobierno nacional su retiro del servicio activo, por llamamiento a calificar servicios; ii) del Decreto 0698 del 16 de abril de 2015, emitido por el ministro de Defensa Nacional, por medio del cual se le retiró del servicio activo de la Policía Nacional, por llamamiento a calificar servicios.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar a la demandada reintegrarlo al servicio activo de la Policía Nacional y convocarlo al concurso previo del curso de capacitación para ascenso al grado de coronel; ii) ordenar a la entidad elaborar nuevas actas de cada cuerpo colegiado donde se indique que supera los requisitos para asistir al curso y su posterior ascenso, con fecha fiscal, prelación y antigüedad frente a sus compañeros de curso; iii) ordenar su ascenso al grado de coronel y a los grados que hayan obtenido sus compañeros de curso, conservando la precedencia en el escalafón de oficiales de la Policía Nacional; iv) condenar a la accionada a pagarle los salarios, primas, subsidios y demás emolumentos dejados de percibir, desde cuando debió producirse su ascenso al grado de coronel, y las prestaciones legales y/o extralegales a que tenga derecho; v) ordenar el pago de una indemnización equivalente a la totalidad de los haberes y prestaciones a que hubiera tenido derecho durante el tiempo de su desvinculación; vi) declarar que para todos los efectos legales y prestacionales, no existió solución de continuidad en sus servicios prestados; vii) disponer que de las sumas que se reconozcan como indemnización no podrá descontarse suma alguna por concepto de cuota de CASUR ni de servicios médicos de sanidad; viii) ajustar los pagos ordenados con base en el IPC; y ix) dar cumplimiento a la sentencia en la forma y términos señalados en la Ley 1437 de 2011.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Jairo Erwin Torres Rondón ingresó a la Escuela de Policía General Santander en el año 1994; permaneció en la institución y fue ascendido hasta el grado de teniente coronel.
ii) Durante su permanencia en la Policía Nacional, lideró y participó en el proceso de abono en cuenta y obtuvo múltiples felicitaciones por su operatividad mística y buen desempeño, así como reconocimientos especiales que se desprenden de su ejercicio profesional, eficiencia y compromiso institucional.
iii) Desde su traslado al Fondo Rotatorio de la Policía en el año 2011, conoció la problemática y malas relaciones existentes entre el director y la subdirectora de infraestructura por el incumplimiento permanente de los convenios suscritos, situación que mejoró cuando fue puesto al frente de la misma. No obstante, la asesora jurídica del FORPO generaba problemas en materia de contratación y elaboración de proyectos, que eran puestos en conocimiento del director, desprestigiando su trabajo, llegando la asesora a generar órdenes a la Subdirección con firma del director, generando mal ambiente organizacional, hasta que a finales del año 2012, en una reunión con el director del FORPO, la asesora y el personal de liquidación de contratos, se dispuso sacarlo de la Sala de Juntas.
iv) Por estos hechos, se dio por terminada la comisión del TC. Jairo Erwin Torres Rondón como subdirector operativo del FORPO y además le registraron 10 afectaciones negativas en el formulario de evaluación del desempeño.
v) Solicitó un revisor para esta evaluación y finalmente, el director administrativo y financiero de la Policía Nacional resolvió revocar las anotaciones con afectación registradas en el formulario.
vi) Como consecuencia de un oficio suscrito por el director del FORPO, se inició la indagación preliminar P-INSGE-2013-358, que culminó con el archivo de las diligencias y de otras iniciadas de forma paralela, bajo el número P-INSGE-2013-135. El 8 de abril de 2013, fue destinado como comandante del Centro Automático de Despacho (C.A.D.).
vii) El 11 de abril de 2013 recibió, por correo electrónico, la decisión tomada en las tres juntas, así:
Junta de Evaluación y Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional (Acta 001 de 01 de febrero de 2013): No recomienda su selección ante la Junta de Generales de la Policía Nacional para curso de capacitación para ascenso.
Junta de Generales de la Policía Nacional (Acta 001 de 12 de febrero de 2013) No propone ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional su nombre para curso de ascenso a Coronel.
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional (Acta 003 de 13 de marzo de 2013). No recomienda al Gobierno Nacional su nombre para realizar curso de capacitación para ascenso.
viii) El 3 de mayo de 2013, solicitó al director general de la Policía Nacional, reconsideración — reevaluación de la decisión, oficio que fue presentado por el Director del Fondo Rotatorio al Director Administrativo y Financiero, al Director de Talento Humano y al Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
ix) El 24 de abril de 2015 fue notificado de su retiro del servicio activo por la causal
de llamamiento a calificar servicios.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 13, 29, 47, 53, 83, 216, 218 y 220 de la Constitución Política; 44 del CPACA; 20, 21, 22, 28 y 29 del Decreto 1791 de 2000; 1, 2, 3, 4, 13, 16, 18, 22, 42, 43, 45, 47, 50 y 53 del Decreto 1800 de 2000; la Ley 857 de 2003; las Resoluciones 01751 de 2006, 00810 de 2008, 05746 de 2008, 05747 de 2008, 00912 de 2009; 02731 de 2010, 01425 de 2012, 02537de 2013, 04089 de 2015; y la Directiva administrativa transitoria 045 de 2008.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:
i) En la expedición de los actos administrativos demandados se saltaron los protocolos constitucionales, ocasionando así la nulidad del proceso, pues era necesaria la expedición de un concepto previo, el cual fue motivado más de lo necesario y de manera inteligible. Además, el acto de retiro no fue precedido de la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación, lo que constituye un acto de temeridad y mala fe.
ii) La trayectoria profesional, personal y laboral del demandante está plasmada en su comportamiento laboral, profesional y ético, lo que se puede apreciar en su hoja de vida, por excelente trabajo, objeto de felicitaciones, condecoraciones, reconocimientos y realización de trabajos de trascendencia. Sin embargo, en el proceso de evaluación, los integrantes de las juntas excedieron el ámbito de sus competencias, por lo que hay una extralimitación de sus funciones.
iii) La respuesta a su derecho de petición de información relacionada con el Decreto 0689 de 2015, fue suministrada en forma contraria a derecho, omitiendo dar respuesta de fondo.
iv) Se refleja desviación de las atribuciones de quien profirió el acto, por cuanto la institución policial no podía violar el principio de la buena fe de forma abrupta, pues teniendo en cuenta los méritos alcanzados durante su permanencia en el servicio, la administración lo hizo confiar de buena fe que sería recomendado por las diferentes juntas, para continuar alcanzando su proyecto de vida y ser propuesto para hacer el curso de capacitación para ascenso.
1.2. Contestación de la demanda
La entidad accionada no contestó la demanda, como se advirtió en la audiencia inicial.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia proferida el 28 de marzo de 2019, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
i) Respecto de las actas proferidas por las Juntas Asesoras, se tiene que su contenido lo constituyen recomendaciones, que no crean, modifican, ni extinguen situaciones jurídicas y, además, el artículo 60 del Decreto 1512 de 2000 refiere que solo pueden ser modificadas por el Ministerio de Defensa Nacional o la misma Junta Asesora. Por tanto, comoquiera que las actas demandadas en el sub lite no definen ninguna situación jurídica del demandante, sino que constituyen actos preparatorios para la expedición del acto de retiro, Decreto 0698 de 16 de abril de 2015, no hay lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre estas, por no ser actos administrativos susceptibles de control de legalidad.
ii) Para hacer uso de la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, debe someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional y solo podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, el personal que haya cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro. Vale decir, que la misma norma prevé implícitamente un fundamento de hecho para que proceda el retiro por la citada causal, pero no exige motivación expresa. Entonces, el retiro por llamamiento a calificar servicios de los miembros de la fuerza pública, implica el ejercicio de la facultad discrecional que tiene respaldo constitucional, está autorizada por la ley, pero no es absoluta sino limitada por razones del servicio y debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
iii) Según el acervo probatorio aportado al expediente, el demandante fue retirado en grado de teniente coronel y sirvió a la institución por más de 20 años, lo que le permite tener vocación para acceder a la asignación de retiro, habida cuenta de que el artículo 1.° del Decreto 1157 de 24 de junio de 2014, en materia prestacional para el personal de la Fuerza Pública, previó sin consideración a la edad, 15 años como tiempo mínimo para acceder a esa prestación para el personal escalafonado con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, como era el caso del demandante. Igualmente, el nominador contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, siendo este requisito formal exigido en las normas que prevén el retiro de un oficial de la Policía Nacional.
iv) El rendimiento académico y la excelente hoja de vida, no son los únicos elementos determinantes para la permanencia en el servicio de un miembro en la institución, sino que el nominador debe valorar otros factores, naturalmente relacionados con el servicio, máxime si se tiene en cuenta la naturaleza piramidal de la institución, pues no todo miembro que ingrese a las mismas, logra llegar a la cumbre, por diferentes factores, como razones institucionales y de servicio.
v) Como el demandante reunía los requisitos para acceder a su asignación de retiro, bien podía ser retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios, como en efecto ocurrió, sin que ese hecho constituya una desviación de poder, menos aun cuando no se evidencia que el nominador se hubiere apartado de razones de servicio o de lo previsto en la norma que autoriza el uso de la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios.
1.4. El recurso de apelación
El señor Jairo Erwin Torres Rondón, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:
i) El acto demandado atenta contra los derechos fundamentales del actor, especialmente, la dignidad, la honra, el buen nombre, entre otros, por cuanto en él se consigna que el retiro obedece a que en su proceso de evaluación se presentaron conceptos desfavorables. Tal motivación, sin duda, viola los derechos fundamentales de buena fe, debido proceso, libertad de escoger profesión u oficio y derecho al trabajo, al desconocer la trayectoria profesional de aquel durante 24 años de servicio, como oficial de la Policía, al haber trasegado satisfactoriamente los grados de cadete, alférez, subteniente, teniente, capitán y mayor, identificando siempre sus méritos, calidades y capacidades que, en el momento del retiro, se reflejan en el puntaje del ejercicio del cargo, del 93,32%. Así, es evidente la desproporción «rayana en la arbitrariedad en el ejercicio de la pretendida facultad discrecional».
ii) La motivación del acto administrativo «es una cosa seria, no es escribir cualquier cosa en el mismo y luego en el proceso ante la jurisdicción». «Los conceptos desfavorables es una cosa diferente a la que el espíritu del acto administrativo jamás lo tuvo; es decir está interpretando a su acomodo, es innegable que se adecua la causal de nulidad del acto administrativo como es la falsa motivación», porque en el proceso de evaluación de trayectoria profesional no fue la unanimidad de los conceptos, sino que se confiesa que hay conceptos desfavorables; y el a quo, en una concepción errada, lo que está haciendo es amparar el accionar abusivo de la entidad y no queriendo reconocer que se configuró una de las causales de nulidad del acto administrativo, como la falsa motivación.
iii) La sentencia SU 091 de 2016, que, sin recoger la jurisprudencia, dispuso que los actos de retiro de los servidores públicos al servicio de la fuerza pública, por la causal de llamamiento a calificar servicios, no requieren motivación, es violatoria de la Constitución, por cuanto la evaluación de la trayectoria profesional no es discrecional. En ese entendido, el mencionado fallo se llevó de calle el artículo 125 superior, concordado con el 218 ibidem, porque, sin previa demanda de inexequibilidad, la Corte Constitucional sacó del tránsito jurídico el inciso 4 del artículo 1 de la ley 857 de 2003 que, en desarrollo del inciso cuarto del artículo 125, exige un concepto previo, precisamente por tratarse de una calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. Dentro del término concedido, la entidad descorrió el traslado y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Expuso las siguientes razones:
i) El retiro por llamamiento a calificar servicios es una herramienta con la que cuentan las instituciones de la Fuerza Pública para garantizar la renovación o el relevo del personal uniformado dentro de las escalas jerarquizadas propias de la institución y permitir con ello el ascenso y la promoción de otros funcionarios, régimen especial dispuesto por mandato constitucional y desarrollado en los Decretos Ley 1791 de 2000 y 1858 de 2012.
ii) En reiterados pronunciamientos el Consejo de Estado, ha definido esta causal de desvinculación de los miembros de la fuerza pública, como un instrumento mediante el cual se remueve al personal de las instituciones militares y de policía, siempre que cumplan los requisitos para acceder a la asignación de retiro, con la finalidad de adaptarlas a nuevas necesidades de la sociedad y facilitar el ascenso de sus miembros.
iii) El acto administrativo demandado se profirió con apego a las normas legales y con plena observancia del precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado y Corte Constitucional, que regulan el retiro por llamamiento a calificar servicios para la Policía Nacional, además, es improcedente la solicitud de ascenso, teniendo en cuenta que los ascensos del personal uniformado al servicio de la Policía Nacional, se deben ceñir a lo indicado en el régimen especial de carrera fijado para los miembros de la Policía Nacional, establecido en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre 2000, razón por la cual, no se pueden reconocer ascensos automáticos como lo pretende la parte actora.
1.5.2. El señor Jairo Erwin Torres Rondón, guardó silencio, según se desprende de la constancia secretarial de 18 de mayo de 2021.
1.6. El Ministerio Público
El agente del ministerio público no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el llamamiento a calificar servicios del señor Jairo Erwin Torres Rondón se ajustó a las exigencias legales y jurisprudenciales fijadas para este tipo de decisiones discrecionales dentro de la fuerza pública. o si, por el contrario, la entidad incurrió en falsa motivación y desviación de sus atribuciones.
2.2. Marco normativo
2.2.1. El retiro de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios
El artículo 1.º de la Ley 857 2003, «por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto 1791 de 2000 y se dictan otras disposiciones», dispuso lo siguiente:
Artículo 1.º Retiro. El retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.
El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el Gobierno Nacional. El ejercicio de esta facultad, podrá ser delegada en el Ministro de Defensa Nacional hasta el grado de Teniente Coronel.
El retiro de los Suboficiales se efectuará a través de resolución expedida por el Director General de la Policía Nacional.
El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los demás grados, en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, cuando no supere la escala de medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte.
Dentro de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 2000, modificado por el artículo 2.º por la Ley 857 de 2003, se encuentra el «llamamiento a calificar servicio». Consagra la norma lo siguiente:
Artículo 55. Causales de retiro. El retiro se produce por las siguientes causales:
1. Por solicitud propia.
2. Por llamamiento a calificar servicios.
3. Por disminución de la capacidad sicofísica.
4. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.
5. Por destitución.
6. Por voluntad y del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo y los agentes.
7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del Desempeño Policial.
8. Por incapacidad académica.
9. Por desaparecimiento.
10. Por muerte. (Se resalta)
A su vez, el artículo 3.º de la aludida ley señaló: «El personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, sólo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro». (Negrilla fuera del texto original).
De esta manera, procede el retiro por llamamiento a calificar servicios de los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional cuando el respectivo servidor público ha cumplido con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la asignación de retiro. Además, para el caso de los Oficiales, se requiere concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, por ordenarlo así el artículo 1 de la ley citada.
El llamamiento a calificar servicios implica el ejercicio de una facultad discrecional que ejerce el Gobierno Nacional para facilitar el relevo en la línea de jerarquía de las instituciones militares, de modo que permite el ascenso de algunos de sus miembros y conlleva también el retiro de otros, pero sin que este se pueda equiparar a una sanción. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 1995 ha sostenido lo siguiente:
[…] “calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cuyas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio.
Bajo estos parámetros, el retiro por llamamiento a calificar servicios no es más que la materialización del poder de mando dentro de la fuerza pública que, por razones de necesidad y conveniencia, permite el relevo del personal tanto del mando superior como medio y, en palabras de esta corporación, «atiende a un concepto de evolución institucional y permite un relevo dentro de la línea jerárquica de las fuerzas armadas, facilitando el ascenso y promoción del personal».
En lo que respecta a la motivación del acto administrativo que dispone el retiro del servicio por la causa que se analiza, la jurisprudencia ha sido del criterio que ella «(…) está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser acreedor de la asignación de retiro».
En ese sentido, la decisión no requiere de una motivación distinta que la de cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, en el caso de los Oficiales de que trata el artículo 1.º de Ley 857 2003, se exige también el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. No obstante, ello no quiere decir que el ejercicio de la facultad discrecional examinada pueda ser usada para la persecución o abusos de poder o como sanción, por lo que quien considere que fue expedida con tales fines puede rebatir la decisión, claro está, con la carga de probar la afirmación.
La posición aludida fue ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 217 de 28 de abril de 2016 en la que manifestó lo siguiente:
20. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos administrativos, no requieren de una motivación más allá de la extratextual contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial.
(…)
25. En definitiva, y en aplicación de la reciente sentencia de unificación de la Corte, la Sala Plena de la Corte Constitucional confirmará todos los fallos de segunda instancia en los procesos de tutela en el entendido de que: (i) el llamamiento a calificar servicios no requiere de una motivación expresa porque contienen una motivación derivada de la ley constituida por los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la existencia de una recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional; (ii) el buen desempeño del cargo no se traduce en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la Fuerza Pública para acudir a dicha figura de retiro; y (iii) los actos administrativos que se deriven del llamamiento pueden ser objeto de control judicial pero, en estos casos, los demandantes tienen la carga probatoria de demostrar que los mismos son producto de una acción discriminatoria o fraudulenta. (Resalta la Sala).
De esta manera, los actos de retiro por calificación de servicios no tienen que ser motivados, porque la motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de los dos requisitos referidos. Además, la Corte aclara dos aspectos que también son fundamentales en el trámite administrativo que se estudia: i) que el buen desempeño en el servicio no otorga una estabilidad absoluta, de modo que limite la facultad discrecional aludida y ii) que la carga de probar que el acto contiene otras motivaciones ocultas a las que autoriza la norma es del afectado.
En lo que respecta al primer punto, el Consejo de Estado comparte este criterio y ha dicho sobre el particular que «un excelente desempeño de las funciones no riñe con la legitimidad del acto administrativo que así ordene el retiro», puesto que «el buen cumplimiento de las funciones ha sido entendido como connatural al ejercicio de la labor y por ello, no genera fuero e inamovilidad en el empleo».
En relación con el segundo punto, debe decirse que no es al Estado a quien corresponde demostrar que la motivación del acto de retiro por llamamiento a calificar servicios se ajusta a los parámetros de legalidad esbozados, pues se presume su legalidad; en cambio, sí es deber de quien alega desviación de poder, falsa motivación o cualquier fraude en la decisión demostrarlo.
En esa línea se ha dicho que «en el evento que se estime que el llamamiento a calificar servicios se erige en una sanción, el interesado es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que su desvinculación no obedeció al relevo de los mandos y a que cumplió el tiempo de servicios, sino a otras condiciones particulares que desconocen la finalidad de dicha figura».
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, la sala encuentra acreditado lo siguiente:
i) La hoja de vida del demandante, del 22 de abril de 2015, da cuenta de que obtuvo los siguientes ascensos: a teniente, el 10 de junio de 1994; a capitán, el 10 de junio de 1998; a mayor, el 10 de junio de 2003; y a teniente coronel, el 10 de junio de 2008; así mismo, laboró en la Escuela de Estudios Superiores de la Policía, el Comando Operativo Especial de Seguridad, la Subdirección General, la Metropolitana de Bogotá, entre otras, en las cuales se desempeñó como jefe administrativo, asesor financiero, comandante de Estación de Policía, subcomandante, etc.; y recibió diferentes condecoraciones y felicitaciones.
ii) El 1 de febrero de 2013, por medio del Acta 001, la Junta de Evaluación y Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional acordó, por unanimidad, no recomendar a la Junta de Generales de la Policía Nacional la selección, entre otros, del teniente coronel Jairo Erwin Torres Rondón, para realizar el curso de capacitación para ascenso «Diplomado en gerencia estratégica policial».
iii) El 12 de febrero de 2013, mediante Acta 001, la Junta de Generales de la Policía Nacional decidió, por unanimidad, no proponer ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, entre otros oficiales, al teniente coronel Jairo Erwin Torres Rondón, para realizar el curso de capacitación para ascenso «Diplomado en gerencia estratégica policial».
iv) El 13 de marzo de 2013, por Acta 003, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, no recomendó al Gobierno nacional el nombre del teniente coronel Jairo Erwin Torres Rondón, entre otros, para realizar el curso de capacitación para ascenso «Diplomado en gerencia estratégica policial».
v) El 8 de agosto de 2013, por medio del Acta 008, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional «después de realizar un estudio detallado de la solicitud de reconsideración presentada por el señor Oficial, acuerda por unanimidad CONFIRMAR la decisión adoptada mediante acta No. 003 del 13 de marzo de 2013, Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional en consecuencia NO RECOMENDAR AL GOBIERNO NACIONAL el nombre del señor Teniente Coronel JAIRO ERWIN TORRES RONDON para que realice los cursos reglamentarios para ascenso al grado de Coronel».
vi) El 13 de enero de 2015, mediante Acta 002, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional «consideró viable recomendar el retiro por Llamamiento a Calificar Servicios del señor Teniente Coronel JAIRO ERWIN TORRES RONDÓN».
vii) El 16 de abril de 2015, por medio del Decreto 0698, el presidente de la República resolvió retirar del servicio activo de la Policía Nacional, por llamamiento a calificar servicios, al señor TC JAIRO ERWIN TORRES RONDÓN. Como sustento de la decisión, expuso los siguientes motivos:
[…]
Que la causal denominada llamamiento a calificar servicios se encuentra contemplada en los artículos 2 numeral 4 y artículo 3 de la Ley 857 del 26 de diciembre de 2003, siendo la misma procedente en el evento que el Oficial o Suboficial cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro.
Que de acuerdo a lo anterior, el artículo primero del Decreto 1157 del 24 de junio de 2014, establece; (SIC) "... Fíjese el régimen de asignación mensual de retiro para el personal de Oficiales (SIC) Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional escalafonado con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados del servicio activo después de quince (15) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios … a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro…”.
[…]
De lo expuesto se concluye, que la ley exige como requisito indispensable de procedencia para que pueda operar la causal de retiro por "llamamiento a calificar servicios", el haber cumplido un tiempo mínimo de servicio, con el fin de garantizar el acceso a una asignación mensual de retiro, como reconocimiento a la labor desempeñada y al servicio prestado, este mecanismo de terminación normal de la carrera policial procederá por la sola prestación del servicio dentro del lapso preestablecido por la normatividad vigente y aplicable a cada caso en particular.
Que el retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los demás grados en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, cuando no supere la escala de medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte.
[…]
Se sometió a consideración de los integrantes de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, el retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios al señor Teniente Coronel JAIRO ERWIN TORRES RONDÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.469.051, que fue dado de alta en el grado de Subteniente el diez (10) de junio de 1994 y actualmente se encuentra prestando su servicio en la Policía Metropolitana de Bogotá, y que una vez consultado el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano SIATH de la Policía Nacional, tiene un tiempo de servicio de 20 años, 11 meses y 27 días, tiempo que lo hace acreedor a una asignación mensual de retiro, de conformidad a lo dispuesto en el artículo primero del Decreto 1157 del 24 de junio de 2014, que establece que el personal de Oficiales, de la Policía Nacional, escalafonados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, tendrán derecho cuando sean retirados del servicio activo después de quince (15) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables que trata el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, por los mismos quince (15) años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más, por cada año que exceda de los quince (15), hasta el ochenta y cinco por ciento (85%), incrementado en un dos por ciento (2%) por cada año adicional después de los veinticuatro (24) años de servicio, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.
Sobre el particular resulta necesario resaltar que al señor Teniente Coronel JAIRO ERWIN TORRES RONDÓN, en el año 2013 le fue evaluada su trayectoria profesional de conformidad con lo regulados en el artículo 22 del Decreto-Ley 1791 de 2000, decisiones que le fueron comunicadas a través del Oficio No. S-2013-097449 ADEHU-GUPOL-3-22 del 11 de abril de 2013, que a la letra dice:
“... La Junta de Evaluación y Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional, en sesión celebrada el día 01 de febrero de 2013 (Acta No. 001/2013), de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000 y artículos 1° y 3° de la Resolución número 06088 del 14 de diciembre de 2006, previa evaluación de su trayectoria profesional, acordó por unanimidad NO RECOMENDAR SU SELECCIÓN ante la Junta de Generales de la Policía Nacional para la realización del curso de capacitación para ascenso.
La Junta de Generales de la Policía Nacional, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2013 (Acta No. 001/2013), de acuerdo a lo previsto en la resolución No. 3593 de 2001 artículo 1° decidió por unanimidad NO PROPONER ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional su nombre para que realice curso de ascenso a Coronel.
La Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2013 (Acta No. 003/2013), de conformidad con lo establecido en el decreto No. 1512 de 2000 articulo 57 numeral 3° Acordó por unanimidad NO RECOMENDAR al Gobierno Nacional su nombre para realizar el curso de capacitación para ascenso."
Con fundamento en lo expuesto, se colige que el señor Oficial al no haber superado la Evaluación de la Trayectoria Policial y en consecuencia tener conceptos desfavorables para su promoción al grado inmediatamente superior, no le es posible continuar ascendiendo en la escala policial y en consecuencia el permanecer en actividad, desnaturalizada estructura y posición piramidal de la Policía Nacional, así mismo altera la jerarquía, antigüedad y el ejercicio de mando, pilares fundamentales de la Institución, tal y corno se desprende del contenido de los artículos 2, 4, 5 y 28 del Decreto — Ley 1791 de 2000, más aún si se tiene en cuenta que estas características se encuentran íntimamente ligadas al cumplimiento de las órdenes que imparten en el desarrollo de su función por cuanto la antigüedad se tiene en cuenta a partir del último ascenso.
[…]
Concomitante con lo expuesto, el espíritu de la estructura piramidal lleva implícita la necesidad de un relevo en la línea jerárquica de cuya virtud se pone término al desempeño de unos oficiales para permitir el ascenso de otros. Sobre el particular las Altas cortes (SIC) han considerado que el no llamamiento a curso de unos señores oficiales es una dinámica normal dentro de las entidades que conforman la fuerza pública, toda vez que las vacantes para Mayores, Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales son limitadas como quiera que esto se encuentra directamente relacionado con la disponibilidad que anualmente asigna el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el decreto de planta Global (SIC).
De otro lado, ante los pronunciamientos efectuados por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional el señor Oficial (SIC) solicitó la reconsideración de la decisión adoptada, requerimiento que fue resuelto en el acta 008 del 08 de agosto de 2013 comunicada (SIC) mediante oficio S 2013-234567 ADEHU-GUPOL-22, en la cual se le hizo saber que la decisión de este cuerpo colegiado fue CONFIRMAR (SIC) las conclusiones adoptadas mediante Acta 003 del 13 de marzo de 2013, y en consecuencia el pronunciamiento goza de plena validez.
En virtud de lo anterior, se concluye que el retiro por llamamiento a calificar servicios, no constituye sanción alguna, más bien es una forma de culminación normal y no deshonrosa de la carrera policial, por las razones ya expuestas.
[…]
Que teniendo en cuenta la recomendación de retiro del servicio activo de la Policía Nacional, efectuada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional transcrita anteriormente, es necesario retirar al Oficial antes mencionado.
[…].
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.4.1. De la falsa motivación del acto administrativo
El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se tienen en cuenta para su expedición. Su contenido permite conocer las causas que impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.
La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad». En ese orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: i) tener su origen en hechos veraces que los soporten y; ii) estar sustentados en normas constitucionales, legales o reglamentarias, según sea el caso.
La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión. En otros términos, esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con la realidad. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren los siguientes elementos:
Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado.
Es claro así, que para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los presupuestos enunciados. De otro lado, quien alega la existencia de esta causal de nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad (artículo 88 CPACA).
En lo que se refiere al acto administrativo de llamamiento a calificar servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es procedente, que existe concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, lo cual es aplicable para los Oficiales, por así ordenarlo el artículo 1.º de la Ley 857 2003 que modificó el Decreto 1791 de 2000.
Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los requisitos señalados en el Decreto 1791 de 2000, modificado por la Ley 857 de 2003 para la procedencia del llamamiento a calificar servicios, pese a que en el acto se indicó ello, o en el evento en que se citan otros motivos distintos a aquellos, es viable el estudio de la causal de nulidad de falsa motivación. Lo contrario, significaría dejar sin defensa a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto por estas razones y, por ende, se vulneraría su debido proceso.
En el presente caso, el demandante alega en el recurso de apelación que el decreto que lo retiró está viciado de nulidad por falsa motivación, pues la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional expuso conceptos desfavorables para recomendar su retiro.
Pues bien, la Sala, al revisar las consideraciones del Decreto 0698 del 16 de abril de 2015, encontró que el Ministerio de Defensa Nacional indicó (i) que la causa del retiro del oficial Torres Rondón fue el llamamiento a calificar servicios; y (ii) que dicha forma de cese en el servicio activo no significa una sanción, ni una exclusión infamante o deshonrosa, sino, por el contrario, un instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica.
Por lo anterior, el Ministerio se ajustó a la motivación que exigen los artículos 1.º y 3.º de la Ley 857 de 2003, que modificó el Decreto 1791 de 2000, para sustentar el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios del señor Torres Rondón, y observa además que tales fundamentos resultan ciertos, puesto que consta en su hoja de vida que acreditó más de 20 años de servicio, tiempo superior a los 15 años que exigidos para el reconocimiento de la asignación de retiro para los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en servicio activo.
De acuerdo con lo expuesto, es claro que en la expedición del acto administrativo se acataron los presupuestos legales, en la medida que, previo a emitirlo, se verificó la acreditación de los requisitos referidos, única motivación que exigen las normas.
Vale la pena destacar que el retiro por llamamiento a calificar servicios es una causal de retiro con la cual se pretende renovar el personal de la Fuerza Pública para garantizar el mejoramiento del servicio. Al respecto la Corte Constitucional ha señalado que se trata de «un instrumento valioso de relevo generacional dentro de la línea jerárquica institucional, en la que se pone término al servicio profesional de unos uniformados para permitir el ascenso y promoción de otros» y que garantiza la estructura jerárquica y piramidal de la Fuerza Pública y, como consecuencia de ello, el único requisito es haber cumplido un tiempo mínimo en la institución que le otorgue el derecho a la asignación de retiro.
En tal sentido, no le asiste razón a la parte apelante toda vez que la entidad enjuiciada ajustó su proceder a la motivación que la ley exige en estos casos.
2.4.2. De la desviación de poder
Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador, quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en el artículo 2 constitucional y 1 de la Ley 1437 de 2011, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de la administración y el interés general.
Atendiendo estos postulados, se deduce que el vicio de «desviación de poder» ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo. De este modo, se afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la doctrina ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público».
En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En efecto «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto».
Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega, por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración».
En el presente caso, el demandante alega que en el momento de tomar la decisión de retirarlo de la institución por llamamiento a calificar servicios no se tuvo en cuenta su excelente trayectoria y las múltiples condecoraciones y felicitaciones de que fue objeto.
En lo que se refiere a este aspecto, si bien es cierto que de la hoja de vida del señor Torres Rondón se puede concluir que en servicio activo tuvo un desempeño tal que le hizo merecedor de múltiples felicitaciones y condecoraciones, tal particularidad no enerva la legalidad del acto administrativo ni es un motivo que limite el ejercicio de la facultad discrecional de retirarlo por llamamiento a calificar servicios, puesto que esta no representa una sanción por un mal comportamiento, sino una herramienta válida que permite el relevo en la línea de jerarquía de la fuerza pública.
En tal medida, y por virtud de dicha prerrogativa, la institución policial puede ascender a unos miembros de la fuerza y retirar a otros, por razones de necesidad y de conveniencia, con independencia de la excelente hoja de vida del oficial. Ello, debido a que no le es posible ascender a todos los que se encuentren en condiciones de serlo, en tanto que la estructura de la entidad le impone límites, como el número de cargos. La decisión, entonces, debe atender situaciones que no se enmarcan solo en el buen desempeño y debe estar fundada en los requisitos legales, según se expuso.
Además, como lo ha reiterado esta corporación, el buen desempeño en el servicio no otorga una estabilidad absoluta y no limita la facultad discrecional, pues el cabal cumplimiento de las funciones es connatural al ejercicio de la labor. De esta manera, el demandante no puede pretender que por su desempeño y formación lo ampare una expectativa legítima de ser ascendido y no ser retirado del servicio, en razón a que la decisión no depende en todo de tales ítems.
En efecto, para «calificar servicios» la autoridad policial establece las necesidades y conveniencias de la entidad, y con fundamento en ello evalúa al aspirante al curso de asenso «con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio»; de manera que no se exige que su decisión se fundamente exclusivamente en la calificación que otorga a la hoja de vida, puesto que el análisis es integral y comprende la evaluación de la trayectoria profesional, la historia laboral del aspirante, los antecedentes penales y disciplinarios, entre otros. Al respecto, esta Subsección señaló que la designación de los ascensos, «es fruto del ejercicio de la facultad discrecional y debe hacerse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo condiciones de mérito de los aspirantes, tales como aptitud hacia el servicio, calidades personales y profesionales para el desempeño del grado».
Bajo tal panorama, el demandante incumplió su deber de probar que el acto contiene motivaciones ocultas, distintas a las previstas en los artículos 2 y 3 de la Ley 857 de 2003, por lo que la presunción de legalidad del Decreto 0698 del 15 de abril de 2015 no fue desvirtuada.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte actora, tendiendo en cuenta que el recurso de apelación se resolvió de manera desfavorable y que la entidad demanda actuó en esta instancia, presentado alegatos de conclusión.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben despacharse desfavorablemente, toda vez que no se acreditaron los cargos formulados contra el acto por medio del cual se retiró del servicio al demandante por llamamiento a calificar servicios. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Jairo Erwin Torres Rondón, contra la Nación ―Ministerio de Defensa-Ejército Nacional―, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte actora.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Folios 218 al 239
Folios 292 y 293
Folios 734 al 741
Folios 749 al 758
Índice 12, aplicativo SAMAI
Folio 768
Ibidem
Magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección A. Radicación: 08001-23-33-000-2014-01097-01(1379-17). Actor: Juan Carlos Jaimes Bedoya. Demandado: Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 4 de abril de 2019. Sentencia SU-091 del 25 de febrero de 2016, magistrado ponente Jorge Pretelt Chaljub.
«Por su parte, esta Subsección, en fallo de tutela de 7 de abril de 2016, afirmó que los actos administrativos por los cuales se retira a un oficial por llamamiento a calificar servicios no requieren de una motivación distinta de la de cumplir los requisitos para acceder a la asignación de retiro y un concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 25000-23-42-000-2013-01997-01(0631-15). Actor: David Antonio Vargas Ibáñez. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional. Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, D.C., 31 de octubre de 2018.Referencia: Llamamiento a calificar servicios. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 27001-23-33-000-2014-90002-01(0165-17). Actor: Ricardo Efraín Arcos Rosero. Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D. C. 19 de julio de 2019. Ibidem. Criterio también esbozado en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 05001-23-31-000-2002-00428-01 (0871-11), reiterado por la Subsección B, en la sentencia del 19 de enero de 2017.- Consejero ponente César Palomino Cortés. Radicación: 05001-23-31-000-1999-02281-02 (4117-2014). En la sentencia SU-091 de 2016 a la que se ha hecho referencia se afirmó lo siguiente: «En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o abuso de poder (…) Para evitar estas prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso fraudulento se presenten» (Negrilla fuera de texto). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 27001-23-33-000-2014-90002-01(0165-17). Actor: Ricardo Efraín Arcos Rosero. Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D. C. 19 de julio de 2019. Folios 78 al 84
Folios 26 al 29
Folios 30 al 32
Folios 36 al 43
Folios 45 al 77
Folios 10 al 20
Folios 5 al 8
En relación con el vicio de falsa motivación puede examinarse la siguiente providencia: Auto del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Radicación: 110010325000201600089 00. Número: 0461-2016. Suspensión provisional. Actor: Nación, Fiscalía General de la Nación. Demandado: Edith Amanda Huertas Jurado. Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D. C. 19 de julio de 2018. Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Procesos acumulados con los siguientes Radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016) Acumulados: 11001-03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016) 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016) 11001-03-25-000-2016-00064-00 (0271-2016) 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016) 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-2016) 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016). Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández. Bogotá, D.C. 23 de marzo de 2017. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Expediente: 2006-00348. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B Radicación: 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14). Actor: Carlos Mario David Pérez. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D.C. 8 de septiembre de 2017. Ver la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, Expediente: 3.443, consejero ponente Juan Alberto Polo Figueroa. En la providencia se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos». Corte Constitucional, Sentencia T-107 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sentencia SU-091 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ibidem
«El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia». Sentencia C- 452 de 1998 M. P. Antonio Barrera Carbonell. El autor cita al tratadista italiano Guido Zanobini quien alude como móviles característicos de la desviación de poder, los siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado (una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto». Younes Moreno, Diego, Curso de derecho…Op. cit. P. 232. Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, radicado 11001-03-24-000-2013-00328-00. M.P. Oswaldo Giraldo López. En otra providencia se señaló «La desviación de poder supone el ejercicio de unas atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés general que justifica la atribución de competencias» Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009), M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 28 de junio de 2019. Consejo de Estado. Sección Segunda, providencia del 15 de febrero de 2018, expediente: 1615-16. M.P.
William Hernández Gómez. En la sentencia se citó otra providencia que indicaba «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma» El texto corresponde la sentencia del 23 de febrero de 2011; Sección Segunda, Subsección B; M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; radicado 17001 23 31 000 2003 01412 02(0734-10). Corte Constitucional, Sentencia C - 072 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 8 de octubre de 2020, radicado 73001-23-33-000-2013-00721-02(0103-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto-ley 1791 de 2000. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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